Opinion

Fuente: Graciana Peñafort | El cohete a la luna Fecha: 07 de ABR 2019 En los últimos meses del año de 1691 el señor Samuel Parris, párroco de la iglesia del pueblo de Salem, vio a una hija suya de nueve años y también a una sobrina de aproximadamente once, afectadas por extrañas dolencias. Las niñas Elizabeth Parris, Abigail Williams y Ann Putnam evidenciaban excitación psicomotriz, delirios y conductas extrañas. Por ello Parris solicitó la intervención de los médicos, pero las niñas empeoraron. Y finalmente uno de los médicos manifestó la opinión de que sufrían maleficio. Los vecinos aceptaron al punto esta opinión y concluyeron que estaban embrujadas A decir verdad, los vecinos de Salem hicieron algo más que aceptar la opinión de ese medico desconcertado. Desataron uno de los más desaforados procesos judiciales que tenga recuerdo la historia. El 29 de febrero de 1692 se firmaron las primeras órdenes de arresto contra tres mujeres: Tituba, que era una esclava antillana que trabajaba para los Parris, Sarah Osborne y Sarah Good, una mujer pobre que a la fecha de su arresto estaba embrazada y cuya hija de apenas 3 años también fue acusada de brujería. Para mayo del 1693, catorce mujeres, cinco hombres y dos perros habían sido ejecutados, acusados de hacer tratos con el demonio y practicar la hechicería. Ello porque desde 1641 la ley inglesa, entonces aplicable a las colonias americanas, consideraba la brujería como un delito sancionado con pena capital. Los jueces que realizaron las investigaciones preliminares fueron Jonathan Corwin y John Hathorne. En mayo de 1692, Sir William Phips, que había sido recientemente designado gobernador de Massachusetts, creó un Tribunal Especial para juzgar y condenar a los acusados de este proceso. Las confesiones extraídas bajo tortura, las desmentidas y los testimonios contradictorios se multiplicaban y en el proceso de histeria colectiva nadie estaba a salvo. La epidemia de acusaciones de brujería y los juicios aberrantes, las torturas y las ejecuciones se propagaron a otros condados. La historia jurídica recuerda a los juicios de Salem por muchas cuestiones, pero hay que resaltar especialmente que en dichos juicios se admitió la utilización de “evidencia espectral”, es decir acusaciones sin bases reales, sueños, pesadillas y alucinaciones de quienes eran acusadores. O mentiras. En el estado de histeria colectivo, la verdad no parecía importar demasiado. Los juicios de Salem también fueron la oportunidad que algunos usaron para resolver viejas disputas. Casi 300 años después, el genial Arthur Miller, tomó esa escabrosa historia y escribió una de sus mejores obras: Las brujas de Salem. Miller, con publicas simpatías por el marxismo, fue testigo y también víctima de los métodos de investigación tanto de McCarthy como de la HUAC (House Un-American Activities Committe, supuestamente creada para luchar contra actividades subversivas de, principalmente, nazis y antisemitas, pero que se centró desde sus inicios en la actividad de los comunistas.) Dijo Miller: “En la silenciosa sala de justicia de Salem rodeado por el torbellino miasmático de las imágenes de los años ’50 del siglo XX, pero con la mente en 1692, poco a poco fue perfilándose con mayor nitidez lo que ambas épocas tenían en común. En las dos existía la amenaza de las maquinaciones ocultas, pero lo más sorprendente eran las similitudes en los rituales de defensa y los procedimientos rutinarios de investigación. Separadas por trescientos años, ambas persecuciones aducían que los perseguidos pertenecían a un grupo secreto y desleal. En las dos épocas, si el acusado confesaba, su sinceridad se demostraba de una única e idéntica manera, nada menos que nombrando a los antiguos cómplices. De esta manera el informador se convertía en la prueba misma de la maquinación y de la necesidad de la investigación. Finalmente, en ambos períodos, dado que el enemigo era ante todo una idea, la prueba de haber cometido acciones desleales o perdía importancia o se dejaba en el limbo o no se requería en absoluto. Y, en efecto, al final las acciones eran por completo irrelevantes; al final, la sola sospecha casi se convertía en la prueba de la deslealtad”[1]. En el enero eterno, doloroso y feroz del 2019, mientras escribía sobre el Lawfare argentino, volví a releer Las brujas de Salem. Porque hace años que siento que los abogados vivimos en un universo que se parece mucho a esos días. Lo que no sabia entonces es que pocos meses después comprobaría que lo que era apenas una intuición se volvería certeza. La prueba vino de la mano de un señor que se llama Marcelo D’Alessio y fue denunciado por extorsión a fines de enero de 2019. El juez de Dolores, que investigaba la extorsión, ordenó una serie de allanamientos y luego la detención de D’Alessio. Como fruto de esa investigación surgiría no solo un fabuloso entramado de actividades de inteligencia ilegales, sino además un capítulo oscuro sobre cómo ese aparato paraestatal e ilegal dedicaba parte de su tiempo a fabricar la prueba para algunos de los juicios con mas repercusión mediática. Y por lo que surge de algunos testimonios, también las puertas clandestinas para que algunos acusados salieran de esos procesos judiciales. Pero estos seres del submundo no se interesan por cualquier proceso judicial. Son seducidos tan sólo por ciertos y determinados procesos. Que tienen amplia repercusión mediática. Y que involucran siempre a personas vinculadas a la actividad política. De un tiempo a esta parte, la realidad argentina discute, con mayor o menor conocimiento o fundamento, los casos judiciales que involucran a la política y a los políticos. No sé bien cuándo empezó todo esto, tal vez con las denuncias tan espectaculares como carentes de pruebas que publicaban los diarios y la televisión, con diputados y dirigentes políticos que ejercían desde Comodoro Py o desde los estudios de televisión. Pero sólo por poner una fecha de eclosión del fenómeno –fecha caprichosa, aclaro de antemano— diré que tal vez empezó el 14 de abril de 2013, cuando Jorge Lanata sentó a un chico que se llama Leonardo Fariña a hablar de lo que denomino “La ruta del dinero K”.

