Economia

Fuente: Alfredo Zaiat | Página/12 Fecha: 18 de abril de 2021 La política fiscal, monetaria y cambiaria viene acompañada de medidas coyunturales para frenar la escalada de precios. Esas iniciativas son rechazadas por el establishment. La conducción política del poder económico busca erosionar las perspectivas electorales del gobierno del Frente de Todos. Pese a la reiterada estrategia de hacer política con muertos de la principal fuerza de la oposición (Cromañón, Nisman y ahora la pandemia) y de los brulotes de economistas mediáticos, algunos de ellos responsables del fracaso macrista y otros campeones de pronósticos fallidos, el equipo económico del gobierno de Alberto Fernández puede mostrar los siguientes méritos: * Refinanció la deuda con acreedores privados, internacionales y locales, extendiendo los plazos, con período de gracia y bajando la tasa de interés. * Reconstruyó el mercado de deuda en pesos, fulminado con el insólito default de pasivos en moneda nacional («reperfilamiento» en lenguaje de marketing) del último ministro de Economía de Macri, Hernán Lacunza. * Ordenó las cuentas fiscales en un escenario económico muy adverso por la herencia macrista y luego por la pandemia. * Pese a la restricción de recursos diseñó un dispositivo efectivo de protección económica de empresas, trabajadores y grupos sociales vulnerados por la crisis del coronavirus. * Ajustó el régimen de administración de divisas que permitió primero frenar la corrida cambiaria, para después comenzar una constante compra de dólares. * Definió un marco de negociación con el Fondo Monetario Internacional que acercó la posibilidad de un acuerdo en condiciones relativamente aceptables para no abortar la recuperación de la economía. * Avanzó en la posibilidad de refinanciar los vencimientos de deuda con el Club de París. En este recorrido favorable, la evolución de la inflación no está incluida. El principal y complejo desafío de cortísimo plazo que tiene el ministro de Economía, Martín Guzmán, es bajar fuerte el ritmo de aumentos de precios. La tasa acumulada del primer trimestre ha sido dura, con un 4,8 por ciento en marzo que enciende luces de alerta. Manuales A diferencia de experiencias pasadas que pensaban que la inflación es un fenómeno exclusivamente monetario, ignorando que la devaluación cabalgando al galope lanzaba nafta al fuego de los precios, el equipo económico ampliado del gobierno de Fernández tiene criterios sensatos y avanza simultáneamente en varios frentes. Esto significa registrar que la inflación tiene origen multicausal, como reconoció hasta el Fondo Monetario Internacional, lo que ha generado urticaria emocional a la grey doméstica de la ortodoxia. Tan impactados han quedado algunos de sus miembros que dicen que descreen de la existencia de ese comunicado oficial del Fondo, y otros directamente lo han ignorado cuando hasta hace poco cualquier mención del staff técnico era considerada palabra santa. Poner el foco en los diversos impulsores de la inflación no asegura resultados pero, al menos, se aleja de concepciones teóricas y prácticas obsoletas que sólo han provocado daños al tejido social y productivo. Como ya se precisó en esta columna, la particularidad de la economía argentina de ser bimonetaria, muy endeudada en dólares, de ingreso medio y elevada inflación exige un esfuerzo adicional para abordar esa complejidad.  Con décadas de anotar cifras de inflación altas y muy altas queda en evidencia que los manuales tradicionales son insuficientes para aplicar en la economía local, situación que reclama amplitud en el análisis y en la utilización de instrumentos de la política económica. Misión El equipo económico admite que la inflación enero-marzo está fuera de los parámetros esperados y que es elevada. El objetivo explícito que tiene es buscar reducirla en forma gradual junto a la recuperación del poder adquisitivo del salario. Tras esa meta, señala tres indicadores para reforzar la estrategia oficial: 1. El tipo de cambio no está actuando como impulsor de la tasa de inflación, como lo hizo el año pasado. 2. Los sindicatos que cerraron paritarias lo han concretado en línea con los objetivos de política macroeconómica definidas por el Gobierno. 3. La política fiscal continúa en un sendero progresivo de consolidación de la mano de una recuperación gradual y heterogénea de la actividad económica. Para disminuir la tasa de inflación, misión en la que se juega no sólo la cuestión económica sino el proyecto político del Frente de Todos, el voluntarismo no conduce a un sendero apacible; más bien orienta a abrazarse a la frustración de las buenas intenciones. En estos meses el combo de fuerte repunte de los precios internacionales de las materias primas agropecuarias con recomposición acelerada de márgenes de rentabilidad provocó el salto inflacionario. Un informe de Economía indica que en el primer trimestre de 2021, el índice de precios de las materias primas que elabora el Banco Central aumentó 14 por ciento, acumulando un incremento de 34 por ciento desde septiembre de 2020, explicado fundamentalmente por el alza del precio de los productos agropecuarios. Este impacto en los precios locales es lo que se denomina «inflación importada». Es uno de los aumentos de las materias primas más fuertes de los últimos años, alcanzando máximos que no se observaban desde 2014. Si bien el alza de estos precios mejora las condiciones del sector externo, ha significado también una presión continua sobre los precios internos, en particular aquellos vinculados con la canasta alimentaria. Expectativas La inflación de estos meses es expresión de la tradicional puja distributiva que, como ya ha quedado probado, en la economía argentina adquiere una intensidad que otras no tienen. Tan es así que la inflación ha marcado cifras mensuales elevadas a lo largo de la pandemia sin importar el derrumbe de la actividad al comienzo de la crisis del coronavirus, el congelamiento de tarifas, la limitación de la demanda por la reducción de la masa salarial global y la relativa contención cambiaria. En los peores meses de la pandemia los precios siguieron subiendo y se aceleró la tendencia cuando empezó la reapertura de la economía, que derivó en recuperación de la actividad en la mayoría de los sectores. Guzmán está convencido de que utilizando los instrumentos tradicionales de política económica (fiscal, monetaria y cambiaria) podrá alinear la tasa de inflación para evitar que se replique en los próximos meses la dinámica registrada en el primer trimestre. A la vez, en el equipo económico indican que al mismo tiempo se necesitan acciones inmediatas directas (control e intervención en mercados sensibles) para que el indicador de este y el próximo mes

