Llamamiento Argentino Judío

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Réquiem por el Estado judío

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Fuente: Meir Margalit | www.sinpermiso.info Fecha: 10 de DIC 2017 Hay fenómenos que son peligrosos no por sus efectos inmediatos sino por sus consecuencias a largo plazo. La declaración de Trump reconociendo a Jerusalén capital de Israel, en flagrante contradicción con el derecho internacional, es un golpe a los palestinos y a la comunidad internacional. Pero una semana después de la declaración, y luego de la relativa calma de las manifestaciones del pasado viernes, que prometían ser «infernales»  – y acabaron con «tan solo» un par de muertos y una centena de heridos, lo que en esta región ya es casi “normal”-,  podemos aventurarnos a emitir la opinión de que el efecto de la declaración es  menos dramático de lo que suponíamos al principio. Por cierto, se trata de un acto de violencia simbólica, porque en realidad la cotidianidad de los palestinos no cambia en nada, ni afecta a sus condiciones de vida, ni para bien, ni para mal. Tampoco podemos decir que esta nueva política de EE UU tire por borda el proceso de paz, pues en realidad tal proceso no existe, de modo que no se puede acabar con lo que ni siquiera ha comenzado. Pero esta declaración tiene un efecto fatal para todos aquellos que todavía nos aferrábamos a la paz y queríamos creer que no todo está perdido. La postura claramente sionista del gobierno estadounidense ha acabado con los últimos vestigios de esperanza que quedaban en algunos activistas por la paz y ha puesto en evidencia, con toda impiedad, que esa lucha la hemos perdido. Después de 50 años de lucha contra la ocupación, ha llegado la hora de reconocer que no nos quedan más municiones y que el enemigo nos ha doblegado.  La comunidad internacional es impotente y los actores sobre el terreno son demasiado débiles para invertir estos resultados. El único país en el planeta que podría imponer una solución es EEUU y Trump ha dejado claro que hará lo que los evangelistas y los judíos le pidan.  Muchos de mis amigos se percataron ya hace un año que esto ya ha acabado-  que de un personaje desequilibrado no hay nada que esperar. Pero a pesar de todo, algunos creíamos que el acercamiento estadounidense a Arabia Saudí llevaría a Trump a formular alguna propuesta que los palestinos pudiesen llegar a aceptar. Algunos indicios en el terreno, como la prohibición de construir nuevos asentamientos, o la postergación del traslado de la embajada de EEUU de Tel Aviv a Jerusalén, generaron la impresión de que el gobierno de EE UU estaba consolidando algo viable, no precisamente acorde a las expectativas palestinas, pero alguna fórmula que permitiese crear un estado independiente en gran parte de sus territorios ocupados. Pero los más realistas de nuestros compañeros no tenían dudas de que todo era una farsa y un fraude.  De algún modo debemos agradecer a Trump por haber puesto fin a esta comedia de mal gusto y abrirnos los ojos. Ya era hora de dejar de auto-engañarnos. En adelante debemos cambiar los paradigmas. Dejaremos de pensar en cómo acabar la ocupación para imaginar cómo continuar viviendo en una realidad en la que la ocupación es un hecho consumado. Mientras el movimiento pacifista se debatía en derredor a la cuestión de si es preferible la creación de dos estados o de un estado bi-nacional, la derecha israelí y estadounidense han clavado el último clavo en el ataúd del proceso de paz, que en realidad había muerto ya hace tiempo, aunque nos negásemos a reconocerlo.  Ahora ninguna de aquellas dos alternativas son reales, porque aquellos que detentan el poder no permiten ni una solución ni la otra. O tal vez, habría que decir, no han sido nunca reales, y ahora todavía menos. En adelante, Israel tendrá luz verde para acabar con la Autoridad Palestina, que al carecer de la posibilidad de crear su propio estado tampoco tiene razón de continuar existiendo. Paulatinamente, Israel irá destrozando lo poco que queda de la Autoridad Palestina, y cuando, como consecuencia del caos que se genere con “estimulo» israelí, Hamas tome el poder, Israel tendrá el pretexto ideal para volver a reconquistar los territorios palestinos y acabar con este frágil y endeble gobierno semi-autonomo. Pero este escenario tiene su precio. Y a la larga, Israel lo pagará con creces. Israel puede controlar a la población palestina, pero no a la demografía. En el curso de una generación los palestinos serán mayoría, y no hay forma de evitarlo. Cuando se transformen en mayoría, Israel no podrá continuar siendo un estado judío. El gobierno y el ejército serán israelíes, pero el tejido humano será palestino, y la cultura musulmana será la dominante.  A partir de ese momento, Israel deberá aplicar un régimen de Apartheid, y el destino de Israel será similar al de Sudáfrica.  Hay muchas formas de acabar con un imperio.  El imperio israelí sucumbirá ante la demografía palestina.  Llevará más tiempo, pero es inevitable.  Para los pacifistas israelíes será triste, pero también un alivio. Un país racista no tiene derecho a existir, y este no es el país que anhelamos para nuestros hijos.

