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La igualdad no es una “recompensa”

Fuente:  David Grossman | El País Fecha: 06 de AGO 2018 La capacidad de dividir y hacer daño de la nueva ley sobre el Estado-nación del pueblo judío es tan evidente que la obstinación del primer ministro en no modificarla hace sospechar que tiene otra intención oculta: la voluntad de mantener abierta la herida de las relaciones entre el Estado y la minoría árabe que vive en él. Abierta, reavivada y amenazadora. ¿De dónde puede emanar esa voluntad? ¿Por qué tendrán ese deseo el Gobierno y el primer ministro? No podemos hacer más que conjeturas: ¿quizá porque una minoría herida es más vulnerable y manipulable, es blanco fácil del odio, el terror y la desintegración, más propicio para la política del “divide y vencerás”? Esta es la forma de dejar una llaga abierta: de golpe, con una sola ley superflua, Netanyahu y su Gobierno han sacudido los cimientos sobre los que se apoya la quinta parte de los ciudadanos de Israel. ¿Por qué? Porque pueden. Porque están seguros de que nadie puede impedírselo. Porque quieren que los ciudadanos árabes de Israel vivan con cierta sensación permanente de malestar existencial, de incertidumbre sobre su futuro. Que recuerden constantemente, a cada instante, que dependen de la buena o mala voluntad del Gobierno, que su existencia, aquí, es condicional. Están presentes, pero pueden convertirse en cualquier momento en ausentes. Esta ley, además, expresa de forma inequívoca otra cosa: que el primer ministro de Israel está empeñado no solo en no poner fin a la ocupación y la situación de apartheid en los territorios ocupados sino en todo lo contrario, en intensificarlas y extenderlas desde esos territorios al corazón del Estado de Israel. En otras palabras, esta ley representa, en la práctica, el abandono de cualquier posibilidad de que un día llegue a su fin el conflicto con los palestinos. Por otra parte, esta ley “devalúa” la presencia en Israel de la lengua árabe, una lengua que encarna un universo, una conciencia, una identidad, una cultura. Un tejido infinito que abarca los menores detalles de la vida. Un hombre, un político, tiene que ser increíblemente osado y arrogante para atreverse a atacar —aunque sea solo formalmente, como alega el legislador— la lengua de otro pueblo para humillarlo. El hebreo y el árabe son lenguas hermanas, que han estado imbricadas durante toda la Historia. Millones de judíos israelíes han mamado el árabe de su madre. El hebreo no contiene palabras suficientes para indignarse ante el ultraje cometido contra su hermana. El pueblo judío ha vivido durante milenios como una minoría en sus países de residencia. Esa experiencia conformó nuestra identidad y agudizó nuestra sensibilidad ética. Hoy, los judíos constituimos la mayoría en nuestro país. Ser la mayoría entraña una responsabilidad enorme y un formidable reto político, social y, sobre todo, humano. Exige comprender que la actitud respecto a la minoría es una de las grandes pruebas que tiene que superar una mayoría en un régimen democrático. Y en estos momentos, en esa prueba, el Gobierno de Israel ha fracasado de una forma tan estrepitosa que ha resonado en todo el mundo. En ese mismo mundo al que acusamos hasta hartarnos de discriminar a las minorías judías que habitan en él. Por eso sería una tragedia irreparable que la comunidad drusa se resigne a aceptar una “compensación”, económica o de otro tipo, por la injusticia que comete contra ella la ley del Estado-nación del pueblo judío. Al contrario, la nueva situación creada por la ola de protestas —justificadas— contra esta ley puede ser un trampolín para un proceso más general en el que los drusos sean la punta de lanza de la lucha por la igualdad de todas las minorías musulmanas y cristianas de Israel. El hecho de que, al menos por ahora, los dirigentes drusos hayan aceptado el programa de compensación propuesto por Netanyahu demuestra que años de discriminación y promesas vacías les han hecho olvidar, incluso a ellos, el significado exacto de la plena igualdad. En la conflictiva realidad israelí, no está de más recordar que la igualdad no es una “recompensa” que el ciudadano recibe de su Estado por los servicios prestados de una u otra forma. Ni siquiera por haber sacrificado su vida. Hasta los judíos ortodoxos que se niegan a servir en el ejército son ciudadanos que gozan de los mismos derechos. La igualdad es el punto de partida de la ciudadanía, no su resultado. Es el suelo sobre el que el germen de la ciudadanía puede crecer. Y es lo que otorga la libertad suprema, la libertad de ser diferente, otro, divergente, y, sin embargo, ser igual a cualquier otro ser humano. En mi opinión, las últimas leyes dictadas por el Gobierno son una consecuencia no pequeña de un modo de pensar perverso engendrado por cinco décadas de ocupación. Son resultado de un complejo de superioridad étnica, del frenesí de aventurarse en no sé qué “nosotros” nacionalista que se justifica a sí mismo y pretende expulsar del “hogar” a todos los que no sean esos “nosotros”, ya sean miembros de otros pueblos, otra religión u otro sexo. No obstante, es posible que esta ley tenga algo positivo, porque ha dejado al descubierto, tanto para la derecha como para la izquierda, sin ilusiones ni otras trampas de la conciencia, qué bajo ha caído Israel. Quizá esta ley sacuda por fin a todos los que, en la derecha y en la izquierda, tememos por Israel, por su espíritu, su humanidad y sus valores judíos, democráticos y humanos. No tengo ninguna duda de que hay mucha gente así, de izquierda, de derecha y de centro, personas honradas y realistas que saben que esta ley no es más que una medida despreciable y una traición del Estado para con sus ciudadanos. Netanyahu, como de costumbre, presenta la decisión como un enfrentamiento entre la izquierda y la derecha. Pero no es verdad; es un combate más profundo y más fatídico, un combate entre los que se han rendido y los que aún conservan la esperanza. Entre

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Israel no quiere ser mi Estado

