Internacionales

Fuente:  Marco Teruggi | Página/12 Fecha: 17 de julio de 2020 El viernes 8 de noviembre de 2019 por la noche estaba claro, desde la soledad de la Plaza Murillo, centro del poder político en La Paz, que el esquema para enfrentar el avance golpista había hecho agua. Se multiplicaban las noticias de motines policiales, los grupos civiles armados de la derecha habían recorrido el eje Santa Cruz, Cochabamba hasta instalarse con logística a pocas cuadras de la Casa de Gobierno. Esa noche de lluvia helada solo quedaban grupos pequeños para sostener esa posición estratégica que se perdió sin resistencia la mañana del sábado. El Alto aún no se había manifestado con fuerza, lo haría el sábado en la tarde, cortando el acceso a La Paz. Ya era tarde: 24 horas después sucedió el derrocamiento, Evo Morales y Álvaro García Linera se trasladaron al Chapare, luego a México y finalmente a Argentina. La escalada golpista duró tres semanas. Pocas personas la anticiparon: la economía crecía, existían acuerdos con el empresariado a nivel nacional, incluido en Santa Cruz, se venía de una relativa estabilidad política, y la pregunta central era si Evo ganaba en primera vuelta o debía ir a segunda. La derecha sorprendió dentro de Bolivia y en el continente. Una falta de anticipación similar ocurrió cuando el 23 de enero de ese mismo año un diputado ignoto se autoproclamó presidente de Venezuela en una plaza y fue reconocido inmediatamente por Donald Trump, o cuando el gobierno de Sebastián Piñera desplegó militares en las calles de Santiago para hacer frente a la protesta, un esquema aplicado semanas antes por Lenín Moreno en Quito ante el levantamiento indígena. La suma de eventos, a los que se agrega, por ejemplo, el actual gobierno de Jair Bolsonaro con sus crisis superpuestas –política, institucional, con discursos contra la cuarentena–, indica un cambio de las derechas que atraviesa el continente. Existe un desplazamiento de los límites, una modificación de época marcada por el regreso de viejas metodologías aggiornadas al tiempo de las redes sociales, con vasos comunicantes a la vez que diferencias, con procesos de nuevas derechas como Donald Trump, Matteo Salvini, Marine Le Pen o Vox. Este empujar cada vez más los límites ocurre en Argentina con el despliegue de mensajes anticuarentena, conceptos pobres y peligrosos como la “infectadura”, denuncias de planes de liberación de presos para formar “patrullas que amenacen jueces y expropien el capital”, acusaciones de “gravedad institucional” a las pocas horas del asesinato de Fabián Gutiérrez y la intoxicación mediática con mentiras, medias verdades, acumulación de miedo, odio y revancha. Este mapa de derechas no es homogéneo en el continente, varía según los países, tiempos del conflicto, según sean gobierno y desplieguen la estrategia de lawfare, como en Ecuador, Brasil o Argentina antes del nuevo gobierno, o estén en oposición y apliquen metodologías de desestabilización que llegan a contratar mercenarios para ingresar al país, como ocurrió en Venezuela. Pero existen elementos que forman un cuadro común. En primer lugar, existen dos grandes tendencias en cada país: quienes rompen límites y radicalizan el enfrentamiento, y quienes buscan mantener la disputa dentro del marco conocido. A veces sucede que ambas se unen en un objetivo común, como lo fue derrocar a Evo Morales, para luego volver a dividirse y construir un esquema de golpistas duros, como Jeanine Áñez y Fernando Camacho, y golpistas moderados –presentados como demócratas–, como Carlos Mesa. Esa tensión recorre la derecha en Argentina, con las disputas internas de la oposición emergidas en torno a lo que fue el posicionamiento respecto al asesinato de Gutiérrez, o en Venezuela, respecto a la división entre presentarse a elecciones o insistir a través de la vía armada y el bloqueo. Este último caso expone