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Fuente: Horacio Verbitsky | Página 12 Fecha: 07 de MAYO 2017 El fallo para liberar el mayor número posible de detenidos por crímenes de lesa humanidad es producto de un acuerdo secreto entre el gobierno nacional y la Iglesia Católica. Las movidas previas de Bergoglio y de la Corte que prepararon el terreno. Las negociaciones con Elena Highton para que siga en su cargo luego del límite constitucional de 75 años. El voto de la nueva mayoría oficialista y el operativo de autoabsolución del episcopado, dos monumentos a la hipocresía. Los esfuerzos del gobierno por simular que está molesto con la decisión de la Corte Suprema de Justicia que ordenó reducir la pena a un condenado por crímenes de lesa humanidad porque perturba su política de Derechos Humanos chocan con los datos duros que rodean el fallo del miércoles pasado. El 20 de marzo el Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj, interesó al presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Francisco Eguiguren, en la situación de los militares detenidos por esos delitos, en una gestión impulsada una vez más por la infatigable Iglesia Católica Apostólica Romana, hoy presidida por un argentino. El gestor de la presentación a favor de los represores fue Siro de Martini, asesor jurídico del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano. Avruj pidió que la CIDH recibiera a las organizaciones de familiares de esos militares y a una delegación eclesiástica que encabezaría el propio delegado del papa Francisco en la Argentina, el nuncio apostólico Emil Paul Tscherrig. Los nexos habituales de Avruj con Bergoglio fueron el sacerdote Guillermo Marcó; el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Berman, y el tesorero de la DAIA cuando Avruj era su director ejecutivo, Alberto Zimerman. A través de Marcó, que era el vocero de Bergoglio, el entonces arzobispo de Buenos Aires se reunía con Avruj. La nueva mayoría La decisión fue firmada por los tres jueces que deben su cargo al presidente Maurizio Macrì: los dos que designó por decreto, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, y aquella que permanecerá en su cargo más allá del límite de 75 años que marca la Constitución Nacional, por voluntad tácita del Poder Ejecutivo. El gobierno nacional estaba en negociaciones con Elena Highton de Nolasco para solicitar el nuevo acuerdo que establece el artículo 99, inciso 4 de la Constitución, pero el senador transgénero Miguel Pichetto hizo saber que su bancada no la votaría. Highton consiguió entonces la medida cautelar de uno de los jueces más políticos del fuero contencioso administrativo federal, Enrique Lavié Pico. Mientras Avruj volaba a Washington para realizar la gestión ante la CIDH, el diario La Nación en su editorial del 16 de marzo consideró “incomprensible” que el Estado nacional no haya apelado esa decisión. Esto sólo fue una sorpresa para quienes desconocían la negociación previa. Highton es desde entonces tan deudora de Macrì como Rosenkrantz y Rosatti, y a menor costo porque no hubo escrutinio público, como hubiera ocurrido de seguirse el procedimiento del decreto 222/03. Este fallo debe considerarse en conjunto con otros tres que en los últimos meses marcaron el perfil de la nueva Corte: Villamil: los reclamos civiles por daños y perjuicios no son imprescriptibles como sí lo es la persecución penal. Fontevecchia: las decisiones de la Corte Suprema tienen preminencia sobre las de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Alespeiti: para negar una prisión domiciliaria a un geronte hay que fundamentar muy bien los riesgos procesales de fuga y entorpecimiento. En los cuatro casos Rosenkrantz formó parte de la mayoría, con socios cambiantes: tres veces Highton, dos Rosatti y Lorenzetti, una Maqueda. Esto sugiere un nuevo eje de poder, desplazado de Lorenzetti a Rosenkrantz. El abogado del Grupo Clarín es el hombre fuerte del tribunal. Los documentos secretos desclasificados por Estados Unidos muestran que tanto el nuncio apostólico de aquellos años, Pío