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Nuevo intento de golpe contra presidente Maduro

Fuente: Geraldina Colotti | Coloinet.com Fecha: 27 junio 2019 Prender fuego a todo y mostrar al mundo el cuerpo de Maduro y de Cabello como trofeos. Este era el plan puesto en marcha por la oposición golpista venezolana para derribar al gobierno bolivariano y desencadenar una guerra civil. La rueda de prensa del Ministro de Comunicación venezolano, Jorge Rodríguez, no deja lugar a dudas. Muestra claramente la cadena de complicidad internacional que impulsa los intentos desestabilizadores, y que los halcones del Pentágono y los gobiernos vasallos como el de Duque en Colombia anuncian casi cada día. Deberíamos traducir los videos, los discursos, las confesiones, la evidencia incontrovertible, en todos los idiomas de los países cuyos gobiernos apoyan al autoproclamado Juan Guaidó y que les gustaría ver esta camarilla de ratones voraces mandando en Venezuela. Los diversos organismos de «derechos humanos» que consideran a estos asesinos como «presos de opinión» o «demócratas que luchan contra la dictadura» deberían ser obligados a escuchar sus intenciones de sus vivas voces, recogidas y grabadas por aquellos patriotas que han puesto sus vidas en peligro por hacerlo. Mostrar al mundo de qué están hechos estos campeones de la democracia burguesa. En los videos mostrados por Rodríguez con la calma y precisión usuales, se los escucha planear masacres como si estuvieran pescando. Planean matar al «95% de los generales», organizan los asesinatos selectivos de líderes de organizaciones sociales, de médicos, deportistas e intelectuales cubanos que está en Venezuela. Los asesinos destinados a sacar a Nicolás Maduro, Cilia Flores, Diosdado Cabello, son israelíes y provienen de Colombia, que tiene una experiencia sangrienta que vender en el sector. Los otros francotiradores se encuentran en el interior del país, en las zonas grises de policías, soldados y servicios secretos retirados que son enemigos del proyecto humanista bolivariano, que se centra en la paz con justicia social y no en la resolución militar de conflictos sociales e internacionales. Los videos muestran el choque de todos contra todos que existe dentro de estos grupos golpistas y que confirman lo que fue filtrado por la conversación de John Bolton, según el cual habría unos 40 aspirantes a la presidencia venezolana, una vez que derrocarán a Maduro. Aquí vemos a al menos tres de ellos actuando: el autoproclamado Guaidó, el ex general Baduel aún en prisión y el habitual Leopoldo López. Todos decidieron fabricar sus zapatos para perseguir un único objetivo: conseguir el botín o sea los inmensos recursos de Venezuela. Grandes jactanciosos, pero que disfrutan de la complicidad en los niveles más altos. En un momento dado, uno de los principales conspiradores, Eduardo José Báez Torrealba, asegura que cuenta con apoyo dentro de la ONU, sostiene que después del planeado y espectacular asesinato de Maduro, habrá un gran respaldo internacional: desde los EE. UU., por supuesto, y desde el Grupo de Lima, y por el «Instituto IDEA, donde 37 presidentes -dice- justificarán nuestra acción». Sin embargo, Torrealba también menciona al Nuncio Apostólico. Y Jorge Rodríguez pregunta: «¿Sabe el Nuncio Apostólico que Torrealba lo cita de esta manera? ¿Qué dicen las embajadas de República Dominicana, Panamá y Colombia desde donde se estarían actuando estos planes? ¿Y qué esperan estos asesinos, esperan que el Secretario General de la ONU los aplauda? ¿Conoce Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos? ¿Lo sabe el gobierno italiano? El impresentable secretario general de la OEA, Luis Almagro, seguro que lo sabe, dado que los golpistas les está apoyando directamente: como lo está haciendo ahora en una reunión especial de la OEA en Medellín, donde sigue acusando a Maduro de violar los derechos humanos… Los videos muestran claramente la razón de las deserciones, el cobarde escape a Washington o en las embajadas española y latinoamericanas de estos «héroes» con una billetera hinchada y un alma siniestra: dinero, ríos de dólares pagados por la audaz fuga del ex comisario Simonovis, bajo casa por cárcel debido a «9 enfermedades crónicas», o el ex jefe del Sebin Cristopher Figuera, ahorita lacayo de los Estados Unidos. Traidores, dedicados al dinero y no a la bandera. Si no han tenido éxito hasta ahora, es gracias a los «anticuerpos» que existen en la revolución bolivariana. Jorge Rodríguez citó algunos, que se derivan de la conciencia del pueblo bolivariano: la lealtad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y la alta capacidad de investigación e inteligencia popular, que permitió frustrar este nuevo intento de golpe de Estado, controlando los movimientos de conspiradores desde adentro, y durante meses. La fuerza de los ideales contra la intriga, la fuerza de la revolución contra la del capital. Para aquellos que deseen tener una idea directa, el video completo de la rueda de prensa del Ministro Rodríguez está disponible en YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=ODSmn-8s2PU Revisión de la versión en castellano Gabriela Pereira

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LAVA JATO GLOBAL – Supremacismo 2.0 en tiempos de guerras económicas y comerciales

