Nacionales

Fuente: Jorge Elbaum y Horacio Verbitzky | El Cohete a la Luna Fecha: 11 de abril de 2021 El camarista Mariano Borinsky asesoró a la DAIA sobre el modo de conseguir la reapertura de la causa iniciada contra la ex Presidenta CFK por el fiscal general Natalio A. Nisman, que él mismo decidió junto con Gustavo Hornos, como jueces de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal. Fue lo que el habla popular llama juez y parte. Sus contactos fueron el secretario general y abogado de la DAIA, Santiago Kaplún, y su pro-tesorero, Daniel Belinki. Así lo narraron al Cohete varios miembros de la Comisión Directiva que actuó en el periodo 2015-2018. Además, Kaplún es socio de Ramiro Rubinska, casado con Ingrid Meischenguiser, cuya hermana Evelyn es la esposa de Borinsky. Esa operación concebida en familia no conformó a todos los miembros de la Comisión Directiva de la DAIA, y por eso lo sucedido llegó a conocimiento del Cohete a la Luna. El entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, tenía relación con el abogado de la DAIA, desde hacía más de una década: Kaplún fue quien presentó directamente ante la Corte la causa Mendoza, en la que el tribunal ordenó a los gobiernos de la Nación, la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires la limpieza del Riachuelo. Desde entonces, el juez publicó libros y dictó conferencias sobre derecho ambiental. La última, esta semana, en la Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados de Brasil, donde hace dos años expuso el juez Sergio Moro. El encuentro no es para gente modesta: se titula Grandes Juristas del Mundo (sic). Allí Lorenzetti hizo una llamativa autocrítica:  “Es aconsejable que los tribunales tengan la sabiduría de limitar los procedimientos y dejar que los demás poderes del Estado cumplan su función”, dijo. En marzo de 2015, Lorenzetti publicó un video sobre la Justicia, que incluía la muerte de Nisman entre los crímenes impunes, cuando sólo habían transcurrido 45 días del hallazgo de su cuerpo y nada indicaba la intervención de terceros. La dimisión Según los ex directivos de la DAIA consultados, el juez Borinsky brindó un asesoramiento clave y sugerencias varias para garantizar: que la DAIA fuera aceptada como querellante, pese a la oposición manifestada por el fiscal general de Casación, Javier De Luca, dado que la entidad no había presentado el poder especial que el código procesal señala como necesario para querellar, y que la presentación contuviera argumentos suficientes para motivar a sus colegas, Gustavo Hornos y Ana María Figueroa, a dar el consentimiento para la reapertura de una causa que ya constituía cosa juzgada. Para ello se utilizó la grabación anónima de un diálogo telefónico entre el canciller Héctor Timerman y Guillermo Borger, el presidente de la AMIA, que compartía el edificio con la DAIA. Borger le recriminaba que se abriera una negociación con un “Estado mentiroso y negacionista como Irán” y Timerman le respondía: “Si fuera otro, no hubiese puesto la bomba, ¿tenés otro para negociar?”. Quienes interactuaron con Kaplún recuerdan su especial inquina contra Timerman. La DAIA y la AMIA habían saludado como un avance la firma del Memorándum, hasta que los gobiernos de Israel y de Estados Unidos lo condenaron. El giro de 180° fue inmediato. Días antes que la Cámara de Casación se pronunciara, Kaplún le garantizó al resto de los integrantes de la Comisión Directiva: “Hay acuerdo para que el expediente se reabra”. Creada en 1934, la DAIA se convirtió este siglo en una operadora política  del PRO. Nunca antes se había involucrado de tal modo en cuestiones de política partidaria argentina, aunque ha sido tradicional su alineamiento con los partidos de la derecha de Israel. El malestar en la DAIA llegó a tal punto, que Kaplún fue forzado a dimitir de su cargo. El entonces presidente interino Alberto Indij le exigió la renuncia “por llevar a cabo iniciativas inconsultas respecto al resto de la mesa ejecutiva, tomando decisiones a espaldas de las máximas autoridades de la institución”. —¿A qué iniciativas inconsultas se refiere? —le preguntó El Cohete. —Entre otras, a la carta que presentó en la audiencia ante la Cámara de Casación, que no había sido autorizada por las autoridades —respondió Indij. El matutino Clarín tituló su nota del 19 de diciembre de 2016: “Impactante y provocadora carta de