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Las páginas no escritas del cuaderno

Fuente: Irina Hauser y Raúl Kollmann | Página 12 Fecha: 12 de AGO 2018 La ex presidenta estará mañana, a las 10, frente al juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli. Como anticipó Página/12 entregará un escrito, no aceptará preguntas porque considera que ni el magistrado ni el fiscal están habilitados para llevar adelante la causa dado que ya han sido denunciados en forma reiterada por enemistad manifiesta. En el texto, CFK describirá la persecución que sufre desde hace más de dos años, volverá a insistir en que se debe hacer una auditoría de la obra pública —ya lo planteó reiteradamente— para verificar si existe alguna irregularidad y repetirá que no integró ni lideró ninguna asociación ilícita. Tras cartón, se irá sin saludar al juez porque, como ya tiene dicho, «no lo saludo ni por escrito». La senadora es prácticamente la última en la lista de indagados, aunque falta que declaren algunos de los recientes detenidos. Esto hace pensar que en unos diez días Bonadio dictará los procesamientos —siempre que llama a indagatoria, procesa— y todo indica que volverá a pedir la detención de Cristina en esta causa. El titular del bloque el PJ en el Senado ya ha dicho que no habrá desafueros sin que exista un juicio y una condena, pero volverán a presionar, porque en el trasfondo está la idea de sacar a Cristina de la carrera electoral. Puerta giratoria Resulta curioso que los comunicadores que se pasan las horas quejándose de la supuesta puerta giratoria que existe para los sospechados de delincuentes, ahora no se quejen por la puerta giratoria de los empresarios. La realidad es que la prisión de los dueños de las empresas se ha utilizado pura y simplemente como extorsión: el que se arrepiente, aunque no presente prueba alguna, se va a su casa. Los otros se quedan en Ezeiza. El ex jefe de Gabinete, Alberto Fernández, que es también profesor universitario de derecho penal, se indignó esta semana con el uso de la alegoría de la sortija. O sea, que el fiscal haya conminado a los empresarios a arrepentirse porque las sortijas son pocas. «Esto es muy grave. ¿cómo se va a hablar de que uno tiene que ser hábil o veloz para agarrar una sortija –-dijo Fernández–. ¡Estamos hablando de justicia!» Club Uno de los empresarios que durmió en su casa fue Carlos Wagner, titular de Esuco, y ex presidente de la Cámara de la Construcción. Según lo que hicieron trascender desde la fiscalía y el juzgado, Wagner dijo que entre los empresarios pactaron quién ganaba cada licitación, qué precios se ponían y el ganador pagaba una supuesta coima a Julio De Vido. Habrá que ver el texto real de su declaración y no lo que fiscalía y juzgado filtraron. Lo que llama la atención es que con ese «arrepentimiento» Wagner se haya ido a su casa, si se compara con los que todavía siguen en el penal de Ezeiza. Supuestamente confesó que en la Cámara se reunían, decidían quién ganaba cada licitación de obra pública y a qué precio. O sea que, según él, le robaron al estado en cada una de las obras, manipularon cada licitación y estafaron a la sociedad con sobreprecios en cada adjudicación. El delito se llama fraude en perjuicio del estado: de dos a seis años prisión. A eso se suma el grotesco delito de la asociación ilícita. Desde ya que no corresponde que ninguno esté preso sin juicio y sin sentencia, a menos que haya peligro de fuga o entorpecimiento de la causa, y más grave todavía es que utilicen las detenciones como extorsión, pero a simple vista se ve que el que afirma lo que sea contra el gobierno anterior duerme en casa, mientras que el empresario que dice que no pagó nada o que aportó a la campaña por voluntad propia, se queda en la celda. Supuestamente confesaron la existencia del club del fraude en la obra pública; no pidieron ninguna prueba sobre las obras en que funcionó ese fraude, y con eso le extendieron el pasaporte a casa a Wagner. Orígenes La manipulación del expediente impresiona, empezando por el origen espurio, relatado en detalle por Diego Cabot, el periodista de La Nación. Se juntaron con el fiscal en un bar, luego en una casa y luego se hizo la denuncia. Todo porque Cabot conocía a Stornelli. El punto nodal es que debió sortearse, como corresponde, pero Stornelli –uno de los adalides anti-K de Comodoro Py– decidió quedarse con el expediente. Típico forum–shopping, elegir fiscalía y juzgado como en un shopping. Es verdad que las fotocopias de los cuadernos son un indicio. Pero resulta extraño que no hayan podido dar con ellos, siendo que tienen el material desde hace meses. Sería de importancia encontrar los cuadernos para peritarlos. El chofer dice que los quemó, pero no hay por qué creerle. Los periodistas Darío Villarruel e Iván Schargrodsky revelaron que Centeno fue declarado inimputable por la Cámara Federal de San Martín. Como contó este diario, el chofer fue exonerado del Ejército por haberle tirado una granada a un compañero que le hacía bullying en 1992. Fue juzgado por un tribunal militar, lo condenaron, pero apeló. Por eso intervino la Cámara Federal de San Martín que lo absolvió tras hacerle un examen físico y mental. Lo consideró inimputable. O sea que estamos ante una causa iniciada de forma irregular, con un grosero forum shopping, sobre la base de fotocopias del cuaderno desaparecido, de un chofer que anteriormente fue declarado inimputable en una causa. Aún así no deja de ser un indicio. De primera A partir de ese inicio irregular, detuvieron, por ejemplo, al número 2 de Iecsa, la empresa que fue del grupo Macri. No tiene explicación por qué no detuvieron al número 1, Angelo Calcaterra. Tampoco se explica cómo es que paseó por Comodoro Py después de hablar con el Presidente y pactar con los operadores judiciales que no lo iban a demorar más de una hora. Al día siguiente declaró Héctor Zabaleta, el número 3