Fuente: Sayed Kashua | New York Times Fecha: 30 de JUL 2018 Estábamos conduciendo nuestro coche de alquiler hacia afuera del aeropuerto Ben Gurion cerca de Tel Aviv. “Papá»  dijo mi hija mayor mientras escuchamos la radio  «¿qué es la Ley de Nacionalidad?» «Es una ley que dice que Israel es un estado judío», respondí. «¿Pero no fue siempre así?», Se preguntó, y con razón. «Sí. En pocas palabras, siempre ha sido así «. «No lo entiendo», dijo mi hijo mediano. «Pensé que habías dicho que éramos ciudadanos». «Lo somos», respondí. «Pero no somos judíos, ¿verdad?» «No, no lo somos.» «Entonces no lo entiendo», se quejó mi hijo menor. «Es un poco complicado», traté de explicar. Y realmente fue complicado explicar la ley que el Parlamento de Israel aprobó a principios de este mes sin utilizar términos como «segregación racial», «discriminación» y «supremacía». ¿Cómo iba a explicarle a un niño de 12 años que él es un ciudadano de un estado que sostiene que él es inferior debido a sus orígenes no judíos? «No todos en el país son judíos», dije. «Al menos el 20 por ciento de los ciudadanos no. Pero es un país donde los judíos disfrutan derechos que otros no tienen. Es decir, los no judíos son menos iguales que los judíos «. «¿No podemos ser judíos entonces?», Preguntó mi hijo menor, como si al instante hubiera resuelto el problema de la desigualdad. «Lo siento», le dije, «eso no depende de mí». «De acuerdo con la ley israelí, para ser judío debes tener una madre judía. Entonces no es mi culpa; es de tu madre «. «Genial», protestó mi esposa, «¿ahora me estás tirando el peso de la desigualdad de tus hijos?» Cuando Israel se fundó sobre las ruinas del pueblo palestino en 1948, se definió como un estado judío. La bandera israelí siempre fue judía, con una Estrella de David; el himno nacional invoca el «alma judía», excluyendo a cualquiera que no sea judío de estos símbolos nacionales. Los palestinos que se convirtieron en ciudadanos israelíes cuando se fundó el estado, como mi familia, siempre han sido vistos como una carga demográfica indeseable y sujetos a discriminación. Entonces, ¿qué cambia la emisión de la Ley de nacionalidad? En esencia, quizás no mucho. Ha convertido el racismo de facto en un racismo de jure. La ley pide a los israelíes progresistas, tanto judíos como palestinos, que suspendan nuestras fantasías de igualdad de derechos y un futuro en el que todos los ciudadanos del país, independientemente de su religión, raza o género, tengan un sentido de pertenencia. Busca legislar lo que Israel ha estado diciendo a las minorías no judías: nunca serás parte de este país, nunca serás igual, estás condenado a ser un ciudadano indeseado para siempre, ser inferior a los judíos a quienes el estado pertenece y para quien fue fundado. Un estado en el cual el judaísmo es la única expresión nacional permisible por ley rechazará, por definición, a cualquier miembro de la minoría que desee formar parte de él, incluso si él, como yo, domina su cultura o, como yo, escribe literatura en su lenguaje, respeta sus leyes, sirve a su sociedad. El mensaje de Israel a sus ciudadanos árabes es que no desea ser nuestro estado. Por otra parte, prefiere ser el estado de las personas que nacieron en otros lugares, que no hablan su idioma, nunca lo han visitado o pagado impuestos o lo han servido de alguna manera. El Estado de Israel dará la bienvenida a estos extranjeros, independientemente de donde sean, siempre que sean considerados judíos por la ley judía ortodoxa. Las personas que tienen la suerte de haber nacido de madres judías pueden, prácticamente de la noche a la mañana, recibir la ciudadanía israelí, unirse a la raza dominante y convertirse en amos de la población nativa. La Ley de Nacionalidad previene la posibilidad de multiculturalismo en Israel y rechaza cualquier historia o memoria colectiva que no sea la sionista. Al revocar el estatus del árabe como idioma oficial del estado, la ley le da un golpe más a la cultura que ha estado compitiendo por un puesto desde la fundación de Israel. El artículo 7 de la Ley de Nacionalidad, según la cual el Estado considerará el asentamiento judío como un valor nacional por el cual hay que trabajar para avanzar, tiene un tono claramente colonialista, abordando el asentamiento judío sin mencionar al 20 por ciento de la población que son árabes y viven en él en condiciones de hacinamiento, bajo la continua amenaza de que se apropien sus tierras. Si bien el mensaje a los ciudadanos árabes dentro del Estado de Israel es inequívoco, la Ley de Nacionalidad es turbia cuando se trata de los palestinos que residen en Cisjordania y Gaza. ¿Cuáles son los límites de la ley, y a quién se aplica, en un estado que evita declarar sus fronteras y se niega a aceptar las determinadas por el derecho internacional? ¿Acaso el hecho de que Israel controle a los palestinos en los Territorios Ocupados mediante un gobierno militar significa que ahora es un estado en el que una población tiene derechos civiles y una segunda población está bajo ocupación y carece de derechos civiles? La poderosa derecha en Israel desea anexar Cisjordania, o gran parte de ella, y algunas voces han estado diciendo que la ley israelí también debe instalarse en los Territorios Ocupados. Si esto ocurriera, ¿cómo se aplicaría la Ley de Nacionalidad a los millones de palestinos bajo ocupación? ¿Habría todavía una prohibición contra cualquier definición que no sea la nacional-judía? ¿No pretende esta ley impedir que el ala derecha conciba la posibilidad de que los palestinos se realicen en el Estado de Israel, es decir, un estado judío desde el mar Mediterráneo hasta el río Jordán, en el que solo se autoriza a los judíos a autorrealizarse y se les conceda una identidad nacional? Parece que la única esperanza para los millones restantes de palestinos de evitar perder lo que queda de

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Bajo la tutela de Washington

