Internacionales

Fuente: Álvaro Verzi Rangeli* | estrategia.la Fecha: 1 de MAY 2019 Conscientes de que difícilmente el Congreso lo autorice una aventura militar que puede causar muchas víctimas estadounidenses y que los militares colombianos y brasileños se oponen a una agresión armada contra Venezuela, el equipo del presidente Donadl Trump parece inclinado a financiar parcialmente a un ejército mercenario. El director de la empresa militar estadounidense Blackwater, Erik Prince, ha estado desarrollando durante los últimos meses un plan para formar un ejército privado con el objetivo de derrocar al presidente Maduro, informó este martes la agencia Reuters, Esta pretendida fuerza militar constaría de unos cuatro o cinco mil mercenarios contratados en nombre del opositor Juan Guaidó y reclutados entre paramilitares colombianos y d otros países de la región. Para expertos en seguridad, el plan de Prince es «políticamente inverosímil y potencialmente peligroso», y «podría desencadenar una guerra civil, agrega la agencia británico-estadounidense.  Prince busca financiación y apoyo político para esta iniciativa en el entorno del presidente estadounidense, Donald Trump, y entre exiliados venezolanos millonarios, manteniendo para ello diversas reuniones privadas en EEUU y Europa. Uno de estos tuvo lugar a mediados de este mes de abril, días antes de la intentona golpista de la frustrada ultraderecha venezolana del 30 de abril. Ese mismo día, El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, no descartó (ante Fox Business Network) la posibilidad de una «acción militar» en Venezuela si así «lo requiere» la situación. Prince contempla una fuerza integrada por peruanos, ecuatorianos, colombianos, personas de habla hispana, ya que considera que este tipo de soldados serían más políticamente aceptables (para los estadounidenses, que aún recuerdan las bolsas negras en las que volvían los soldados desde Vietnam) que contratistas estadounidenses. Pompeo hizo esta declaración, después de que lanzara otra mentira –un fake new- a la CNN. En lugar de aceptar que el golpe inducido por EEUU fracasó, señaló que el presidente venezolano Nicolás Maduro, tenía prevista su salida del país, rumbo a Cuba, pero Rusia lo disuadió. En respuesta, Maduro respondió: «Señor Pompeo, por favor, ¡qué falta de seriedad! […] cuánta mentira y manipulación en esta escaramuza golpista». El portavoz de Guaidó, Edward Rodríguez, ha negado que la oposición venezolana haya mantenido conversaciones con Prince acerca de sus operaciones, y el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Garrett Marquis, ha evitado hacer comentarios tras ser preguntado acerca de esta iniciativa. Uno de los argumentos de Prince es que Venezuela necesita un «acontecimiento dinámico» para romper el punto muerto en el que se encuentra el país desde enero, cuando Guaidó se autoproclamó presidente encargado tras declarar como ilegítimo a Maduro. Ahora suma otra argumento: los venezolanos por sí solos, no lo pueden hacer. De acuerdo con fuentes, para financiar su plan Prince busca 40 millones de dólares de inversores privados y quiere apropiarse de fondos de los miles de millones de dólares en bienes venezolanos que han sido congelados en todo el mundo por las sanciones impuestas contra el gobierno constitucional venezolano. Quiere piratear a los piratas. Sin embargo, no está claro cómo la oposición venezolana podría acceder legalmente a dichos bienes. Prince dijo a la gente con la que se reunió, según Reuters, que cree que Guaidó tiene la autoridad para formar su propia fuerza militar porque ha sido reconocido internacionalmente como presidente legítimo del país. Blackwater, trasnacional criminal Blackwater, una multinacional militar se abre paso en el mundo desde hace dos décadas. Es la empresa de seguridad más poderosa del planeta, acumula denuncias por crímenes cometidos en Medio Oriente y por casos de corrupción en Estados Unidos. Radiografía de un negocio en expansión, impulsado por la Casa Blanca. En las últimas dos décadas, con impunidad, con armamento de última tecnología, montada sobre mercenarios de diferentes naciones, Blackwater es una de las mayores empresas de seguridad a nivel internacional, fundada en 1997 por Erik Prince y Al