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El desalojo de “Néstor Kirchner” y la destrucción de Unasur

Fuente: Emiliano Guido | Nuestras Voces Fecha: 11 de AGO 2018 Tras la decisión del gobierno argentino y el llamado Grupo Lima de suspender su participación en la Unasur, el Jefe de Estado ecuatoriano anunció el cierre de la sede central –ubicada en Quito– que lleva el nombre de su primer Secretario General, Néstor Kirchner. Lenin Moreno pretende transformar la nave del bloque en una universidad indígena para reforzar su enfrentamiento con el ex presidente Correa. Mientras tanto, la diplomacia boliviana, a cargo de la presidencia pro témpore, intenta sin suerte convocar a una reunión extraordinaria de Cancilleres para zanjar la crisis. Una de las actividades turísticas típicas en la zona conocida como “la mitad del Mundo”, ubicada en el extrarradio de Quito, es conocer el edificio “Néstor Kirchner”; la nave moderna, vidriada y con jardines verticales, donde cumplen su jornada diaria de labor los funcionarios, cuadros técnicos y administrativos del bloque regional Unasur. “La actividad no ha sufrido ningún cambio a raíz del anuncio del presidente Moreno”, asegura Liset Lantigua, encargada del lugar, ante una enviada especial del diario colombiano El Tiempo que busca saber qué pasa en el supuesto “elefante blanco” de Sudamérica. Los nuevos gobiernos sudamericanos y los medios de comunicación no identificados con el proceso de integración vivido a principios de siglo vienen insistiendo con esa imagen: el coloso de la Unasur como un lugar fantasma, integrado por “okupas” de la burocracia zonal. “En un recorrido que realizó El Tiempo por la construcción de 20 mil metros se sintió el nerviosismo de decenas de empleados, nacionales y extranjeros que aún asisten y desconocen su futuro laboral. Estudiantes y turistas visitan a diario el edificio y algunos compran recuerdos del emblemático lugar en el que todavía funciona activamente la biblioteca Gabriel García Márquez”, detalla el artículo mencionado. En términos informativos, el presidente ecuatoriano anunció semanas atrás en un acto conjunto con la central indígena CONAIE que el edificio escoltado simbólicamente por la estatua de bronce del ex gobernador patagónico, una escultura que lo muestra con el saco abierto y el brazo extendido, será la futura Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblo Indígenas Amawtay Wasi. Además, el oficialismo y la oposición no correísta coincidieron, tanto en el Congreso como en la Alcaldía de Quito, en la intención de remover la estatua de Kirchner en Unasur y un busto del ex presidente situada en un plaza quiteña por considerar que no se debe homenajear a “un símbolo de la corrupción”. Moreno tomó la propuesta de su nuevo Canciller José Valencia, un diplomático de carrera formado en la Universidad de Harvard y ex representante permanente ante la OEA. Es más, el movimiento conservador CREO, liderado por el poderoso banquero Guillermo Lasso, propuso a Moreno realizar una minuciosa auditoría sobre los gastos incurridos por la burocracia asentada en el edificio “Néstor Kirchner”. Pero ninguna institución –o edificio en esté caso– termina casualmente con los músculos de gestión ateridos y vacío por dentro. El estado fallido de la Unasur fue construyéndose en los últimos meses con el auxilio de las administraciones que han adoptado una estrategia de inserción política y comercial diametralmente opuesta al horizonte marcado en su momento por el power trío conformado por los mandatarios Néstor Kirchner, Luiz Inácio Da Silva y Hugo Chávez. Un semestre atrás, la mitad de los miembros de la Unasur, capitaneados en la decisión por la Casa Rosada, determinaron su alejamiento temporal del bloque alegando que la no definición de su Secretario General estaba produciendo una parálisis del organismo. La no concurrencia de seis socios a los Consejos Ministeriales de la Unasur –como el Consejo de Defensa Sudamericano– paraliza el funcionamiento de la entente porque el quórum necesario de dichos brazos coordinativos requiere la participación de la mitad más uno de sus miembros. Luego, Lenin Moreno comunicó su intención de “recuperar” el edificio. Por último, el entrante mandatario colombiano Iván Duque fue por más y propuso directamente un abandono en estampida de la mesa común sudamericana. El profesor de relaciones internacionales Juan Gabriel Tokatlian advirtió en una columna titulada “¿Bye bye South America?” escrita para el diario colombiano El Tiempo que: “No resulta claro el cálculo estratégico que podría subyacer al eventual alejamiento definitivo de Unasur. Un simple análisis de correlación de fuerzas muestra que los gobiernos de derecha y centroderecha constituyen hoy una mayoría evidente y políticamente gravitante. Si Unasur no funciona mejor no es por Ecuador, Bolivia o Uruguay, o por los gobiernos de derecha en Guyana o por el mandatario de origen golpista –ahora reelecto– de Surinam. El problema ha estado en la incapacidad de forjar acuerdos prácticos acerca de la Secretaría General y de crear mecanismos operativos para dirimir desavenencias, a lo cual se suman el elocuente ensimismamiento de Brasil y la refractaria política venezolana en materia de concertación. En todo caso, la responsabilidad del deficiente funcionamiento reciente de Unasur no puede recaer sobre Bolivia, que asumió la presidencia pro témpore hace apenas unos meses”. Mientras tanto, la Cancillería boliviana, a cargo de la presidencia provisional, advierte que el intento de desalojo anunciado por Moreno no es reglamentario y, en paralelo, intenta, o simula, la activación de un canal diplomático para devolverle sangre al bloque multilateral. En el primer punto, el ministro de Relaciones Exteriores de Evo Morales, Fernando Huanacuni, explicó en declaraciones públicas que el edificio “Néstor Kirchner” le pertenece en realidad a los doce miembros del bloque y que, por lo tanto, Moreno no puede pretender disponer del inmueble como si fuera una propiedad a su nombre. En todo caso, advierte Huanacuni, el gobierno ecuatoriano sólo podría abandonar su rol de anfitrión del bloque dando de baja el Tratado Constitutivo de la Unasur ante el Congreso local. Y recalca que una sede opcional a Quito debe suscribirse nuevamente por consenso entre los doce países miembros. En paralelo, el presidente boliviano Morales aprovechó una reunión bilateral con su futuro colega paraguayo Mario Abdo Benítez para remarcar que, ante el intento sin suerte de su Canciller, está dispuesto a tomar con manos propias lo que ya parece una ciclópea misión:

