septiembre 2018

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Ahora Israel tiene una ley racial

Fuente: Gideon Levy | Haaretz Fecha: 21 de SEPT 2018 Incluso si  tuviera hasta el final de los tiempos, Israel y la nación judía nunca podrán compensar a la nación palestina por todos los daños que le han causado. No podría por el daño material ni el daño intelectual, el daño físico ni el daño espiritual. No podría por el saqueo de sus tierras y propiedades, ni por su libertad y dignidad pisoteadas. No podría por el asesinato y el duelo, ni por las personas heridas o discapacitadas, sus vidas irrevocablemente arruinadas. No podría para los cientos de miles de inocentes que fueron torturados y encarcelados, ni podría para las generaciones a las que se les negó una oportunidad justa de llevar una vida normal. No hay nada como Iom Kipur para expresar esto. Israel, por supuesto, nunca ha considerado entrar en un proceso de compensación, reparación y toma de responsabilidad. No se puede esperar nada de un ocupante que se hace llamar la víctima, que culpa a todos menos a sí mismo por cada injusticia que comete. Pero incluso esto no es suficiente para eso. Ocasionalmente, se rompe otro récord: el estado, las organizaciones o individuos en Israel y el mundo judío demandan a los palestinos por los daños causados por actividades terroristas. Por ejemplo, Shurat HaDin Israel Law Center, una organización sin fines de lucro que se llama a sí misma una «organización judía de derechos humanos», mueve cielo y tierra en Israel y en el extranjero para demandar a personas y organizaciones palestinas en nombre de las víctimas judías. Este acto despreciable y detestable, según el cual la víctima es el criminal y solo la sangre judía es roja y, por lo tanto, merecedora de reparación, ocasionalmente tiene sus éxitos, principalmente en relaciones públicas. Mientras que Israel evita pagar cualquier compensación por su destrucción sistemática y asesinato en los territorios palestinos desde 1948, hay quienes todavía tienen la increíble audacia de exigir una compensación a los palestinos. La Franja de Gaza fue destruida por Israel una y otra vez, horriblemente, pero Israel nunca ha ayudado a su rehabilitación. Israel mató a decenas de miles de personas, incluidas innumerables personas inocentes, incluidos niños, mujeres y ancianos, a lo largo de los años y se pide a los palestinos que paguen una indemnización. Como parte de esta locura, las casas propiedad de judíos antes de 1948 son devueltas a sus dueños originales a través del sistema legal israelí, desposeyendo a personas que vivieron allí por décadas. Al mismo tiempo, la propiedad palestina robada o abandonada desde 1948 nunca ha sido devuelta a sus propietarios legales. En Silwan y Sheikh Jarrah en Jerusalén Este y en otros lugares, las banderas israelíes se multiplican, junto con los cientos de palestinos que quedaron sin hogar después de ser expulsados de sus hogares -para vergüenza- por orden de los tribunales igualitarios y justos del Estado de Israel. Si alguien alberga en su corazón la intención de  entender cuán desquiciado está el sistema legal israelí por la corrupción moral, y cuán lejos está de los principios fundamentales de igualdad y justicia, aquí está la prueba. Pero todo esto no es suficiente. Esta semana se estableció un nuevo récord. El juez del Tribunal de Distrito de Jerusalén, Moshe Drori, dictaminó que un judío que resultó herido en un ataque terrorista tiene derecho a una compensación adicional, porque es judío, sin pruebas de ningún daño, según la ley del estado-nación, que establece que el gobierno se esforzará para proteger el bienestar de los judíos. El círculo ha sido cerrado, completado y perfeccionado. Ahora es una ley racial real, de acuerdo con la interpretación inevitable del tribunal de la ley estatal nacional. A partir de ahora, existen dos tipos de sangre en Israel: sangre judía y sangre no judía, también en los libros de leyes. El precio de estos dos tipos de sangre también es diferente. La sangre judía no tiene precio, debe protegerse de todas las formas posibles. La sangre no judía es terriblemente barata, puede derramarse como agua. Una situación que existía hasta ahora solo de facto, con diferentes estándares y castigos para judíos y otros, es a partir de hoy de jure por resolución judicial. Setenta años de nacionalismo y racismo hacia las víctimas ahora reciben su respaldo legal apropiado. La ley del estado-nación, que dijeron que era solo declarativa, en la interpretación correcta de Drori, se ha ganado su verdadero significado: es la ley básica para la superioridad de la sangre judía. A partir de ahora, Israel tiene una ley racial. Traducción: Dardo Esterovich https://www.haaretz.com/opinion/.premium-now-israel-has-a-race-law-1.6492061

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Mujeres judías y árabes marchan por la paz en Jerusalén