Fuente: Edgardo Mocca | Página 12 Fecha: 07 de ABR 2019 La colusión entre política, poder judicial, medios de comunicación y servicios de inteligencia no es un hecho nuevo en nuestro país. Sin ir más lejos la dictadura que gobernó entre 1976 y 1983 tiene todos esos condimentos y un agregado, el de las fuerzas armadas activamente comprometidas en la persecución y aniquilación de lo que en aquel momento había sido designado como el enemigo por el bloque social dominante, plenamente alineado –igual que ahora– a la agenda global de los Estados Unidos. Sin embargo la dinámica desatada por el escándalo del ex periodista estrella Marcelo Dalessio tiene un lugar específico en esta larga historia. Esa especificidad no consiste solamente en que se desarrolla bajo las formas de la democracia recuperada en 1983. Durante estos 35 años han surgido poderosas respuestas democráticas y populares contra la maquinaria de ocultamiento de los delitos cometidos por los poderosos. Los nombres de María Soledad Morales y Marita Verón son, entre muchos otros, símbolos de una reserva profunda de sentido de la legalidad en una sociedad sistemáticamente golpeada por la impunidad de los poderosos. Y la actividad de los movimientos por los derechos humanos, la recuperación de la identidad de los nietos de las víctimas del terrorismo estatal, las variadas resistencias sindicales y sociales contra los atropellos del poder, forman parte de una larga y rica experiencia en la que la sociedad argentina ha puesto obstáculos al ejercicio del poder fáctico contra los derechos que la ley y la constitución argentina reconocen. Lo nuevo que se pone en acción con las revelaciones del caso Dalessio no está, entonces, en esa capacidad de resistencia social a la prepotencia de los poderosos instalados en el centro del poder judicial y en la estructura operativa del espionaje político, los aparatos mediáticos y las estructuras partidarias o protopartidarias. Lo nuevo es la inserción del acontecimiento en un país atravesado por el antagonismo político más intenso vivido en nuestra patria desde los orígenes del peronismo en 1945. Con D’Alessio, Stornelli, Santoro y compañía se alinean todos aquellos sujetos cuya brújula política tiene un norte que no se somete a discusión: la eliminación de todo vestigio de populismo en nuestro país. Si se cambia la palabra “populismo” por la palabra “subversión”, el discurso del frente oligárquico actual evoca y hasta cierto punto reproduce la red de complicidades políticas, culturales y sociales que dieron vida y sostuvieron el régimen del terrorismo de estado. La gran novedad radica en la inserción de este episodio –con su inédita carga de podredumbre y sentido de impunidad de sus protagonistas– en una trama política signada por la continuidad y profundidad de ese antagonismo. A pocas horas de que se conociera la denuncia del empresario Etchebest, profusamente documentada, empezó una operación que ilustra este enfoque. Elisa Carrió fue –como es habitual desde hace mucho tiempo– el portaestandarte de esa operación: todo es un invento de un juez “de la Cámpora”, forma contemporánea de nombrar a lo que en otros tiempos se llamaba “la subversión apátrida”. Rápidamente la planta permanente de la corrupción periodística salió a reforzar esa interpretación del mismo modo en que lo hace siempre: falseando la verdad, provocando, embarrando la cancha. Son muchos los que sienten el suelo temblar bajo sus pies. La mayoría de ellos son los que sostuvieron de modo canallesco durante muchos años que quienes asumían posiciones favorables a los gobiernos kirchneristas eran mercenarios que vendían falsedades. Muchos que hicieron fama y fortuna entregándose lisa y llanamente al libreto de Estados Unidos –a través de vínculos promiscuos con su embajada local– y los grupos económicos más poderosos. Si la investigación está viva y fortalecida en su avance es por la valentía del juez Alejo Ramos Padilla y por la existencia en el país de un amplio frente democrático que no retrocede frente a la provocación y la mentira. Por eso son miles y miles los que se agolpan en los tribunales para defender la continuidad de la investigación asediada desde la cumbre del gobierno, por el ministro de “justicia” Garavano y por el propio Macri. Mientras tanto el devaluado presidente confunde su rol con el de un patrón de estancia. Cree que puede descalificar al juez y ordenar su destitución como si no existieran leyes, constitución e instituciones. En situaciones así, suelen aparecer y de hecho aparecen quienes sostienen que no hay que poner estos episodios en el centro de la atención pública porque eso sólo sirve para tapar el caos económico y el drama de vastos sectores de la población causado por el gobierno formalmente encabezado por Macri. Por el contrario, el caso revela la trama íntima que sostiene el plan neocolonial y regresivo. Desnuda la existencia de una rosca de poder, de un nuevo régimen que desde diciembre de 2015 gobierna bajo una cada vez más débil fachada institucional e intenta degradar la vida política argentina como camino para consumar sus planes estratégicos en el país. Ese régimen tiene su terminal en el gobierno de Estados Unidos. Fue el embajador de ese país quien dijo al asumir su cargo que venía a “colaborar” con la justicia argentina: “Mi intención, dijo, es continuar trabajando con los abogados y jueces de la Argentina para mejorar el sistema judicial y fortalecer la confianza de la gente en el sistema judicial”. No sin aclarar inmediatamente que se refería al esfuerzo por aumentar las posibilidades competitivas de las empresas estadounidenses en la Argentina. La ayuda, finalmente, se reveló inmejorable. Hoy es imposible interpretar la crisis orgánica de poder desatada por el caso D’Alessio como otra cosa que la caída del velo de impunidad para las operaciones ilegales de los servicios, sus confidentes políticos, jueces y periodistas. Operaciones sistemáticamente destinadas a sostener una prioridad política: el ataque sistemático a las fuerzas populares y democráticas, su descrédito público y su castigo bajo el imperio del nuevo código procesal penal de facto que se conoce con el nombre de Irurzun. Las extorsiones, los aprietes y las