Laghi, como la dirigencia de la DAIA pedían al gobierno de Jimmy Carter que no presionara a la dictadura por las violaciones a los derechos humanos porque podría ser contraproducente. Para Laghi, el dictador Jorge Videla era “un buen cristiano”; los líderes judíos opinaban que el gobierno no era antisemita y que Jacobo Timerman estaba detenido por manejar dinero del terrorismo, cosa que ni la llamada justicia militar pudo establecer. En sincronía con el fallo de la Corte Suprema, el episcopado católico puso en marcha su enésima tentativa por la denominada reconciliación y una vez más dijo y se desdijo ante la reacción que provocó el obsceno show montado en La Montonera, que es la quinta de Pilar donde se reúnen. Uno de los objetivos de la desclasificación de documentos del Vaticano es mejorar la imagen de Laghi, como dieron a entender el monseñor de la secretaría de Estado, Giuseppe Laterza, y los obispos argentinos Mario Poli y José María Arancedo. El acuerdo del gobierno con la Iglesia incluyó la designación de un nuevo obispo castrense, luego de una vacancia de doce años. El nuevo titular de esa diócesis personal, Santiago Olivera, dijo que “los derechos humanos hay que vivirlos para todos. Que la Justicia cumpla su labor, que tiene que ser en todos los tiempos y para todas las personas. No una justicia selectiva, solo para algunos, y más mala para otros. La Justicia no puede ser ni mala ni buena, tiene que ser Justicia”, argumento especioso que retomó en su voto el juez Horacio Rosatti, de buena relación con el Opus Dei. Hipocresía permanente En el voto de la nueva mayoría de la Corte Suprema es sorprendente la primacía de su intención política por encima de la calidad del razonamiento jurídico. Los tres sostienen que la ley penal más benigna no puede excluir a los autores de ningún delito, aunque fueran crímenes de lesa humanidad, como si alguna vez las víctimas o el Estado hubieran pretendido excepciones. Por el contrario, todo el proceso de Memoria, Verdad y Justicia se realizó siguiendo los procedimientos y leyes ordinarios y con las mayores garantías para los imputados.

Fuente: María Sucarrat | Cosecha Roja Fecha: 3 de MAYO 2017 El veterinario Claudio Raúl Grande fue condenado a 12 años de prisión en el juicio por la desaparición Rodolfo Jorge Axat y de su esposa Ana Inés Della Croce. La justicia lo penó por delitos de lesa humanidad cometidos en el Centro Clandestino de Detención La Chacha: fue uno de los tres civiles de Inteligencia del Ejército que actuaron como guardias en el CCD en las afueras de La Plata. Si el abogado de ese genocida pidiera ser el beneficio de la Ley 24.390, más conocida como 2×1, entonces el asesino de los padres del abogado Julián Axat podría acceder a una condicional y estaría en la calle. Hoy la Corte Suprema de Justicia declaró aplicable el cómputo del 2×1 para la prisión en un caso de delito de lesa humanidad. Se trata del caso de Luis Muiña, del expediente “Bignone, Benito A. y otros/recurso extraordinario”. El hombre era parte de un grupo de torturaba pacientes del Hospital Posadas durante la ocupación militar y tenía una condena a 13 años de prisión por secuestro y torturas. La decisión de otorgarle el 2×1 fue tomada por una mayoría formada por los ministros Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. “La mejor respuesta que una sociedad respetuosa de la ley puede darle a la comisión de delitos de lesa humanidad, y la única manera de no parecerse a aquello que se combate y se reprueba, es el estricto cumplimiento de las leyes y de los principios que caracterizan el Estado de Derecho”, declararon los jueces Highton y Rosenkrantz al diario La Nación. El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, acompañó la decisión: “Si el fallo está ajustado a la ley, yo acato lo que dijo La Corte Suprema sobre el 2×1 aunque se necesita más tiempo para analizar los alcances del caso”. En declaraciones radiales advirtió: “Hay que ser respetuosos porque por sobre todos nosotros está el marco regulatorio de la ley”. Las respuestas a la resolución de