Fuente: Carlos Heller (*)| Página/12 Fecha: 28 de marzo de 2021 El ministro de Economía, Martín Guzmán, insiste que el plan del Gobierno es el Presupuesto 2021.  El Gobierno no se cansa de repetir que los lineamientos económicos son los que marca el Presupuesto 2021. La afirmación no constituye un simple acto de fe. Es la demostración de que hay un conjunto de políticas que apuntan, como dijeron las autoridades al momento de presentarlo en el Congreso, a “un camino de reconstrucción para levantarnos y volver a andar”. Que buscan por un lado tranquilizar y recuperar la economía, a partir de un esquema de política fiscal expansiva, con un Estado activo en la protección de los segmentos más vulnerables, en el incentivo del mercado interno, de la producción y las exportaciones. Y que por el otro persiguen la sostenibilidad fiscal, compatible con un crecimiento inclusivo. No hay que perder de vista estos principios. No obstante, desde algunos sectores se intenta correr el eje de lo importante. Por eso se enfocan en variables aisladas y no en la integralidad del plan. Con el apoyo mediático, les resulta más provechoso tratar de influir sobre las expectativas inflacionarias o cambiarias que indagar en la realidad. ¿Se acuerdan de la “inminente devaluación” prevista entre agosto y octubre pasados? Por eso siguen poniendo en duda el sendero proyectado de la inflación, como si de un esquema de metas de inflación se tratara (que, por cierto, le fracasó estrepitosamente al macrismo). Con ello intentan ningunear todo el Plan de Gobierno. El recurso más reciente pasa por proyectar hacia adelante lo ocurrido con los precios en la primera parte del año, aunque el Gobierno ya aclaró que esperaba que en ese período se concentrara una mayor inflación. De hecho, algunas consultoras ya hablan de que en abril comenzarían a desacelerarse los precios. No hay que dejar de decirlo: el Presupuesto, como lo indica la palabra, es un cálculo realizado en cierto momento del tiempo de lo que -se espera- ocurrirá más adelante con ciertas variables. Pero lo más importante de esas proyecciones, que son consistentes entre sí, es que se enuncian los ejes principales y se plasman las distintas políticas. ¿Qué es lo que marca la realidad que algunos no quieren ver? Que la economía se encamina a un crecimiento del PIB más cercano al 7,0 por ciento que al 5,5 por ciento que aparece en el Presupuesto. La recuperación mayor de la esperada al cierre del año pasado dejó un nivel de arranque más alto para éste, lo que en la jerga se denomina “arrastre estadístico”, a lo que habría que agregarle los datos del primer trimestre de 2021, que se irán conociendo más adelante. Todo esto suponiendo que no haya impactos inesperados en torno a la pandemia. A su vez, un mayor crecimiento también se expresa en un déficit primario (resultado fiscal como proporción del PIB) menor al presupuestado. En lugar del 4,5 por ciento sería más cercano al 3,0 por ciento, debido a un mayor nivel de producción y también por el mayor aumento de la recaudación, que se está anotando por encima del nivel de precios hace ya seis meses consecutivos, como resultado de la mayor actividad económica. Otro dato importante es que la recaudación forma parte de la fórmula de actualización jubilatoria (explica el 50 por ciento de la misma; la porción restante es la evolución de los salarios). Esto indica que si la recaudación crece más que lo presupuestado y los salarios le ganan a la inflación, como está previsto, la recuperación de los haberes del sector pasivo también va a estar por encima de lo pautado. En este marco también habrá un mayor consumo que el esperado. Volviendo al tema precios, si dada la capacidad ociosa que aún tiene la economía los empresarios podrán vender más (y tener más ganancias); si el tipo de cambio no va a traccionar la inflación; y si la situación fiscal y monetaria tampoco da razones, ¿cuál es el mecanismo, desde la lógica ortodoxa, para que la inflación estuviera más cerca de lo que dice el mercado? Hay cosas que no cierran. En lo esencial, no hay que perder de vista que el Gobierno tiene un plan integral, basado en múltiples herramientas, y que los lineamientos del Presupuesto se vienen cumpliendo. Lo que ciertos sectores no aceptan es que esto ocurra sin necesidad de ajuste. * Diputado Nacional Frente de Todos. Presidente Partido Solidario.

Fuente: Carlos Heller | Tiempo Argentino Fecha: 21 de febrero de 2021 Como varias veces hemos afirmado, la regulación del Estado en ciertos sectores económicos resulta fundamental para evitar distorsiones y abusos en las distintas redes que componen el sector productivo de la economía. En esta última semana se conocieron varias decisiones que tomó el gobierno nacional en este sentido y que justamente instan a resolver, a partir de las potestades legales, situaciones que le generan grandes perjuicios al bolsillo de las personas.  Un ejemplo de ello fue la aplicación de la Ley de Abastecimiento (modificada en 2014 por la Ley 26.991 de Nueva regulación de las relaciones de producción y consumo) a través de la resolución 100/2020 de la Secretaría de Comercio Interior. En el marco de un alza en el nivel de los precios de los alimentos (en enero registraron una suba del 4,8%) algunas grandes empresas del sector fueron instadas a cumplir la ley. Tan sólo eso. En concreto, la Secretaría de Comercio Interior imputó a un grupo de grandes empresas por retención de sus volúmenes de producción o falta de entrega de determinados productos de consumo masivo. Este comportamiento irregular, señala el comunicado oficial, se detectó ya que las empresas “habrían incumplido la intimación a incrementar su producción hasta el más alto grado de su capacidad instalada y arbitrar los medios a su alcance para asegurar su transporte y distribución con el fin de satisfacer la demanda, establecida por la resolución 100/2020”. Esta normativa establece además que el marco legal para la implementación de los Precios Máximos, “tiene como finalidad proteger a las y los consumidores de posibles abusos en los precios y garantizar el normal abastecimiento de productos en supermercados”. El procedimiento en los comercios identificó faltantes en las góndolas de productos de consumo masivo, evidencia que derivó en inspecciones en las oficinas administrativas de diversas empresas proveedoras a las que se les solicitó información sobre stocks e inventarios de noviembre, diciembre de 2020 y enero de 2021. El titular de la Copal se quejó porque fueron a la reunión con el gobierno “y ahora se les imputa generar desabastecimiento. Parecería que nos olvidamos que el propio Presidente dijo que éramos una industria esencial”. Pero los que son esenciales son los alimentos que producen, que no pueden faltar en la mesa de los argentinos y las argentinas, o venderse a precios que no tienen justificación. En