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Fuente: Misión Verdad Fecha: 27 de marzo de 2020 El fiscal general de los Estados Unidos, William Barr. Foto: Susan Walsh / AP Photo En medio de la lucha de Venezuela contra el Covid-19, la Administración Trump ha dado un paso dramático e inédito en las maniobras criminales que buscan derrocar al gobierno venezolano. Ya es oficial: Estados Unidos se decanta por la ruta de la violencia armada tercerizada, apoyándose en un caso judicial sin pruebas. Una falsa acusación del principal narcoestado del planeta Este jueves 26 de marzo, el fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, presentó cargos por narcotráfico contra el presidente venezolano Nicolás Maduro, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Diosdado Cabello, el ministro de Industria y Producción Tareck El Aissami, el ministro de Defensa Vladimir Padrino López y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia Maikel Moreno. A falta de pruebas sólidas, los fiscales del Departamento de Justicia han apelado a un producto propagandístico que lleva varios años siendo punta de lanza de los ataques comunicacionales de Estados Unidos y Europa contra Venezuela: el inexistente “Cartel de los Soles”. Según el Departamento de Justicia, “desde al menos 1999, Maduro Moros, Cabello Rondón, Carvajal Barrios y Alcalá Cordones actuaron como líderes y gerentes de Cartel de los Soles (…) para facilitar la importación de toneladas de cocaína a los Estados Unidos. El Cartel de los Soles buscó no solo enriquecer a sus miembros y mejorar su poder, sino también inundar a los Estados Unidos con cocaína e infligir los efectos nocivos y adictivos de la droga en los usuarios de los Estados Unidos”. El supuesto vínculo con las FARC que viene siendo el leitmotiv de Colombia y Estados Unidos para acusar a Venezuela como un “santuario” de grupos armados, es otra de las cartas centrales de la acusación, incluyendo a Iván Márquez y Jesús Santrich: “A partir de aproximadamente 1999 (…) los líderes de las FARC acordaron con los líderes del Cartel de los Soles reubicar algunas de las operaciones de las FARC en Venezuela bajo la protección del Cartel. Posteriormente, las FARC y el Cartel de los Soles enviaron cocaína procesada desde Venezuela a los Estados Unidos a través de puntos de transbordo en el Caribe y América Central, como Honduras. Aproximadamente en 2004, el Departamento de Estado de los Estados Unidos estimó que 250 o más toneladas de cocaína transitaban a través de Venezuela por año. Los envíos marítimos se enviaron al norte desde la costa de Venezuela utilizando embarcaciones rápidas, barcos de pesca y portacontenedores”. Eso afirma el Departamento de Justicia, haciendo suponer, paradójicamente, que su sistema de prevención contra el narcotráfico es tan ineficaz que no puede detener “barcos de pesca”. Está ampliamente demostrada la relación orgánica de Estados Unidos con el narcotráfico: Antonio Maria Costa, director de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito, afirmó en 2009 que los capitales provenientes del narcotráfico salvaron los bancos quebrados que ocasionó el colapso financiero de 2008, que tuvo su epicentro en Estados Unidos. En 2012, el FBI encontró pruebas de que los carteles mexicanos “utilizaban cuentas de Bank of America para ocultar dinero e invertir las ganancias ilegales del narcotráfico en caballos de carrera estadounidenses”. Ese mismo año, también se dio a conocer que el cartel mexicano Los Zetas lavaba sus ganancias del narcotráfico en el banco JP Morgan, realizando transferencias directas desde México bajo una amalgama de fondos y empresas que también colocó el foco de las autoridades sobre el banco Wells Fargo. Todos estos bancos siguen funcionando como si nada hubiera pasado. La permisividad comprobada (y la lógica de beneficio directo) del sistema financiero estadounidense y de su élite política con respecto al narcotráfico internacional, hace deslucir las acusaciones contra Venezuela y su tono de supuesta defensa de la salud pública de los norteamericanos. Hace tan solo dos años, Colombia rompió récords en producción y exportación de cocaína hacia Estados Unidos, cifras que coincidieron con un vertiginoso aumento en el número de consumidores en el país norteamericano. Sobre esto, un informe de la DEA reveló: “Niveles récord de cultivos ilícitos y producción de coca en Colombia, que fue la fuente principal de la cocaína decomisada y analizada en Estados Unidos, ha expandido el mercado de la cocaína, lo cual ha conducido a un incremento del abuso doméstico”. El Departamento de Justicia intenta responsabilizar a Venezuela de la inundación de cocaína en Estados Unidos, aun cuando está demostrado por su propia agencia antidroga que el aumento en el consumo que afecta a millones de estadounidenses radica en la descontrolada producción de cocaína colombiana. También intentan posicionar a Venezuela como un “país de tránsito” de cocaína