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Fuente: Daniel Politi | The New York Times Fecha: 30 de NOV 2018 Cuando se planeó que Argentina fuera el país anfitrión de los jefes de Estado de las principales economías del mundo en la cumbre del G20, el gobierno vio la reunión como una oportunidad de oro para mostrar a la nación como estable y próspera No obstante, cuando los líderes mundiales lleguen a Buenos Aires el 30 de noviembre, encontrarán un país que atraviesa una severa recesión y que ha sido sacudido por una racha de incidentes relacionados con la seguridad. Entre ellos el ataque a los futbolistas de Boca Juniors, por parte de un grupo de hinchas violentos de River Plate, que sucedió el fin de semana pasado, una amenaza de bomba hecha por activistas veganos y el reciente arresto de un par de hermanos en Buenos Aires por ser sospechosos de tener nexos con Hezbolá, el movimiento libanés. Mientras tanto, las huelgas de empleados públicos han ocasionado la cancelación de varios vuelos esta semana y han complicado la transportación en gran parte del país. Así que mientras los funcionarios del gobierno buscan reforzar la seguridad en la mayor parte de la capital antes de la cumbre, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, les aconsejó a los casi 2,9 millones de residentes de Buenos Aires “que usen el fin de semana largo para irse, que se vayan el jueves porque la ciudad va a estar muy complicada”. Esa recomendación fue incongruente con la gran esperanza que el gobierno argentino expresó hace un año cuando asumió la presidencia del G20. “Un mundo donde inspiramos confianza porque estamos en el camino correcto”, dijo en ese entonces el presidente Mauricio Macri. Después de los doce años de gobiernos de izquierda liderados por los presidentes Néstor Kirchner y su esposa, Cristina Fernández, Argentina cayó en el impago de su deuda externa, lo que ahuyentó a los inversionistas y cultivó vínculos cercanos con China y Rusia conforme se distanciaron las relaciones con Estados Unidos. Desde su elección en 2015, Macri, un político de centroderecha, ha buscado restaurar la confianza de los inversionistas al controlar el gasto público. También ha cambiado el curso de la política exterior de Argentina al retomar las relaciones con el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump. Además, se ha esforzado para posicionar a Argentina como un país prominente en debates globales en temas como el cambio climático, la migración y la política comercial. “Pasamos de estar fuera del mundo” a tener la responsabilidad de planear el G20, dijo Macri el año pasado. “Hay que convertir todo esto en nuevas oportunidades para el país”. En cambio, los líderes de las economías más grandes del mundo llegarán a un país que enfrenta muchas dificultades, particularmente con su economía, las cuales han contribuido a un desplome de los índices de aprobación de Macri. Conforme la moneda argentina se devaluó estrepitosamente hace unos meses, Macri tomó la difícil decisión de solicitar un préstamo al Fondo Monetario Internacional. Posteriormente, tan solo meses después, ese préstamo tuvo que ser aumentado. Todavía, sin muchas buenas noticias que presumir, los funcionarios argentinos realizan grandes esfuerzos para lograr una cumbre ordenada. El gobierno está desplegando a veintidós mil integrantes de las fuerzas de seguridad y cierra grandes áreas de la capital para proteger a los jefes de Estado visitantes y a sus delegaciones. La ciudad de Buenos Aires declaró el viernes como día festivo para disminuir el tráfico y alentar a la gente a salir de la ciudad. Los funcionarios están conscientes de los disturbios que estropearon la cumbre del G20 en Hamburgo, Alemania, el año pasado. Los grupos críticos de la globalización y el capitalismo incendiaron autos, saquearon negocios y se enfrentaron a la policía en confrontaciones que dejaron cientos de heridos y que ocasionaron la detención de más de cuatrocientas personas. La reunión de este año ocurre durante un periodo de considerable descontento social en Buenos Aires, donde los manifestantes y los bloqueos callejeros se han convertido en un hecho cotidiano. Además, diciembre ha sido históricamente un mes en el que este tipo de protestas se tornan violentas, particularmente en momentos de problemas económicos. La recomendación de salir de la ciudad durante el evento fue recibida con indignación por los argentinos, que luchan para hacer rendir el dinero en medio