Fuente  Nahuel Sosa* | Nuestras Voces Fecha: 2 de ABR 2019 Un fallo se apila sobre otro. Un juez ordena liberar a Lula, luego otro magistrado –de una instancia inferior y de vacaciones- exhorta a que a los agentes federales no cumplan la orden. Horas después aparece un tercer juez que rechaza la puesta en libertad del ex presidente hasta que definitivamente el candidato con mayor intención de votos queda tras las rejas. Una orden de detención se apila sobre otra. Un juez y otro juez, un fiscal y otro fiscal compiten para ver quién es el primero en saciar la sed republicana que pide a gritos encarcelar a cuanto populista ande suelto. Cristina Kirchner, Milagros Sala y Rafael Correa son algunos de los baluartes más codiciados de esta cruzada mediática-judicial. No es nuevo. Hace nueve años la Corte Suprema hondureña avalaba la destitución del jefe de Estado Manuel Zelaya, tres años después vendría el juicio político exprés al presidente de Paraguay Fernando Lugo y finalmente la tipología de “golpes institucionales” tendría su expresión máxima con el impeachment caricaturesco que logró derrocar a Dilma Rousself en Brasil. Podríamos seguir enumerando un sinfín de arbitrariedades con las que cada día nos sorprende el poder judicial. Pero de lo que se tratar es de observar que la articulación que subyace en cada una de ellas no es casual, sino que responde a una nueva lógica política del neoliberalismo judicial; el Lawfare. Su significado a priori hace referencia al “uso indebido de herramientas jurídicas para la persecución política, el uso de la ley como un arma para destruir al adversario político por la vía judicial”. Sin embargo, en nuestra región ha superado sus límites originales y se ha constituido en una parte imprescindible de una renovada Doctrina de Seguridad Nacional. La imparcialidad en los jueces, las violaciones constantes al principio de inocencia y garantías constitucionales, la utilización selectiva de pruebas son moneda corriente justificadas por el establishment en sus titánicas luchas contra la corrupción. No obstante, lo que no se dice, es que lejos de buscar la verdad y la transparencia lo que se perfila es nuevo caballo de Troya para aplicar un nuevo paradigma judicial que garantice la impunidad del poder financiero y mediático y la continuidad de las derechas en el poder. Podríamos también afirmar, una vez más, que el poder judicial opera sistemáticamente en función de los intereses de los sectores dominantes. Sin embargo, esta verdad histórica, no deja de ser una abstracción incapaz de dar cuenta de ciertos fenómenos actuales que desbordan lo ya conocido. Por eso de lo que se trata es de asumir el desafío de elaborar nuevas categorías que nos permitan comprenderlos mejor. Hay algunos elementos significativos respecto al rol de la justicia   que son particulares de esta etapa. Entre ellos podemos mencionar: el papel protagónico en los golpes de estado de nuevo tipo, los niveles de desacreditación ante la opinión pública, la guerra jurídica como forma de solucionar los conflictos socio-políticos, la judicialización del quehacer político, la  mediatización de  la práctica judicial y la incapacidad de defender a los individuos ya  no solo de los abusos del Estado sino especialmente del poder financiero. Incluso, a modo de hipótesis, podríamos decir que el poder judicial se ha convertido en  un factor determinante en los procesos destituyentes, es decir, ya no se limita solamente a ser  cómplice sino que ahora también es un eslabón central en la configuración de esta nueva Doctrina de Seguridad Nacional. Pero ¿para qué y por qué destituye? Las respuestas son múltiples, pero si centramos el enfoque en la dimensión económica-financiera podemos observar  que cuando se pretende barrer con un gobierno popular se pretende también un cambio en la puja distributiva. En todos los países que se impusieron administraciones de tinte neoliberal sea por las urnas o a través de  desestabilizaciones y golpes blandos, las políticas fueron prácticamente idénticas: ajuste, precarización, endeudamiento externo, timba financiera, fuga de capitales  precarización del modelo productivo, etc. En este sentido es que aparece una segunda hipótesis y es que la justicia no solo que no interviene ni ejerce ningún punitivismo con los delitos económicos sino que es parte del mismo entramado. Hay un neoliberalismo judicial recargado que destituye a la vez que instituye un determinado modelo económico y social. En ese sentido cabe preguntarse ¿a quién responde la justicia?  En este punto podemos pensar en dos claves. La primera es que responde a ella misma en tanto corporación y la segunda es que es la expresión de las alianzas que tejen distintos grupos del establishment según cada momento histórico. Pero a su vez se puede sostener que a priori ambas respuestas son parte de una misma condición, son las caras de una misma moneda. Una justicia con la doble condición de ser corporación y simultáneamente expresión de una confluencia de intereses extra-jurídicos. También podríamos dejar de pensar en LA JUSTICIA y pensar en justiciaS, con una S que configura una noción de pluralidad y multiplicidad distinta. En este caso existirían justicias que se disputan entre sí para determinar quien ocupa la posición de ser LA JUSTICIA. Tenemos entonces  un abanico de opciones de justicias: populares, aristocráticas, politizadas, despolitizadas, duras, blandas, garantistas, positivistas, demagógicas, liberales, conservadoras etc. La pregunta sería cuál predomina y de qué forma y no cabe dudas que ha sido una justicia aristocrática, beligerante, antipopular y decididamente corporativa la que se impuso como respuesta a los procesos de emancipación popular. En líneas generales encontramos que cualquier intento de los gobiernos progresistas por transformar, sea de forma parcial o estructural el aparato judicial, la respuesta siempre fue la defensa a ultranza de la corporación por encima de cualquier interés general y una confluencia explícita o implícita con los sectores opositores. La puesta en escena de una justicia ejemplar y republicana frente al avance del autoritarismo populista, fue el caballito de batalla predilecto de la industria mediática. Y fue esta misma justicia que dejo ser una herramienta del verdugo para calzarse su traje y con sus propias manos poner en la picota las cabezas insumisas. Es importante detenerse en este punto: el desplazamiento de una

