julio 2017

Fuente: Irina Hausser | Página 12 Fecha: 24 de JULIO 2017 El fiscal Delgado impulsa una causa penal para investigar si se hizo o no el sorteo para nombrar al juez Irurzun en la Dirección de Captación de Comunicaciones. Una semana antes ya había trascendido quién sería designado. Como buen organismo de espionaje, la Dirección que se ocupa de las escuchas telefónicas está cargada de misterios, que se multiplicaron desde el día uno en que pasó a ser controlada por la Corte Suprema. El fiscal Federico Delgado decidió impulsar una investigación penal para determinar si fue trucho o ni siquiera se hizo el sorteo del titular de esa dependencia, el juez Martín Irurzun, presidente de la Cámara Federal. El dictamen de la fiscalía imputa a los jueces supremos que firmaron una acordada con esa designación –que son Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda– y al secretario general de administración, Daniel Marchi, que aparece como fedatario. Se basa en una denuncia que hizo el ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli, en función de una nota publicada por PáginaI12 el 20 de junio último, que revelaba que en el expediente sobre la oficina de escuchas no hay ninguna constancia ni acta de que se haya hecho el sorteo, que es obligatorio según el decreto que dispuso el traslado del área desde la Procuración hacia el máximo tribunal, y que se debe hacer entre las decenas de camaristas federales de todo el país. Hasta hubo publicaciones periodísticas previas al menos en dos diarios que anunciaban que el camarista “sorteado” para el cargo iba a ser Irurzun. Delgado también quiere investigar la prolongación por un nuevo decreto del mandato del mismo camarista, que en un comienzo duraba un año y cuando se le estaba por vencer pasó a durar tres, lo suficiente como para acompañar al gobierno de Mauricio Macri hasta el final. Delgado señaló en su requerimiento que se debe analizar si hubo una falsedad de documento público, ya que el texto de la acordada en la que los jueces supremos nombraron a Irurzun como titular de la llamada Dirección de Captación de Comunicaciones (el 15 de febrero de 2016) dice que lo hicieron por sorteo, pero no especifica qué mecanismo se usó (puede ser con bolillero o un sorteo informático, como se hace por lo general con las subrogancias), ni hay acta adjunta que acredite su realización, y en el máximo tribunal las fuentes consultadas por este diario no tienen noticia de que se haya hecho. El fiscal pidió una serie de medidas iniciales básicas, desde la incorporación al expediente de todos los decretos vinculados con la creación y el funcionamiento de la Dirección de escuchas, las notas de La Nación y Perfil que anuncian la designación de Irurzun el fin de semana previo a que se concretara el supuesto sorteo, los elementos que puedan acreditarlo y la declaración de empleados y funcionarios de la dependencia a cargo del tema. La que suele ocuparse de los sorteos y de la implementación de nuevas estructuras es la Secretaría de Administración, que conduce el contador Marchi, hombre de máxima confianza de Lorenzetti. Parrilli presentó la denuncia en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral, porque allí tramita la causa donde se investiga el origen de las filtraciones públicas de sus comunicaciones telefónicas, algunas con Cristina Fernández de Kirchner y otras con funcionarios que lo acompañaban en la AFI, como Juan Martín Mena. Fueron todas intervenciones telefónicas que se hicieron durante la nueva gestión en la central de espías, a cargo de Gustavo Arribas, y desde que pasaron a la órbita de la Corte Suprema. Unas se hicieron en un caso de supuesto encubrimiento del narco Ibar Pérez Corradi y otras, previas, fueron parte de una “precausa” iniciada por la propia AFI con la pretensión de verificar si Parrilli se había llevado material del organismo de inteligencia. Esta escucha se hizo apenas asumió Arribas y mientras el área de intervenciones pasaba a la Corte. Duró cuatro meses pero la jueza María Servini de Cubría cerró el caso, y después empezó la de la causa de Pérez Corradi a cargo de Ariel Lijo. Ninguna de esas conversaciones arrojó nada de interés penal, sólo una pintura de la vida privada del ex funcionario y sus diálogos en confianza con la ex presidenta que fueron mostrados por algunos medios. Frente a la nueva denuncia de Parrilli por Irurzun y los decretos de escuchas, Canicoba Corral prefirió mandar a abrir una nueva investigación. El sorteo informático lo designó a él mismo, junto con el fiscal Delgado. Poder concentrado Durante muchos años, la dependencia que manejaba