de una creciente inflación. “¿Apenas tengo suficiente dinero para alimentos y ella quiere que salga de la ciudad?”, dijo Paula Valladares, de 46 años, una especialista en el cuidado de personas mayores. “Necesito trabajar. Si no trabajo, no como”. Quienes intentaron acatar la recomendación encontraron algunos problemas el 26 de noviembre porque todos los vuelos de la empresa estatal Aerolíneas Argentinas fueron cancelados debido a una huelga de los trabajadores. La mañana del 27 de noviembre, todo el transporte público paró sus actividades durante tres horas debido a otra huelga. Incluso antes del ataque del fin de semana al autobús que transportaba a los jugadores de Boca Juniors al estadio —en el que varios futbolistas resultaron heridos, lo que llevó a la suspensión de una final muy esperada que ahora tendrá que realizarse fuera del país— la ciudad estaba intranquila después de que amenazas de bomba condujeran al desalojo de la Embajada de Estados Unidos, el Senado, un banco, un hospital y el aeropuerto regional. Todas resultaron ser falsas alarmas. No obstante, hace unas semanas, un grupo de anarquistas veganos fueron acusados de dejar un artefacto explosivo en el cementerio de la Recoleta, donde se encuentran sepultadas varias figuras importantes de la historia argentina, incluida la ex primera dama Eva Perón. Una de las personas implicadas resultó herida cuando el dispositivo aparentemente detonó de manera prematura. El gobierno también culpó a un grupo anarquista por una bomba casera fue lanzada al hogar de un juez. Otro episodio inusual que llegó a los encabezados fue el arresto a mediados de noviembre de dos ciudadanos argentinos acusados de tener vínculos con Hezbolá. Sus familiares negaron que ambos hombres, de 23 y 25 años, fueran terroristas. El Centro de Estudios Legales y Sociales, un grupo de derechos humanos de Argentina, afirma que el gobierno ha usado la

Fuente: Jorge Argüello | Fund. Embajada Abierta Fecha: 27 de NOV 2018 Los gobiernos de Argentina y Gran Bretaña han informado que han llegado a un acuerdo sobre la adopción de un segundo vuelo semanal, de una compañía aérea extranjera con destino a las Islas Malvinas, desde y hacia San Pablo, Brasil, y con una escala mensual en la ciudad de Córdoba. La información, que fuera transmitida con un aire positivo -se llegó a hablar de un “triunfo diplomático” del Palacio San Martín- que saluda de manera simplista una mayor conexión de los archipiélagos usurpados desde 1833 con el territorio continental argentino, a semejanza de lo que ocurrió durante las décadas anteriores al conflicto armado de 1982. Pero este anuncio esconde una primera de muchas falacias: el acuerdo si bien habría sido bilateral, dado que solo existen dos partes en la disputa, la última palabra la habría tenido un tercer actor, a saber: el ilegítimo gobierno isleño. Según la información suministrada por la Cancillería argentina, este segundo vuelo regular a las Islas Malvinas -el primero, por un acuerdo de julio de 1999, que hace una escala mensual en Río Gallegos- será operado también por la empresa LATAM. Este beneficio hacia los isleños fue obtenido gracias a la “nueva”, pero no novedosa, política de acercamiento hacia el Reino Unido adoptada por la actual administración del Presidente Macri en relación a la Cuestión Malvinas, la cual alcanzó su punto máximo con la adopción del acuerdo internacional conocido como “Acuerdo Foradori-Duncan” del 13 de septiembre de 2016. Dicho acuerdo, que no contó con la aprobación del Congreso Nacional como indica nuestra Carta Magna, retoma la política del “paraguas de soberanía” de la década de los  ’90, mediante la cual permite a las partes negociar sobre todos los aspectos accesorios de la Cuestión Malvinas pero dejando de lado la parte esencial: la disputa de soberanía. La empresa elegida para operar este segundo vuelo será LATAM Brasil uniendo semanalmente San Pablo (Brasil), en vuelo directo, con Monte Agradable (Malvinas), y el tercer miércoles de cada mes hará una escala en el aeropuerto Taravella, de la ciudad de Córdoba. Lo primero que tenemos que preguntarnos, ante este inexplicable triunfalismo diplomático, es ¿para qué la Argentina le otorga a las ilegítimas autoridades isleñas la autorización de una segunda conexión aérea semanal? La elección del aeropuerto de Córdoba responde solo y únicamente a las demandas del gobierno isleño, que se ha resistido largamente, y de manera cerrada, a que la escala de cualquier