Nacionales

Fuente: Carlos Alberto Rozanski (*) | Página/12 Fecha: 23 de septiembre de 2020 Una situación inédita en nuestra justicia se instaló en el país. Para comprender sus alcances y riesgos, hay que remontarse al año 2015. El contexto político era un plan de saqueo económico en plena marcha, aplicando las recetas más sangrientas de Milton Fridman y la escuela de Chicago: transferencia de recursos de los sectores más vulnerables a los más poderosos. Durante la dictadura genocida, el mismo plan económico se llevó adelante en la región mediante la metodología de secuestro, tortura, desaparición y muerte de decenas de miles de ciudadanos. Es lo que se conoció como “Plan Cóndor”. Cuarenta años después, los mismos sectores de ultraderecha, representando los mismos intereses económicos, accedieron al poder mediante elecciones que manipularon a partir de técnicas “aggiornadas”, pero que igualmente se inspiran en aquellos trágicos 11 principios de Goebells. Fundamentalmente se trata de la reiteración de la calumnia como instalación de una nueva verdad.  Mauricio Macri es la primera persona en el mundo, fuertemente sospechado de pertenecer de manera orgánica a una mafia, que llega a la presidencia de una nación (El lado oculto de la familia Macri. Beinstein y Cieza. 2019) y lidera en el país el nuevo Plan Cóndor II. La finalidad de saqueo es la misma, pero la metodología es lo que se conoce como “Lawfare” o guerra judicial (Charles Dunlap 1999). Consiste en cinco pilares en los que se apoyan las operaciones. El Poder Ejecutivo (en manos en ese entonces de Macri), un grupo de legisladoras y legisladores, el sector más reaccionario del Poder Judicial Federal, Los servicios de Inteligencia (que dependen de manera directa del ejecutivo) y los medios hegemónicos de comunicación.  Del 2015 al 2019, coordinados por la denominada “Mesa Judicial”, desarrollaron un plan de estigmatización, persecución, procesamiento, encarcelamiento y hasta condena de opositores políticos y de aquellos ex funcionarios y magistrados que pudieran significar algún tipo de resistencia al nuevo plan criminal instalado el 10 de diciembre de 2015. En lo que hace a la presente reseña, Eduardo Farah, Eduardo Freiler y Jorge Ballestero Fueron desplazados de sus cargos como jueces de la Sala I de la Cámara Federal porteña. Dos de las vacantes las cubrió Mauricio Macri por Decreto con Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, trasladándolos desde el Tribunal Oral 4 porteño. Desde allí, operaron en sintonía con el titular de la Cámara, Martin Irurzun, a la medida del lawfare que se comandaba desde la mesa judicial. Allí, el Ministro de justicia German Garavano y Juan Bautista Mahiques eran los encargados de materializar la distribución de las operaciones de carpeteo, extorsión, manipulación y amenazas que permitieron la concreción del plan de saqueo y fuga de más de cien mil millones de dólares de las arcas del país, con perjuicio directo a los sectores más necesitados de la sociedad, aunque igualmente afectó las capas medias y altas de la economía.  El cambio de gobierno permitió en diciembre de 2019 el inicio de una etapa de recuperación paulatina del país, aunque con las dificultades evidentes de la pandemia que afecta al mundo y el estado de tierra arrasada producto del saqueo macrista. De los cinco pilares anteriores del Lawfare, las modificaciones que se produjeron fueron obviamente el reemplazo de un ejecutivo de fuertes características mafiosas por un ejecutivo claramente democrático. Asimismo, la intervención dispuesta por el presidente Alberto Fernández en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), reemplazando a los titulares integrantes de la banda (Arribas y Majdalani), por una figura de indiscutida capacidad y honestidad como es Cristina Caamaño. Sin embargo, al quedar intactos los espacios más poderosos de la justicia federal, así como los de los medios hegemónicos de comunicación, los brazos del Lawfare siguen operando, desde una mesa judicial en las sombras comandada por el expresidente Macri, Patricia Bullrich y sus socios. Ahí se encuentra explicación de la brutal oposición de Juntos Por el Cambio a que se dejen sin efecto los traslados de los jueces federales que, junto a German Castelli, se negaron a comparecer a la audiencia en el Senado de la nación para el examen de sus pliegos y responder preguntas, como lo han hecho la totalidad de los miles de magistrados convocados por ese cuerpo desde el inicio de ese sistema de selección. Es lo que manda la Constitución Nacional y es a lo que se han negado los tres jueces señalados. Un juez que no respeta la constitución, no puede continuar en su cargo. No están desafiando al Senado, están desafiando la democracia. *El autor es ex juez de Cámara Federal