otra dimensión central: los grados o no de autonomía respecto al Departamento de Estado. Esa relación con Estados Unidos es medular. El proyecto de las derechas contempla dos pilares. Por un lado, la alineación en política exterior con EE.UU., algo que puede verse fácilmente en que cada gobierno de derecha se propuso desarmar la Unasur, darle la espalda a la Celac, y volver a la centralidad de la OEA. Por otro lado, la adhesión a un proyecto neoliberal en materia económica. Se trata de proyectos de minorías al servicio de empresas con intereses fuera del país –dejando a un lado un entramado empresarial con miras al mercado interno– subordinadas a EE.UU., algo constitutivo de las élites latinoamericanas, que no parece modificable, aun con todas las inversiones y el comercio con China. Dos cuestiones son centrales en este escenario. En primer lugar, el sujeto político moldeado por estas claves político-mediáticas. Las agresiones en Buenos Aires el pasado 9 de julio son un ejemplo de ese envenenamiento potenciado por las redes sociales que reúne odios históricos con nuevos apellidos y fantasmas. ¿Qué discursos construir ante eso, cómo diferenciar entre segmentos, desactivar? En segundo lugar, ¿cómo gobernar con este volumen de ataques y corrimiento de límites? ¿cómo no dejarse arrastrar al terreno del adversario? Esa pregunta, traducida al conflicto venezolano tiene otras complejidades: ¿cómo se enfrenta un bloqueo económico y operaciones encubiertas? Y en el caso de Bolivia: ¿cómo debía enfrentarse la escalada golpista amparada por una arquitectura financiera, mediática y diplomática? Una parte importante de la derecha regresa a viejas formas con nuevas presentaciones, intenta ofensivas sin pedir permiso ni perdón. Detrás de todo –o delante– está la disputa económica en tiempos de recesión y el retroceso hegemónico estadounidense.

Fuente: Alfredo Serrano Mancilla | Celag.org Fecha: 16 de julio de 2020 ¿Se imaginan utilizar una vacuna que todos saben que es incapaz de curar? Según el método científico, cualquier experimento probado un cierto número de veces sin resultados satisfactorios queda refutado e invalidado. Y deja de tener sentido volver a ensayarlo. Sin embargo, en la política latinoamericana contemporánea, esta premisa tan básica no es aceptada mayoritariamente por muchos gobiernos conservadores, que se empeñan una y otra vez en procurar hacer desaparecer una identidad política mediante un ataque sistemático por la vía judicial, mediática, económica, internacional, política y electoral contra su principal figura. A pesar de los incesantes intentos, los resultados continúan siendo infructuosos. Entre los muchos ejemplos disponibles de esta reiterada ofuscación está el caso de Ecuador. Han sido más de tres años ininterrumpidos de persecución contra Rafael Correa: dos procesos en etapa de juicio (Balda, Sobornos), a lo que habría que añadir alrededor de 30 investigaciones previas abiertas y pendientes (declaradas como “reservadas” en la propia Fiscalía); infinitas portadas y titulares en su contra de los medios más grandes del país (Teleamazonas, Ecuavisa, El Comercio, El Universo); apropiación de las siglas del movimiento Revolución Ciudadana; intentos múltiples de proscripción electoral del nuevo partido (Compromiso Social); y, cómo no, no quieren permitirle que se presente como candidato a ningún cargo posible en la próxima cita electoral, que tendrá lugar en febrero del año próximo. Y después de los múltiples intentos para erosionar y desgastar la figura de Correa, de estigmatizarlo negativamente, definitivamente no han logrado hacer que desaparezca de la centralidad de la política ecuatoriana. No aprendieron ni un ápice de la experiencia contra Cristina Fernández de Kirchner en Argentina durante los cuatro años macristas; se olvidaron que esa misma estrategia tuvo un efecto bumerán, que condujo al desenlace