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Con la cuarentena no alcanza. Dificultades y propuestas para «danzar a la Argentina» con Covid-19

Fuente:  Daniel Feierstein| El cohete a la luna Fecha: 21 de junio de 2020 El incremento del número de contagios y muertes por coronavirus en el Área Metropolitana de Buenos Aires y las dificultades para sostener social, psicológica y económicamente una cuarentena que lleva tres meses y pareciera necesitar algunos meses más, crean visiones empobrecidas o dogmáticas para evaluar los caminos a seguir. Algunos creen que Argentina es el ejemplo del mundo y que se debe endurecer la cuarentena (“volver a fase 1”). Otros apuestan a la inmunidad de rebaño, con el “costo” de decenas de miles de muertes para “sostener la economía”, algo que ya fracasó con el “modelo sueco”, Gran Bretaña o los ejemplos de la gripe española. Y en los medios masivos desfilan decenas de irresponsables: Jorge Asís y sus “muertos imaginarios” (que ya dejan de serlo), Luis Novaresio (que transfiere agitadamente a la audiencia sus propias ansiedades), entre tantos ejemplos que eligen ignorar el ABC del periodismo: aportar calma, información confiable y seriedad analítica. Martillos y danzas El modelo del ingeniero español Tomás Pueyo (que ha demostrado eficacia para lidiar con la crisis pandémica y que es seguido por numerosos expertos en el mundo) propone dos instancias articuladas: el martillo (cuarentenas estrictas de dos a cuatro semanas para bajar la tasa de contagios y preparar el sistema de salud) y la danza (la “nueva normalidad”, que incluye la apertura protocolizada gradual de actividades y una política de trazabilidad: detección, seguimiento y aislamiento de casos). El éxito inicial argentino radicó en la implementación de un martillo temprano (cuarentena estricta con muy pocos casos), que explica la diferencia en la curva no solo con los ejemplos más graves de la región (Brasil y México, pero también Ecuador, Chile o Perú). Para fines de abril dicha etapa se encontraba agotada y se requería avanzar con la danza, algo que anunciábamos aquí mismo el 26 de abril. Poco de ello fue abordado, destacando las políticas del Programa Detectar y El barrio cuida al barrio, ejecutadas gracias a la persistente tenacidad de las organizaciones populares y los curas villeros. Dos meses después estamos en el mismo punto, pero con una decuplicación de la cantidad de casos diarios en el AMBA y una triplicación del número de muertes. Argentina y América Latina no logran danzar… ¿Por qué? La complejidad de los fenómenos sanitarios La mirada reduccionista del proceso de salud-enfermedad es una constante en la historia moderna y sus consecuencias más graves pueden observarse en las crisis. Alberto Fernández fue inteligente y eficaz al crear el “comité de expertos”. El punto débil fue creer que una crisis sanitaria solo involucra temas médicos, ignorando las cuestiones sociales, psicológicas y logísticas sin las cuales las medidas, por correctas que sean, fracasan. Era evidente para cualquier sociólogo que el éxito obtenido durante las tres o cuatro primeras semanas de aislamiento no podría sostenerse en el tiempo. Con o sin controles, una población educada en el individualismo, sin una campaña de concientización eficaz, comenzó un proceso de “violaciones hormiga”, visitando a parejas, familiares, amigos, saliendo reiteradamente a hacer compras, trámites, trabajos informales, etc. Ello sin contar las millones de personas a quienes no llegó en tiempo y forma la ayuda económica o logística por las deficiencias del aparato estatal para implementar las medidas aprobadas. Y no se logró la creación de formas nativas para resolver la trazabilidad: esto es, el aislamiento de los casos y sus “contactos estrechos” tomando en cuenta las características de nuestra población. Descartados por imposibles los sistemas de vigilancia digital asiáticos, se recargó a los desbordados operadores del sistema de salud con el proceso de investigación de casos, ubicación de contactos, explicitación de protocolos y aislamiento preventivo. Esto generó un caos de agentes intervinientes, directivas contradictorias, casos de maltrato y, por lo tanto, imposibilidad de detener la cadena de contagios. Los índices se contuvieron, contra lo pronosticado, en algunos de los lugares más difíciles: los barrios populares. No solo gracias a programas como El barrio cuida al barrio y Detectar sino al involucramiento de organizaciones con presencia territorial y a la valoración en dichos lugares de las normas de cooperación y de las indicaciones del personal sanitario o asistencial. Por el contrario, en los barrios de sectores medios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se vuelve común el intento de apelar a algún “contacto” para “zafar” de la internación, el retaceo de información como modo de evitarles a los conocidos el transformarse en “contacto estrecho”. Sin mencionar violaciones gravísimas como los bailes públicos en las calles de Recoleta o los casamientos o cumpleaños clandestinos. Las mismas conductas que se expresan en altos índices de evasión fiscal, “coimas”, negocios menores en el mercado ilegal de divisas o subregistro de ventas, no tendrían por qué no aparecer en el campo sanitario, diluyendo los efectos en la salud tanto como vacían las arcas impositivas. Quienes creen que las normas no se aplican a ellos no distinguen entre normas económicas y normas sanitarias. Para revertir esta situación se requiere diseñar políticas públicas que comprendan que una pandemia no es meramente una cuestión de médicos. Y pasar de la reivindicación abstracta de “los científicos” a la inclusión de otras ciencias en el diseño de políticas públicas, algo que no pasa solo por una vacuna o un test. Luego de una década de bombardeo mediático con la imagen de los investigadores como “parásitos sociales que viven de nuestros impuestos” (metáfora racista por excelencia) se vuelve difícil recurrir a un sistema científico con salarios y subsidios miserables. Pero, incluso al propio interior del sistema científico, resulta necesario cuestionar la falsa división entre las ciencias “duras” como “serias” y las “blandas” como “sanata”. Esta crisis y la imposibilidad de danzar nos otorgan un ejemplo privilegiado de la inexactitud de la premisa. La respuesta no pasa por la biología ni la medicina sino por los comportamientos sociales. ¿Cómo seguir? El propio Tomas Pueyo sacó esta semana un hilo de tweets sobre Argentina, preguntando a sus lectores por qué luego de un primer momento exitoso el número de contagios y muertes en el AMBA escala