Fuente: Carlos Heller | Página/12 Fecha: 13 de septiembre de 2020 Las situaciones complejas exigen análisis complejos. El reclamo de la Policía Bonaerense, más allá del cuestionamiento de sus formas y de los antecedentes de algunos de sus protagonistas, ha sido considerado justo. Además, el conflicto viene a reponer un viejo debate: si las fuerzas policiales deben organizarse sindicalmente o no. En definitiva, estamos ante una fuerza de trabajo con reivindicaciones concretas como cualquier otra. En principio, no me parece mal poner en discusión la posibilidad de que la policía se organice sindicalmente. Sería un modo de que, este tipo de demandas salariales y de mejora en las condiciones del trabajo, se expresaran institucionalmente. Si estas demandas encuentran canales organizados, tienen mayores posibilidades de ser resueltas gradualmente y sin un conflicto abierto como, en buena medida, ocurrió en estos días. Por supuesto, sus prácticas gremiales deberían estar muy reguladas. Por ejemplo, el abandono de tareas, como medida de protesta, tiene enormes riesgos en el caso de la policía como pasa con otros trabajos esenciales. Entre otras prácticas, la existencia de organización sindical en la fuerza permitiría institucionalizar líderes legitimados y no quedar expuestos a la aparición de liderazgos espontáneos y diversos. El reclamo salarial ha sido uno de los componentes del conflicto. Pero no es el único. La pandemia ha privado a muchos agentes de sus adicionales: por ejemplo, el cumplimiento de servicios en la cancha y en recitales, entre otros lugares. Esas fuentes de ingresos, en muchos casos, eran un complemento importante de sus remuneraciones. A ello se suma la pérdida de salario real que han sufrido en los años del gobierno de Mauricio Macri, como sucedió en general con todos los trabajadores y trabajadores. En muchos aspectos, esta situación es una consecuencia de las políticas de ajuste: éstas tienden a hacer caer los sueldos y a empeorar las condiciones de trabajo. A ello se agrega que, según algunas estimaciones, hay alrededor de 7 mil efectivos de la fuerza afectados por coronavirus. Ante un escenario complejo, el gobierno desarrolló una estrategia eficaz para que el conflicto, en lugar de potenciarse, quedara delimitado y encauzado. La medida tomada por el Presidente —la transferencia del equivalente a alrededor de un punto de coparticipación de la Ciudad a la Provincia de Buenos Aires— corrige una situación generada por el gobierno anterior, cuando transfirió la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires, dándole por decreto a esta última el equivalente a más de dos puntos de alícuota sobre los fondos coparticipables. En los considerandos del reciente decreto 735/2020, el gobierno nacional afirma que aquella asignación “no coincide con las necesidades reales para cumplir el objetivo, redundando en una desigualdad aún mayor con las provincias”. Según los cálculos oficiales, solo hacen falta 0,92 puntos para cumplir esa tarea, menos de la mitad de lo girado. En esa línea, el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, afirmó que “no se le sacaron fondos al Gobierno de la Ciudad. Se recuperaron fondos que Macri transfirió de manera ilegítima, y que deben ser usados para empezar a construir una Argentina federal y equilibrada”. Como explicó el Presidente: “estamos tratando de reponer un equilibrio que se perdió allá a mediados de los 80 cuando la Provincia perdió 8 puntos de coparticipación. El gasto per cápita en seguridad en CABA es hoy de 16.900 pesos y en la Provincia es de 6.700 pesos. Si uno mira los cargos en seguridad cada 100 mil habitantes, la Ciudad Autónoma tiene mil personas destinadas y la provincia 563 personas. Si uno repara finalmente en los salarios, el salario inicial en la Ciudad es de 49.200 pesos y en la Provincia es de 37.500”. Por supuesto, a partir de las razones valederas que desataron el conflicto intervinieron sectores que buscaron agrandarlo, intensificarlo y politizarlo. Pero, el conflicto policial no fue el único que se resolvió últimamente. También las autoridades de la Cámara de Diputados llegaron a un acuerdo con una parte de la oposición que bloqueaba el funcionamiento legislativo. De este modo, trataremos próximamente proyectos muy importantes como son el de Presupuesto, el de Aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas y el del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, entre otras iniciativas. En el acta firmada por los presidentes y presidentas de los bloques parlamentarios, se aprobó la prórroga del protocolo de funcionamiento parlamentario remoto por 30 días hábiles. Incluso el punto 5 del acta especifica que “mientras esté vigente el protocolo de funcionamiento parlamentario remoto las/los diputados que estén presentes en el recinto deberán loguearse activando la VPN”. El acuerdo firmado deja en claro, de este modo, que el sistema virtual es la modalidad general que rige el trabajo legislativo, tanto para los que intervienen de modo remoto como para los que lo hacen de modo presencial. El gobierno no sólo resuelve conflictos. Además, medida tras medida, va desplegando el proyecto que el presidente Alberto Fernández propuso en la campaña electoral y que viene ratificando en cada una de sus iniciativas. Por ejemplo, en la semana se