cuanto al hecho de sentarse en la mesa de diálogo, si bien siempre es importante, eso por sí solo no legitima comportamientos que se están tratando de cambiar. Por eso considero que el diálogo y los acuerdos que se alcancen deben ir acompañados de metas específicas que deben ser cumplidas y presentadas ante la sociedad. En este caso en particular, se requiere que las empresas restablezcan los stocks registrados a noviembre de 2020 y arbitren las medidas conducentes para asegurar el transporte y provisión de los productos para su efectiva comercialización. No se les está pidiendo a las empresas que produzcan a pérdida, se está tomando como referencia el nivel de producción de hace tan sólo tres meses y con el objetivo de no perjudicar a los consumidores finales con alzas innecesarias en los precios de productos esenciales como los alimentos. Discusiones de fondo En definitiva todo termina retornando, y no sólo en Argentina, al tema de fondo: cuál debería ser el rol del Estado. O más aún, a la dicotomía entre “Estado y mercado”. Referida a Estados Unidos, en una nota del Financial Times se afirma que “la estrategia de Biden para la economía estadounidense implica el cambio más radical de las políticas predominantes desde las reformas de libre mercado de Ronald Reagan de hace 40 años; con planes de endeudamiento y gasto público a escala nunca vista desde la Segunda Guerra Mundial, la administración está haciendo un enorme experimento fiscal”. En la nota se comenta que “si el plan da resultado, demostrará que la innecesaria timidez de las últimas décadas hizo que millones de personas estuvieran desempleadas sin ninguna necesidad, le quitó a muchas zonas la oportunidad de mejorar su nivel de vida y amplió las desigualdades (…). Si los planes de recuperación que impulsa Biden terminan siendo correctos, demostrarán que (…) durante los últimos treinta años las economías avanzadas se obsesionaron demasiado con la inflación”. Sin embargo, el énfasis ideológico que se quiere dar queda claro a partir del propio título de la nota: “Si el plan de Biden fracasa pasará a la historia como el mayor «gol en contra»”. Se trata de una argumentación que desafía toda lógica. Incluso si el Plan Biden no llevara a los resultados esperados, nada induciría a concluir que la opción que queda sean las políticas de ajuste. Argentina, por su parte, ha sido un ejemplo de lo que generan las políticas neoliberales. Vinculado a ello, hace unos días falleció Carlos Menem, quien fuera presidente argentino durante diez años. Más allá del respeto por el dolor de sus familiares y amigos y de las condolencias que la formalidad del momento impone, no hay que dejar de decir que su figura encabezó precisamente un proyecto de políticas que tuvieron un profundo impacto regresivo, dándole continuidad y profundidad al plan económico que comenzó en la última dictadura militar. En definitiva fueron los mismos “cómo” (desregulación y Estado mínimo, apertura externa indiscriminada, etc.), que guiaron a la Alianza y que el macrismo retomó más tarde. Los resultados, casi idénticos en todos los casos (endeudamiento, fuga de capitales, quiebra de pymes, desempleo y pobreza), y cada vez más complejos de revertir.  Muchas problemáticas que hoy padecemos, como la tendencia a la dolarización y la desindustrialización, tuvieron el germen en estas políticas. Desde la apología de las privatizaciones y de los productos importados, a la subordinación en el orden internacional a la política de los Estados Unidos (“relaciones carnales”), la aplicación del decálogo del Consenso de Washington fue completa en los noventa. Se trata de una ideología que aún está muy activa en Argentina y aquí radica buena parte

Fuente: Carlos Heller | Tiempo Argentino Fecha: 22 de noviembre de 2020 (*) Diputado Nacional Frente de Todos Presidente Partido Solidario Luego de una extensa sesión en la Cámara de Diputados, el proyecto de ley de “Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia” obtuvo media sanción el miércoles pasado. El propio título del proyecto transmite la idea general de la iniciativa. Cabe señalar que el debate contó con la presencia de varios ministros y funcionarios del Poder Ejecutivo, entre otros, los ministros Martín Guzmán (Economía) y Matías Kulfas (Desarrollo Productivo), Daniel Arroyo (Desarrollo Social), escueta enumeración que no mengua la importancia del resto de los funcionarios presentes. El aporte es solidario y extraordinario porque estamos ante una situación de emergencia. Se pretende alcanzar a aquellas personas humanas que son titulares de grandes fortunas. Si bien lo mencionamos en otras oportunidades, no está de más recordar que la actual situación de la Argentina es particularmente extraordinaria, no sólo por los efectos de la pandemia sanitaria sino por la difícil coyuntura que veníamos atravesando durante los años anteriores. Entre 2015 y 2019 los ingresos tributarios y de la seguridad social disminuyeron en 3,1 puntos porcentuales del PIB, esencialmente por medidas tomadas por el gobierno anterior, tendientes a reducir los gravámenes sobre los sectores con mayor capacidad contributiva, y además por la significativa caída en la actividad económica. La tasa de desempleo llegó a niveles históricamente bajos en 2015: 5,9% para luego terminar en el 9,8% en 2019. A ello se suma el abrupto endeudamiento externo contraído con acreedores privados y con el FMI, que además se tradujo principalmente en formación de activos externos (fuga de capitales) y no se reflejó en inversiones para reactivar la economía. Al mismo tiempo, implicó una fuerte carga de intereses en el gasto público, que incrementó el déficit fiscal total mientras que el déficit primario (sin los intereses de la deuda) se redujo a costa de un fuerte ajuste con negativas implicancias en el bienestar social. Entonces, a la ya de por sí delicada coyuntura económica que transitaba la Argentina, se sumaron los inesperados efectos de la pandemia sanitaria.PUBLICIDAD Una pandemia que la Secretaria Ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, definió como “la peor crisis en 100 años” en su intervención en las Jornadas Monetarias y Bancarias del BCRA. La Cepal prevé una caída del PIB del 9,1% para la región de América Latina y el Caribe, lo que implicará, según sus proyecciones, un retroceso de 10 años en los niveles de PIB per cápita. Como consecuencia de ello, el organismo también proyecta que el desempleo en la región alcanzaría a 44 millones de personas, el mayor aumento desde la crisis financiera global; la pobreza podría alcanzar a 231 millones de personas. Todas ellas cifras alarmantes. Para atender esa emergencia social se necesitan medidas que apunten a aumentar los ingresos fiscales para que estos sean re direccionados a las distintas necesidades de sus