2017

Fuente: Edgardo Mocca | Página 12 FECHA: 02 de JULIO 2017 Durán Barba fue uno de los oradores centrales de la reunión de candidatos de Cambiemos de todo el país: la publicidad ha colonizado a la política. Hoy a eso se le llama “comunicación” pero ésta ha pasado a ser una palabra ambigua. Es la misma que se usó siempre en referencia a la capacidad particular de algunas personas para transmitir conocimientos y puntos de vista a una determinada audiencia social. En la política contemporánea la comunicación deja paso a la publicidad; hay una mercancía particular, la etiqueta política, de cuyas bondades habrá que convencer al consumidor votante. Como se sabe por la ya larga historia de la industria publicitaria, el género excluye la cuestión de la verdad como límite de su lenguaje. En su “Utopía de un hombre que está cansado” Borges mira nuestra época desde el futuro y dice que la gente era ingenua y creía que una mercancía era buena porque así lo aseguraba el fabricante. Agrega el mismo personaje refiriéndose también a nuestro tiempo “las imágenes y la letra impresa eran más reales que las cosas”. Hay que aclarar que Borges escribió ese texto hace más de cuarenta años. Aún así la comunicación política sigue existiendo, aún cuando hay que esforzarse por encontrarla fuera de los shows mediáticos y de la publicidad partidaria. Lo que hoy se comunica es un antagonismo político central que ninguno de los protagonistas se preocupa demasiado en ocultar. Cada una de las partes lo nombra a su manera: para unos hoy se dirime un futuro de libertad, progreso y transparencia frente a otro de populismo, autoritarismo y corrupción; otros dicen que está en juego un país soberano, industrializado e inclusivo o una neocolonia atrasada e injusta. El problema de los neoliberales en esta disputa es que los meses de gobierno macrista han constituido una muestra formidable a favor del modo nacional-popular de designar la confrontación. La enajenación de soberanía, la injusticia social y la decadencia industrial está puesta en escena con una velocidad que impacta, bajo la forma del brutal endeudamiento, la apertura de la economía, la pérdida de valor de los salarios y las jubilaciones, el crecimiento de la desocupación, el cierre de empresas nacionales, el retroceso de la política universitaria y científica, entre muchos otros aspectos. En cambio sería difícil encontrar algún indicador que señale en qué sentido se ha avanzado hacia la libertad, el progreso y la transparencia. Los días de la política gubernamental están dedicados a disimular y ocultar la realidad, a demonizar a todo lo que tenga aroma a kirchnerismo y a desplegar el repertorio publicitario del cambio, la alegría, el futuro y otros trucos de esa índole. El mito democrático dice que en las elecciones se hace un balance de un determinado período político; en el caso de una elección de medio término se trata de hacerlo sobre cómo estaba el país dos años antes y cómo está ahora. Es un mito, por lo tanto se equivoca quien quiere verlo aparecer en la realidad, pero el problema es que cuando la realidad se distancia tanto del mito como para transformarse en su contrario lo que se está afectando es la legitimidad democrática. Y lo que se está incubando es una profunda crisis política a la hora -más lejana o más cercana pero inevitable- en que la publicidad deje paso a la verdad. Un escéptico puede tranquilamente predecir que ese momento no llegará, pero ese nihilismo no puede ocultar que la historia está cargada de este tipo de episodios que son las revoluciones y los cataclismos sociales. El hecho es que el gobierno va a utilizar todos los recursos para evitar que ese balance más o menos sencillo ocupe un lugar decisivo en la decisión de voto de los argentinos. Lo curioso es que la batalla publicitaria del gobierno cuenta con el concurso de buena parte de la oposición. El gobierno necesita una discusión sobre los gobiernos de Cristina, convenientemente