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Fuente: Jorge Elbaum | La Garcia Fecha: 17 de MAYO 2017 La escena es conmovedora. Un niño llamado Fernando de apenas diez años intenta bajar la cabeza para no ver el espectáculo truculento que la autoridad ha decidido escenificar para aleccionar y disciplinar a todo un pueblo. Fernando Condorcanqui, la criatura que llora desconsoladamente y que intenta no ver la cruel representación punitiva es hijo y hermano de las personas que van a despedazar y asesinar frente a sus ojos. El chico baja la cabeza y un funcionario del imperio español se la sostiene forzadamente con el objeto de que las imágenes queden grabadas como pedagogía del horror y del sometimiento. Fernandito es forzado a presenciar la ejecución de dos de sus hermanos mayores y la muerte por garrote de su madre, Micaela Bastidas. Luego, como capítulo final de la perversidad, se le exige ver el intento —frustrado— del descuartizamiento de su padre, José Gabriel Condorcanqui, más conocido como Tupac Amaru. Mientras los cuatro caballos cinchaban hacia los puntos cardinales de la tierra, al niño se le sostenían la cabeza para que fijara su vista en el cuerpo de su padre. A Fernando, de diez años, se le escucho esa mañana, en la Plaza de Armas de Cusco un gemido penetrante y agudo que es considerado por difundidas supersticiones como causa de los movimientos sísmicos que han asolado a Perú en los últimos doscientos años. La escena es del 18 de mayo de 1871. El día de dicho aniversario, 18 de mayo de 2017, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Personas (GTDA) entidad de las Naciones Unidas que se dedica a investigar denuncias sobre penas carcelarias indebidas y a elaborar recomendaciones a los Estados, abandonará nuestro país después de relevar durante diez días el caso de la Diputada electa del PARLASUR (Parlamento del MERCOSUR), Milagro Sala, —entre otros— quien se encuentra privada de libertad desde enero de 2016, en el marco de diferentes causas apócrifas iniciadas por testaferros judiciales del actual gobernador provincial. En una de esas causas, un ex integrante del Movimiento Barrial Tupac Amaru, Rene “Cochinillo” Arellano, empleado de la actual gobernación provincial, denunció a Milagro Sala como instigadora de un “escrache” realizado el entonces diputado Gerardo Morales, del cual la propia Milagro Sala no participó y por la cual —sin embargo— fue condenada. José Gabriel Condorcanqui, el padre de Fernandito, fue detenido en 1780 por liderar una sublevación contra los responsables del sometimiento de los pueblos originarios a formas de esclavización conocidas como la mita y el yanaconazgo. La primera acción de José Gabriel, que tomó el seudónimo de Tupac Amaru II en homenaje a uno de los líderes de la resistencia contra la invasión española en el siglo XVI, fue exigir a la Audiencia de Lima, mediante pedidos escritos, la eliminación de la utilización de niños, ancianos y mujeres en las minas, donde morían diariamente miles de personas por el contacto con el mercurio. La indiferencia del imperio -que nunca contestaron las requisitorias de José Gabriel- impulsó la sublevación, que incluyó un admirable decreto en el que Condorcanqui declaraba la abolición de la esclavitud de los afrodescendientes, el 16 de noviembre de 1780. Milagro Sala fue parte de la construcción colectiva de un movimiento orientado a brindar trabajo y dignidad a decenas de miles de ciudadanos desempleados y excluidos por el neoliberalismo que arrasó con América Latina en los años´90. Milagro lideró un modelo de empoderamiento popular cuyo éxito más relevante fue enorgullecer a sujetos colectivos acerca del significativo poder con el que contaban si eran capaces de mostrarse unidos. Su organización puso en evidencia que podían canalizar demandas hacia el Estado y visibilizar su existencia social, oscurecida durante décadas por la agenda púbica. El Movimiento Barrial Tupac Amaru cambió la escenografía jujeña a fuerza de piquetes, marchas y rebeldías. Gran parte de la conservadora y pacata sociedad jujeña catalogó a la “Tupac” como el paradigma del desorden social y la consideró un “insulto a la moral, a las buenas costumbres y al libre tránsito”. Tupac Amaru II fue traicionado por un integrante de su grupo tupamaro, Francisco Santa Cruz, al igual que Sala fue vendida por Rene “Cochinillo” Arellano, quien se garantizó empleo y retribuciones veniales. Al hijo de Milagro Sala, Sergio Chorolque, en el marco de una brutal campaña para destruir emocionalmente a la dirigente popular, se lo acusó de inexistentes delitos ligados