poblaciones. Tal como señaló Bárcena, “una situación excepcional requiere respuestas excepcionales”. Es por ello que, volviendo a la Argentina, cabe mencionar que el “Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia” abarca al 0,02% de la población total, unas 10.000 a 12.000 personas humanas, aproximadamente. Son aquellas cuyo patrimonio resulte mayor a los 200 millones de pesos al momento de la entrada en vigencia de la ley. Se establecen escalas porcentuales para los aportes de forma progresiva, que van del 2% del patrimonio, al 3,5% para aquellas personas que poseen más de 3.000 millones de pesos de patrimonio, lo que redundará en una recaudación estimada superior a los 300.000 millones de pesos. Según los datos brindados por la AFIP, basándose en las declaraciones juradas de bienes personales a diciembre de 2019, en un extremo se encuentran 2.274 contribuyentes alcanzados con patrimonios de entre 200 y 300 millones de pesos, mientras que las 253 personas humanas con patrimonios por encima de los 3.000 millones de pesos aportarían el 50% del total recaudado. Varias fueron las repercusiones de distinta índole que tuvo este proyecto a pesar de que, en los hechos, abarca a una porción muy minoritaria de la población. Una de las últimas conocidas es un comunicado de la UIA difundido luego del tratamiento del proyecto en Diputados. Entre otras cuestiones, el mismo plantea dar cumplimiento al aporte requerido mediante un importe equivalente en inversiones productivas, lo cual eliminaría la generación de recursos indispensables para los destinos que el Aporte establece aplicar. Entre ellos, un 20% se utilizaría para subsidiar a las PyMEs que son verdaderas generadoras de empleo y actividad en el mercado interno; además de ayudar a financiar los gastos sanitarios, en especial las vacunas, que permitirán volver a una situación productiva y de demanda más normales; a los estudiantes para que se capaciten, a los habitantes de los barrios populares, y a inversiones en gas para reducir la dependencia externa de este producto. Pero además, esta propuesta de la UIA omite una de las características fundamentales del proyecto: los contribuyentes son personas humanas, no empresas. En definitiva, pareciera que lo que genera incomodidad en algunos sectores no es sólo la magnitud ni el alcance del proyecto, sino el precedente que implica su aprobación. Les “preocupa” el antecedente de medidas de redistribución de la riqueza, entre las que se inscribe el Aporte Solidario. Y podemos decir que este proyecto es un paso más hacia un sistema fiscal más equitativo y progresivo, un tema que se está analizando en el Gobierno. Algunos datos alentadores Se conoció esta semana el nivel de Utilización de la Capacidad Instalada de la Industria para el mes de septiembre 2020: 60,8%. Esta cifra resulta ser mayor a la registrada hace exactamente un año, en septiembre de 2019 (57,7%) cuando la pandemia sanitaria aún no había llegado. Este dato es coincidente con el registro de producción industrial para ese mes que marcó una variación interanual positiva (3,4%) luego de varios meses de caída. Por su parte, Adefa, la cámara que nuclea

Fuente:  Eduardo Aliverti | Página/12 Fecha: 7 de noviembre de 2020 Es probable, o enteramente verosímil, la relación entre haberse frenado la corrida cambiaria, ausencia de noticias malignas en el escenario económico, “relajamiento” pandémico-oficial en el AMBA y que, entonces, el cuco haya pasado a ser la vacuna rusa. Si es por monstruos amenazantes podrían incorporarse el fallo de la Corte sobre los jueces trasladados -acerca de lo cual se escuchó que es la “disolución de la República”- y el futuro en torno de la Procuraduría General de la Nación; pero se convendrá que son temáticas incapaces de mover el amperímetro popular.PUBLICIDAD Esto último es salvo que se encuentre “masividad” en la banda callejera contra la dictadura kirchnerista. El ministro de Economía pasó a ubicarse como protagonista, con la diferencia de que, ahora, lo es más por lo que demostraría ser una posición de fuerza que su paciencia y sapiencia académica (“acusación” que siguió cargando, a pesar de la exitosa conducción del acuerdo con los bonistas). Martín Guzmán concedió el jueves una extensa entrevista radiofónica a Víctor Hugo Morales, tras esa mini-cumbre que el lunes pasado lo juntó con la más poderosa y virulenta de las entidades corporativas que se oponen al oficialismo. La Asociación Empresaria Argentina (AEA) es comandada en los hechos por Clarín, Techint y Arcor, y son datos sobresalientes que a la reunión concurrió el propio Héctor Magnetto y que éste tuvo -al menos- dos intervenciones casi obviamente provocadoras. Una fue para cuestionar que, sin previo aviso, el Gobierno hubiera resuelto declarar como servicio público a telefonía y televisión por cable, a más de congelarles las tarifas. La otra, descripta con precisión por el colega Leandro Renou en su cobertura para este diario, fue cuando se plegó a la queja de Federico Braun, de la cadena supermercadista La Anónima, quien había disparado con que “no sabemos si éste es un país que quiere ser capitalista o no”. Magnetto, entonces, agregó que “ni siquiera sabemos si hay propiedad privada”, para que, en su firme tono shaolin, Guzmán le respondiera de inmediato que era mejor “hablar en serio”. “Mesa de póker” y “piscina con tiburones” fueron algunas de las metáforas empleadas a fines de significar ese cónclave, del que en forma rápida tuvo que retirarse el fotógrafo de ceremonial porque estaba claro que el aire se cortaba con cuchillo y de ninguna manera habría no ya retrato conjunto, sino tan siquiera alguna sonrisa. Gracias si saludos con el codo al despedirse. De la reunión trascendieron otros detalles, como el reclamo de Carlos Miguens, del grupo homónimo dueño de generadores eléctricas como El Chocón y Central Puerto y dedicado, entre otras, a la actividad minera, quien le dijo al ministro que tiene que “comprar dólares en la Bolsa para pagar importaciones” y que, mientras tanto, carece de alternativas que no sean “defaultear deuda afuera”. El ministro, siempre imperturbable, le contestó que comprendía el planteo pero refutándole que, si los dejaba tomar deuda en pesos, lo único que querrían/harían todos ellos es usarlos para irse al dólar. En ése u otro momento (varían los datos cronológicos, no su confluencia de sentido), el CEO de Clarín también habló de la necesidad de una corrección devaluatoria: “Ni el FMI nos pide tanto, Héctor”, fue la réplica. En la entrevista citada, Guzmán naturalmente no entró en puntualizaciones de ese tipo; pero dejó la frase que las abarca y potencia: “Importa mucho el dialogo, pero la conducción la tenemos nosotros. Quien gobierna somos nosotros”. Tamaña obviedad debería ser nada más que eso, pero en estas