Fuente:  Jorge Elbaum | El cohete a la luna Fecha: 16 junio 2019 La publicación de tres notas en el portal The Intercept, firmadas por Glenn Greenwald y Victor Pouggy, han vuelto a poner en evidencia la tríada de dispositivos básicos utilizados para disciplinar a diferentes actores políticos y económicos latinoamericanos, considerados como reacios a someterse a los mandatos de la lógica monopólica trasnacional. [1] El divulgación de los intercambios realizados a través de la plataforma Telegram, entre el juez Sergio Moro y el fiscal Deltan Dallagnol, son inentendibles por fuera del entramado estructural que implicó el origen de la investigación del Lava Jato, el golpe de Estado contra Dilma Rousseff, la posterior detención de Lula Da Silva y las simultáneas persecuciones a dirigentes políticos populares en América Latina, entre ellas Cristina Fernández de Kirchner y Rafael Correa. La ofensiva busca garantizar la supremacía de los intereses estratégicos de quienes se perciben como desafiados por la emergencia de actores estatales o corporativos dinámicos, capaces de disputar espacios de influencia o preponderancia política y económica, y/o de diluir o debilitar la histórica aspiración de control geopolítico estadounidense. El denominado Lava Jato tuvo su origen en la aplicación de la Ley de Prácticas de Corrupción en el Exterior (FCPA, por su sigla en inglés), motorizada y aplicada por el Departamento de Justicia (DOJ) con sede en Washington. Bajo esa norma doméstica, aprobada en 1977, el gobierno de Estados Unidos se arroga la persecución de todos los empresarios y políticos que interfieren (en la actualidad o en forma potencial) en la supremacía de las cadenas de valor coordinadas por las corporaciones trasnacionales monopólicas. En ese marco, cualquier empresa que cotiza en la bolsa de Nueva York, que posee cuentas bancarias en su territorio, tarjetas de crédito o que registra interacciones con alguna empresa radicada en Estados Unidos, puede ser investigada o perseguida, a nivel local o extraterritorial, por el largo brazo de la justicia de la DOJ, sin mediar acuerdos de extradición u otros protocolos jurídicos bilaterales. Esta legislación autoriza a Washington a una literal jurisdicción internacional, ajena al derecho internacional, para perseguir delitos reales o ficticios de corrupción. Dado que es infrecuente la existencia de empresas o particulares que carecen de interacciones a través de cuentas o tarjetas de crédito cuya terminal es Estados Unidos, el mundo entero es pasible de ser espiado, interferido o interdicto. El portal The Intercept, fundado y dirigido por Greenwald, residente desde hace 14 años en Río de Janeiro, fue el encargado de hacer públicas, junto al diario The Guardian en 2013, las operaciones de espionaje realizadas por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) contra la entonces Presidenta brasileña Dilma Rousseff y la empresa Petrobras, entre otras.[2] Los documentos divulgados, recabados originalmente por el contratista de la NSA Edward Snowden, daban cuenta con lujo de detalles del entramado de investigaciones ilegales articuladas por las distintas agencias de inteligencia y las empresas internacionales de telecomunicaciones, las proveedoras de internet y los responsables de la infraestructura de redes.[3] Para acceder a las comunicaciones encriptadas de los gobiernos y de las empresas consideradas antagonistas (o capaces de desafiar la hegemonía corporativa estadounidense), la NSA desarrolló los programas PRISM, FAIRVIEW y BLARNEY, idóneos para interceptar comunicaciones, datos encriptados e imágenes provenientes de redes de todo el mundo [4]. Estas aplicaciones, que son actualizadas en forma permanente para sortear contrafuegos y detectores de interferencias, fueron utilizadas tanto para relevar  las conversaciones de la Presidenta de Brasil como para examinar las operaciones comerciales llevadas a cabo por distintas empresas brasileñas con aspiraciones trasnacionales, entre ellas Odebrecht y Petrobras. Dicha información permitió, gracias a los datos suministrados (o manipulados) por la DOJ, el desmantelamiento de las multinacionales brasileñas y el reparto de las distintas licitaciones entre candorosas empresas estadounidenses que poseen el hándicap de no ser espiadas por la Ley de Prácticas de Corrupción en el Exterior (FCPA). A nivel doméstico, las corporaciones estadounidenses están resguardadas por la IV Enmienda y la Informational Privacy Act, conocida como Privacy Act 124, relativas a la protección de datos, no pasibles de ser registrados por la autoridad pública sin una orden judicial previa fundamentada [5]. Una voz en el teléfono Los datos provistos por la NSA que divulgaban los secretos comerciales de Petrobras (nada originales, cotejados con otras gestiones corporativas de empresas de hidrocarburos a nivel global) fueron esgrimidos para derogar en Brasil, en 2017, la Ley 4567, aprobada durante el gobierno del PT, mediante la cual se garantizaba la exclusividad de la explotación del crudo por parte de la empresa estatal. Desde ese momento, gracias a la labor de Michel Temer, refrendada luego por Bolsonaro, lo que pertenecía a la sociedad brasileña pasó a ser extraído, operado y comercializado por Chevron y Royal Dutch Shell. Dos corporaciones en las que sobreabundan los capitales accionarios cuyos titulares son fondos especulativos radicados básicamente en Estados Unidos y en el Reino Unido. Paradójicamente los mismos paquetes accionarios tienen presencia en las mismas empresas de telecomunicaciones, cooperantes de la NSA, con la que se llevaron a cabo las labores de espionaje [6]. En forma sincrónica, las plataformas del tipo FPSO (Unidades flotantes de producción, almacenamiento y transferencia de petróleo y gas) ancladas a unos 200 kilómetros de la costa de Río de Janeiro, cuadruplicaron las existencias del recurso: de los 40.000 millones de barriles conjeturados para 2013 se pasaron a contabilizar pozos capaces de producir 176.000 millones. Dicha cifra, divulgada por el Instituto Nacional de Aceite y Gas de la Universidad Estadual de Rio de Janeiro, equivale a cinco años del total del consumo mundial. La ventaja extra radica en su costo de extracción: alrededor de 8 dólares por barril, muy por debajo del valor promedio de la producción mundial [7]. Otro tanto sucedió con la empresa Embraer, que fue adquirida por Boeing en un 80 %, de su valor accionario (por un monto de U$S 4.200 millones) después de un sistemático esquema de espionaje gestionado por la NSA para impedirle a la empresa estatal brasileña la realización de acuerdos con corporaciones europeas y asiáticas. Dicha operación, ejecutada mediante la aplicación de espionaje ECHELON,

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¿Fin de cuál ciclo?