hacia Estados Unidos, aunque datos suministrados por el propio gobierno norteamericano indiquen lo contrario. Un reporte del centro de estudios Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) concluye: “Alrededor del 90% de toda la cocaína con destino a los Estados Unidos se trafica a través de las rutas del Caribe Occidental y el Pacífico Oriental, no a través de los mares del Caribe Oriental de Venezuela”. Movimiento de la cocaína en Norte y Suramérica, año 2017. Fuente: DEA Una acusación fake Como reseñó en su momento un artículo de esta tribuna, la narrativa del “Cartel de los Soles” es sobre todo excéntrica e inexplicable. Se ha promocionado como una organización amplia y peligrosa, pero no existen las condiciones que lo demuestren: no hay una lucha asesina entre carteles como en México o Colombia, nunca se ha incautado un alijo que lleve la marca de esta supuesta organización, como tampoco se conoce que la logística del ejército venezolano se esté aprovechando para traficar drogas. El fantasmal “Cartel de los Soles” es un producto para el consumo de masas que refuerza la narrativa de los halcones y del sector más extremista de la derecha venezolana. En esta misma cadena de premisas falsas, el Departamento de Justicia incurre en un fatal error de cálculo: coloca a Maduro como el “líder” de la “organización” aun cuando no es militar, y cuando apenas, en 1999, empezaba su carrera

Fuente:  CELAG.org Fecha: 20 de marzo de 2020 Desde el  abogamos por un tratamiento justo, solidario y eficiente respecto de la deuda externa de América Latina. En esta emergencia, la prioridad son nuestros pueblos. Ahora que el mundo ha asumido un tono más humano y cooperativo en lo económico ante la pandemia del Covid-19, desde el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) solicitamos la condonación de la deuda externa soberana de los países de América Latina por parte de FMI y de otros organismos multilaterales (BID, BM, CAF) e instamos a los acreedores privados internacionales a que acepten un proceso inmediato de reestructuración de la deuda que contemple una mora absoluta de dos años sin intereses. La Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo prevé una pérdida de ingresos globales de 2 billones de dólares como consecuencia de esta crisis. Y, por su parte, la Organización Internacional del Trabajo estima que 25 millones de empleos en el mundo están en riesgo. Y sigue la salida de capitales de los países emergentes. Ya está en valor récord: 60.000 millones de dólares en menos de dos meses (Instituto Internacional de Finanzas). Ante tantas dificultades, la condonación de la deuda externa es una acción tan justa como necesaria. Lo mismo ocurrió en otros momentos históricos marcados por grandes catástrofes como guerras, enfermedades y pandemias. Esta es una oportunidad única para evitar que el peso de la deuda sea un escollo aún mayor que añadir al complejo reto de superar este momento social y económico tan crítico. Uno de los ejemplos más conocidos fue el que se produjo después de que Alemania fuera devastada en la Segunda Guerra Mundial. En la Conferencia de Londres de 1953 se acordó perdonar cantidades sustanciales de su deuda. No fue la única vez que esto se llevó a cabo a lo largo de nuestra historia más reciente. Hay un sinfín de casos en los que la deuda externa fue perdonada. Nadie puede dudar de que este es un momento oportuno para hacerlo si se quiere afrontar con éxito esta situación tan difícil. No podemos exigir a los países que hagan políticas efectivas en materia de salud pública para afrontar la actual pandemia y, al mismo tiempo, pretender que sigan cumpliendo con sus obligaciones de deuda; no podemos exigirles que implementen políticas económicas que compensen los daños de esta catástrofe a la par que deben seguir pagando a sus acreedores. Es absolutamente incompatible hacer efectivo un plan de reestructuración económica en el futuro próximo con los actuales niveles de endeudamiento externo (en promedio, supone el 43,2% del PIB en América Latina). Tal como se hiciera con la resolución aprobada el 10 de septiembre de 2015 sobre los Principios Básicos de los Procesos de Reestructuración de la Deuda Soberana, ahora debemos dar un nuevo paso y, por eso, desde CELAG solicitamos a las Naciones Unidas que a la mayor urgencia convoque a la Asamblea General para discutir una resolución que proporcione el marco legal internacional para llevar a cabo esta estrategia efectiva de condonación de la deuda externa de América Latina y fomentar el proceso de reestructuración (con mora de dos años) con los acreedores privados. También instamos al resto de organizaciones internacionales a que se sumen a esta iniciativa de solicitud de la condonación de la deuda. Invitamos a centros de pensamiento, universidades, instituciones religiosas, sindicatos, patronales y gobiernos a que se unan a este pedido. No sólo es una cuestión de solidaridad, sino también de eficiencia.