Fuente:  Ofer Laszewicki Rubin | Aurora Fecha: 20 de SEPT 2018 Mujeres judías y árabes de la organización “Women Wage Peace” (WWP) marcharon este jueves por las calles de Jerusalén para exigir la vuelta a las negociaciones y poner fin al conflicto entre Israel y Palestina. El colectivo, formado en 2014 tras la última guerra de Gaza, está compuesto por miles de mujeres de todo el territorio que organizan continuas marchas, encuentros caseros y foros de debate para intentar reavivar las esperanzas de paz. La manifestación, que se inició frente a la puerta de Yaffo de la ciudad antigua de Jerusalén, contó con miles de participantes. La cantante Yael Deckelbaum, compositora de varias canciones relacionadas con el movimiento, se encargó de calentar motores desde un pequeño escenario, desde donde también se leyeron manifiestos reivindicativos. Entre las consignas de las concentradas podían leerse eslóganes como “solo un acuerdo de país traerá la seguridad”, “mujeres seculares y religiosas demandan un acuerdo o político”, o “si es posible”, junto a una imagen de los ex mandatarios de Egipto e Israel, Anwar Sadat y Menachem Begin, estrechándose la mano tras la firma del histórico acuerdo de paz entre ambas naciones. Marta Roytman afirmó a Aurora que acudió a la concentración “porque no podemos sentarnos y no hacer nada cuando sabemos que nuestros hijos están acá, y los hijos del pueblo con el que tenemos conflicto también son hijos importantes y queridos para ellos. Yo creo que las madres podemos influir de forma positiva y lo que estamos pidiendo es iniciar conversaciones, esperanza, hacer algo”. Junto a ella, Golde Shaim señaló que en la zona viven “varias religiones, y yo no creo, como madre, que ninguna madre de ninguna religión quiere guerra para sus hijos. Todos creemos en la paz”. Marieta Oppenheimer, por su parte, quiso hacer hincapié en el pluralismo del movimiento de mujeres: “hay de la derecha y de la izquierda, religiosas y no religiosas, o sea todo el espectro político. Eso a mí me parece la fuerza de este movimiento, lo más importante y lo más lindo”. Su compañera Esther Diner recordó cual es la influencia de WWP: “en realidad el ejemplo nuestro es Liberia, las mujeres en Liberia lograron llegar a la paz en una situación que era un conflicto entre católicos y musulmanes. Dos mujeres decidieron encontrarse como comunidad, y exigieron que se firme la paz». Preguntada sobre el papel que ejercen durante periodos de tensión, Diner puntualizó: “y demostrar que también en momentos difíciles nosotras no tenemos miedo”. Para Natalia Katz la clave es seguir movilizándose: “creo que la manera es seguir moviendo, seguir actuando, seguir reuniendo gente de todo el espectro político, de todo el espectro social, y sobre todo hacer la paz y lo que es la coexistencia en el día a día. Es una frase un tanto cliché, pero la paz es el camino, así que en ese estamos”.

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Pegasus, un sofisticado modo de control social

En el contexto en que se está llevando adelante un brutal ajuste, la represión es una de las respuestas que cuadra perfectamente con el manual de los gobiernos neoliberales. Pero hoy la represión cobra múltiples formas y no es solamente la que ejercen físicamente las fuerzas de seguridad contra el pueblo en la calle. Hay otra más sutil que consiste en el control de la población mediante el uso métodos sofisticados de vigilancia que permitirían anticipar escaladas de protestas callejeras, puntualizar  persecuciones y arrestos, generar miedo  y minimizar desbordes. En ese marco, la incorporación del sistema de alta tecnología israelí Pegasus —adquirido recientemente por el gobierno de Cambiemos— adquiere una significación superlativa. En qué consiste, para qué sirve y el marco jurídico de su aplicación es abordado en un vasto informe que preparó la Comisión de Asuntos Jurídicos del LLAMAMIENTO Argentino Judío que brindamos a continuación. INFORME “Pegasus”, el Estado de Policía de Macri y la provisión israelí del soft En los últimos años, la noticia de la existencia de un software capaz de espiarte en tu casa intrusando tu celular ganó en varias oportunidades páginas de los periódicos en diversos países del mundo. Últimamente, ha llegado a la Argentina. El soft del que hablamos es “Pegasus” un producto creado por una corporación —NSO Group— del complejo industrial-militar israelí. La existencia del software fue detectada a raíz de la denuncia hecha por un activista de Derechos Humanos en Emiratos Árabes Unidos, detenido por el gobierno de su país en 2011. Ahmed Mansoor logró aportar material sobre su denuncia al laboratorio de la Universidad de Toronto, donde el “malware” fue detectado. Porque se trata de eso, es un “malware”. (Contracción de “Malicious Software”, un software utilizado por alguien que penetra en un dispositivo para extraer —ilegalmente, por cierto— información, según lo define la empresa “Avast” editora de programas antivirus y de protección). Su utilización en Latinoamérica por los gobiernos de Panamá y México ha generado escándalos de los que se ha ocupado la prensa continental y de los Estados Unidos. Su fabricación y venta —sólo a Estados— constituye una violación a derechos humanos básicos aceptados sin controversia por la comunidad de naciones que colocan a este instrumento de inteligencia en una categoría similar —mutatis mutandi— a la de las armas químicas: en ambos casos la tecnología permite fabricarlas, y ciertamente otorgan, en un escenario de guerra una ventaja estratégica a quien las posea. Pero, el orden público internacional las prohíbe por cuanto su utilización constituye una gravísima violación a los derechos humanos. Su posesión otorga al Estado que lo posea una ventaja estratégica en su esfuerzo de seguridad. Pero los hechos demuestran que los Estados que lo adquieren lo usan para violar las garantías básicas de sus ciudadanos y que, en lugar de incrementar la seguridad de los ciudadanos, deja sin seguridad a todo aquel que sea opositor al gobierno que lo posee. Así lo revela particularmente el caso de México, entre los espiados hay periodistas —una de ellas sería la famosa periodista Carmen Arístegui— y México tiene uno de los récords mundiales en asesinato de periodistas. No es menor que el fabricante del soft en cuestión sea Israel por el rol que tiene en el tablero geoestratégico mundial y es inquietante que uno de los compradores sea el gobierno de Mauricio Macri, que ya lo estaría utilizando entre nosotros. Se trata de un soft diseñado para invadir la privacidad de las personas. Eso, contraviene el Sistema de Tratados de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que Israel (y Argentina) están obligados a respetar por ser parte de las Naciones Unidas (que, en definitiva, estambién un Tratado Internacional) Dice la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), adoptada por la Asamblea General de las NN.UU el 10/12/1948, en su Art. 12 “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”. El Art. 18 del mismo instrumento, establece el derecho a la libertad de pensamiento, y el Art. 28 —¡importantísimo!— dice “Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos.” El Art. 17 inc. 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por la Asamblea General de la ONU en 1966, tiene el mismo texto. Israel, como país fabricante y comercializador a Estados del software “Pegasus” claramente incumple estos mandatos que le son obligatorios. El 31/10/2017, en el programa conducido por el periodista Roberto Navarro —por entonces en el canal C5N— el también periodista Horacio Verbitsky se refirió a la adquisición de “Pegasus” por el gobierno de Mauricio Macri y exhibió en cámara un brochure de la compañía fabricante “NSO Group”. De esa fuente, leyó Verbitsky en cámara: “PEGASUS, la completa solución de Inteligencia Cibernética que le permite a los organismos de orden público y a las agencias de inteligencia extraer de forma secreta y remota información remota y secreta desde prácticamente cualquier dispositivo móvil”. Este párrafo trascripto, confrontado con los textos de los tratados internacionales de derechos humanos que antes se ha citado, no deja lugar a dudas: lo que “NSO Group” fabrica es un instrumento de violación de Derechos Humanos. Ello es así porque lo que ofrecen, exclusivamente a Estados, no es un instrumento de uso judicial (para intervenir teléfonos bajo orden de un juez, por ejemplo) sino, lisa y llanamente, un instrumento para ser usado por organizaciones que eufemísticamente llaman “de orden público” o, más lisa y llanamente, “agencias de inteligencia”. Actividades que el sistema legal vigente globalmente, el sistema de Naciones Unidas, sólo permite para uso militar y expresamente veda, como se ha visto, para ser usadas inmiscuyéndose en la privacidad de los ciudadanos. Israel, lamentablemente, es un estado especializado en violar Derechos Humanos de todo tipo. Una reseña de sus graves violaciones no es