las escuchas telefónicas perteneció a la ex Side y era conocida como la Ojota (Oficina de Observaciones Judiciales). Su función siempre fue técnica: es el lugar donde se registran las conversaciones, en los casos de delitos que requieren rápida acción se siguen en directo (como con los secuestros extorsivos) y todo se graba en CDs. Las intervenciones sólo se pueden hacer con la orden de un juez o jueza y por el tiempo que éstos determinen. En ocasiones, alguna fuerza de seguridad colabora con la toma de las escuchas o su desgrabación, según indica el juzgado. Pero esa es su única actividad: grabar, horas. Cuando se perfilaba la sanción de un código procesal acusatorio que daría facultades de investigación más fuertes a los fiscales y mientras se reformaba la ex Side, las escuchas fueron mudadas a la Procuración. Con el desembarco de Macri, un decreto las sacó de la órbita de Alejandra Gils Carbó y las mandó a la Corte. Desde que se hizo el traspaso curiosamente empezaron a trascender episodios de espionaje político. Aquel decreto decía que el organismo estaría a cargo de un juez penal con rango de juez de Cámara, a designar por sorteo, y señalaba que duraría un año en funciones, sin chances de renovar hasta pasados cinco años. Este año, cuando se estaba por vencer el mandato de Irurzun el

Fuente: Roberto Caballero | TiempoAr Fecha: 15 de JULIO 2017 El modelo oficial no cierra sin represión. El conflicto social ya no es incumbencia del Ministerio de Trabajo, no con este gobierno, sino del Ministerio de Seguridad. Lo que pasó en PepsiCo pasó antes con los trabajadores de Cresta Roja, en la Carpa Itinerante de los docentes, en la 9 de Julio contra el Frente por el Trabajo y la Dignidad Milagro Sala y en distintas provincias contra los empleados públicos. Nada de esto puede separarse, tampoco, de la intervención de varios sindicatos y de la criminalización de algunos de sus dirigentes, como ocurrió hace poco con los Canillitas. Pero no son excesos. Se trata de una política. La de sumisión o palo. La Argentina de Macri pretende rebajas salariales directas o indirectas. Directas, con paritarias con techo por debajo de la inflación de las góndolas. Indirectas, con flexibilización laboral presentada como aumento de «la productividad». La desocupación de dos dígitos es funcional a este fenomenal ajuste de los ingresos. Disciplina a los que viven de su trabajo, porque los obliga a elegir entre sueldos miserables o la intemperie de la calle. Atrás quedó el reclamo por el Impuesto a las Ganancias, parte de la airada agenda sindical contra el gobierno de Cristina Kirchner: hoy las protestas son defensivas, en un contexto de deterioro creciente de las condiciones de vida, donde la discusión es por el monto indemnizatorio o la cantidad de puestos de trabajo que se resignan. Para los que no se alinean con estos objetivos existe, de mínima, el despido o el gas pimienta; de máxima, la bala de goma, el palo o, peor aun, el celular policial. No es lo mismo un gobierno neoliberal que otro que desafía las desigualdades del mercado. Nunca lo fue. La lección actual, para algunos, es áspera y angustiante. La memoria de los ’90 quedó paradójicamente sepultada bajo 12 años de distribución positiva de la renta. Este ajuste es hijo de una prosperidad que se suponía eterna. Prosperidad que no era viento de cola, sino fruto de políticas inversas a las que hoy se aplican. Las políticas distributivas y de fomento del empleo generan mejoras del ingreso, consumo interno, condiciones de trabajo en alza y también fortalecen la organización sindical. Actuar al revés, es decir, desatarle las manos al mercado, replegar al Estado en su rol regulador de las voracidades empresarias y naturalizar los despidos y la precarización, como se hace hoy, produce todo lo contrario. Es lo que estamos viviendo. Y todavía falta más. Si Cambiemos gana en octubre, lo que vimos hasta ahora será apenas el prólogo a un calvario mayor. Frente a este panorama, la CGT sorprende por su complacencia con las políticas oficiales. Para reclamar por las Ganancias del pasado, sus dirigentes hacían fila para ver quién hacía el discurso más duro frente a los micrófonos. Ahora que todas son pérdidas, parece que pasaron a la clandestinidad. Pero no para seguir peleando por los derechos de sus afiliados, sino para evadir sus responsabilidades de representación. En toda la historia del movimiento sindical existieron etapas de auge y retroceso, muchos pasajes heroicos y también de los otros, dirigentes combativos y entreguistas. El caso de los actuales triunviros de la CGT ni siquiera los pinta como