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Una reforma constitucional totalizadora

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Fuente: Juan Manuel Bassus | Hamartia Fecha: 09 de DIC 2017 Hay quien cree que el paso de los años tiende a volver a la gente más conservadora y basta una mirada al currículum de muchos de los que peinan canas para comprobarlo. Pero también hay excepciones que rompen los estándares: el caso de Eduardo Salvador Barcesat es uno de ellos. Su historia de vida revela una línea de conducta que se mantuvo incólume con el pasar de los años. Como joven profesor de derecho, renunció a su cátedra ante el arribo de cada una de las dictaduras. Fue miembro fundador y primer Secretario General de la Asociación Americana de Juristas,  co-Presidente de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, integrante del Secretariado Internacional de la Asociación Internacional de Juristas Demócratas, experto UNESCO en Derechos Humanos y Convencional Nacional Constituyente en 1994. Hoy, a sus 77 años, aboga por una nueva reforma constitucional que rompa con el viejo texto que, a su entender, está hecho a medida de un país agroexportador y para pocos; y llama a ponerle límites desde el estado a la “mano invisible del mercado” porque siempre termina “posándose en el trasero del pueblo”. Usted participó de la reforma constitucional de 1994, ¿cómo fue esa experiencia? Efectivamente, participé integrando lo que por entonces era el Frente Grande. Cuestionamos judicialmente la reforma, fundamentalmente por dos aspectos. Uno, el de votar en paquete 13 iniciativas, denominado técnicamente núcleo de coincidencias básicas, que no era más que el Pacto de Olivos. Éste era producto de la desconfianza recíproca que se tenían los dos caudillos políticos de aquel entonces, Carlos Saúl Menem y Raúl Alfonsín. Me parecía una brutalidad, porque uno no puede apoyar ciertas iniciativas con las que está de acuerdo al precio de votar aquellas con las que desacuerda. Ellos temían que, de hacerlo de otra manera, no se respetase el acuerdo y el equilibrio —o el negocio, como le decían— se rompiese. Es más, llegamos a proponer en la convención constituyente que preservaran ellos el pacto y que los restantes convencionales que no éramos firmantes pudiésemos votar una por una las iniciativas. No se aceptó y eso motivó que nos levantásemos junto con varios partidos provinciales para abstenernos. De ahí que el núcleo de coincidencias básicas es la cláusula que logró menor número de votos. El otro tema de la impugnación, mucho más profundo, es sobre la lectura que se hizo del artículo 30 de la Constitución Nacional, que es el que regula el mecanismo de la reforma. Yo invito al lector a que lo examine y verá que dice que la competencia del Congreso es la de declarar la necesidad de la reforma, pero ésta será efectuada por una convención o asamblea constituyente convocada al efecto. Es decir que el Congreso no tiene más atribución que declarar la necesidad; es la asamblea constituyente la que decide si la reforma va a ser total o parcial y con qué contenidos. Esto responde al pensamiento de Alberdi, que entendía que la reforma constitucional debía ser una tarea por fuera de la coyuntura. Es decir, quienes están en los poderes constituidos tenían que dedicarse a sus propias funciones, mientras que el poder constituyente tenía que tener una amplitud y una visión diversa, tenía que regular para el futuro, para dar un cauce de crecimiento a la Nación. Esto ha sido tergiversado a lo largo de nuestra historia, ya que siempre el congreso se ha metido a definir los alcances y naturalezas de las reformas. El Pacto de Olivos fue, tal y como lo definieron sus actores, un negocio. Menem se llevó la reelección y los radicales, once senadores sin pasar por ninguna elección. Pero en el Congreso se habilitaron temas y esto dio lugar a lo mejor de la reforma constitucional del año 1994. Lo más fenomenal que tuvo la reforma es que se incorporaron algunos mecanismos de democracia participativa, la señera cláusula del artículo número 36 que condena al golpe de estado y la usurpación del poder político, y la incorporación de los principales tratados de DD.HH. con jerarquía constitucional. Es decir, que la ley suprema de nuestra nación hoy es el texto de la Constitución más el de los tratados internacionales de DD.HH. Es muy novedoso que se hayan habilitado incorporaciones constitucionales a través de la ratificación de tratados internacionales de DD.HH. La Constitución argentina se ha ido enriqueciendo con esos textos que fueron votados después de la reforma del año 94. En ese aspecto, es una de las constituciones más modernas. ¿Qué falló en aquella reforma? Un gran error fue el voto en paquete de las 13 iniciativas que conformaban el núcleo de coincidencias básicas para radicales y peronistas. Por otro lado, la intervención del Congreso más allá de sus atribuciones implicó que no se pudiese tocar la parte dogmática del texto constitucional. Fue atávico y cavernario declarar intocable la primera parte de la Constitución, que es el texto de 1853/60, que obviamente está hecho a la medida de un país agroexportador, rentístico y fiduciario que no tiene nada que ver con los requerimientos del siglo XXI. Pareciera que en este sentido hubiera una tara en las principales fuerzas políticas argentinas, porque también cuando Alfonsín, en el período 1985-87, intentó sin lograrlo la reforma constitucional, se declaraba intangible el primer capítulo de “declaraciones, derechos y garantías”. ¿Por qué le parece necesaria una nueva revisión del texto constitucional? Para enfrentar los desafíos del siglo XXI se hace necesaria una reforma constitucional totalizadora que arranque por la parte dogmática de la Constitución. Los retos fundamentales de una nueva Constitución son: La integración de Latinoamérica y el Caribe. Si esa integración no tiene inscripción constitucional, ocurre lo que está pasando ahora, que vienen gobiernos regresivos y tiran abajo la unidad poniéndose de furgón de cola de la potencia hegemónica dominante. Necesitamos unirnos con quienes tenemos una historia en común, también hay razones geográficas y geopolíticas. En comunidad con los pueblos y gobiernos progresistas de Latinoamérica, debemos enfrentar temas como la deuda

