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Fuente: Álvaro García Linera | Celag.org Fecha: 1 de diciembre de 2019 “Ni los muertos estarán seguros ante el enemigo si este vence…..” W. Benjamin Un multitudinario cortejo fúnebre recorre las calles de El Alto y La Paz. Por delante van dos féretros y detrás miles y miles de dolientes. Son gente humilde; pobladores de El Alto, artesanos, campesinos, vecinos, madres, indígenas de las provincias de La Paz, Potosí, Cochabamba y Oruro. Han caminado con su dolor cerca de diez kilómetros, y a su paso salen trabajadores, comerciantes y estudiantes llorosos que se persignan, aplauden y entregan agua y pan a los que marchan. La ciudad está paralizada, y la gente de los barrios populares está de luto. Solo el 20 de noviembre, en la zona de Senkata, ocho pobladores fueron asesinados con armas de fuego militar, más de un centenar fueron heridos de bala, llegando a treinta y cuatro los muertos en los últimos nueve días del golpe de Estado en Bolivia. Han bajado desde El Alto para reclamar justicia por sus muertos; han caminado tanto para que las personas vean lo que está pasando, ya que los medios de comunicación amordazados no hablan de la tragedia sufrida; marchan horas y horas para decirle al mundo que no son terroristas ni vándalos; que ellos son el pueblo. Y es que desde el día del golpe de Estado todas las movilizaciones de sectores populares y campesinos que salieron a defender la democracia y el respeto al voto ciudadano fueron objeto de una feroz campaña de desprestigio que desbordó las redes y los medios de comunicación. No se hablaba de obreros, ni de vecinos, ni de indígenas. Se trataba de “peligrosas hordas”, de “vándalos” que amenazan la paz social. Y cuando los habitantes de la valiente ciudad de El Alto y los indígenas y campesinos bloquearon carreteras, un rabioso lenguaje se apoderó de los golpistas y medios de comunicación: “terroristas”, “narcotraficantes”, “salvajes”, “criminales”, “turbas borrachas” “saqueadores” y otros adjetivos fueron utilizados para descalificar y criminalizar la protesta de las clases menesterosas. Desde entonces, mujeres de pollera con hijos en la espalda, niñas escolares que acompañan a sus padres, jóvenes universitarios, obreros soldadores, campesinos de poncho y vendedores de helados son el nuevo rostro de los “peligrosos sediciosos” que quieren incendiar el país. Esta estigmatización de la plebe sublevada, especialmente si son indios, no es nueva. Durante la Colonia, en el siglo XVI, Fray Ginés de Sepúlveda comparó a los indígenas con los monos; el cura Tomás Ortíz los calificó de “bestias”; en el siglo XIX se hablaba de “razas degeneradas”; y las dictaduras del siglo XX mutaron hacia la delincuentización del indio insurrecto, calificándolo de “subversivo“, “sedicioso”, que quiere poner en riesgo la propiedad, el orden y la religión. Ahora, las clases medias tradicionales realizan una vergonzosa fusión verbal entre el lenguaje colonial con el de contrainsurgencia. Ni sus intelectuales orgánicos educados en universidades extranjeras pueden escapar a este llamado de la sangre y el prejuicio racial. Para ellos las marchas de vecinos son reuniones de “delincuentes borrachos”, los bloqueos de caminos de campesinos son actos de “terrorismo” y los asesinados por la bala militar son ajustes de cuentas entre “maleantes”. La forzada mesura con la que todos estos años los escribas conservadores habían calificado a los indios empoderados, hoy se desbocan como un torbellino de prejuicios, insultos y descalificaciones racializadas. Habían aguardado toda una década mordiéndose los dientes para no escupir sobre los indios y mostrarles su desprecio; y ahora, amparados en las bayonetas, no dudan en descargar todo su odio de casta. Es el tiempo de la venganza y lo hacen enfurecidos. Es como si quisieran borrar no solo la presencia del indio que los derrotó, y por eso son capaces de matar con tal de que Evo no sea candidato; además desean arrancar su huella de la memoria de las clases humildes asesinando, encarcelando, torturando, amenazando a quienes pronuncien su nombre. Por eso queman la Wiphala que Evo introdujo en las instituciones del Estado; por eso queman las escuelas que