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El futuro de Vicentin: un test para la democracia argentina

Fuente:  Edgardo Mocca| El Destape Fecha: 20 de junio de 2020 La deriva que asuma el “caso Vicentin” será un test para la democracia argentina. Una vez más el poder judicial acaba de bloquear una decisión política de gobierno tomada en ejercicio legítimo de su poder. En los años de gobierno de Cristina Kirchner esa práctica se apoyó sistemáticamente en dos pilares, el recurso cautelar que suspendía la aplicación de una determinada ley o de una decisión del poder ejecutivo y por la impugnación a la constitucionalidad de esas decisiones. Así fue, por ejemplo, en el caso de la ley de comunicación audiovisual que postergó largamente su aplicación y anuló de hecho el artículo que obligaba a los oligopolios del sector a “desinvertir” hasta  colocarse en condiciones de aceptar la competencia en el sector. El juez Lorenzino ha incorporado una innovación: se abstiene de pronunciarse sobre la constitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 522 dictado por el actual presidente; lo “deroga” de facto al fallar que permanezcan en sus cargos las actuales autoridades de Vicentin.  El interrogante más inmediato que abre este insólito fallo tiene que ver con la voluntad política del gobierno para abrir paso a un rumbo públicamente anunciado por el presidente, orientado a “rescatar” la empresa previamente vaciada por sus administradores y a evitar su desguace o su desnacionalización. Como se sabe, la decisión del presidente ha sido la de ensayar una suerte de plan “b” que consiste en la conformación de una empresa mixta, en la que, según explicó el presidente, el estado tiene que reservarse el poder de decisión. Si los tribunales bloquearan esta alternativa, volvería a funcionar el proyecto de someter la expropiación de la empresa a la discusión parlamentaria. El presidente acaba de afirmar que se trata de dos caminos alternativos para asegurar que el Estado se ponga al frente de esa empresa a la que considera vital para la regulación del comercio agrícola. En los próximos días se verá si efectivamente esa voluntad de intervención estatal se verifica. Pero lo que está en juego no es solamente la suerte de un conglomerado empresarial. El interrogante más importante que este caso plantea es la viabilidad de un proyecto político transformador en el actual contexto institucional. Está claro, dicho sea de paso, que las instituciones argentinas resultan muy funcionales a los proyectos neoliberales; la experiencia del macrismo lo evidencia de modo abrumador. Ninguna ley aprobada en un Congreso en el que la derecha y sus aliados circunstanciales impusieron su circunstancial mayoría, ni siquiera los abusivos decretos presidenciales (uno de los cuales llegó a designar jueces en comisión a la corte suprema de justicia) sufrieron inconvenientes mayores en el poder judicial. El argumento de que se trataba de un gobierno apegado al estado de derecho nunca fue muy sustentable, pero hoy cuando asistimos a la revelación de la metodología mafiosa para espiar y perseguir opositores simplemente provoca risa. Está claro que la institucionalidad “realmente existente” en Argentina es refractaria a los cambios en un sentido popular y complaciente con los designios de los sectores más poderosos de la sociedad. Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. Ese estado de cosas plantea interrogantes a la hora de establecer una estrategia transformadora. El actual proceso político es hijo de dos circunstancias políticas que confluyeron: el desastroso resultado de la gestión de Macri y la decisión de Cristina de facilitar el proceso de unidad del peronismo y la oposición con su propuesta para la fórmula presidencial. En el momento de su decisión, la ex presidenta subrayó la necesidad de que la coalición de gobierno debía ser incluso más amplia que la unidad electoral. Ese es el tiempo que vivimos. Alberto Fernández trata cordialmente a todo el mundo. Lo explica todo, lo admite todo. Incluso que una periodista impertinente lo trate como si estuviera hablando con un par (todas las personas merecen respeto, pero en este caso la persona era el portador de la más alta representatividad institucional). Muy difícilmente haya otro político con la capacidad de desarrollar el rol de la unidad nacional, de la tolerancia y el respeto institucional. Así y todo, el establishment se dedica a tiempo completo a través de sus herramientas mediáticas a desgastar sistemáticamente su figura. Sea como un autoritario cínico que oculta sus verdaderos propósitos o como una marioneta de la ex presidenta.  Es posible –y comprensible- que la emergencia sanitaria que vivimos haya demorado la puesta en marcha de una agenda de reformas anunciadas ya por el presidente o por altos dirigentes del espacio que gobierna: impuesto a las grandes fortunas, reforma judicial  y legalización del aborto entre otras. Sin embargo, la discusión sobre Vicentín y la deriva todavía incierta de su desarrollo ponen sobre la mesa un interrogante. Y ese interrogante no concierne solamente al presidente sino a las fuerzas políticas y sociales que resistieron al macrismo y consiguieron el triunfo de una promesa de cambio de rumbo. ¿Cuál es el límite dentro del cual se puede compatibilizar la necesidad de cambios muy profundos en la distribución de los recursos en Argentina, con el diálogo y la conciliación política? Cada vez está más claro que lo que cierto periodismo mediocre nombra como “grieta” no es solamente el resultado del carácter individual de algunas personas que ocupan u ocuparon cargos importantes. Que detrás de ese decorado hay un problema muy viejo de este país, que es que hay un bloque social poderoso -dueño de grandes superficies de tierra, de fortunas financieras, de los principales medios de producción y comunicación y hegemónico en la educación- que no acepta el más mínimo condicionamiento de sus privilegios. Que considera que el gravamen a las grandes fortunas es un agravio a la sacrosanta propiedad privada. Que intervenir una empresa destruida por la enfermedad de la especulación financiera es un ataque a los “productores privados”. Que regular democráticamente la comunicación es negar la libertad de opinión.  Que luchar por una reforma del régimen de propiedad de

