Nacionales

Fuente: Carlos Alberto Rozanski | Página/12 Fecha: 25 de octubre de 2020 Hay una posición del ajedrez que se conoce como “Zugzwang”. Es cuando el tablero está trabado de tal manera, que al que le toca mover, pierde. En esa posición quedó la Corte Suprema de Justicia de la nación. La secuencia fue más o menos así. El Consejo de la Magistratura determinó que había diez traslados de jueces federales que podrían haber sido efectuados de manera irregular. Envió entonces los antecedentes al Senado de la Nación, que es el cuerpo encargado de la aprobación de pliegos de magistrados federales. El Senado citó a los diez jueces cuestionados a una entrevista a fin de aclarar las cosas y decidir lo que correspondía hacer. Siete de los magistrados concurrieron y respondieron las inquietudes de los legisladores. Los tres restantes, no asistieron, descalificando públicamente al Senado de la Nación. La Cámara Alta, por 41 votos a 0 rechazó los pliegos de los jueces rebeldes. Ante ello, el Poder Ejecutivo de la nación, mediante Decretos 750/20, 751/20 y 752/20, dejó entonces sin efecto los traslados irregulares. La Cámara Federal de Casación Penal, máximo tribunal penal del país, dando cumplimiento a los decretos presidenciales, dispuso el término de las subrogancias que ejercían los jueces que reemplazaron a estos magistrados en sus juzgados originales. A pesar de la contundencia de las inobjetables intervenciones institucionales, los jueces rebeldes presentaron un amparo, que fue rechazado y finalmente, recurrieron a la Corte Suprema de Justicia pidiendo un “salto de instancia”. Los Supremos, rápidamente abrieron el excepcional recurso y aún no resolvieron a casi un mes de esa habilitación. Una explicación la encontramos en el antiguo y sabio juego de ajedrez. Como se señaló al comienzo, en posición de “Sugzwang”, al que le toca mover, pierde. Y sin dudas le toca a la Corte. Y, en cualquier caso, algo va a perder. Veamos rápidamente las posibilidades. Si rechaza la cuestión de fondo y confirma que los traslados violaron la constitución, algo pierden porque no deberían haber abierto el per saltum. Si por el contrario mantienen en sus cargos actuales a los rebeldes, es la propia Corte la que violaría la constitución, desconociendo las decisiones de las instituciones que intervinieron, con lo cual, además, comprometen seriamente sus propios cargos. Finalmente, cualquier solución intermedia, como dejarlos hasta que se cubran los concursos a convocar, sería igualmente irregular ya que, si los rebeldes no reúnen los requisitos para quedarse definitivos en ese lugar, tampoco es legal que se queden de manera provisoria. En ese caso, se violaría el principio lógico de “no contradicción”. En síntesis, nuestro sistema judicial está estructurado de manera piramidal. La base está integrada por los jueces de primera instancia y hacia arriba, se encuentran los tribunales de revisión y control. En la cúspide de la pirámide, se ubica la Corte Suprema de Justicia de la nación, que debe ser garantía de experiencia, conocimiento y sobre todo, equidad. Desde ese espacio de máximo poder, se debe brindar a la ciudadanía, la seguridad de que las leyes de nuestro país y en especial su Constitución Nacional, sean respetadas sin vacilaciones. Cuando los jueces de cualquier instancia, pero en especial los de la más alta jerarquía, claudican en sus convicciones y deberes, el ciudadano queda desamparado. Nuestro Máximo tribunal, a lo largo de la historia, ha tenido etapas de complicidad con gobiernos de facto, que han ocasionado daños irreparables a la población. Pero, también ha tenido momentos de valiente defensa de los derechos humanos, con magistrados que aún hoy integran el máximo Tribunal. Cada fallo judicial es una oportunidad única e inmejorable para mostrar integridad, sabiduría y sobre todo decencia. De las opciones sintetizadas, sin duda el rechazo de la pretensión de tres jueces que reniegan de las instituciones, es la única admisible. El ajedrez es un juego en el que el tablero puede quedar trabado y el que mueve pierde. En la vida de una sociedad, en cambio, los jueces siempre tienen la posibilidad de una decisión que le da a cada uno lo que le corresponde. Aunque a veces, signifique resignar un poco de orgullo.