él hizo construir en los barrios populares; por eso aplauden y brindan por la militarización de las ciudades. Ya no hay espacio para la dignidad ni el decoro de una clase que se revuelca frenéticamente en el lodo del autoritarismo, la intolerancia y el racismo. Y es contra ello que marchan las clases humildes de El Alto y las provincias. Bajan por miles, doscientos mil, trescientos mil. El número ya no importa. El poder que ellas defienden no es el de una persona ni el que Weber teorizó como capacidad de influir en el comportamiento de otro. Para las clases populares la experiencia de poder de estos últimos catorce años es el de ser reconocidas como iguales, el de tener derecho al agua, a la educación, al trabajo, a la salud en similares condiciones que el resto de los ciudadanos. El ejercicio del poder para el pueblo ganado en las urnas, más que la de una capacidad de mando ha sido la de una experiencia corporal diaria de poder mirar de frente a los demás sin tener que avergonzarse del color de piel o la pollera de madre; es haber sido tomados en cuenta como seres humanos; es el poder vender en el mercado, labrar la tierra o ser autoridad sin ninguna barrera de apellido. De ahí que, si bien la experiencia del poder estatal para las clases subalternas -como lo vio Gramsci- es, en primer lugar, la construcción práctica de su unidad como bloque social, la manera de verbalizar y comprender moralmente ese poder ha sido la conquista de la dignidad, es decir, su experiencia de pueblo como cuerpo colectivo autodignificado. Por eso la mujer de pollera y el obrero lloran cuando el fascismo quema la Wiphala, lloran cuando Evo es expulsado, lloran cuando son impedidos de entrar a las ciudades. Lloran porque están despedazando el cuerpo simbólico y real de su unidad y de su poder social. Y cuando llevan sus muertos por delante en medio

Fuente: Emiliano Guido | Nuestras Voces Fecha: 27 de noviembre de 2019 Luis Lacalle Pou, probable ganador (en suspenso) de la presidencia de Uruguay llega de una familia política con la promesa de un fuerte recorte fiscal y de flexibilización laboral. Su primer trabajo pago fue como diputado de la lista que encabezaba su mamá. Rechaza la producción estatal de cannabis, pero acepta su legalización. Carece de experiencia laboral en el sector privado, aunque ideológicamente está más cerca de Mauricio Macri que de Jair Bolsonaro. El probable próximo presidente del Uruguay posee un currículum laboral plano. No ha estado al mando de grandes compañías ni ha ocupado puestos políticos significativos. Sin embargo, Luis Lacalle Pou supo estar en el lugar justo en el momento indicado. Hijo de un ex Jefe de Estado y con una mínima experiencia parlamentaria, Lacalle Pou supo vencer en dos raids importantes de la derecha local: primero ganó la interna del Partido Nacional a dirigentes de mayor experiencia, luego fue el candidato más votado de la oposición en octubre. Con esas dos medallas el dirigente blanco pudo llegar al ballotage para aprovechar las circunstancias excepcionales que beneficiaban al bloque conservador uruguayo. Primero, el oficialismo del Frente Amplio jugó los comicios con el desgaste de haber conducido al Estado durante tres administraciones consecutivas y en pleno recambio dirigencial. Además Lacalle Pou se benefició con el apoyo de nuevos partidos, todos contrarios al progresismo oficialista. Por eso los medios locales e internacionales hablan de un probable mandatario a cargo de una «coalición de derecha multicolor». Pero, ¿quién es Luis Lacalle Pou? ¿Hasta dónde respeta la tradición blanca apoyada en los estamentos más ligados al Partido Nacional como el campo y la Iglesia? ¿Cuál es su mirada del Estado y la economía? ¿Cómo sería su convivencia con el colorado Eduardo Talvi y el General ultranacionalista Guido Manini Ríos, el Bolsonaro uruguayo? Nuestras Voces habló con el periodista Marcelo Pereira, del interesante portal montevideano La Diaria, uno de los cronistas uruguayos que más conoce sobre la vida política de Lacalle Pou hijo. “Lo más significativo de su biografía es que es estrictamente política. En el sentido de que su primer trabajo remunerado fue cuando lo eligieron diputado en una lista liderada por su madre, la