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Antisemitismo, judeofobia y sionismo

10 ejes para evitar equívocos, confusiones y tergiversaciones El último 12 de junio el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto difundió la Resolución Número 114/20 mediante la cual se adoptó la definición de antisemitismo aprobada por la Alianza Internacional para la Rememoración del Holocausto (IHRA), consensuada por esa organización en mayo de 2016. A través de dicha Resolución se invitó a los organismos del Estado y a instituciones públicas y privadas a adherirse a la iniciativa. En ese marco, el LLAMAMIENTO ARGENTINO JUDÍO manifestó su acuerdo con la propuesta, aceptando explícitamente la invitación. Sugestiva y lamentablemente, en contenidos que consideramos precisos y definidos, surgieron heterogéneos posicionamientos vinculados con la Resolución. Algunas avalando y otros impugnando la decisión gubernamental. Dado que el origen de este debate se basa tanto en confusiones terminológicas como en intentos de tergiversar la definición asumida por la Cancillería, nos sentimos obligados a realizar las siguientes precisiones, con la intención de compartirlas, fundamentalmente, con quienes luchan por una sociedad democrática, más justa y solidaria. 1. Antisemitismo fue el término acuñado por un judeófobo, Wilhelm Marr, en 1873 para identificar y organizar a quienes como él odiaban a los judíos. Sin embargo, Marr no se percató que los pueblos semitas son una comunidad lingüística cuyas lenguas tiene un origen común: el arameo, el árabe y el hebreo, entre otras. 2. Más allá de la confusión de Marr, hasta el día de hoy el antisemitismo se suele utilizar como sinónimo de judeofobia. El diccionario de la Real Academia Española sigue definiendo el término como “Antisemita: De anti y semita. Adjetivo. Que muestra hostilidad o prejuicios hacia los judíos, su cultura o su influencia.” 3. Sin embargo el término preciso para referirse al odio y el desprecio hacia el colectivo debiera ser judeofobia. 4. La International Holocaust Remembrance Alliance –organización de la que Argentina forma parte desde 2001– redactó una definición de judeofobia utilizando el término que aún se sigue utilizando (antisemitismo) para referirse a esta forma de discriminación. 5. Indudablemente la judeofobia se encuentra aún vigente, en forma paralela a muchas otras formas de etiquetamiento, estigmatización y persecución, como advertimos en la actualidad en relación a los afrodescendientes. 6. La definición asumida por la cancillería, en su Resolución 114/2020, expresa que: “El antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos. Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías y/o a sus bienes, a las instituciones de las comunidades judías y a sus lugares de culto” 7. Quienes cuestionan que dicha definición sea asumida por la Cancillería, consideran que puede utilizarse potencialmente en una justificación para perseguir a quienes cuestionan las políticas coloniales de ocupación, llevadas a cabo por el gobierno israelí. Dicho reparo se basa en que efectivamente los sectores de la derecha de la colectividad judía (y de la diplomacia Israel) se empecinan en confundir la identidad judía con la nacionalidad israelí, e incluso con el sionismo. 8. La definición asumida por la cancillería, sin embargo, no nombra ni a Israel ni al sionismo. El sionismo es una ideología política. No es identidad étnica. No todos los judíos son sionistas, ni todos los sionistas son judíos. Más aún: hay judíos que son anti-sionistas (Chomsky para dar un ejemplo muy conocido), y hay comunidades de la derecha evangélica cristiana que se identifican con el sionismo de derecha. 9. El LLAMAMIENTO ARGENTINO JUDÍO avaló la resolución asumida por la Cancillería con la profunda convicción de que la misma no será tergiversada ni utilizada para defender las políticas expansionistas ni colonialistas que lleva a cabo el gobierno de Israel, ni para perseguir a quienes señalan dichos atropellos, repetidamente condenados por la comunidad internacional. 10. Cuestionar la ocupación de Cisjordania o los altos del Golán (territorios pertenecientes a Palestina y a Siria) y el bloqueo a Gaza no puede conferir a quienes se oponen a dichas acciones –llevadas a cabo por el gobierno de Israel–, el estigma de antisemita ni de judeofóbico. Si acaso algún grupo pretendiese alterar o falsear el contenido explícito de la definición asumida por la Cancillería, nuestra entidad se mantendrá fiel a sus postulados fundacionales, que repudian tanto la ocupación colonial, como la islamofobia, la judeofobia, la misoginia, la homofobia y cualquier otra forma de discriminación, que suponga una racialización, la persecución, la inferiorización o la estigmatización. Reafirmamos, en ese marco, los postulados de nuestro documento fundacional: La única norma que define y sanciona los comportamientos discriminatorios es la Ley 23592 aprobada en 1988. En ese sentido, la resolución que ha generado este debate no suma ni altera su normativa. Buenos aires, 18 de Junio de 2020 Marcelo Horestein, Presidente Dardo Esterovich, Secretario General

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Gorban: “Con Vicentín, el Estado puede controlar gran parte de la riqueza y la producción del país”