interpretados por los expertos en acción psicológica. Hace falta la identificación absoluta de la ex presidenta y sus seguidores como el mal absoluto para diluir la dura realidad que se vive en el país. Pero la oposición no kirchnerista ya antes de la campaña adelanta que el objeto principal del ataque será la demonización de los gobiernos anteriores. Se trata de un caso probablemente inédito de una coalición política de hecho contra una fuerza que no está en el gobierno. Es decir que no se la intenta reemplazar en el gobierno sino hacerla desaparecer de la escena política. La más clara representante de ese consenso proscriptivo es Stolbizer, hoy aliada de Massa y la que hará el trabajo sucio contra la ex presidenta que éste no quiere asumir personalmente en la campaña. Bruscamente la política argentina se ha librado de los fantasmas del pluralismo, la alternancia y la convivencia política para adoptar el discurso de la intolerancia, la persecución y el odio. Lo más interesante, sin embargo, no es el odio sino los cimientos sobre los que se sostiene; es la venganza de los poderes establecidos que van desde los grandes grupos de poder económico hasta los más diversos rincones académicos, periodísticos, parlamentarios y judiciales que se sienten la Argentina real. Es decir la Argentina del nombre, del poder, del dinero, de la fama, de la visibilidad. Llama la atención el lugar que ocupa la palabra resentimiento en el discurso del establishment; alude con toda probabilidad al sentimiento de quienes ocuparon durante un tiempo el lugar que nunca debieron ocupar, que consumieron lo que no les era dado consumir y se hicieron visibles cuando su sino es la invisibilidad. No es un partido o una doctrina lo que está en discusión sino una experiencia social y política mucho más abarcativa que un nombre, que incluye a muchísimos argentinos que no simpatizaron ni simpatizan con el “régimen”. Los trabajadores que protestan, los pobres que cortan calles, los científicos que luchan son “resentidos” según el gobierno y

Fuente: Raúl Kollmann | Página 12 Fecha: 02 de JULIO 2017 Después de tanto anuncio insinuado pero no cumplido, la investigación manipulada busca “evidencias” en la computadora del técnico Lagomarsino. Es que si se quiere forzar que Nisman fue asesinado, hace falta un asesino… La pseudo-investigación de la muerte de Alberto Nisman continúa realizándose a escondidas. De vez en cuando se publican dudas o conclusiones que va elaborando Gendarmería –bajo la responsabilidad política de Patricia Bullrich– o la fiscalía de Eduardo Taiano. Según el cronograma adelantado por el diario Clarín, en la semana que pasó debería haberse dado a conocer una pericia, hecha por Gendarmería de manera oculta, con la conclusión de que a Nisman lo mataron, contradiciendo así todas las pericias anteriores. No sólo no se publicó sino que las partes fueron convocadas el 10 de julio para hacer un estudio balístico y el 2 de agosto para hacer el análisis toxicológico. Además se le formuló a las partes cien preguntas vastas, como por ejemplo “cuándo fue la data de muerte”. Es decir, que al menos oficialmente, las cosas van para largo. Esto no quita, por supuesto, que se esté trabajando clandestinamente, a espaldas de la causa judicial. Clarín también adelantó que a principios de junio, con la presencia de las partes, se haría una reconstrucción de lo ocurrido en el departamento de Nisman. Se estaba construyendo –afirmaron– una maqueta a tamaño real del piso 13 de Le Parc. Por ahora, no hubo ni construcción ni reconstrucción. Durante el fin de semana pasado se hicieron trascender dudas sobre el informático Diego Lagomarsino, a quien apuntan para involucrar de alguna manera. Como preparan todo para establecer que hubo homicidio, necesitan un homicida. Como nueva prueba, Clarín dijo que que no se encontró la computadora desde la cual el informático Lagomarsino, de manera remota, hacía el mantenimiento de las computadoras del