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La DAIA, Jean Pierre Noher y Goebbels

El LLAMAMIENTO Argentino Judío repudia la estigmatización que la DAIA realiza en relación a Jean Pierre Noher, quien asoció las repetidas falacias y mentiras del Gobierno nacional con las prácticas goebbelianas. El documento de la DAIA, dado a publicidad en el día de ayer, insiste en autoproclamarse (indebidamente) como referente político de la colectividad argentina judía  como un todo, cuando es de público conocimiento que NO nos representa en lo más mínimo. Más aún, la DAIA se ubica en las antípodas de lo que en el LLAMAMIENTO reivindicamos como una tradición nacional, popular y progresista de los judíos argentinos. En referencia a Noher, advertimos que la DAIA —curiosamente— se ha dedicado en los últimos años a repudiar con “sobreactuada virulencia” a argentinos judíos (como el caso de Timerman) mucho más que señalar a los verdaderos fascistas y nazis que militan en las cercanías del gobierno macrista. El LLAMAMIENTO advierte a la sociedad argentina que la DAIA sólo expresa a los sectores de la derecha de la colectividad y que únicamente desde ese marco se explica su actitud persecutoria hacia Jean Pierre Noher. Buenos Aires, 13 de septiembre de 2018.   Marcelo Horestein – Secretario Jorge Elbaum – Presidente   Video