lo que ya todos conocen: un Frente de Todos ideado por la lideresa argentina que acabó ganando las elecciones el pasado octubre, y con ella como vicepresidenta. En el caso ecuatoriano, se viene replicando el mismo manual, pero adaptado a su episteme local. Desde el inicio, este fue el principal punto de acuerdo entre el presidente Lenín Moreno y su Gran Alianza, conformada por partidos de la derecha ecuatoriana (Partido Social Cristiano, Movimiento Creo), las cámaras empresariales, la banca y los grandes de medios de comunicación; y con la bendición de ciertos poderes internacionales. Hicieron todo lo posible, pero hasta el momento la misión resulta imposible. Correa a día de hoy sigue siendo la principal fuerza electoral y política, como lo certifican todas las encuestas publicadas en el país. Cuando se pregunta por “el candidato de Correa” de cara a la contienda presidencial, siempre sale como la primera opción. En estos años, la mala administración económica empobreció a la ciudadanía; hubo gran inestabilidad institucional -hasta el punto de tener cuatro vicepresidentes en este periodo-; la deficitaria gestión de la pandemia causó muchas muertes y mucho dolor. Y es que el sol no se puede tapar con un dedo. El fracaso del gobierno conjunto de Lenín y la Gran Alianza no puede esconderse echándole la culpa a Correa al mismo tiempo que se le persigue judicialmente. Intentarlo es asumir que la gente es tonta y, evidentemente, esto no es así. Muchas veces se asume erróneamente que un vaivén electoral implica que se borre totalmente la huella que deja un largo periodo de gobierno progresista. De hecho, en el caso ecuatoriano, ni siquiera Correa perdió las elecciones. Las ganó el correísmo con un programa electoral no neoliberal. La gente votó esa opción y luego fue Lenín quien tomó la dirección contraria. La mayoría ciudadana todavía recuerda con anhelo las mejores condiciones de vida en la era correísta, así como la gran transformación en cuanto a infraestructura. Seguramente no todo fue visto con buenos ojos, como ocurre en cualquier Gobierno, pero lo que sí es cierto es que el saldo de su gestión fue positivo, y aún lo es más si lo comparamos con estos años tan difíciles para la ciudadanía ecuatoriana. Correa todavía nuclea la política ecuatoriana. Pero sabe que no estará solo en la próxima disputa electoral presidencial de febrero del 2021. Todos irán contra él. Seguramente, el fenómeno político-electoral del voto útil en su contra se activará en los últimos meses de campaña. Y por esa razón se crea un frente progresista que amplíe las fronteras que tiene el propio correísmo: Unión por la Esperanza (UNES), que aglutina un gran conjunto de organizaciones sociales, campesinas, indígenas (Foro Permanente de Mujeres Ecuatorianas, Confederación de Pueblos y Organizaciones Indígenas Campesinas del Ecuador, Fuerza Rural y Productiva, Coalición Nacional por la Patria, Frente Patriótico Nacional y SurGente). La mesa está servida para decidir el futuro del Ecuador en los próximos años. A un lado, está la estrategia continuada de destrucción del correísmo sin resultados a la vista, y que ahora goza de poco tiempo para reinventarse; que debe elegir si continúa erre que erre con la “obsesión Correa” o si finalmente opta por plantear alternativas en positivo, tanto al correísmo como al desastre que ha supuesto el Gobierno de Lenín Moreno. El principal referente de este bloque es Otto Sonnenholzner (hasta hace poco vicepresidente), aunque también está el banquero Guillermo Lasso. Y al otro lado está la coalición UNES, que es una suma de espacios progresistas, agrupados por el rechazo al neoliberalismo en todas sus expresiones, en el que están el correísmo y otros muchos sectores de la sociedad. La estrategia de invisibilizar al correísmo no solo no funcionó, sino que además lo viene transformando en un espacio más amplio.