fiscal. La lógica es que Lagomarsino mintió sobre su trabajo y por lo tanto es sospechoso. La explicación de la defensa es simple. Todos esos trabajos los hizo siempre el informático desde una laptop que lleva en su mochila y usando el programa TeamViewer licenciado a nombre del propio Lagomarsino. Cuando allanaron la vivienda del técnico –un domingo–, éste estaba con sus hijos en casa de un amiguito de ellos, y por lo tanto no se llevaron la laptop. Tan sencillo como eso. Rebobinando La guerra de guerrillas mediático-judicial-política, en la que cada tanto disparan con un aparente nuevo elemento o una supuesta prueba, tiene como objetivo instalar la hipótesis del homicidio, rechazada por las tres pericias que se hicieron en la causa bajo la conducción de la fiscal Viviana Fein y la jueza Fabiana Palmaghini. La junta médica concluyó que “no hay certeza pericial de homicidio”. La junta criminalística sostuvo que “no se encontró ningún rastro que indique el desplazamiento de personas por el interior del baño”, es decir que Nisman estaba solo en el momento del disparo. Finalmente, el estudio del laboratorio químico y forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales de Salta dictaminó que “sobre (las manos del fiscal) se hallaron partículas consistentes con residuos de disparo”. Todo ese curso adverso de los estudios científicos llevó al fiscal Taiano, que instruye la causa, y al gobierno nacional, que conduce la Gendarmería, a realizar de nuevo todas las pericias, pero al principio marginando a las partes, entre ellas a la defensa de Lagomarsino. También quedaron a un costado los forenses designados por la Corte Suprema y los peritos criminalísticos de la Policía Federal. En la versión de Clarín de fines de mayo se anunció que Gendarmería dictaminaría en 30 días, o sea en la semana que pasó, que lo de Nisman fue homicidio. Además, adelantaron la realización de una reconstrucción, una semana más tarde, a principios de junio, en que podrían participar los peritos de parte. Desde entonces no hubo novedades ni se hizo la reconstrucción. Calendario Ahora se notificó a los peritos que el 10 de julio se hará la pericia balística, es decir se volverá a determinar la distancia y el ángulo del disparo; se reiterará que el proyectil salió de la pistola calibre 22 y otros elementos que se trabajaron desde un principio. El 2 de agosto están convocados los especialistas para hacer el análisis toxicológico, una medida llamativa, tal vez orientada a tratar de introducir en el caso que Nisman murió el sábado 17 y no el domingo 18 de enero de 2015. Esto último fue lo establecido por trece de los quince forenses, en su gran mayoría designados por la Corte Suprema. Entre ellos intervino Fernando Trezza, una autoridad mundial en materia de establecer la data de una muerte. Todos coincidieron en que Nisman murió el domingo al mediodía. La querella que encabeza Sandra Arroyo Salgado –ex pareja de Nisman– insiste en que el deceso del fiscal se produjo el sábado al atardecer, porque ese día estuvo Lagomarsino en el departamento del fiscal. Pero hay constancias muy claras de que Nisman habló por teléfono o chateó con tres personas después que el técnico abandonó el edificio Le Parc: habló con el custodio Néstor Durán, chateó con el periodista de Infobae Laureano Pérez Izquierdo y con la periodista de Clarín Natasha Niebieskikwiat. Con ésta última intercambió un último mensaje a las 21.17, mientras que las cámaras de seguridad verificaron que Lagomarsino salió de Le Parc a las 20.34 y las cámaras del complejo en Martínez donde vive el informático lo muestran ingresando en el garage a las 21.04. En el equipo de Arroyo Salgado se produjo un cambio de importancia. El principal perito, el ex titular de la Bonaerense Daniel Salcedo, se fue a trabajar a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). O sea que revista ahora en el Poder Ejecutivo, algo que también revela su alineamiento anterior. En su lugar ingresó el ex comandante de Gendarmería, Eduardo Frigerio. Técnico De los nuevos trabajos, hechos a escondidas, la entente judicial-mediática-política va haciendo trascender supuestos resultados. El principal: que Gendarmería va a dictaminar que hubo