conexión aérea sea la capital argentina. El objetivo común del Gobierno británico y de la dirigencia isleña es crear vínculos comerciales, y de otros tipos, con los países vecinos de América del Sur pero excluyendo siempre a la Argentina continental. En consonancia, los vínculos aéreos entre las islas y terceros países son un viejo anhelo de la dirigencia económico- política isleña. La primera conclusión a la que el lector puede arribar es qué en este acuerdo,  anunciado con bombos y platillos, los isleños han logrado lo que buscaban. En dos años de negociaciones, obtuvieron del gobierno argentino el ciento por ciento de sus demandas. ¿Para eso negoció Argentina todo este tiempo? La otra gran pregunta en esta instancia, con la disputa de soberanía por las Malvinas como telón de fondo, cae de maduro: ¿qué beneficios reporta este segundo vuelo al objetivo central e irrenunciable de recuperar el efectivo ejercicio de la soberanía sobre las islas? Y la respuesta es: ninguno. Al contrario, un nuevo perjuicio. Desde 2003, la Argentina ha presentado la propuesta de establecer un servicio aéreo regular y directo entre las islas y el territorio continental, operado por una empresa aerocomercial argentina, bajo fórmula de soberanía. Pero siempre recibió la negativa rotunda del gobierno británico. Ahora, resulta que el gobierno nacional termina aceptando que no se trate de un vuelo directo a la Argentina continental, sino de una simple escala. Y, por si fuera poco, que el prestador de ese vuelo tampoco sea una aerolínea de bandera argentina. Para rematar esta pésima faena diplomática, el gobierno argentino aceptó ir en conjunto con el del Reino Unido a gestionar el nuevo vuelo con ese tercer país. La situación es política y diplomáticamente indisimulable: este segundo vuelo es una necesidad de la dirigencia isleña y su posible concreción responde, únicamente, a una concesión argentina de buena voluntad, teniendo en cuenta que la mentada autorización requiere indefectiblemente de una autorización argentina. Ni el Reino Unido, ni los isleños tienen por derecho ninguna capacidad decisoria en esta cuestión, que es y seguirá siendo de exclusiva competencia nacional. Entonces, al aceptarse que el aeropuerto de la nueva escala sea Córdoba, en lugar de Buenos Aires, y que el destino final sea San Pablo, se están convalidando también todas las imposiciones isleñas y se deja de lado lo único que debiera haber reflejado un anuncio oficial de este tipo: el interés nacional. La espina a remover durante la negociación fue siempre la misma; una cerrada oposición de los representantes isleños a que, en principio, el avión hiciese una parada en territorio argentino, y, más tarde, la negativa a que la escala fuese en Buenos Aires. Los «hard liners» (línea dura o halcones) isleños buscaron negar la posibilidad de una «ola turística argentina» en suelo malvinense, por eso bloquearon a todo costo la escala en Buenos Aires (Aeroparque y Ezeiza). Y lo lograron.

Fuente: Alejandra Dandán | El cohete a la luna Fecha: 18 de NOV 2018 Nilda Garré analiza el hallazgo del Submarino ARA San Juan y destaca el dato del casco resistente y el espacio destinado a los tripulantes de la nave, que permaneció perfectamente cerrado aún después de la implosión. Una de las imágenes indica que existió un intento de subir a la superficie antes del final. La ex ministra de Defensa integra hoy la Comisión Bicameral creada por ley del Congreso que se reúne una vez a la semana para investigar responsabilidades políticas y seguir los avances de lo que hasta ahora era la búsqueda. Habla aquí del desprecio absoluto del ministerio de Defensa por los familiares de los 44 tripulantes y de la propuesta de un mausoleo flotante que aún no escucha el gobierno. Y señala que es posible tecnológicamente acceder a la recuperación de fragmentos de la nave, e incluso de los cuerpos de los tripulantes. ¿Cual es su evaluación? Se abre una nueva etapa. El objetivo del hallazgo del submarino está logrado. Y eso permite establecer algunas cosas. El casco resistente de la nave estaba intacto. Eso muestra que la reparación que algunos objetaron estaba perfectamente hecha porque la zona de la soldadura permaneció intacta, a pesar de la explosión que seguramente hubo dentro del submarino, y de la implosión que se derivó del hundimiento. Las partes que están desprendidas son más frágiles, no hacen a la estructura fundamental. Y también existen planos que muestran una suerte de timón