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Fuente:  Luis Bruschtein | Página 12 Fecha: 20 de OCT 2018 Intolerancia y violencia, los nuevos invitados del macrismo, no tan lejos de Bolsonaro, son mensajeros de la sociedad que se avecina. El chofer que fue detenido en Ezeiza por el cartel “Pan para el mundo”, el juez y el abogado que fueron agredidos por policías en Mar del Plata porque estaban en “actitud sospechosa”, las chicas del Pellegrini que fueron encerradas por los patovicas del boliche Mandarine Park por llevar pañuelos verdes y el grupo de supuestos padres que irrumpió en la escuela número 8 de La Plata para impedir que se dictara la materia de educación sexual fueron noticias secundarias que aparecieron esta semana desparramadas en las páginas interiores de algunos medios o circularon por las redes. Aparecen como hechos secundarios, pero están en el corazón de la sociedad autoritaria, intolerante y regresiva que comienza a instalarse a partir del discurso neoliberal traducido por el amarillismo excluyente de los medios oficialistas y las campañas informáticas. Fue chistoso que mandaran al chofer a buscar a dos miembros de una ONG internacional denominada “Pan para el mundo” y que lo detuvieran para interrogarlo por sospechoso de subversión. Pero no fue chistoso. En Mar del Plata, Claudio Spinelli trató de defender a un hombre que había sido interpelado y maltratado por los policías Héctor Gutiérrez y Daniel Salerno. Y Spinelli terminó aplastado en el suelo, con el brazo retorcido mientras lo esposaban. Entonces intervino el juez laboral Humberto Noel que se encontraba allí por casualidad. El juez llamó la atención de los policías porque Spinelli es un conocido abogado local. Y los policías, al igual que las personas que se encontraban en el lugar, insultaron al juez. “Corrupto”, “garantista”, “vergüenza de la Nación”, le dijeron a coro. En el boliche Mandarine Park, en la CABA, se iba a realizar una fiesta de egresados. Cuatro chicas, dos de ellas menores, fueron interceptadas por los gorilas de la puerta y encerradas en un cuarto donde fueron maltratadas mientras los tipos reivindicaban a la dictadura. El ultraje a las pibas, estudiantes del Carlos Pellegrini, fue porque llevaban el pañuelo verde en sus mochilas. En La Plata, un grupo de personas con el pañuelo celeste intentó interrumpir por la fuerza las clases en la escuela media Pedro Benoit para impedir que se impartiera la materia Educación Sexual Integral. Fueron interceptados en el patio y retirados hasta la puerta por alumnas y profesores, con los que discutieron. “Si sos mujer, tenés vagina y si sos hombre tenés pene, andá al baño a mirarte”, le dijo un hombre a una piba que le discutía. “Vamos a perseguir a los aborteros como se persigue a los narcotraficantes”, dijo otro en medio del griterío. Son señales de algo que está sucediendo en la sociedad. Hacía mucho tiempo que estas situaciones no se veían en un país que vivió tiempos de dictaduras durante las que se medía el largo de las polleras de las chicas y del pelo de los varones. Una sociedad cuya policía se dedicaba a allanar hoteles para sorprender a maridos o esposas infieles y donde se iba preso por dejarse la barba, el pelo largo o simplemente por no llevar el documento de identidad. El país de los prejuicios, de los guardianes de la moral y los hipócritas, que es el país de la violencia y el atraso de las dictaduras militares. Hubo treinta años donde el país se esforzó por poner distancia de esas aberraciones cavernícolas y ahora están aquí, naturalizadas, imbricadas en un sentido común hegemónico que otorga ese poder arbitrario a la represión porque todo su esquema se organiza alrededor de esa idea de orden maniatado y amordazado. Los hechos se produjeron en una semana donde la opinión pública –incluyendo a los macristas de Cambiemos– se escandalizó por situaciones similares generadas en Brasil por simpatizantes del candidato ganador de la primera vuelta, el fascista Jair Bolsonaro. Es gracioso cómo a la derecha argentina le molesta verse reflejada en la imagen de Bolsonaro, al punto de que un columnista de La Nación no pudo reprimirse y, para evitar cualquier equívoco, afirmó que la Bolsonaro argentina es Cristina Kirchner cuando, a todas luces, es lo opuesto, pero también es lo opuesto a ellos, lo cual los pone a ellos junto al fascista del país hermano. El kirchnerismo (y el peronismo en general) es un espejo que les devuelve una imagen que no les gusta. Les agrada imaginarse modernos, democráticos, campeones de