circunstancias es determinante que el ministro -en línea también básica con las acciones del Presidente y, cómo no, la carta de Cristina- le marque el territorio a la crema del establishment. Hace dos semanas, con la cotización del dólar rayando los 200 pesos, la estabilidad de Guzmán parecía pender de un hilo y desde el Gobierno no se fue muy enfático que digamos en desmentirlo. A través de diferentes herramientas intervencionistas, cuya solidez y prospección quedan en manos de expertos técnicos que sin embargo nunca deben juzgarse por encima de la credibilidad política, esa eterna amenaza verdolaga aminoró en forma abrupta. Algo macizo o considerable parece haber en la resistencia y ejecutividad de Sacachispas Guzmán, porque de lo contrario no se entiende que sorteara todas las dificultades del arreglo con los bonistas externos; ni que, munido de tener última palabra frente a las diferencias con el manejo del Banco Central, se las arreglase para frenar la corrida cambiaria. El poder económico-financiero, expresado a través de sus vasallos mediáticos como ya debería saberse por memoria histórica, no da un segundo de respiro. Si el dólar que “le interesa la gente” se desplomó en las cuevas es porque se recurre a una emisión monetaria descontrolada, que pasará la factura más temprano que tarde. Si acaso hubiera arreglo con el FMI será porque el Gobierno aceptará un bruto ajuste fiscal, jamás reconocido como tal sino cual equilibrio macro, y no porque la carga se depositará -esperemos- en quienes más tienen. Si hay alguna recuperación productiva, muy leve e imperceptible y partiendo de que sólo radica en asomar unos pelos de la cabeza afuera de las aguas pandémicas y macristas, es por obra de que desde el fondo sólo cabe subir y no porque se tomaron medidas asistenciales que impidieron estallidos. Y por las dudas, si acaso fuese que a “la gente” se le ocurriera confiar un poquito, siquiera visto por descarte y ya que la oposición es un adefesio de consignas vacuas acerca de riesgos institucionales, está el apriete de que se asfixia a la propiedad privada; de Argenzuela; de Maléfica digitando hasta el último movimiento de cada funcionario y cada vacancia; de Albertítere en consecuencia; de Grabois como la representación comunista papal; de Rosenkrantz, como única barrera cortesana contra la impunidad cristinista; del Diego como representación de la negrada falopera que ejemplifica lo que no debemos ser como Nación; de la violencia de mapuches, falsos o reales; de un observatorio noticioso con control parlamentario mudado a pogromo K; de que el pase

Fuente: Carlos Heller | Tiempo Argentino Fecha: 11 de octubre de 2020 En la semana se escuchó decir que el gobierno tiene la estrategia del “vamos viendo”, pero lo que en realidad ocurre es que hay sintonía fina de medidas. La situación del frente externo es por cierto compleja, producto de las políticas del gobierno anterior, y se está tratando de resolver. La mejor muestra es el arreglo de la deuda, todo lo contrario a la improvisación. Lo que preocupa, además de ciertos diagnósticos, son las alternativas que se plantean desde diversos sectores. Entre ellas, la de igualar el dólar oficial con el ilegal o con los valores del MEP. Lisa y llanamente, lo que se pide es una fuerte devaluación. Sería una forma pírrica de cerrar la incoherente “brecha del dólar”. Quienes apuntan a esto no se preocupan por la brecha que importa mucho más: la social. No pueden desconocer que la devaluación tendría un fuerte impacto sobre la inflación, ya que los precios no están definidos por el dólar ilegal. Un tema que quedó más claro aún con la devaluación de finales de 2015, cuando sin pudor se decía que la inflación no aumentaría porque ya la habían “descontado” los formadores de precios mirando el dólar ilegal. Eso no significa que los valores de especulación no influyan sobre las expectativas. Desde mi punto de vista, dado que la “brecha del dólar” es eminentemente especulativa, no es correcto que el resto de la economía funcione en base a valores que surgen de mercados ilegales y marginales (el viernes, podía leerse en un medio que el dólar ilegal “se vende a cuentagotas”). No hay que dejar de repetir que el valor del dólar que no es oficial no se relaciona con ninguno de los fundamentos y las necesidades de la economía. El tipo de cambio real multilateral es competitivo y no hay una emisión que esté fuera de control, como se quiere hacer creer. En esta línea, un medio especializado afirmó que “tras la reducción a las retenciones, y en momentos en que los precios internacionales marcan nuevos máximos, los agroexportadores aceleraron los registros de ventas, según fuentes de la Cámara de la Industria Aceitera de la Rep. Arg. y Centro Exportador de Cereales. Los datos confirman estas declaraciones. Según se desprende de los registros de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior, el 2 de octubre los exportadores declararon 49.500 toneladas (tn.) de harina de soja, mientras que este jueves la cifra pasó a 735.450 tn. Para el aceite de soja, el día 2 se declararon 12.823 tn., mientras que este jueves se registraron 40.654 tn., con un pico de 122.972 tn. el miércoles de esta semana.PUBLICIDAD Con relación a todos estos temas, no deja de ser ilustrativa una nota, entre tantas, donde se sostiene que “los precios en dólares de los autos son los más bajos de la región”. Pero aclara, “lo son para quienes tengan dólares ahorrados y estén dispuestos a venderlos en el mercado negro para hacer un diferencia. En cambio, para el resto de los consumidores no hay negocio a la vista, ya que sus ingresos, medidos en cualquier tipo de dólar, se derrumbaron”. Y luego compara los salarios mínimos en dólares ilegales con los del resto de la región para decir que los autos son en realidad más caros, dado que aquí los salarios en moneda extranjera están mucho más deprimidos. Esto en gran parte no es más que la consecuencia de la abrupta reducción del salario en dólares oficiales que se verificó en tres de los cuatro años del anterior gobierno. Un informe de la Cámara de Importadores de la Rep. Arg. explica que el resultado cambiario del BCRA acumuló entre 2016 y 2020 un déficit de 56.807 millones de dólares, a pesar de que hubo un intercambio comercial positivo de 50.680 millones en el mismo periodo. El desbalance se explica por los intereses, utilidades y dividendos, por el gasto de turismo y por la formación de activos externos. Una noticia que sirve para salir de la coyuntura y del repiqueteo mediático constante con el que se trata de instalar que no hay programa económico. Las que no eran viables eran las políticas del anterior gobierno que, por ejemplo, recurrieron a un endeudamiento en dólares con el argumento de tener que afrontar un supuesto déficit fiscal