esposa del ex presidente Luis Alberto Lacalle Herrera. No tiene experiencia laboral anterior a ese puesto legislativo, ni como empleado ni como empresario. Tampoco ha detentado cargos políticos relevantes en el Estado, salvo su representación parlamentaria no detenta otro tipo de haber en un puesto gubernamental. Es decir, salvo el mínimo personal de secretaria y asesores del que estuvo a cargo en el Congreso, no ha tenido la responsabilidad de tener mando sobre muchas personas. A su vez no fue un parlamentario muy productivo en cuanto a generación de leyes. Durante la promulgación de las normativas sociales más importantes generadas por el Frente Amplio en estos años Lacalle Pou no estuvo en sala como se dice acá”, reconstruye Marcelo Pereira. En paralelo Pereira describe sucintamente los contornos de su vida parlamentaria y privada: “No ha sido un parlamentario de alto perfil. En resumen ha sido una persona que ha aprovechado unas circunstancias personales para su ascenso político, es decir su linaje familiar dentro del Partido Blanco. Eso sí, tiene inteligencia política, se ha movido bien en la interna del Partido Nacional porque ganó la sucesión de lo que se denomina el herrerismo. En esa puja superó a gente con más experiencia y con un perfil más alto en el partido. Ahora bien en lo cultural posee un estilo de vida diferente al uruguayo medio, vive en un barrio privado, y en su trato diario se codea con sectores pertenecientes a las clases medias altas o altas de Uruguay”. ¿Qué derecha regional representa más a Lacalle Pou, la difusa y ecléctica de Macri, o la bravucona y nacionalista de Jair Bolsonaro?, pregunta Nuestras Voces. “No es sencillo definir su matriz política. En principio porque no tuvo grandes responsabilidades a cargo para comprobar cuál es su mirada sobre los temas más acuciantes. En algunos aspectos reproduce la línea de la corriente herrerista, la clásica impronta blanca del Partido Nacional: una formación conservadora, cercana al catolicismo. A ese acervo él agrega la defensa de un estilo moderno de la política, es parte de los liberales regionales que muestra rechazo a las categorías ideológicas clásicas como izquierda y derecha. Por eso su discurso descansa en términos abstractos: defiende ideas asépticas como equilibrio político, desarrollo, perfeccionar lo bueno que ha hecho el Frente. Ahora bien aunque es parte del tradicionalismo blanco ha defendido, con matices, la política de despenalización de las drogas. Él defiende más el autocultivo que la producción estatal promovida por el Frente Amplio. Incluso ha reconocido haber consumido marihuana y drogas más duras durante su juventud, algo infrecuente entre los dirigentes tradicionales”, responde el autor del interesante blog Apuntes de Campaña. Por otro lado surgen otros interrogantes, ¿Qué tipo de Estado intentará edificar el dirigente blanco? “Lacalle Pou hace mucho énfasis en que el Estado debe recuperar la autoridad, especialmente en el área de seguridad pública. Si proyectamos esa mirada a un gobierno que va a tener seguramente mucha oposición social eso da alguna señal de preocupación porque se presupone que no tolerará resistencia en la calle a sus iniciativas. Por otro lado, seguramente apoyará un marco de flexibilización laboral, eso implica romper los marcos legales existentes a favor del asalariado en Uruguay. Él ha insistido mucho en que el Estado debe promover una mayor elasticidad en los convenios colectivos de trabajo y también remarcó sus críticas al Frente Amplio por su buena relación con los grandes sindicatos”, soslaya Pereira. Por otro lado Marcelo Pereira advierte que la carpeta económica de Lacalle Pou contiene un fuerte achique del Estado: “En cuanto al déficit Lacalle Pou advirtió que va a procurar un ahorro anual de 900 millones de dólares anuales, un monto que para la escala del presupuesto uruguayo implica mucho dinero. Eso seguramente derivará en el recorte de programas sociales. Claro, él sostiene