Clark. Tiene decenas de denuncias en su contra, por cometer crímenes, incurrir en flagrantes abusos de autoridad y participar en contratos espurios otorgados por el Pentágono y el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Renombrada como Academi, Blackwater  surgió en pleno avance neoconservador en EEUU, de la mano del presidente George W. Bush (2001-2009). La transnacional, fundada bajo la bendición de la ultraderecha católica estadounidense,  ingresó en las grandes ligas con la administración de Bill Clinton en la guerra de los Balcanes en la década de 1990. Los neocons, que venían apuntalando su poder durante los mandatos de Ronald Reagan y Bush padre, encontraron en la administración republicana del empresario petrolero el caldo de cultivo para aplicar el Proyecto para el Nuevo Siglo Americano (PNAC, por sus siglas en inglés) que, entre otros puntos, avalaba la desregulación total del Estado y apuntaba todos sus cañones contra esa vaga definición de “terrorismo internacional”, que se ubicaba: en Medio Oriente y entre la comunidad musulmana. Un informe de Sudestada señala que en ese momento, BW daba sus primeros pasos en el redituable negocio de la seguridad privada, poniendo a disposición de Washington a los primeros “contratistas” que, para 2001 y 2003, con las invasiones a Afganistán e Irak, respectivamente, se convertirían en un ejército mercenario, alcanzando casi la misma cantidad de tropa en territorio iraquí que las Fuerzas Armadas estadounidenses. Pero Prince, con pasado como SEAL (equipos de mar, aire y tierra de la Marina estadounidense), ultraconservador y financista de grupos católicos, extremistas y marginales, no pensó a su empresa como un simple ejército de respaldo a las ocupaciones de EEUU en otras partes del mundo, y en Carolina del Norte, en un pantano conocido como Moyock de 2.800 hectáreas, fundó la instalación militar privada más grande del mundo. Manzanas podridas, fruto de un árbol muy tóxico En el libro Blackwater. El auge del ejército mercenario más poderoso del mundo, el periodista Jeremy Scahill describe a Moyock como el lugar donde “se instruye anualmente a decenas de miles de agentes de las fuerzas del orden, tanto federales como locales, así como a tropas de naciones extranjeras amigas”. En su sede central, BW “tiene su propia división de inteligencia y cuenta entre sus

Fuente: Jorge Elbaum | El cohete a la luna Fecha: 21 de ABR 2019 El último lunes, la prestigiosa revista New Yorker publicó una extensa nota de Ben Taub sobre el vínculo de un carcelero y un prisionero acusado de terrorista.[1]  La historia tiene sede en la base naval estadounidense de Guantánamo, emplazada en territorio ocupado a la República de Cuba. La investigación periodística relata el vínculo entre uno de los cautivos detenidos en esa Base Naval, acusado de formar parte de Al-Qaeda, y un integrante de la Guardia Nacional de Oregon. El detenido es Mohamedou Salahi, un ingeniero eléctrico que fue secuestrado por pedido de la CIA, en Mauritania, su país de origen, en 2002, luego de ser investigado por las autoridades de inteligencia del país africano, a pedido de la CIA. Sin que se logre cumplimentar alguna acusación, fue entregado a los militares estadounidenses, quienes lo trasladaron primero a Jordania y después a Afganistán, territorios donde empezó a sufrir periódicas sesiones de torturas. Sobre Salahi pendía la sospecha (así se fundamentó su secuestro) de ser uno de los cerebros de los ataques del 11 de septiembre. Tenía 30 años cuando lo detuvieron. Sus credenciales lo mostraban como un brillante ingeniero de la especialidad de electricidad, portador de una inteligencia prodigiosa y antecedentes de haber participado en la guerra contra la Unión Soviética en los años ’90, cuando tenía 20 años, por un lapso de pocos meses. A esas referencias se le sumaba el hecho de contar con conocidos y parientes ligados a Al-Qaeda, aunque distanciados de Osama Bin Laden desde el momento que tomó la decisión de atacar Nueva York. Luego de su periplo obligado por Asia, Salahi fue depositado en la base naval de Guantánamo, donde se convirtió en el detenido de mayor valor de las fuerzas armadas de los Estados Unidos. A partir de 2002 se convirtió en el recluso 760, código que