heredado (que se financia en pesos). Lo que se financió fue principalmente la fuga. Buenas señales En lo que va de octubre, el Ministerio de Economía ya colocó bonos en pesos por casi 166 mil millones, con lo que están prácticamente cubiertos todos los vencimientos de deuda del mes, cuando aún resta una licitación. Es otra buena señal en momentos de fuerte expansión de gastos para hacerle frente a los efectos de la pandemia. Es algo que no viene siendo muy comentado y en lo que se está teniendo éxito, partiendo de una situación inicial de parálisis del mercado de capitales doméstico, tras el “reperfilamiento” del año pasado. La idea, también de cara a lo que viene, es que se pueda obtener financiamiento del mercado local y que no recaiga tanto en el BCRA. De hecho en el Presupuesto 2021 se establece que del total de las necesidades de financiamiento de la Administración Nacional, un tercio se cubrirá con adelantos transitorios del BCRA, y dos tercios con financiamiento del sector privado. Otro dato positivo es que la venta de insumos para la construcción (Índice Construya, una fuente privada) creció 3,8% mensual en septiembre y un 18,5% interanual. A su vez, según el Centro de Estudios para la Producción, en septiembre la producción automotriz aumentó un 16% interanual y los despachos de cemento un 10%, un buen indicio de que también estaría subiendo la industria en su conjunto. En tanto, Alberto Fernández afirmó en la semana ante un grupo de empresarios norteamericanos que “hay datos para ser optimistas (…). Por primera vez en mucho tiempo, el porcentaje de recaudación impositiva fue mayor que la inflación”. También dijo: “queremos que el Estado

Fuente:  Alejandro Bercovich| BAE Negocios Fecha: 8 de octubre de 2020 La conmoción que generó en el cuartel general del FMI que se marchitaran tan rápido los brotes verdes que regó con 44.000 millones de dólares durante el último año y medio del mandato de Mauricio Macri tuvo mucho que ver con la selección de los enviados de Kristalina Georgieva que aterrizaron esta semana en Buenos Aires. El colapso trocó también los interlocutores que eligió el Fondo para conocer la profundidad de la crisis. A la Unión Industrial Argentina (UIA), que no habían escuchado nunca desde su súbito regreso al país en abril de 2018, la citaron ayer para conversar en el Hilton. Su jefe, Miguel Acevedo, trató de hacer equilibrio. -Sabemos que la situación es difícil pero vemos bien la potencialidad de una recuperación. El tipo de cambio está bien. Alcanza. No hay que pagar deuda, no hay stock frenado de importaciones. Sí hacen falta acuerdos básicos en la política -dijo. Casi sin interrumpirlo -intérprete mediante- asentía Julie Kozack, la número dos del departamento para el Hemisferio Occidental del FMI. Aunque sigue formalmente como director para evitar un conflicto supranacional, el argenmex Alejandro Werner debió cederle a ella el timón apenas asumió Georgieva. Fue un gesto al gobierno argentino, para no forzarlo a renegociar el plazo de repago de esos 44.000 millones con los mismos funcionarios que tomaron la decisión de entregárselos a Macri, en plena campaña electoral y pese a que sus estatutos le prohibían (y le prohíben) financiar a economías que experimenten severas fugas de divisas. Es lo mismo que pasó con el italiano Roberto Cardarelli, el encargado del caso argentino eyectado por Georgieva y reemplazado de un plumazo por el venezolano Luis Cubeddu. Pero por la relación que tejieron con ella durante la renegociación de la deuda con los privados, la preferida de Martín Guzmán y del director por Argentina en el FMI, Sergio Chodos, es Julie. La «compañera Kozack», como la llaman en broma entre ellos. Oriunda de New Jersey y menos consustanciada que otros burócratas del Fondo con los intereses de los ejecutivos de Wall Street, a los que incluso alguna vez contó que desprecia por petulantes, Kozack exhibe su experiencia en Islandia como un diploma de heterodoxa pragmática. Entre 2009 y 2012 fue la encargada de supervisar el rescate financiero al país de Björk, donde por primera vez el FMI avaló un cepo cambiario estricto. Tras derretirse peor que la Argentina con Macri, la economía islandesa salió a flote. En Economía dan por hecho que Georgieva avalará la refinanciación de la deuda antes de marzo, cuando opera el primer vencimiento con el Club de París, atado al Fondo. La pregunta es qué exigirá a cambio. La compañera Julie no dio muchas pistas. En todo momento aclaró que no tenía mandato del directorio para negociar nada. Incluso los industriales llegaron a preguntarse para qué había decidido viajar, en plena pandemia. Flexibles Dos de las preguntas que les hizo Kozack a los popes de la UIA y a Matías Kulfas sí pueden servir como anticipo de las condiciones que impondrá Georgieva, su jefa, a la hora de reprogramar los plazos de pago de la deuda que dejó como herencia Macri. Una fue sobre la reciente Ley de Teletrabajo, que en la reunión con la UIA le dio pie a Daniel Funes de Rioja para hablar 20 minutos sobre la necesidad de leyes laborales más flexibles. La otra, sobre la empresa pública que administrará la concesión de la Hidrovía del Paraná, que Fernández anunció que será compartida entre la Nación y las provincias con ribera a ese río. Un cambio que puede leerse desde Washington como una estatización. O peor, como otro avance de China en el manejo de un recurso natural estratégico en Latinoamérica. Son dos temas sobre los cuales el FMI no parece haberse movido de sus posiciones históricas, al menos en el documento que acaba de publicar su staff en Brasil tras concluir la revisión anual que prescribe el Artículo IV de su estatuto. «Se sigue necesitando un renovado impulso para aprobar una reforma fiscal integral, finalizar acuerdos comerciales con la UE y otros socios comerciales y acelerar el ritmo de nuevas concesiones y privatizaciones», le recomendó allí a Jair Bolsonaro. La ortodoxia fiscal del Fondo también luce intacta. El mismo reporte del staff sobre Brasil fechado este lunes reivindica «la reforma previsional histórica que estabilizó el gasto en pensiones como porcentaje del PBI». Ese deber, podría decir Guzmán, ya está cumplido acá con el fin de la movilidad automática. Pero el texto también le reclama a Bolsonaro que recorte gradualmente la Ayuda de Emergencia, su versión del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE): «Con cerca de 10 veces el costo anual del plan Bolsa Familia (la asignación por hijo vecina), la Ayuda de Emergencia fue demasiado grande dado el espacio fiscal disponible». Sobre que no preguntaron demasiado los enviados del Fondo, curiosamente, es sobre las reservas del Banco Central. «Era como si estuvieran esperando que les pidiéramos plata fresca nosotros», contó a BAE Negocios uno de los ministros que los