la DAIA para pedir que se abra la denuncia de Nisman”. Su texto, que Kaplún leyó ante la Cámara de Casación se preguntaba qué sucedería con esa causa si Daniel Scioli y Carlos Zannini hubieran sido electos Presidente y Vice un año antes, Aníbal Fernández gobernador de Buenos Aires y Luis D’Elía designado embajador en Teherán. Suponía que la comisión de la verdad contemplada en el Memorándum estaba trabajando en Irán y que sus miembros terminarían de leer el medio millón de fojas de la causa en 2026. Por último se congratulaba de que nada de eso hubiera ocurrido y que la reapertura de la causa trajera esperanza. Indij presidió la DAIA entre mayo de 2017, cuando debió alejarse el titular Ariel Cohen Sabban luego de la denuncia de Esmeralda Mitre por juego de manos, y octubre de ese mismo año, cuando lo sucedió el actual presidente Jorge Knoblovits. La renuncia de Kaplún se produjo en julio de 2017, durante el interinato de Indij. En diciembre de ese año, cuando el doctor Glock procesó a Cristina, Timerman, Zannini y el actual viceministro de Justicia Juan Martín Mena, Kaplún ventiló su resentimiento ante un grupo de socios de Macabi, cuya comisión directiva integra: “Me van a tener que agradecer el trabajo que hice en 2016. No pudimos por ahora meter en cana a Cristina. Pero falta menos…”.  Uno de los asistentes lo transmitió al Cohete. Los deportistas Belinki se alejó en solidaridad con Kaplún y se sumó como asesor a la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados, que presidía Waldo Wolff, aunque ambos carecían de competencia alguna en temas de seguridad. Los dos presidieron la Federación Argentina de Centros Comunitarios Macabeos, FACCMA, donde Borinsky desarrolló las capacidades tenísticas que

Fuente: Eduardo Mocca| El Destape Fecha: 10 de abril de 2021 El modo de “discusión política” que intenta imponer la derecha argentina es el del batifondo, los insultos, las mentiras y el cinismo. Pasaron las referencias al buen desempeño de Chile o de Uruguay frente a la pandemia, la campaña contra la “vacuna rusa”, campaña modelada con más de treinta años de atraso y bajo el relato más propicio para la política imperial de Estados Unidos, con sus apelaciones al “mundo libre”, al peligro del autoritarismo ruso y hasta el espionaje que pudiera venir de Cuba disfrazado de ayuda sanitaria… Todo ese ruido tiene un solo sentido, el de debilitar al gobierno y fortalecer la dependencia intelectual de la política argentina respecto de la mirada del mundo del Departamento de Estado de los Estados Unidos.        Por su parte el gobierno modeló una hoja de ruta correcta. Aislamiento inmediato y casi generalizado, concentración de los esfuerzos para evitar el colapso del sistema sanitario, seriamente debilitado durante el cuatrienio macrista, coordinación intensa entre el estado nacional y las administraciones provinciales y seguimiento coordinado de la acción. Con la aparición de las vacunas y los procesos de aprovisionamiento, el centro de la cuestión se corrió. Las vacunas establecen una nueva dimensión temporal. El tiempo que nos lleve la inmunización directa o indirecta de la población marcará la transición. Pero, de qué transición se trata. La expresión “nueva normalidad” fue afortunada en términos comunicativos. Pero tiene un problema: no significa nada. Nadie sabe en qué consiste. Y además fueron apareciendo nuevas cepas del virus, lo que abre el interrogante sobre cuánto de esta nueva experiencia civilizatoria podrá ser resuelta o reencauzada desde la industria farmacológica. Industria que, además, y como no podía ser de otro modo, está altamente concentrada en pocos laboratorios a nivel mundial, lo que la pandemia ha puesto de relieve de modo macabro.        Es completamente comprensible que los gobiernos intenten influir positivamente en el estado de ánimo social. La capacidad de generar un ánimo colectivo sensible a la cuestión del cuidado y optimista en cuanto a la capacidad colectiva de actuar para reducir el daño forma parte del núcleo de la política para atravesar períodos de pronunciada fragilidad como ésta. La oposición de derecha trabaja incansablemente para neutralizar esos esfuerzos, para bajar la autoestima nacional, producir desconfianzas artificiales y a veces lindantes con el delirio. En la polifonía de Juntos por el Cambio, cada vez cobran más importancia las modalidades extremas y más peligrosas, las menos propensas a un diálogo con pretensiones de alcance estatal. Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.        En medio de las tensiones de estos tiempos, el gobierno argentino resolvió hasta ahora el objetivo -siempre en riesgo- de mantener en orden el sistema sanitario. Tuvo y tiene un protagonismo importante en la lucha por el abastecimiento de vacunas, en un mundo en que los estados siguen compitiendo en términos hobbesianos, sin contrato social alguno, contradiciendo la profecía neoliberal de los años noventa del siglo pasado. ¿Cuáles son los países que encabezan el abastecimiento global de vacunas? Pues los mismos que encabezan todos los rubros relacionados con la riqueza y el poder. Argentina, lejos de ese club, se las va arreglando dignamente en la provisión de vacunas diversas y validadas científicamente.        Sin embargo, el comprensible discurso oficial deja brechas profundas. Esas brechas consisten en que lo que estamos haciendo es prepararnos para vivir en un país y en un mundo igual al que existía antes de la pandemia. Baste para ilustrarlo el lugar simbólico que adquieren las “negociaciones con el Fondo”: qué es lo que deberá pagar el estado argentino por la fiesta que enriqueció los bolsillos de unos pocos, y destruyó al país, con plena anuencia y colaboración del hoy exigente y estricto Fondo Monetario. Es decir, estamos negociando en los mismos términos que en todos y cada uno de los casos anteriores de endeudamiento inmoral y antinacional, como si estuviéramos en un “mundo normal”.        Claro que simultáneamente se desarrolla un activismo internacional muy interesante, que no es un viraje ideológico, como lo interpreta maliciosamente la derecha, sino la recuperación de una política soberana de asociación en múltiples tableros, solamente demarcados por el interés nacional. Ese activismo internacional tendrá que ser intensificado en un futuro inmediato. Porque no estamos ante la inminencia de la recuperación de la “vida normal”, sino en la antesala de un proceso profundamente crítico en lo que hace a la relación entre los seres humanos y la naturaleza, así como entre los seres humanos entre sí. Cualquier intento de volver al mundo que era a fines de 2019 va a chocar contra el muro de la realidad.        Sin que mediara una experiencia atroz como la pandemia actual, la década del treinta del siglo pasado produjo una importante mutación de múltiples, y en algunos casos contradictorios, aspectos de la vida mundial. Fue la transición desde el liberalismo al keynesianismo. Desde las democracias liberales hacia duras dictaduras del capital y luego hacia democracias sostenidas por los “contratos de responsabilidad ciudadana” que recibieron el nombre de estados sociales o “de bienestar”. Ese mundo duró hasta comienzos de los años setenta del siglo pasado, momento en que Estados Unidos termina unilateralmente con la convertibilidad fija entre dólar y oro y desata las energías devastadoras de la especulación financiera. A eso se lo llamó “globalización” y eso es lo que está atravesando un trance resolutivo en nuestros días.        Nuestro país no está en condiciones de influir decisivamente en el curso de esta transición sin rumbo conocido. Pero hay dos cosas que sí puede hacer. Una es encarar una fuerte ofensiva de relacionamiento y construcción institucional en el interior de nuestra región y proyectarse desde ahí a la exploración de posibilidades de cooperación en condiciones de dignidad nacional con otras regiones del mundo. Es decir, aprovechar los cambios de correlación de fuerzas estatales que ya se insinúan con fuerza creciente para romper con la larga (aunque discontinua) etapa de subordinación a los intereses de