Fuente: Mariana Escalada & Agustin Ronconi | El Disenso Fecha: 30 de JUNIO 2017 El Diputado Nacional Rodolfo Tailhade presentó en la justicia una ampliación informando acerca de una nueva condonación de deuda a una empresa del Grupo Macri por parte de Aerolíneas Argentinas y adjuntó un fallo de la justicia brasilera por un caso casi idéntico al de Correo Argentino donde la jueza consideró al Grupo Macri como un “Genocida empresarial”. Hoy en exclusiva desde El Disenso te mostramos como la justicia de otro país trata a las empresas de Macri cuando no lo cubre el blindaje mediático y los jueces no denuncian aprietes. “En esta oportunidad aportamos al expediente datos respecto a una nueva autocondonación de deuda a empresas del Grupo Macri, donde lejos de conformar un hecho aislado, resulta parte de un accionar desplegado por el presidente de la Nación para beneficiar a sus empresas” explicó el diputado Tailhade en diálogo con El Disenso. “Esto se ejecuta a través de los funcionarios designados en los diferentes organismos estatales a tal fin. Y a partir de las órdenes impartidas por el propio presidente de la Nación, como lo reconoció el ministro Aguad en diferentes ocasiones“. De acuerdo a la ampliación presentada en Comodoro Py, las autoridades de Aerolíneas Argentinas, conjuntamente con el presidente de la Nación, Mauricio Macri, “habrían incurrido en las figuras típicas de fraude en perjuicio de la administración pública (artículo 174, inc. 5°, del CP), cohecho y tráfico de influencias (artículo 256 CP), abuso de autoridad (art. 246 C.P) y negociaciones incompatibles con la función pública (art. 265 C.P.)“. Brasil le dijo “No” a Macri Frigorífico Chapeco es una empresa del Grupo Macri en Brasil, cuyo pasivo alcanza los 340 millones de dólares, que al igual que el Correo Argentino atraviesa un proceso concursal, y donde pidió la misma quita que en el concurso local del Correo Argentino… pero se la negaron. Tras estar en crisis por 15 años, la Justicia de Santa Catarina decidió la quiebra del Frigorífico Chapecó, cuyo 65% de las acciones aún pertenece al grupo Macri. La familia del líder PRO y los otros dueños siguieron la misma lógica que con el Correo Argentino, incluida la búsqueda de un perdón de más del 90% de la deuda, pero en Brasil, a diferencia de Argentina, la propuesta de la compañía a sus acreedores fue rechazada de plano. Chapecó también pertenece al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) que tiene un 30% del paquete accionario, y el resto está en la Bolsa. «Con claridad, no cabe duda de que el pedido de concurso es una farsa. La situación de las compañías era de total insolvencia” sostuvo la jueza en su fallo. En los dos meses siguientes a la prórroga del concurso, la firma presentó un plan que contemplaba una quita de 91% del pasivo, tal como fue la propuesta del Grupo Macri que, en Argentina, Macri como acreedor en representación del Estado había aceptado. En Brasil, en cambio, le dijeron que no. “La similitud con el caso argentino viene a ratificar lo denunciado oportunamente en cuanto a la estrategia diseñada por el propio Mauricio Macri, y ejecutada por el Ministro Aguad y sus funcionarios” explica el diputado Tailhade, agregando que “Caso contrario deberíamos aceptar que el ministro Aguad y su equipo de abogados diseñaron una estrategia ruinosa para el Estado Nacional y beneficiosa para el presidente Macri que casualmente resulta idéntica a la estrategia desarrollada por la familia Macri con otra de sus empresas en Brasil». La jueza en Brasil realizó una comparación entre el caso del Correo Argentino y el caso Chapecó, señalando en primer lugar, que sucedieron en fechas próximas, que también en ambos casos