Fuente: Edgardo Mocca | Página/12 Fecha: 17 de noviembre de 2019 Menos de un mes antes de la asunción del nuevo gobierno argentino, el mapa regional ha sufrido una serie de impactos muy importantes para pensar el contexto en el que se desarrollará ese acontecimiento. En Bolivia hubo un golpe de estado cívico-militar; hay quienes lo niegan tomando como propio el argumento de los golpistas. Todos los golpes de estado que en el mundo han sido fueron explicados por sus autores en nombre de la defensa del bien; la discusión al respecto no tiene ninguna importancia analítica, es pura propaganda a favor de los golpistas y de quienes están de modo muy visible detrás del golpe, es decir la OEA y el gobierno de Estados Unidos. El golpe contra Evo termina de cerrar la etapa regional abierta con la recuperación democrática argentina en 1983. Más allá de los rasgos originales de la ruptura boliviana –entre ellos el uso de fuerzas civiles lanzadas a todo tipo de acciones violentas sin que ninguna fuerza armada o de seguridad lo impidiera- reaparece en la escena sudamericana el golpe militar. Es decir, la oligarquía nativa asociada con la principal potencia imperial pone en acción el último recurso para defender su dominio político, el recurso de las armas. Es un dato histórico con el que tendrán que contar, de aquí en adelante, las fuerzas democráticas y populares de todos nuestros países: la doctrina democrático-liberal de las “transiciones democráticas” ha sido subordinada a las razones estratégicas de Estados Unidos y sus aliados en cada uno de nuestros países. Con todo su dramatismo y sus episodios de violencia fascista, los acontecimientos bolivianos no deberían tapar ni disminuir la importancia de otro fenómeno contemporáneo, la rebelión popular chilena. Así como se reabrió la agenda de los golpes de estado, también reapareció la sombra maldita de los años setenta del siglo pasado: la revolución. Parece razonable tildar de exagerada esa afirmación; sin embargo su empleo no es una simple evocación sentimental. El pueblo chileno ha forzado que las élites políticas que gobiernan Chile desde 1990 acuerden un calendario electoral en el que estará en juego la constitución del país. Claro que no cualquier reforma constitucional supone una revolución. Pero resulta que en este caso está en juego un cambio de régimen. Se trataría, en el caso de triunfar la lucha popular chilena, del reemplazo del régimen pos-pinochetista, que mantuvo en pie el orden político emergente de la “constitución” del régimen militar, por uno nuevo cuyo contenido emergería de una disputa política muy vigorosa. El solo hecho de que se abra esta discusión es una conquista revolucionaria en el Chile erigido por los poderosos del mundo como modelo global, como paradigma del régimen ideal de la democracia neoliberal. Así lo recitaba –y sigue recitándolo- el mainstream de la ciencia política de nuestros países: centralidad del parlamento, poca política en las calles, pocos partidos políticos, competencia “hacia el centro”, marginación de los partidos “antisistema”. Todo eso está colapsando en Chile y eso es una muy buena noticia para la democracia. Claro que mirada desde Argentina, la realidad de este contexto político regional no es lo que se dice tranquilizadora. El presidente electo y la coalición que apoyó su candidatura son los emergentes de una estrategia política que combinó la promesa de un cambio profundo de orientación respecto de la catastrófica gestión macrista con la voluntad de facilitar un diálogo político en el que se disolviera la “grieta” que divide a los argentinos. Como mínimo, el golpe de estado en Bolivia, la prolongada crisis del régimen chileno y la postura propia de la guerra fría adoptada por Bolsonaro en Brasil no parecen ser el marco más propicio para llevar a buen puerto ese objetivo. La distensión política es un objetivo noble y razonable, no lo sería tanto esperar que esa voluntad de diálogo tenga eco entre los sectores más poderosos de nuestra sociedad y sus soportes hemisféricos. De modo no casual, el centro del discurso del presidente electo y de sus más estrechos colaboradores está en las urgencias que plantea al nuevo gobierno el ominoso saldo de la experiencia de gobierno de la segunda alianza. Enfrentar el hambre, aliviar a los sectores más postergados, “prender” la economía aparecen como prioridades difícilmente discutibles. Ahora bien, a esta situación no se llegó por una fatalidad cósmica. A esta