remitía al secreto mejor guardado de los servicios de inteligencia militar. Ese pedestal le impedía gozar de las entrevistas de la Cruz Roja e interactuar con el resto de los reclusos. Dos años después de que Salahi llegara a Guantánamo, empezó a ser custodiado, entre otros, por Steve Wood, un joven de 22 años, miembro de la Guardia Nacional de Oregon, a quien le advirtieron en forma reiterada acerca de la infinita peligrosidad del mujaidín de origen mauritano. Los únicos interlocutores de Salahi eran sus custodios y quienes se encargan de llevar a cabo los interrogatorios y las torturas. La convivencia cotidiana entre Wood y Mohamedou llevó al primero a interesarse en las acusaciones que pendían sobre el detenido, a quien se caracterizaba como “un miembro clave de la red terrorista internacional”, pero sobre quien no se había podido probar ningún crimen desde su llegada a la base naval. La curiosidad de Wood lo llevó a dedicar parte de su tiempo libre a indagar sobre los tenebrosos antecedentes de Salahi y las evidencias que respaldaban las acusaciones. Después de investigar cientos de horas no encontró nada. En un primer momento supuso que la información no debía estar disponible para un simple suboficial como él, o que dichos registros debían estar guardados en archivos residentes en territorio continental de Estados Unidos. Lo único que encontró fueron confesiones contradictorias del propio Salahi arrancadas mediante torturas indescriptibles. De hecho, las propias revelaciones del recluso 760 surgían como discordantes unas con otras, y eran atribuibles a relatos imaginarios ofrecidos con la obvia intención de que cesara la tortura. Los datos brindados por Salahi, según Wood, aparecían obviamente rebatidos por variadas fuentes fidedignas, fechas inconexas y nombres inexistentes. Sus propios interrogadores, convertidos en verdugos despiadados, compartían su frustración al constatar reiteradamente que las incongruentes versiones de Salahi se explicaban por su desesperación por brindar alguna información que justificara el fin de los vejámenes. Sus confesiones simuladas, sin embargo, le permitieron acceder a artículos de confort como un almohada, jabón, toallas y la posibilidad de escribir en su cuarto de confinamiento. Wood siguió investigando el caso durante sus días de franco, sin poder descubrir evidencias, vínculos o alguna documentación que lograse relacionar al mauritano con alguna red terrorista. En su estancia en la Bahía de Guantánamo, mientras lo custodiaba, Wood le pedía que recitara parágrafos del Corán y Salahi los repetía tanto en inglés como en árabe. En los años que Wood estuvo destinado en el Caribe, su recluso se transformó en una fuente de aprendizaje e iniciación espiritual. Salahi dialogaba habitualmente de historia y filosofía y su carcelero se asombraba de la educación y la fluidez en el manejo de cuatro idiomas que poseía el mauritano. Cuando Wood abandonó su tarea en la Base Naval de Guantánamo, decidió regresar a Oregon con la decisión de abandonar las ocupaciones militares: sus diálogos con Salahi y lo que había visto en el centro de detención lo habían cambiado. Había vivido una inversión del Síndrome de Estocolmo: el carcelero se había transformado tras su paso por el Caribe. Vigilar y castigar La base de Guantánamo es alquilada por los Estados Unidos en el marco de un tratado impuesto por Washington desde 1898. Cuba desconoce, desde el triunfo de la Revolución, dicho arrendamiento y exige su devolución. Cada mes, en el marco de una teatralización grotesca, Washington desembolsa un monto de U$S 4800 que el gobierno cubano se niega a recibir, como forma de repudio (y de dignidad) ante la ocupación. Al Pentágono, la extraterritorialidad de la prisión de Guantánamo le permite desconocer las propias leyes de su país, logrando que los reclusos sean juzgados por cortes marciales secretas, con ausencia de defensa y de conocimiento de cargos. En el año que Wood abandonó la base naval, el Departamento de Estado aceptó nombrar a un fiscal para atender el caso de Salahi. Para ese menester se contrató al teniente coronel Stuart Couch. El militar se dedicó durante dos años a relevar todos los antecedentes existentes que probaban el nexo de Salahi con Al-Qaeda, pero luego de constatar que las acusaciones no guardaban ninguna credibilidad,