Fuente: Atilio Borón | Telesur HD Fecha: 10 junio 2019 Fueron muchas y muchos los que a mediados de esta década y en coincidencia  -¿casual, involuntaria?- con el despliegue de la ofensiva restauradora del imperio se apresuraron a anunciar el “fin del ciclo” progresista en Latinoamérica. La derrota del kirchnerismo en el 2015 y el ilegal e ilegítimo derrocamiento de Dilma Rousseff en 2016 así como el grotesco juicio y encarcelamiento de Lula aparecían como signos inequívocos del inicio de un nuevo ciclo histórico. Sólo que los profetas de esta epifanía jamás se aventuraron a arriesgar algo muy elemental: ¿qué venía después? Terminaba un ciclo, bien, pero: ¿quería esto decir que comenzaba otro? Silencio absoluto.  Dos alternativas. O bien adherían a las tesis de Francis Fukuyama sobre el fin de la historia, cosa absurda si las hay; o como los más audaces insinuaban, con fingida preocupación, estábamos al comienzo de un ciclo largo de gobiernos de derecha. Digo fingida porque, hipercríticos con los gobiernos del ciclo supuestamente en bancarrota in pectore preferían la llegada de una derecha pura y dura que, supuestamente, acentuaría las contradicciones del sistema y mágicamente abriría la puerta a quien sabe qué … porque, sorprendentemente, ninguno de esos acerbos críticos del ciclo progresista hablaba de revolución socialista o comunista, o de la necesidad de profundizar la lucha antiimperialista. Por lo tanto, su argumento meramente retórico y academicista moría en la mera certificación del presunto cierre de una etapa y nada más. Ahora bien: todos esos discursos se derrumbaron abruptamente en las últimas semanas.  En realidad, ya venían cuesta abajo desde el inesperado triunfo de López Obrador en México y su tardía incorporación al “ciclo progresista”. Su victoria demostraba que si bien herido seriamente éste no había muerto. La debacle del macrismo y su casi segura derrota en las presidenciales de octubre de este año y la reciente revelación de las ilegales e inmorales argucias fraguadas entre el corrupto juez Sergio Moro y los fiscales del poder judicial brasileño para enviar a la cárcel a Lula asestan un duro golpe a los dos puntales sobre los cuales reposaba el inicio del supuesto ciclo “pos-progresista”. En la Argentina los macristas esperan lo peor, sabiendo que sólo un milagro los salvaría de una derrota. Y Bolsonaro está al borde del abismo por la crisis económica del Brasil y por haber designado como super-ministro de justicia a un letrado inescrupuloso que da un rotundo mentís a su pretensión de ofrecer un gobierno transparente, impoluto, inspirado en los más elevados principios morales del cristianismo que le inculcaron los pastores de la iglesia evangélica cuando -apropiada y oportunistamente- lo rebautizaron en el río Jordán como Jair “Mesías” Bolsonaro. Las filtraciones de los chateos por WhatsApp y conversaciones entre Moro y los fiscales dadas a conocer por The Intercept , amén de las múltiples denuncias por corrupción en su contra y sus hijos, revelan que este santo varón llamado a lavar de sus pecados a la política brasileña no es otra cosa que el jefe de una banda delictiva, un impostor, un charlatán de feria, un energúmeno cuyos días en el Palacio del Planalto parecen estar contados. Y mantener a Lula en prisión será cada día más difícil habida cuenta de la farsa jurídica perpetrada en su contra y ahora exhibida a plena luz del día. Y Lula libre es un peligro de marca mayor para el actual gobierno de Brasil. ¿Se trata de que sólo Argentina y Brasil están incumpliendo con los pronósticos de los teóricos del “fin de ciclo”? No. ¿Qué decir del desastre colombiano, una verdadera “dictablanda” pseudoconstitucional donde según el tradicional periódico El Tiempo “durante los primeros 100 días de mandato del presidente Iván Duque se han registrado 120 asesinatos de líderes”, un baño de sangre comparable o peor que el de las dictaduras que asolaron países como Argentina, Brasil, Chile y Uruguay  en los setentas y ochentas (https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/el-mapa-de-los-lideres-sociales-asesinados-en-colombia-184408). Y qué decir del caso del Perú, en donde todos sus ex presidentes desde 1980 (Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Alan García están presos, fugados o suicidados, lo que junto con la catástrofe colombiana y la deserción de México humedeció irreparablemente la poca pólvora que quedaba  en manos del “Cartel de Lima” como lacayo regional del Calígula estadounidense. Mismo el caso chileno no está exento de dudas toda vez que la deslegitimación de su sistema político ha llegado a niveles sin precedentes. En efecto, ante la escandalosa capitulación de esa frágil democracia frente a los grandes intereses corporativos, en cuyo nombre exclusivamente se gobierna,  la mayoría de la población adulta ha optado por el abstencionismo electoral con el consecuente vaciamiento del proyecto democrático.  En pocas palabras: lo que supuestamente vendría una vez consumado el agotamiento del “ciclo progresista” es por lo menos problemático y está muy lejos de constituir una alternativa superadora del “extractivismo” o el “populismo” que supuestamente habrían caracterizado los gobiernos precedentes. Lo anterior no debe interpretarse como una aseveración de que el ciclo iniciado con el triunfo de Chávez en las presidenciales de Diciembre de 1998 en Venezuela prosigue su marcha imperturbable. Mucho ha sufrido en los últimos tiempos. El cambio en el clima económico internacional le juega en contra; la obra de destrucción llevada a cabo por Macri, Piñera, Duque, Bolsonaro y la infame traición de Moreno, esa verdadera “armada Brancaleone” que Trump y su predecesor instalaron en Latinoamérica, ha socavado muchos de los avances del pasado. Pero la realidad es porfiada y un traspié no es derrota, como tampoco lo es un retroceso puntual.  El viejo topo de la historia prosigue incansable su labor, favorecido por la exasperación de las contradicciones de un capitalismo cada vez más salvaje y predatorio. La larga marcha por la emancipación de nuestros pueblos -que nunca fue lineal e invariablemente ascendente- sigue su curso y acabará por desalojar a esos gobiernos entreguistas, reaccionarios y cipayos que hoy agobian a Latinoamérica y nos avergüenzan ante el mundo. Y no habrá que esperar mucho para verlo.

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Exclusivo: Gobierno argentino inicia operación de saqueo a bienes de PDVSA en ese país