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Los 35 puntos de Felipe Solá

Fuente: Ricardo Aronskind | La Tecl@ Eñe Fecha: 10 de AGO 2018 Hace unos pocos días el diputado nacional Felipe Solá, miembro aún del Frente Renovador, formación política que apoyó buena parte de las decisiones claves de este gobierno, se presentó en la Casa Rosada y entregó un documento con un breve análisis y 35 puntos de propuestas concretas para enfrentar la actual crisis financiera, externa, productiva y social. Sin duda se trató de una acción política para realizar una aparición pública llamativa, positiva desde el punto de vista propositivo –está en espejo con el verso macrista que el gobierno está dispuesto a escuchar propuestas- e instalarse como uno de los candidatos diferenciados del macrismo, y al mismo tiempo no embanderados en la pura crítica al actual gobierno. En la confección de la propuesta presentada por Felipe Solá colaboraron diversos especialistas, académicos e intelectuales del campo nacional y popular, que lograron abarcar un conjunto de puntos importantes para la coyuntura. Se trata, por supuesto, de una propuesta que no está destinada a ser aplicada. No hay ninguna posibilidad de que un gobierno de las características retrógradas y con compromisos estrechos con los principales factores de poder como el actual adopte este conjunto de medidas, aunque quizás se vea obligado, para controlar el caos que generó, a establecer algunas regulaciones y medidas de emergencia parecidas a las del documento. Las ideas generales: Sin pretender reseñar el documento, hay ciertos puntos que merecen atención. Se destacan tres rechazos muy significativos por su carácter estratégico: No al acuerdo con el FMI; No al acuerdo de libre comercio con la Unión Europea y No a la venta de las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Se trata de definiciones muy fuertes, que contradicen los planes estratégicos de la elite económica local. El objetivo de fondo de estos acuerdos con factores de poder externos (FMI, UE) es condicionar en forma permanente las políticas económicas argentinas más allá de quien gobierne en el futuro. La liquidación de FGS apunta tanto a vaciar el ANSES para preparar un nuevo negocio con las jubilaciones, como devolver a las grandes corporaciones las participaciones accionarias que aún posee el Estado en las mismas. Ya dentro de los aspectos afirmativos, aparecen propuestas redistributivas por la vía fiscal que implican aumentar y ampliar los impuestos a los sectores de altos ingresos (minería, IVA mayor a consumos suntuarios, patrimonio neto, ingresos, bienes personales), y disminuir la carga impositiva a los asalariados (incluyendo la famosa eliminación del impuesto a las Ganancias cuarta categoría). Es decir, un rebalanceo impositivo progresista, destinado a promover el consumo popular e indirectamente a ampliar el debilitado mercado interno. Estas propuestas contradicen toda la filosofía neoliberal de concentrar el ingreso para que los de arriba “inviertan” y así se genere crecimiento y empleo para los de abajo. Nada de eso se ha verificado en los dos años y medio de macrismo. Las mayores ganancias empresarias alimentaron una mayor fuga de divisas hacia el exterior. Complementando el impulso redistributivo, se promueven paritarias sin techo, alza del salario mínimo, paritaria nacional docente, y estrategias públicas para sostenimiento del empleo y el relanzamiento de “precios cuidados”. Además un incremento y mayor eficiencia en el gasto en salud. Estas medidas son absolutamente razonables y necesarias, porque se ha demostrado en este tiempo que aunque el salario caiga y el consumo popular se deprima, la inflación continúa por otras razones que tienen que ver con el poder de mercado de actores que concentran muy fuertemente la oferta. En materia de sector externo, se propone “cuidar los dólares” con mucha mayor intervención pública tanto en la administración del comercio exterior, como en el manejo del dólar por parte del BCRA; las divisas producto de las exportaciones tienen un plazo para ser ingresadas al país, además de proponer medidas para alejar a los capitales especulativos de muy corto plazo y un impuesto a los viajes al exterior. Se trata de medidas de mínimo sentido común, luego del despilfarro y el descontrol provocado ex profeso por el gobierno macrista. La actual crisis cambiaria, que no ha terminado, es el efecto directo de todo lo que el macrismo promovió desde el primer día de gobierno. Y aún hoy el gobierno persiste en no adoptar las regulaciones necesarias para enfrentar con más posibilidades el volátil escenario auto-generado. Para estimular la actividad económica, además de mejorar los ingresos de los asalariados, se propone destinar más fondos para obras públicas con fines sociales, habilitar más fondos para créditos y con tasas preferenciales a las pymes, y aplicar desde el Estado el “compre argentino”. Nuevamente se orientan recursos para promover y estimular el mercado interno, satisfaciendo al mismo tiempo necesidades sociales como la vivienda, la producción y el empleo. No perder actividades industriales es hoy muy importante, porque las restricciones a las importaciones producto del endeudamiento, harán muy necesaria la provisión local de determinados bienes. Como medidas en relación a los servicios públicos, se propone la desdolarización de las tarifas, lo que implica un severo conflicto con las empresas energéticas, y para las empresas que reciben subsidios, compromisos de estas empresas en materia de inversión. Ambas medidas se apartan de la práctica habitual argentina de no animarse a establecerle exigencias a las empresas privadas, en reciprocidad a los importantes apoyos que reciben desde el Estado. La desdolarización es otra medida sensata y razonable ya que el actual esquema de tarifas indexadas al dólar, a la inflación y a un precio elevadísimo del BTU, es explosivo y confiscatorio de usuarios y pequeños empresarios. Las implicancias políticas de las medidas: Una vez pasada una somera revista a los principales puntos, algunas reflexiones más generales: Se trata de medidas de emergencia, no de un plan de desarrollo. Apuntan a sostener una situación social sumamente preocupante, y de poner bajo control la grave situación fiscal, externa, productiva y social provocada por la actual gestión. Las medidas tienen un evidente sesgo popular, que apunta a socorrer a asalariados y pequeños empresarios, sostener el mercado interno y