la Corte no tardó en llegar: los organismos y militantes de Derechos Humanos, abogados y personalidades de la cultura criticaron la decisión. El ex ministro de la Corte Eugenio Zaffaroni se preguntó qué ley debe aplicarse en el caso de los delitos por desaparición forzada o secuestro. “Tratándose de un delito permanente, o sea que tiene un estado consumativo que se prolonga en el tiempo, como es la desaparición forzada o el secuestro, la pregunta se refiere a qué ley debe aplicarse: si la que rige al comienzo o la que se sanciona después y antes de que cese la privación de libertad. Es decir, de todas las leyes que tienen vigencia mientras se sigue cometiendo el hecho, ¿cuál se aplica, dado que el hecho se comete en vigencia de todas ellas?”, explicó a Cosecha Roja. “La doctrina europea se inclina por sostener que debe aplicarse la última, aunque sea más gravosa. La doctrina argentina casi siempre entendió que debe aplicarse la del momento del comienzo del hecho. Por mi parte sostengo la tesis de la doctrina argentina”. En ese caso, no correspondería aplicar el 2×1. A Julián Axat el fallo le toca de cerca. “Todavía no termino de caer. En el fondo lo que hizo la Corte es pergeñar un mecanismo para facilitar la salida de represores de manera más sistemática”, dijo a Cosecha Roja el abogado víctima y querellante en el juicio La Cacha. “El fallo de la Corte se aplicaría sólo al caso Muiña pero los jueces seguramente van a empezar a copiarlo. Hay muchísimos represores que no están condenados a perpetua porque que tuvieron una participación secundaria”. Ángela Urondo Raboy es la hija de Paco Urondo, asesinado en Mendoza el 17 de junio de 1976, y de Alicia Raboy, llevada al centro de detención clandestino D2. “2×1, podemos computar tantos años de impunidad: Salgan a hablar, rompan al medio el pacto de silencio militar. Que digan dónde están los desaparecidos. Queremos a nuestros padres vivos. Devuelvan la mitad de lo robado. Compensen el terror, los años perdidos”, dijo a Cosecha Roja la escritora y docente. “Pongan en libertad hoy mismo a Milagro Sala y a los nietos que tienen escondidos. Basta de burla y de cinismo, tortura la posibilidad de que sea genocida el vecino. La verdad completa se llama terrorismo de Estado y es un delito el negacionismo”, agregó. Para Axat, el fallo va a lograr que todos aquellos represores que no fueron condenados a perpetua logren la condicional aunque es más optimista en el caso de las prisiones perpetuas. “No creo que en esos casos les permitan acceder a la condicional”, dijo. Y explicó que el 2×1 nació por razones relacionadas con el colapso carcelario y la dilación procesal judicial. Se disminuyó así la población de internos entendiendo que el responsable, el que no dictaba condenas, era el propio poder judicial. En 2001, con la implementación en las provincias del sistema acusatorio, aunque el colapso seguía, se derogó. “Existían hechos que tenían origen antes de su derogación y que por la aplicación de la ley más benigna se seguía aplicando el 2×1. Los casos típicos son Cabezas y Los Horneros o Grassi. ¿Por qué se les aplicó el 2×1? Porque cometieron hechos que fueron anteriores a 2001 y tardaron en ser juzgados”. Carlos Pisoni, integrante de la agrupación H.I.J.O.S, no separa la aparición del fallo de la Corte de la situación política que se vive en la Argentina. “A partir del cambio de gobierno se propone la impunidad para los genocidas a través de distintos mecanismos. Uno de ellos es el impulso de las prisiones domiciliarias por parte del ministro de Justicia Garavano y del secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj. Ellos no sólo se manifestaron a favor de esos beneficios sino que reciben a los familiares de los genocidas, como Cecilia Pando y otros”, explicó a Cosecha Roja. “Este fallo destestable va a contramano de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. El