Fuente: Atilio Boron  | atilioboron.com.ar Fecha: 24 de MAR 2019 Hay un consenso muy extendido a la hora de caracterizar al régimen cívico-militar de 1976-1983 como una dictadura genocida. Pero conviene ahondar  más en esta cuestión y averiguar si el genocidio no puede también ser practicado por regímenes políticos presumiblemente democráticos. Lo anterior exige precisar qué es lo que queremos decir cuando hablamos de “genocidio”.  El 9 de Diciembre de 1948 las Naciones Unidas aprobaron la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio el cual fue definido como un acto “perpetrado con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal: (a) Matanza de los integrantes del grupo; (b) Lesión grave a la integridad física o mental de los integrantes del grupo; (c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; (d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; (e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo.” En consecuencia es posible ampliar esta definición, surgida bajo la influencia del Holocausto nazi, y tipificar como genocida a cualquier política que tenga por objetivo el sistemático y premeditado sometimiento de un grupo social a lesiones, privaciones y penurias  físicas y/o mentales conducentes al radical debilitamiento o la lisa y llana desaparición del grupo sometido a esa agresión. La dictadura produjo un genocidio social y político sin precedentes, en un marco de sistemática violación a los derechos humanos. El régimen semidemocrático de Mauricio Macri, que puede más apropiadamente ser caracterizado como una “democradura”, ha retomado esa nefasta práctica. Sólo que ahora el genocidio se encubre bajo un ropaje tecnocrático y que en vez de los tenebrosos “grupos de tareas” paramilitares utiliza como su grupo de choque a un equipo de economistas que, con sus políticas, atentan seriamente contra la sobrevivencia de varios grupos de la sociedad argentina. Por ejemplo, los adultos mayores, víctimas indefensas de la destrucción del PAMI (el  Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados) cuyas prestaciones –asistencia médica, hospitales públicos, hogares geriátricos, medicamentos- se redujeron radicalmente condenando a la indefensión y en algunos casos a la muerte a grandes sectores de una población como la Argentina que ha venido envejeciendo en las últimas décadas. Lento y doloroso genocidio también practicado en contra de los niños de las clases y capas populares, antaño protegidos por un amplio programa de vacunas gratuitas ahora reducido a su mínima expresión. Niños a los cuales, también, se les priva de una educación de calidad cuando se remunera a sus maestros con sueldos que están por debajo de la línea de la pobreza y se permanece indiferente ante el deterioro de los establecimientos escolares. El resultado: una población que en un futuro próximo será inempleable o, en el mejor de los casos, que deberá vender su fuerza de trabajo por centavos ante su falta de calificación y vivir sumida en la miseria. En suma, niños y viejos objeto de un ataque inclemente y letal, especial pero no únicamente, en el caso de los segundos y que pretende pasar por una simple cuestión “técnica” -bendecida por los malandrines del FMI- y no como lo que es: una decisión consciente encaminada a concretar una vieja aspiración de la derecha argentina consistente en eliminar una población sobrante calculada ya en la época de la dictadura en diez millones de personas, cifra que hoy debe ser por lo menos el doble.  Por eso, en estricta justicia y con gran dolor, podemos afirmar que desgraciadamente el genocidio sigue su curso en la Argentina de la mano de la “democradura” macrista y su brutal aplicación de las políticas neoliberales, mortíferas en todo tiempo y lugar. Esperemos dejar atrás esta pesadilla lo antes posible y dar comienzo a una refundación de la hoy agonizante democracia argentina. Nota relacionada: La sonrisa cómplice

Fuente: Edgardo Mocca | Página 12 Fecha: 24 de MAR 2019 “Dictada por el Fondo Monetario Internacional según una receta que se aplica indistintamente al Zaire o a Chile, a Uruguay o a Indonesia, la política económica de esa Junta sólo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de monopolios internacionales.” Así hablaba Rodolfo Walsh en su carta abierta a la junta militar, un año después del 24 de marzo de 1976.  También en aquella época el discurso oficial proponía la reducción del gasto, el equilibrio fiscal, la apertura al mundo, la reforma del régimen laboral… y todas las recetas que hoy difunden Macri y su equipo.  La identidad ideológica es innegable y apabullante. Lo más interesante es indagar lo específico del macrismo en ese mar de palabras que se repiten, de slogans, de lugares comunes. El macrismo es la conquista del poder y la creación de un nuevo régimen, bajo la apariencia de la continuidad de la democracia recuperada en 1983. Es la doctrina de la seguridad nacional generada por el imperio en los años setenta, moderadamente actualizada y adaptada a las condiciones actuales. Los políticos, los intelectuales, los economistas y periodistas que defienden el régimen actual simulan amnesia. Muchos de ellos tienen terror de enfrentar sus actuales certezas con aquel oprobioso pasado, pero de algún modo sufren ese horrible reencuentro. El 24 de marzo es, por eso, la fecha clave: la actual maquinaria de la mentira, el ocultamiento, la persecución, la entrega, la violencia y la traición se encuentra con su propio pasado, un pasado ignominioso al que la sociedad argentina –no el populismo o el kirchnerismo– le ha dictado su veredicto inapelable: nunca más. Claro que el presente tiene notas diferenciales. Los Martínez de Hoz de hoy pueden invocar una formalidad electoral de la que el original carecía. Y ese origen electoral no es un detalle menor, accesorio, fácil de subestimar. Quienes hemos vivido los años del terrorismo estatal-imperial no tenemos ningún derecho a ignorar la diferencia. Porque esa ignorancia supondría una profunda irresponsabilidad histórica. Significaría afirmar que el voto popular –último refugio de la democracia agredida al extremo en estos años– y los márgenes de libertad que hoy se defienden de la prepotencia del poder, son apenas cuestiones formales. Supo decir Alfonsín que en América Latina quien no distingue democracia formal de dictadura no distingue la vida de la muerte. Esa es la estela en la que hay que profundizar. Ahora bien, la cuestión es la forma en que se defiende la democracia que