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La marea verde ya entró en la historia de lucha por los derechos civiles

Fuente: Sergio Wischnevsky | Nuestras Voces Fecha: 10 de AGO 2018 Ninguna conquista civil fue fácil en Argentina. “Es más pequeño el cerebro de la mujer y pesa menos (…) La mujer, por esa función que la naturaleza le ha dado, no ha venido a participar como el hombre”, fue el argumento de un senador para oponerse al voto femenino en 1947, que ya había sido rechazado varias veces por el Congreso. El presidente Roca fue excomulgado por promover la educación pública. El primer texto de la ley de matrimonio civil fue literalmente fusilado. La Iglesia siempre fue conservadora y la UCR pasó de ser progresista a retrógrada. El PJ incoroporó a las mujeres a la vida política. Por eso una votación negativa en el Senado respecto al aborto legal no será derrota. La historia de la lucha de los derechos civiles ya tiene a las activistas de género como la marca del nuevo siglo. Los treinta y ocho senadores que votaron por rechazar la Ley de interrupción voluntaria del embarazo decidieron dejar que las cosas sigan exactamente igual a como estaban, constituyeron un frente conservador y reaccionario, y ni siquiera ofrecieron respuestas concretas a una de sus consignas más repetidas: “Salvemos las dos vidas”. Pero es así. Cada avance significativo en los derechos civiles a lo largo de nuestra historia encontró personajes que alzaron la voz para oponerse. Hoy nos causan el mismo efecto que una visita al sector de los dinosaurios en un museo de ciencias naturales. Ninguna conquista fue fácil y rápida. La Iglesia en más de un siglo se opuso a la ley de educación pública, de hecho excomulgo al entonces presidente Julio Argentino Roca por promoverla en 1884, se opuso y combatió el matrimonio civil, el voto femenino, la ley de divorcio, la educación sexual integral, el matrimonio igualitario, y siempre lucho contra la legalización del aborto. El radicalismo que nació como un partido progresista luchando por el derecho al voto universal, terminó siendo el que en mayor porcentaje en ambas cámaras voto por el simple rechazo. La Iglesia hegemonizaba los matrimonios en Argentina, la primera ley de matrimonio civil que tuvimos se instauró a nivel provincial, durante el gobierno de Nicasio Oroño en Santa Fe, en septiembre de 1867. La oposición fue de altísimo voltaje, los grupos defensores de la Iglesia y opuestos a la ley se reunieron en una plaza y decidieron ser muy gráficos: pusieron contra un árbol el texto de la ley y lo fusilaron. El tono religioso de este piadoso episodio se lo dio el Obispo de Paraná que mientras tanto ofició una misa. Tuvieron que pasar veinte años, hasta que recién en 1888 se modificó el Código Civil que instituyó el matrimonio civil. Los argumentos de los opositores denunciaron que se trataba de un ataque a la familia, a la tradición y a las mismísimas bases de la cultura y la sociedad, y quienes inicialmente se casaron por civil fueron señalados por sus vecinos católicos de ser parejas de hecho —cualquier cosa menos verdaderos esposos. La Ley Saenz Peña de 1912 fue la coronación de muchas luchas y revoluciones encabezadas por la naciente Unión Cívica Radical, el resultado fue la consagración del voto “Universal, secreto y obligatorio”. Se ha señalado, con razón, que mal puede catalogarse como Universal un voto que excluye a las mujeres. Sin embargo, para ser justos, hay que decir que la expresión refiere a lo que viene a combatir. Lo que expresó Juan Bautista Alberdi, figura muy influyente en nuestro texto constitucional, fue la «doctrina de la pureza del sufragio» o voto calificado, expuesto por el jurista en su libro Elementos de derecho público provincial para la República Argentina de 1853: “El sistema electoral es la llave del Gobierno representativo. Elegir es discernir y deliberar. La ignorancia no discierne, busca un tribuno y toma un tirano. La miseria no delibera, se vende. Alejar el sufragio de manos de la ignorancia y la indigencia es asegurar la pureza y el acierto de su ejercicio”. Todos los gobiernos electos antes de la Ley Saenz Peña tuvieron una escasa participación electoral, que en el mejor de los casos llegó al dos por ciento del padrón. El término “Universal” quiere indicar que los pobres y los analfabetos también podían votar. El 23 de septiembre de 1947 fue promulgada la denominada Ley de Enrolamiento Femenino (número 13.010), durante la presidencia de Juan Domingo Perón y el impulso de Eva Duarte. Se puso en práctica en las elecciones del 11 de noviembre de 1951, en la que votaron por primera vez  3 816 654 mujeres (el 63,9 % lo hizo por el Partido Justicialista, el 30,8 % por la Unión Cívica Radical). Más adelante, en 1952, las primeras 23 diputadas y senadoras ocuparon sus bancas, representando al Partido Justicialista. Esta ley coronó una larga lucha de las sufragistas que muchas veces llegó a tratarse en el Congreso, y tantas otras fue rechazado. En una de esas oportunidades, el Diputado Sanmartino por la UCR afirmó que si las mujeres participan en política “Perderán su femeneidad”. Como señala el historiador Fernando Rocchi, el debate en el Senado, que era totalmente peronista pues los dos senadores electos por Corrientes por los autonomistas y liberales, no fueron aceptados, tuvo lugar en el año 1946. El que se opuso al voto femenino fue el senador por Santa Fe, Armando Antille, quien dijo: “Es más pequeño el cerebro de la mujer y pesa menos” (Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación, 21 de agosto de 1946, página 46), para agregar “Yo no creo en absoluto que la mujer sea igual al hombre. No lo es, antropológica, ni biológicamente. No lo es por su constitución ósea, ni por su constitución psíquica. La mujer ha nacido para realizar una función: la función maternal, nobilísima, a la que el hombre está ajeno. La mujer, por esa función que la naturaleza le ha dado, no ha venido a participar como el hombre en una vida de carácter social general. Tiene una