Fuente: E. Raúl Zaffaroni | La Tecl@ Eñe Fecha: 11 de abril de 2021 Raúl Zaffaroni sostiene que el irregular endeudamiento de la Nación efectuado por el gobierno de Mauricio Macri, a través de un crédito del FMI por 57.000 millones de dólares, tramitado irregularmente a dos puntas y destinado a la fuga de capitales, brinda una muy buena oportunidad para que un equipo interdisciplinario – tanto en materia económica como jurídica- promueva una convención internacional en la ONU que tipifique los hechos de desbaratamientos dolosos de economías como delito internacional.  Hace poco más de un siglo y, a regañadientes de los diplomáticos profesionales, Hipólito Yrigoyen ordenaba el retiro inmediato de la delegación de nuestro país de la Asamblea de la Sociedad de las Naciones, vaticinando el fracaso para la paz de un derecho internacional manejado por los poderosos. El payaso bigotudo dictador fascista de los treinta dispuso lo contrario y volvimos a la Sociedad de las Naciones –con el aplauso de La Nación y de la oligarquía- para asistir al destino que había previsto Yrigoyen. Pero la línea internacional de nuestros gobiernos populares había hecho que el mundo escuchase la voz del Pueblo de la Nación Argentina. Es la misma voz que se hizo oír otras muchas veces en gobiernos populares, como en 2005 cuando por iniciativa argentina y para detener el accionar de los llamados fondos buitres, se aprobaron por la Asamblea de las Naciones Unidas los nueve principios para la reestructuración de deuda, con el voto favorable de 136 país, 41 abstenciones y sólo seis obvios votos en contra (Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Alemania Federal, Israel y Japón). La voz argentina sonó igual:  Muchachos, con estos privilegios, la paz no se consigue ni se garantiza. No en vano pasó un siglo; de los acuerdos precarios entre los poderosos del mundo que en París y Ginebra querían ponerse de acuerdo para explotar al resto evitando choques interimperialistas –que no los evitaron, obviamente-, se pasó ahora a garantizar los intereses de las corporaciones transnacionales con sede en los países que votaron en contra o en sus socios o beneficiarios. Son las mismas que corrompen las democracias de los países del sur mediante los partidos únicos de medios monopólicos, para instalar a sus agentes locales que contraen deudas cuya ejecución queda sometida a la jurisdicción de sus miles de jueces municipales tipo Griesa, capaces de inmovilizar nuestro dinero en sus bancos, de embargar nuestros buques de guerra, todo para garantizar la extorsión de la banda de fulleros que muestra su cara a través de un gordito antipático al que nadie le compraría un auto usado. En todos nuestros países operan sus agentes: los Martínez de Hoz, Cavallo, Macri y Clarín y La Nación, nunca faltan en cada uno de los países de la región, donde por acción u omisión de estados atrofiados mueren cientos de miles de personas y se cometen atrocidades violatorias de Derechos Humanos a mansalva. Pero de nuevo la voz argentina se hizo oír: Muchachos, así no puede haber paz.   Ahora tenemos una nueva oportunidad de estar en el mundo. La Oficina Anticorrupción ha denunciado y es querellante contra el ex-presidente y varios funcionarios de la anterior administración por un concurso de delitos que convergen en el irregular endeudamiento de la Nación en un crédito del FMI por 57.000 millones de dólares, tramitado irregularmente a dos puntas y destinados a la llamada fuga de capitales, que no fue ninguna fuga sino una simple salida, porque nadie cuidaba la puerta. Se trata nada menos que del mayor crédito otorgado por el FMI, presionado por la administración Trump para ayudar a la reelección de Macri, tal como lo explicó Clever Carone, asesor senior del Tesoro de los Estados Unidos. Sin entrar en mayores detalles acerca de los delitos concurrentes, lo cierto es que el principal de ellos encuadra en el inciso 7º del artículo 173 del código penal: el que, por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico, tuviera a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, y con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o para causar daño, violando sus deberes perjudicare los intereses confiados u obligare abusivamente al titular de éstos. La conducta está ligeramente agravada en función del inciso 5º del artículo 174: el que cometiere fraude en perjuicio de alguna administración pública.  