Fuente:  http://misionverdad.com/venezuela Fecha: 29 May 2019 El pasado 23 de marzo, diversas instancias del gobierno argentino han concretado un conjunto de acciones coercitivas y unilaterales contra Venezuela, que han comprometido las operaciones de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en ese país. Ha trascendido en medios argentinos el cierre forzado de las operaciones de la empresa Petrolera del Conosur S. A. (PCSA), una sociedad de propiedad del Estado venezolano bajo la regencia de PDVSA América, filial continental de PDVSA en la región. Dicha empresa consta de una planta de distribución de combustibles y un conjunto de instalaciones conexas que ha facilitado el suministro a unas 70 gasolineras en suelo argentino, y fue fundada en tiempos de actividad expansiva de PDVSA durante el gobierno del presidente Hugo Chávez, siendo además integrante del holding de compañías venezolanas que, en el extranjero, están siendo objeto de sanciones, presiones, saqueos y actos previos a su congelamiento, inhabilitación o confiscación de facto. EN CONTEXTO, EL BOICOT A PETROLERA DEL CONOSUR Desde enero de este año, las acciones concretas desde Washington contra PDVSA y sus activos en el extranjero han consistido en el congelamiento de activos financieros, cuentas bancarias y activos físicos. Misión Verdad ha tenido acceso a fuentes que han subrayado que, desde el mes de enero, las cuentas bancarias de PDVSA América y sus empresas, entre ellas PCSA, han sido cerradas por bancos argentinos al apegarse a las acciones ordenadas desde el Departamento del Tesoro estadounidense y a las peticiones que la «representante de Juan Guaidó» en Argentina, Elisa Trotta Gamus, ha venido exigiendo. En consecuencia, al verse inhabilitadas las posibilidades de uso de los servicios bancarios, desde el mes de febrero las operaciones de PCSA se han ido a pique. Dicha empresa también se ha visto imposibilitada para efectuar el pago de arrendamiento de la instalación portuaria donde se encuentra, concretamente el puerto Dock Sud en la Provincia de Buenos Aires, lugar donde está apostada la planta de combustibles propiedad de PCSA. El monto de deuda acumulando es de 35 mil dólares estadounidenses. Ahora, la actividad portuaria, sujeta a la autoridad Provincial bajo el mando de la macrista María Eugenia Vidal, ha procedido a violentar los candados, ingresar a las instalaciones de PCSA y ha impedido el ingreso de personal a dicha planta, alegando el inmediato desalojo de las instalaciones por «impago». Las autoridades del puerto de Dock Sud procedieron al levantamiento de un acta y se decretó que tal lugar era ahora un «Predio Recuperado». La planta de llenado de combustibles de PCSA había aletargado sus operaciones en los últimos meses y se habían generado serias dificultades para el pago de personal desde el mes de febrero, producto precisamente de la imposibilidad de hacer efectivas las transacciones por el congelamiento de cuentas que las autoridades argentinas ordenaron sobre estas empresas. Por otro lado, las autoridades del puerto bonaerense Dock Sud, a expensas de la deuda de 35 mil dólares y mediante su medida de desalojo, han comprometido los activos de PCSA calculados en un valor de casi 200 mil dólares, un hecho que puede considerarse un robo a los activos soberanos de Venezuela. OPERADORES DEL BOICOT Fuentes indicaron a Misión Verdad que, previo a estos eventos, Elisa Trotta Gamus, ex empleada de la administración pública argentina y ahora «Embajadora» del gobierno de Guaidó en la nación sureña, se había comunicado con las entidades bancarias relacionadas con PCSA para instarles a cerrar las cuentas bancarias de esa empresa, solicitándoles apegarse a las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro estadounidense. Varias de estas entidades accedieron a ello, pues también se plegaron a la posición del gobierno de Mauricio Macri, el cual reconoce a las «autoridades» impuestas por Juan Guaidó. Misión Verdad también tuvo acceso a una comunicación que fuera redactada por María Eugenia Talerico, vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera, ente adscrito al gobierno central argentino, quien mediante oficio fechado en enero de este año estableció una medida de «Alerta a los Sujetos Obligados sobre Operaciones con o Vinculados al Gobierno Ilegítimo de Venezuela». Dicha orden dirigida a todos los sujetos de derecho en Argentina, infiere el desarrollo de una cacería de brujas, o el seguimiento de toda operación de personas jurídicas en ese país, con personas, empresas e instituciones venezolanas bajo la dirección del gobierno del presidente Nicolás Maduro. La comunicación advierte sobre «los riesgos en los que podrían incurrir si realizan operaciones con el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro y su entorno o con cualquier entidad pública, o empresa de propiedad, o bajo el control del Estado venezolano, sin el aval de la Asamblea Nacional» de Venezuela, dice textual. La instrucción del Centro de Información Financiera -una instancia punitiva y reguladora en ese país- constituye un ultimátum que justifica el cierre de cuentas bancarias de PSCA y de PDVSA América en Argentina por parte de los bancos argentinos, factor causal del impago y ahora desalojo de la planta de combustibles. Por su parte, Nicolás Dujovne, responsable del Ministerio de Hacienda de Argentina, había ejecutado previamente la acción de suprimir a la filial estatal venezolana PSCA del registro de empresas petroleras, acorde a una decisión de la Dirección Nacional de Refinación y Comercialización de ese país, situación que había complicado la capacidad de maniobra de PSCA en suelo argentino. Ello reviste en una acción de inhabilitación jurídica, como hecho relevante de boicot a PDVSA en ese país. EL PROTO-ESTADO VENEZOLANO EN EL EXTRANJERO Las acciones lesivas al interés venezolano que ahora tienen lugar en Argentina, son réplica de acciones similares y de diversa índole que están teniendo lugar en otros países. Se trata de acciones concretas de control, confiscación o inhabilitación de bienes pertenecientes a PDVSA y al Estado venezolano. Como registro de estos eventos, ha tenido lugar la captura de CITGO Petróleum Corporation, filial venezolana en suelo estadounidense, refinadora y distribuidora de combustibles a más de 7 mil gasolineras de su propiedad en suelo estadounidense. Una operación en la que el «Embajador» de Juan Guaidó en Estados Unidos, Carlos Vecchio, ha sido un actor clave. El pasado 27 de mayo el también «Embajador» de Guaidó en

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Las seis cartas de la guerra híbrida