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La igualdad no es una “recompensa”

Fuente:  David Grossman | El País Fecha: 06 de AGO 2018 La capacidad de dividir y hacer daño de la nueva ley sobre el Estado-nación del pueblo judío es tan evidente que la obstinación del primer ministro en no modificarla hace sospechar que tiene otra intención oculta: la voluntad de mantener abierta la herida de las relaciones entre el Estado y la minoría árabe que vive en él. Abierta, reavivada y amenazadora. ¿De dónde puede emanar esa voluntad? ¿Por qué tendrán ese deseo el Gobierno y el primer ministro? No podemos hacer más que conjeturas: ¿quizá porque una minoría herida es más vulnerable y manipulable, es blanco fácil del odio, el terror y la desintegración, más propicio para la política del “divide y vencerás”? Esta es la forma de dejar una llaga abierta: de golpe, con una sola ley superflua, Netanyahu y su Gobierno han sacudido los cimientos sobre los que se apoya la quinta parte de los ciudadanos de Israel. ¿Por qué? Porque pueden. Porque están seguros de que nadie puede impedírselo. Porque quieren que los ciudadanos árabes de Israel vivan con cierta sensación permanente de malestar existencial, de incertidumbre sobre su futuro. Que recuerden constantemente, a cada instante, que dependen de la buena o mala voluntad del Gobierno, que su existencia, aquí, es condicional. Están presentes, pero pueden convertirse en cualquier momento en ausentes. Esta ley, además, expresa de forma inequívoca otra cosa: que el primer ministro de Israel está empeñado no solo en no poner fin a la ocupación y la situación de apartheid en los territorios ocupados sino en todo lo contrario, en intensificarlas y extenderlas desde esos territorios al corazón del Estado de Israel. En otras palabras, esta ley representa, en la práctica, el abandono de cualquier posibilidad de que un día llegue a su fin el conflicto con los palestinos. Por otra parte, esta ley “devalúa” la presencia en Israel de la lengua árabe, una lengua que encarna un universo, una conciencia, una identidad, una cultura. Un tejido infinito que abarca los menores detalles de la vida. Un hombre, un político, tiene que ser increíblemente osado y arrogante para atreverse a atacar —aunque sea solo formalmente, como alega el legislador— la lengua de otro pueblo para humillarlo. El hebreo y el árabe son lenguas hermanas, que han estado imbricadas durante toda la Historia. Millones de judíos israelíes han mamado el árabe de su madre. El hebreo no contiene palabras suficientes para indignarse ante el ultraje cometido contra su hermana. El pueblo judío ha vivido durante milenios como una minoría en sus países de residencia. Esa experiencia conformó nuestra identidad y agudizó nuestra sensibilidad ética. Hoy, los judíos constituimos la mayoría en nuestro país. Ser la mayoría entraña una responsabilidad enorme y un formidable reto político, social y, sobre todo, humano. Exige comprender que la actitud respecto a la minoría es una de las grandes pruebas que tiene que superar una mayoría en un régimen democrático. Y en estos momentos, en esa prueba, el Gobierno de Israel ha fracasado de una forma tan estrepitosa que ha resonado en todo el mundo. En ese mismo mundo al que acusamos hasta hartarnos de discriminar a las minorías judías que habitan en él. Por eso sería una tragedia irreparable que la comunidad drusa se resigne a aceptar una “compensación”, económica o de otro tipo, por la injusticia que comete contra ella la ley del Estado-nación del pueblo judío. Al contrario, la nueva situación creada por la ola de protestas —justificadas— contra esta ley puede ser un trampolín para un proceso más general en el que los drusos sean la punta de lanza de la lucha por la igualdad de todas las minorías musulmanas y cristianas de Israel. El hecho de que, al menos por ahora, los dirigentes drusos hayan aceptado el programa de compensación propuesto por Netanyahu demuestra que años de discriminación y promesas vacías les han hecho olvidar, incluso a ellos, el significado exacto de la plena igualdad. En la conflictiva realidad israelí, no está de más recordar que la igualdad no es una “recompensa” que el ciudadano recibe de su Estado por los servicios prestados de una u otra forma. Ni siquiera por haber sacrificado su vida. Hasta los judíos ortodoxos que se niegan a servir en el ejército son ciudadanos que gozan de los mismos derechos. La igualdad es el punto de partida de la ciudadanía, no su resultado. Es el suelo sobre el que el germen de la ciudadanía puede crecer. Y es lo que otorga la libertad suprema, la libertad de ser diferente, otro, divergente, y, sin embargo, ser igual a cualquier otro ser humano. En mi opinión, las últimas leyes dictadas por el Gobierno son una consecuencia no pequeña de un modo de pensar perverso engendrado por cinco décadas de ocupación. Son resultado de un complejo de superioridad étnica, del frenesí de aventurarse en no sé qué “nosotros” nacionalista que se justifica a sí mismo y pretende expulsar del “hogar” a todos los que no sean esos “nosotros”, ya sean miembros de otros pueblos, otra religión u otro sexo. No obstante, es posible que esta ley tenga algo positivo, porque ha dejado al descubierto, tanto para la derecha como para la izquierda, sin ilusiones ni otras trampas de la conciencia, qué bajo ha caído Israel. Quizá esta ley sacuda por fin a todos los que, en la derecha y en la izquierda, tememos por Israel, por su espíritu, su humanidad y sus valores judíos, democráticos y humanos. No tengo ninguna duda de que hay mucha gente así, de izquierda, de derecha y de centro, personas honradas y realistas que saben que esta ley no es más que una medida despreciable y una traición del Estado para con sus ciudadanos. Netanyahu, como de costumbre, presenta la decisión como un enfrentamiento entre la izquierda y la derecha. Pero no es verdad; es un combate más profundo y más fatídico, un combate entre los que se han rendido y los que aún conservan la esperanza. Entre