se encuentran involucrados órganos oficiales, que el Grupo Macri asumió el control de ambas empresas sin aportar capital propio, que ambas empresas tuvieron problemas de gestión que terminaron con un colapso financiero y que en ambos casos sucedió en el plazo de 2 años desde que el Grupo Macri tomó el control. Pero las similitudes no terminan ahí: ambas empresas sufrieron investigaciones por parte de organismos públicos y ambas entraron en concurso de acreedores. A lo largo de su fallo, la jueza expresa que el Grupo Macri, a partir de la renuncia de sus principales directivos, “prácticamente abandonó la empresa, despidiendo a 4600 empleados y desactivando y paralizando la totalidad de operaciones de la empresa Chapecó“. “También sus acciones produjeron efectos letales sobre el valor del negocio, sobre sus obligaciones sociales para con la comunidad y la familia de sus trabajadores y con los miles de proveedores, también sobre la economía de la región y principalmente sobre la capacidad de honrar sus compromisos con miles de acreedores” señala la jueza, quien culmina su fallo señalando: «El Grupo Macri ejecutó un verdadero genocidio empresarial». El fallo también menciona que existe una “clara maniobra destinada a vaciar a la empresa Chapecó, a partir del pago de honorarios a directores, diversos gastos en consultoría y otros gastos que no poseían relación alguna con la situación real de la empresa“, un accionar idéntico al denunciado por la fiscal Boquin en su último dictamen, a través del cual detalló todas la maniobras de vaciamiento de Correo Argentino, que en lugar de mantener sus fondos para el eventual pago de sus deudas una vez que concluyera su concurso de acreedores, se dedicó a transferir dinero a otras empresas de la familia Macri. Los Macri también pidieron dinero para pagar honorarios de 5 directores de la empresa, por lo que tendrían más directores que empleados para manejar una empresa sin actividad. En el caso del Correo Argentino, la Fiscal Boquin encontró enormes gastos en honorarios de directores, mucho más de lo informado. También se detectaron gastos extraños, como el pago de la obra social de Raúl Casa que dejó de ser director en 2011, “al cual se abonan llamativos conceptos, como ser subsidio por maternidad”. También se encontró un gasto correspondiente a la fiesta de fin de año en 2012,

Fuente: Ricardo Ragendorfer | Nuestras Voces Fecha: 29 de JUNIO 2017 Uno de los tres policías detenidos junto al “rey” de la Salada es el subcomisario Hugo Orlando Fassone, quien participó el operativo del Grupo Halcón en el que mataron al ex SIDE “Lauchón” Viale, hombre de confianza de “Jaime” Stiuso. Fassone estuvo preso, pero fue liberado y premiado en la Bonarense por Matzkin, a quien conducen muchos de los caminos de la seguridad y la inseguridad en Provincia. Una historia que va de las cloacas del poder a los flashes. La prensa aún hoy le saca el jugo a la aparatosa irrupción de 600 uniformados durante la madrugada del 21 de junio en el predio de La Salada, situado casi al límite de Ingeniero Budge con el partido de La Matanza. Tal faena incluyó 57 allanamientos, 30 arrestos y la destrucción con topadores del sector “ilegal” de ese inmenso shopping a cielo abierto. Tierra arrasada ante las cámaras de TV. A la mañana la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se dejó caer allí para darse dique por semejante hazaña. Lucía entre agotada y exultante como si con sus propias manos hubiera reventado el sitio. Entonces, con una gran sonrisa, soltó: “Este es un mensaje para todos aquellos que trabajan en la ilegalidad”. También sonreían sus acompañantes: el secretario de Seguridad Eugenio Burzaco y el responsable del área a nivel provincial, Cristian Ritondo. Y con cierta picardía, la señora Bullrich agregó: “Entre los supuestos integrantes de esta asociación ilícita hay un policía federal que fue custodio de Sergio Berni”. Ritondo ya no sonreía. Seguramente pensaba en