relanzó el programa “Ahora 12”, por el cual los consumidores tendrán tres meses de gracia para empezar a pagar lo que compren en 12 o 18 cuotas, con una tasa de interés de alrededor del 20 por ciento. También se anunció que el Estado reintegrará hasta el 100 por ciento de los créditos a tasa subsidiada a otorgar como parte del programa ATP a las empresas que contraten personal. Hasta ahora estos créditos eran concedidos a las compañías para que éstas pagaran sus sueldos y estaban sujetos a devolución. A partir de este anuncio, las empresas que tomen trabajadores durante los próximos doce meses serán beneficiados a través de la conversión de parte o la totalidad de esos préstamos en subsidios. Otra noticia importante es que el Estado se ha hecho cargo de prácticamente la totalidad de los corredores viales que estaban concesionados. De este modo, vuelve a tener el control de la administración de estos corredores que fueron concesionados durante el menemismo. El

Fuente: Jorge Elbaum| El Cohete a la Luna Fecha: 13 de septiembre de 2020 La semana pasada, el diputado provincial Jorge D’Onofrio acusó públicamente al legislador de Cambiemos Waldo Wolff, de promover un hostigamiento premeditado contra el titular de la Cámara Baja, Sergio Massa. El cambiemita se defendió ofreciendo su celular como evidencia de su inocencia. Sin embargo, el resto de los integrantes de su bancada  evitó confirmar o desmentir el conocido vínculo con el aparato de ciberpolítica administrado en la actualidad por Patricia Bullrich, luego de que dicha tarea fuese abandonada por Marcos Peña. Un integrante de su propia bancada, que objeta a Wolff por su constante sobreactuación, sugirió que “uno de sus asesores fue el encargado de difundir los datos sobre la familia del presidente de la Cámara”. A una de sus hijas adolescente le enviaron amenazas de muerte, advirtiéndole que dicho crimen se produciría luego de una violación. La ofensiva virtual proveniente de la oposición tiene en la pandemia una trascendencia y amplificación inéditas. Los sectores populares han basado gran parte de su fortaleza política, en el último siglo, en la movilización social. La clausura del espacio público, como precondición del distanciamiento y del cuidado mutuo, acrecentó la relevancia relativa de los espacios virtuales y su centralidad respecto del debate público. En ese marco, el espacio virtual se presenta como un territorio unificado y articulado con el resto de las prácticas sociales: no hay dos geografías paralelas (la real y la virtual), ambas son parte del mismo fenómeno donde se disputa el sentido común, la validez de determinada forma de comprender la realidad. Lo denominado como virtual está cada vez más engarzado al combate por la apropiación de la conciencia social, la madre de toda batalla política. En la actualidad, gracias a la ausencia de regulaciones y al anonimato promovido por la lógica empresarial, la virtualidad es el sitio predilecto donde habitan la manipulación, la siembra de mentiras, el hostigamiento, las amenazas, los agravios y las calumnias varias. Los máximos beneficiarios de estas lógicas se niegan a cambiar su estructuración apelando –como es habitual– a la libertad. Pero su verdadera motivación remite a que cualquier regulación implicaría desmontar el dispositivo tecnológico que permite ampliar y multiplicar la relevancia de los temas y los perfiles según el financiamiento disponible. Sus beneficiarios –quienes emplean a  los trolls, bots y botnets para imponer aquello que no logran transmitir mediante la persuasión discursiva racional– se niegan a aceptar que la democracia tenga preponderancia por sobre el dinero. Los trolls son activistas pagos que manejan entre 20 y 30 cuentas cada uno. Los bots son aplicaciones de software automatizadas que replican (por miles) lo que postean los trolls. Y los botnets hacen lo mismo pero desde miles de cuentas diferentes. La diferencia entre los bots y los botnets es que los primeros amplían geométricamente y los segundos replican aritméticamente. Los bots mandan miles de mensajes y los botnets generan miles de cuentas y mandan un mensaje por cuenta. El mecanismo utilizado por la derecha internacional –atenta a la relevancia creciente de este espacio, consciente de su desventaja en términos de movilizaciones públicas presenciales– dispone de 4 etapas claramente distinguibles (aplicadas actualmente en Argentina en función de la tarea presente de acoso y derribo), que articulan lo virtual, lo mediático y lo político-institucional: Instalación: un referente preasignado de la oposición dirige un dardo acusatorio hacia un referente oficialista. Verbigracia: Waldo Wolff ataca a Sergio Massa en forma presencial –en un acting dentro de la Cámara– y en forma virtual se organiza la andanada vía mensajes personalizados de Twitter. Todas las amenazas recibidas por Massa son posteriores a estas dos escenas. Replicación: los trolls pagos y los activistas en redes de Juntos por el Cambio amplían las acusaciones, advertencias y amenazas de Wolff contra el presidente