Fuente: Jorge Elbaum | El cohete a la luna Fecha: 05 de MAY 2019 El nuevo fracaso de Donald Trump, Juan Guaidó y el languidecido Grupo de Lima, incrementa los niveles de tensión y conflictividad en Latinoamérica. Las reiteradas amenazas de invasión manifestadas por referentes políticos republicanos, sumados a las continuas frustraciones padecidas por quienes buscan el colapso interno de Venezuela, extienden la inestabilidad social en una de las regiones, hasta ahora, más pacificas del mundo. Los continuos discursos belicistas proferidos por el Departamento de Estado buscan imponer una salida distante y ajena a toda negociaciones política y diplomática. Su insistencia se sustenta en el denominado Hexahedron Program, diagramado por asesores de John Bolton en las oficinas del Harry S. Truman Building ubicadas en el distrito de Columbia. Su objetivo declarado es la recuperación del control comercial de los recursos naturales y el desvanecimiento de los crecientes vínculos diplomáticos, económicos y militares de Caracas con Moscú y Beijing. El Hexahedron Program incluye 6 fases que pueden ejecutarse en forma continua, en etapas sucesivas, o en formatos yuxtapuestos. Sus basamentos: (a) el golpe de Estado clásico, en este caso a ser ejecutado por Fuerzas Armadas venezolanas; (b) la incursión bélica interestatal a ser implementada desde países limítrofes (Colombia y/o Brasil, prioritariamente) en el formato de guerra fronteriza; (c) el colapso económico (implosión) provocado por el bloqueo y el ahogamiento comercial y financiero: (d) la generalización de una guerra civil capaz de legitimar una intervención humanitaria; (e) la irrupción de un modelo de “contras” efectuado con el apoyo de mercenarios en clara reminiscencia de Bahía de los Cochinos o de la recordada triangulación Irán-Contras en Nicaragua; y (f) El bombardeo y/o invasión directa por parte de Washington del tipo Granada o Panamá. Cada lado del hexágono tiene antecedentes históricos recientes en relación al rol jugado por Washington en América Latina desde el fin de la Primera Guerra. Pero todos ellos se tropiezan con particulares resistencias obstinadas en el caso venezolano, sumadas a una mutación del escenario internacional que tiende en forma paulatina a niveles crecientes de multipolaridad. El primer modelo se intentó llevar a cabo en 2002, cuando el ex Presidente Hugo Chávez profundizó la política de nacionalizaciones de la infraestructura y la expulsión de las bases del Pentágono en su territorio. El golpe de Estado fracasó debido a la fuerte incidencia del entonces Presidente entre los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas Bolivarianas. A pesar de esos antecedentes, hasta el día de hoy el Pentágono imagina e instiga sublevaciones militares que justifiquen y/o brinden la aquiescencia para una pronta ayuda militar del Comando Sur a ser desplegada en territorio venezolano ante el primer pedido de ayuda de una tropa rebelde. El segundo formato, la incursión bélica interestatal, es decir la alianza de países que atacan un territorio soberano, fue impulsado en el siglo XIX por el imperio británico en la Guerra de la Triple Alianza con el objeto de destruir al Paraguay soberano y autónomo de Francisco Solano López. Este plan ha fracasado momentáneamente en relación a Venezuela, debido a la negativa de Colombia y Brasil a iniciar un conflicto militar que conocen hipotéticamente los términos de su inicio pero que desconocen su final. Este escenario fue reclamado con insistencia por Donald Trump, bajo la solicitud de convertir al Grupo de Lima en el mascarón de proa inicial de una complementariedad posterior del Comando Sur. La tercer fase, la búsqueda de la implosión social como producto del estrangulamiento económico a ser generado por el bloqueo, se encuentra operativa en la actualidad y reviste las mismas características que las efectuadas desde hace seis décadas atrás en Cuba. Tiene como indicador de éxito la producción de hambrunas, la limitación del acceso a los medicamentos, la generalización de desastres epidemiológicos, la veda al comercio con terceros países, el cercenamiento al financiamiento y el castigo a quienes mantengan relaciones políticas con el gobierno de Maduro. En ese marco se explica el sabotaje llevado a cabo sobre la infraestructura de transmisión eléctrica acaecida a principios de abril. El cuarto dispositivo, la generalización de una guerra civil, remite a la búsqueda de la ocupación del espacio urbano a través del empoderamiento de las guarimbas (núcleos activos de sabotaje y difusores de violencia callejera), adictas al injerencismo estadounidense. Esta última fase ha sido la promovida por el autoproclamado Presidente Juan Guaidó. El quinto elemento, parafraseando a Luc Besson, supone la utilización de empresas administradoras de mercenarios, como los que trabajan para Blackwater, portadores de sanguinarios antecedentes en Afganistán e Irak, que se encontrarían en la actualidad en la etapa de reclutamiento (específicamente entre grupos de latinoamericanos) para aparentar una apariencia militar caribeña en los inicios de sus incursiones fronterizas. Por último, el sexto dispositivo es el que Trump anuncia permanentemente como amenaza disponible para reforzar los cinco anteriores. La invasión directa tiene el inconveniente actual de no gozar de la autorización de tres de los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidos que poseen derecho a veto. La presencia de Rusia y China en el territorio ahora conflictivo del Caribe, en funciones de asesoramiento militar y/o de socios de emprendimientos productivos petroleros, ha forzado a Washington a sobreactuar lo que puede terminar convirtiéndose en una profecía autocumplida. El deterioro de la predominio de Estados Unidos parece estar directamente relacionado con su exasperación militarista y su correspondiente incapacidad para aceptar las nuevas reglas del juego, en las que no es el único jugador hegemónico. En ese marco, el incremento irresponsable de la virulencia discursiva funciona como un círculo vicioso: por un lado, obliga a los voceros de la Casa Blanca a aumentar los niveles de intimidación; y al mismo tiempo, frustra (a repetición) a los Guaidó que se sienten avalados por el Pentágono. Antecedentes y futuros La ofensiva injerencista contra Venezuela posee varios capítulos que explican el actual escenario. La Asamblea de las Naciones Unidas, a solicitud de Washington y sus aliados, propuso el desconocimiento de Nicolás Maduro en enero de este año. Dicha propuesta fue votada en contra

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Venezuela: Coyuntura peligrosa

Fuente: Ángel Guerra | telesurtv.net Fecha: 01 de MAY 2019 La caricatura de golpe de Estado del 30 de abril en Caracas se desinfló al atardecer sin que fuera necesaria una acción militar contraria. De hecho, la gran mayoría de los militares “alzados”, citados mediante engaño para la madrugada en el distribuidor vial de Altamira, al darse cuenta de que pretendían usarlos en una acción golpista se comunicaron con sus jefes superiores y al mediodía habían dejado a los sublevados y vuelto a sus unidades. Sin embargo, no debe subestimarse el hecho pues pudo haber desembocado en un enfrentamiento entre militares y hasta en un considerable derramamiento de sangre si militantes opositores hubiesen concurrido masivamente al lugar del conato a la convocatoria del autoproclamado presidente Juan Guaidó. Era lo que buscaban este y el recién fugado de prisión domiciliaria   Leopoldo López, ambos miembros del partido Voluntad Popular, conocido por sus credenciales terroristas. Ello reitera no solo el rechazo por la democracia, sino el carácter criminal, la vocación homicida, ausente de escrúpulos, de gran parte del liderazgo opositor venezolano, en particular del autoproclamado y de su mentor López, huésped de la embajada de España después de su efímera actuación en la escaramuza. Los criminales deben haber calculado que con unos cuantos muertos podrían conseguir la anhelada ruptura en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana(FANB). Si el 30 de abril no ocurrió una tragedia en Caracas, se debe únicamente a la prudencia, nervios de acero y unidad de acción demostrados ya muchas veces, frente a trajines golpistas, por el presidente Nicolás Maduro, sus más inmediatos colaboradores civiles y los mandos de la FANB. Lo anterior contrasta con la irresponsabilidad, el aventurerismo y la subordinación a Estados Unidos del liderazgo opositor. Como se ha hecho evidente más que nunca con Guaidó, este, desde su autoproclamación el 23 de enero ha sido teledirigido en tiempo real  por el “equipo” Venezuela de la Casa Blanca: los mentirosos Bolton, Pompeo,  Abrams,  Marco Rubio  y  el vice Mike Pence. Por cierto, solo reseñar las mentiras que dijeron el día 30 requiere una nota aparte. Pero de qué asombrarse, si esta oposición pidió las sanciones de Estados Unidos, que tanto sufrimiento y dolor han ocasionado al pueblo venezolano y Guaidó ha admitido que la intervención militar imperialista es una opción. La guerra económica le impone un costo humano incalculable a nuestros hermanos de Venezuela.  Un reciente estudio calcula en 40 mil las personas que habrían fallecido a consecuencia de las sanciones. Y estas se han recrudecido. Es cínico y desvergonzado cómo la potencia del norte, en violación del derecho internacional y de los valores éticos más elementales, impone duros castigos económicos a Venezuela y a Cuba, para luego culpar a sus líderes por los efectos que ocasionan. Pero el cinismo también se manifiesta porque lo que buscan las sanciones es despertar disgusto y desesperanza en la población para convertirla en presa fácil de los planes golpistas y desestabilizadores urdidos por las mismas cabezas que elucubran las sanciones. Venezuela resiste porque cada día se ve más claro que el chavismo es un modelo muy eficaz de resistencia. Se aprecia en la conciencia política y disciplina de sus bases populares, gestadas en la lucha antimperialista, el comunalismo y las aspiraciones socialistas; la sensibilidad humana de su liderazgo, evidente en el presidente Maduro, su apreciación correcta de las coyunturas más difíciles y de la correlación de fuerzas local, regional y global, que le ha permitido, desde la época de Chavez, desarrollar una muy inteligente política de alianzas. Lo importante ahora son las secuelas de la intentona golpista. El presidente Maduro dijo que no habrá impunidad y lo cierto es que Guaidó fue, a todas luces, el instigador y responsable máximo del conato, incluyendo la fuga de Leopoldo López.  Queda claro que después de tres meses de las más brutales presiones y amenazas la FANB permanece sólidamente unida y cohesionada, lo que disipa la posibilidad del golpismo al que Washington ha apostado mucho para derrocar a Maduro. Por otro lado, Guaidó no ha logrado ninguno de los objetivos que se esperaban de él y su capacidad de convocatoria, que nunca ha sido grande, va camino de diluirse. De modo que a Estados Unidos le van quedando dos opciones:  la intervención militar directa o el diálogo y la negociación que propone el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, lo más conveniente para todas las partes involucradas.  La situación es muy peligrosa y la responsabilidad y la cordura son lo que más escasea en Washington. Basado en la soberana mentira de Bolton y Pompeo sobre las supuestas tropas y operaciones militares de Cuba en Venezuela, ya Trump amenazó a la isla con imponer un bloqueo total. Sube la temperatura en el Caribe. Coyuntura peligrosa.