todavía vive, aún en condiciones penosas, las peores desde 1983 hasta ahora. Si el punto de referencia es la democracia hay que demarcar el concepto, hay que establecer sus límites y saber en qué punto está el salto hacia otro régimen. Macri acaba de reclamar el juicio político del juez Ramos Padilla, bajo una fundamentación macartista e incompatible con cualquier normatividad democrática. No es la primera actitud dictatorial del actual presidente. En su corto período de gobierno ya ha producido gestos análogos contra periodistas, dirigentes sindicales, políticos opositores, abogados laboralistas y muchos otros “enemigos del cambio”. Pero la persecución a un juez que investiga la existencia y el modo de funcionamiento de una organización mafiosa que espía, extorsiona y condena a adversarios políticos del régimen no es una anécdota. Es la revelación de la existencia del régimen y el síntoma de su más absoluta descomposición. Es también la asunción de un fracaso, el del intento de sostener una reestructuración regresiva de la nación bajo la apariencia formal de cierto respeto a los límites que imponen la constitución actual y las leyes que de ellas se derivan. El ataque al juez Ramos Padilla es un salto en calidad. Es la furia que delata la extrema debilidad. Coincide llamativamente con la promoción publicitaria de un Macri histérico, “caliente” con sus adversarios, dispuesto a todo con tal de defender “el cambio”. La confluencia de este clima autoritario e intolerante con la catástrofe económica y social no es casual. La caída en flecha del consenso de la sociedad con el gobierno es el contexto en el que debe pensarse el giro autoritario del discurso. Ya no hay nada en la caja de herramientas del régimen que alcance para revertir su declinación. La decisión no está en las manos del gobierno, sino en la amplia y poderosa coalición que lo sostiene. Eso es lo que está detrás de la impresionante ola de rumores que recorre el país: la candidatura “muleto” de la gobernadora de Buenos Aires, el “amplio consenso” que se dibuja alrededor del ex ministro Lavagna y el telón de fondo principal que constituye la persecución legal contra la ex presidenta y su familia. Sin embargo, el tobogán en el que ha entrado Macri no es, como algunos parecen creer, un dato menor. Macri no es tan fácil de ser intercambiado, porque es el gran emergente de un proceso político cuyas fuentes son tan viejas como las de su gran antagonista, el kirchnerismo. Macri es el nombre  y el símbolo de una mirada sobre el país, su historia y su lugar en el mundo. Es la cifra de una derecha capaz de unir su disposición a la entrega del patrimonio y al desenfreno de la desigualdad con un ideal de crecimiento personal, de éxito en la lucha por la supervivencia sostenido en los patrones del más extremo individualismo, de la más absoluta indiferencia y desprecio por los que quedan afuera. Macri es un símbolo. Y la decadencia y caída de un mito no es un asunto políticamente menor. Hoy en Argentina constituye un momento crítico, resolutorio, que abre una instancia política decisiva. En estas cosas consiste la maravilla de las elecciones libres. Si no existiera la elección de este año sería difícil imaginar una salida política para esta crisis. Hace hoy 42 años las clases dominantes argentinas decidieron poner su poder al abrigo de cualquier pronunciamiento popular. Unos años después se fueron en medio del repudio

Fuente: E. Raúl Zaffaroni | La tecl@ eñe Fuente: 17 de MAR 2019 Toda interacción humana tiene algo de dramaturgia según los sociólogos interaccionistas. Esta afirmación es mucho más válida cuando se trata del proceso penal. Aunque quien observa un juicio oral nunca haya leído a un interaccionista, no puede dejar de observar que hay una distribución de roles muy cuidada y cada quien asume el suyo. Esta sensación es aún mucho más completa si los jueces visten togas y los abogados también. Cada uno ocupa su lugar, fiscal acusador y abogado defensor a los lados, los jueces en sus estrados, el acusado junto a su defensor. Cualquiera que se salga del rol asignado provoca lo que los interaccionistas llaman “una disrupción” y de inmediato el tribunal lo hace callar o lo excluye de la audiencia. Pero hay una situación que provoca también “disrupción” y que no se resuelve tan fácilmente: es la que producen los jueces cuando se salen de su rol. En ese caso no hay nadie que los haga callar o los excluya. Por eso esas “disrupciones” de los jueces son mucho menos frecuentes e incluso diríamos que raras. Los casos más extremos de “disrupciones judiciales” se dieron en las parodias de juicios llevadas a cabo en los regímenes totalitarios, tales como las purgas estalinistas –con el famoso fiscal servicial- o el llamado “tribunal del pueblo” nazi, con el no menos famoso payaso togado Ronald Freisler. Cuando se llega a extremos de “disrupciones judiciales” se desarma directamente el escenario y la distribución de roles se quiebra definitivamente, pues ante la falta de autoridad que “ponga orden”, o sea, que preserve la distribución de los roles, cada quien no se siente obligado a mantener su rol. Adviene el caos y el drama corre por otros carriles. En tales casos, en que cada quien pasa a elegir el libreto que quiere, suele plantearse un dilema a los acusados y a sus defensores: son conscientes de que las reglas del juego no funcionan y deben optar entre seguir un juego que ya no corresponde a la previa distribución de roles, o bien, proceder a lo que alguna vez se ha llamado el “juicio de ruptura”, que consiste en denunciar a los jueces y asumir un abierto rol de confrontación con éstos. En esos casos se suelen escuchar expresiones tales como “veo el hacha del verdugo bajo la toga del juez” y similares, o sea, el proceso se acaba y lo que queda es una pura confrontación de poder que quiebra toda juridicidad y racionalidad. Es, cabe reiterarlo, el caos. Este caso se debe a que en esta última variable, el proceso se sale de cauce y termina siendo una confrontación política, en la que el acusado y su defensor desconocen la autoridad de los jueces “disruptores”. Como es obvio, cuando las cosas llegan a este punto, la situación es de extrema gravedad y, por ende, a toda costa deben agotarse los esfuerzos para evitar que se produzca. En nuestro país estamos viviendo desde hace tiempo una táctica de lo que ahora se llama “lawfare” bastante