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La figura del arrepentido

Fuente: David Iud* | Revista Convergencia Fecha: 07 SEPT 2018 Cómo funciona en el derecho el “arrepentimiento” de un delito? En estos días en que tanto se habla del asunto, vamos a explicarlo en los términos más simples posibles. La primera “Ley del Arrepentido” (Ley Nº 25.241) que tuvo el país, la sancionó el Congreso el 23/2/2000 “con miras a esclarecer los atentados contra la AMIA y la embajada de Israel”, (diario “La Prensa” 11/9/2000). Fue infructuosa, no se esclarecieron esos atentados. Y escandalosa, aquellos tiempos eran los del “pago” de cuatrocientos mil dólares a Telleldin para que delate a varios policías de la Provincia, después sobreseídos. En la Ley Nº 25.241, solo podían arrepentirse terroristas y traficantes de droga. La Ley 27.304, del 19 de Octubre de 2016, amplió la aplicación a una variedad de delitos, entre ellos, al cohecho contra la administración pública. Si una persona imputada de un delito aporta datos con los que, “contribuye a averiguar el destino de los instrumentos, bienes, efectos, productos o ganancias del delito”, al “arrepentido” se le reduce la escala penal que le corresponde. El “arrepentido” firma un “acuerdo de colaboración” con el Fiscal, que es presentado al Juez para su homologación. El Juez solo puede homologarlo si “el imputado hubiera actuado voluntariamente”. El “arrepentido” es una persona que admite y confiesa haber cometido un delito. Queda procesado y debe recibir condena. Logra, reducción de pena. Es inconstitucional, por los Arts. 18 y 120 de la Constitución El Art. 18 dice que nadie “puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso” Es el “Principio de Legalidad”, complementado por el límite impuesto en el mismo artículo “nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo”. Por eso dice la Ley que el Juez solo puede homologar el acuerdo si “el imputado hubiera actuado voluntariamente”, ya que de lo contrario se violaría la clausula constitucional antes citada. Pero, en la práctica, hay vehementes indicios de que no ha sido así en la causa “cuadernos”. Se ha detenido gente solo porque aparecieron unas fotocopias donde dice que estuvieron involucrados en tal o cual hecho. Sin que se haya encontrado el original. ¿Es voluntaria la declaración de alguien detenido, al que se le dice que lo van a soltar si declara… “tal cosa”? Pero además el Art. 18 tiene “otra cara” y es que debe ser penado quien resulta responsable de un delito en un juicio basado en Ley anterior al hecho del proceso. Y, por el Art. 120, los integrantes del Ministerio Público Fiscal están obligados a perseguir a los autores de los delitos que ellos conozcan. La vigencia del principio de legalidad en la Argentina impide a los fiscales firmar “acuerdos de colaboración” con los acusados. No pueden comprometerse a pedir menos pena de la que la Ley dice que deben pedir. Por supuesto el lector se remitirá a la práctica de los acuerdos entre fiscal e imputado vigente en los Estados Unidos, dramatizada en infinitas series y películas. Lo que ocurre es que el sistema legal norteamericano es completamente distinto al nuestro. La Constitución de los Estados Unidos no contiene el principio de legalidad. Las garantías judiciales y procesales, tienen una expresión distinta de la de nuestra Constitución. Como no existe la cara afirmativa del principio de legalidad, tampoco existe su contracara, la obligación de los fiscales de perseguir todos los delitos de los que tengan conocimiento. Por eso, los fiscales pueden elegir que delitos persiguen y cuáles no, y también, pueden pactar con los imputados reducción de pena a cambio de colaboración. Esta práctica de elegir qué delito perseguir y cual no, o pactar reducciones de pena, se conoce como “Principio de Oportunidad”. El Principio de Oportunidad es opuesto al principio de legalidad. Pero eso la Ley, al instalar en nuestro sistema el “Principio de Oportunidad” viola nuestra Constitución, que establece el Principio de Legalidad. La Ley del Arrepentido, quiebra la congruencia del sistema legal, rompe su lógica. Pero no es todo, en materia constitucional. El caso “cuadernos” nos ha mostrado a un Fiscal y un Juez asociados en conseguir el mismo objetivo, el “arrepentimiento” de la mayor cantidad posible de empresarios –incluyendo a un par de ex funcionarios del Estado-, con el manifiesto objetivo de incriminar a una persona, la ex presidenta de la Nación. Esto, produce otra violación a la Constitución. Existen en el universo del derecho penal comparado dos grandes grupos que corresponden uno al sistema penal “inquisitivo” y otro, el del sistema penal “acusatorio”. En el sistema inquisitivo (llamado así por su remoto origen en las prácticas de la inquisición española), que fue nuestro sistema hasta la Constitución de 1994, no hay separación neta entre las funciones del Juez y el Fiscal, y por lo tanto, el Juez no es imparcial, sino que se confunde con la acusación. Pero, en la Reforma Constitucional de 1994, se incorpora el Art. 120 que establece la independencia del Ministerio Publico Fiscal como “órgano extra poder” (se entiende extra poder judicial). Pasamos al sistema “acusatorio” El Fiscal y el Juez deben actuar en forma independiente, con funciones distintas. El Fiscal tiene el deber de acusar ante cada delito que sea de su conocimiento. El Juez, debe juzgar de manera imparcial. No puede acusar, debe juzgar, es otra cosa. Sin embargo, el asunto “cuadernos” nos está mostrando a un Fiscal coligado con un Juez. Se ha instalado en la opinión pública nacional, a través de los medios, una interpretación viciosa de la “Ley del Arrepentido” Se naturaliza que el Juez “está para perseguir al delincuente” aún antes de que haya sentencia que establezca como conclusión razonada del derecho que el imputado tiene responsabilidad penal. Estas violaciones constitucionales transforman en nulo todo lo actuado en este sonado caso. Finalmente, es interesante observar que, según la Ley, no solo aplica “el arrepentido” a los casos de cohecho. También aplica al prevaricato, al contrabando, y a los “funcionarios de instituciones financieras” (el BCRA es una institución financiera) “que

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El uso del antisemitismo como herramienta política contra dirigentes y partidos populares