la tolerancia, y algunos hasta como progresistas, pero ese espejo los desnuda como lo que son. Se dice con bastante razón que no hay que abusar del término fascista. Pero es difícil encontrar otra palabra para calificar a un tipo que avala la tortura y las dictaduras militares, que considera inferiores a los negros y las mujeres y que prefiere a sus hijos muertos antes que homosexuales. También se dice que la mayoría de las personas que votaron a Bolsonaro no son fascistas, pero lo serán a medida que el poder político y mediático vayan naturalizando ese discurso. Así pasó en Italia y en la Alemania nazi. Hay una tendencia a la derechización en todo el mundo, salvo pocas excepciones que resisten a esta nueva noche de la humanidad caracterizada por una restauración conservadora que provoca grandes cataclismos económicos y profundas desigualdades. Pero es cierto que muchas de las personas que votaron a Bolsonaro todavía no son fascistas. Se dice también que el aterrizaje de los gobiernos conservadores se debe a los límites de los gobiernos populares que los precedieron y a la falta de sensibilidad o capacidad para dar respuesta a reclamos muy instalados en la sociedad sobre la corrupción y la seguridad. Pero esos reclamos constituyen solamente una parte de la realidad. Los gobiernos del PT en Brasil impulsaron políticas de salud, educación, vivienda y distribución de la riqueza que duplicaron la clase media y sacaron a millones de personas de la pobreza en un fenómeno que nunca antes se había

Fuente: Edgardo Mocca | Página 12 Fecha: 07 de OCT 2018 ¿Es antidemocrático expresar el deseo de que se vayan los actuales gobernantes? Cada vez que alguna persona públicamente conocida se pronuncia de ese modo se activa el piloto automático del periodismo monopólico -incluido su segmento más “neutral”- para repudiar esos dichos. La voz de orden es la “defensa de las instituciones”. Hace diez años no era así como pensaba el actual presidente y su partido, cuando la furiosa manipulación política de la tragedia de Cromañón habilitó el juicio político contra Aníbal Ibarra en la ciudad de Buenos Aires y generó las condiciones para el ascenso de Macri al centro de la escena política nacional. La presidencia es, por cierto, una institución de las más importantes de la república pero su duración en el cargo no lo es, en la medida que la Constitución habilita el juicio político en su contra, dadas ciertas premisas y cumplidos ciertos procedimientos. Claro que para la memoria política argentina, la cuestión no es solamente un problema de leyes y de constitución, sino que está atravesada por el mal endémico de la república durante gran parte del siglo anterior. La intervención pretoriana de las fuerzas armadas -casi siempre a nombre de las oligarquías legales y con un sentido de persecución e injusticia- generó una legítima y muy mayoritaria valoración por el cumplimiento del mandato presidencial. Cuando recuperamos el estado de derecho y el voto realmente universal, sin vetos ni proscripciones, el deseo colectivo de que sea el voto popular el que juzgue el desempeño del presidente se convirtió en una de las premisas del buen funcionamiento de las instituciones. Sin embargo, en dos ocasiones desde entonces los presidentes no terminaron su período de gobierno; fue el caso de Alfonsín y de De la Rúa, quienes, en ambos casos rodeados de un clima de crisis general y de desorden social, renunciaron anticipadamente. Un lugar común de la ignorancia disfrazada de análisis político atribuye a la acción de la oposición peronista esas crisis y esas alteraciones de los tiempos institucionales previstos. Claramente no fue la oposición la que en diciembre de 2001 ordenó la cruel represión que terminó con la muerte de decenas de personas en aquellas caóticas jornadas. La duración estricta del mandato del gobierno es un principio que no rige en buena parte de los actuales regímenes democráticos. Una parte importante de ellos son gobernados por regímenes parlamentarios, muy diferentes entre sí pero con el principio común de que el jefe de gobierno no puede mantenerse en su cargo desde el mismo momento en que pierde el apoyo de la mayoría de los parlamentarios. Un debate muy transitado en las últimas décadas -a veces casi excluyente entre politólogos y constitucionalistas-gira en torno de las bondades y de los problemas del presidencialismo y el parlamentarismo. Esta nota no se internará en ese territorio. La mención se limita a quitarle a la duración del mandato la aureola de santidad que lo