Fuente: Carlos Heller* | Página 12 Fecha: 30 de ABRIL 2017 Todo es cambio en Elisa Carrió. Todo es desplazamiento. Se mueve electoralmente, desde hace años, por amplias geografías: fue, en sus orígenes, diputada por el Chaco, luego legisladora nacional por la Ciudad de Buenos Aires y hasta la semana pasada dudaba si ir ahora como candidata por la provincia de Buenos Aires o por la Ciudad Autónoma. Se mueve políticamente, desde siempre, con la velocidad con la que cambian sus orientaciones ideológicas: de ese modo, sus proyectos partidarios se arman, se desarman y se vuelven a armar. Y su historia reciente es la de un acumulado de estructuras organizativas que quedaron en el camino. En su gesta sacrificial, todo lo construido es rápidamente desarmado y sus estructuras políticas sufren de una instantánea velocidad de obsolescencia. Inicialmente integró la UCR con Raúl Alfonsín, luego fue parte de la Alianza, posteriormente fundó Argentinos por una República de Iguales (ARI), a continuación Afirmación por una República Igualitaria (Coalición Cívica-ARI) y desde allí formó parte del Acuerdo Cívico y Social, UNEN y Cambiemos. Toda esta constante deriva fue acompañada con peleas y alejamientos. Todo es cambio en Elisa Carrió. Todo es desplazamiento. Salvo un aspecto que no varía: la dirección de esos cambios. Es decir: su deriva constante hacia posiciones de derecha, su tránsito hacia el neoliberalismo, su marcha directa y continua hasta transformarse en la candidata del macrismo en la Ciudad de Buenos Aires, en una elección donde éste busca acopiar legitimidad y envión para profundizar el ajuste. Si gana, será una de las que le aporte poder e iniciativa a Mauricio Macri para llevar a fondo su plan neoliberal. Sin embargo, Elisa Carrió se presenta –en entrevistas recientes– resaltando sus diferencias con el macrismo y sus aliados. Aparece con críticas a Jaime Durán Barba, a María Eugenia Vidal, a Jorge Macri, a Cristian Ritondo, a Ricardo Lorenzetti, a Daniel Angelici, a los diputados de Cambiemos, al propio Macri. Elisa Carrió se define con relación al macrismo –al que representará electoralmente– a partir de sus diferencias y no de sus acuerdos. Ello le permite ocupar los dos campos en simultáneo: el de oficialismo y el de oposición. En su lógica del desplazamiento permanente, la candidata porteña por el macrismo se sitúa en un lugar híbrido y creativo: el de integrar el campo oficialista con un discurso opositor. Su lógica de conversión, de cambio continuo, la detuvo, esta vez, en un lugar impreciso: el de ser una cosa y otra cosa en simultáneo. Pero sólo debería ser una de ellas. Así, incorpora al macrismo recursos que éste no tiene: discursos críticos que pueden retener o recuperar voluntades o votantes en migración hacia otras ofertas electorales, tras las duras políticas implementadas por el gobierno. Paradójicamente, esos discursos críticos, de ser efectivos, podrían contribuir a un triunfo electoral que reforzaría el giro del gobierno hacia un plan de ajuste más decidido y permanente. Los que votan lo crítico que hay en ella –sus críticas al gobierno– reforzarían lo que critican, es decir, al mismo gobierno. La candidata a diputada intenta constituirse, por esta vía, en un mecanismo sutil de conversión del sentido del voto. Concentrada en denunciar, diferenciarse con relación a su propio gobierno y relatar la trama de internas del Palacio, Elisa Carrió no emite una sola palabra sobre los efectos del plan neoliberal en marcha. Ni tampoco abunda en propuestas ni en proyectos. La narración de sus diferencias internas con el macrismo que integra y sus continuas denuncias judiciales ocupan el lugar que debería tener la propuesta política, entendida como el contrato electoral entre el candidato que propone lo que va a hacer y la sociedad que decide, o no, votar lo que éste le propone. Por eso, es lógico preguntarle a Elisa Carrió por sus acuerdos con el gobierno que integra. Y por su posición con respecto al plan de ajuste que se anuncia para después de las elecciones, si el macrismo resulta victorioso. En una reciente entrevista con el diario La Nación, la candidata a diputada oficialista por la Ciudad de Buenos Aires declaró: “la sociedad debe entender que soy brutalmente