Fuente: Nilda Garré | El cohete a la luna Fecha: 29 de JUL 2018 El pasado lunes 23 de julio, el Presidente anunció una “profunda” reforma del sistema de Defensa Nacional, que tuvo su primera expresión en el Decreto 683/2018, que modificó el 727/2006 (reglamentario de la Ley de Defensa) y derogó el 1691/2006 (Organización y Funcionamiento de las Fuerzas Armadas). Esta decisión trascendental –que, a diferencia de las directivas sancionadas durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, va a contramano del espíritu de las leyes vigentes– vulnera el esquema legal e institucional establecido en nuestro país desde el retorno de la democracia en 1983. Representa, en efecto, el punto de partida para intentar quebrantar el ordenamiento jurídico compuesto por las leyes de Defensa Nacional N° 23.554 (1988), de Seguridad Interior N° 24.059 (1992) y de Inteligencia Nacional N° 25.520 (2001), compendio normativo que fue alcanzado con el más importante consenso multipartidario del que se tenga memoria y que se mantuvo a lo largo de treinta años. El tema fue prolíficamente analizado en los últimos días, de modo que simplemente conviene recordar cuáles son los ejes estructurantes de la medida y sus posibles consecuencias. En cuanto a los criterios ordenadores, cabe señalar que el decreto: habilita la intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna y para responder a “amenazas externas”, aun cuando estas no provengan de un Estado, como podría suceder con el delito organizado transnacional, tal como es el caso, por ejemplo, del terrorismo. De este modo se hace caso omiso de la resolución 3314 (1976) de la Organización de las Naciones Unidas, que sostiene que “agresión es el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de la ONU”; promueve la posibilidad de que las Fuerzas Armadas se adiestren y equipen para misiones de seguridad interior, lo que está vedado por nuestro sistema legal; y habilita que las Fuerzas Armadas desempeñen tareas de protección de los objetivos de valor estratégico, misión que actualmente desempeñan las fuerzas policiales y de seguridad. En este último caso, se realiza una interpretación forzada del artículo 31 de la Ley de Defensa, que señala que es una misión de la Gendarmería y de la Prefectura la custodia de esos objetivos de valor estratégico para la Nación. En lo que hace a las previsibles consecuencias de la medida, resulta clave enfatizar que asignar a los militares tareas propias del campo de la seguridad –como las labores antiterroristas o de lucha contra el narcotráfico que actualmente desempeñan las fuerzas policiales y de seguridad– supone conducir al instrumento militar de la Nación por el sendero de la “policialización” y su consecuente desprofesionalización. Con respecto al caso puntual del terrorismo –el “caballito de batalla” sobre el que se montó la propaganda oficial para marcar la supuesta desactualización de los artículos modificados del Decreto 727/2006 y del derogado decreto 1691/2006–, no resulta claro qué tipo de acciones y organizaciones serán consideradas de este modo por parte del Estado nacional. En consecuencia, los cambios efectuados podrían resultar funcionales, como bien ha indicado recientemente un colectivo de expertos y organizaciones no gubernamentales (https://www.cels.org.ar/web/publicaciones/fuerzas-armadas-en-seguridad-interior/), a la “deslegitimación, criminalización y represión de la protesta social y al uso de la inteligencia militar para el espionaje interno”. Los nuevos lineamientos impulsados por Macri constituyen un elemento de especial preocupación ante el actual escenario de deterioro económico y conflictividad social. Finalmente, no puede dejar de mencionarse que la mayor parte de las naciones latinoamericanas que han emprendido una reasignación de misiones para sus Fuerzas Armadas en dirección a “combatir” las denominadas “nuevas amenazas” han fracasado en su objetivo. La consecuencia de ello fue la creciente desprofesionalización de los uniformados y su involucramiento repetido en violaciones a los derechos humanos de sus ciudadanos como así también en hechos de corrupción. Los casos de México y Colombia constituyen referencias ineludibles, dado que sus actuales dirigencias –independientemente de posicionamientos políticos y concepciones ideológicas– están empezando a revisar sus políticas, atento a los fracasos obtenidos como consecuencia de la “militarización de la seguridad pública”. Precisados estos puntos, convendría estar muy atentos al resto de los anuncios que realizó Macri, puesto que en el medio de la discusión legal y doctrinaria algunas cuestiones podrían pasar desapercibidas.   Una nueva Directiva de Política de Defensa Macri comunicó la inminente aprobación de una nueva Directiva de Política de Defensa Nacional (DPDN), que sería el instrumento con el cual el gobierno reemplazaría a las dos DPDN sancionadas durante las administraciones de Cristina Fernández de Kirchner (Decretos 1714/2009 y 2645/2014). La directiva anunciada se enmarcará –según adelantó el presidente (https://www.youtube.com/watch?v=Z7OK8wnMlB4)– en una serie de criterios que se enumeran por ahora sin apreciaciones valorativas: modernización de las Fuerzas Armadas; atención a la misión principal del instrumento militar; apoyo a la política exterior del país (con énfasis en las operaciones de mantenimiento de la paz, la cooperación con los “países amigos” y la contribución a la política antártica); apoyo a las actividades de seguridad interior; protección en “eventos de carácter estratégico”; custodia de objetivos de valor estratégico e infraestructuras críticas; desarrollo de capacidades para la defensa en el ciberespacio; apoyo a la comunidad ante catástrofes y desastres naturales; actualización de la doctrina; accionar militar conjunto; mejora de los salarios; defensa de la “familia militar”; sanción de una nueva Ley de Personal Militar; y desarrollo de un nuevo sistema de reservas. El discurso del Presidente –a partir de la información provista por un teleprompter– no entró en detalle en ninguno de los puntos señalados, sino que se limitó a “leer los títulos” en unos siete minutos. A pesar de esa carencia expositiva y de no haber profundizado los ejes enumerados, pueden efectuarse algunas reflexiones: no hubo ninguna referencia a la desaparición del submarino ARA San Juan ni a las tareas de búsqueda. Tampoco mencionó el conflicto del Atlántico Sur y el enclave colonial que Gran Bretaña mantiene en Malvinas; y mucho

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La legitimidad del apartheid