peligrosa. La persecución política a la oposición mediante un proceso en que se extorsiona a los imputados amenazándolos con un manejo arbitrario de la prisión preventiva es de conocimiento público. No sólo se persigue a opositores, sino incluso a los empresarios argentinos, lo que redunda en beneficio del capital financiero transnacional. Los propietarios del único canal televisivo que no responde al gobierno están presos. Las detenciones de ex– funcionarios se televisan, alguna vez con la persona en pijama. Las excarcelaciones se revocan en trámites procesalmente bastante objetables y por primera vez desde que se volvió a los cauces constitucionales tenemos presos políticos en nuestro país. Las imputaciones pasan por alto la legalidad de los tipos a los que apelan: hubo “traiciones a la nación” sin guerra. Ante la obvia inadecuación de esta tipicidad, se apeló al encubrimiento y a una llamada “doctrina”, inaudita, porque no habría funcionario imputado de delito que pudiese beneficiarse con una excarcelación. Además, hay sentencias condenatorias que “estiran” los tipos penales como si fuesen de goma y hacen que actos debidos y legales de funcionarios pasen a ser criminales sólo porque se le ocurre a los jueces. Se apela a la “asociación ilícita”, tipo penal que es inconstitucional, porque se consumaría con que tres o más personas, en una noche de medio borrachera, acordasen cometer delitos y pese a que al día siguiente hayan decidido que eso era absurdo y no hayan cometido ni intentado cometer ningún delito. Se sabe que este tipo penal, que proviene de la vieja criminalización de sindicalistas en tiempos en que la huelga era un delito, se usa en la instrucción para legitimar prisiones preventivas. También se sabe que es irracional, porque si quienes se ponen de acuerdo son tres “mecheras” de tienda, por el simple acuerdo serían más penadas que si cometiesen realmente los hurtos. No vale la pena seguir recordando lo que todos sabemos, aunque no cabe olvidar la prisión política de Milagro Sala o la pretensión de que una adolescente casi niña sea amenazada con privación de libertad para acallar o debilitar a su madre. Si bien ambos casos son muy diferentes, tienen en común servir de muestra del grado de odio y crueldad extremos que mueven a quienes los impulsan. Pero en las últimas semanas la cuerda se va estirando con serio riesgo de que la “disrupción” termine descalabrando todo. Ante las denuncias contra el fiscal del famoso proceso de los cuadernos fotocopiados que habría redactado un empleado grafómano, como consecuencia de la aparición de un personaje extraño, de servicios de informaciones mezclados en la actividad judicial, de indicios de extorsiones y demás escándalos, se pretende sacar la causa de las manos del juez federal que la investiga y ahora, nada menos que acusar al juez federal ante el Consejo de la Magistratura para removerlo de su cargo. Cualquiera sea la verdad de los hechos, lo cierto es que si se

Fuente: Mariana Carbajal | Revista Anfibia Fecha: 16 de MAR 2019 “Me llevó 30 años reconocer las situaciones a las que nos sometían en los centros clandestinos de detención por ser mujeres”, dice Miriam Lewin en Yo te creo, hermana, el nuevo libro de Mariana Carbajal. Lewin reacciona contra la naturalización de los abusos sexuales, la violencia estética y la zona gris del consentimiento en cautiverio. Y reflexiona sobre las viejas formas de la militancia: la sumisión, el machismo, el tabú lésbico y el estigma de ser “una puta”. El siguiente testimonio de Miriam Lewin es una de las voces de Yo te creo hermana, el nuevo libro de Mariana Carbajal (Ed.Aguilar).   Me tiraron sobre una mesa de madera. Una bombita de luz amarillenta colgaba sobre mi cabeza. Ahí fue donde me torturaron. Yo percibía que era un salón grande, con muchos participantes en esa especie de misa negra, de ceremonia diabólica, en la que algunos me gritaban con cuántos tipos me había acostado, en cuántas orgías había estado, cuántos abortos me había hecho. Y otro me acariciaba la cabeza y la mano y me decía si colaborás no te va a pasar nada. Y otro me mostraba su pene, y me decía, te vamos a pasar uno por uno por hija de puta, y hacía observaciones sobre mi cuerpo, que parecía que tenía mejores tetas o culo que las fotos, y que estaban desilusionados. Gritaban, me insultaban, me golpeaban. Después empezó la picana, picana en la vagina, en los pechos, el submarino seco y la ruleta rusa, simulaban que me disparaban, me decían que me iban a volar la cabeza, que me iban a matar, y uno me descubrió los ojos y me dijo: mírame bien, yo soy el dueño de tu vida y de tu muerte. Yo decido si te morís o no. Tenía 19 años y militaba en Montoneros. Eran las cinco de las tarde. Mucha gente estaba saliendo de su trabajo. Era zona industrial. El colectivo estaba prácticamente lleno, pero me pude acomodar en el último asiento. Iba vestida con una campera que me había regalado mi amiga Patricia, era una campera de ella, de nylon acolchada, tenía cuellito redondo, me acuerdo. En uno de los bolsillos yo guardaba la pastilla de cianuro. Llevaba pantalones Lee, con botamanga tipo Oxford pero no muy ancha y una camisa de algodón, escocesa, a cuadritos, beige, blanca, celeste y negra. Y botitas de gamuza, creo. No me maquillaba, a lo sumo un poco de rimmel para realzar las pestañas. Era un día soleado de mayo. No hacía demasiado frío. Me tiran al piso del asiento trasero del auto y alguien me pone el pie sobre la espalda. Me encapuchan. Hablaban por radio. Y estaban muy excitados. Muy alegres. “Vamos a alfa con la coneja, vamos a alfa con la coneja”, repetían. Y me empezaron a llamar por mi nombre, Miriam. Yo estaba resignada a que me iban a torturar desnuda y también a que me iban a violar. Para mí era natural. Pero tenía más naturalizada la violación que la tortura. La entendía como una pulsión más humana. Me taparon los ojos con un pedazo de neumático. El olor era acre. Desnuda tenía un poco de frío. Cuando me encerraron en la celda, después de la tortura, al principio estaba tapada con una frazada, había una persona en el lugar porque tenían miedo de que me matara. No vi la celda hasta el día siguiente. Las paredes eran de color marrón. Un sobreviviente de ahí me dijo hace poco que había averiguado y que antes había sido una sala de torturas transformada en celda. El lugar era oscuro, húmedo, una casa antigua bastante