sincera…” Bien, entonces le pedimos que diga, con toda la sinceridad que se autoadjudica, qué piensa de las políticas económicas que actualmente aplica su gobierno y qué posición tiene con respecto al ajuste que se anuncia para después de las elecciones. Hoy, lejos de esto, mientras más se asume como candidata de Macri en la campaña electoral porteña, más se diferencia del gobierno nacional. Parece un modo novedoso de volver sobre aquella frase: “Si decía lo que iba a hacer no me votaban.” Esta nueva variante de aquella declaración consiste en darle mucha visibilidad a las diferencias con el gobierno en aspectos de diverso orden, mientras el acuerdo relevante y estratégico —la profundización de las políticas de ajuste neoliberal— se oculta o se disimula. Dime de qué no hablas y te diré quién eres. La totalidad del “mundo Carrió” acontece dentro de los medios. Una totalidad integrada por todo lo que muestra pero también por todo lo que no dice. Es la crónica de un señuelo anunciado: si la candidata por el macrismo gana la elección, su mismo triunfo –junto al triunfo del resto de los candidatos oficialistas– será un instantáneo programa político, el de la profundización inmediata del ajuste. Y los votantes que la hayan elegido por sus discursos críticos se encontrarán con un escenario en el que su voto será utilizado para legitimar e impulsar, con nuevas fuerzas, el proyecto neoliberal y el ajuste. * Diputado nacional por el Partido Solidario. https://etennurologicalsupplies.com/ Managing a urological condition can be challenging without the right kind of supplies. It’s essential for individuals facing these issues to have access to a variety of urological supplies that cater to their specific needs. From advanced catheter systems to protective undergarments, having the proper equipment can make daily life more comfortable and maintain one’s dignity. Choosing the right supplier can make all the difference,

Fuente: Maximiliano Borches | Infobaires24 Fecha: 28 de ABRIL 2017 Título completo Barcesat: “Es vergonzoso que la Sala II declare errática la investigación sobre la participación de Macri en los Panamá Papers” El destacado jurista y abogado defensor de los Derechos Humanos, Eduardo Barcesat, mantuvo un diálogo a fondo con IB24, a un año de haber presentado su denuncia contra el presidente Mauricio Macri por su involucramiento en la causa conocida como “Panamá Papers”, que por estos días corre el riesgo de dejar de investigarse. En la segunda parte de la entrevista, se refirió a la persecución política de la que es víctima la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y realizó un exhaustivo balance del rol de la Justicia, a poco más de quinientos días de haber asumido el actual Mandatario nacional. —Hace un año presentaba una denuncia contra el presidente Mauricio Macri por supuesta evasión de impuestos, en el marco de la investigación conocida como “Panamá Papers”, y hoy el juez Casanello se retiró de la causa lo que pone en peligro el desarrollo de esta investigación, ¿que sucedió en este tiempo? Quiero aclarar que quien primero radicó una denuncia en este sentido, fue el diputado nacional por la provincia de Neuquén, Darío Martinez. La nuestra, y me refiero a los integrantes del Instituto Arturo Enrique Sampay, fue presentada al día siguiente y se acumuló a ésa, el diputado Darío Martinez ha entregado muchísima documentación, porque ha hecho una investigación particular sobre el tema, que nosotros no hemos podido, por supuesto, realizar con la riqueza y material documental que él logró conectar. Ahora, a mí me parece vergonzoso lo que resolvió la Sala II de la Cámara Federal, de decirle tanto al juez como al fiscal interviniente, doctor Federico Delgado, que la investigación era errática, que no tenía bien precisado el objeto procesal, etcétera, lo que determina que pudiera ser que el juez Casanello se declarara incompetente, declaración de incompetencia que fue apelada por el fiscal, doctor Federico Delgado, señalando que los jueces y el Ministerio Público que integran, necesitan