situación nos llevaron determinadas políticas que fueron aplaudidas por algunos sectores durante gran parte del mandato de Macri, justo hasta el momento en que a la figura del presidente se le adjuntó la fecha de vencimiento. Es cierto que los beneficiarios reales del despojo antipopular constituyen un sector muy minoritario de la población. Pero su capacidad de influenciar a sectores sociales muy amplios no debería estar en discusión: es un hecho comprobado en nuestro país y en nuestra región. Alberto Fernández dijo en estos días que Estados Unidos, bajo el gobierno de Trump “volvió a las peores épocas de los años setenta, avalando intervenciones militares contra gobiernos populares que fueron elegidos democráticamente”. Se trata de una intervención valiente. Pero no solamente eso, también es una intervención sensata. No debería ser entendida como un rapto voluntarista, sino como un gesto de comprensión de la realidad en la que le tocará gobernar. Muchos, en nuestro país y en la región, creyeron que una vez obtenido el gobierno había que darle prioridad a las buenas relaciones con los poderosos porque eso aseguraría su estabilidad. Eso terminó invariablemente mal. Maquiavelo en “El Príncipe” habla de los dos humores que conviven en la patria, “el de los grandes y el del pueblo”. Y sostenía “Quien alcanza el principado mediante el favor del pueblo debe, por tanto, conservárselo amigo, lo cual resulta fácil pues aquél solamente pide no ser oprimido”. El pueblo argentino está ante una gran oportunidad. La de convertirse en protagonista de un episodio profundamente democrático, socialmente reparador e inspirador para los pueblos de la región. El protagonismo del presidente electo en los sucesos de Bolivia y sus puntos

Fuente: Jorge Elbaum | El Cohete a la Luna Fecha: 17 de noviembre de 2019 Ningún golpe de Estado puede llevarse a cabo en América Latina sin la habilitación, aprobación, planificación o complicidad del Departamento de Estado. Solo Estados Unidos posee la capacidad de legitimar la discontinuidad de los sistemas institucionales dentro de la región. Hace cinco décadas se llevaban a cabo en nombre de la Guerra Fría, basados en una doctrina de la seguridad nacional difundida por la Escuela de las Américas. Luego de la caída del muro de Berlín, la estrategia del Pentágono redujo su legitimidad. La posterior lucha contra el fundamentalismo islámico no logró cuajar como justificativo en América Latina, por lo que fue necesario apelar a otra doctrina. Se sistematizó entonces como nueva formulación de la seguridad regional (funcional a los intereses de Estados Unidos) una doctrina de sostén al denominado Consenso de Washington. Esta nueva plataforma se basa en promover una institucionalidad frágil y quebradiza, subalterna del cumplimiento de los principios emanados del neoliberalismo extractivista y financiarizado. Los responsables últimos de la Doctrina de la Seguridad Nacional eran –hasta la década del ’80– los oficiales de las fuerzas armadas de los países latinoamericanos. Su formación se instituía en la Escuela de las Américas, radicada en Panamá desde 1946, y sus órdenes –legitimadas por la necesaria salvación de la supervivencia del occidente cristiano— incluían la tortura, la desaparición forzada y el exterminio de opositores. El pretendido triunfo del capitalismo fue conceptualizado como el “fin de la historia”, y fue necesario generar un nuevo cuerpo de protagonistas de la manipulación geopolítica, más coherente con la etapa. Las representaciones diplomáticas de Washington readecuaron sus dispositivos hacia la financiación de:  iglesias neo-pentecostales, cultoras de una teología de la prosperidad individual, enemigas de cualquier opción al servicio de los humildes; grupos periodísticos, convertidos en agentes de operaciones psicológicas destinadas a debilitar vínculos entre los referentes políticos y sus bases sociales; actores seleccionados del Poder Judicial, cooptados ex profeso para actuar como cuña (pseudo) republicana disfrazada de prudencia, cordura y equilibrio de poderes; y grupos empresariales y financieros acoplados a la lógica corporativa global, cuyos intereses son convergentes con los directorios de las transnacionales. En esta