los otros dos servidores del orden –aunque de La Bonaerense– arrestados en la ocasión. Uno de ellos era nada menos que el actual segundo jefe de la Dirección de Drogas Ilícitas en Lomas de Zamora, subcomisario Hugo Orlando Fassone. Pero su condición de policía en actividad no era lo más escandaloso del asunto, ya que portaba una mácula aún más estremecedora: ese hombre era uno de los matadores del agente de la SIDE, Pedro Tomás Viale, más conocido por el simpático mote de “Lauchón”. Se trata de una historia que todavía obtura las cloacas del poder. Y que involucra a personalidades tan prestigiosas como el ex jefe de La Bonaerense, Hugo Matzkin, el espía Antonio Stiuso y el proxeneta Raúl Martins. Resistencia a la autoridad El señor Raúl Martins –un ex agente de la SIDE ahora volcado a los negocios de la carne– pasó la mañana del 9 de julio de 2013 en su hogar, un lujoso piso del condominio Mar Lago, ubicado en la zona hotelera de Cancún. La súbita llegada de su asistente quebró la quietud. Aquel hombre le extendió un celular. Desde Buenos Aires le hablaba su abogado, Teodoro Álvarez, por una pésima noticia: el fallecimiento de su amigo y empleado Viale, acribillado durante el alba por el Grupo Halcón, de La Bonaerense, al ser allanada su casaquinta de La Reja debido a una presunta causa de drogas. Martins asimiló la novedad contemplando el mar Caribe por el ventanal. El sol sobre sus cejas lampiñas le daba un aire de reptil. A esa misma hora en Buenos Aires, el señor Stiuso –aún al mando de la poderosa Dirección de Operaciones de la ex SIDE –ahora llamada Secretaría de Inteligencia (SI), a secas– trataba ese mismo asunto con sus más estrechos colaboradores en una luminosa oficina de la sede del organismo, sobre la calle 25 de Mayo. Su ánimo oscilaba entre la furia y el estupor. Lo primero, porque el finado había sido su mano derecha; lo segundo, porque la noche anterior él debió haber estado en lo de Viale, cita que canceló a último momento. Viale y él eran en esa central de inteligencia parte de una capa geológica originada durante la última dictadura. Una camada de fisgones profesionales formada según los protocolos del terrorismo de Estado y que con el correr del tiempo maduró al amparo de los sucesivos gobiernos democráticos. Un grave descuido de la República. Y una inagotable fuente de trapisondas, crímenes y dislates, entre otras disfunciones. Eso lo sabía todo el mundo, incluso el entonces ministro de Seguridad provincial Ricardo Casal, quien en aquel momento desde su residencia de City Bell se deshacía por teléfono en explicaciones. “Yo no sabía nada”, aseguraba una y otra vez. En el otro lado de la línea estaba el gobernador Daniel Scioli. “Nadie me avisó”, insistía el funcionario. Y sus palabras parecían sinceras. Se refería a los 18 allanamientos ordenados la noche anterior por el juez federal Juan Manuel Culotta y el insólito uso de aquella unidad policial de asalto para el operativo en el domicilio del desafortunado espía. “Nadie me avisó”, repetía Casal con un balbuceo. Minutos antes, él había oído esas tres palabras en boca del comisario Hugo Matzkin. Pero su tono sonaba frío, impersonal. ¿Era posible que tamaña ofensiva contra el crimen organizado se hiciera a espaldas de la cúpula policial? Aún hoy esa sigue siendo la gran pregunta. Lo cierto es que el agente secreto Viale recibió en la madrugada de ese martes la no anunciada visita de 13 mastodontes del Grupo Halcón al grito de “¡Chapa! ¡Chapa!”, un formalismo para manifestar su pertenencia a la SIDE. Por respuesta, los recién llegados le prodigaron un balazo en el pecho. Al desplomarse alcanzó a disparar su pistola Glock sobre el pie de un intruso. Su viaje al otro mundo le llegó con otros tres tiros. La esposa del espía escuchó su muerte acurrucada detrás de una pared. También había oído una posterior deliberación entre los verdugos: –Matemos a todos –propuso alguien. Se refería a ella, al menor de sus hijos y a su novia. – ¡Imposible! ¡Ya es tarde! –contestó otro uniformado al ver que en las casas linderas se prendían las luces. Poco después, al clarear, sólo un patrullero de consigna quedó frente al chalet de la calle Rocha Blaquier 1502, de La Reja. El ahora detendio subcomisario Fassone había comandado la incursión. Los superagentes Quizás,