Fuente: Horacio Verbitzky | El Cohete a la Luna Fecha: 11 de octubre de 2020

Fuente: Jorge Elbaum | El Cohete a la Luna Fecha: 27 de septiembre de 2020 Hace pocos días Alberto Fernández manifestó que “muchas veces los medios no dicen la verdad, la tergiversan de acuerdo a sus necesidades empresariales”. Dicha aseveración remite en forma directa a la actual operación destinada a montar un clima de época basado en dos dimensiones. La primera, de carácter directo y explícito, diseñada para frustrar o entorpecer el cumplimiento del programa de gobierno del Frente de Todxs y la segunda enfocada a enrarecer el clima social, generar desaliento y garantizar el regreso del neoliberalismo. La primera interpela a las tres fracciones convergentes y superpuestas de la oposición, los neoliberales antiestatistas, los antiperonistas viscerales y los anticuarentena conspiranoicos. Sus mensajes buscan empoderar a los defensores de los grupos concentrados, dotándolo de autoconfianza para obstaculizar la gobernabilidad. La segunda maniobra, más sinuosa y estratégica, tiene como destinatarios los perfiles menos sensibles a los debates político-institucionales. Sobre estos últimos, la trifecta corporativa de medios (Clarín, La Nación e Infobae), viene desplegando una batería de falacias e inexactitudes manifiestas destinadas a sumarle aflicción y confusión a la actual situación pandémica. Mientras sugieren cuestionamientos larvados de las medidas sanitarias indicadas por los epidemiólogos e infectólogos, difunden (y propician) pretendidos éxodos multitudinarios a Punta del Este, publicitan la visa de residencia en variados destinos internacionales y notifican la (supuesta) huida en masa de empresas trasnacionales. Las fracciones fuertemente ligadas al mundo financiero exhiben un espanto manifiesto frente a la posibilidad de perder influencia en el manejo de los resortes claves: por un lado lideran el cuestionamiento a las medidas impulsadas por el gobierno, y –en forma simultánea– instalan la degradación del clima social, impulsando el desánimo y su traducción anómica del sálvese quien pueda. Esta última operación, además de disolver cualquier expectativa respecto al actual gobierno, intenta fundar un espacio vacante para la irrupción de una esperanza política futura, que logre anclar en las próximas elecciones legislativas, cuya campaña se inicia en un semestre. Esta siembra de mensajes cotidianos trabaja para debilitar cualquier contacto entre los colectivos menos politizados de la sociedad y el Frente de Todxs. El ataque directo se ejecuta contra la progresiva desarticulación de la mesa judicial macrista –impulsora de las causas mediáticas destinadas a destruir al kirchnerismo–, el impuesto a las  grandes fortunas y las regulaciones del Banco Central en relación con la divisa estadounidense. La justificación discursiva desde la que se monta esta ofensiva es la defensa de los valores republicanos y el resguardo de la instituciones. Sin embargo, esta arremetida omite el rol que ocupan dos de sus instituciones claves: el Consejo de la Magistratura y el Senado de la Nación. Para los poderes fácticos, los valores republicanos solo son reivindicables cuando coinciden con los criterios y los intereses de sus portavoces y/o sus respectivos patrones. La ofensiva directa es palmaria y explícita. Interpela a los grupos opositores, les brinda insumos discursivos para desafiar al gobierno y los dota de confianza para ilusionarse con un retorno al poder político en un futuro cercano. La maniobra de desánimo, por su parte, tiene como destinatario al tercio de la sociedad cuyo voto es fluctuante y está básicamente articulado al universo simbólico, cotidiano, que lo rodea. Este colectivo  es el que ha decidido los diferentes vuelcos electorales desde 1983 hasta la actualidad. Para este segmento, la trifecta sigue los postulados de la metodología instituida por primera vez en el Reino Unido en la década del ’70 del siglo pasado, consistente en la siembra sistemática de malas noticias y la difusión del pesimismo. Se inocula, mediante la insistencia de malas noticias,  la sensación de caos social. A la pandemia que conlleva el peligro permanente de contagio, ahogo económico y dificultad para proyectarse en el tiempo, se le añade la sensación de desgobierno y el horizonte de una crisis terminal. Esta