nueva etapa, los ejecutores de los golpes de Estado ya no rotulan como sus enemigos a los grupos insurreccionales —hoy inexistentes—, sino a quienes promueven la inclusión social, el pleno empleo, la defensa soberana de los recursos estratégicos y la integración regional. Dado que no resulta políticamente muy redituable justificar la persecución de estos defensores de la equidad, se los caratula como responsables de toda forma de corrupción e incluso del narcotráfico. Las usinas ideológicas que fundan dicha tarea son los think-tanks (centros de investigación ligados mayoritariamente al Partido Republicano), que suelen canalizar sus formulaciones y apotegmas a través de ONGs seleccionadas, con amplia capacidad de penetración al interior de los cuatro actores colectivos mencionados. Como staff de apoyo de las mismas, se suman las agencias de inteligencia y espionaje con doble comando: empresarial y subsidiario de la Agencia de Seguridad Nacional con sede en Maryland. Este nuevo modelo de interrupción de los sistemas democráticos de la región se inició en 2002, con el frustrado golpe contra Hugo Chávez. Continuó en junio de 2009 con la destitución forzada de Manuel Zelaya en Honduras y se prolongó ese mismo año, en septiembre, con otra intentona malograda (en Bolivia), que produjo la matanza de Pando. El 30 de septiembre de 2010, le tocó el turno a Ecuador, a través de una asonada policial, pero Rafael Correa logró abortarla gracias a la movilización popular. En junio de 2012 el golpe logró consumarse en Paraguay, y Fernando Lugo fue desplazado gracias a la eficiente labor del representante diplomático de la embajada de Washington, que se negó a condenar el quiebre institucional.  La tela de araña Presidenta en sí y ante sí Jeanine Añez. La oleada de golpes del siglo XXI tiene la impronta del denominado poder blando teorizado por Joseph Nye, quien sugiere implementar estrategias de acción publicitaria, simbólica y cultural en vez de recurrir, como se estilaba durante el siglo XX, a modelos contrainsurgentes de coerción. Esta conceptualización fue profundizada por el militar y politólogo estadounidense Gene Sharp, quien considera que “la naturaleza de la guerra en el siglo XXI ha cambiado (…) Nosotros combatimos con armas psicológicas, sociales, económicas y políticas”. Uno de los más conocidos trabajos de Sharp, “De la dictadura a la democracia”, ha sido el material más difundido por quienes asimilan democracia (únicamente) con neoliberalismo, y asocian toda forma de promoción de Estado de Bienestar con dictadura. Los antecedentes del reciente golpe contra Evo Morales fueron prologados por declaraciones altisonantes de Roger Noriega –ex director de USAID y subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental—, quien instigaba una semana antes del quebrantamiento institucional a derrocar al líder del MAS: “Bolivia podría estar cayendo en espiral hacia una dictadura absoluta o un conflicto sangriento”. Las operaciones de la embajada contra Morales, son numerosas y se retrotraen al mismo inicio de su presidencia. Los cables divulgados por WikiLeaks –complicados en el libro Bolivia Leaks— muestran la sistemática faena desarrollada durante más de una década: “El trato con el gobierno del MAS requerirá una cuidadosa aplicación de zanahoria y palos para alentar los buenos comportamientos y políticas, y desalentar los malos”. El formato de este nuevo golpe neoliberal busca presentarse como el resultado de la crisis institucional, ajena a la disputa de intereses, y apela –como factor de última instancia– a las FFAA como garantes de la gobernabilidad, cuando en realidad sus oficiales han sido parte constitutiva de la paulatina deslegitimación de los gobiernos populares. Frente a la lógica del supuesto poder blando emanado de las embajadas, se imponen tres desafíos epocales. En primer término, lo que Samir Amin denominó la “desconexión”, es decir la sutil y gradual disminución de los lazos tóxicos que unen a América Latina con Washington. En segundo término, la indagación y problematización del lugar de las FFAA en la democracia (su reclutamiento y capacitación para cumplir el rol de garantes de la soberanía, y no –como en la actualidad—como gendarmes del