Fuente:  Mariano Pacheco| Revista Zoom Fecha: 19 de junio de 2020 Comenta que prefiere ser presentada como militante y subraya que si le entregaron el certificado Honoris Causa en dos universidades nacionales (Universidad de Buenos Aires y Universidad Nacional de Rosario) es por su trayectoria en la pelea por la soberanía alimentaria durante más de dos décadas, más que por su inserción académica. Miryam Gorban es nutricionista y tiene 88 años. En diciembre, cuando recibió la distinción en la Facultad de Medicina de la UBA, fue a salón lleno. También se la puede ver en fotografías en las que habla con alguna bandera de organizaciones sociales rurales sobre la mesa mientras los activistas la escuchan con atención. En la década del setenta fue Jefa de Alimentación del Sanatorio Güemes, espacio que entonces contaba entre sus filas a distinguidos profesionales, bajo la coordinación de René Favaloro. En esta conversación con revista Zoom, la especialista en cuestiones alimentarias se mete con uno de los temas candentes de la coyuntura que hoy atraviesa la Argentina. Una entrevista a fondo para pensar los desafíos que el país enfrenta en medio de la pandemia mundial. Para comenzar querría que compartas alguna reflexión que pueda ayudarnos a dilucidar las diferencias y relaciones que se pueden establecer entre tres conceptos: “Seguridad alimentaria”; “Soberanía alimentaria” y “Soberanía nacional”. En primer lugar, aclarar que seguridad y soberanía alimentaria no son términos idénticos. Seguridad es un término eminentemente técnico, elaborado en su momento por la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), y hace a la cantidad y no a la calidad de los alimentos. Por otra parte, no cuestiona el modelo productivo y no tiene en cuenta la participación de los verdaderos actores sociales en todo el proceso de la cadena alimentaria. En cambio, el de soberanía es un término más político, más participativo, que nació desde los movimientos sociales, de la mano de la Vía Campesina Internacional, que representa a millones de productores de todo el mundo. Diría que siempre que hablamos de soberanía hacemos referencia a la autodeterminación de los pueblos en distintos planos: alimentario, pero también marítimo, territorial, energético, etcétera. Por ejemplo: cuando hablamos de soberanía territorial, desde Argentina levantamos la bandera de las Islas Malvinas y la Antártida; tiene que ver con reivindicar la capacidad de cada país de regular y elaborar sus propios programas alimentarios en función de las necesidades de su pueblo y de las condiciones y capacidades de producción y disponibilidad económica, política, social y cultural. El ejemplo más claro fue el intento de la “Soja solidaria”: cuando en pleno auge de la globalización se pretendió instalarla a través de las escuelas, tanto los maestros como el resto de la comunidad educativa se plantaron. A ellos se sumó la comunidad científica y buena parte de la sociedad en general, para que la soja no fuera parte central de nuestra alimentación. En otras entrevistas hablaste de la falacia de que alimentamos a 400 millones de personas. ¿Podrías retomar y profundizar esa idea? No se tiene en cuenta que en las últimas décadas, no sólo en Argentina sino en el mundo entero, alimentamos a la vez seres humanos, animales y automóviles. El modelo económico vigente nos sumerge en una puja por ver quien gana en ese tironeo, y a veces los seres humanos perdemos -y perdemos bastante-. Por ejemplo, Estados Unidos transforma el 60% del maíz en combustible, y eso para México -a quien se lo robaron- significa un aumento exponencial en el precio de la tortilla de maíz, que es la base de su alimentación, como para nosotros lo es el pan que se hace con harina de trigo. Por eso considero correcto lo que dijo Alberto Fernández: “todo esto es un paso hacia, pero aún no es la soberanía alimentaria”. En nuestro país, tal soberanía no puede ser una realidad mientras se mantenga el modelo productivo, mientras sigamos fumigando y produciendo con venenos, al mismo tiempo que se ve imposibilitado el acceso a la tierra. Yo siempre digo que, ya que hay tanta gente que le gusta comparar y establecer modelos en base a lo que sucede en otros países, bueno, que me muestren otro país en el que suceda como acá, que un solo dueño tiene un millón de hectáreas y no se sabe qué produce, ni para quién. ¿De allí la importancia de la intervención de Vicentín, no? Por supuesto, intervención que tendrá o no la expropiación como resultado, dependiendo de la aprobación en el congreso. Eso es lo que falta hoy: soberanía en el control de la producción y la exportación, y, por otra parte, la evasión impositiva y la fuga de divisas. Tener una empresa nacional y pública es fundamental, más aún que sea participativa. Con esto me refiero a las cooperativas, los trabajadores y la sociedad civil junto al Estado en la conducción de la empresa, sin lo cual es imposible ejercer un control de precios de la canasta familiar de todos los argentinos. Pensemos que Vicentín es una empresa que procesa harina de soja, que se puede transformar en harina de centeno o trigo para el pan nuestro de cada día. También produce agrocombustibles, mal llamados biodiesel, ya que bio es vida. Se puede avanzar en procesar semillas de girasol, y por otra parte, Vicentín cuenta con un frigorífico. Sintetizando, se cuenta con tres o cuatro ramas fundamentales de la producción de alimentos. Romper con la concentración monopólica también es indispensable para detener la espiral inflacionaria en la cadena de alimentación -que se da desde la producción hasta la distribución y comercialización-; finalmente, son las empresas las fijadoras de precios, no los almacenes de barrio. Antes mencionaste experiencias de organizaciones como la Vía Campesina, que también en estas tierras se expresa con nombres como los de la CLOC (Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo), el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra en Brasil (MST) o el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) en Argentina. En ese sentido… Sí, sí, claro,