Fuente: Dardo Esterovich | Revista Convergencia Fecha: 07 SEPT 2018 El uso de las acusaciones de antisemitismo como herramienta en la vida política en distintos países donde la colectividad judía tiene una presencia relativamente importante es ya un fenómeno global. Recientemente en Gran Bretaña se ha desatado una tormenta alrededor del nuevo código de conducta sobre el antisemitismo adoptado tras meses de discusión en un sub-comité especial y aprobado luego por el Comité Nacional Ejecutivo del Laborismo (NEC). Esto ha dado lugar a una reacción desmesurada de la dirigencia de la colectividad judía inglesa expresada en un virulento editorial conjunto de los tres principales periódicos de la comunidad: Jewish Chronicle, The Jewish News y Jewish Telegraph. Los periódicos explican que decidieron tomar un paso sin precedente para hablar como una sola voz a través de un editorial conjunto “debido a la amenaza existencial a la vida judía en este país que plantearía un gobierno liderado por Jeremy Corbyn” y agrega: “la mancha y la vergüenza del antisemitismo ha pasado por la oposición de Su Majestad desde que Jeremy Corbyn se convirtió en líder en 2015”. ¿En qué fundamenta tan drástica postura? En que el NEC no adoptó en su totalidad el texto de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA) para la definición de antisemitismo adoptada en un plenario del 26 de mayo de de 2016 en Bucarest. Veamos que dice la Alianza en el texto adoptado. En primer lugar la declaración consta de dos partes: Una, la definición propiamente de antisemitismo y otra donde propone 11  ejemplos de conductas que pueden considerarse antisemitas. El documento está precedido por la advertencia de que no es legalmente vinculante y que se trata de una “definición de trabajo” es decir, es un trabajo en progreso y un documento para ser estudiado, no un estatuto de gobierno o una pieza de derecho internacional. En ese contexto el NEC analizó el documento de trabajo de la Alianza y adoptó la definición de antisemitismo del mismo y la mayoría de los 11 ejemplos de conductas pero estimó que era mejor separar las partes del documento que sugieren que las críticas a Israel podrían, en ciertas circunstancias, volverse antisemitas ya que alguna de ellas pondrían en riesgo la libertad de expresión. El intento del NEC de crear una política contra el antisemitismo que equilibre las necesidades de la comunidad judía con la necesidad de la libertad de expresión resultó ser la gota que colmó el vaso para el oficialismo judío. Un grupo de diputados laboristas judíos, entre ellas la veterana Margaret Hodge -opositora interna de Corbyn-, se alinearon con el establishment comunitario y exigieron la adopción de la totalidad del documento de la IHRA. Incluso 68 rabinos británicos que no acordaron con casi ningún otro tema, político o religioso, sacaron una declaración donde exigen que el partido laborista debe escuchar a la comunidad judía para definir el antisemitismo, sustrayéndola de todo análisis crítico. Que en el laborismo británico hubo actitudes antisemitas de algunos de sus miembros no cabe ninguna duda. Esto explica en cierta manera la necesidad de sacar un documento con un nuevo código de conducta sobre el antisemitismo. Pero la ofensiva desatada responde a otros intereses y tiene que ver con la posibilidad en muchos años de que un dirigente laborista comprometido con los intereses populares se convierta en el próximo primer ministro británico rompiendo con la corriente conservadora del neoliberalismo inaugurada por Thatcher y seguida por Major, Blair, Cameron y May vigente durante los últimos treinta años. En una nota publicada en The Guardian titulada “Extirparé los antisemitas del laborismo, no hablan por mí”, Corbyn comienza reconociendo que “nadie puede, ni debe, tratar de descartar o menospreciar las preocupaciones expresadas por tantas personas y organizaciones judías sobre lo que ha estado sucediendo en el partido que me enorgullece dirigir. Ni por un momento acepto que un gobierno laborista representaría cualquier tipo de amenaza, y mucho menos una “amenaza existencial”, a la vida judía en Gran Bretaña, como lo afirmaron recientemente tres periódicos judíos. Ese es el tipo de retórica sobrecalentada que puede surgir durante los debates políticos emocionales. Pero sí reconozco que hay un problema real que los laboristas están trabajando para superar. Y acepto que, si cualquier parte de nuestra comunidad nacional se siente amenazada, ansiosa o vulnerable, no solo debe tomarse al pie de la letra, sino que todos debemos asegurarnos de que esos temores desaparezcan”. Agrega más adelante: “Fuimos demasiado lentos en el procesamiento de casos disciplinarios de abuso antisemita, principalmente en las redes, por parte de miembros del partido… La dirección laborista ha visto ejemplos de negación del Holocausto, crueles estereotipos de los banqueros judíos, teorías de conspiración que achacan el 11-S a Israel, e incluso a un individuo que parecía creer que Hitler había sido malentendido. Las personas que tienen esos puntos de vista no tienen cabida en el Partido Laborista. Pueden ser pocos: el número de casos en los últimos tres años representa menos del 0.1 por ciento de la membrecía laborista de más de medio millón. Pero uno es demasiado”. Luego aborda el tema de la discrepancia con algunos de los ejemplos de conducta de la IHRA señalando que adoptaron textualmente 7 de los 11 y la re-escritura de los otros 4 fueron un intento de contextualizarlos y hacerlos legalmente herméticos para su uso como parte de los procedimientos disciplinarios, pero que conservan el espíritu original. Dice al respecto Corbyn: “Nuestras diferencias reales son, de hecho, muy pequeñas: realmente equivalen a la mitad de un ejemplo de los 11, tocando la libertad de expresión en relación con Israel. Desafortunadamente, este ejemplo en particular, que trata de Israel y el racismo, a veces ha sido utilizado por quienes quieren restringir las críticas a Israel que no son antisemitas”. Profundizando en esta deriva dice más adelante: “En la década de 1970, algunos de la izquierda argumentaban erróneamente que “el sionismo es racismo”. Eso estaba mal, pero afirmar ahora  que “el antisionismo es racismo” también está