deteriorada. Lo peor de toda esa época fue el aislamiento. Diez meses absolutamente sola, únicamente me venían a traer la comida. Al principio, también a interrogarme, después de un tiempo ya no más. Llamarme “puta” era una constante. Sufrí, como otras mujeres, la humillación de tener que ir al baño con la puerta abierta y bañarme delante de los secuestradores. Los que ellos querían era que nosotras no nos rebeláramos contra ese rol tradicional de la mujer. Ellos veían que las mujeres en las organizaciones armadas no tenían ningún apego por la familia. Por eso a mí me decían que tenía buena madera, porque al intervenir los teléfonos de mi casa materna, habían escuchado, por los diálogos que mantenía con mi mamá, que yo quería a mi familia. Para ellos, entonces, no era una salvaje guerrillera que no tenía sentimientos. En la Escuela de Mecánica de la Armada era distinto. Había más luz. Teníamos acceso a mirar hacia afuera porque había algunas ventanas que daban al fondo de la ESMA. Entonces, los que circulábamos, los que estábamos en esa suerte de mano de obra esclava, podíamos vestirnos y comer más normalmente, interactuar entre nosotros. Incluso podíamos cantar. Salvo “capucha”, donde estaban los compañeros que iban a matar, que estaba en penumbra, y ellos tirados en el piso encapuchados, y algunos engrilletados, y había ratas. Era muy distinto de los espacios en los que trabajábamos que se parecían más a una oficina “normal”. Lo primero que me dijeron las compañeras que estaban en la ESMA fue que a ellos les gustaba que nos pusiéramos aritos, rimmel, lápiz labial. Así como cuando iban a las visitas familiares, traíamos vainillas o alguna torta que mejoraba la dieta desastrosa que teníamos, una de las primeras cosas que pedían algunas compañeras era tintura para el pelo. Las compañeras me enseñaron que tenía que preocuparme por estar bien arreglada. Nuestra estética adolescente y guerrilleril era muy masculina: usábamos pantalones vaqueros y camisas a cuadros, no muy distinto de lo que usaban nuestros compañeros. Ellos querían que abandonáramos esa vestimenta. Me acuerdo que me había puesto una blusita turquesa, naranja, verde, también cuadrillé, como de bambula arrugadita, muy bonita. Después cuando me dejaron ir a mi casa ya traje mi propia ropa. Estaban convencidos de que nos habíamos enamorado de la persona equivocada,

Fuente: Carlos Rozanski | TiempoAr Fecha 24 de FEB 2019 La comunicación es imprescindible para el ser humano y de la intensidad y características de la misma, muchas veces va a depender el tipo y la calidad de las relaciones de los miembros de la comunidad en que se produce. Del mismo modo en que la irrupción del altoparlante (fines del siglo XIX), modificó y extendió la posibilidad de transmitir ideas de todo tipo, más de un siglo después, los mass-media han desarrollado esa capacidad de manera exponencial. Ya no se trata de amplificar un discurso para convencer a multitudes, sino de elaborar uno que, sea capaz de manipular la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible. Sin que tenga ninguna importancia la veracidad de lo transmitido, los medios hegemónicos del neoliberalismo (prensa canalla, al decir de Alicia Castro), producen minuto a minuto una cantidad de información falsa y maliciosa, como nunca antes se vio en la historia. Con inocultable culto a los 11 principios del ministro de propaganda nazi, Joseph Goebbels, el diario La Nación continúa haciendo alarde de Poder y sobre todo de impunidad. No hay casi tema en el que no haya mentido e influenciado con sus “fakenews” a lo largo de décadas en numerosos sectores de la población. A la cabeza del soporte mediático del régimen actual, como también lo fueron de la dictadura genocida, no reconocen limite ético alguno. Así, el 1 de febrero pasado, un editorial de La Nación, pretendidamente anónimo como todos, sacudió al país con un mensaje tan elaborado como perverso. Titulado “Niñas madres con mayúsculas”, abordó el aborto, los pañuelos verdes, el instinto maternal, la educación sexual “preventiva” y más. Sobre las niñas, a quienes se refirió como “madrazas”, les atribuyó “ovarios casi infantiles” (SIC). Clasificó los embarazos de niñas como: “embarazos deseados, causados por una violación, por ignorancia o estado de necesidad”. Si se tiene en cuenta que todo embarazo de una niña es producto de un delito gravísimo – abuso sexual gravemente ultrajante -, el catálogo pergeñado por La Nación, merece algunas reflexiones. Ninguna niña violada “desea” un embarazo. Tampoco es producto de la “ignorancia”, ni finalmente de un “estado de necesidad”. En los abusos sexuales en la infancia, el único deseo es el del perpetrador. Los “conocimientos” de las víctimas, no tienen ninguna relevancia y jamás hay un “estado de necesidad” de ser violada. La diferenciación de la violación de las restantes hipótesis del editorial, no debe llamar la atención, aunque sea imposible desconocer que, en todas, se produjo el citado gravísimo delito. Ello, por cuanto es tradición en el medio de comunicación que lo publicó, que no tenga importancia la realidad de lo transmitido. Fue así como, en dictadura, elaboraban los mensajes que difundían a la diezmada población, llamando enfrentamientos a los fusilamientos –por ejemplo-. Y, en democracia, disfrutando y ampliando el enriquecimiento obtenido en la época más trágica de nuestra historia reciente, enaltecen en los mismos espacios editoriales, las figuras de genocidas y denuestan la justicia que los encarcela. Se trata de una ideología común a los medios canallas, sostenida por impiadosos sicarios de la desinformación, que odian y desprecian a quienes consideran inferiores. Sostener como se dijo, que una niña puede ser violada por su “deseo de embarazarse”, o por “ignorancia” o por “estado de necesidad”, no es una distracción del anónimo y cobarde editor. Es una línea editorial de décadas, coherente y brutal. Y desde allí, con absoluto desprecio por la verdad y la justicia, han sido y siguen siendo parte del sector más poderoso, enriquecido y vil que tiene nuestra sociedad, el mismo que hoy lamentablemente, gobierna junto a ellos. Los ovarios de las niñas violadas no son “casi infantiles” como dice La Nación, son parte de un cuerpito de niña al que, criminales despiadados, le arrancaron su infancia, aunque inescrupulosos editores, pretendan disfrazar o minimizar la tragedia.