Fuente: Eduardo Paz Rada* | Alainet.org Fecha: 15 de ABR 2019 El empuje conservador y neoliberal en América Latina y el Caribe, aliado a los intereses imperialistas, ha desarrollado en los últimos meses nuevas iniciativas orientadas a establecer un nuevo tablero geopolítico regional y mundial buscando frenar y destruir los empeños de liberación nacional y continental de los procesos de integración y unidad emancipadora de la Patria Grande elaborados en los pasados quince años por los gobiernos nacionalistas, progresistas y de izquierda. Se ponen, de esta manera, frente a frente dos proyectos estratégicos de la región: el de la liberación o el de la dominación. La reciente creación –22 de marzo pasado—del Foro Para el Progreso de América del Sur (PROSUR), impulsada apresuradamente por los presidentes de Colombia, Iván Duque, y de Chile, Sebastián Piñera, y aceptada por los de Brasil, Jair Bolsonaro, Argentina, Mauricio Macri, Ecuador, Lenin Moreno, de Paraguay, Mario Abdo, y de Perú, Martín Viscarra, en la cumbre de Santiago de Chile, fue precedida por la acción de Macri y Bolsonaro de debilitar a la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) con la suspensión de su participación en la misma y continuada por Moreno con el despojo de su sede en Quito. Si bien estos presidentes reconocieron el 23 de febrero, con gran repercusión en los grandes medios de comunicación empresariales, como presidente de Venezuela al fantoche de Donald Trump, Juan Guaidó, evitaron hacer el ridículo mayor impidiendo su presencia en la reunión de Santiago. Esto no significa, de ninguna manera, que la conspiración imperialista contra el gobierno revolucionario bolivariano y chavista de Venezuela presidido por Nicolás Maduro deje de contar con el concurso de los gobiernos de estos países, entre ellos sobresale el de Colombia que cuenta con nueve bases militares norteamericanas en su territorio. Quebrar el proceso de la integración de la Patria Grande El Foro Para el Progreso PROSUR, cuyo nombre rememora la Alianza Para el Progreso de los años sesenta impuesta por Estados Unidos en varios países de América Latina para afianzar su control regional en la Guerra Fría e impedir la influencia de la Revolución Cubana, busca desmantelar los avances revolucionarios de la Patria Grande. La formación y fortalecimiento, desde 2004, de PETROCARIBE, Alternativa Bolivariana de los Pueblos (ALBA), Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) y Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) permitió a América Latina y el Caribe convertirse no solamente en un proyecto profundo de integración regional al margen del control de Estados Unidos, sino en una fuerza con peso propio en estrategia mundial de la multipolaridad. Luego de derrotar al proyecto imperialista del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) defendido por el entonces presidente de EEUU, George Bush, en la Cumbre de Mar del Plata en noviembre de 2005, se aceleró el proceso de integración emancipadora bajó el liderazgo de Hugo Chávez de Venezuela, Lula Da Silva de Brasil, Fidel Castro de Cuba, Néstor Kirchner de Argentina, Evo Morales de Bolivia, Rafael Correa de Ecuador, Daniel Ortega de Nicaragua y José Mujica, entre otros, y con un claro discurso bolivariano por la segunda independencia, se procedió a crear las instituciones correspondientes con el apoyo de los movimientos populares. En 2008 se formalizó la existencia de UNASUR con todos los países de América del Sur y una estrategia integral que desarrolló políticas de comercio e integración económica y financiera, incluidos un fondo monetario y una moneda propios; de defensa militar con autonomía de Estados Unidos; de libre tránsito, migración y reconocimiento de la ciudadanía sudamericana; de lucha contra las droga y el terrorismo internacional; y de educación, salud, ciencia, tecnología y planificación conjuntas. Por otra parte alcanzó logros de envergadura como la defensa de la democracia en la región, la solución de conflictos entre Venezuela y Guyana, la defensa de los gobiernos democráticos de Bolivia y Ecuador ante lo intentos de guerra civil y golpe de Estado y la pacificación en Colombia. En 