colaboracionistas (que los hay) de un gobierno que ataca a los trabajadores y sus conquistas. Es peor que eso: son turistas del conflicto social. Pasan, ven y siguen de largo. Las violentas escenas en la planta de PepsiCo merecieron un tibio repudio teatralizado del trío Daer, Schmidt y Acuña, un llamado a escribir un documento crítico que vería la luz en dos semanas y, quizá, una movilización para dentro de un mes y medio. Lloverán millones de atriles por los aires antes de que la actual conducción de la CGT decida ponerle un freno al gobierno de Macri. Porque no hay Toscos, ni Ubaldinis, ni Moyanos en ese triunvirato. Sino un frío cálculo político, no asemejable a la cobardía siquiera. Daer, Schmidt y Acuña son los nombres de una estrategia diseñada en las sombras por expresiones electorales que no tienen un modelo alternativo al actual. No son macristas, quizá, por estética, pero en los hechos, los triunviros acompañan a diputados y senadores que le votaron a Macri las leyes necesarias para desplegar su proyecto de exclusión y ataque al modelo sindical argentino. Desgajamientos en capítulos de la coalición kirchnerista original que entró en crisis cuando el kirchnerismo ya no tuvo oportunidades de reelección. El massismo antes, el randazzismo ahora. La comprensión que tienen con Macri, su mirada de turista sobre los asuntos que queman, es producto de un antikirchnerismo táctico que se volvió maniático con el correr el tiempo. De modo cada vez más inexplicable, como hacen Massa o Randazzo, los dirigentes cegetistas tienen más críticas hacia la oposición K que hacia el gobierno neoliberal. La grieta entre dirigencia y representados aumenta, semana a semana. El vigor de la Corriente Federal de los Trabajadores, liderada por Palazzo (bancarios) y Amichetti (gráficos), se explica porque, precisamente, caracterizaron correctamente al gobierno desde el inicio e hicieron una valorización positiva del modelo anterior, aun con sus insuficiencias. Avanzan también las negociaciones de este sector con el camionero Pablo Moyano, que hoy diluye sus críticas al kirchnerismo y acerca posturas con los agredidos por el ajuste. Las dos CTA y los sectores clasistas y de izquierda, pasado el round electoral, muy probablemente confluyan en modo unitario con este nuevo espacio que tendrá un papel central a jugar después de octubre. El trabajo de la Corriente Federal de los Trabajadores es para destacar, en contraste con la inacción de los triunviros. Buena parte de los regionales de la CGT responden a esta línea combativa, abiertamente opositora a Macri. Pocos los saben, pero muchos de sus dirigentes fueron los tejedores del armado de las listas de la Unidad Ciudadana en provincia de Buenos Aires, allí donde había grupos peronistas y progresistas que no podían sentarse a dialogar. Esta nueva

Fuente: Jorge Elbaum | Nuestras Voces Fecha: 10 de JULIO 2017 Un Secretario de Derechos Humanos que desarticula sistemáticamente los programas de su propia secretaria. Claudio Avruj, el pichón de Beraja que todavía le cubre los trapos sucios a su mentor en la justicia, los medios y la colectividad judía. Del encubrimiento del atentado a la AMIA al vaciamiento de los programas de Derechos Humanos de la era Macri. El Secretario de Derechos Humanos de la Nación se ha encomendado a la tarea de vaciar, precarizar, invisibilizar y, si es posible, extinguir la totalidad de los programas instituidos en los últimos veinte años de democracia. Dichas actividades estaban destinadas a prevenir, capacitar, difundir, y asesorar en temáticas relacionadas con la discriminación, la violencia institucional y los crímenes de lesa humanidad. Los antecedentes biográficos, institucionales, empresariales, que posee Claudio Avruj, más el carácter de los funcionarios nombrados desde que asumió, explican con claridad el trasfondo del plan para anular el rol de la Secretaría. El resultado: víctimas y afectados sin atención, debates silenciados, causas judiciales paradas, acciones de prevención olvidadas y ausencia de acciones sobre nuevas violaciones a los DDHH. Berajismo Claudio Avruj no sería el funcionario que es hoy si no hubiera sido nombrado por Rubén Beraja, en 1997, como director ejecutivo de la DAIA. Venía de un paso por Centroamérica donde trabajó para una organización internacional (hoy vinculada a los sectores conservadores de la comunidad judía estadounidense). Su rol prioritario en la entidad ubicada en la calle Pasteur 633 consistió, entre otras funciones, en asistir al presidente de la entidad, denunciado años después como parte de un entramado destinado a encubrir el atentado a la