Fuente: Emir Sader | América Latina en Movimiento Fecha: 1° de julio de 2020 1. Brasil se encontraba en una situación de empate, un equilibrio entre el golpe y el impeachment. Ni Bolsonaro estaba en condiciones de dar el golpe, aunque sistemáticamente hizo amenazas, ni la oposición estaba en condiciones de imponer un impeachment. Bolsonaro estaba siendo cercado legalmente por el proceso de las fake news en contra de un hijo, la de movilizaciones antidemocráticas por el llamado gabinete del odio instalado en el mismo palacio presidencial y su propio proceso de anulación de las elecciones. Él moderó el lenguaje, buscando reanudar los lazos con el STF. La oposición, a su vez, perdió apoyos para el impeachment. Se instaló una especie de empate catastrófico, mientras el país sigue desmoronándose, tanto en términos de la crisis de la salud pública, como de las crisis económica y social. 2. El gobierno comenzó a sostenerse, con la partida de Moro y el tema de la lucha contra la corrupción, sobre el trípode: empresarios, militares y Centrao. El mantenimiento de Paulo Guedes garantiza el apoyo de la comunidad empresarial. El apoyo de los militares, con su incremento en el gobierno (hay más de 3.000) y la entrega del Ministerio de Salud. Y la alianza con Centrao, para tratar de evitar la destitución en el Congreso. 3. El arresto de Queiroz cambia el panorama político, con proyecciones incalculables. Debido al papel central que desempeñó en las finanzas de la pandilla y otras actividades, sus declaraciones y las de su esposa pueden revelar mecanismos de funcionamiento del núcleo familiar del poder que lo sacude públicamente. Bolsonaro se encogió, sus hijos también, en anticipación de las revelaciones. En el caso del ex abogado, Wassef, también hay una fuente de revelaciones incontrolables. Y necesito saber cuánto estas revelaciones sacuden el soporte de ese trípode. Centrao es el apoyo más incierto, aunque ya ha recibido grandes cargos en el gobierno, pero tiene menos cohesión interna. El único síntoma nuevo en los negocios es la aparición de una oposición en Fiesp. Los militares, que fueron marginados políticamente y se sintieron desmoralizados por la Comisión de la Verdad y encontraron a Bolsonaro para reclamar todas sus acciones: golpes de estado, tortura, torturadores, etc. Ingresó al gobierno debido a la falta de personal del gobierno de Bolsonaro, y su partido se vino abajo. Su ingreso al Ministerio de Salud es muy arriesgado, porque desempeña su papel como supuestamente buen gerente. No hubo deserción, excepto por parte del personal militar que Bolsonaro retiró del gobierno, debido a peleas ocasionales, que ahora hacen declaraciones críticas a Bolsonaro. Pero la situación ya está abierta. 4. Reaparece la especulación sobre el reemplazo de Bolsonaro por el vicepresidente Hamilton Mourao, pero es una operación muy arriesgada. La situación de Bolsonaro y sus hijos es tan frágil que saben que, si él deja el gobierno, todos corren el riesgo de ser arrestados y condenados. (Bolsonaro se da cuenta de que incluso Temer, que hizo todo lo que la derecha quería, en algún momento fue arrestado). Pero sería la mejor solución para la derecha (empresarios, medios de comunicación, poder judicial). El proceso de anulación de la lista elegida en 2018 está en marcha en el Poder Judicial,  que aparentemente tendría pocas posibilidades de prosperar.  Pero da la impresión de que la derecha no tiene un liderazgo centralizado, como lo hizo en las campañas electorales contra el PT, con el bloque de los principales propietarios de los medios funcionando como una especie de liderazgo de partido de la derecha. Hay un núcleo empresarial, militar y de partidos que sostiene a Bolsonaro. Los medios de comunicación se oponen francamente a él, pero no a su política económica. El STF encontró un espacio para sí mismo, poniendo límites a las más grandes arbitrariedades de Bolsonaro y apareciendo como si fuera el defensor del estado de derecho y la misma democracia  (después de haber sido fundamental en la ruptura de la democracia y en la victoria de Bolsonaro). La capacidad de gobernar Bolsonaro está restringida, con un gran número de iniciativas bloqueadas. Pero nada que obstaculice el funcionamiento de la política económica de Paulo Guedes. Tampoco la distribución de posiciones a los militares y al Centrao. 5. El principal problema para la izquierda es que las contradicciones en el campo de la derecha ocupan el centro de la política nacional, dejando a la izquierda como protagonista secundaria, presionada para tomar una posición entre los polos de la derecha. Por supuesto, su horizonte es Fuera Bolsonaro, pero hay sectores de la derecha que también se apoyan al impeachment. La izquierda se diferencia porque está en contra también de la política neoliberal y, además del Fuera Bolsonaro, también fuera el vice Mourao y Paulo Guedes. Pero el objetivo inmediato es sacar a Bolsonaro, porque él es responsable de las tres crisis que sufre el país: salud pública, económica y social y política. Con él,  Brasil no puede hacer nada y las personas sufren mucho más por el virus, la recesión y el desempleo. 6. El mayor obstáculo para el Fuera Bolsonaro es que no paga el precio ni de la pandemia ni de la recesión. Su discurso culpa a otros, como siempre lo hace. Su cansancio, debido a la investigación, se debe a las crisis políticas que genera, luchando con todos, por las acciones de sus hijos, por la falta de tranquilidad para el país, cansado de los conflictos. Para crear un clima nacional de no más a Bolsonaro, es necesario hacer que parezca culpable de la muerte de cada brasileño por minuto todos los días, de la depresión económica y la precariedad del trabajo, que ya llega a la mitad de la población brasileña. Los otros obstáculos – falta de 2/3 en el Congreso, obstáculos legales y otros – pueden superarse, si se puede crear un clima nacional contra Bolsonaro, hacerlo culpable, frente a la gran mayoría de la población, por los males que vive Brasil , para el peor momento que ha vivido el país.