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Los israelíes tienen derecho a saber que no están siendo arrastrados a la guerra en Siria

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Fuente: Editorial de Haaretz Fecha: 03 de DIC 2017 El ataque del viernes por la noche en Siria, que fuentes extranjeras han atribuido a Israel, aparentemente golpeó una base militar siria construida por Irán, una fábrica de municiones y fuerzas sirias. Esta no es la primera vez que las Fuerzas de Defensa de Israel supuestamente atacaron a Siria. Pero a diferencia de otros numerosos ataques llevados a cabo este año, el objetivo fue entregar un mensaje agresivo directamente a Irán. Este mensaje parece redundante. Después de todo, de acuerdo con el ministro de Defensa, Avigdor Lieberman, no hay presencia militar iraní en Siria salvo por unos pocos cientos de asesores. Esta declaración contradice los informes de la oposición iraní -que publicó extensos detalles del despliegue de las fuerzas iraníes y pro iraníes en Siria- y la solicitud de Israel a Rusia para exigir que Irán separe sus fuerzas de la frontera israelí en los Altos del Golán. En una conferencia de prensa el mes pasado, Lieberman explicó que la nueva base que está construyendo Irán cerca de Damasco es una base siria sin la presencia de las fuerzas iraníes. Por otro lado, los informes de este fin de semana indican que esa base fue el objetivo del ataque, lo que significa que Israel supuestamente decidió atacar a un objetivo sirio que no constituía una amenaza para él. Mientras estas contradicciones esperan ser aclaradas, Israel continúa deslizándose hacia el frente sirio: una vez con el pretexto de proteger a la comunidad drusa en el pueblo fronterizo de Khader, y otra vez atacando un convoy de armas destinado a Hezbollah. Israel se ha abstenido de atacar las bases de misiles de Hezbollah en el Líbano, a pesar de que en realidad representan una amenaza permanente, pero encuentra un espacio operativo relativamente libre en Siria. Aquí hay un gran peligro, ya que esta vez parece que el ataque podría verse cruzando una línea roja. Altos funcionarios militares a menudo explican que Israel no tiene interés en entrar en una confrontación directa con Irán o en intervenir en la guerra civil siria. Al mismo tiempo, sin embargo, dejan en claro que una guerra puede estallar debido a un juicio poco consistente o un malentendido. Sin minimizar el tamaño de la amenaza contra Israel, el frente sirio, como el frente en el sur, es un terreno fértil para malentendidos peligrosos que podrían convertirse en una guerra más amplia. Los israelíes tienen derecho a saber que su gobierno no está arrastrando al país a otra aventura militar en el frente sirio. El ataque del viernes es potencialmente peligroso y su necesidad no es convincente. Si la intención es enviar un mensaje a Irán, ¿por qué se atacó una base siria que Lieberman mismo evitó llamar a iraní? Esos mensajes, que cruzan líneas rojas, pueden poner a Israel en conflicto con terceros, como Rusia. Aunque este ataque es ahora un hecho consumado, no es irrelevante expresar dudas sobre su propósito o justificación, e incluso preguntarse si está relacionado con batallas políticas dentro de Israel. Traducción: Dardo Esterovich  