AMIA. Beraja –al igual que el de muchos integrantes de la DAIA de entonces—se dedicaron a instalar pistas falsas, en connivencia con la SIDE menemista y el Juez Eduardo Galeano. Los años en la DAIA le permitieron a Avruj, además, sumar un título universitario a sus arcas simbólicas: comenzó su Licenciatura en organización Institucional en la Universidad Hebrea Bar Ilán, ubicada en Boulogne Sur Mer y Perón. En su paso por los claustros, el alumno Avruj se había hecho conocido por solicitar a sus profesores aquiescencias temporales y clemencias de calificación: sus repetidas ausencias y su limitado apego al estudio no se reflejaban en su avance y aprobación de materias. Varios profesores entrevistados para esta investigación atribuyeron la rápida obtención de su titulo al hecho de que el dueño/presidente de la universidad era el propio Beraja. Como Director Ejecutivo de la DAIA, Avruj fue financiado por la fundación “Creer y Crecer”, Think Tank coordinado por Rodríguez Larreta. Este vínculo subrepticio fue utilizado para poner a las oficinas de Pasteur 633 como centro impulsor de las dos candidaturas de Mauricio Macri a Jefe de Gobierno. Una de ellas, quizás la más grosera, incluyó el armado de una “Mise-en-scène” de debate político pre-eleccionario, en abril de 2007, en la que participaron el propio Mauricio Macri y Daniel Filmus. En esa ocasión, la coordinación del evento estuvo a cargo del propio Claudio Avruj y los asistentes al mismo no pudieron disimular el escandaloso desbalance por el rol cumplido por el entonces director ejecutivo de la DAIA. Mediante estratagemas absolutamente incompatibles con el estatuto de la propia DAIA, que se declara(ba) “apartidaria”, organizó sistemáticas operaciones de prensa –en connivencia con los matutinos La Nación y Clarín— destinadas a convertir al peronismo y al resto de las fracciones ligadas al nacionalismo popular en versiones de claro cuño antisemita. Parte de esta difusión maliciosa incluyó la metódica difusión de tergiversaciones dirigidas hacia medios de comunicación internacionales y embajadas extranjeras donde sistemáticamente se sembraba la creencia de que el gobierno kirchnerista expresaba una clara impronta judeofóbica. Dicha siembra de falsedades fue canalizada posteriormente por los sectores berajistas y el candidato a diputado nacional Waldo Wolff, para orientar el caso de la denuncia y la muerte de fiscal Natalio Alberto Nisman, como el paradigma indudable de la persecución a una minoría. Operaciones Uno de los responsables de “operar” a los periodistas y diplomáticos extranjeros era el propio Claudio Avruj, con la colaboración del citado Alfredo Neuburger, quien se venía de desempeñar como asesor de Enrique Mathov, mientras éste último fue secretario de Seguridad del gobierno de la primera Alianza. Mathov fue condenado en mayo de 2016 a 4 años y 9 meses de prisión por su responsabilidad en los crímenes ejecutados por el gobierno de la primera Alianza, durante diciembre de 2001. Otro de los condenados en ese mismo juicio oral y público —en este caso a 4 años de prisión— fue el comisario Rubén Santos que un mes antes de esos episodios trágicos fue condecorado por la DAIA por “su compromiso con la comunidad judía de la argentina” en relación a la seguridad. En ese acto de noviembre de 2001, meses antes de la represión desatada por el gobierno aliancista. Los intrincados vínculos de la DAIA/AMIA con la Policía Federal y la Metropolitana remiten por un lado a la permanente necesidad de las instituciones judías de garantizarse la seguridad en los perímetros de sus escuelas, clubes y templos, hecho que motivó un circuito de financiamiento, desde estas últimas hacia las comisarías responsables de la seguridad. Esa circulación de dinero equívoco –cuyo movimiento inicial se remonta al año 1992, luego del atentado a la embajada de Israel, terminó sellando un imbricado pacto de protección (y silencio) compartido. Uno de los cicerones encargados de vehiculizar los acuerdos ha sido, desde mediados de los años ´90 hasta la actualidad, Claudio Avruj, quien se convirtió en el facilitador de la “visita” de los jefes policiales al edificio de Pasteur. Uno de los últimos jefes de esa fuerza, hoy procesado y encarcelado por actos de corrupción es el comisario José Potocar, quien es acusado de manejar una “caja paralela” de fondos ilegales para “garantizar» seguridad a comercios, instituciones y prostíbulos, gestionando “áreas liberadas” disponibles para justificar dichas recaudaciones. El intricado vínculo entre la policía y la AMIA/DAIA ha sido motivo de una extraordinaria investigación periodística