2010 se consolidó la CELAC como instancia de debate y consenso político entre los 33 países de América Latina y el Caribe, con la exclusión de Estados Unidos y Canadá, avanzando por primera vez en la construcción de la integración del conjunto de la Patria Grande como soñaron Simón Bolívar, José de San Martín, Francisco Morazán, José María Morelos o José Martí y estableciendo el principio de declarar a América Latina y el Caribe como zona de paz, cooperación e integración. Inestable correlación de fuerzas Si bien la iniciativa política en la disputa estratégica de los proyectos de integración favorece en la coyuntura al grupo de gobiernos conservadores y neoliberales de PROSUR tanto por su número como por su peso económico y geopolítico, es también cierto que varios de estos gobiernos son débiles como el del interino del Perú que se encuentra en una situación de alto rechazo del pueblo, el de Colombia con un proceso de paz muy frágil o el de Argentina que ha destrozado la economía del país y de la gran mayoría de la población, la misma que deberá elegir nuevos gobernantes en octubre de 2019. La potencia y peso mundial de Brasil lleva a su Estado a la contradicción entre encabezar un bloque poderoso con todos los países de la región, como en la década pasada, o a convertirse en peón político de Estados Unidos a pesar de la gran dimensión e influencia económica de China. Bolsonaro encuentra fuertes críticas de sectores empresariales, académicos, políticos y militares ante esta situación que pone el territorio amazónico en manos de Estados Unidos y al mismo tiempo crea malestar social por sus posiciones reaccionarias y antipopulares. A su vez, la crisis provocada en Venezuela por el bloqueo y el boicot comercial, financiero y económico ha influido en sus iniciativas de integración, aunque se mantienen sólidos PETROCARIBE y ALBA, en tanto que Bolivia y Uruguay apoyan con firmeza la integración sin exclusiones y, en el caso del primero, ha manifestado sin tapujos su total apoyo y solidaridad con el gobierno de Maduro y con

Fuente: Dardo Esterovich | Convergencia N° 73   Fecha: abril 2019   Golpe negro Los acontecimientos que se están desarrollando en la República Bolivariana de Venezuela tienen a Estados Unidos como protagonista principal. Tal es la importancia que les asigna el gobierno estadounidense que Donald Trump ha formado un equipo de cinco halcones integrado por Elliott Abrams, John Bolton, Mike Pompeo, Marco Rubio y Mauricio Claver-Carone –todo un gabinete de crisis- para conducir su propósito de terminar con la presidencia del Nicolás Maduro y el chavismo, “limpiar” su patio trasero de gobiernos insumisos y fundamentalmente para apoderarse de la primera reserva petrolera comprobada del mundo y las importantes reserva de oro y minerales estratégicos como el coltán y otros. En el año 1998, el triunfo en las elecciones presidenciales del comandante Hugo Chávez y las primeas medidas adoptada por el nuevo gobierno, pusieron en alerta a los EE.UU. que venía ejerciendo un dominio ininterrumpido de la explotación petrolera venezolana desde principios del siglo XX. La conspiración para terminar con el experimento chavista es tan vieja como el chavismo mismo. Fracasado el golpe contra el presidente Hugo Chávez del 11 de abril de 2002 el imperialismo estadounidense y la derecha vernácula optaron por atacar al corazón de economía venezolana, la industria petrolera. Estas acciones respondían a la negativa de Chávez de retirar un paquete de 47 leyes adoptadas bajo la Ley Habilitante, prevista en la Constitución. Estas leyes introducían cambios profundos en diversas áreas, especialmente en la económica. Con ese fin el gobierno decretó la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que incrementaba al 30% la tributación de las transnacionales en las actividades de extracción petrolífera, y fijaba en el 51% la participación mínima del Estado en sociedades mixtas con petroleras extranjeras. Otra ley que le quitaba el sueño a la oligarquía local es la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, que permitía expropiar latifundios y beneficiaba a los campesinos que buscaban cultivar pequeñas extensiones de tierra. El golpe negro, en alusión al color del hidrocarburo, comenzó con