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Despacito

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Fuente: Claudio Scaletta | Suplemento Cash Fecha: 03 DIC 2017 Uno de los términos más usados por la mayoría de los analistas para definir a la actual política económica es “gradualismo”. La expresión puede parecer extraña cuando la economía experimenta un verdadero cambio de régimen, un shock económico. Sin embargo, resulta de interés repensar la definición desde la perspectiva de quienes la formulan. La Alianza Cambiemos se propone, como lo hizo la última dictadura cívico-militar y el menemismo, una transformación de largo plazo en las relaciones de poder entre el capital y el trabajo. En las dos primeras experiencias, la insustentabilidad de los modelos puestos en marcha evitó la consecución de los objetivos de máxima, pero las semillas quedaron latentes, desde la reforma financiera de Martínez de Hoz a las privatizaciones de Carlos Menem, sin olvidar los valores sociales inoculados durante los dos períodos. Se trata de transformaciones que pueden definirse, por aproximación, como la búsqueda de un proceso de “latinoamericanización” de la economía local. El objetivo es reducir la participación en el ingreso de los trabajadores de ingresos medios y altos, una situación contraria a la que caracterizó a la Argentina en las etapas de auge de la Industrialización Sustitutiva de Importaciones. El resultado global de la redistribución perseguida es, al final del camino, la caída de la participación de los salarios en el ingreso y, con ello, del poder de negociación de los trabajadores y del peso real de sus sindicatos en el mundo del trabajo. Los requisitos básicos para avanzar en este camino son dos. El primero es la descomplejización de la estructura productiva. Una muestra de que tal cosa ya sucede desde diciembre de 2015 se encuentra en que el empleo industrial cae mes a mes. Decisiones como la apertura importadora y el acuerdo Mercosur–Unión Europea, del que jamás se explicaron los beneficios presuntos, refuerzan el proceso. De modo sintético el objetivo es lograr que la base productiva se concentre en el agro y sus manufacturas derivadas y en las commodities industriales, como los productos de las industrias metálicas básicas. Es el mundo gobernado, en la esfera del capital, por las grandes firmas exportadoras del agro, las biotecnológicas, por empresas como Arcor, Techint o Aluar, asociadas a su vez con el “gran conductor” del capitalismo contemporáneo, las finanzas globales. Estas firmas trabajan en conjunto y en comunidad de objetivos con el millar de multinacionales que conducen de hecho la economía mundial. El dato central es que en el presente no existen tensiones intracapitalistas sobre la definición del modelo económico. El objetivo es claro, un mundo que ofrezca la menor resistencia posible a la libre circulación de capitales y de mercancías y en el que los países periféricos no cuestionen su lugar en la división internacional del trabajo y acepten un modelo de desarrollo dependiente. El segundo requisito es el cambio de las reglas que definen el mundo del trabajo, que ya en la segunda etapa del actual gobierno, se expresará en la reforma laboral. Su objetivo no es otro que el de la vieja flexibilización, cuya última aparición fue en el año 2000 con la tristemente célebre Ley Banelco. El proyecto no puede considerarse separado de las reformas previsional y fiscal. La reforma previsional significa, vía el cambio en la fórmula de actualización, una potente transferencia presupuestaria desde los jubilados a otros usos, entre ellos al fondo del conurbano bonaerense, un recurso que se considera clave para una eventual reelección de la fuerza gobernante. Al mismo tiempo, la reforma laboral eliminará los aportes patronales a los salarios hasta un tope en principio de 12.000 pesos. Es decir, se desfinanciará a la Anses, un círculo vicioso para trabajadores pasivos y destinatarios de ayuda social, además de un agujero en las cuentas públicas. La medida presenta un segundo resultado tácito, impondrá un tope salarial, ya que superar la barrera liberada de aportes significará un alto costo para el empleador: comenzar a pagar aportes. La opción sería pagar un plus en negro, lo que se supone la nueva legislación busca combatir. En sus propios términos, entonces, el gobierno avanza con “gradualismo” hacia un nuevo régimen económico cuyo objetivo es reducir la participación del salario en la distribución funcional del ingreso. El capital, que ahora gobierna sin mayores mediaciones políticas, aprendió de sus errores y sabe que el avance que se propone debe compatibilizarse con la resistencia social a la que podría generar. La complejización preexistente de la estructura productiva también complejizó la estructura de clases asociada, clases que, a priori, no serían tan fáciles de doblegar. Sin embargo, todo sería posible con el gradualismo suficiente. El economista sraffiano Fabio Petri, profesor de la Universidad de Siena, explica los procesos de pérdida de ingresos de los trabajadores con el siguiente ejemplo: “imagínese irónicamente –decía– que una clase de invasores imponen a toda la población el estilo de vida de las personas sin hogar. Sucederá que la gran mayoría no estará dispuesta a reducir su estilo de vida. Si para un desamparado sin hogar su estado es el resultado de un lento proceso de degradación, para la gente normal una fuerte caída en el nivel de vida es simplemente insoportable”. Nótese que lo que media entre la situación del desamparado y la “gente normal” es el tiempo transcurrido. Si Cambiemos consigue tiempo, si no trata de cambiar las condiciones de vida de los trabajadores de un día para otro, podría lograr el objetivo de cambiar el patrón de distribución del ingreso heredado de los regímenes nacional–populares. En caso contrario podría ocurrir la segunda consideración de Petri: “hay un nivel de consumo por debajo del cual no vale la pena vivir, y por defenderse de caer en él vale la pena poner en peligro la vida”. Hoy parece mucho, pero el desenlace de la puja distributiva siempre es incierto. Dado este componente de incertidumbre la Alianza gobernante decidió enviar señales claras a sus contrincantes. No sólo regulará la velocidad de las transformaciones para que la población se acostumbre al cambio, sino

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Un semillero de desgracias sangrientas