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EEUU-Venezuela: La opción mercenaria de Blackwater y el síndrome de las bolsas negras

Fuente: Álvaro Verzi Rangeli* | estrategia.la Fecha: 1 de MAY 2019 Conscientes de que difícilmente el Congreso lo autorice una aventura militar que puede causar muchas víctimas estadounidenses y que los militares colombianos y brasileños se oponen a una agresión armada contra Venezuela, el equipo del presidente Donadl Trump parece inclinado a financiar parcialmente a un ejército mercenario. El director de la empresa militar estadounidense Blackwater, Erik Prince, ha estado desarrollando durante los últimos meses un plan para formar un ejército privado con el objetivo de derrocar al presidente Maduro, informó este martes la agencia Reuters, Esta pretendida fuerza militar constaría de unos cuatro o cinco mil mercenarios contratados en nombre del opositor Juan Guaidó y reclutados entre paramilitares colombianos y d otros países de la región. Para expertos en seguridad, el plan de Prince es «políticamente inverosímil y potencialmente peligroso», y «podría desencadenar una guerra civil, agrega la agencia británico-estadounidense.  Prince busca financiación y apoyo político para esta iniciativa en el entorno del presidente estadounidense, Donald Trump, y entre exiliados venezolanos millonarios, manteniendo para ello diversas reuniones privadas en EEUU y Europa. Uno de estos tuvo lugar a mediados de este mes de abril, días antes de la intentona golpista de la frustrada ultraderecha venezolana del 30 de abril. Ese mismo día, El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, no descartó (ante Fox Business Network) la posibilidad de una «acción militar» en Venezuela si así «lo requiere» la situación. Prince contempla una fuerza integrada por peruanos, ecuatorianos, colombianos, personas de habla hispana, ya que considera que este tipo de soldados serían más políticamente aceptables (para los estadounidenses, que aún recuerdan las bolsas negras en las que volvían los soldados desde Vietnam) que contratistas estadounidenses. Pompeo hizo esta declaración, después de que lanzara otra mentira –un fake new- a la CNN. En lugar de aceptar que el golpe inducido por EEUU fracasó, señaló que el presidente venezolano Nicolás Maduro, tenía prevista su salida del país, rumbo a Cuba, pero Rusia lo disuadió. En respuesta, Maduro respondió: «Señor Pompeo, por favor, ¡qué falta de seriedad! […] cuánta mentira y manipulación en esta escaramuza golpista». El portavoz de Guaidó, Edward Rodríguez, ha negado que la oposición venezolana haya mantenido conversaciones con Prince acerca de sus operaciones, y el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Garrett Marquis, ha evitado hacer comentarios tras ser preguntado acerca de esta iniciativa. Uno de los argumentos de Prince es que Venezuela necesita un «acontecimiento dinámico» para romper el punto muerto en el que se encuentra el país desde enero, cuando Guaidó se autoproclamó presidente encargado tras declarar como ilegítimo a Maduro. Ahora suma otra argumento: los venezolanos por sí solos, no lo pueden hacer. De acuerdo con fuentes, para financiar su plan Prince busca 40 millones de dólares de inversores privados y quiere apropiarse de fondos de los miles de millones de dólares en bienes venezolanos que han sido congelados en todo el mundo por las sanciones impuestas contra el gobierno constitucional venezolano. Quiere piratear a los piratas. Sin embargo, no está claro cómo la oposición venezolana podría acceder legalmente a dichos bienes. Prince dijo a la gente con la que se reunió, según Reuters, que cree que Guaidó tiene la autoridad para formar su propia fuerza militar porque ha sido reconocido internacionalmente como presidente legítimo del país. Blackwater, trasnacional criminal Blackwater, una multinacional militar se abre paso en el mundo desde hace dos décadas. Es la empresa de seguridad más poderosa del planeta, acumula denuncias por crímenes cometidos en Medio Oriente y por casos de corrupción en Estados Unidos. Radiografía de un negocio en expansión, impulsado por la Casa Blanca. En las últimas dos décadas, con impunidad, con armamento de última tecnología, montada sobre mercenarios de diferentes naciones, Blackwater es una de las mayores empresas de seguridad a nivel internacional, fundada en 1997 por Erik Prince y Al Clark. Tiene decenas de denuncias en su contra, por cometer crímenes, incurrir en flagrantes abusos de autoridad y participar en contratos espurios otorgados por el Pentágono y el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Renombrada como Academi, Blackwater  surgió en pleno avance neoconservador en EEUU, de la mano del presidente George W. Bush (2001-2009). La transnacional, fundada bajo la bendición de la ultraderecha católica estadounidense,  ingresó en las grandes ligas con la administración de Bill Clinton en la guerra de los Balcanes en la década de 1990. Los neocons, que venían apuntalando su poder durante los mandatos de Ronald Reagan y Bush padre, encontraron en la administración republicana del empresario petrolero el caldo de cultivo para aplicar el Proyecto para el Nuevo Siglo Americano (PNAC, por sus siglas en inglés) que, entre otros puntos, avalaba la desregulación total del Estado y apuntaba todos sus cañones contra esa vaga definición de “terrorismo internacional”, que se ubicaba: en Medio Oriente y entre la comunidad musulmana. Un informe de Sudestada señala que en ese momento, BW daba sus primeros pasos en el redituable negocio de la seguridad privada, poniendo a disposición de Washington a los primeros “contratistas” que, para 2001 y 2003, con las invasiones a Afganistán e Irak, respectivamente, se convertirían en un ejército mercenario, alcanzando casi la misma cantidad de tropa en territorio iraquí que las Fuerzas Armadas estadounidenses. Pero Prince, con pasado como SEAL (equipos de mar, aire y tierra de la Marina estadounidense), ultraconservador y financista de grupos católicos, extremistas y marginales, no pensó a su empresa como un simple ejército de respaldo a las ocupaciones de EEUU en otras partes del mundo, y en Carolina del Norte, en un pantano conocido como Moyock de 2.800 hectáreas, fundó la instalación militar privada más grande del mundo. Manzanas podridas, fruto de un árbol muy tóxico En el libro Blackwater. El auge del ejército mercenario más poderoso del mundo, el periodista Jeremy Scahill describe a Moyock como el lugar donde “se instruye anualmente a decenas de miles de agentes de las fuerzas del orden, tanto federales como locales, así como a tropas de naciones extranjeras amigas”. En su sede central, BW “tiene su propia división de inteligencia y cuenta entre sus