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Israel no quiere ser mi Estado

Fuente: Sayed Kashua | New York Times Fecha: 30 de JUL 2018 Estábamos conduciendo nuestro coche de alquiler hacia afuera del aeropuerto Ben Gurion cerca de Tel Aviv. “Papá»  dijo mi hija mayor mientras escuchamos la radio  «¿qué es la Ley de Nacionalidad?» «Es una ley que dice que Israel es un estado judío», respondí. «¿Pero no fue siempre así?», Se preguntó, y con razón. «Sí. En pocas palabras, siempre ha sido así «. «No lo entiendo», dijo mi hijo mediano. «Pensé que habías dicho que éramos ciudadanos». «Lo somos», respondí. «Pero no somos judíos, ¿verdad?» «No, no lo somos.» «Entonces no lo entiendo», se quejó mi hijo menor. «Es un poco complicado», traté de explicar. Y realmente fue complicado explicar la ley que el Parlamento de Israel aprobó a principios de este mes sin utilizar términos como «segregación racial», «discriminación» y «supremacía». ¿Cómo iba a explicarle a un niño de 12 años que él es un ciudadano de un estado que sostiene que él es inferior debido a sus orígenes no judíos? «No todos en el país son judíos», dije. «Al menos el 20 por ciento de los ciudadanos no. Pero es un país donde los judíos disfrutan derechos que otros no tienen. Es decir, los no judíos son menos iguales que los judíos «. «¿No podemos ser judíos entonces?», Preguntó mi hijo menor, como si al instante hubiera resuelto el problema de la desigualdad. «Lo siento», le dije, «eso no depende de mí». «De acuerdo con la ley israelí, para ser judío debes tener una madre judía. Entonces no es mi culpa; es de tu madre «. «Genial», protestó mi esposa, «¿ahora me estás tirando el peso de la desigualdad de tus hijos?» Cuando Israel se fundó sobre las ruinas del pueblo palestino en 1948, se definió como un estado judío. La bandera israelí siempre fue judía, con una Estrella de David; el himno nacional invoca el «alma judía», excluyendo a cualquiera que no sea judío de estos símbolos nacionales. Los palestinos que se convirtieron en ciudadanos israelíes cuando se fundó el estado, como mi familia, siempre han sido vistos como una carga demográfica indeseable y sujetos a discriminación. Entonces, ¿qué cambia la emisión de la Ley de nacionalidad? En esencia, quizás no mucho. Ha convertido el racismo de facto en un racismo de jure. La ley pide a los israelíes progresistas, tanto judíos como palestinos, que suspendan nuestras fantasías de igualdad de derechos y un futuro en el que todos los ciudadanos del país, independientemente de su religión, raza o género, tengan un sentido de pertenencia. Busca legislar lo que Israel ha estado diciendo a las minorías no judías: nunca serás parte de este país, nunca serás igual, estás condenado a ser un ciudadano indeseado para siempre, ser inferior a los judíos a quienes el estado pertenece y para quien fue fundado. Un estado en el cual el judaísmo es la única expresión nacional permisible por ley rechazará, por definición, a cualquier miembro de la minoría que desee formar parte de él, incluso si él, como yo, domina su cultura o, como yo, escribe literatura en su lenguaje, respeta sus leyes, sirve a su sociedad. El mensaje de Israel a sus ciudadanos árabes es que no desea ser nuestro estado. Por otra parte, prefiere ser el estado de las personas que nacieron en otros lugares, que no hablan su idioma, nunca lo han visitado o pagado impuestos o lo han servido de alguna manera. El Estado de Israel dará la bienvenida a estos extranjeros, independientemente de donde sean, siempre que sean considerados judíos por la ley judía ortodoxa. Las personas que tienen la suerte de haber nacido de madres judías pueden, prácticamente de la noche a la mañana, recibir la ciudadanía israelí, unirse a la raza dominante y convertirse en amos de la población nativa. La Ley de Nacionalidad previene la posibilidad de multiculturalismo en Israel y rechaza cualquier historia o memoria colectiva que no sea la sionista. Al revocar el estatus del árabe como idioma oficial del estado, la ley le da un golpe más a la cultura que ha estado compitiendo por un puesto desde la fundación de Israel. El artículo 7 de la Ley de Nacionalidad, según la cual el Estado considerará el asentamiento judío como un valor nacional por el cual hay que trabajar para avanzar, tiene un tono claramente colonialista, abordando el asentamiento judío sin mencionar al 20 por ciento de la población que son árabes y viven en él en condiciones de hacinamiento, bajo la continua amenaza de que se apropien sus tierras. Si bien el mensaje a los ciudadanos árabes dentro del Estado de Israel es inequívoco, la Ley de Nacionalidad es turbia cuando se trata de los palestinos que residen en Cisjordania y Gaza. ¿Cuáles son los límites de la ley, y a quién se aplica, en un estado que evita declarar sus fronteras y se niega a aceptar las determinadas por el derecho internacional? ¿Acaso el hecho de que Israel controle a los palestinos en los Territorios Ocupados mediante un gobierno militar significa que ahora es un estado en el que una población tiene derechos civiles y una segunda población está bajo ocupación y carece de derechos civiles? La poderosa derecha en Israel desea anexar Cisjordania, o gran parte de ella, y algunas voces han estado diciendo que la ley israelí también debe instalarse en los Territorios Ocupados. Si esto ocurriera, ¿cómo se aplicaría la Ley de Nacionalidad a los millones de palestinos bajo ocupación? ¿Habría todavía una prohibición contra cualquier definición que no sea la nacional-judía? ¿No pretende esta ley impedir que el ala derecha conciba la posibilidad de que los palestinos se realicen en el Estado de Israel, es decir, un estado judío desde el mar Mediterráneo hasta el río Jordán, en el que solo se autoriza a los judíos a autorrealizarse y se les conceda una identidad nacional? Parece que la única esperanza para los millones restantes de palestinos de evitar perder lo que queda de