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Fuente: Ricardo Ragendorfer | TiempoAr Fecha: 02 de DIC 2017 La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, demoró 36 horas en esgrimir una explicación sobre el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel, baleado por la Prefectura. Y sus palabras fueron en realidad una declaración de principios: el Poder Ejecutivo «no tiene que probar lo que hace una fuerza de seguridad». ¿Acaso fue un exabrupto? Todo indica que no. Porque semejante tesitura fue apuntalada por prestigiosas voces; entre estas, la de Mauricio Macri («Hay que volver a la época en que la voz de alto significaba entregarse»); la de Gabriela Michetti («El beneficio de la duda siempre lo tienen las fuerzas de seguridad»); la del ministro de Justicia, Germán Garavano («La violación de las leyes va a tener consecuencias») y la del diputado del PRO Waldo Wolff («Se debería tomar medidas contra el juez si no actúa»). A modo de remate, «La Piba» –tal como sus allegados aún llaman a esa señora de 62 años– hasta suscribió una resolución para que los uniformados «no obedezcan órdenes de los jueces si consideran que no son legales», lo que sin duda será un semillero de sangrientas desgracias. ¿Se podría suponer que esa fue una iniciativa de su propio cuño o una medida debidamente consensuada en las más altas esferas del poder? Alguna vez se sabrá en qué despacho oficial –y con qué funcionarios– fue ideada y pulida tal «doctrina» que legitima, entre otras peligrosidades, el pogrom contra los pueblos originarios. El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, otro alfil de tal política, expresó en un comunicado el disgusto gubernamental ante la realización de una mesa de diálogo con representantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu, ya que ello hizo que el juez federal de Bariloche, Gustavo Villanueva, frenara la represión. Lo cierto es que aquella circunstancia también causó un cisma entre él y la Bullrich, su –hasta entonces– socia en el asunto. Por tal motivo, en relación al crimen de Rafael, ella soltó: «Es el juez quien debería buscar pruebas, y ya está perdiendo bastantes días». Un encono injusto hacia el hombre que obedeció con suma docilidad los dictados segregacionistas del Poder Ejecutivo. De hecho, fue Villanueva quien llevó a juicio –para su extradición a Chile– al lonko Facundo Jonas Huala en base a testimonios obtenidos bajo tortura. Fue también Villanueva –quien tras la anulación de ese proceso– ordenó otra vez su detención una hora después de que el Presidente, de visita oficial en el país trasandino, recibiera un pedido al respecto de la mandataria anfitriona, Michelle Bachelet. Y su último servicio a la causa civilizatoria ocurrió el 23 de noviembre, cuando dispuso desalojar del lago Mascardi a 30 personas con una task force compuesta por 400 efectivos de Gendarmería, Prefectura y Policía Federal. La faena fue bestial; entre los detenidos hubo niños de uno a cuatro años cuyas muñecas fueron precintadas. Algunos pobladores lograron huir al monte. Entre ellos estaba Rafael. Ahora es casi un chiste que ese sujeto deba esclarecer su muerte. Ya se sabe que en el sur el vínculo entre los magistrados y el gobierno tiene tales dobleces. Y el juez Guido Otranto es un ejemplo de ello. Ese sujeto fue el garante de la impunidad en la causa Maldonado. Pero su exagerado empeño tiñó de impudicia el sano ejercicio de la «posverdad» judicial. Y fue apartado por un simple tecnicismo: «temor de imparcialidad». Así llegó la hora del juez Gustavo Lleral, quien descomprimió esa penumbra. ¿Había que cambiar algo para que nada cambie? Así al parecer lo había interpretado el presidente de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, Javier Leal de Ibarra. Aquel hombre –nada menos que el vicario patagónico de Ricardo Lorenzetti– fue el bastonero de dicho enroque. Y ahora la pesquisa bailotea en un limbo procesal. La investigación por la muerte de Rafael va hacia el mismo camino. El juez, basándose en «rumores surgidos en las redes sociales», acaba de aplazar la inspección en el lugar de la muerte. Y por falta de materiales no se tomaron muestras para determinar la presencia de pólvora en manos de los prefectos. El doctor Villanueva no tardó en aprender la lección.