de la Cámara, para infligirle un costo político a su decisión de llevar a cabo la sesión. Algunos de los trolls, con direcciones IP residentes en Estados Unidos, envían mensajes. Multiplicación: los bots y los botnets propagan la andanada para convertir la ofensiva en un hashtag/etiqueta (palabra o lema establecido como centro de gravedad de las opiniones, debates y agenda. En el caso de Massa, el descrédito de la figura del presidente de la Cámara de Diputados). Un bot es una cuenta automatizada de redes sociales, administrada por un algoritmo y no por una persona real, que está diseñado para concebir publicaciones sin intervención humana. Un troll es diferente de un bot porque el primero es un usuario real, mientras que los bots son automáticos. La actividad de trolling se sirve de los bots para extender sus mensajes. Apalancamiento mediático: las propaladoras de los medios concentrados tematizan la ofensiva (en formato gráfico, radial y televisivo) intentando profundizar el debilitamiento de Massa. Gracias a la labor sembrada por el engranaje de trolls, bots y botnets, la trifecta local (Clarín, La Nación e Infobae) recaba insumos para legitimar e instituir su realidad performateada. (“Las redes sociales destruyeron a CFK”.) El modelo ofensivo, ejemplificado en la secuencia de ataque a Massa, se suma a los modelos defensivos y generadores de desconcierto. El defensivo se trata de resguardar a un vocero mediante un blindaje de sus posteos, con la intención de transformar su irrupción en una referencia política. Este dispositivo se vio reflejado con claridad los últimos días, a partir de la demora del provocador libertario Eduardo Miguel Prestofelippo, conocido como El Presto, quien fue notificado en la Ciudad de Córdoba de una denuncia en su contra, por amenazas de muerte a Cristina Fernández de Kirchner. Apenas fue trasladado a la Comisaría de la Policía Federal, el día jueves último, se produjeron 207.000 tuiteos durante dos horas, con un 90 % de posteos  provenientes de cuentas cuyas direcciones informáticas provenían de servidores instalados en Estados Unidos. Los trolls pagos, los bots y los botnets requieren financiamiento. Gran parte del mismo circula a través de las fundaciones, Centros de Estudio y think tanks con amplias conexiones internacionales entre los empresarios aliados a la lógica neoliberal. Una de esas usinas es Atlas Network, que fue dirigido a nivel global por el argentino Alejandro Antonio Chafuen hasta 2017. La filial local es presidida por Eduardo Maschwitz, un banquero que fue director del Banco Comafi, y que mantiene íntimas vinculaciones con la NED (National Endowment for Democracy), organismo ligado directamente al Departamento de

Fuente: Edgardo Mocca | El Destape Fecha: 12 de septiembre de 2020 Una rebelión policial de signo claramente desestabilizador devino en un conflicto de intereses económicos entre el Estado nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto es lo que realmente quedó en pie después de una exhibición obscena desplegada por cuadros macristas instalados entre los agentes en actividad de la policía bonaerense y alguna mano de obra desocupada de exonerados de la institución, cuyos exabruptos fueron multiplicados hasta el ridículo por la cadena mediática a esta altura muy expuesta ante los ojos de la población. Sin embargo, el daño institucional que este episodio produce no puede ser ignorado ni subestimado. No se conocen antecedentes del espectáculo producido por cientos de agentes policiales apostados en las inmediaciones de la residencia presidencial que reclaman ante el presidente y llegan a negarse a su invitación al diálogo en esa misma sede. Lo macabro, lo perverso y lo ridículo se combinan de un modo que es inusual. Es completamente comprensible el efecto desconcertante de la situación. ¿Cómo separar la comparsa mediático-policial de una situación política que viene de vivir el patético espectáculo de una oposición que se niega a participar en el trabajo parlamentario en el único modo en que la racionalidad del cuidado frente a la pandemia lo permite? El curso de los acontecimientos se presta a la elemental sospecha sobre el intento de un sector  –por otra parte muy visiblemente comprometido- de envenenar la atmósfera política argentina. Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. ¿Globo de ensayo? ¿Fase 1 de un plan desestabilizador en consonancia con los formatos actuales de las agencias de Estados Unidos contra gobiernos no confiables? ¿Opereta descartable de una logia de exonerados de la policía manipulados por el macrismo? Todas las hipótesis son aceptables, y lo son también aquellas que combinan dos o más de esas hipótesis. Pero lo que merece colocarse en el centro de la mirada es la audacia de la movida. Su disposición a desafiar hasta el más modesto sentido de legalidad democrática en el ejercicio de un reclamo, por más justo que este pudiera presentarse. No hay tampoco antecedentes de una situación como ésta en la que la oposición política permaneciera callada durante tanto