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Cambiemos: negar y rezar

Fuente: Ricardo Aronskind | El cohete a la luna Fecha: 9 de SEPT 2018 Antes del descalabro de abril y mayo, el cálculo económico-electoral de Cambiemos incluía la perspectiva de una contracción económica en la segunda mitad del año, que se superaría en los primeros meses de 2019, para ir ganando consistencia y acrecentar la fuerza electoral a medida que se acercaran las elecciones de octubre. El dibujito de la trayectoria económica prevista para este año tenía la forma de una curva descendente, que luego invertía la tendencia y repetía, de alguna forma, el “éxito” de 2017. Pero el descalabro cambiario, reflejo del descalabro de la re-regulación caótica a favor del capital protagonizada por Cambiemos, empezó a modificar el cuadro. El susto del macrismo a partir de la huida del capital especulativo fue tan grande, que corrió a abrazarse a una de las instituciones madre del capitalismo que les gusta, el FMI. Ese organismo, con evidente visto bueno norteamericano, aportó todo lo posible para incrementar los fondos líquidos macristas para sobrellevar la contingencia, pero sin renunciar a su línea previsible e inexorable: el ajuste fiscal. Si algo faltaba para completar el cambio de escenario fue la sumatoria de impericias, confusiones y caos interno que derivaron en el salto del dólar a más de cuarenta pesos, para luego moderarse un poco. Ese desborde de desorganización económica, definitivamente, dejó atrás las moderadas curvas de contracciones y expansiones manejables desde el tablero de medidas que admite el recetario macrista. Explotó el termómetro En un artículo anterior en El Cohete, advertíamos del peligro social que representaba “un dólar a 30”, porque si bien volvía más viable el modelo macrista en materia externa –o en todo caso, demoraba su crisis—, lo hacía muy dañino en lo social y por lo tanto inviable políticamente. Pero el dólar hoy está en 37. Es un número catastrófico en términos de las derivaciones de precios relativos e impacto en tres cuartos de la población argentina. Es mortífero en el contexto regulatorio de este gobierno. Todos los experimentos neoliberales que hemos vivido en nuestro país tienen ciertas características inconfundibles en cuanto a la vivencia social: nos hunden a todos, querámoslo o no, en el más atroz cortoplacismo, dependientes todos de una variable volátil que siempre está al borde de algún precipicio al que estamos permanentemente por caer. Por lo tanto, que el dólar frene de subir, y que se estacione en un nivel grotesco, desproporcionado, parece un alivio. Pero es una catástrofe. El día que arribó a casi 42$, si hubiera un gobierno nacional en Argentina, se debieron haber tomado mínimas medidas de defensa del bienestar básico de las mayorías y del mercado interno: desdolarización inmediata de todas las tarifas públicas, establecimiento de retenciones en serio, capaces de compensar el impacto del delirante aumento de la divisas en los costos de alimentos básicos de la población, y prohibición de indexación automática –y caprichosa— al dólar de los precios finales de los bienes e insumos fundamentales. Nada de eso se hizo, y ahora, con el dólar a 37, a 35, o a 42, vendrá un tremendo golpe adicional inflacionario sobre el grueso de la población argentina. Esto es fundamental: todavía no hemos visto nada, a pesar que ya el deterioro productivo y salarial es palpable. Lo que pasó –el salto del dólar— fue un terremoto en el centro de Pacífico; ahora el tsunami se viene hacia las costas de la sociedad real, que ya está parcialmente inundada. Si se observa bien, el gobierno de Cambiemos ha logrado que el acceso o no al alimento de parte de la población dependa hoy de las timbas diarias en el mercado de cambios, cuyo trasfondo es la fragilidad financiera provocada por la actual gestión. Mayor desaprensión social, imposible. Efecto acumulativo En el mundo de los neoliberales, muchos de los cuales hoy se dicen opositores, es cuestión de jugar con el formato de la curva que mencionábamos al comienzo: un poquito más profunda (habrá más recesión), un poquito más larga (la reactivación comenzará en mayo). Siempre dejando espacio para la esperanza de poder repuntar y llegar victoriosos a derrotar nuevamente al populismo en 2019. Lo que no parecen comprender los analistas de Cambiemos y sus repetidores en todo el sistema de dominación mediático, es que las “cosas que pasaron”, provocadas por ellos mismos, desbarataron todos los planes económico-políticos del neoliberalismo vernáculo. La profundidad de la contracción económica es inconmensurable: el gobierno ha puesto en marcha todos los mecanismos posibles para promover la contracción económica. Caída del salario y del consumo; derrumbe de la inversión privada; reducción del gasto público y de la obra pública. Sólo promesas exportadoras de escasa relevancia en el corto plazo y de casi nulo impacto en la dinamización del mercado interno. Han asumido compromisos internacionales para endurecer aún más las restricciones: todo lo negociado con el FMI, incluido el completamente fantasioso déficit 0 para 2019, apuntan a que no haya prácticamente ninguna política pública impulsora de la demanda. No hay freno para una declinación que ya empezó en mayo pasado. Ignoran que todos los factores contractivos puestos en marcha se potencian mutuamente: la destrucción de ingresos personales y empresariales provocadas por el tarifazo, destruye ventas y puestos de trabajo, que a su vez destruye empleo, consumo e ingresos. Es un proceso acumulativo que no tiene freno en el esquema actual. El gobierno se ha juramentado ante todos los dioses a contribuir en esa dirección. Los derrumbes previsibles no son normales. Por ejemplo hoy, comienzos de septiembre en localidades del interior, ya el 30% de la población no puede afrontar las tarifas energéticas. Hace meses hay sectores poblaciones que piden prestado para pagar tarifas… (¿Cuándo se corta la cadena?). Los créditos UVA se transformaron en trampa mortal para quienes creyeron en la milagrería neoliberal. La morosidad crediticia en general va a espiralizarse, así como las largamente reportadas interrupciones en la cadena de pagos. ¿Cuánto tiempo demorará en que esto afecte la salud de las carteras bancarias? Siguen pensando en un esquema de