Fuente: Eduardo Sincofsky | Nueva Sión Fecha: 24 de junio de 2020 ¿Puede un judío apoyar un gobierno de tinte ultraderechista, que hasta ha tomado algunos rasgos discursivos del nazismo? ¿Puede el rechazo al comunismo y la ideología del libre mercado llevar a este extremo? Si bien no puede pensarse homogéneamente a la comunidad judía brasileña como “pro Bolso”, parte de ella se ha posicionado como una aliada estratégica, lo cual se vio reforzado desde lo simbólico por la excelente relación con el gobierno de Netanyahu, y por la apropiación por parte de algunos grupos de la bandera de Israel, exhibida en manifestaciones que piden intervención militar y el cierre de la Corte Suprema.Por Eduardo Sincofsky Cada vez más frecuentes, diversos paralelos son trazados sobre la Alemania de Hitler y el Brasil actual de Bolsonaro. En su mayoría, refieren a las coincidencias en las condiciones del momento actual en Brasil y el ascenso de Hitler al poder. Fue lo que dijo el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Brasil, Celso de Mello, en una carta a sus colegas para alertar sobre el riesgo de un rompimiento inminente del orden democrático en Brasil. Suena alarmante, pero fue escrito por el decano de la Corte a sus pares el domingo 31/5.Paradójicamente, miembros del actual gobierno usaron recientemente referencias al nazismo, en este caso para criticar acciones de la justicia o la cuarentena social. El canciller Ernesto Araujo comparó las medidas de aislamiento social contra el coronavirus con los campos de concentración nazis. El ahora exministro de Educación, Abraham Weintraub, comparó el pedido de allanamiento a empresarios y figuras influyentes próximas al gobierno con la Noche de los Cristales Rotos. “Hoy fue el día de la infamia, vergüenza nacional, y será recordado como la Noche de Los Cristales brasilera… Profanaron nuestros hogares y nos están sofocando. ¿Saben qué dirá la prensa oligarca/socialista? SIEG HEIL!”. Eterna victoria del desprecio a la memoria. Es probable que el exministro sepa poco acerca de lo que fue ese evento trágico. Lo usa como mera frase de impacto, desprovisto de toda empatía y cualquier respeto por la memoria del pueblo judío. Hay algo perverso en esa narrativa. Siendo él de origen judío, sabe que esa frase causará más ruido, y el efecto multiplicador será mayor, independientemente de a quien hiera. Paradojas del destino, Weintraub renunció este jueves 18 de junio, y al día siguiente se subió a un avión con destino a los Estados Unidos, usufructuando aun del pasaporte de ministro (su salida solo fue publicada en el diario oficial el sábado 20 de junio, una vez que ya estaba en suelo norteamericano), estatus casi diplomatico, única vía de entrada para brasileros en la actual situación de pandemia. Bolso y BibiNo son pocos los que ligan al gobierno de Bolsonaro con Israel en particular, y los judíos en general. Y aquí la historia gana complejidad. Bolsonaro y Netanyuahu tejieron desde el inicio una relación estrecha: Bibi estuvo en la asunción del brasileño -convirtiéndolo en el primer premier israelí que visita estas tierras- y Bolsonaro retribuyó siendo uno de los primeros países al que viajó en su presidencia. Brasil votó junto con Israel y Estados Unidos de forma contraria a la resolución que pedía el fin del embargo a Cuba y se abstuvo de votar contra la posición que condenaba los asentamientos israelíes en partes de Jerusalén y las Colinas del Golan. Bolsonaro prometió varias veces mudar la Embajada a Jerusalén, y aun no lo concretó. Se dice que por presiones del alto empresariado brasilero, que tiene negocios importantes con el mundo árabe, y no quería correr el riesgo de sumar más leña al fuego de una relación ya controversial.La imagen de las banderas de Israel flameando en los actos que piden intervención militar y el cierre de la Corte Suprema es una constante. Es triste y causa