tiempo. No guardaron las formas más elementales de la decencia. Cualquiera que hubiera prestado atención a la insólita reaparición de Carrió en su diálogo televisivo con Morales Solá podría establecer entre sus dichos y los hechos policiales una causalidad absoluta. Es decir, hay una provocación pública y explícita, un accionar abiertamente desestabilizador contra las autoridades constitucionales. La decisión de rodear la residencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires y la del presidente no parecen ser el fruto de una resolución de algún oscuro y clandestino sindicato policial sino el designio de una provocación urdida en sedes mucho más poderosas. El uso de armas como parte de la rebelión El trasfondo es, claro está, una situación social que afecta gravemente al personal policial. Los salarios del sector han caído verticalmente, ni más ni menos que los de la inmensa mayoría de los trabajadores del sector privado y del sector estatal. Ahora bien, ¿vamos a normalizar un modo de reivindicar derechos sindicales y sociales que incluya en su metodología el uso de armas y de patrulleros que son patrimonio público? Está muy claro que la respuesta del gobierno ha optado por una visión pragmática dirigida a desactivar el conflicto con los menores costos posibles. La esgrima de un legalismo extremo que imponga castigos a diestra y siniestra aún con pleno sustento legal no parece ser un camino aconsejable. Pero el desfiladero entre el justo castigo legal y el olvido del episodio como si fuera una escena sin importancia es muy angosto. Parece, más bien, que la ocasión para una profunda reforma legal y estructural de la policía bonaerense debe considerarse en forma prioritaria. Un capítulo muy interesante de estos hechos es el que concierne a la discusión interna que sobre ellos tuvo lugar en el espacio militante favorable al gobierno. La conmoción, reflejada en las redes sociales y en reuniones virtuales, fue muy importante. Expresa la explicable preocupación que existe en el interior de este espacio por la continua y creciente actividad desestabilizadora de la oposición macrista, amplificada como está por el trabajo de los grandes medios de comunicación concentrados. El fantasma del golpe de estado empieza a habitar la conciencia de nuestra población. La rebelión policial se coloca claramente en ese contexto. Sin embargo, el deseo de los grandes grupos económicos locales y globales no se transforma automáticamente en realidad política. Un operativo directamente golpista a pocos meses de un triunfo electoral contundente, con el amplio respaldo popular que revelan los sondeos de opinión y en el marco de una emergencia sanitaria y económica aparece impensable, salvo que quien lo urda esté dispuesto a ejercer niveles inéditos de violencia. Y aun así su posibilidad de consolidación sería muy problemática. Es evidente, sin embargo, que en algún lugar se trabaja en la acumulación de elementos para ese objetivo. Por lo pronto, el “final de la grieta” vaticinado por algunos analistas, es un nuevo pronóstico fallido que ocupará su lugar -al lado del “triunfo de una derecha moderna y democrática” y del “regreso al mundo” de la mano de Macri y su pandilla- en el álbum de las zonceras contemporáneas. El núcleo provocador y antidemocrático de la derecha no está dispuesto a ninguna reconciliación y su respeto por la legalidad democrática no será el resultado de ninguna resignación de su parte a no ejercer en plenitud el gobierno efectivo del país. En el mejor de los casos la convivencia del antagonismo político con la institucionalidad democrática solamente puede ser resultado de un ejercicio responsable y firme del gobierno legal, basado sobre un fuerte espíritu transformador de la realidad argentina. La etapa socialmente reparadora del daño social producido por el capítulo neoliberal recientemente derrotado es el comienzo de una ruta difícil y compleja que tiene en su horizonte transformaciones profundas en la estructura económica, social, política e institucional de la república. Esa será la única garantía de que la democracia auténtica –y no el

Fuente: Carlos Heller| Tiempo Argentino Fecha: 27 de septiembre de 2020 El viernes se aprobó en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados el dictamen del proyecto de Ley de “Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”. Se trata de una herramienta que cuenta con fuerte respaldo de la población y de gran parte del arco político, y con la que se espera recaudar algo más del 1% del PIB, recursos importantes para mitigar las consecuencias del Covid-19. El aporte no deja de ser un esfuerzo, aunque en nada cambiará el nivel de vida de quienes deban realizarlo, que son todas aquellas personas con un patrimonio declarado igual o superior a los 200 millones de pesos. No obstante, se llegó a decir que “están estigmatizando a esos que llaman ricos, que no son los ricos” y que “200 millones de pesos es tener un poco más de patrimonio que el promedio. No estamos hablando de grandes fortunas”. Cuesta creer que alguien