actividad comunicacional es específicamente pregnante entre quienes se sienten ajenos a las disputas políticas institucionales, suelen percibirlas con desconfianza y cimentan su percepción de la realidad en torno a contextos marcados por el optimismo socioeconómico o su contracara, la depresión. Estratagemas que son coherentes  con los modelos elaborados por el Departamento de Estado para fomentar la catalogación de Estados Fallidos, necesitados de asistencia o injerencia extranjeras para su sobrevivencia. Desolación y después La ofensiva comunicacional indirecta apunta a divulgar determinados mensajes periódicos, dispuestos para exacerbar la decepción, el desaliento y el abatimiento generalizado: La recurrente invitación para acceder a ciudadanías extranjeras de diversos países como solución al desasosiego previamente instalado, haciendo caso omiso a su contraparte de regresos vertiginosos producto de situaciones más graves en otros países. La multiplicación de noticias falsas sobre manejos más eficientes de la gestión sanitaria respecto al coronavirus en otros países. La propagación de información sobre la huida de empresas trasnacionales. (Cantidad mínima comparada con el éxodo sucedido durante el gobierno macrista, según esta concisa cronología). El exilio dorado de integrantes del mundo del espectáculo. Estos discursos fomentan el pánico moral, que busca la reacción de un sector de la sociedad frente a una amenaza que exige respuestas rápidas. Sus difusores cuentan con los sucesos del 2001 como referencia obligada y, aunque no nombren dicha crisis, la utilizan como espejo caótico posible de destino prefijado. Según el sociólogo británico Stanley Cohen, que concibió el concepto de pánico moral, su utilización por parte de los sectores conservadores gira en torno a una amenaza agitada por soportes mediáticos para etiquetar enemigos y al mismo tiempo impedir las transformaciones sociales. Se trata –como sugiere Raúl Zaffaroni en La estructura inquisitorial– de apelar a un instrumento discursivo que proporciona la base para crear un estado de temor colectivo, orientado a ubicar límites a quienes estorban al poder. Este ejercicio se asemeja a una verdadera caza de brujas que necesita personificar y hacer visibles a los chivos expiatorios (la familia Kirchner, los tomadores de tierras en Guernica, los maestros que se resisten a convertirse en vectores de contagio en CABA), de forma similar a quienes fueron etiquetadxs y perseguidxs por el macartismo en la década de 1950. Algunas de las características detalladas por Cohen respecto de la conformación del pánico moral son claramente visibles en

Fuente: Edgardo Mocca | El Destape Fecha: 26 de septiembre de 2020  «Nunca en toda nuestra historia se desplazaron a jueces de los cargos que titularizan en un juzgado o tribunal por decretos del Poder Ejecutivo. Hasta acá, las remociones o desplazamientos forzados de los jueces habían sido patrimonio exclusivo de los gobiernos que usurparon el poder por golpes de Estado”, señalaron los legisladores del interbloque opositor. Este texto forma parte de una declaración en la cual un conjunto de legisladores de Juntos por el cambio “exhortan” a la Corte a intervenir en la cuestión abierta sobre la anulación del traslado de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli decidida en su momento por el entonces presidente Macri a través de un decreto.   La mentira en la discusión de los hechos consiste en que se rechaza una “remoción”, cuando de lo que se trata es justamente del restablecimiento de la forma establecida por la Constitución, violentada durante el anterior gobierno y reemplazada por la decisión presidencial sin necesidad del paso por el Senado: la famosa designación “a la carta”. Pero la cuestión principal no es la falsificación de los hechos sino el tono del documento.   Lo realmente inédito en los años posteriores a 1983 es la expresa deslegitimación de un gobierno producida por el principal bloque de oposición. Una deslegitimación que, además, no surge del entusiasmo de un discurso de barricada, sino que forma parte de un documento de diputados del Congreso de la nación dirigido nada menos que a la Corte Suprema. En buen romance, miembros de un poder de la república le piden a otro poder que restablezca la vigencia de la constitución alterada por la acción de un tercer poder –el ejecutivo. Eso sí que es un ataque directo y perverso a la legalidad democrática en uno de sus aspectos cardinales como es el carácter soberano del sufragio popular, el principio de la mayoría electoral como forma de elegir las autoridades.  Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE   Cuenta la historia que el día 11 de octubre de 1945 una coalición llamada “junta de coordinación democrática”, que abarcaba al radicalismo encabezado por su sector “unionista”, al conservadorismo e incluía a sectores de izquierda, acordó llevar al ejército la propuesta de la renuncia del gobierno militar de entonces y la entrega del poder a la corte suprema. El contexto era la crisis de gobierno provocada por el disenso en la oficialidad respecto del liderazgo del coronel Perón, quien un día después de ese pronunciamiento sería llevado preso a la isla Martín García y luego liberado por una hasta ahí inédita concentración de trabajadores en la Plaza de Mayo. Hay, pues, una tradición argentina en torno al recurso de las clases más poderosos al único poder no electivo de nuestra constitución como garante último de sus intereses. Esto está en línea con la tradición del pensamiento conservador que acuñó el concepto de “poder moderador” o “poder neutral”. Los conservadores consideran que lo que hay que moderar, en definitiva, es “el poder del número”, el poder de las mayorías.  Para convocar al poder moderador hay que construir una escena de crisis, de angustias colectivas, de barco sin timón. Es la tarea a la que se dedican a tiempo completo las maquinarias comunicativas oligopólicas. En estos tiempos ha nacido otra rama en la estrategia del desgaste al poder elegido por las mayorías: la pandemia ha habilitado una forma de “rebelión” que consiste en la ocupación de calles por pequeños grupos que invariablemente convierten en gritos e improperios (con algún condimento de violencia) las consignas que son títulos principales de las grandes cadenas de la “información”. No importa que sean muy poco numerosas esas demostraciones porque en los tiempos de la pandemia los pequeños grupos funcionan articuladamente con esos medios en la creación de un clima de rebeldía y de desorden. La creación de ese clima es la etapa que está transitando la desestabilización entre nosotros. En otras palabras se está tratando de gestar la necesidad política de un “poder moderador”. La Corte Suprema tomaría el próximo jueves una resolución sobre el caso de los jueces designados por Macri y vueltos a su lugar anterior por el Senado actual. No hay ninguna posibilidad de que la Corte “modere” nada. En general, en Argentina no aparece posible esa moderación, pensada desde fuera de la lucha política. Duhalde presentó su candidatura a moderador nacional, presentando como curriculum su desempeño en el período posterior a la crisis de diciembre de 2001. Pero como supo decir el gran Alfredo Le Pera “las horas que pasan ya no vuelven más”. No solamente porque Duhalde sufrió en el medio más de un derrumbe electoral, sino porque la realidad política se ha transformado, ha construido un antagonismo político que habrá que transitar con prudencia y espíritu pacífico pero que no puede deshacerse por decreto. Allá por 1955 primó la idea de deshacer aquel antagonismo (referencia ineludible del actual) recurriendo a la violencia, la persecución y la proscripción. Y dentro de pocos días el peronismo cumplirá 75 años unido y en el gobierno. La misma lozanía que muestra el antiperonismo incondicional. Para suprimir con violencia el antagonismo político hubo muchas dictaduras y en 1976 se llegó a la más violenta de todas, la que incubó el más criminal de los terrorismos de estado. En la década de los 90, Argentina parecía haber llegado a la meta: el gran consenso neoliberal. Introducidas por Menem y continuadas por De la Rúa, las “reformas de mercado” parecían el fin de la historia de los antagonismos argentinos, lo que estaba además en la agenda política y cultural del mundo. Ese tiempo pasó. En 2001 se dio vuelta la página. Y las dos coaliciones políticas que hoy compiten en el terreno político y electoral son herederas de aquella crisis. Expresan la diversidad social de aquella rebelión. Con la particularidad de que se han alternado en el gobierno sin rupturas constitucionales.  Eso es lo que hoy se amenaza,