Fuente: Edgardo Mocca | Página 12 Fecha: 24 de FEB 2019 El país vive una profunda crisis. Lejos de “unir a los argentinos”, como era su promesa electoral, estos años de gobierno han puesto al antagonismo argentino en su punto más intenso. Para nada altera este cuadro, el hecho de que una parte muy importante de la población no adhiera a ninguno de los bloques antagónicos: cualquier esperanza de armar un gran centro político, choca con la roca dura de la realidad. No habría que buscar la causa de esa imposibilidad en los méritos -o en su escasez- de aquellos que encarnan la utopía centrista. Cualquier movimiento en contra de uno de los polos es inmediatamente absorbido por el otro polo: actuar en serio contra el macrismo acerca fuerzas al kirchnerismo. Y viceversa. Paradójicamente, este tramo de intenso conflicto y polarización ha dado lugar a un proceso curioso: el prestigio del centrismo en un país antagónico. Se desarrolla este fenómeno, particularmente en el mundo periodístico e intelectual que rodea a la política, aunque a pesar suyo está dentro de la política. El centrismo tiene un santo y seña común: la denuncia del extremismo y del pensamiento “binario” como lo llaman sus cultores. Así se cultiva la moderación y se da cátedra sobre el relativismo de las cuestiones sociales y políticas. Y desde esa prestigiosa plataforma se coloca toda posición política definida en el lugar de una concesión al fanatismo, de una ausencia de pensamiento crítico. Crecientemente frustrada en la política real, la posición mantiene su prestigio en el género periodístico y académico. Una manifestación muy interesante de este fenómeno ha aparecido en el interior del espacio que reconoce a Cristina Kirchner como su principal referencia. Es muy comprensible que así haya sido porque la elección de este año tiene representa para ese universo una especie de muro muy problemático: el voto de ese origen aparece siempre peleando la punta en las encuestas pero no termina de “cortarse” definitivamente. Entonces surge de modo natural la idea de romper ese muro sobre la base de distender la relación con una parte de esa roca dura que está contra Macri pero no se reconcilia con Cristina. El objetivo es indiscutiblemente correcto: cualquier encuestador lo recomendaría sin vueltas después de constatar que después de mucho tiempo de haber surgido (y fracasado electoralmente también durante mucho tiempo) el territorio del “centro” sobrevive porfiadamente. Cada tanto surge un candidato que aspira a representarlo y rápidamente crece en las encuestas hasta encontrar un techo insalvable, el de la ampliamente mayoritaria porción de la población que se inclina hacia cada uno de los polos. Por eso la batalla por el “centro” no alcanza una experiencia independiente y termina por ser el objeto de la política de los “extremos”.  Es interesante y curioso que las formas más conflictivas de la búsqueda de ese centro se desarrollen en el interior de la coalición de gobierno. No es desde su liderazgo que surge ese intento sino desde el radicalismo. Atizado por los nubarrones y síntomas de descomposición que se dan en la gestión de gobierno (la situación social se hace indefendible y el caso Dalessio-Stornelli toca el núcleo de la pudrición judicial), el radicalismo esboza sus primeros gestos de independencia política más o menos relevante desde la convención de Gualeguaychú. Sin embargo es una independencia que tiene límites estructurales; nadie puede augurar un destino para el partido fuera de la sombrilla de la relación con el gobierno de Macri, después de haber asegurado su triunfo electoral y acompañado su gestión sin insinuar ningún síntoma de existencia independiente durante todo lo que va de su penosa gestión. Y sobre esa base, la única promesa que existe es la de un neoliberalismo con un rostro más humano; para resucitar un partido corresponsable de la actual catástrofe parece bastante poco. Por su parte el peronismo protagoniza una saga muy curiosa. El destino manifiesto del movimiento en el que el establishment confiaba era el de su rápido y completo distanciamiento de la experiencia kirchnerista. Gobernabilidad, responsabilidad, realismo; así se fundaba la política que permitió al macrismo consumar en forma fulminante el regreso a las fuentes más puras del neoliberalismo. Reparaciones truchas, blanqueos ilegales, reformas previsionales dictadas por el Fondo, acuerdo con el mismo Fondo, persecución política contra el anterior gobierno, todo eso gozó de ocasionales mayorías parlamentarias que el macrismo no podía obtener por sus propias fuerzas. Pero ese juego entró en crisis. En la movilización callejera, en las encuestas, en el clima fácil de captar en la calle se abrió paso la consigna de la unidad, en un registro de clara oposición al gobierno. Y encarnado de forma absolutamente mayoritaria por la ex presidenta. Por supuesto ese proceso formó parte de un ajuste táctico muy visible por parte de Cristina, quien entendió que la encarnación del antagonismo y el liderazgo de la oposición son tareas que pueden ser conciliadas, pero para serlo demandan dosis mayores de flexibilidad que las que fueron conformándose en los duros años de los intentos de desestabilización contra sus gobiernos. La flexibilidad tiene, sin embargo, sus propios problemas. El discurso de la unidad a como dé lugar contra Macri abrió el espacio para la expansión de un discurso político particular. Su sello distintivo es un modo de comprender la política, según la cual los conflictos son formas absurdas de los malentendidos y de los malos modales. La “amplitud” que exige el momento habilita una revisión de los años anteriores a Macri en términos de una radicalización innecesaria y de una conflictividad artificial. De lo que se desprendería que la unidad antimacrista debe parir un proceso político que termine con el desmadre de la justicia convenciendo a Comodoro Py, que democratice los medios conversando amablemente con los ceos de los oligopolios del rubro, que saque al país de la timba financiera y de la subordinación externa en plena fraternidad con los bancos, los grupos financieros, los acreedores internacionales y el FMI. Existe otro modo de pensar la unidad de la