que posea bienes declarados por el equivalente a unos 2,5 millones de dólares sea el ciudadano “promedio”. Basta conjugar este dato con la realidad de quienes engrosan el 13,1% de la tasa de desocupación o el 9,6% de la de subocupación, según los últimos datos del INDEC, para el segundo trimestre. También se habló de que se castiga a quien tiene un galpón y maquinarias compradas “en Europa”, cuando el proyecto es claro respecto de que la contribución es para personas humanas, no para empresas. Con el aporte solo se pide que las personas más ricas ayuden a alivianar una situación de emergencia, como es la derivada de la actual pandemia. El rechazo pareciera obedecer no tanto al monto que deberán pagar, sino a la intención de que no se instale precedente. Pero no hay país viable, económica y socialmente, si se deja de lado la idea de la solidaridad entre sus habitantes. Para responder a muchos de los planteos resulta útil el informe que elaboró la AFIP a pedido de los diputados de la Comisión de Presupuesto. Según el organismo recaudador, el universo potencial de aportantes calculado es de 9.298 personas, compuesto por 7.438 que ya realizaron la declaración jurada del periodo 2019 y otros 1.860 contribuyentes que, aunque todavía no lo hicieron, debieran estar alcanzados. Es apenas el 0,02% de la población del país. Un dato interesante: del total de personas alcanzadas que presentaron su declaración hay 253 que son las más ricas y poseen patrimonios valuados en más de 3 mil millones de pesos. Bien lejos del ciudadano típico, y más todavía si se considera que el promedio de riqueza declarada en este segmento supera los 15 mil millones de pesos. Este grupo de personas contribuirá con casi la mitad de lo que se espera recaudar, siguiendo el espíritu de la progresividad. En cambio, las 2.774 personas que integran la primera escala, con una riqueza de entre 200 millones y 300 millones de pesos, representan alrededor del 5,5% del aporte total que se alcanzaría. Los datos de la AFIP también son contundentes a la hora de dimensionar los problemas de desigualdad y concentración de la riqueza que tanto nos afectan: las personas alcanzadas equivalen al 0,8% de los contribuyentes que declararon sus patrimonios de 2019, pero poseen el 49,2% de todos los bienes de los argentinos en el país y en el exterior. También se entregó información importante para reflexionar sobre cuestiones relativas al mercado de cambios, ya que los 9.298 contribuyentes potencialmente alcanzados poseen un 42% del total de su riqueza en activos y bienes “dolarizados”. Y la mayor parte de dichos patrimonios, el 92% del total, son activos y bienes declarados en el exterior. Es un dato a tener en cuenta a la hora de pensar en cuáles son los sectores que podrían estar interesados en presionar por una devaluación del tipo de cambio. Sirve para valorar todavía más el accionar del Estado, regulando la evolución del mercado de cambios, en un contexto de fuertes presiones especulativas. Lo que se busca es cuidar las reservas internacionales y evitar una suba del dólar que, por su impacto en la inflación, terminaría afectando al grueso de la población. Es en parte lo que acaba de afirmar el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien señaló que las últimas medidas cambiarias “no son simpáticas” pero se priorizaron frente a la posibilidad de que se verifique una devaluación. A su vez, también hizo referencia al límite para las empresas con vencimientos mensuales por endeudamientos financieros que superen el millón de dólares, que sólo podrán acceder al mercado cambiario por el 40% de los vencimientos, mientras que el resto deberán refinanciarlo, o usar divisas propias. En el actual contexto no es posible que las empresas puedan acceder a comprar todos los dólares que desean. Según Guzmán, “el problema es que si todos hacen lo mismo no se puede: el país se queda sin reservas y termina habiendo un salto cambiario mayor”. Queda claro que no hay ningún espacio para que el Estado deje que las principales decisiones queden en manos de los mercados. Observar el contexto global Disparadas por los efectos de la pandemia, que incluso incrementó fuertemente la concentración de las mayores riquezas, hay ideas que siguen ganando terreno en el debate y la política global. En cuanto a la región, por ejemplo, Oxfam señaló tiempo atrás que “Latinoamérica, la región más desigual a nivel mundial y una de las más golpeadas hoy por la pandemia, experimentó durante los últimos cuatro meses un significativo ensanchamiento de la brecha entre los más ricos y el resto de la población (…). En promedio, la región vio surgir un nuevo «milmillonario» cada dos semanas”. Por eso recomienda reformas fiscales de urgencia. Entre ellas, un impuesto a los resultados extraordinarios que han obtenido algunas de las grandes corporaciones durante la pandemia. Estas propuestas también figuran en una publicación especial sobre políticas fiscales del FMI, donde se llega a hablar de una “sobretasa solidaria” para dar