un lockout convocado por la patronal agrupada en Fedecámaras  para el lunes 2 de diciembre de 2002. Su duración inicialmente sería de 24 horas, pero se extendió hasta convertirse en una huelga indefinida en plena temporada navideña. A este accionar se unieron la alta gerencia de la petrolera estatal PDVSA y un sector altamente remunerado de sus técnicos y trabajadores, que temían perder los privilegios que la corrupción generalizada les proporcionaba. Hay que señalar que no se presentó ningún pliego reivindicativo salarial ni de condiciones de trabajo. El reclamo se limitaba a la derogación de las leyes dictadas por el gobierno y a la renuncia de Chávez. Adhirieron la burocrática Confederación de Trabajadores de Venezuela, la Coordinadora Democrática que agrupaba a los partidos de oposición y medios de comunicación privados. El hecho culminante de la escalada ocurrió dos días después cuando el capitán del tanquero de PDV Marina, Pillín León, fondea su barco en el canal de navegación del Lago Maracaibo, a lo cual se suman luego otros tanqueros. Se interrumpe así totalmente el transporte de hidrocarburos desde esa cuenca, En tierra se le fueron sumando gerentes y operadores de las refinerías, profesionales y técnicos de las áreas de informática, personal de distintas áreas con capacidad real para perturbar seriamente el funcionamiento de la principal industria nacional lo que en cierta medida consiguieron ya que las dificultades en la provisión de combustible provocaron una parálisis de las actividades en muchas ramas de la economía. El 21 de diciembre de 2002 el gobierno logra recuperar el Pillín León, en una acción de abordaje con fuerzas de Marina, e instala una tripulación que no había adherido al paro que lleva el tanquero a puerto seguro y a los pocos días, cargado, comienza a llevar petróleo a las refinerías. Fue el comienzo de la derrota del golpe. En enero del 2003, los empleados y obreros que no pararon acompañado por simpatizantes del gobierno recuperan las refinerías y playas de carga de combustibles y los camiones comenzaron a distribuirlos a las estaciones de servicio. El gobierno logra recuperar el control de PDVSA. El proyecto de provocar un «golpe de Estado petrolero” fue abandonado el 3 de febrero de 2003, luego de dos meses de duración. En el aspecto macroeconómico las consecuencias fueron muy negativas: la inflación se disparó, al igual que el desempleo y el Producto Interno Bruto (PIB) del país registró una caída de 15,8 % durante el cuarto trimestre de 2002, y de 24, 9%, durante el primer trimestre de 2003. En el sector petrolero la caída del PIB fue de 25,9% y 39,3% respectivamente. Las consecuencias también fueron nefastas para la población y el país. Hubo escasez de alimentos y gasolina durante y después del paro. Golpe oscuro Lo que está ocurriendo actualmente en Venezuela guarda similitud con lo ocurrido con el golpe negro. Comienza el intento de derrocar a Maduro con la autoproclamación del presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó(1) como presidente interino el 23 de enero de este año. Guaidó programa para el 23 de febrero un golpe intentando introducir por la fuerza desde Colombia y Brasil, una pseudo ayuda humanitaria sin la anuencia del gobierno venezolano ni de organismos internacionales de ayuda como la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Estos organismos se negaron a participar denunciando la intencionalidad política de ese intento. Guaidó, EE.UU. y el Grupo de Lima, formado por países sudamericanos afines a la política imperialista estadounidense, presionaron sobre las Fuerzas Armadas Bolivarianas para lograr su defección y que reconocieran a Guidó como presidente. No tuvieron éxito. Solo medio centenar de efectivos, muchos de ellos prófugos por robo de armas y otros delitos, todos de baja graduación y tropa, cruzaron la frontera con Colombia. Una acción militar iniciada por éstos y paramilitares colombianos, como estaba planificada, resultó imposible quedando así frustrada también una posible intervención militar extranjera que era una “opción que estaba sobre la mesa” como repetían insistentemente Trump, Abrams, Bolton, Pompeo y otros funcionarios. El intento de introducir los camiones por Colombia y Brasil fracasó