la colaboración de organismos nacionales e internacionales, para poder llevar adelante estas investigaciones. Primero en lo nacional, porque la Cancillería tiene que poner medios y disponibilidad para la información, y tiene que remitir los exhortos diplomáticos, internacionales, con la solvencia técnica que debe caracterizar esto, y luego por supuesto, hacer el seguimiento con la respectiva Cancillería de los países a donde se han enviado, porque se han enviado exhortos a Brasil, Suecia, Las Bahamas, entre otros, y todavía no ha habido respuesta, y esto es inadmisible. Bueno, entonces, esto es lo que concierne, mi valoración ya le he dicho, creo que es lamentable la resolución que tuvo la Sala II que actúa, creo yo, en plena sintonía con el Gobierno, y por supuesto repudio la declaración de incompetencia que dictó el juez Casanello, porque enviarlo a lo Penal y Económico, es prácticamente quitarle andamiento a la investigación. —¿Además de ser vergonzozo y lamentable, se puede definir también como impune esta resolución? Sí claro, también va a hacia la impunidad, y lamentablemente los particulares, porque así sea un diputado o un Instituto como el Sampay, que formula alguna denuncia de esta naturaleza, no son parte del expediente, de manera que podemos presentar escritos, aportar documentación, examinar en el mejor de los casos la causa, insisto, en el mejor de los casos, pero no podemos recurrir las resoluciones judiciales. —El juez Bonadio presentó una caución para que la Ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner pueda viajar a Europa, en los próximos días, ¿esta presentación puede ser tomada como un nuevo capítulo del accionar del Partido Judicial en la persecución política contra la Ex jefa de Estado? Yo creo que sí, porque alguien que ha acreditado su voluntad de estar a derecho, de que no se va a investir de fueros para evitar la persecución judicial, obviamente no amerita sino prestar una caución juratoria, y como hacen todos los que salen del país estando en una situación de procesamiento, simplemente cuando regresan acreditan con su pasaporte o ticket aéreo que efectivamente el pedido que hicieron se cumplimentó, están fuera del país y están de regreso y a disposición del Poder Judicial. Fijar una caución real, después de haberla inhibido, embargado por cifras astronómicas, además de a sus hijos también…no quedó nada…no sé si los perros también están embargados o no, pero hasta ellos podrían llegar (risas)…fijar esa caución es un resguardo hiriente, ahora, si la Presidenta lo cumplimenta para no demorar su viaje, porque creo que es inmediato, bueno, será decisión de ella, pero como jurista tendría que decir que no es lo habitual, y es una grosería más del juez Claudio Bonadio. —Y como jurista que usted es, ¿cuál es su balance respecto al accionar de la Justicia a poco más de quinientos días de haber asumido Mauricio Macri como presidente? Creo que hay un Partido del Poder que está integrado por las grandes corporaciones trasnacionales, por los medios hegemónicos de comunicación y la pata podrida de la Justicia, que lamentablemente es mayoritaria, y este Partido del Poder es el que ha contemplado desde el inicio mismo de la gestión, porque por ejemplo, modificar la Constitución, que dice con nombre y apellido que el traspaso del mando es el día diez de diciembre y haberlo anticipado un día para que fuera a imagen y semejanza, nombrando un Presidente provisional por veinticuatro horas; todo esto es parte de Macondo, del realismo mágico latinoamericano…pero no se sostiene, y más allá que sea el delito perfecto, porque al día siguiente ya nadie va a patalear contra eso, pero bueno, después vinieron decretos algunos simples, otros de necesidad y urgencia, que han trastocado el sistema institucional argentino, yo no voy a agotar la nómina, pero los más peligrosos los voy a señalar: el Decreto de Emergencia en Seguridad Pública, que es un decreto simple, que restablece subrepticiamente la pena de muerte mediante la ley del derribo de vectores hostiles, que pueden ser tanto aéreos