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Supermiércoles

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Fuente: Luis Bruschtein | Página 12 Fecha: 02 DIC 2017 El remolino de interrogantes que dejó el hundimiento del ARA San Juan funciona como metáfora del país. La Armada anunció que ya no se buscarán sobrevivientes y no hubo una declaración, un gesto mínimo presidencial hasta que en el Gobierno se dieron cuenta del malestar que produjo esa falta de sensibilidad. El mismo día del anuncio de la Armada, Mauricio Macri habló al asumir como presidente in pectore del G-20: “Nos sumamos a un diálogo global sin alzar la voz enojados” dijo, al tiempo que el derechista Financial Times se sorprendía por el autoritarismo reflejado en la decisión del gobierno argentino de impedir el ingreso al país a más de 60 representantes de ONG’s internacionales que normalmente participan en estas reuniones. Una súpersemana con un supermiércoles. El Senado aprobó las reformas a pesar de la masiva marcha que expresó su repudio en la puerta del Congreso. Sin asumir, Cristina Kirchner había jurado como senadora pocos minutos antes. Los legisladores que la siguen, votaron en contra. Y pocos minutos después en Comodoro Py hubo profusión de perpetuas para los criminales del GT de la ESMA. Un supermiércoles en una supersemana donde pese a que siguen los juicios a los represores, el gobierno se cansó de usar los mismos argumentos que ellos para justificar el crimen de Rafael Nahuel. Una semana donde el gobierno desconoció una exigencia irrevocable de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, contraviniendo así lo establecido en la Constitución. Y Milagro Sala compareció en otro juicio absurdo y les gritó a los jueces que ya tenían la condena escrita por el gobernador Gerardo Morales, una verdad más grande que una casa. La desaparición del ARA San Juan con sus 44 tripulantes a bordo proyecta la gran sombra de una tragedia que interpela al gobierno, deriva sobre recortes y ajustes, sobre las consideraciones de lo que se gasta y sobre su sensibilidad frente al drama de seres humanos. Como un cuerpo desaparecido, su hallazgo daría algunas respuestas. Pero no aparece, y la perspectiva de que eso suceda son mínimas. Millones de jubilados aparecen como las víctimas de otro hundimiento social aprobado en un Senado con restos del naufragio del peronismo en las urnas y manos levantadas. Los senadores radicales, los del PRO y los peronistas que responden al senador Miguel Angel Pichetto levantaron la mano para empezar a hundir a los jubilados. Después Pichetto reconoció que les había tocado “la ingrata tarea”, manos levantadas para desfinanciar a los jubilados, sacarles impuestos a los ricos y recortarles consumo a los sectores medios y bajos. En la puerta del Congreso, decenas de miles de trabajadores expresaban su indignación ese miércoles. No era una protesta resignada, ni serena. Había indignación, había enojo con los legisladores que votarían en el recinto. Cada una de las reformas, laboral, provisional, impositiva y fiscal implica un ajuste a sus bolsillos, un recorte a sus derechos, un deterioro en su futuro. No estaba toda la CGT. Una parte optó por una vía más conciliadora. Pero los que convocaban, por lo menos en cuanto a su composición, expresaban a los mismos sectores que se opusieron a las reformas laborales del menemismo y la Alianza. Las CTA, la izquierda, los movimientos sociales y los gremios combativos que en su momento agrupó el MTA. Los unieron nuevamente las políticas neoliberales cuya esencia se define por una brusca transferencia de recursos de los trabajadores hacia los sectores concentrados de la economía. Otra vez la calle, las mismas identidades, los mismos problemas. Para los que estaban en la calle y los que serán afectados por estas reformas, hubo un cambio con Macri, pero no fue para adelante, sino para atrás. Los escenarios parecen salidos de una máquina del tiempo, el vértigo de “esto ya lo vi” agrega un dramatismo sin tiempo, el de las calamidades que nunca quedan atrás y siempre vuelven. Este retorno vertiginoso al pasado resultó desconcertante por la efectividad inesperada del impacto cultural arrasador de la derecha sobre la sociedad. Antes del retroceso económico se produjo un brutal retroceso cultural que no se explica sólo por errores y limitaciones del kirchnerismo sino fundamentalmente por el intenso bombardeo mediático y la mesa inclinada de un sistema donde el mapa de medios concentrados y un poder judicial feudal, siempre favorecen a los poderosos. De lo que menos se trata en esa maquinaria cultural de la derecha es de la lucha contra la corrupción, el centro está puesto en el rechazo de cualquier política solidaria. La denuncia de la corrupción es una excusa, una palanca que deriva hacia la otra idea que busca destruir el fundamento de una sociedad solidaria, desprestigiar y difamar como mentirosas y demagógicas a las políticas de distribución del ingreso y ampliación de derechos. La reivindicación del republicanismo y la independencia de la justicia también es otra excusa que no respetan, como lo demostró Milagro Sala al hablar el jueves en el juicio absurdo por la causa de las bombachas. Cuando entró a la sala denunció a los jueces: la condena ya está decidida en la gobernación. “Peleen ustedes por sus derechos, los periodistas, tengan independencia, no se dejen llevar por Gerardo Morales, que no va a estar gobernando toda la vida, tengan dignidad, defiendan al país, a ustedes los periodistas los usan para que hablen mal de mí, dos años diciendo a los jujeños que soy la peor basura de Jujuy” dijo. Eso fue el jueves, el martes había llegado el exhorto de la CIDH para que devuelvan a Milagro a su domicilio. Pese a que los pactos internacionales, como el que administra la CIDH, están reconocidos en la Constitución, el gobierno argentino y el jujeño lo ignoran olímpicamente, lo cual es un fuerte retroceso también en los derechos humanos. Milagro se solidarizó con los trabajadores que rechazaron la reforma laboral y gritó “¡Basta de matar a los hermanos mapuches, peleen por sus tierras!” Puso la mira fuera del tribunal, le dio a ese cuadro espesor y