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Bajo la tutela de Washington

Fuente: Nilda Garré | El cohete a la luna Fecha: 29 de JUL 2018 El pasado lunes 23 de julio, el Presidente anunció una “profunda” reforma del sistema de Defensa Nacional, que tuvo su primera expresión en el Decreto 683/2018, que modificó el 727/2006 (reglamentario de la Ley de Defensa) y derogó el 1691/2006 (Organización y Funcionamiento de las Fuerzas Armadas). Esta decisión trascendental –que, a diferencia de las directivas sancionadas durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, va a contramano del espíritu de las leyes vigentes– vulnera el esquema legal e institucional establecido en nuestro país desde el retorno de la democracia en 1983. Representa, en efecto, el punto de partida para intentar quebrantar el ordenamiento jurídico compuesto por las leyes de Defensa Nacional N° 23.554 (1988), de Seguridad Interior N° 24.059 (1992) y de Inteligencia Nacional N° 25.520 (2001), compendio normativo que fue alcanzado con el más importante consenso multipartidario del que se tenga memoria y que se mantuvo a lo largo de treinta años. El tema fue prolíficamente analizado en los últimos días, de modo que simplemente conviene recordar cuáles son los ejes estructurantes de la medida y sus posibles consecuencias. En cuanto a los criterios ordenadores, cabe señalar que el decreto: habilita la intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna y para responder a “amenazas externas”, aun cuando estas no provengan de un Estado, como podría suceder con el delito organizado transnacional, tal como es el caso, por ejemplo, del terrorismo. De este modo se hace caso omiso de la resolución 3314 (1976) de la Organización de las Naciones Unidas, que sostiene que “agresión es el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de la ONU”; promueve la posibilidad de que las Fuerzas Armadas se adiestren y equipen para misiones de seguridad interior, lo que está vedado por nuestro sistema legal; y habilita que las Fuerzas Armadas desempeñen tareas de protección de los objetivos de valor estratégico, misión que actualmente desempeñan las fuerzas policiales y de seguridad. En este último caso, se realiza una interpretación forzada del artículo 31 de la Ley de Defensa, que señala que es una misión de la Gendarmería y de la Prefectura la custodia de esos objetivos de valor estratégico para la Nación. En lo que hace a las previsibles consecuencias de la medida, resulta clave enfatizar que asignar a los militares tareas propias del campo de la seguridad –como las labores antiterroristas o de lucha contra el narcotráfico que actualmente desempeñan las fuerzas policiales y de seguridad– supone conducir al instrumento militar de la Nación por el sendero de la “policialización” y su consecuente desprofesionalización. Con respecto al caso puntual del terrorismo –el “caballito de batalla” sobre el que se montó la propaganda oficial para marcar la supuesta desactualización de los artículos modificados del Decreto 727/2006 y del derogado decreto 1691/2006–, no resulta claro qué tipo de acciones y organizaciones serán consideradas de este modo por parte del Estado nacional. En consecuencia, los cambios efectuados podrían resultar funcionales, como bien ha indicado recientemente un colectivo de expertos y organizaciones no gubernamentales (https://www.cels.org.ar/web/publicaciones/fuerzas-armadas-en-seguridad-interior/), a la “deslegitimación, criminalización y represión de la protesta social y al uso de la inteligencia militar para el espionaje interno”. Los nuevos lineamientos impulsados por Macri constituyen un elemento de especial preocupación ante el actual escenario de deterioro económico y conflictividad social. Finalmente, no puede dejar de mencionarse que la mayor parte de las naciones latinoamericanas que han emprendido una reasignación de misiones para sus Fuerzas Armadas en dirección a “combatir” las denominadas “nuevas amenazas” han fracasado en su objetivo. La consecuencia de ello fue la creciente desprofesionalización de los uniformados y su involucramiento repetido en violaciones a los derechos humanos de sus ciudadanos como así también en hechos de corrupción. Los casos de México y Colombia constituyen referencias ineludibles, dado que sus actuales dirigencias –independientemente de posicionamientos políticos y concepciones ideológicas– están empezando a revisar sus políticas, atento a los fracasos obtenidos como consecuencia de la “militarización de la seguridad pública”. Precisados estos puntos, convendría estar muy atentos al resto de los anuncios que realizó Macri, puesto que en el medio de la discusión legal y doctrinaria algunas cuestiones podrían pasar desapercibidas.   