estupor, puede decirse que es una apropiación de un símbolo por parte de la derecha, y también de evangélicos que apoyan al actual gobierno. Esa aproximación generó diversos actos de repudio de las instituciones de la comunidad judía brasilera, preocupadas con la vinculación de un gobierno que camina a la deriva con la imagen de Israel. Y si las banderas de Israel están presentes en los actos golpistas, las de Palestina flamearon el fin de semana pasado en San Pablo y Río de Janeiro en actos pro democracia y a favor de la lucha anti racial, promovidos por amplios sectores transversales de la sociedad, desde movimientos que apoyan la causa negra, hinchadas de clubes de fútbol y partidos de izquierda. El hecho que salta a la vista es la estigmatización de Israel por su proximidad con este gobierno ultraderechista.«Bolsonaro es un católico que anda para arriba y para abajo con la bandera de Israel… Es para saber de dónde viene el dinero del financiamiento«, dijo en mayo el verborragico Ciro Gomes, exministro de Lula y Fernando Henrique Cardoso, en un desliz cercano al antisemitismo.Bolsonaro tiene dos funcionarios de origen judío en el alto escalón de su gobierno. El ya mencionado exministro de Educación, el economista Abraham Weintraub -de padre judío, a pesar de él reconocerse de grande como católico-, y el exsecretario de comunicación Fabio Wajgarten, actual viceministro del recientemente creado Ministerio de Comunicaciones. El primero tiene un altísimo perfil, conocido por sus provocaciones constantes a la comunidad educativa. Dijo que hacían “barbuldia” (lunfardo similar a “quilombo” en Argentina), que “plantaban marihuana” y también “no quiero sociólogos, antropólogos o filósofos con mi dinero”. También generó un incidente diplomático con tintes racistas con China (se burló de la pronunciación de las “l”) y sus horrores de ortografía, además de su lista de sus dislates, es larga.Weintraub expresa el pensamiento ideológico extremo de Bolsonaro. Su última acción como ministro, este viernes 19, sintetiza su pensamiento: eliminó las cuotas en universidades públicas para personas negras y de origen indígena, una vieja reivindicación para tratar de garantizar espacios en la universidad a sectores postergados de la sociedad. ¿Qué diría Paulo Freire viendo a un ministro

Fuente: Andrés Gaudín | Tiempo Argentino Fecha: 21 de junio de 2020 Cuando al llegar al día 102 de existencia, un presidente que fue elegido para gobernar por cinco años tiene ministros que renuncian, otros que pisotean la quintita de sus pares, altos funcionarios destituidos por exabruptos varios y actos de dudosa moralidad, todo sumado indica que ese gobierno está en problemas. Eso es lo que le pasa al uruguayo Luis Lacalle Pou, que no tuvo ni el respiro de los 100 días de jubileo que se le ofrecen a todo nuevo gobernante. Ni el cardenal Daniel Sturla le ha dado un respiro a él, que es un católico de esos que andan por el mundo con la Biblia en el bolsillo y el rosario al cuello. “Parece que para el gobierno –dijo Sturla– Dios no es útil. Se acerca el Día de la Madre y se abren los shoppings para que haya movimiento de dinero. No se abren los templos”. Ya que transita esa especie de fase de degradación, que no es desintegración todavía, qué le hace una mancha más al tigre. De ahí que, sin pruritos, sus funcionarios reivindiquen a los torturadores, desacrediten a la Justicia por juzgar a militares y validen la obediencia debida y la teoría de los dos demonios. Como si no bastara, ya adelantaron que impulsarán una amnistía general en beneficio de los responsables de crímenes de lesa humanidad, que todavía son muchos y siguen andando por las calles. Y lo grave es que a la cabeza de todo está el propio ministro de Defensa, Javier García, y que sus peores juicios sean lanzados, como pedrada, a la salida de sus reuniones tête à tête con Lacalle. Ante la