Fuente: Radio Jai Fecha: 29 de JUNIO 2017 La organización Amnistía Internacional le envío una carta al presidente argentino Mauricio Macri para manifestarle su preocupación por el proyecto de Libertad Religiosa que fue enviado al Congreso el pasado 12 de junio. El texto Amnistía Internacional manifiesta alarma y preocupación por el Proyecto 0010/PE/2017 sobre Libertad Religiosa, remitido por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso de la Nación el 12 de junio de 2017. Así lo señaló en una carta dirigida al presidente de la Nación, Mauricio Macri. La comunicación fue remitida también al jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña; al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano; a la Comisión de Legislación Penal y a la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, ambas de la Cámara de Diputados. Según el texto, el proyecto busca consagrar una protección más completa a la libertad religiosa. Sin embargo este derecho ya se encuentra garantizado en nuestro país. En primer lugar, el artículo 14 de la Constitución Nacional consagra la profesión libre de culto, protegiendo la libertad religiosa y de conciencia. A su vez, el artículo 19 establece incluso que nadie será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Sobre el artículo 7 del proyecto Preocupa especialmente el artículo 7 del proyecto sobre Libertad Religiosa. Este apartado proclama de manera explícita el derecho a la objeción de conciencia, de las personas y de las instituciones. Específicamente, establece que “toda persona tiene derecho a invocar un deber religioso relevante o una convicción o moral sustancial como razón para negarse a cumplir una obligación jurídica” incluyendo a los funcionarios públicos. Este articulado constituye un retroceso sustantivo porque revierte la excepcionalidad del instituto de la “objeción de conciencia”, pasando ésta a ser casi la regla. En efecto el texto solo instituye como requisito que la creencia religiosa sea “sincera” presumiendo la “buena fe” del objetor por la existencia de dicha norma religiosa. ¿Cómo se traduce esto en la práctica? Algunos ejemplos: Un docente podría negarse a impartir una clase sobre la “teoría de la evolución” por encontrarse en pugna con su creencia religiosa, cercenando el derechos de niños, niñas y adolescentes a la educación. Pone en vilo la ley de Educación Sexual Integral, porque cualquier docente podría limitar la enseñanza religiosa a la moral sexual cristiana o moral de cualquier otra religión. Un juez de paz o un registro civil podría negarse a casar a un matrimonio entre parejas del mismo sexo basándose en principios morales o religiosos, violando el derecho a la igualdad y no discriminación de las personas. Una obra social podría negarse a proveer anticonceptivos aun existiendo una obligación legal para hacerlo y violando los derechos sexuales y reproductivos de jóvenes y adultos. Desde Amnistía Internacional promovemos y defendemos el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este texto, sin embargo, lejos de tender a fortalecer un Estado laico que otorgue libertades a sus individuos, busca favorecer un Estado pluriconfesional, con fuerte injerencia de las religiones en el ejercicio de los derechos de las personas y lo público. Amnistía Internacional solicita a las autoridades revisar la norma en cuestión puesto que echa por tierra todos estos derechos constitucionalmente protegidos, comprometiendo, asimismo, la responsabilidad internacional del Estado argentino. A su vez, pugna porque se genere un debate abierto, participativo y trasparente sobre la temática en cuestión.