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Guantanamera

Fuente: Jorge Elbaum | El cohete a la luna Fecha: 21 de ABR 2019 El último lunes, la prestigiosa revista New Yorker publicó una extensa nota de Ben Taub sobre el vínculo de un carcelero y un prisionero acusado de terrorista.[1]  La historia tiene sede en la base naval estadounidense de Guantánamo, emplazada en territorio ocupado a la República de Cuba. La investigación periodística relata el vínculo entre uno de los cautivos detenidos en esa Base Naval, acusado de formar parte de Al-Qaeda, y un integrante de la Guardia Nacional de Oregon. El detenido es Mohamedou Salahi, un ingeniero eléctrico que fue secuestrado por pedido de la CIA, en Mauritania, su país de origen, en 2002, luego de ser investigado por las autoridades de inteligencia del país africano, a pedido de la CIA. Sin que se logre cumplimentar alguna acusación, fue entregado a los militares estadounidenses, quienes lo trasladaron primero a Jordania y después a Afganistán, territorios donde empezó a sufrir periódicas sesiones de torturas. Sobre Salahi pendía la sospecha (así se fundamentó su secuestro) de ser uno de los cerebros de los ataques del 11 de septiembre. Tenía 30 años cuando lo detuvieron. Sus credenciales lo mostraban como un brillante ingeniero de la especialidad de electricidad, portador de una inteligencia prodigiosa y antecedentes de haber participado en la guerra contra la Unión Soviética en los años ’90, cuando tenía 20 años, por un lapso de pocos meses. A esas referencias se le sumaba el hecho de contar con conocidos y parientes ligados a Al-Qaeda, aunque distanciados de Osama Bin Laden desde el momento que tomó la decisión de atacar Nueva York. Luego de su periplo obligado por Asia, Salahi fue depositado en la base naval de Guantánamo, donde se convirtió en el detenido de mayor valor de las fuerzas armadas de los Estados Unidos. A partir de 2002 se convirtió en el recluso 760, código que remitía al secreto mejor guardado de los servicios de inteligencia militar. Ese pedestal le impedía gozar de las entrevistas de la Cruz Roja e interactuar con el resto de los reclusos. Dos años después de que Salahi llegara a Guantánamo, empezó a ser custodiado, entre otros, por Steve Wood, un joven de 22 años, miembro de la Guardia Nacional de Oregon, a quien le advirtieron en forma reiterada acerca de la infinita peligrosidad del mujaidín de origen mauritano. Los únicos interlocutores de Salahi eran sus custodios y quienes se encargan de llevar a cabo los interrogatorios y las torturas. La convivencia cotidiana entre Wood y Mohamedou llevó al primero a interesarse en las acusaciones que pendían sobre el detenido, a quien se caracterizaba como “un miembro clave de la red terrorista internacional”, pero sobre quien no se había podido probar ningún crimen desde su llegada a la base naval. La curiosidad de Wood lo llevó a dedicar parte de su tiempo libre a indagar sobre los tenebrosos antecedentes de Salahi y las evidencias que respaldaban las acusaciones. Después de investigar cientos de horas no encontró nada. En un primer momento supuso que la información no debía estar disponible para un simple suboficial como él, o que dichos registros debían estar guardados en archivos residentes en territorio continental de Estados Unidos. Lo único que encontró fueron confesiones contradictorias del propio Salahi arrancadas mediante torturas indescriptibles. De hecho, las propias revelaciones del recluso 760 surgían como discordantes unas con otras, y eran atribuibles a relatos imaginarios ofrecidos con la obvia intención de que cesara la tortura. Los datos brindados por Salahi, según Wood, aparecían obviamente rebatidos por variadas fuentes fidedignas, fechas inconexas y nombres inexistentes. Sus propios interrogadores, convertidos en verdugos despiadados, compartían su frustración al constatar reiteradamente que las incongruentes versiones de Salahi se explicaban por su desesperación por brindar alguna información que justificara el fin de los vejámenes. Sus confesiones simuladas, sin embargo, le permitieron acceder a artículos de confort como un almohada, jabón, toallas y la posibilidad de escribir en su cuarto de confinamiento. Wood siguió investigando el caso durante sus días de franco, sin poder descubrir evidencias, vínculos o alguna documentación que lograse relacionar al mauritano con alguna red terrorista. En su estancia en la Bahía de Guantánamo, mientras lo custodiaba, Wood le pedía que recitara parágrafos del Corán y Salahi los repetía tanto en inglés como en árabe. En los años que Wood estuvo destinado en el Caribe, su recluso se transformó en una fuente de aprendizaje e iniciación espiritual. Salahi dialogaba habitualmente de historia y filosofía y su carcelero se asombraba de la educación y la fluidez en el manejo de cuatro idiomas que poseía el mauritano. Cuando Wood abandonó su tarea en la Base Naval de Guantánamo, decidió regresar a Oregon con la decisión de abandonar las ocupaciones militares: sus diálogos con Salahi y lo que había visto en el centro de detención lo habían cambiado. Había vivido una inversión del Síndrome de Estocolmo: el carcelero se había transformado tras su paso por el Caribe. Vigilar y castigar La base de Guantánamo es alquilada por los Estados Unidos en el marco de un tratado impuesto por Washington desde 1898. Cuba desconoce, desde el triunfo de la Revolución, dicho arrendamiento y exige su devolución. Cada mes, en el marco de una teatralización grotesca, Washington desembolsa un monto de U$S 4800 que el gobierno cubano se niega a recibir, como forma de repudio (y de dignidad) ante la ocupación. Al Pentágono, la extraterritorialidad de la prisión de Guantánamo le permite desconocer las propias leyes de su país, logrando que los reclusos sean juzgados por cortes marciales secretas, con ausencia de defensa y de conocimiento de cargos. En el año que Wood abandonó la base naval, el Departamento de Estado aceptó nombrar a un fiscal para atender el caso de Salahi. Para ese menester se contrató al teniente coronel Stuart Couch. El militar se dedicó durante dos años a relevar todos los antecedentes existentes que probaban el nexo de Salahi con Al-Qaeda, pero luego de constatar que las acusaciones no guardaban ninguna credibilidad,