Fuente:  Ricardo Ragedorfer| Tiempo Argentino Fecha: 30 de agosto de 2020 El vía crucis de la modelo Florencia Cocucci, cuyo pecado fue haber tenido una relación con el fallecido fiscal. El escritor alemán Heinrich Böll, en su novela El honor perdido de Katharina Blum (1974), puso al descubierto la dinámica difamatoria de la prensa amarilla al mostrar cómo, en alianza con los servicios de inteligencia y algún juez, puede pulverizar la reputación de una persona. Su personaje principal es una mujer común e intrascendente que pasa una noche con un individuo, sin saber que es un prófugo del grupo guerrillero Baader-Meinhof. Ese simple dato, en manos de un reportero que manipula la verdadera raíz de los hechos, termina por hacer añicos su vida privada. Tanto es así que el fugitivo pasa a un segundo plano y entonces es ella quien copa la escena por esa simple circunstancia. Así funciona la criminología mediática.    A veces la realidad imita a la literatura. Un ejemplo: el vía crucis de la modelo Florencia Cocucci, cuyo pecado fue haber tenido una relación con el fallecido fiscal Alberto Nisman. Esta historia integra la pesquisa efectuada actualmente por la Comisión Bicameral de Inteligencia sobre 30 “precausas” tramitadas por la AFI macrista entre 2016 y 2019, sin otro propósito que hacer espionaje ilegal. Cabe decir que ese término alude a un recurso de legitimidad dudosa–y, en teoría, solo aplicado a hechos muy excepcionales–, que permite poner bajo investigación a una persona sin tener un delito concreto que probar. “Salir de pesca”, así como se dice en la jerga tribunalicia. Un gran número de magistrados federales solía aceptar con sumo beneplácito la invitación a semejantes excursiones, pero con el compromiso de destruir los registros obtenidos–audios e imágenes– tras un plazo razonable, en el caso de no haberse encontrado ninguna trapisonda. Una obligación de incumplimiento recurrente. A simple vista, la dinámica del asunto era de manual: los agentes de la AFI grababan al prójimo, los medios afines difundían sus dichos, y los fiscales los llevaban a indagatoria. Tal circuito se cumplía a rajatabla. El caso más paradigmático en la materia fue la pinchadura al teléfono del ex jefe de la AFI kirchnerista y actual senador, Oscar Parrilli. La excusa: averiguar si se había llevado documentación del organismo. El objetivo real: registrar sus diálogos con CFK. La jueza federal María Servini de Cubría se prestó muy gustosa a la maniobra, al igual que los jerarcas judiciales a cargo del área encargada de interceptar comunicaciones: Martín Irurzun, Javier Leal de Ibarra y Juan Rodríguez Ponte. Las charlas en cuestión comenzaron a ser televisadas en enero de 2017 por todos los programas amigos del gobierno, sin excepción. Y sus editorialistas, casi a coro, enumeraban un cúmulo de actos inmorales y graves delitos por parte de la ex presidenta: desde pronunciar malas palabras hasta urdir una conspiración contra el célebre espía Horacio Stiuso, además de presionar a jueces del fuero federal e incurrir en el tráfico de influencias. Lo cierto es que aquel material tuvo una excelente acogida por parte del público Lo de la modelo Cocucci recién ahora salta a la luz en toda su magnitud. Bien vale reparar en su operatoria. Comenzaba agosto de 2016. La causa por la muerte de Nisman, después de serle arrebatada a la fiscal ordinaria Viviana Fein, ya estaba bajo la órbita del juez federal Julián Ercolini. Una garantía para satisfacer un preciado deseo de Mauricio Macri: demostrar que el suicida había sido asesinado. Con tal fin hubo que presionar a esa mujer de 25 años para que su testimonio favoreciera aquella impostura. La solicitud de la AFI al juez federal Sebastián Ramos para iniciar esa precausa no tuvo desperdicios. Y se refería a la planificación de “un atentado terrorista a ejecutarse en España y Francia” por un grupo “Yihadista (sic) que estaría integrado por personas de diferentes nacionalidades”. Agregaba que el plan fue denunciado a la policía española por “un individuo identificado como Juan Carlos” y que “se encontraría implicada la ciudadana argentina Florencia Cocucci”. El formulario fue firmado por dos cabecillas de Asuntos Jurídicos del organismo: Hernán Martiré Palacios y José Padilla. El fisgoneo sobre ella fue arduo: seguimientos, escuchas e imágenes que se extendieron a familiares y amigos. Todos vinculados –según la AFI– con la presunta red islámica. Como parte del hostigamiento, recibía llamados telefónicos en las que voces anónimas le soltaban datos privados obtenidos en las escuchas: lo que había cenado anoche, que al día siguiente iría a una óptica y que el perro tenía un problema urinario, entre otros detalles. Tales informaciones se encontraban debidamente asentadas en los denominados “Legajos de investigación”. En tanto, alguien distribuía en algunas redacciones una denuncia falsa en su contra por estafa, firmada con un nombre de fantasía. Sobre tal asunto el portal Infobae dedicó tres “informes exclusivos”. Y la revista Noticias, el siguiente título: “La extraña dama de Nisman”, con la siguiente bajada: “Se recluyó en Mar del Plata y está paranoica”. En tanto, los esbirros de la AFI no le perdían el rastro. Además era extorsionada con un video íntimo. Y recibía amenazas de muerte, mientras que en los alrededores de su domicilio merodeaban vehículos ocupados por sujetos de mala traza. Su vida se había convertido en una pesadilla. Delicias del macrismo explícito. «