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Señales desde la cloaca de los servicios

Fuente: Jorge Elbaum | El cohete a la luna Fecha: 09 de SEPT 2018 La santa triple alianza compuesta por servicios de inteligencia, medios de comunicación hegemónicos y fracciones del poder judicial viene montando recurrentes operaciones dispuestas a ocultar el profundo deterioro económico y social generado por las políticas neoliberales del gobierno macrista. Cuánto más profundo es el deterioro económico y social, más columnas de humo se producen para nublar la catástrofe. Entre los manotazos de ahogado irrumpe, desordenadamente, el hedor de las cloacas más espurias, proveniente de los sótanos del espionaje ilegal, asociados a persistentes vínculos funcionales con magistrados impresentables y con agencias de inteligencia extranjeras. El último 13 de agosto, el abogado Francisco Montanaro, letrado defensor del Auditor General de la Nación Javier Fernández, recusó al juez Claudio Bonadío bajo la imputación de ser parcial y de pretender confundir a su cliente con Antonio Horacio Stiuso, alias Jaime. La imputación contra el integrante de la Auditoria se fundamentó en el testimonio del ex juez Norberto Oyarbide, quien sugirió que Stiuso y Javier Fernández le habían exigido que acelere un fallo. La recusación de Montanaro fue rechazada por la Cámara, pero promueve una línea de interrogantes sobre el rol autónomo de los servicios de inteligencia y el entramado orientado a extorsionar al sistema judicial en su conjunto para proscribir (y/o encarcelar) a Cristina Fernández de Kirchner y –con ella— a la referente política de un porcentaje creciente de la sociedad argentina. En el escrito presentado por Montanaro se atribuye a Bonadío –a partir de las fotocopias de los (supuestos) cuadernos del suboficial del ejército Oscar Centeno— haber confundido de ex profeso a Fernández y Stiuso. En las reproducciones publicadas por el diario La Nación aparece una anotación marginal en la que se consigna: “19/10/15. 19.50 hs. lo llevé al Licenciado Baratta y Nelson a Andonaegui 2148, decían que tenían que ver a ´J´ de Javier de inteligencia me parece”. Según Montanaro, el juez Bonadío eludió esas dos relevantes líneas con el objeto de brindarle una cobertura (y salvoconducto) a quien hoy es su aliado en la guerra contra el kirchnerismo: “Entonces recién este profesional –refiere Montanaro— pudo correr el velo de la trama y deducir que la anotación del día 19 de octubre de 2015 inicialmente contenida en las actas indagatorias precedentes y omitida en la que le fuera aplicada a mi asistido, tenía que ver con la presencia de J, resultando de público y notorio en el ámbito judicial y político que J, no es otra persona que “JAIME, nombre de guerra del Agente de Inteligencia y Director de Operaciones de la SIDE, ANTONIO STIUSO.” Otro de los datos aportados por Montanaro remite a que el domicilio de Javier Fernández coincide con la dirección de oficinas cuya titularidad pertenecía al grupo Veintitrés, del cual formaban parte Sergio Szpolski, Darío Richarte y Juan José Gallea. Este último, también con iniciales “J”, fue director de finanzas de la SIDE en época de la primera Alianza, luego gerente financiero del Grupo Veintitrés –del que figuraba Szpolski como titular— y en la actualidad recuperó su anterior puesto de gerente financiero de la AFI, dirigida ahora por Gustavo Arribas y Silvia Madjalani. También, por obra de la más absoluta casualidad, dos de ellos —Richarte y Gallea— fueron socios de varias empresas, entre las que se encontraban Panificadora Balcarce y Magnum Sabores, donde revistió como empleada jerárquica, durante cinco años, la actual esposa de Antonio Horacio Stiuso, María Cecilia Rossero. El escrito de Montanaro asocia la causa de los cuadernos con la intencionalidad de Bonadío de proteger (“desplazar de la escena”) a Stiuso, junto a su entramado político/comercial conformado por el vicepresidente de Boca Juniors (Darío Richarte) adláter del presidente de la comisión directiva, Daniel Angelici, y de Juan José Gallea. Según Montanaro, la protección hacia “Jaime” se encuentra íntimamente ligada al rol cumplido por el ex espía en varias de las operaciones mediáticas acaecidas en los dos últimos años. Por detrás del estrecho desfiladero, entre la prevaricación y la protección de socios, que Bonadío recorre desde hace en su denodado afán por perseguir a CFK y demás funcionarios kirchneristas, se divisa, cada vez con mayor claridad, un entramado de servicios carentes de gloria, de la cual Stiuso parece ser una de las puntas de la madeja.

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¿Fríamente calculado?