Fuente:  Jaime Rosemberg| La Nación Fecha: 24 de septiembre de 2020 Las entidades centrales de la comunidad judía en el país reaccionaron de manera dispar ante el discurso del presidenteAlberto Fernández, que ayer, en su primera presentación ante las Naciones Unidas, pidió a Irán que «coopere» en el esclarecimiento del atentado a la sede de la AMIA y a la comunidad internacional en el cumplimiento de las alertas rojas de Interpol que pesan sobre ex funcionarios de Teherán implicados en el ataque, que dejara 85 muertos y centenares de heridos. «Vemos como muy positivo que se haya retomado el reclamo y una hoja de ruta que se abandonó con el Memorandum de Entendimiento (con Teherán, firmado en 2013). Pero a Irán hay que exigirle, y no pedirle, que entregue a los buscados por Interpol para que los juzgue la justicia argentina», afirmó a La Nación Jorge Knoblovits, titular de la DAIA. Para el dirigente comunitario, hay «cierta inocencia» en pedirle «a Irán que colabore», luego de 26 años sin avances en el juzgamiento de quienes, a criterio de la Justicia, fueron responsables de la planificación del atentado, ejecutado por el grupo pro-iraní Hezbollah. Con un tono más diplomático, la AMIA valoró las declaraciones del Presidente y calificaron de «necesario destacar la vital importancia de que en un foro internacional de máxima trascendencia se haya reclamado expresamente la colaboración de la República Islámica de Irán, para poder avanzar en el total esclarecimiento del peor atentado terrorista que sufrió nuestro país el 18 de julio de 1994, y en el juzgamiento de sus culpables». La entidad mutual recordó, en un comunicado, que «está probada la responsabilidad intelectual y material del ataque a la sede de la AMIA de ciudadanos y funcionarios de la República Islámica de Irán, y de la agrupación terrorista Hezbollah» y calificó de «gran importancia» el pedido de Fernández para que los ex y actuales funcionarios iraníes buscados sean detenidos al salir de su país. En diálogo con La Nación, el titular de la AMIA, Ariel Eichbaum, fue más allá. «Creemos que la mención que el presidente Fernández dedicó a la causa AMIA, en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, fue correcta, precisa y también novedosa. El hecho de que haya pedido que los países no hagan caso omiso a las alertas rojas que pesan sobre los acusados iraníes es algo inédito, y es algo que la AMIA viene reclamando año tras año», afirmó el titular de la mutual judía. En su discurso, el primero ante la ONU como Presidente y de manera virtual, el Presidente afirmó que «a 26 años del atentado a la sede de la AMIA quiero continuar la política iniciada en este ámbito en 2003 y continuada posteriormente, y requerir a las autoridades de la República Islámica de Irán que cooperen con las autoridades judiciales argentinas para avanzar en la investigación de dicho atentado». Fernández también solicitó a la comunidad internacional «cumplimentar las solicitudes contenidas en las cédulas rojas de Interpol ante la eventual presencia de un imputado en sus territorios, algo que Argentina jamás dejó de reclamar». No mencionó al Memorándum y aludió sin nombrarlo a la política de Néstor Kirchner en relación al tema durante su mandato como presidente. Los matices entre DAIA y AMIA tienen su explicación en el vínculo que los une con la Casa Rosada y el kirchnerismo. Mientras la DAIA se mantiene como querellante en la causa por presunto encubrimiento del atentado a través del acuerdo con Irán, en el que está procesada la vicepresidenta Cristina Kirchner, la AMIA reitera cada vez que tiene oportunidad que no tiene «nada que ver» con esa querella, que además de la DAIA está impulsada por dos familiares de víctimas del atentado, Luis Czyzewski y Mario Averbuch. «Es una relación que transita, como debe ser, canales de diálogo institucional de manera frecuente», definió Eichbaum en diálogo con este diario. Las reacciones del Gobierno ante las entidades también son disímiles. Mientras el presidente de la AMIA, Ariel Eichbaum, acompañó a la quinta de Olivos a encontrarse con el Presidente al padre de una de las víctimas (Sebastián Barreiro), el pasado 16 de julio, Knoblovits no fue vuelto a citar luego de un encuentro suspendido a último momento con el Presidente, antes del ingreso del coronavirus al país.