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La disputa estratégica sobre el destino de América Latina

Fuente: Eduardo Paz Rada* | Alainet.org Fecha: 15 de ABR 2019 El empuje conservador y neoliberal en América Latina y el Caribe, aliado a los intereses imperialistas, ha desarrollado en los últimos meses nuevas iniciativas orientadas a establecer un nuevo tablero geopolítico regional y mundial buscando frenar y destruir los empeños de liberación nacional y continental de los procesos de integración y unidad emancipadora de la Patria Grande elaborados en los pasados quince años por los gobiernos nacionalistas, progresistas y de izquierda. Se ponen, de esta manera, frente a frente dos proyectos estratégicos de la región: el de la liberación o el de la dominación. La reciente creación –22 de marzo pasado—del Foro Para el Progreso de América del Sur (PROSUR), impulsada apresuradamente por los presidentes de Colombia, Iván Duque, y de Chile, Sebastián Piñera, y aceptada por los de Brasil, Jair Bolsonaro, Argentina, Mauricio Macri, Ecuador, Lenin Moreno, de Paraguay, Mario Abdo, y de Perú, Martín Viscarra, en la cumbre de Santiago de Chile, fue precedida por la acción de Macri y Bolsonaro de debilitar a la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) con la suspensión de su participación en la misma y continuada por Moreno con el despojo de su sede en Quito. Si bien estos presidentes reconocieron el 23 de febrero, con gran repercusión en los grandes medios de comunicación empresariales, como presidente de Venezuela al fantoche de Donald Trump, Juan Guaidó, evitaron hacer el ridículo mayor impidiendo su presencia en la reunión de Santiago. Esto no significa, de ninguna manera, que la conspiración imperialista contra el gobierno revolucionario bolivariano y chavista de Venezuela presidido por Nicolás Maduro deje de contar con el concurso de los gobiernos de estos países, entre ellos sobresale el de Colombia que cuenta con nueve bases militares norteamericanas en su territorio. Quebrar el proceso de la integración de la Patria Grande El Foro Para el Progreso PROSUR, cuyo nombre rememora la Alianza Para el Progreso de los años sesenta impuesta por Estados Unidos en varios países de América Latina para afianzar su control regional en la Guerra Fría e impedir la influencia de la Revolución Cubana, busca desmantelar los avances revolucionarios de la Patria Grande. La formación y fortalecimiento, desde 2004, de PETROCARIBE, Alternativa Bolivariana de los Pueblos (ALBA), Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) y Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) permitió a América Latina y el Caribe convertirse no solamente en un proyecto profundo de integración regional al margen del control de Estados Unidos, sino en una fuerza con peso propio en estrategia mundial de la multipolaridad. Luego de derrotar al proyecto imperialista del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) defendido por el entonces presidente de EEUU, George Bush, en la Cumbre de Mar del Plata en noviembre de 2005, se aceleró el proceso de integración emancipadora bajó el liderazgo de Hugo Chávez de Venezuela, Lula Da Silva de Brasil, Fidel Castro de Cuba, Néstor Kirchner de Argentina, Evo Morales de Bolivia, Rafael Correa de Ecuador, Daniel Ortega de Nicaragua y José Mujica, entre otros, y con un claro discurso bolivariano por la segunda independencia, se procedió a crear las instituciones correspondientes con el apoyo de los movimientos populares. En 2008 se formalizó la existencia de UNASUR con todos los países de América del Sur y una estrategia integral que desarrolló políticas de comercio e integración económica y financiera, incluidos un fondo monetario y una moneda propios; de defensa militar con autonomía de Estados Unidos; de libre tránsito, migración y reconocimiento de la ciudadanía sudamericana; de lucha contra las droga y el terrorismo internacional; y de educación, salud, ciencia, tecnología y planificación conjuntas. Por otra parte alcanzó logros de envergadura como la defensa de la democracia en la región, la solución de conflictos entre Venezuela y Guyana, la defensa de los gobiernos democráticos de Bolivia y Ecuador ante lo intentos de guerra civil y golpe de Estado y la pacificación en Colombia. En 2010 se consolidó la CELAC como instancia de debate y consenso político entre los 33 países de América Latina y el Caribe, con la exclusión de Estados Unidos y Canadá, avanzando por primera vez en la construcción de la integración del conjunto de la Patria Grande como soñaron Simón Bolívar, José de San Martín, Francisco Morazán, José María Morelos o José Martí y estableciendo el principio de declarar a América Latina y el Caribe como zona de paz, cooperación e integración. Inestable correlación de fuerzas Si bien la iniciativa política en la disputa estratégica de los proyectos de integración favorece en la coyuntura al grupo de gobiernos conservadores y neoliberales de PROSUR tanto por su número como por su peso económico y geopolítico, es también cierto que varios de estos gobiernos son débiles como el del interino del Perú que se encuentra en una situación de alto rechazo del pueblo, el de Colombia con un proceso de paz muy frágil o el de Argentina que ha destrozado la economía del país y de la gran mayoría de la población, la misma que deberá elegir nuevos gobernantes en octubre de 2019. La potencia y peso mundial de Brasil lleva a su Estado a la contradicción entre encabezar un bloque poderoso con todos los países de la región, como en la década pasada, o a convertirse en peón político de Estados Unidos a pesar de la gran dimensión e influencia económica de China. Bolsonaro encuentra fuertes críticas de sectores empresariales, académicos, políticos y militares ante esta situación que pone el territorio amazónico en manos de Estados Unidos y al mismo tiempo crea malestar social por sus posiciones reaccionarias y antipopulares. A su vez, la crisis provocada en Venezuela por el bloqueo y el boicot comercial, financiero y económico ha influido en sus iniciativas de integración, aunque se mantienen sólidos PETROCARIBE y ALBA, en tanto que Bolivia y Uruguay apoyan con firmeza la integración sin exclusiones y, en el caso del primero, ha manifestado sin tapujos su total apoyo y solidaridad con el gobierno de Maduro y con

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