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Arde Honduras

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Fuente: Ezequiel Sánchez* | TiempoAr Fecha: 02 DIC 2017 Honduras está literalmente prendida fuego. Y tras una semana de las elecciones, y sin resultados definitivos, aumentaron las sospechas que existían previas a los comicios. Que habría fraude para legitimar a un gobierno que buscaba sostenerse en el poder, a pesar de que la Constitución prohíbe la reelección. El actual presidente, Juan Orlando Hernández, impuso una Corte Suprema que avaló su postulación, aunque en 2009 se le dio un golpe de Estado a Manuel Zelaya por querer preguntarle a la gente si estaba de acuerdo en reformar la Constitución y permitir un segundo mandato. Consumado el golpe, los actuales gobernantes convirtieron a esta nación en un narco-Estado. Meses atrás, una corte de Nueva York condenó al hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) a 24 años de cárcel por ayudar a ingresar cocaína en Estados Unidos con avionetas del Estado. El testimonio clave fue de los propios narcos a la DEA. En sus declaraciones, también admitieron negocios con el diputado y hermano del actual presidente. Mientras tanto, Honduras es un país donde el 65% de la población vive debajo de la línea de la pobreza y más del 40% es indigente. Donde casi el 20% de Producto Bruto Interno es generado por las remesas que envían los migrantes desde Estados Unidos. Ya no es un «país bananero», ahora es exportador de seres humanos que no garantiza derechos como educación y salud. En 2015 se conoció un multimillonario desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social, que habría causado la muerte de por lo menos 3000 personas. Parte de esa plata financió la campaña del actual presidente. Pepe Lobo, su predecesor, admitió saber del robo, aunque prefirió callarlo para «no perjudicar el curso electoral». A pesar de que un caso de corrupción menor en Guatemala causó la renuncia de Otto Pérez Molina, en Honduras ningún funcionario con alto cargo fue sentenciado. Al contrario, existe un 95% de impunidad y es uno de los cinco países más violentos del mundo. Lo prueba el asesinato hace 20 meses de la líder social Berta Cáceres. Su entorno siempre sostuvo que la orden había venido «desde arriba» y según un informe independiente de hace menos de un mes, el Ministerio Público tiene pruebas suficientes para condenar a gerentes de una empresa hidroeléctrica, a funcionarios del Estado y a militares aún activos. Pero la Justicia nunca llega. En este contexto se realizaron las elecciones. Y las sospechas de fraude empezaron a agigantarse porque el Tribunal Supremo Electoral le dio cinco puntos de ventaja al opositor Salvador Nasralla, mantuvo dos días de silencio y al actualizar la información, Hernández pasó a aventajarlo por un punto. Sumado esto a una población que estuvo muy atenta en la fiscalización de actas y presentó pruebas de irregularidades en el recuento de votos. El descrédito por las instituciones y la evidencia de fraude es tan grande que, si llegaran a declarar ganador a Juan Orlando Hernández, nadie creería en el resultado y empeoraría la situación. Si es que aún eso fuera posible. « * Periodista argentino, residente en Tegucigalpa.

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Myriam Bregman, judíos y mapuches

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El LLAMAMIENTO Argentino Judío repudia los insultos judeofóbicos proferidos por familiares y seguidores de los represores condenados por la causa ESMA, dirigidos contra la abogada y dirigente política Myriam Bregman. No aparecen como originales las injurias emitidas por quienes siguen reivindicando hasta el día de hoy el terrorismo de estado ejecutado por genocidas que fueron —y continúan siendo— la expresión local del fascismo y de la cultura nazi. Tampoco resulta llamativo que estos agravios se emitan en un clima de época en el que desde el gobierno de Cambiemos se persigue a los mapuches, indudables “judíos” de la actualidad, a quienes se demoniza para construirlos como un «enemigo interno». Marcelo Horestein – Secretario Jorge Elbaum – Presidente

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Geopolítica digital latinoamericana