Fuente: Jorge Elbaum | El cohete a la luna Fecha: 29 de JUL 2018 La aprobación el último jueves de la denominada Ley Fundamental del Estado Judío supone la degradación de la ciudadanía plena para quienes no poseen la identidad hebrea. La legislación aprobada en el congreso unicameral israelí (denominado Kneset) legitima jurídicamente la segregación fáctica que se instituye dentro del territorio israelí desde hace decenios, e impone nuevas condiciones de avasallamiento sobre los habitantes de los territorios ocupados (militarmente) de Palestina. La norma busca consolidar los privilegios (ya consagrados de hecho) que disfrutan los ciudadanos de ascendencia judía por sobre otros colectivos, que representan –dentro del territorio israelí— un 20 por ciento de la población (entre Beduinos, Drusos y árabes musulmanes). Israel nunca aprobó una Constitución Nacional pero esta norma, aprobada el último jueves, es asimilable a esa trascendente arquitectura jurídica. Fue aprobada por mayoría simple de 62 votos contra 55 en contra y dos abstenciones. Su objetivo prioritario es la imposición de la preeminencia judía sobre cualquier otro componente étnico, lingüístico y/o confesional. Los votos mayoritarios que aprobaron la ley supremacista fueron aportados por la alianza que agrupa a los sectores de derecha junto con los religiosos ortodoxos, liderados por el premier Bibi Netanyahu. La ofensiva de estos sectores ha sido empoderada por el presidente Donald Trump, quien recientemente buscó legitimar la anexión de Jerusalén oriental a través de la instalación de su embajada en esa ciudad. La normativa no sólo identifica al Estado con una identidad específica de sus habitantes (segregando a quienes no la poseen) sino que anula el árabe como idioma oficial, postulado como tal desde la propia declaración de independencia de Israel, en 1948. Legitima, además, la prohibición de que árabes musulmanes puedan acceder a comprar propiedades dentro de conglomerados definidos como hebreos. El segregacionismo aparece como la continuidad de recurrentes políticas persecutorias que se expresan en diferentes espacios sociales. El último 16 de julio el congreso se expidió contra la posibilidad de que grupos pacifistas –conformados por judíos y musulmanes—entre ellos Breaking the Silence, puedan sensibilizar en las escuelas sobre abusos del ejército en los territorios ocupados de Palestina. Dos días después, el gobierno prohibió –por exigencia de los religiosos fundamentalistas— que los ciudadanos homosexuales puedan convertirse en padres a partir de gestación de embriones en cuerpos subrogados. El 19 de julio se detuvo a un rabino independiente (de la jerarquía local) por no someterse a los mandatos de la ortodoxia. Y el 20 de julio, Netanyahu recibió con pompa –en Jerusalén— al premier húngaro, Viktor Orbán, el máximo exponente de la derecha neonazi europea. El último 25 de julio, por presiones del entorno del Likud, fue despedido el dibujante del Jerusalén Post, Avi Katz, por caracterizar a Bibi Netanyahu y a sus acólitos en el formato zoológico que se encabeza esta nota. Uno de los máximos promotores de la normativa segregacionista, el diputado de derecha Avi Dichter, expresó con claridad el motivo de la norma: “Sancionamos esta ley para evitar que Israel sea un país para todos sus ciudadanos”. Solo uno de los diputados de la derecha no acompañó el proyecto: el hijo del ex primer ministro Menajen Beguin (Beny), quien advirtió que “el patriotismo no se demuestra cuando se impone por sobre los derechos humanos. Ese patriotismo se deteriora y se convierte en nacionalismo”. (Otorgándole asó al término “nacionalista” un carácter fascista). Por su parte, el líder de la bancada laborista, Isaac Herzog –hijo de Jaim, ex presidente de Israel— consideró que la aprobación destruye “el principio de igualdad” y supone un descrédito inaudito de Israel ante la comunidad internacional. Los cuestionamientos han empezado a emanar, incluso, de sectores conservadores, como el caso del presidente del Congreso Judío Mundial, Ronald Lauder, quien, en una nota en el New York Times referida al debate de la ley segregacionista, afirmó: “Si las cosas continúan como hasta ahora, Israel tendrá que hacer una difícil elección: conceder plenos derechos a los palestinos y dejar de ser un Estado exclusivamente judío o rescindírselos por completo y dejar de ser una democracia”. El jueves pasado la derecha israelí eligió la última opción. Uno de los sectores que repudiaron la ley –los congresistas integrantes de la Alianza Conjunta (que agrupa a israelíes judíos antisionistas, musulmanes y árabes laicos)— advirtió a través de uno de sus voceros, el diputado comunista Yusef Jabarin, que el consentimiento con la normativa supone “una clara discriminación étnica hacia los ciudadanos árabes de Israel”. Otro de los diputados árabes, Issawi Frej (del partido progresista Meretz) cuestionó la terminología segregacionista utilizada y fue expulsado de la sala de la Knesset (parlamento israelí). Por su parte, el legislador Ayman Odeh enarboló una bandera negra. Mientras pronunciaba su alegato rompió una copia del proyecto y —junto a militantes del grupo Paz Ahora— definió la iniciativa como la “legalización del apartheid”. Todos ellos fueron conminados a abandonar la sala de sesiones. La integrante del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Hanan Ashrawi, expresó en un comunicado oficial que el proyecto de Estado-nación judío “otorga licencia a la discriminación, la limpieza étnica y el sectarismo a expensas del pueblo palestino”. La modificación del status de ciudadanía pretende utilizar al resto de los judíos del mundo como forma de apoyatura intangible de complicidad. Sin embargo, esta política no parece haber sido muy efectiva dado que muchos colectivos identitarios judíos –dentro y fuera de Israel— han repudiado abiertamente la ley segregacionista y han condenado el apartheid que promueve. A nivel local, el Llamamiento Argentino Judío se ha expedido reiteradamente ante los diferentes ejercicios represivos contra los palestinos y —en referencia a la ignominiosa ley segregacionista— tomó como propias los variados posicionamientos efectuados por los escritores judeo-israelíes Guideon Levy y Hamira Haas. [1] Esta última, en un valiente artículo publicado en el diario israelí Haaretz, el último 18 de julio profetizó: “Llegará el día en que la línea de crédito del Holocausto se agote. Llegará el día en que los líderes del colonialismo judío israelí serán enjuiciados. Llegará el

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Dilema de los drusos en Israel: honra propia, racismo o mercenarismo