a sus tareas como integrante del movimiento barrial. La rebelión de José Gabriel tomó como bandera los colores del arco iris, la “Wipala” que flamea hasta hoy en las casitas rugosas de piedra y adobe donde late el ancestral orgullo que Tupac le legó a quienes se enfrentaron al usurpador colonial. El encargado de torturar y condenar al descuartizamiento a Tupac fue el Doctor en Derecho Canónigo, José Antonio de Areche. Su heredero es el gobernador de Jujuy quien fue interpelado por Milagro Sala en su declaración ante los tribunales, en ocasión de las tantas acusaciones a las que se vio sometida: “Siento que la molestia es porque los negros conseguimos organizarnos e inculcábamos que no teníamos que bajar la cabeza por nada del mundo (…) En todas las localidades la Tupac comenzó a trabajar con las escuelas y crear aulas precarias. Esas cosas le molestan a Gerardo Morales: poder construir nuestro propio futuro, vivir mejor, y que no dependan de sectores políticos”. El pecado estructural del colectivo barrial Tupac Amaru fue dirigir una organización que no ha comulgado con el sometimiento económico y simbólico. Para superar la postración, ha utilizado los escasos dispositivos que el establishment no controlaba. Ese hecho que implica quebrar un adocenado status quo es lo que supone un pecado imperdonable para el modelo de dominación provincial jerarquizado. Tupac fue juzgado por la inquisición, que permitía unificar el derecho terrenal con la legitimidad “divina”. El veredicto incluyó el desgarramiento público bajo la atenta contemplación de su hijo de diez años. La persecución sistemática a Milagro Sala todavía continúa. Pero los tribunales de la nueva inquisición

Fuente: Ricardo Ragendorfer | Nuestras Voces Fecha: 15 de MAYO 2017 Cómo se erige un jefe de Policía Bonaerense que debe asumir mustiando la sórdida aclaración de “no soy ningún torturador” y lleva cosida la sombra del secuestro y asesinato de Bru en su Abrigo. Perroni, el jefe al que le gusta forjar cuchillos de acero y se jacta de ser un gatillero. Cómo cayó Bressi, rodeado de traiciones y chanchullos. El poder en las sombras de Matzkin. Los hombres de Ritondo y los comisarios que todavía tienen predicamento en la tropa. Las “no” opciones de Vidal. Todas las cajas. La Caja. Corría la tarde del 9 de mayo cuando el subjefe de La Bonaerense, comisario general Rubén Fabián Perroni, recibió una llamada telefónica efectuada desde el Ministerio de Seguridad. Durante unos minutos escuchó en silencio la voz que le hablaba por el otro lado de la línea. Y finalmente, dijo: –Sí, señor. Voy enseguida para allá. No obstante, antes de ir al encuentro del ministro Cristian Ritondo hizo una breve escala en el despacho del jefe de la fuerza, Pablo Bressi. Ese hombre alto, de mirada torva y cutis poceado lucía alicaído. Masticaba la amargura del adiós, puesto que su eyección del cargo era ahora imposible de revertir. Una hora antes había sido arrestado su dilecto amigo, el comisario Alberto Miranda. Una estocada –en perspectiva– previsible. El tipo estaba al mando de las Plantas Verificadoras de Automotores, una de las cajas más generosas de la mazorca provincial. El origen de su infortunio: una “batida anónima” sobre la llegada de la recaudación mensual a su oficina de Villa Tesei. Los datos hasta incluían la hora exacta de la entrega. De modo que la patota de Asuntos Internos sorprendió al pobre Miranda con las manos en la masa. Y su única reacción fue revolear fajos de dinero –alrededor de 200 mil pesos– por el aire. Lo cierto es que Bressi no exhibió ni una pizca de asombro por la dinámica del acontecimiento. De hecho, también fue una “batida anónima” la que había propiciado –en febrero de 2016– el escandaloso arresto de tres oficiales muy afines a él por brindar protección a narcos en Esteban Echeverría. Al igual que –en abril del mismo año– el hallazgo en la Jefatura Departamental platense de los 36 ya famosos sobres con billetes, y sin otro propósito que enlodar el buen nombre y honor del ex jerarca de aquel coto, Alberto Domsky, quien acababa de ser sumado a su entonces flamante plana mayor. Recién a 13 meses de esa maniobra, otro soplo destituyente impulsado desde las entrañas mismas de La Bonaerense impactaba por fin de lleno en su cuestionada gestión. Lo que se dice, un triunfo de la persistencia. Porque el ascenso de Bressi a la cúspide de la fuerza –sugerida en diciembre de 2015 por su antecesor, el aún hoy influyente Hugo Matzkin, a Ritondo y éste, a la gobernadora María Eugenia Vidal– encendió el fuego de la discordia en algunos miembros del comisariato