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Fuente: Jorge Elbaum | Nodal Fecha 01 de DIC 2017 La comunicación a través de la red de redes se ha constituido es un espacio de disputa geopolítico que incluye aspectos ligados a la soberanía territorial, la seguridad internacional y a las lógicas de acumulación capitalista. Sólo una mirada ingenua puede describir su actual relevancia como un mero canal de interacción horizontal carente de manipulación digitada por actores políticos y económicos cuyos intereses están íntimamente ligados al control y a la concentración (y ampliación) de poder. Internet es en la actualidad un mecanismo de arbitraje geopolítico inscripto estructuralmente a través de una arquitectura de satélites y tendido de fibra óptica y una minería de datos apta para la vigilancia, el seguimiento, el espionaje y –concomitantemente— su utilización como insumo de Inteligencia Artificial (prospectiva) para la manipulación de mercados y consumidores. La larga lista de operaciones que se realizan sobre las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) incluyen la segmentación de públicos destinadas a ser manipuladas (incluso electoralmente) mediante “fake news” (noticias falsas) y la multiplicación de ejércitos de “trolls” (perfiles falsos) virtuales o robotizados, encargados de sembrar confusión, pánico y/o agendas alternativas contra opositores y o receptores ingenuos. Un aparte de estos dispositivos, además, están encauzadas contra quienes se atreven a proponer normas democráticas y antimonopólicas capaces de regular de forma soberana a la arquitectura de la web. La característica central de internet es el monopolio: un 72 por ciento de los tendidos de fibra óptica existentes en el mundo le pertenecen a la corporación Century Link, que cuenta con ingresos de 24 mil millones de dólares anuales. Dos terceras partes de los 3500 satélites que giran alrededor del planeta pertenecen a Estados Unidos, Rusia y China, y el 95 por ciento de la comunicación de América Latina circula por fuera de su geografía. El creciente peso del comercio por internet y la deslocalización de los circuitos de monetización y distribución de bienes y servicios han permitido a las trasnacionales nuevas formas de evasión impositiva y afianzar con esa lógica patrones de concentración económica beneficiosos para quienes administran los nodos estratégicos de las redes. Los beneficios de esas transacciones que no se tributan en nuestros países son absorbidos por las propias metrópolis centrales que alientan de esa manera el vaciamiento fiscal de nuestras economías favoreciendo los déficits fiscales en forma creciente. La desregulación económica que internet habilita –sin controles soberanos— consiente el difuso “pase de manos” de la inmensa intermediación financiera y su consiguiente refugio de “contabilidad creativa”, capaz de incrementar los recursos depositados en los paraísos fiscales y en las guaridas bancarias ubicadas (o dependientes de) los países centrales. Internet se constituye así en una actualizada forma de dominación, enclavada bipolarmente en dos aspectos convergentes: la ciber-vigilancia(asociada al monitoreo militar) y la obtención de rentas internacionales incapaces de ser captadas por los Estados subalternos. El 98 por ciento del tráfico de Internet entre América Latina y el mundo circula por servidores de los EEUU. El 75 por ciento de la información que transita por el interior de nuestro subcontinente, también tiene domicilio “físico” en “nubes” estadounidenses. En el año 2010 Julian Assange divulgó miles de documentos (WikiLeaks) en los que se evidenciaba la utilización de las redes para inspeccionar y digitar políticas comerciales y de seguridad, monopolizadas tanto por el Departamento de Estado como por empresas dispuestas a agenciarse ventajas competitivas mediante la utilización de información privilegiada. Durante ese mismo año la OTAN llevó a cabo la primera “Cumbre de los comunes estratégicos” donde se analizó prioritariamente aspectos relacionados con la ciber-defensa, el ciber terrorismo y la elaboración de protocolos ligados a la guerra virtualizada mediante el uso de drones y aparatología misilística asociada a redes de celulares telefónicos. Desde 2010 se calcula que han sido 2500 las personas ejecutadas a través de drones guiados por la información provista por datos obtenidos de internet. En 2013 Edward Snowden sumó certidumbres acerca de la colaboración entre las empresas monopólicas Alphabet (Google) y Facebook con la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos NSA, para ceder información privada y confidencial para ser utilizados con fines eminentemente políticos, algunos de los cuales incluyeron el socavamiento de proyectos emancipatorios de varios países latinoamericanos. Presidentes de gobiernos de destinos países –como Angela Merkel de Alemania y Dilma Rousseff de Brasil–, y corporaciones de energía, como Petrobras, fueron monitoreadas durante años por distintas agencias de inteligencia de Washington para favorecersus intereses geopolíticos. El subterfugio de la lucha contra el terrorismo justificó su acceso a la casi totalidad de la circulación informativa de la web permitiendo la ampliación de la vigilancia global, la intervención política en asuntos soberanos de terceros países y la utilización de información privilegiada para favorecer a empresas trasnacionales con sede en esos mismos países centrales. Este reforzamiento del control y la subordinación a intereses hegemónicos implica una forma de “colonialismo digital” caracterizado por una creciente monopolización de la comunicación humana, constituida históricamente como un “bien común”. Hoy la circulación de la imagen, la palabra, los perfiles sanitarios (demandados por las compañías de seguros y de medicina), la geolocalización y los perfiles de consumo aparecen como datos imprescindibles para esas cinco empresas monopólicas (que comercializan dichos insumos a terceras empresas) y para los gobiernos asociados a ellas que se dedican a perseguir a opositores a través del monitoreo y la divulgación de aspectos de la vida privada de los vigilados. Uno de los temas centrales de próxima reunión ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) a desarrollarse en diciembre venidero en Buenos Aires es justamente la legitimación de los mecanismos de desregulación de la web –en nombre de la reiterada y sacrosanta libertad neoliberal– y la prohibición explícita a cualquier forma de regulación soberana sobre la protección de la información y de su circulación. Hace quince años atrás, las diez empresas más poderosas del orbe tenían una inscripción en el mundo de la energía: generalmente eran corporaciones petroleras. En la actualidad el ranking muestra que han sido desplazadas por

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