El tipo penal del inciso 7º del artículo 173 no estaba en el código de 1921, sino que fue introducido por la reforma de facto de Onganía de 1967 y mantenido por el Congreso en 1973. Los autores de la reforma de 1967 lo copiaron casi textualmente del parágrafo 266 del código alemán, donde había sido legislado el 1º de junio de 1933 y recibe hasta hoy el curioso nombre de Untreue, que puede traducirse como infidelidad. En tiempos macristas se pretendió usarlo para criminalizar decisiones de política económica, como es el caso de las operaciones de dólares a término que, como quedó claro para todos -salvo para los jueces del lawfare– no fueron ruinosas por obra de Cristina Kirchner, sino por la de Macri y en beneficio de sus amigos, advertidos con la debida anticipación de la devaluación que éste dispondría, sin esperar dos meses para que el daño no se produjese. Los alemanes siempre cuidaron que ese tipo no criminalizase políticas económicas, pero allá pesa también una gran desconfianza a esta disposición, más que por haber sido introducida en tiempos del nazismo, porque su nombre causa cierto escozor: Treue significa fidelidad –incluso conyugal- pero fue usada en ese tiempo para caracterizar a todo su perverso concepto del derecho como fidelidad a la comunidad popular cuyo intérprete último era el Führer, o sea, que todo delito era en esencia una infidelidad, que se valoraba al margen de la legalidad formal. De todas formas, esta es una historia alemana y no nuestra, donde nuestra ley no usa esa expresión. Por ende, siempre pensé y sigo pensando que en nuestro tipo encuadran los casos extremos que llevasen a un país al default o a alguna catástrofe parecida. Es decir, entiendo que lo correcto es considerar que las usuales medidas de política económica,

Fuente:  Memoria Activa Fecha: 6 de abril de 2021 El pasado 26 de marzo, el Tribunal Oral Federal 3 presentó los fundamentos de la sentencia que absolvió, otra vez, a Carlos Telleldín en un nuevo juicio oral y público por el atentado a la AMIA, que duró un año y medio. Los jueces Andrés Basso, Javier Rios y Fernando Canero dictaron su fallo el 23 de diciembre del 2020, y difundieron ahora los motivos de la absolución a Telleldín, de los cuales se desprende la ya conocida desastrosa investigación que se llevó a cabo con desvíos y encubrimientos. Los magistrados sostuvieron que, de los 380 testigos escuchados, “no hubo siquiera uno que atestiguara sobre el conocimiento que Telleldin habría tenido de que estaba entregando la Trafic para su utilización en un atentado terrorista”.  Tampoco, dijeron, se generó prueba nueva suficiente para probar un móvil que motivara su participación en el ataque, de lo que deriva que, si bien efectivamente llevaba a cabo acciones delictivas en el armado y compra venta de autos, esto no confirma por sí solo un mayor involucramiento en el caso AMIA. “Tampoco se acreditó, como la propia querella AMIA-DAIA señaló, que (Carlos Telleldín) perteneciera a alguna célula antisemita, ni que tuviera animosidad alguna hacia miembros de la comunidad judía, que hubiera sido otro posible móvil para ser parte de uno de los crímenes más aberrantes que registra la historia argentina”. Como si esto fuese poco, ni siquiera se logró saber cuál fue la carrocería utilizada para armar el coche bomba, ni el origen de una tercera camioneta cuyas partes fueron halladas entre los escombros. Estos resultados ya eran claros previo al comienzo del juicio y es la razón por la que desde MEMORIA ACTIVA decidimos aceptar la unificación y no encabezar la querella de familiares. Y es que las conclusiones de los jueces, sumado al conjunto de presunciones que tampoco se lograron corroborar en este juicio ni en el anterior, confirman, una vez más, nuestras denuncias acerca del vergonzoso, inepto e ilícito actuar de quienes trabajaron en la causa AMIA, y apenas lograron llegar hasta el último tenedor de la Trafic. En palabras del TOF: “Tal es así que, la única certeza que hemos podido adquirir a lo largo del juicio, ha sido la de que Telleldin fue el último tenedor del motor que fuera encontrado entre los escombros de la AMIA, luego solo han quedado interrogantes imposibles de responder con los elementos reunidos en los más de seiscientos sesenta cuerpos e innumerables legajos que integran la causa. Posiblemente, esta enorme incertidumbre obedezca a los insondables avatares que ha sufrido esta investigación, por razones que permanecen alojadas en la conciencia de quienes decidieron torcer su rumbo. ” En definitiva, todos y cada uno de los encubridores que participaron en la investigación, desde los tres poderes estatales con el entonces juez Juan José Galeano a la cabeza, no hicieron más que ensuciar, mentir, desviar las pistas y tapar la verdad para sellar una impunidad que, a esta altura, resulta lamentablemente casi imposible de revertir. Esperamos que a todos ellos, la Cámara de Casación les otorgue la condena que merecen.