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Mantener el foco

Fuente: Carlos Heller | Tiempo Argentino Fecha: 7 de junio de 2020 Nos encontramos frente a una situación de múltiples emergencias, tanto nuevas como heredadas, y el gobierno continúa firme en la defensa del interés de la Nación, en particular poniendo el foco en los sectores más vulnerables. Esto implica tener bien en claro cuáles son las prioridades y las herramientas disponibles. El margen de acción no es el mismo que poseen las principales economías, pero el esfuerzo es muy importante. Un esfuerzo que apunta a fortalecer el papel de lo público y del propio Estado, y que despierta rechazo en algún segmento de la sociedad, que recurre a variopintos argumentos. En un artículo reciente de un conocido periodista se indica que, dado que se desplomaron los despachos mayoristas de cemento, pero aumentaron los minoristas, “las familias que tienen alguna capacidad de ahorro huyen del peso y atesoran bolsas de cemento”. Una forma extraña de atesorar, dado que, con el tiempo, el cemento se endurece y pierde su valor. Quizá la razón es que, con el aislamiento, muchos deciden realizar obras en sus casas. Pero el comentario va más allá de lo anecdótico, puesto que el columnista persigue la idea de que existe atraso cambiario. Se pregunta “¿por qué la gente quiere dólares o cosas que están ´hechas de dólares´?”, y se responde: “porque huye del peso, una moneda cuyo valor se deteriora cada día un poco más”. En verdad, fue desde el Rodrigazo que la gente comenzó a pensar en el dólar como moneda de resguardo de valor. Además, ¿qué mayor pérdida de valor del peso que la que tuvo lugar en 2019, con 11 meses con inflación interanual mayor al 50%, con su pico en mayo con el 57,3%? Pareciera que todo vale para intentar instalar la necesidad de una devaluación. Sin embargo, el Tipo de Cambio Real Multilateral, que mide el poder de compra internacional de nuestra moneda, se ubica en estos días en un índice de 116, cuando el promedio entre enero 2016 y julio 2019 fue de 100,5, lo que indica que hoy hay más competitividad y por lo tanto no puede hablarse de atraso cambiario. Tampoco se puede desconocer que uno de los focos en los que se está actuando activamente es en el cuidado de las reservas internacionales, un recurso estratégico para poder administrar el tipo de cambio y hacer frente a las necesidades de divisas de la economía real, aunque se lo trate de presentar del modo contrario. Por eso, el Banco Central dispuso (Comunicación A7030), entre otras cuestiones, que las empresas que cuenten con activos líquidos originados en la formación de activos externos deban disponer primeramente de esos recursos para el pago de obligaciones con el exterior. El espíritu es que se utilicen los dólares que los privados disponen antes de recurrir a las reservas del BCRA. Es algo absolutamente lógico. No obstante, en la semana, en una nota un matutino tituló: “Las empresas advierten que el nuevo cepo profundiza la recesión”, haciendo alusión a un documento interno de la Unión Industrial Argentina. En el texto se señala que entre las dificultades centrales que se plantean a partir de la norma, y “dada la coyuntura argentina de la última década, en múltiples casos a las empresas nacionales se les exige el pago anticipado de la importación, y este acceso sería limitado”. Y acto seguido se dice: “No existe necesariamente una relación lineal entre las importaciones y las divisas solicitadas. Una porción de las divisas solicitadas en 2020 fue para cancelar deudas por importaciones del año previo”. No queda claro si tenían que enviar anticipadamente los dólares al exterior para poder comprar, o si necesitaban dólares para pagar a quienes les financiaron la compra. Suena contradictorio. Luego el documento dice: “Las empresas poseen stocks financieros en el exterior por múltiples razones: para preservar su capital de trabajo que les permitiría hacer frente a la caída abrupta de la demanda y afrontar sus obligaciones locales; cobertura de cambios para el riesgo cambiario; inversiones en filiales que se hicieran en el exterior. Privilegiar que estos stocks se utilicen para el pago de saldos externos dejaría a las empresas con menos posibilidades de cubrirse ante cualquier emergencia”. La pregunta surge sola: si la actual situación no es de emergencia, de caída en la demanda, ¿cuál sería entonces una situación de este tipo? Difícil de entender. Vuelvo a repetir: el Estado está adoptando una posición activa en un marco muy complejo, en el que está presente, como siempre, la restricción externa. El Banco Central no le está poniendo limitaciones a una empresa para acceder al mercado único de cambios y comprar dólares para pagar las importaciones, sólo tiene que utilizar primero las divisas que tenga en el exterior o los dólares billete que haya acumulado en función de las franquicias regulatorias que la administración anterior generó. Franquicias que permitieron que se fugaran unos 86 mil millones de dólares en cuatro años. Por eso no es casual que se vuelva a la carga con noticias sobre el mal denominado “cepo”. No estamos hablando de nada parecido a un instrumento de tortura. Es sencillamente la administración de un recurso imprescindible y, sobre todo, escaso. No hay que perder de vista que en la Argentina parte de lo que genera la restricción externa es la insostenibilidad de la deuda. Por ello, es una cuestión de interés común, también para importadores y exportadores, que el proceso de negociación de la deuda se resuelva favorablemente, es decir, generando un horizonte viable para el país. La nueva fecha de la invitación a canjear bonos finaliza el 12 de junio. La última propuesta argentina ha incluido algunas mejoras en distintos bonos, se adelantan algunos vencimientos e inicios de las amortizaciones, pero no se cambia lo sustancial, que es el mantenimiento del período de gracia y las bajas tasas de interés. Lo fundamental es que se mantiene en el margen de lo que es posible para el país: que Argentina pueda asumir los servicios de la

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Política e ideología en tiempos de definiciones