Fuente:  Carlos Heller | TiempoAR Fecha: 09 SEPT 2018 Las consultas de los analistas financieros eran apasionadas, y se sucedían día tras día a medida que subía el valor del billete: no se entendían los motivos de la disparada del dólar. «¿Cómo es que las fuertes ventas del Central no llegan a calmar al billete?», se preguntaban. «¿Cómo es que está subiendo la divisa norteamericana con muy poco volumen de transacciones?» Las respuestas eran tan variadas que en realidad no eran respuestas, sino intentos de explicar lo desconocido. Marcelo Bonelli comentó el viernes, que «David Lipton, el vicedirector del Fondo, fue quien monitoreó y autorizó en las últimas jornadas al BCRA a intervenir en el mercado de cambios. Hubo contacto directo con Luis Caputo». También aclara: «Es confidencial, pero se conoce que los funcionarios de Washington alentaban –en las últimas dos semanas– la suba de la cotización» (Clarín, 17.09.18). Hace tiempo que vengo sosteniendo que el gobierno nacional se siente cómodo con el aumento del dólar, porque le soluciona varios frentes: reduce las salidas de divisas por turismo, achica el saldo de las Lebac en dólares (hoy alcanzan a los U$S 16 mil millones, cuando en abril de este año llegaban a los U$S 68 mil millones). Pero, por sobre todo, achica el salario en dólares, uno de los principales objetivos del gobierno, para «mejorar la competitividad» y lograr la «llegada de inversiones directas». Los datos «revelados» por Bonelli llevan a pensar que la «tormenta de frente» venía desde el FMI y del propio gobierno argentino, que comulga con las ideas del primero, con el objetivo de depreciar la moneda argentina y adjudicar dicha conducta a los siempre esquivos «mercados», a la situación internacional y hasta a los «cuadernos», que vienen sirviendo para múltiples justificativos por parte del oficialismo. Siguiendo con los dichos de los personajes de Chespirito, o «estaba todo fríamente calculado» o fue «sin querer queriendo». Lo cierto es que se instaló una fortísima devaluación en la economía argentina con un efecto sin atenuantes sobre el poder de consumo de la población. Un ejemplo: ante una cosecha de trigo que se estima récord, el precio de la bolsa de harina de 50 kg pasó de $ 250 en febrero a unos $ 750 en junio y actualmente se está cotizando entre los $ 1000 a $ 1200 (como en otros productos, hay una gran anarquía en los precios). Esto llevaría al kilo de pan a un precio de entre $ 80 y $ 90. Para Kantar Worldpanel, en la segunda mitad de 2018 el consumo masivo vivirá una de sus peores caídas históricas, con una baja de casi 5% en el volumen de ventas de artículos de la canasta básica: alimentos, bebidas, tocador y limpieza. Una cruel cara del ajuste. Días difíciles La diputada Elisa Carrió sostuvo que se vienen seis meses donde los argentinos vivirán «los días más terribles» de la historia y a partir de julio de 2019 comenzarán a verse los resultados del programa de ajuste impulsado por el gobierno nacional. Para Carrió, esos resultados serían positivos («Yo estoy viendo una luz, la salida al final del túnel», expresó), al contrario de lo que esperan muchos analistas. Leyendo entrelíneas a Carrió, pareciera que la estrategia del gobierno es ajustar fuerte desde ahora, incluso más de lo necesario, para luego intentar dar un alivio previo a las elecciones (una mejora que partiría de los muy bajos niveles a los que se llegará) con la intención de evitar la fuga de votos del oficialismo. Los análisis de Moody’s no ven la luz al final del túnel, al menos en el próximo año. «La caída (del PBI) va a ser mucho más fuerte de lo que se dice, creemos será del 3% este año», dijo Gabriel Torres, su gerente en Nueva York. «Si bien no tenemos un modelo, el año próximo va a haber caída. Vas a tener una corriente algo negativa por lo fiscal y las tasas altas que no van a bajar. Lo bueno será la cosecha.» Una caída que, según Torres, podría extenderse a 2020. Recientemente, la BBC entrevistó al Nobel Joseph Stiglitz, quien fue claro al definir las medidas del actual gobierno argentino: «Cuando llegó, (Macri) confió demasiado en la idea de que habría un ingreso de capital de inversión extranjera. Y cometió un gran error al recortar los impuestos a la exportación, que eran una importante fuente de ingresos, al aumentar el déficit, el monto que tenía que tomar prestado, el costo de los alimentos, y reducir los salarios reales de los trabajadores». El Nobel también reflexionó: «Los términos que Macri acordó con los ‘buitres’, el enorme obsequio después de que Argentina sacrificó tanto, creo que fue desmesurado y le planteó a Argentina un problema a futuro». El Nobel propuso incluir, en la reestructuración de la deuda, un nuevo reperfilamiento de los vencimientos, en especial de los de corto plazo. Para sostener tal opción, Stiglitz observó que «de lo contrario, los costos que probablemente se impongan a través de la austeridad serían demasiado grandes». El Nobel no evalúa que esta reestructuración excluya a Argentina de los mercados internacionales, y citó que «en el caso de Grecia, han sido (los funcionarios del FMI) los defensores más firmes de la necesidad de reestructuración». Creo que habrá que ver si para el FMI Grecia es igual a Argentina. Al menos, esperemos que los próximos ocho años de nuestro país no se parezcan a los durísimos últimos ocho de Grecia. Es la política En su columna, Bonelli describió la situación: «los banqueros tienen dudas por dos cosas: cómo hará Argentina para cumplir sus pagos en el 2020 y qué continuidad política habrá después de las elecciones». Sostiene que quieren ver un acuerdo de Macri con el peronismo «racional». Y que esa es la condición para que el FMI amplíe el monto del préstamo de U$S 50 mil millones. La aprobación del Presupuesto 2019 es esencial, y ya hay varios gobernadores que estarían dando su aceptación y

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