Fuente:  Beinusz Szmukler y Juan Chaneton| Página/12 Fecha: 5 de abril de 2021 El denominado lawfare, es un instrumento para perseguir judicialmente a opositores. Y donde hay lawfare hay también impunidad para los propios, aun cuando esos propios hayan cometido delitos que avergüenzan la conciencia moral media de una sociedad, como sucede en nuestro país. Ello viene al caso cuando la doble vara -y, con ello, la doble moral- se evidencia por la Corte Suprema en su actuación frente a sendos recursos extraordinarios interpuestos, uno por el ex presidente Carlos Menem y el otro por el ex vicepresidente Amado Boudou. El juicio a Menem empezó en 2008, fue absuelto en 2011 por el Tribunal Oral en lo Penal Económico No. 3, pero la sentencia fue revocada por la Cámara de Casación Penal en Junio de 2013, condenándolo a siete años de prisión de cumplimiento efectivo, como coautor del delito de contrabando agravado por tratarse de material bélico, y contar con la intervención de funcionarios públicos. El delito lo perpetró entre 1991 y 1995 siendo presidente de la Nación, al firmar un decreto por el cual Argentina le vendía armas a Panamá y Venezuela, una falsedad con la que disfrazaba que la venta era a Croacia y Ecuador, países que en esos años libraban guerras: Croacia contra sus vecinos de la ex Yugoslavia, y Ecuador contra Perú, su hermano limítrofe del sur. Allí fue Menem; no a pacificar, por cierto, sino a hacer negocios. Una aberración por donde se lo mire. Contra esa condena, Menem interpuso recurso extraordinario ante la Corte Suprema. El alto tribunal admitió la viabilidad del trámite, con lo cual la condena quedó en suspenso y, -vicisitud más, vicisitud menos- mediante actuaciones procesales inútiles, durante 7 años Menem, hasta su fallecimiento, siguió en libertad y con todas las prerrogativas de su condición de Senador de la República. La Corte, con los mismos integrantes que admitieron el recurso de Menem, durmió la causa, como lo sigue haciendo con la causa “Blaquier, Carlos Pedro T. y otro sobre privación illegal de la libertad (art. 114 bis, inc.1)”, (en la que se investigan 70 asesinatos y 400 secuestros cometidos en el Ingenio Ledesma en la noche del apagón, del 22 al 27 de junio de 1976), le denegó en unos días, -velocidad inusitada, sin precedentes del tribunal-, la misma via recursiva al ex vicepresidente Amado Boudou, condenado por el Tribunal Oral Federal N° 4 a 5 años y 10 meses de prisión, decisión que fue confirmada por la Cámara de Casación Penal. Lo hizo invocando una atribución cuasimonárquica: el artículo 280 del código procesal civil y comercial de la Nación, norma arbitraria si las hay, que establece que la Corte » … según su sana discreción, y con la sola invocación de esta norma, podrá rechazar el recurso extraordinario, por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia». De modo que, para estos jueces, hubo «agravio federal» cuando se trató de Carlos Menem y un delito de mucha mayor gravedad, que afectaba las relaciones con paises hermanos, y no lo hubo, en cambio, cuando se trató de considerar el pedido del ex vicepresidente Boudou a quien , se le denegaron todos los testigos propuestos por el. Pero si se admitío el testimonio de solo uno, indicado por la acusación, que después fue “retribuido» con una chacra boutique en Mendoza como pago por el servicio prestado. Y el dato adicional es que esta Corte Suprema es la misma que tiene invisibilizadas causas, como la indicada de Carlos Pedro Blaquier, por crimenes de lesa humanidad, cuyo procesamiento había sido confirmado por la justicia salteña en 2013 pero la Casación revocó esa decisión. ¿Y quién integraba esa Cámara de Casación? Gustavo Hornos, el mismo que visitaba a Macri en su despacho antes de dictar sentencia. Con sus pares Gemignani y Riggi, encubrieron, de hecho, a Blaquier, y lo hace la Corte Suprema que hace seis años tiene el recurso pendiente, pese al reclamo del Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal Javier de Luca para que revoque las faltas de mérito dictadas por ese tribunal en favor de Blaquier, y del ex administrador del ingenio Ledesma, Alberto Lemos en la causa que investiga la participación de ambos en el secuestro del ex intendente de Libertador General San Martín Luis Aredez y de Omar Claudio Gainza y Carlos Alberto Melián. De Luca viabilizó la solicitud a través de tres recursos de queja, luego de que la Sala IV de la Cámara de Casación rechazara los recursos interpuestos por él. En tanto, el tiempo corre a favor de Blaquier y la razón le asiste a Boudou cuando dice, que su condena es, en realidad, un tiro por elevación contra Cristina Kirchner. Resulta evidente que perseguir a opositores es la cara visible del lawfare, en tanto absolver los delitos de los propios vendría a ser una especie de cara oculta o necesidad implícita en el propósito de eliminar de la competencia electoral a quienes pueden ser exitosos en la urnas con un proyecto industrialista, de integración latinoamericana y de realización de los derechos económicos y sociales consagrados en los pactos internacionales indicados en el art. 75, inc. 22 de la Constitucion Nacional.