Fuente: Edgardo Mocca | El Destape Web Fecha: 6 de junio de 2020 Es muy visible el hecho de que la experiencia de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner opera hoy como una perspectiva desde la que se observa el actual proceso político. Desde la derecha esa perspectiva inspira una mirada del actual gobierno en términos de amenaza. No se deja nunca de especular sobre la influencia de Cristina en las decisiones del gobierno, sobre el modo en que el “extremismo chavista” que ella representaría se cierne como amenaza para el país, en la medida en que la ex presidenta sostenga un poder de veto sobre la práctica del presidente y su equipo. La voz de orden de este enfoque es el “peligro autoritario”, hoy ilustrado de modo patético por los que juzgan que la cuarentena es poco menos que el nombre actual de la dictadura (piedra libre para algunos participantes de este coro que fueron partícipes y/o son hoy nostálgicos de la dictadura verdadera).        Entre quienes reivindican los años de los gobiernos de los Kirchner campea un modo de pensar la experiencia actual en clave de su mayor cercanía o distancia respecto de aquella otra experiencia. En este caso, la amenaza que hoy vivimos no sería la del autoritarismo sino la de una excesiva moderación que acabe por alejar al actual gobierno de un rumbo realmente enfocado hacia transformaciones profundas en un sentido nacional y popular.  Ambas perspectivas son ideológicas, lo cual no quiere decir necesariamente engañosas o falsas: no hay modo de vivir políticamente una experiencia si no es a través de la ideología. Y esto no es privativo de las personas intensamente comprometidas con los asuntos públicos; no hay ninguna persona que no tenga una ideología, es decir un repertorio, más confuso o más sistemático, de recursos para interpretar la realidad. Es decir que no hay manera de descartar la ideología para pensar la política.        El problema surge cuando se pretende reemplazar la política por la ideología. Claramente hay ahí un problema en cierto sector de la derecha que sufre de nostalgia del macrismo y querría que el suplicio de un gobierno “kirchnerista” termine lo antes posible. Entonces pasa a considerar, por ejemplo, que Rodríguez Larreta es un traidor porque acompaña al gobierno nacional en la política de aislamiento social para evitar una catástrofe sanitaria. Confunden sus deseos con la realidad. Las conversaciones en el interior del kirchnerismo, por su parte,  están hoy atravesadas por la angustia que provoca la observación de que las medidas de gobierno no coinciden estrictamente con su expectativa respecto del “regreso” de los tiempos anteriores al gobierno de Macri. Y en este punto podría agregarse un “tercer sector” que es el de los partidarios del actual gobierno que no son “kirchneristas” o que lo fueron y dejaron de serlo. Este segmento suele estar más preocupado por diferenciarse simbólica y prácticamente de los gobiernos de esa inspiración que por la naturaleza de las decisiones que se toman. Para ejemplificar –un poco burdamente- las posiciones: frente a la propuesta del impuesto extraordinario a las grandes fortunas, unos confirman sus temores al “autoritarismo chavista”, otros sostienen que está bien pero no es suficiente  y los terceros lo aceptan bajo el principio de que se trata de una medida excepcional, sin relación alguna con una orientación más permanente. Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.        La cuestión es que el país vive intensamente un tiempo en el que empiezan a definirse en muchos aspectos las coordenadas de cómo será su lugar en el mundo, en un tiempo en el que todo indica que nada permanecerá igual en el modo de convivencia humana global. La política, a diferencia de la ideología, siempre vive el presente. Como ya se dijo, no puede hacerlo –aunque lo pretenda- sin un marco interpretativo de orden ideológico. Pero al mismo tiempo ese marco interpretativo no nos provee de una fórmula mágica para tomar decisiones (o para impulsarlas) en la dirección de nuestros deseos individuales y colectivos. La derecha que denuncia la política de Alberto Fernández como autoritarismo resta credibilidad –aunque sea por ahora- a cualquier política de oposición a su gobierno. Se niega a vivir en el cuadro real del estado de ánimo de la sociedad aquí y ahora.        En el cuadrante kirchnerista del frente de todos hay un interesante estado deliberativo. Acaso el obstáculo conceptual más importante aquí es cierta tendencia espontánea a des-historizar la experiencia de los gobiernos de ese signo. Es decir a interpretarla exclusivamente como una recuperación de la memoria de la experiencia del peronismo original que podría haber sucedido en cualquier tiempo histórico. A ignorar que la experiencia de los gobiernos de los Kirchner fue –como todas las historias- un cruce de contingencias, de oportunidades, de decisiones, de cálculos. Y que, entonces, reivindicar la memoria de esa experiencia no consiste en convertir aquellos acontecimientos y la liturgia política que generaron en una llave infalible para resolver qué es lo que hay que hacer aquí y ahora, en las condiciones actuales del país.        Claro que el “aquí y ahora” no es una exaltación del puro pragmatismo. Como el consejo de que ahora hay que hacer “lo que se puede”. Entre otras cosas porque sin aquella experiencia, masivamente vivida por jóvenes y no tan jóvenes generaciones como la gesta de una recuperación del sentido de nación y del sentido de justicia, sería inconcebible el gobierno del frente de todos. Hubiera sido incluso inconcebible su triunfo electoral. Por el peso decisivo de la identidad kirchnerista en el resultado electoral y porque el gesto político que le abrió paso fue una decisión tomada en forma absolutamente personal por Cristina.        Néstor Kirchner hizo mucha política internacional en los tiempos de la primera reestructuración de nuestra deuda externa (aquella que heredamos del menemismo y de la primera Alianza). Buscó y obtuvo el apoyo del gobierno de Bush, por ejemplo. Nunca emprendió una campaña pública contra el FMI y muchos integrantes de su gobierno estaban bien lejos de la

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La reforma tributaria que necesitamos