que habían cifrado en la transición sus ilusiones de grandeza. Entre los más heridos resaltaba el jefe de Investigaciones, Néstor Larrauri, quien fue lanzado al ostracismo junto a su lugarteniente, Roberto Di Rosa, a cargo de la DDI de Quílmes. La suerte también le fue esquiva al mandamás de la Zona Oeste, Carlos Grecco -quien tuvo efímera notoriedad por encubrir en 2008 a los secuestradores del empresario Leonardo Bergara– y al de Delitos Complejos, Marcelo Chebriau, entre cuyas hazañas resalta haber malogrado intencionalmente la pesquisa por el crimen de la niña Candela Sol Rodríguez. Todos en la actualidad siguen gozando de predicamento en ciertos sectores de la corporación policial y además conservan intacta su capacidad de daño. En el transcurso de ese martes negro Bressi no tuvo dudas de que en alguno de ellos estaba la autoría intelectual de su decapitación. Perroni, quien compartía tal creencia, sólo atinó a declamar alguna frase de consuelo. Y tras un sentido abrazo, se retiró. Sabía que Matzkin, en su rol de consiglieri oficioso del Poder Ejecutivo con asiento en La Plata, supo orientar anticipadamente los términos de la sucesión. Fue allí donde entró a tallar su figura. Otro triunfo de la persistencia. Cuidado con el Perro Cuesta creer que ese hombre canoso, parco y algo excedido de peso haya sido en sus años mozos delantero en las inferiores de Gimnasia y Esgrima. Ahora, a los 51 años y tras una trayectoria policial zigzagueante, el “Perro” –tal como lo llaman en alusión al apellido– se vio obligado a debutar en el máximo sitial de La Bonaerense con una aclaración por demás sombría: “Yo no soy ningún torturador”. Aquella frase remite a una historia ocurrida en el ya lejano invierno de 1992, cuando el entonces oficial principal Perroni prestaba servicios en la comisaría 9ª de La Plata. Por esos días, junto con el jefe de calle de esa seccional, Walter Abrigo, irrumpió en el domicilio de un tal Ramón Silva, un presunto pistolero sospechado de integrar una banda abocada al asalto de carnicerías. Pero el tipo no estaba allí; en cambio, se llevaron a un amigo suyo, Julio César Medina. Y fue sometido a impiadosos apremios ilegales. Además le plantaron un revolver para involucrarlo en la causa. Ambas cuestiones hicieron que el juez Ernesto Domenech procesara a los dos policías. Por aquel expediente Perroni pasó en 1997 una breve temporada tras las rejas. Finalmente, Abrigo y él salieron bien librados del tema por no ser identificados en el reconocimiento. Cabe recordar que por aquella época Abrigo, un ser temible hasta para sus colegas, tenía otro problemita: era el imputado más comprometido en el secuestro y asesinato del estudiante de periodismo, Miguel Bru, ocurrido en 1993. Con respecto a su situación en la causa por torturas, Perroni esgrimió –según el portal Diario Full, de La Plata– el siguiente argumento: “El defensor tenía la costumbre de aconsejar a los detenidos que hicieran denuncias por apremios para desviar la investigación. Ellos dijeron que Abrigo los apremió, y que

Fuente: Horacio Verbitsky | Página 12 Fecha: 07 de MAYO 2017 El fallo para liberar el mayor número posible de detenidos por crímenes de lesa humanidad es producto de un acuerdo secreto entre el gobierno nacional y la Iglesia Católica. Las movidas previas de Bergoglio y de la Corte que prepararon el terreno. Las negociaciones con Elena Highton para que siga en su cargo luego del límite constitucional de 75 años. El voto de la nueva mayoría oficialista y el operativo de autoabsolución del episcopado, dos monumentos a la hipocresía. Los esfuerzos del gobierno por simular que está molesto con la decisión de la Corte Suprema de Justicia que ordenó reducir la pena a un condenado por crímenes de lesa humanidad porque perturba su política de Derechos Humanos chocan con los datos duros que rodean el fallo del miércoles pasado. El 20 de marzo el Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj, interesó al presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Francisco Eguiguren, en la situación de los militares detenidos por esos delitos, en una gestión impulsada una vez más por la infatigable Iglesia Católica Apostólica Romana, hoy presidida por un argentino. El gestor de la presentación a favor de los represores fue Siro de Martini, asesor jurídico del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano. Avruj pidió que la CIDH recibiera a las organizaciones de familiares de esos militares y a una delegación eclesiástica que encabezaría el propio delegado del papa Francisco en la Argentina, el nuncio apostólico Emil