Fuente: Daniel Kupervaser | daniel.kupervaser.com Fecha: 28 de JUL 2018 Según un proverbio muy común en Israel, “cuando un imbécil arroja una piedra al pozo, mil genios no lograrán extraerla”. Llevándolo al campo político, se puede decir que cuando la imbecilidad del liderazgo de un país se sobrepone al sentido común, nadie se debe sorprender del surgimiento de peligrosas e innecesarias crisis socio-políticas con imprevisibles consecuencias futuras. El desprecio e indiferencia hacia lo “no judío”, tan enraizado y generalizado en la sociedad israelí, principalmente en los alrededores de la capa dirigente del gobierno de Netanyahu, encegueció tanto a su gente de manera que, para perjudicar y agraviar a ciudadanos árabes israelíes, promulgaron la ley de Estado-Nación Judío. Este engendro tan racista y antidemocrático, necesariamente afectó a todo grupo étnico no judío de ciudadanía israelí. Sin lugar a dudas el golpe más incomprensible e injustificable lo recibieron los drusos israelíes. La etnia drusa israelí se rebeló de inmediato. En una solicitada en los medios locales manifestaron claramente su sensación: “nos tiraron a una manada de perros”[1]. Quien mejor lo expresó fue Amal Assad, general retirado del ejército israelí. Y así se manifestó: “26 años serví al ejército del Estado Judío. Tengo el derecho de exigir que también es mío, al igual que es de ustedes los judíos. Después que erigimos esta casa junto a los judíos, la ley Estado-Nación Judío nos saca a los drusos de su casa y nos sepulta del otro lado del cerco” (sepultar fuera del cerco del cementerio es una de las ofensas más graves en el judaísmo por manifestar serias dudas del judaísmo del difunto o por ser discriminado por las instituciones judías. DK). No es para menos. La colectividad drusa es parte inseparable de la sociedad israelí desde su independencia y toma parte positiva y muy activa en todos los ámbitos. Su lealtad al país es indiscutible, sus logros educacionales son un ejemplo y su predisposición a servir al ejército es mucho mayor que la de sus pares judíos[2]. Allí donde amplios sectores de judíos se escabullen para cuidar su sangre, la de los drusos se derrama en campos de batalla en defensa de Israel. Da la impresión que, pese a su larga experiencia en la sociedad israelí y su prolongado servicio en el ejército, el general Assad aun no logró compenetrarse del verdadero significado de su condición de no judío en Israel. La expresión “Israel judío y democrático” es una falacia que escuda la supremacía judía ante cualquier valor democrático de vigencia universal que pretenda cercenar esa indiscutida y sagrada posición privilegiada. Que no le quepa duda al general Assad. El proyecto de ley que obliga a palestinos a vender propiedades a judíos a precios fijados por el gobierno, tarde o temprano también le va a llegar el turno a viviendas y terrenos drusos. Presten atención a las declaraciones al respecto del parlamentario Bitan, mano derecha de Netanyahu: “No hay motivo alguno que una minoría de 120 mil habitantes reciba derechos especiales en la ley Estado-Nación Judío. Son solo 120 mil personas. Ellos tienen que respetar a la mayoría”[3]. Conclusión de las palabras de Bitan: la mencionada ley otorga “derechos especiales” solo a judíos: racismo puro. Atento al embrollo que causó el extremismo que promovió la ley que puede hacer temblar pilares básicos de la existencia de Israel, Netanyahu se movilizó rápidamente para estabilizar la situación. Repentinamente se dio cuenta que su expresión “los drusos son carne de nuestra carne”[4] de años atrás se revela como uno más de sus vulgares y reiterados embustes. Netanyahu llamó a una reunión urgente de parlamentarios drusos de la coalición gubernamental junto a varios ministros. En esa oportunidad, el Primer Ministro de Israel dio a entender que no tiene ninguna intención de modificar la ley Estado-Nación Judío. Como contrapartida, se propone ser muy dadivoso en dedicar millonarios presupuestos destinados a la etnia drusa, como así también, exonerar a este sector de la población (y no a árabes israelíes) de ley especial que permite la demolición de una masiva construcción ilegal en sus aldeas[5]. Igualdad a la judía: vista gorda a delincuencia de construcción ilegal judía en Cisjordania y drusa en Israel. Drusos sorprenden a Netanyahu Para la atención del liderazgo druso en Israel, las cartas están sobre la mesa. Solo hay cinco alternativas y la colectividad drusa deberá decidir su posición al respecto. Ante la ponencia ya presentada por representantes de la colectividad drusa en Israel, la Corte Suprema de Justicia deroga esta ley por afectar significativamente derechos humanos básicos. La chance de este desenlace es reducida dado el temor del alto tribunal ante las crecientes amenazas de intervención del ejecutivo por lo que denomina atribuciones excesivas de la Corte. El gobierno, ante presiones internas y externas, decide abolir la ley por iniciativa propia. Posibilidad muy remota. El gobierno enmienda la ley de manera que en su marco se conceden explícitamente “derechos especiales” solamente a los drusos, paralelos a aquellos ya otorgados a los judíos. El gobierno no modifica la ley, pero la colectividad drusa esta dispuesta a aceptar recompensas, tales como las propuestas por Netanyahu en la reunión antes mencionada. El gobierno no modifica la ley y la colectividad drusa rompe los vínculos históricos con el liderazgo judío. Las dos primeras alternativas son las mas cómodas para la colectividad drusa. En ambos casos la situación retorna al principio sin modificaciones. Se debe resaltar que ambas alternativas son de bajas posibilidades de concretarse. La situación se complica seriamente ante las tres últimas alternativas. La tercera opción, definir a los drusos como etnia privilegiada, les restaura su posición igualitaria con los judíos, pero necesariamente los convierte ante todo el mundo en cómplices y coparticipes junto al judaísmo de un proyecto discriminador y racista. Aceptar las propuestas de Netanyahu de recompensas materiales (opción 4), justificadas principalmente por su activa participación en la defensa de Israel, conlleva un alto precio moral. Sera muy difícil convencer al mundo que se trata de un grupo étnico que se honra a si mismo y,

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Los autores secretos del plan para sacar los militares a las calles