Fuente: Alfredo Serrano Mancilla | Celag.org Fecha: 6 de junio de 2020 Existe una vieja discusión en Economía sobre si los impuestos afectan positiva o negativamente al crecimiento y al desarrollo. La literatura académica en este sentido es muy vasta y variada; hay estudios para todos los gustos. Unos afirman que mayores impuestos perjudican la actividad económica, genera desempleo e incentiva la fuga de capitales. En cambio, otros, sí demuestran que la mayoría de países desarrollados tienen impuestos elevados, y gozan de altos niveles de crecimiento y bienestar social. Es imposible tener una única respuesta para tal dilema, porque todo depende de múltiples variables. Y entre las más determinantes está aquella que se centra en una cuestión muy olvidada por la Ciencia Económica dominante (la neoclásica), que sirve como base teórica para el modelo neoliberal: ¿quién paga qué? No es lo mismo un sistema tributario que hace pagar a quien produce que aquel otro que grava a quien especula financieramente; tampoco es lo mismo cuando se grava a los salarios de los trabajadores mientras se permite que los beneficios empresariales de los grandes capitales apenas tributen. América Latina no está ajena a esta controversia, aunque sí es cierto que la mayoría de debates económicos en la región se centran más en la restricción externa, por el alto grado de dependencia de las economías locales con el sistema-mundo. No obstante, en tiempos de pandemia, con una economía global más que afectada y con mucha necesidad de recaudación interna para sostener un sistema sólido de salud, la discusión tributaria reaparece con mucha fuerza en la escena pública. La región recauda poco, a pesar de lo que cacarean las usinas conservadoras y neoliberales. Los datos hablan por sí solos: la recaudación tributaria en América Latina supone el 23,1% del PIB para el año 2018, mientras que este mismo valor es del 34,3% para países OCDE o 40,3% para la Unión Europea. Existe, por tanto, mucho margen inteligente de recaudación para ganar en justicia social; y también en eficiencia. América Latina necesita actualizar cuanto antes su obsoleta matriz de tributos en relación a los siguientes ejes: Es inadmisible que la tasa legal del impuesto que tienen que pagar las empresas difiera tan significativamente de la tasa efectiva, la que realmente pagan. Este es un fenómeno regional: en Argentina, la tasa legal es del 30%, pero a la hora de la verdad, el tipo impositivo efectivo sobre sus beneficios es del 7,6%; en México, esta relación es de 30% a 7,4%; en Perú, de 29,5% a 8,8%; en Colombia, de 33% a 9,8%. ¿Por qué ocurre esto? Porque la mayoría de las empresas usan múltiples mecanismos para reducir la base imponible sobre la que se aplica el tipo impositivo. Ante esta brecha efectiva en la recaudación, es urgente implementar un marco legal no tan elusivo. Las empresas trasnacionales de alta tecnología (Google, Apple, Facebook y Amazon) apenas pagan tributos en América Latina. Existe un gran vacío, deliberado, para que estos gigantes facturen y puedan, así, trasladar sus beneficios a guaridas fiscales evadiendo impuestos. En América Latina, la participación de la economía digital está creciendo cada vez más (15,9% PIB en México; 16,2% en Argentina, 21,6% en Brasil), y en cambio, la recaudación por este concepto no refleja tal proporción. No puede ser que un pequeño empresario en Argentina o Colombia pague su impuesto, y Google o Amazon no. Es por ello que el diseño de impuestos sobre la actividad económica de estas grandes tecnológicas es un imperativo para Latinoamérica. Las grandes fortunas han de contribuir en relación a su capacidad económica. Este debate es actual en Argentina y Chile, y también en muchos otros países de la región. Según el último estudio hecho por Celag, aplicando un impuesto aproximado al que tiene Uruguay en el resto de países de la región se lograría recaudar un extra de algo más de 51 mil millones de dólares; si aplicáramos el vigente en Colombia, se obtendrían casi 26.000 millones de dólares. Lo importante de este tributo es que se podría denominar “impuesto que no afecta a casi nadie”; en América Latina, según el Credit Suisse Research Institute, hay 673 mil personas que serían afectadas, es decir, solo el 0,2% de la población total adulta. Las actividades económicas ficticias, las no reales, en su mayoría especulativas en el campo financiero, han de ser penalizadas tributariamente. En América Latina, según Cepalstat, la intermediación financiera representaba el 17,6% del PIB (año 2018), y, por el contrario, apenas contribuía a recaudar tributos. Por ejemplo, el impuesto a las transacciones financieras en América Latina solo representa el 0,26% del PIB (año 2018). El orden neoliberal financiarizó la economía global y, sin embargo, no es posible que aún no haya habido un reseteo de la matriz tributaria en esa dirección. A estos cuatro ejes deberíamos de añadir la lucha contra la evasión. Como afirma Nicolás Oliva en un texto publicado por Celag, “América Latina es el campeón mundial en ocultamiento de riqueza: el 27% de la riqueza privada está registrada en guaridas fiscales”. Es perentorio iniciar políticas efectivas que eviten esta hemorragia fiscal. Y en este ámbito, una de las prioridades es acabar de una vez por todas con el fenómeno de precios de transferencias (según Cepal asciende al 1,5% del PIB regional). Otro tema crucial es avanzar en la implementación del proyecto BEPS (Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios), elaborado por la OCDE, para acabar con la evasión fiscal de las multinacionales. En definitiva, es ahora el momento indicado para fijar las pautas de un nuevo consenso en materia tributaria en América Latina en pro de sintonizar con la economía que queremos y necesitamos, tanto para afrontar la pandemia como para todo lo que se vendrá después. No hay Estado de Bienestar sin un sistema tributario que lo haga sostenible. Alfredo Serrano Mancilla Dr. en Economía Aplicada (UAB). Director de CELAG (España) Alfredo Serrano Mancilla es doctor en Economía por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), España. Realizó estancias predoctorales en Módena y Bolonia (Italia) y

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La Gran Oreja: piedra libre al espionaje macrista