Paul Tscherrig. Los nexos habituales de Avruj con Bergoglio fueron el sacerdote Guillermo Marcó; el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Berman, y el tesorero de la DAIA cuando Avruj era su director ejecutivo, Alberto Zimerman. A través de Marcó, que era el vocero de Bergoglio, el entonces arzobispo de Buenos Aires se reunía con Avruj. La nueva mayoría La decisión fue firmada por los tres jueces que deben su cargo al presidente Maurizio Macrì: los dos que designó por decreto, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, y aquella que permanecerá en su cargo más allá del límite de 75 años que marca la Constitución Nacional, por voluntad tácita del Poder Ejecutivo. El gobierno nacional estaba en negociaciones con Elena Highton de Nolasco para solicitar el nuevo acuerdo que establece el artículo 99, inciso 4 de la Constitución, pero el senador transgénero Miguel Pichetto hizo saber que su bancada no la votaría. Highton consiguió entonces la medida cautelar de uno de los jueces más políticos del fuero contencioso administrativo federal, Enrique Lavié Pico. Mientras Avruj volaba a Washington para realizar la gestión ante la CIDH, el diario La Nación en su editorial del 16 de marzo consideró “incomprensible” que el Estado nacional no haya apelado esa decisión. Esto sólo fue una sorpresa para quienes desconocían la negociación previa. Highton es desde entonces tan deudora de Macrì como Rosenkrantz y Rosatti, y a menor costo porque no hubo escrutinio público, como hubiera ocurrido de seguirse el procedimiento del decreto 222/03. Este fallo debe considerarse en conjunto con otros tres que en los últimos meses marcaron el perfil de la nueva Corte: Villamil: los reclamos civiles por daños y perjuicios no son imprescriptibles como sí lo es la persecución penal. Fontevecchia: las decisiones de la Corte Suprema tienen preminencia sobre las de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Alespeiti: para negar una prisión domiciliaria a un geronte hay que fundamentar muy bien los riesgos procesales de fuga y entorpecimiento. En los cuatro casos Rosenkrantz formó parte de la mayoría, con socios cambiantes: tres veces Highton, dos Rosatti y Lorenzetti, una Maqueda. Esto sugiere un nuevo eje de poder, desplazado de Lorenzetti a Rosenkrantz. El abogado del Grupo Clarín es el hombre fuerte del tribunal. Los documentos secretos desclasificados por Estados Unidos muestran que tanto el nuncio apostólico de aquellos años, Pío Laghi, como la dirigencia de la DAIA pedían al gobierno de Jimmy Carter que no presionara a la dictadura por las violaciones a los derechos humanos porque podría ser contraproducente. Para Laghi, el dictador Jorge Videla era “un buen cristiano”; los líderes judíos opinaban que el gobierno no era antisemita y que Jacobo Timerman estaba detenido por manejar dinero del terrorismo, cosa que ni la llamada justicia militar pudo establecer. En sincronía con el fallo de la Corte Suprema, el episcopado católico puso en marcha su enésima tentativa por la denominada reconciliación y una vez más dijo y se desdijo ante la reacción que provocó el obsceno show montado en La Montonera, que es la quinta de Pilar donde se reúnen. Uno de los objetivos de la desclasificación de documentos del Vaticano es mejorar la imagen de Laghi, como dieron a entender el monseñor de la secretaría de Estado, Giuseppe Laterza, y los obispos argentinos Mario Poli y José María Arancedo. El acuerdo del gobierno con la Iglesia incluyó la designación de un nuevo obispo castrense, luego de una vacancia de doce años. El nuevo titular de esa diócesis personal, Santiago Olivera, dijo que “los derechos humanos hay que vivirlos para todos. Que la Justicia cumpla su labor, que tiene que ser en todos los tiempos y para todas las personas. No una justicia selectiva, solo para algunos, y más mala para otros. La Justicia no puede ser ni mala ni buena, tiene que ser Justicia”, argumento especioso que retomó en su voto el juez Horacio Rosatti, de buena relación con el Opus Dei. Hipocresía permanente En el voto de la nueva mayoría de la Corte Suprema es sorprendente la primacía de su intención política por encima de la calidad del razonamiento jurídico. Los tres sostienen que la ley penal más benigna no puede excluir a los autores de ningún delito, aunque fueran crímenes de lesa humanidad, como si alguna vez las víctimas o el Estado hubieran pretendido excepciones. Por el contrario, todo el proceso de Memoria, Verdad y Justicia se realizó siguiendo los procedimientos y leyes ordinarios y con las mayores garantías para los imputados.