Fuente: Carlos Heller | Página/12 Fecha: 30 de agosto de 2020 Con el arreglo con los bonistas privados se reducirán los requerimientos de dólares para el pago de esas deudas en los próximos años. Además acaban de comenzar los contactos formales para avanzar en la negociación con el Fondo Monetario Internacional por una deuda insostenible. Por Carlos Heller «El tipo de cambio oficial es competitivo», afirma Carlos Heller.  Con argumentos de los más variados, pero sin ser muy explícitos en sus planteos, desde ciertos sectores se está tratando de generar el consenso para validar una fuerte suba del tipo de cambio.  La idea: volver a alterar de manera regresiva la matriz de distribución del ingreso y la riqueza, el gran efecto inmediato que tiene toda devaluación. Es la agenda de unos pocos. En un reciente artículo de investigadores del Fondo Monetario Internacional, entre quienes se encuentra Gita Gopinath, su economista jefa, y que tiene por título “Monedas dominantes y ajuste externo”, se analizan los efectos que tienen las devaluaciones. Se señala, por ejemplo, que dado que los precios del comercio exterior se encuentran en general denominados en dólares, el efecto de una devaluación en los volúmenes exportados es “tibio”, en especial en los países emergentes. También se comenta que con la devaluación se encarecen las importaciones y se contrae la actividad económica. El problema es que dada la tenue respuesta de los volúmenes exportados al tipo de cambio, según el Fondo, para tener algún efecto la devaluación debería ser muy grande, lo que tendría consecuencias negativas en “los balances de las empresas o en la inflación”. No parece ser un buen camino para elegir. Algunos analistas llegan a plantear que para reducir la brecha cambiaria (la distancia entre el dólar oficial y el contado con liqui, o el MEP) el que tiene que subir es el oficial. Un error, dado que el tipo de cambio oficial es competitivo.  Cabe aclarar que el segmento del dólar oficial es el que se usa para las operaciones del comercio exterior, mientras que los otros son marginales y están vinculados a la fuga y la especulación. Funcionan, tal como en su momento lo hizo el riesgo país, como una auténtica herramienta de presión para que se implementen ciertas políticas. Por ejemplo, se estimó en una nota periodística que existiría una retención de cosecha en silos por unos 12.200 millones de dólares, en parte porque “la brecha desincentiva las operaciones”. Una devaluación incrementaría los márgenes de ganancia de manera rápida, y en este caso el impacto no sería nada “tibio” (luego la inflación derivada de este aumento del dólar reduciría el supuesto aumento de competitividad logrado).  Además, en la nota citada se menciona el lobby que realizan las empresas agroexportadoras para que se restablezca el diferencial de retenciones para los derivados de la soja, una rebaja de 3 puntos, a cambio de incrementar las liquidaciones. También proponen que se considere a parte de las retenciones como pago a cuenta del impuesto a las ganancias. Es decir, ya sea a través de una devaluación o por la vía fiscal quien pagaría la cuenta es el conjunto de la sociedad. Lo descripto refuerza la necesidad de contar con un Estado que regule y priorice cómo se asignan los recursos estratégicos. En paralelo, es preciso seguir fortaleciendo los márgenes de soberanía y avanzar en la reconfiguración del aparato productivo para superar el limitante estructural de la restricción externa. Revertir estos términos es un proceso largo y complejo, aunque el gobierno ya ha empezado a dar pasos importantes a pesar de las resistencias y de los problemas que representa la pandemia. Por caso, con el arreglo con los bonistas privados se reducirán los requerimientos de dólares para el pago de esas deudas en los próximos años. También, mediante diversas operaciones de deuda, desde principios de año, se ha logrado reducir unos 17 puntos porcentuales la participación de los bonos soberanos en dólares, incrementando la porción de moneda local. Además, al otorgarle un trato equitativo a la deuda bajo legislación local se fortalece nuestro mercado de capitales y se le da mayor robustez a nuestra moneda. A su vez, acaban de comenzar los contactos formales para avanzar en la negociación con el Fondo Monetario Internacional por una deuda insostenible desde su concepción, que fue tomada en 2018 como puente para pasar las elecciones o, en su defecto, para condicionar a la siguiente administración. En resumen, el actual gobierno ha venido dando sobradas muestras de que negocia sin resignar soberanía. * Diputado Nacional Frente de Todos. Presidente Partido Solidario.