que se usa para subir, y que aparece como si hubiese sido maniobrado hacia arriba. Esa información indica que hubo algún intento de direccionar la nave cuando empezó a caer o mientras caía, que intentaron subir. Es decir, hubo un intento de maniobra para evitar la caída. Eso se ha podido determinar a través del ROV (del ingles Remotely Operate Vehicle, un vehículo operado a distancia desde el submarino de la empresa Ocean Infinity). Ha tomado la imagen de cerca. Y muestra que no fue todo inmediato, que hubo un tiempo en el que se intentó maniobrar para recuperar altura y salir de la profundidad en la que estaban cayendo. Esos datos no aparecieron así en la conferencia de prensa. Por supuesto, estas cosas las estamos viendo ahora nosotros. Los especialistas ahora podrán sacar más conclusiones. Por eso se abre la etapa de investigación para saber qué puede haber ocurrido, y es decisivo. Ya hay elementos de prueba, no meras evaluaciones e hipótesis. Entre otros datos, teníamos los avisos del comandante del ARA San Juan, cuando advirtió que tenían problemas porque les había entrado agua, el tema de la válvula y el balcón de baterías que había sufrido un principio de incendio. Él habló de una situación de emergencia. Y dijo: Voy a quedarme sumergido, la tripulación está bien. Lo hacía para que se repongan de la tormenta que habían sufrido. Algunos hoy evalúan que tendría que haber subido a superficie. Pero ya vendrán las evaluaciones para saber cuál hubiese sido la decisión más correcta. Él comunicó dónde estaba, dio su ubicación, así que nosotros desde la Bicameral teníamos datos que indicaban esa ubicación. Eso se sumó al informe de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO, por sus siglas en inglés) que identificó el ruido hidrofónico, y todo eso nos daba una ubicación muy aproximada a la que efectivamente resultó correcta. ¿Qué otros datos consideró importantes? Aguad dijo que todo sucedió en poco más de dos horas. Por los informes que venimos escuchando en la Bicameral hoy sabemos que los problemas que presentaba el submarino sobre algunas deficiencias en el periscopio y falta de balizas o sobre la cantidad insuficiente de elementos, habían sido solucionados en el ingreso de septiembre a la Base Naval de Mar del Plata. Todo eso había sido reparado, según el informe de la base de Submarinos. También teníamos el resultado de la calificación que hizo el comandante del buque: 4.25 puntos sobre 5, es decir, un estado de operatividad razonable en cuanto a la seguridad de la navegación. Hasta ayer se sabían todas esas cosas. Ahora llega el momento de hilar un poco más fino y saber cómo fue ese final donde probablemente haya habido una explosión de hidrógeno que es lo que inicia la caída que va determinar después la implosión. Aguad dijo que cayó en picada. Y se preguntó qué pasó que todo sucedió tan rápido, que no llegaron a activar las alertas. Pareció sugerir algo. ¿La dejó pensando? ¿Aguad? No, Aguad no me deja pensando. Las declaraciones me parecieron pobres e inexpresivas. Me atuve más al informe técnico de (el capitán, ex vocero de la Armada, Enrique Antonio) Balbi, que siempre es bastante preciso. Y a las consultas que hicimos este tiempo, también a submarinistas. Todo indica que están claros los elementos que muestran que estaban tratando de subir, que hubo un intento de reaccionar a la caída, y que probablemente haya habido una explosión previa de hidrógeno que se acumula y es muy peligroso. Y eso provoca la caída, la implosión y ellos han intentado esta última maniobra, ya sobre el final, por supuesto. ¿Cómo sigue todo en términos de responsabilidades? Hay tres ámbitos que investigan. El ministerio de Defensa observa las responsabilidades funcionales en una investigación administrativa, delegada al Estado Mayor Conjunto. La Comisión Bicameral investiga responsabilidades de tipo político y de toma de decisiones. Y la causa judicial investiga si hay delito doloso o culposo con relación a lo que sucedió y las decisiones finales. Existe la pregunta acerca de si había que haber tomado la decisión de la inmersión o si el comandante de Submarinos tendría que haber dicho: vuelva a superficie o no vaya a inmersión. Allí está la jueza Marta Yañez, que trabaja muy intensamente. Y también hay que decidir la remoción de partes de submarino porque estos ROV de la empresa Ocean Infinity permiten arrancar partes para estudiarlas. La conferencia de prensa dejó ese tema en suspenso. La jueza puede