identifica con el “buen funcionamiento de las instituciones”. ¿Puede hacer lo que quiera un gobierno mientras dura el período previsto para su recambio? ¿Es la duración prevista del mandato un valor superior al “bienestar general”, para mencionar el principio que invoca el preámbulo de nuestra constitución? Claro que, llegados a este punto, aparece el obvio problema de quién puede determinar cuándo se está actuando en la dirección de ese principio o cuándo no. Pero justamente de eso se trata, de la deliberación política. Y no de su reemplazo por candorosas o fraudulentas apelaciones a la defensa de las instituciones como modo de enfrentar fuertes y fundados cuestionamientos a la actual gestión de Macri. Una impresionante maquinaria mediática trabaja hoy para defender una serie de formulaciones que emite el gobierno: tormentas, cosas que pasan, esfuerzos circunstanciales del pueblo y futuros luminosos. Hoy ni los más acérrimos ideólogos del neoliberalismo otorgan crédito a esos productos de la publicidad, que a medida que pasa el tiempo se van volviendo ya no solamente mentirosos sino también ofensivos y provocativos para una gran parte de nuestra sociedad. El debate es político y no jurídico. Hay que dirimir lo que políticamente conviene y después darle el marco jurídico, sin olvidar que detrás de lo político y lo jurídico se juegan vidas, proyectos individuales y colectivos, derechos elementales que nadie que se reclame democrático puede ignorar. Claro, lo mejor es que esos debates políticos tengan lugar en el proceso de elecciones presidenciales para las que no falta tanto tiempo. Pero tampoco se puede ignorar o degradar la suerte concreta de millones de argentinos, bajo el argumento del respeto por los tiempos institucionales. Nadie puede negar que el deseo de que esta lamentable experiencia política termine lo más rápido que se pueda abarcar a una parte importante de nuestro pueblo. Se trata, claro, de una parte que no es la dueña de los grandes medios, ni influye gran cosa en la conducta de los tribunales, ni dispone de grandes capitales. Pero así y todo existe. Se pronuncia, sale a la calle y protesta. No son facciosos ni provocadores ni antidemocráticos; simplemente tienen un juicio o un punto de vista. Tan respetable, en principio, como los de quienes por conformidad con las políticas en curso o temor por las derivas de la crisis, prefieren mantener este estado de cosas hasta la elección. Por eso la retórica del presidente en los últimos días, esa que habla del “veneno social” y de las “personas envilecidas” tiene que ser repudiada. Porque tiene el designio de suplantar el debate político por la amenaza. Desde que empezó la gestión, ese discurso está en primer plano. Y ya acumula mucho dolor, mucha persecución y mucha violencia. Y ya que de instituciones estamos hablando, no está demás decir que mal se puede defenderlas apoyando y/o aceptando la entrega del poder de decisión soberana sobre nuestros recursos y nuestras políticas a las manos del FMI como hizo y hace este gobierno. ¿Tiene más importancia la duración del mandato presidencial que el ejercicio

Fuente: Jorge Elbaum | El cohete a la Luna Fecha: 07 de OCT 2018 El lunes 1° de octubre el ex juez Carlos Rozanski, el constitucionalista Eduardo Barcesat, el diputado nacional Horacio Pietragalla y el Llamamiento Argentino Judío presentaron una denuncia ante la justicia federal contra Mauricio Macri. El motivo de la imputación fue un mensaje difundido a través de su cuenta oficial, de la red social Twitter, en la que utilizó fraseología literal extractada del libro Mein Kampf (Mi Lucha) de Adolf Hitler. En el mensaje de Macri se empleaban los conceptos de “veneno social” y “personas envilecidas”, con que el dirigente nazi se remitía, en el primer cuarto del siglo XX, a quienes consideraba sus enemigos,  judíos y comunistas. La presentación realizada en la justicia federal recayó en el juzgado de María Romilda Servini de Cubría y la fiscal actuante será Paloma Ochoa. [1] La denuncia detalla que el primer mandatario incitó a la violencia colectiva contra opositores políticos al identificarlos como “veneno social”, y convocó a su aislamiento cual si fuesen sujetos leprosos en plena modernidad tardía. La apelación a esa persecución contra quienes sustentan opiniones divergentes no mereció ningún comunicado por parte de la AMIA ni la DAIA. Ambas entidades se han alineado como indudables apéndices del gobierno macrista y se encuentran más preocupadas en eludir los escándalos sexuales y las acusaciones