Fuente: Ricardo Ragendorfer | Nuestras Voces Fecha: 27 de JUL 2018 Una masiva marcha rechazó ayer el decreto del presidente Mauricio Macri que habilita a las Fuerzas Armadas a actuar en seguridad interior bajo el lema de “No a los militares en las calles”. Detrás de ese proyecto se encuentra Fulvio Pompeo, secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete, muy escuchado por el propio Macri, a quien suele acompañar en las giras oficiales, y coordinador de la denominada “Mesa de Seguridad”. El subsecretario de Coordinación de Fronteras, Vicente Autiero, completa el elenco de asesores que le dieron forma al regreso de los militares a las calles. Por escenografía, un inmenso hangar en penumbra. Allí, con tres helicópteros artillados a su espalda y flanqueado casi en un segundo plano por cuatro jefes militares ya demasiado maduros para los uniformes de combate que lucían, el Presidente, desde un estrado negro y brillante como un féretro, desgranaba con frases escolares –que leía en un telepromter– una declaración de guerra contra los peores enemigos de la humanidad. Parecía una escena de Dr. Insólito, esa comedia de humor negro sobre la Guerra Fría realizada en 1964 por Stanley Kubrick. Pero su protagonista no era Peter Sellers sino Mauricio Macri. Así anunció lo que insistía en llamar “reforma del Sistema de Defensa Nacional”. Un eufemismo decorado con inapelables abstracciones: desde los “desafíos del siglo XXI” a “objetivos estratégicos claves”, no sin mencionar “operaciones de apoyo a la comunidad” y la “protección de los recursos del Atlántico Sur”. También esgrimió variadas hipótesis de conflicto: el “impacto del delito transnacional” y los “peligros cibernéticos sofisticados”, entre otras calamidades. Recién entonces supo abordar la solución: “una estructura militar de despliegue rápido” y “unidades conjuntas con personal de la Fuerza Aérea, la Armada y el Ejército”. En realidad se refería a la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior. Aquella noticia sacudió al país el lunes 23 de julio. Una noticia que, por cierto, había comenzado a gestarse cinco semanas antes. El superministro en la sombra Tono sombrío. Mirada grave. Así se mostró Macri el 29 de mayo, durante la celebración del Día del Ejército en el Colegio Militar. Fue cuando oficializó el gran anhelo que ahora acaba de concretar. Sus palabras al respecto traían cierta reminiscencia de lo expresado ya en 2010 por la Escuela de Guerra de los Estados Unidos en cuanto a cómo se desarrollaran los conflictos armados en el siglo XXI: “La guerra estará en las calles, en las alcantarillas, en los rascacielos y en los caseríos expandidos que forman las ciudades arruinadas del mundo”. La frase resume el corpus teórico de la doctrina norteamericana de las “Nuevas Amenazas”, que incluye situaciones tan variadas como el terrorismo, el narcotráfico, los reclamos sociales y las catástrofes climáticas. En aquella simpleza conceptual Macri fue amaestrado al pie de la letra. Y ese martes, con cara de entendido, justamente recitó: “Necesitamos Fuerzas Armadas que se adapten a las nuevas amenazas”. Aplauso de los presentes. El mandatario habló rodeado por delegados militares extranjeros, todos de uniforme y tiesos como piezas de ajedrez. A un costado permanecía el jefe del Ejército, Claudio Pasqualini. Al tipo se lo notaba muy consustanciado con lo que oía. No pudo ser de otra manera. Este general de 58 años es un referente del sector castrense que reclama la amnistía por delitos de lesa humanidad. Pero nadie le festeja tal prédica más que su propia esposa, María Laura Renés, hija de Athos Renés, un ex coronel condenado a perpetuidad por la Masacre de Margarita Belén. Ella pertenece al grupo de Cecilia Pando. El marido no le va a la zaga. Por lo pronto, al opinar sobre el nuevo “desafío”, soltó: “Estamos preparados para muchas tareas”. También se deleitaban con el fraseo presidencial los jefes ministeriales de Defensa y Seguridad, Oscar Aguad y Patricia Bullrich, junto a funcionarios de segunda línea. O desconocidos, pero influyentes; entre éstos, un sujeto alto y delgado que observaba dicha escena con fruición. Era Fulvio Pompeo, nada menos que secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete. Bien vale reparar en este personaje. Se trata de un politólogo y relacionista internacional con título obtenido en la Universidad de Belgrano y algún postgrado en Londres. Supo pertenecer al duhaldismo; de hecho, fue funcionario de Carlos Ruckauf en la Cancillería cuando el ex bañero de Lomas ejercía la presidencia interina. Ahora es muy escuchado por el propio Macri, a quien suele acompañar en las giras oficiales. Y se lo considera el “cerebro” del revuelque entre los conceptos de Defensa y Seguridad. Eso lo sitúa en un nivel “supra-ministerial”. Tanto es así que aquel hombre coordina la denominada “Mesa de Seguridad” del Gobierno, en donde Bullrich y Aguad –entre otros– se nutren de nuevas ideas. Allí –por caso– se urdió en abril la ocurrencia de reemplazar las Fuerzas Armadas por una Guardia Nacional, inspirada en las de Panamá y Costa Rica, un proyecto que incluso mereció el rechazo de los socios radicales del PRO. Desde allí Pompeo también delineó las importantes tareas locales que ahora el régimen macrista asignará a los uniformados. A continuación, la siguiente escala de este viaje hacia el terror. El general del siglo XXI Dos semanas después, el Poder Ejecutivo ordenó enviar personal militar –500 efectivos– a la frontera norte, entre Salta y Misiones, en apoyo logístico a las tareas que allí desarrolla la Gendarmería. El asunto fue decidido durante la mañana del 12 de junio por Macri, quien –bajo absoluta reserva– recibió a los principales actores del “proceso (nunca mejor usada esta palabra) militarizador”; a saber: el jefe de Gabinete, Marcos Peña, los ministros de Defensa y Seguridad, Aguad y Bullrich, el jefe de Gendarmería, Gerardo Otero, el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, el de Seguridad Interior, Gerardo Milman, el subsecretario de Coordinación de Fronteras, Vicente Autiero, el titular de Asuntos Estratégicos, Fluvio Pompeo, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Bari del Valle Sosa. Ese es el elenco estable de la “Mesa de Seguridad”. Ahora conviene detenerse

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Fin de la farsa: fueron absueltos los campesinos de Curuguaty