sociedad quizás lo más resonante sea el anticipo de una renuncia a futuro del canciller Ernesto Talvi, un colorado en el gabinete del presidente blanco de un gobierno multicolor. Dejará ese codiciado cargo para “ir a jugar en un lado más ancho de la cancha”. Cree que “hay otros lugares donde el país nos necesita”. Era esperable que hubiera deserciones en un gobierno de ocasión, producto de la suma de intereses de cinco partidos y partiditos unidos por el odio al progresismo político encarnado por el Frente Amplio, que también es una coalición pero de partidos con una misma matriz ideológica. El anuncio de Talvi se dio en un marco espectacular. En la Administración Nacional de Puertos, el capitán Gastón Bianchi debió renunciar antes de asumir. Lo nombraron un día y al otro se fue tras decir que al ministro de Obras Públicas, Alberto Heber, “lo único que le interesa es la evolución de su cuenta bancaria”, que el de Desarrollo Social, Pablo Mieres, “es un roedor”, que los legisladores “son una pléyade de cerdos castrados” (¿?), que la Justicia es “un mamarracho”, que las feministas son “unos ballenatos y cachalotes de higiene deficitaria”, que los dirigentes sindicales “son todos lameculos” y que hay que “proscribir al FA”. Lacalle no dijo nada. Como si los cargos fueran de propiedad de los partidos, el que anunció la salida del capitán y designó al reemplazante fue Cabildo Abierto, el partido de ultraderecha pro nazi formado por militares. La lista es larga. El director de la Corporación Nacional para el Desarrollo, Miguel Loinaz, debió renunciar tras una denuncia periodística que detalló el contrato de su mujer, a la que le acondicionó un despacho especial para que desde la Corporación le llevara los asuntos de su cotizado buffet de abogados. Loinaz, que duró 41 días.Lacalle no dijo nada, como tampoco habló cuando a los 43 días de su designación se fue Guillermo Iglesias de la presidencia de la telefónica ANTEL. A los presagios sobre la reivindicación de la dictadura (1973-85) se les agregan múltiples gestos que apuntan al afianzamiento de la ultraderecha (ver aparte). El martes 16, el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, “El Guapo”, pasando por encima de Desarrollo Social anunció que la policía desalojará, a como sea, a los sin techo, “simplemente porque no se puede tomar los pórticos de los edificios, tirar un nylon en el piso y usarlo como habitación”. Desalojo sobre desalojo. En el mismo acto, y por encima de la Cancillería, mezcló a los sin techo con los narcotraficantes para revelar que está haciendo “contactos reservados” para que se instalen en el país la DEA norteamericana y “otras agencias internacionales de seguridad”. Por ahora, Lacalle tampoco se ha definido. El inspector Castiglini Hace cuatro años el gobierno de Tabaré Vázquez y la comisión de víctimas y familiares de perseguidos por la dictadura colocaron una placa de la memoria en la sede de la Dirección de Información e Inteligencia (DNII), en Montevideo, donde la dictadura organizó el espionaje y la persecución de los ciudadanos. La DNII operaba  bajo la conducción del inspector Víctor Castiglioni, un policía formado en Estados Unidos y definido como “el más sanguinario de todos”. En aquella ocasión también se cambió el nombre del salón de actos, que llevaba el nombre del torturador. En medio del avance de la ultraderecha, el martes 16 el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, participó del acto de homenaje en el que se restituyó el nombre al salón de ceremonias, que volvió a llamarse Víctor Castiglioni. El senador blanco Jorge Gandini, que en 1984 fue brutalmente interrogado allí por Castiglini, repudió el acto de homenaje y dijo que “no hay razones que expliquen por qué se le rinden honores a este siniestro personaje”. El viernes, ante el aluvión de los repudios y sin ninguna autocrítica, el gobierno dio marcha atrás.