de abuso contra sus dirigentes, antes que repudiar discursos repudiables como éste. El marketing que rodea a la derecha empresaria argentina, agrupada en el PRO y Cambiemos, no ha podido desligarse de la pátina discriminatoria que le es intrínseca y que está grabada en los inicios de su conformación histórica. El modelo hegemónico actual de los sectores reaccionarios es una combinación entre programas económicos neoliberales, autoritarismo represivo recubierto por fraseología jurídica y blindaje mediático. Mediante la articulación inestable de esos componentes se ha buscado disimular las banalizaciones de los Derechos Humanos y el carácter estigmatizador hacia diferentes sectores sociales, especialmente hacia los sectores populares, los migrantes, las mujeres y las orientaciones sexuales disidentes. Sin embargo, un racconto mínimo de los deslices discursivos muestra con claridad aquello que se ha pretendido enmascarar un lustro atrás como la expresión de una nueva derecha. En diciembre de 2010, a raíz de la ocupación del Parque Indoamericano, en la Ciudad de Buenos Aires, tanto Macri como su jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, atribuyeron la intrusión en Villa Soldati como el producto de una “inmigración descontrolada”, catalogando despreciativamente a quienes se veían en la necesidad de ocupar tierras ante la carencia de viviendas. El 12 de septiembre de 2013, luego de ser parte de una rememoración sobre el Holocausto (sufrido durante la Segunda Guerra Mundial por gitanos, discapacitados, homosexuales, Testigos de Jehová y judíos), el actual Presidente afirmó que “hay que terminar con el tema de la memoria… hay que mirar para el futuro… dejar el pasado atrás”. Pocos meses después, su principal consejero comunicacional, Jaime Durán Barba, afirmaba suelto de cuerpo que “Hitler era un tipo espectacular”. El 22 de abril de 2014 el ingeniero recibido en la UCA señaló que “a todas las mujeres les gustan que les digan un piropo. Aquellas que dicen que no, que se ofenden, no les creo nada. No puede haber nada más lindo…, por más que esté acompañado de una grosería, que te digan qué lindo culo que tenés”. El 21 de marzo de 2015 sugirió, convencido, que la homosexualidad es una enfermedad y un homosexual “no es una persona ciento por ciento sana”. El desprecio por migrantes, la memoria de las víctimas y la misoginia se ha sumado al permanente etiquetamiento hacia los mapuches. Su estigmatización redundó en dos asesinatos aún velados por los vericuetos de una Justicia dispuesta a trabajar al servicio de los poderosos. La recurrente adjudicación de supuestos componentes subversivos y terroristas entre los activistas de los pueblos originarios fue utilizada por el macrismo, además, para asociarlos al chavismo venezolano. Esto motivó que en diciembre de 2016 el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) difundiese cuestionamientos hacia la Argentina en relación con la situación de pueblos originarios, los afrodescendientes y los migrantes, “quienes enfrentan un agravamiento de su discriminación”. Por su parte, el secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj subrayó el 25 de agosto de 2016, en relación a la Shoá, que nunca se pudo determinar fehacientemente si las víctimas “fueron 6 millones ó 5 millones”. Su intención fue minimizar la bandera de los 30.000 desaparecidos, cuyo número fue puesto en duda reiteradamente por varios funcionarios gubernamentales. En ese mismo tenor de desprecio e ignorancia, el ministro de Educación, Esteban Bullrich, definió a los nazis el 26 de marzo de 2017 como parte de una “dirigencia que no supo unir”, en un acto realizado en la Casa de Ana Frank en Ámsterdam. Tiempo antes, en una gira por el sur del país, expresión que era necesaria una “nueva campaña al desierto” esta vez de índole educativa. Existen menos distancias entre Bolsonaro, Trump y Macri de lo que se supone. Los tres son la expresión de un modelo restrictivo de las garantías y libertades públicas, mediadas por específicas particularidades nacionales. El supremacismo injerencista del presidente de Estados Unidos, la prepotencia militarista y represiva de Bolsonaro y los lapsus hitleristas de Macri responden a patrones sustentados en una raíz común: la restricción a la democracia, la conservación de privilegios y la apelación a la resolución violenta de los conflictos sociales. El neoliberalismo siempre se ha presentado con bigotito chaplinesco. La imagen principal es de Sebastián Miquel [1]. Denuncia completa: https://bit.ly/2zKZ385