Fuente: Celso Guanipa Castro* | estrategia.la Fecha: 27 de JUL 2018 Tras seis años, en una decisión histórica contra la mentira institucionalizada por el latifundio y las transnacionales del agronegocio, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay absolvió este jueves 26 de julio a los campesinos acusados ​​injusta e ilegalmente por la masacre de Curuguaty. Los magistrados dictaminaron que no se pudo comprobar que los acusados ​​tuvieron cualquier tipo de participación en la masacre del 15 de junio de 2012, cuando, cuando seis policías y 11 trabajadores rurales murieron tras un “enfrentamiento” provocado por la acción de francotiradores (algunos desde helicópteros) en el campamento de campesinos sin tierra de Marina Kue, en Curuguaty. El fallo dio por tierra con la farsa montada por los sectores más retrógrados de la sociedad paraguaya con apoyo de la prensa hegemónica, demostrando que la masacre montada no fue más que una excusa para el golpe de Estado y, con él, el intento del poder de frenar la lucha del pueblo paraguayo por la tierra, la independencia y la soberanía. De acuerdo con el juez Emiliano Rolón, la decisión fue unánime en favor de los campesinos: “no habrá nuevo juicio, simplemente se revoca la decisión del Tribunal. Tienen que salir libres”. El hecho, subrayó, “es que no se pudo ver quién disparó, hubo falta de evidencias, sumada a numerosas irregularidades, como alteraciones de la escena del crimen”. “La investigación fue muy incipiente, se cometieron muchos errores”, reiteró el jurista, para quien los recurrentes desasidos, siempre a favor de un lado de la balanza, requieren una profunda reflexión. “Es una administración de Justicia en crisis”, enfatizó. En Cuaraguaty se daba una disputa entre el Estado y la familia del senador Blas Riquelme, uno de los grandes beneficiados por la dictadura proestadounidense de Alfredo Stroessner (1954-1989), que acusaba a los campesinos de haber invadido una propiedad que no era suya. Aquel día de junio de 2012,  324 policías rodearon a menos de 60 campesinos, la mitad de ellos mujeres, niños y ancianos. Los magistrados al fin reconocieron que los trabajadores rurales no portaban armas de gran calibre —de las cuales partieron los proyectiles que provocaron las muertes— y las garruchas que disponían ni siquiera fueron disparadas. Para completar la manipulación, engrosada por los medios que contribuyó al derrocamiento del presidente Fernando Lugo una semana después de la masacre, el 22 de junio, la policía hizo desaparecer el rodaje del helicóptero sobrevolando el campamento, al igual que una serie de pruebas e indicios favorables al equipo de abogados de los sin tierra, recuerda el periodista brasileño Wexell Severo, observador internacional del Tribunal de Sentencias. Utilizados para justificar el golpe contra el gobierno de Lugo, los campesinos de Curuguaty se transformaron en presos políticos, de un proceso, viciado desde su nacimiento, por la camarilla de los sucesores de Stroessner. Wexell Severo explicó en sendos libros cómo el capital monopolista nacional y los carteles transnacionales actúan en fina sintonía contra la democracia y la soberanía, criminalizando la lucha por la tierra Para el abogado Victor Azuaga, las piezas del norme rompecabeza de la supuesta confrontación, “está claro que ha sido una masacre planificada, el propósitos muy bien definidos”. De esta manera, por unanimidad los magistrados Cristóbal Sánchez, Emiliano Rolón Fernández y Arnaldo Martínez Prieto votaron por la nulidad de la sentencia del Tribunal de primera instancia —compuesto por Ramón Zelada, Benito González y Samuel Silvero— y el del tribunal de apelaciones -integrado por los camaristas Narciso Ferreira, María Belén Agüero y Carlos Domínguez. “Es un momento único y festivo que marca nuestras vidas, multiplica y potencia la lucha de los paraguayos por justicia, tierra y libertad. Esta es una victoria mayúscula que energizará y movilizará a miles”, declaró Guillermina Kanonikkoff, coordinadoras del Comité de Solidaridad con los presos de Curuguaty, anunciando lo que está por venir. Dolores López, Lucía Agüero y María Fani Olmedo, condenados a seis años de prisión, y Adalberto Castro, Alcides Ramírez, Felipe Benítez Balmori y Juan Carlos Tillería, condenados a cuatro años, ya habían cumplido sus penas. Aún resta liberar a los cuatro presos políticos restantes recluidos en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, condenados de manera totalmente ilegitima y sin pruebas por homicidio doloso agravado, consumado y tentado, asociación criminal e invasión de inmueble:Rubén Villalba, condenado a 30 años de cárcel más cinco de medida de seguridad; Luis Olmedo Paredes, con una pena de 20 años de prisión; Néstor Castro, con 18 años, al igual que Arnaldo Quintana. *Periodista y politólogo paraguayo, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico   Nota Relacionada Lugo: Masacre de Curuguaty fue un montaje para justificar el juicio político  

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El pudor populista

Fuente: Félix Crous | Página 12 Fecha: 27 de JUL 2018 “La revolución Libertadora vino para que el hijo del barrendero muera barrendero”; “creyeron que tenían derecho a comprarse un plasma”; “para qué poner tantas universidades en el conurbano si sabemos que los pobres no llegan a la universidad”, son apenas tres expresiones del desprecio de la derecha por todo lo que huela a bajo pueblo. Cuando esa chusma cree que puede dejar la escoba, cambiar la tele o seguir estudiando, tal insolencia es castigada. Y a quienes la alientan o prodiguen les brotará el estigma: populistas. Si la ocasión lo amerita, a la injuria del nombre de los osados se le sumará el arrebato de sus bienes, libertad, hijos y también la vida. Esas restauraciones del orden jerárquico de la sociedad suelen terminar siempre igual: la Nación arrasada, el pueblo hambreado, los antiguos jerarcas en el inocuo oprobio de un dulce exilio. La plebe y sus representantes pagarán las deudas y levantarán el muerto de la fiesta que los ilustrados salvadores se dieron con sus amigos, socios y cómplices, como quien ameniza la espera de la lluvia de inversiones que derramaría sus gotas de prosperidad. Lo harán con los buenos modales propios de una democracia liberal. A no dar excusas para que los llamen bárbaros, salvajes, incorregibles. Resistirán la tentación de tomar venganza. Con la Constitución en la mano y las instituciones en el corazón; acomodarán la casa común, rescatarán a los nadies del fondo del pozo, les darán comida, abrigo, escuela, hospital. Pero nunca llegará la membresía al Club de los Civilizados. Muchos de los que ayer nomás se limpiaron el barro habrán creído que sí; haciendo méritos todos podemos. También ellos gritarán nuevamente el salmo “¡Basta de despilfarro! ¡se acabó la leche de la clemencia!” Y los brujos volverán a alumbrarnos el camino. Como una letanía circular. Porque el problema no es la crueldad de los privilegiados, sino el pudor de los pueblos. * Miembro fundador de Justicia Legítima.