recibió. Es lo que sí pidió Lenin Moreno en Ecuador, por caso, pero que lo obligará a un severo ajuste fiscal el año próximo. En el Gobierno aseguran que los casos son distintos y que el FMI le está diciendo a cada uno lo que quiere escuchar, mientras gana tiempo hasta que se defina quién ocupará la Casa Blanca -y por ende el Tesoro, y por ende el Fondo- los próximos cuatro años. «En Brasil está (el ultraortodoxo Paulo) Guedes, quizá incluso eso del ajuste lo pidió él», arriesgó otra fuente. Es lo que hacía Nicolás Dujovne en la época de Cardarelli. Aceitosos Mientras tanto, el equipo económico aguarda que los aceiteros y acopiadores de cereales cumplan con su parte del pacto que se coronó con la rebaja temporaria de retenciones de la semana pasada. Pero algunos lamentan que, al haber habido tantos interlocutores distintos del lado oficial, las concesiones que hizo el Estado no vayan a fructificar en la ansiada liquidación de divisas por parte de ese sector exportador. La más promocionada de esas concesiones fue la rebaja de tres puntos de las retenciones a la exportación de soja, pero la más importante para las multis del sector fue la restitución del diferencial entre las retenciones que paga el grano sin procesar y sus subproductos (harina, aceite y pellets). Ese diferencial fue el que motivó a esas multis a montar el complejo de crushing más

Fuente: Carlos Heller | Tiempo Argentino Fecha: 16 de agosto de 2020 Hay hechos que no se pueden ocultar. Entre ellos, que el gobierno empieza a mostrar resultados concretos en un contexto por demás adverso. Quizás por ello no sorprende la aparición de discusiones que se corren de la realidad, y que tratan de situar la agenda en el plano de la posverdad, algo bien típico de los cuatro años anteriores. Lo que se dirime, en última instancia, es la discusión acerca del rol del Estado y cuál debe ser el alcance de la regulación a los mercados. Recordemos que tan sólo dos semanas atrás el ex presidente Macri decía, al aterrizar en París: “acá se vive en libertad y con responsabilidad”. Siguiendo esta línea argumental, en la semana se pudo leer en un medio local que “con peligroso discurso sobre la vida y la libertad el presidente anticipa otro capítulo de la cuarentena”. Un dilema falso por donde se lo mire. Ante esta insistencia de posverdad, lo esencial pasa por no perder el eje de lo importante. Más allá de que se lo trate de minimizar, lo cierto es que el gobierno ha cumplido un papel clave en la resolución del tema de la deuda con los acreedores privados. Su gestión fue central a la hora de defender los intereses de la Nación, obteniendo un alivio financiero que permitirá contar con recursos indispensables para este momento y para la pospandemia. El Gobierno también viene ocupando un lugar irremplazable a la hora de morigerar los múltiples impactos de la pandemia, tanto los sanitarios como los económicos y los sociales. Cabe volver a aclarar que la disyuntiva entre economía y salud es totalmente falsa: no hay tal dilema, sino efectos interrelacionados. La evolución económica tiene que ver con la pandemia, con deterioros generalizados en todos los países; lo dijimos muchas veces, y los datos no hacen más que reforzarlo. Difieren, sí, los resultados vinculados a las diferentes posturas sanitarias y de alivio de los sectores más desprotegidos. Hoy se observan caídas de la producción en todas las economías centrales. En el segundo trimestre del año hubo bajas del PIB del 9,5% en Estados Unidos, comparando con los primeros tres meses. En Europa, la mayor caída del segundo trimestre se dio en Gran Bretaña (-20,4%). Le siguen España (-18,5%), Portugal (-14,1%) y Francia (-13,8%). Más allá de los efectos, prácticamente allí nadie pone en discusión la necesaria intervención de los Estados. Europa aprobó un paquete por 750 mil millones de euros por tres años, mientras que Estados Unidos había anunciado un programa fiscal de unos 3 billones de dólares.  Respecto de nuestra región, entre febrero y mayo de 2020 la actividad económica cayó un 32,3% en Perú y 27,2% en Ecuador, lejos de lo que pasó en los siguientes países del listado, entre los que se encuentra Argentina (-18,9%), dentro del rango promedio. En tanto, también se presentó la cifra de muertes por covid-19 por cada millón de habitantes. La encabeza Perú (659), seguido por Chile (540) y luego viene Brasil (486). Nuestro país está entre los que tienen el menor número de fallecimientos (115). Un dato que dice muchas cosas. No deja de ser triste, pero ayuda a valorar el esfuerzo que los argentinos y las argentinas vienen realizando, algo que debe ser continuado, ya que la curva de transmisión del virus sigue en aumento. Por su parte, mejor no preguntarse qué hubiera pasado si se hubiera seguido avanzando con el desmantelamiento del sistema de salud público, que se propiciaba bajo la gestión del “Estado canchero”. Otro de los ámbitos donde se ve la mano visible del Estado es el laboral. Según un informe del Ministerio de Trabajo, Argentina es uno de los países del hemisferio que verificó la menor contracción del empleo asalariado privado entre febrero y mayo de este año. Mientras que en Canadá llegó al 19,2%, fue de 13,8% en Estados Unidos, 12,2% en Chile y del 7,5% en Brasil. Son economías que poseen leyes laborales más flexibles, algo a tener en cuenta. En cambio, en nuestro país la baja fue sensiblemente menor y se situó en el 2,5%. Según el último informe laboral, estos resultados tienen que ver con las características del mercado de trabajo argentino y con el conjunto de políticas implementadas en la pandemia. Entre las herramientas están la prohibición de realizar despidos sin causa, el salario complementario (ATP) y las suspensiones con el pago del 75% del salario neto. Según el Ministerio, en mayo el ATP contribuyó al pago de salarios de casi 2 millones de trabajadores dependientes de 230 mil empresas. Por su parte, 740 mil asalariados se encontraban suspendidos en dicho mes, lo que equivale al 12% del empleo formal privado. Incluso, gran parte de la reducción de empleo formal se debe a bajas habituales como la jubilación, personal que no ha sido reemplazado. De no haber sido por la mediación y las regulaciones del Estado, la fotografía sería muy distinta. Al respecto, no hay que dejar de recordar la elocuente frase del secretario de Empleo de Macri, Miguel Ángel Ponte, en épocas en las que se intentaba avanzar con la flexibilización, a tal punto que se había eliminado el Ministerio: “contratar y despedir debería ser natural como comer y descomer”. La extrema libertad empresaria, según la cruda lógica de los mercados. Por eso es importante tomar dimensión de los impactos que tienen las políticas públicas, que están pensadas para la gente, para el desarrollo del país, y para disponer cada vez de mayor autonomía en la toma de decisiones. Entendiendo cuáles son los verdaderos problemas de la coyuntura y abordando las consecuencias de la pandemia. Cabe destacar la conformación de los cinco gabinetes temáticos: para el comercio exterior, el gabinete económico tradicional, el de promoción federal, el de ciudadanía y el de planificación urbana y hábitat. Cada uno con sus objetivos específicos y bajo dirección de la Jefatura de Gabinete, específicamente puestos a estudiar medidas concretas para cada una de esas áreas y