Fuente: Pedro Brieger | CNN en Español Fecha: 13 de marzo de 2020 Nota del editor: Pedro Brieger es un periodista y sociólogo argentino, autor de más de siete libros y colaborador en publicaciones sobre temas internacionales. Actualmente se desempeña como director de NODAL, un portal dedicado exclusivamente a las noticias de América Latina y el Caribe. Colaboró con diferentes medios nacionales como Clarín, El Cronista, La Nación, Página/12, Perfil y para revistas como Noticias, Somos, Le Monde Diplomatique y Panorama. A lo largo de su trayectoria Brieger ganó importantes premios por su labor informativa en la radio y televisión argentina. Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivas del autor. (CNN Español) — Este 11 de marzo de 2020, Chile conmemoró 30 años seguidos de democracia después de casi 17 de la dictadura comandada por el general Augusto Pinochet, quien lideró el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. En las calles de Santiago y en otras ciudades a lo largo del país, lo que menos primó fue un clima de fiesta democrática. Paradójicamente, había tanquetas lanzando agua y gas lacrimógeno contra manifestantes que pedían la renuncia del presidente Sebastián Piñera y la profundización de la democracia. Por vía del plebiscito del próximo 26 de abril, proponen que una Convención Constitucional redacte una nueva carta magna. No es muy habitual que un país conmemore el retorno democrático con tanquetas en las calles. Seguramente el día que Piñera decidió lanzar su candidatura para ser elegido presidente de Chile por segunda vez, pensó que su nuevo mandato no sería muy diferente del primero, entre 2010 y 2014. Salvo las protestas estudiantiles de 2011, aquellos fueron cuatro años de relativa tranquilidad, con Chile presentado como “modelo” de éxito económico y sin grandes turbulencias como las que vivían varios de sus países vecinos. Piñera asumió nuevamente el 11 de marzo de 2018 y se encaminaba a cerrar 2019 con dos grandes eventos internacionales que le servirían para mostrar que -según sus propias palabras- “Chile era un oasis” en una América Latina convulsionada. Pero el 18 de octubre de 2019, sorpresivamente, todo estalló por los aires. Miles de personas tomaron las calles para cuestionar el “modelo”, exigir profundos cambios y derogar la Constitución redactada durante la dictadura. Con mucho dolor, Piñera tomó la decisión de suspender la programada Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, lo que dañó justamente la imagen de Chile como “oasis” de estabilidad. Este 11 de marzo, el presidente habló en el Palacio de La Moneda y reconoció que el 18 de octubre de 2019 “surgió una poderosa demanda ciudadana para avanzar con mayor intensidad y sentido de urgencia hacia una sociedad más justa, más inclusiva, con mayor equidad y con menos abusos y privilegios”. Estas palabras sonaban muy diferentes de aquellas que pronunció el 20 de octubre, cuando aseguró que “estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable”. Finalmente, tuvo que reconocer que las demandas expresadas en las calles eran legítimas. Chile ya no es el país que dejó Pinochet el 11 de marzo de 1990, pero tampoco el que querría dejar Sebastián Piñera.