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La carta escondida

Fuente: Hugo Presman* | La Tecl@ Eñe Fecha: 26 de JUL 2018 Hay una notable coincidencia entre el gobierno y un sector de la oposición, el que se conoce como peronismo racional, peronismo perdonable, peronismo sensato, peronismo republicano, peronismo amigable y que también podría denominarse peronismo alvearizado, menemizado, descafeinado o descremado. El gobierno tuvo un plan fundacional que implicaba demoler hasta los cimientos el modelo de sustitución de importaciones, volviendo a la Argentina pre crisis de 1929. Es decir, el país  que emergió en el siglo XIX,  después de los 60 años de  guerra civil que concluyó con el triunfo del SUR en términos de la Guerra de Secesión norteamericana. Como la historia es juguetona e imaginativa, los descendientes de los derrotados sobrevivientes de aquel conflicto prolongado encontraron en la industria de sustitución de importaciones su lugar en la sociedad y una adscripción política que los dignificó que fue el peronismo. Los dueños del país, políticamente representados por los conservadores, que con su brazo armado interrumpieron el gobierno popular de Hipólito Yrigoyen el 6 de septiembre de 1930, inauguraron la primera década infame, pero tuvieron reflejos de autoconservación que no exhiben con la misma intensidad los actuales gobernantes: ante la crisis de 1929, no dudaron en tomar medidas de intervencionismo estatal y proteccionismo, que originaron un daño colateral para su concepción ideológica: el nacimiento y fortalecimiento de la industria nacional, de resultas de las dificultades para importar y el surgimiento de una nueva clase obrera. Los dueños del país, extremadamente dependientes de las exportaciones a Gran Bretaña, terminaron compelidos a firmar un acuerdo escandaloso, ante la amenaza de la primera potencia de entonces de suspender las importaciones provenientes de nuestro país. El intento de volver aún más atrás, a la Argentina del Centenario, es una reiteración de las intenciones de los golpes de 1955, 1966, y 1976, y con Menem y De la Rúa en democracia. No lo lograron, pero hirieron seriamente a la sociedad más igualitaria de América Latina, llevándola de un 4 % de pobreza y desocupación en 1974, a más de 54 % de pobreza y 21,5 % de desocupación en la crisis del 2001. Pero en el 2015 fue distinto porque el establishment llegaba por primera vez al gobierno en forma democrática y a la Rosada accedía uno de sus integrantes. De ahí el propósito de terminar definitivamente con un empate entre dos modelos de país, que es la originalidad de la Argentina y a su vez lo que determina un camino sinuoso, contradictorio, de avances intensos y retrocesos profundos. En los primeros dos años de CAMBIEMOS la denostación del pasado y de la herencia populista junto con las expectativas de un futuro promisorio, ocultaron que se estaba cortando la rama sobre la que se asienta la vida cotidiana de la mayoría de la población. Una justicia subordinada, una protección mediática abrumadora, abonó un camino que mientras ilusionaba con la felicidad en el horizonte avanzaba con la apertura de la economía, la desregulación financiera sin precedentes, el endeudamiento explosivo, la progresiva anulación de derechos, y una actualización de tarifas pensadas exclusivamente en el cuadro de resultados de las concesionarias. Cuando se cerró el grifo del endeudamiento, que cualquier análisis de los números macroeconómicos aconsejarían,  el gobierno utilizó su bala de plata y dejó el gobierno en manos del Fondo Monetario, al punto que si en algún momento el mismo deja de financiar los diferentes déficits, la suerte de CAMBIEMOS está echada. Si esta realidad no puede calificarse de colonia, es imprescindible resignificar el lenguaje.  La idea de 16 años de gobierno de la coalición restauradora alentada después del triunfo en las elecciones de medio término del 2017,  se alejó en el horizonte y vuelve la posibilidad del regreso del “populismo”, obsesión de las finanzas internacionales, del gobierno norteamericano, del poder económico y sus escribas asalariados, motivo por el que buscan desesperadamente  una carta de reemplazo. Si el macrismo con su perrito faldero, el radicalismo, que ha enterrado lo mejor de su pasado y es una sombra de la sombra que ya era en los últimos años, no garantizan la continuidad del proyecto refundacional, hay que encontrar la alternancia en el peronismo descafeinado. El as de espada hasta ahora, la gobernadora María Eugenia Vidal, no superaría el derrumbe del oficialismo. El macrismo no está aún muerto ni mucho menos, pero en un escenario económico progresivamente muy desfavorable, aplicar el brutal ajuste del Fondo se presenta como la peor solución para ser ganador dentro de un año. Héctor Magnetto como distribuidor del juego busca alternativas en el peronismo blanco que en última instancia es una variante con matices del macrismo, cercado e intimidado por la futura pesada herencia y las cadenas del FONDO, dos circunstancias disciplinadoras. Así se despliega la operación que el columnista de Clarín Fernando González, recientemente reincorporado, escribió el sábado 21 de julio bajo el título “El presidente del 2019, llevará la marca del FMI”: “La novedad de la Argentina es que el protagonista fundamental de las elecciones presidenciales del 2019 va a ser el Fondo Monetario Internacional. El próximo presidente conseguirá la victoria con el FMI o contra el FMI” (traduzco: esta última es la alternativa Cristina, que en el idioma del establishment es el peligro Cristina, que crece lenta pero firmemente en las encuestas, más allá de algunas pagadas intencionalmente por el gobierno, que intentan el doble objetivo: consolidar la base propia y recuperar a los desilusionados cuya bronca hacia el oficialismo cede cuando existe la posibilidad del retorno del kirchnerismo). Más adelante escribió: “Ya se sabe que Cristina culpará al FMI de todos los males y lo arrojará a la misma hoguera donde pretende arrastrar al presidente. El dilema lo tendrán los peronistas que buscan un camino alternativo. Massa, Urtubey o el que se anime a dar batalla deberán mostrar algún plan para gobernar un país emergente sin superávit. La economía tiene muchas utopías. Pero hacer populismo sin plata tal vez sea la más inalcanzable”. En página 20 en Clarín del mismo día, bajo el título “Encuentro en

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