Fuente:  Ricardo Ragendorfer| Revista Zoom Fecha: 5 de junio de 2020 A comienzos de 2019, el arresto del falso abogado Marcelo D’Alessio –por orden del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla– puso al descubierto una red de espionaje y extorsión integrada por jerarcas judiciales, periodistas y agentes secretos del régimen macrista. Ahora todo parece indicar que aquella estructura fue en realidad el primer signo visible de una organización criminal enquistada dentro del propio Estado, en cuyo pináculo se adivina la figura de Mauricio Macri. De hecho, el ex presidente acaba de ser imputado –junto a los ex cabecillas de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas y Silvia Majdalani– por el fisgoneo ilegal sobre los correos electrónicos de casi cien personas, entre los que hasta hubo ex funcionarios, dirigentes políticos y periodistas de su máxima confianza. El asunto es instruido por el juez federal porteño Marcelo Martínez de Giorgi tras una denuncia efectuada por la actual interventora del organismo, Cristina Caamaño. Paralelamente trascendían los pormenores de una tercera causa contra la AFI –instruida a su vez por el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena– en base al testimonio de un narco conchabado por la central de espías para hacer tareas de sicario, como la colocación de una bomba en el hogar de un alto funcionario del Ministerio de Defensa al que se debía disciplinar. Una trama con insólitas derivaciones que desnudan el alma institucional de una época. Bien vale explorar sus detalles. El susto La banda del tal “Verdura” –así como se lo conocía al traficante de cocaína Sergio Mario Rodríguez– llegó a poseer una movilidad comercial de tres kilos diarios en los kioscos de Monte Grande y Almirante Brown. Pero ese tiempo de bonanza tuvo un final abrupto en diciembre de 2018, al llegar al despacho de Villena una carta anónima que daba cuenta de su actividad. El dealer creía saber la procedencia del soplo. Y rápidamente puso los pies en polvorosa.Desde entonces su existencia fue ajetreada. La Gendarmería le pisaba los talones, y tres veces estuvo a punto de atraparlo. La primera escapó por los techos luego de que su aguantadero fuera rodeado por los uniformados. La segunda, tras ser sorprendido a bordo de una 4×4, se escabulló por caminos de tierra hasta dejar atrás a la jauría policial. Y la tercera, nuevamente rodeado en otro aguantadero, se hizo humo para sorpresa de sus frustrados captores; ellos, al irrumpir en la vivienda, situada en una calle sin salida, no tardaron en darse cuenta de que Verdura se había dado a la fuga a través de un pasadizo secreto que conducía a otra manzana.Sin embargo, la vida clandestina lo fue dejando sin combustible. Porque su pyme, que no era precisamente el Cártel de Sinaloa, quedó diezmada, y con casi todos sus “soldados” tras las rejas, al igual que su esposa, su amante, su primogénito y su suegro. A lo que se añadía el lucro cesante que tal debacle le produjo. Sus ahorros se extinguían. Y los eventuales escondites comenzaron a escasear. De modo que en febrero de este año, ya exhausto tras 14 meses de huida continua, se entregó en el Juzgado Federal Nº1 de Lomas de Zamora.Nadie entonces imaginaba el cariz de su declaración indagatoria. Pero lo cierto es que en ese acto le soltó de entrada a Villena:– ¿Sabe, doctor? Conozco un abogado muy relacionado con “barras” de Independiente. Y que es agente de la AFI…El juez, persuadido de que el narco pretendía algún beneficio procesal, puso cara de póker. Y solo dijo:– Prosiga.– Ese hombre me dijo que la AFI podía darme protección, e incluso una credencial para moverme con libertad…Ahora Villena lo oía con sumo interés. Verdura completó la frase:– A cambio de algo, por supuesto.Seguidamente, su relato se tornó trepidante. Y lo ubicó en el anochecer de un miércoles de julio de 2018, cuando el abogado en cuestión le pidió que llevara “un paquete a un lugar”. El paquete contenía 200 gramos de trotyl, un celular y cables. “No va explotar. Es para dar un susto nomás”, lo apaciguó el tipo, sonriendo desde un escritorio. La escena sucedía en el estudio jurídico Melo, de la calle Paraná al 700. Y él era Facundo Melo, abogado y espía de la AFI. También había otro agente, un gordo canoso y desaliñado. Después, con Melo al volante de un Peugeot 207 blanco, los tres enfilaron hacia el edificio de Callao 1219. Verdura fue el encargado de dejar el “caño” junto al portón. Luego, cuando los técnicos de la Policía Federal lo desactivaron, fue hallado en el paquete el siguiente mensaje: “José Luis Vila ladrón”.Este era nada menos que el subsecretario de Asuntos Internacionales del Ministerio de Defensa durante la gestión de Oscar Aguad.El magistrado oyó la narración sin disimular su estupor. Aún así se puso a trabajar de inmediato en el asunto.Y tras verificar la veracidad de todos los datos aportados por Verdura, dispuso numerosos allanamientos y otras medidas investigativas. De manera que, en tiempo record, tuvo unos 15 espías de la AFI en la mira, encabezados, obviamente, por el abogado Melo.Lo cierto es que éste, debidamente alertado por el seguimiento policial del que era objeto, supo frenar su detención con un habeas corpus presentado en un Juzgado Nacional. Eso no evitó el registro de su domicilio y el secuestro de sus celulares. Dichos aparatos se convirtió en una caja de Pandora.Pero él, además, arrastraba otros problemas. El desertor Los televidentes conocieron el rostro del doctor Melo durante la noche del 15 de abril en el programa ADN, conducido por Tomás Méndez en la señal C5N.Habían ya pasado 50 días desde que Verdura lo mandó al frente con la intimidación a Vila. Sin embargo en esta oportunidad él no tocó tal tema sino otro, aunque también relacionado con su doble papel de abogado y espía.Su gesto de muchacho bueno y afligido resultaba convincente. Entonces admitió haber pertenecido a la AFI desde septiembre de 2016 a junio de 2019, deslizando con muecas que su salida

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Discriminación, repudio y solidaridad

El LLAMAMIENTO ARGENTINO JUDÍO repudia las manifestaciones judeofóbicas enunciadas por manifestantes anticuarentena, el último sábado 30 de mayo. Desde el LLAMAMIENTO insistimos en la necesidad de desterrar las arengas segregacionistas contra todos los colectivos, haciendo cumplir las leyes que tipifican los delitos discriminatorios. Esta manifestación es la versión brutal de una campaña sostenida desde la oposición al gobierno, cuya versión más mediática es el documento suscripto por 300 enemigos de la cuarentena a la que denominan infectadura. Entre sus firmantes figuran varios referentes de la derecha de la colectividad judía que no dudan en acompañar con su firma a Juan José Sebreli, quien recientemente humilló a memoria de los masacrados en la Segunda Guerra Mundial. La concentración del último sábado no solo multiplicó discursos discriminatorios. También fue escenario de una clara agresión al periodista de C5N, Lautaro Maislin, quien con rigor profesional se encontraba registrando los exabruptos. Pese a cumplir con su rol comunicacional, Maislin terminó siendo víctima de una grotesca acusación impulsada por la DAIA, referida a su supuesta pasividad ante los dichos de los manifestantes. La inaudita imputación de la DAIA pone en evidencia su intención de no enemistarse con los mismos sectores que simpatizan con dichas marchas opuestas a las políticas sanitarias. En este marco, el LLAMAMIENTO reitera el llamado a respetar las normativas vigentes de la cuarentena, a repudiar todo acto discriminatorio y a solidarizarse con el trabajo de los comunicadores sociales que también ponen en riesgo su salud, con el objeto de llevar a cabo coberturas periodísticas en ámbitos públicos. Marcelo Horestein, PresidenteDardo Esterovich, Secretario General Buenos Aires, 31 de mayo de 2020

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