Fuente: Raúl Dellatorre | Página/12 Fecha: 1 de agosto de 2020 Mauricio Macri y Sergio Nardelli, cuando se mostraban juntos en público.  Más que la expropiación, lo que provoca rechazo es todo mecanismo por el cual el Estado pueda recuperar control sobre el comercio exterior de granos.  Diez empresas cerealeras concentran el 91 por ciento de las exportaciones de granos, legumbres, harinas y aceites vegetales del país. De las diez, seis son extranjeras, y reúnen el 63% del volumen exportado. Las cuatro de origen local –tres de ellas, en una medida importante ya transnacionalizadas– suman el 28%. Controlan un comercio que representa, en conjunto, el 45 por ciento de las divisas que ingresan al país por exportaciones, según las estadísticas del año 2019: unos 29 mil millones de dólares anuales, sobre ventas totales al exterior por 65.115 millones.  Tal como lo describe Claudio Lozano, director del Banco Nación, en su trabajo «La importancia de Vicentin» (IPyPP, de esta semana), desde hace más de cuatro décadas, el Estado nacional perdió prácticamente todo control sobre estas operaciones, desde que dejó de existir la Junta Nacional de Granos, se privatizaron los puertos por los que se embarcan esos productos, desapareció la flota mercante estatal (ELMA) e incluso se cedió el control del transporte ferroviario de cargas. Como consecuencia de todo ello, el Estado también perdió el control sobre la oferta de divisas que genera la exportación en este rubro que, como fue dicho, concentra el 45% de las ventas al exterior. Que podrían ser más, si se ajustaran algunas irregularidades.   Vicentin es una de esas cuatro empresas locales, la más importante entre ellas. La sexta entre las diez primeras en volumen exportado. Lo que genera resistencia no es la expropiación, sino que el Estado intervenga, aunque más no fuera como testigo, en esa multimillonaria fuente de dólares.  El bloque exportador de cereales ha tenido en la Argentina un nivel de intervención política inversamente proporcional a su exposición pública. Por eso el caso Vicentin les duele tanto, porque los expuso en las facetas que menos hubieran querido mostrar. Ya en el conflicto por las retenciones en 2008 tuvo un papel central pero no protagónico en la disputa más desestabilizante contra el gobierno kirchnerista. Las grandes exportadoras empujaron a las rutas a dirigentes rurales, a la Mesa de Enlace, tuvieron la televisión y los grandes medios nacionales a disposición para pelear contra un impuesto a su actividad, la exportación de granos, con precios extraordinarios de los que sacaban la mejor tajada. Pero no salían en pantalla, dirigían desde las sombras. Todos recuerdan las alocuciones del «melli» Alfredo De Angeli. Nadie puede saber ni siquiera el nombre de un solo CEO de una cerealera, y muy pocos mencionar cuáles eran estas cerealeras. El bloque exportador ganó el combate sin subir al ring. Esta vez, quisieron repetir lo mismo. En su mirada, el final perfecto para Vicentin hubiera sido, después de la devastación que produjo hacia el fin de la etapa macrista (julio a diciembre de 2019), que liquidara sus pertenencias en el negocio a favor de un comprador que no saliera del núcleo de los «big ten» del sector. Quienes estaban anotados en la carrera, se dijo, eran Cargill, un grupo vinculado a Louis Dreyfus (LDC en el ranking argentino) y la suiza Glencore (opera en Argentina a través de Oleaginosa Moreno). Tres de las seis extranjeras del cuadro principal de exportadores de granos y derivados.  El decreto de intervención con promesa de expropiación, presentado el 8 de junio, tenía como objetivo primario abortar esa operación a favor de una transnacional, también se dijo. Si así fuera, podría decirse que tuvo éxito. Ayer, ese mismo decreto dejó de existir. Si el propósito era más ambicioso, el de crear una empresa nacional exportadora testigo en el mercado de granos, que le diera transparencia operando con una lógica diferente a la de las grandes expoortadoras, el mismo aparece como postergado. Como mínimo. Delitos El holding Vicentin está acusado de triangulación en el comercio exterior en perjuicio del fisco (si es que declara exportaciones por debajo de los valores reales de la operación). Si así fuera, también estaría defraudando a los productores, a quienes le descuenta una retención que luego no depositaría en su totalidad en Aduanas si declarara menos volumen del que realmente carga en los puertos de su propiedad.  También se le señala haber desnacionalizado activos al trasladar su propiedad a un holding mellizo formado en Uruguay por los mismos accionistas, Vicentin Family Group, sacándolos del alcance no sólo del fisco argentino sino de las demandas de los acreedores de Vicentin SAIC.  Y hasta se la sospecha de declarar la compra de soja a Paraguay y reexportarla desde puertos argentinos, como una supuesta simulación de venta de soja argentina que sale de los puertos propios como de origen paraguayo. Como mercadería en tránsito, no estarían sujetas a gravémenes. Tambíén se acusa a sus directivos de haber transferido bienes inmuebles a partir de febrero de este año en favor de hijos y otros parientes o allegados, como donación o a preso simbólico, para eludir eventuales embargos sobre sus bienes. Todo lo dicho no es producto de rumores: son hechos que figuran en distintas denuncias presentadas ante tribunales internacionales o locales, por bancos extranjeros o la propia Inspección de Justicia de Santa Fe, que ya fueron incorporadas al expediente principal de la convocatoria de acreedores.  Las denuncias en tirbunales del distrito sur de Nueva York fueron promovidas por seis bancos extranjeros, que señalan textualmente «haber sido víctimas de la mayor estafa internacional por parte de Vicentin SAIC. Señalan que la firma les mintió sobre su situación patrimonial «a través de documentación contable falsa», y que «está siendo vaciada transmitiendo sus activos a otras empresas controladas por el mismo grupo Vicentin». El procedimiento de Discovery solicitado en la justicia estadounidense tiene el objeto de detectar activos y operaciones en el exterior que podrían estar detrás de esas transferencias. Los bancos describen que Vicentin SAIC realizó un conjunto de conductas para defraudarlos. Consultado,