Una nueva Directiva de Política de Defensa Macri comunicó la inminente aprobación de una nueva Directiva de Política de Defensa Nacional (DPDN), que sería el instrumento con el cual el gobierno reemplazaría a las dos DPDN sancionadas durante las administraciones de Cristina Fernández de Kirchner (Decretos 1714/2009 y 2645/2014). La directiva anunciada se enmarcará –según adelantó el presidente (https://www.youtube.com/watch?v=Z7OK8wnMlB4)– en una serie de criterios que se enumeran por ahora sin apreciaciones valorativas: modernización de las Fuerzas Armadas; atención a la misión principal del instrumento militar; apoyo a la política exterior del país (con énfasis en las operaciones de mantenimiento de la paz, la cooperación con los “países amigos” y la contribución a la política antártica); apoyo a las actividades de seguridad interior; protección en “eventos de carácter estratégico”; custodia de objetivos de valor estratégico e infraestructuras críticas; desarrollo de capacidades para la defensa en el ciberespacio; apoyo a la comunidad ante catástrofes y desastres naturales; actualización de la doctrina; accionar militar conjunto; mejora de los salarios; defensa de la “familia militar”; sanción de una nueva Ley de Personal Militar; y desarrollo de un nuevo sistema de reservas. El discurso del Presidente –a partir de la información provista por un teleprompter– no entró en detalle en ninguno de los puntos señalados, sino que se limitó a “leer los títulos” en unos siete minutos. A pesar de esa carencia expositiva y de no haber profundizado los ejes enumerados, pueden efectuarse algunas reflexiones: no hubo ninguna referencia a la desaparición del submarino ARA San Juan ni a las tareas de búsqueda. Tampoco mencionó el conflicto del Atlántico Sur y el enclave colonial que Gran Bretaña mantiene en Malvinas; y mucho

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La legitimidad del apartheid

Fuente: Jorge Elbaum | El cohete a la luna Fecha: 29 de JUL 2018 La aprobación el último jueves de la denominada Ley Fundamental del Estado Judío supone la degradación de la ciudadanía plena para quienes no poseen la identidad hebrea. La legislación aprobada en el congreso unicameral israelí (denominado Kneset) legitima jurídicamente la segregación fáctica que se instituye dentro del territorio israelí desde hace decenios, e impone nuevas condiciones de avasallamiento sobre los habitantes de los territorios ocupados (militarmente) de Palestina. La norma busca consolidar los privilegios (ya consagrados de hecho) que disfrutan los ciudadanos de ascendencia judía por sobre otros colectivos, que representan –dentro del territorio israelí— un 20 por ciento de la población (entre Beduinos, Drusos y árabes musulmanes). Israel nunca aprobó una Constitución Nacional pero esta norma, aprobada el último jueves, es asimilable a esa trascendente arquitectura jurídica. Fue aprobada por mayoría simple de 62 votos contra 55 en contra y dos abstenciones. Su objetivo prioritario es la imposición de la preeminencia judía sobre cualquier otro componente étnico, lingüístico y/o confesional. Los votos mayoritarios que aprobaron la ley supremacista fueron aportados por la alianza que agrupa a los sectores de derecha junto con los religiosos ortodoxos, liderados por el premier Bibi Netanyahu. La ofensiva de estos sectores ha sido empoderada por el presidente Donald Trump, quien recientemente buscó legitimar la anexión de Jerusalén oriental a través de la instalación de su embajada en esa ciudad. La normativa no sólo identifica al Estado con una identidad específica de sus habitantes (segregando a quienes no la poseen) sino que anula el árabe como idioma oficial, postulado como tal desde la propia declaración de independencia de Israel, en 1948. Legitima, además, la prohibición de que árabes musulmanes puedan acceder a comprar propiedades dentro de conglomerados definidos como hebreos. El segregacionismo aparece como la continuidad de recurrentes políticas persecutorias que se expresan en diferentes espacios sociales. El último 16 de julio el congreso se expidió contra la posibilidad de que grupos pacifistas –conformados por judíos y musulmanes—entre ellos Breaking the Silence, puedan sensibilizar en las escuelas sobre abusos del ejército en los territorios ocupados de Palestina. Dos días después, el gobierno prohibió –por exigencia de los religiosos fundamentalistas— que los ciudadanos homosexuales puedan convertirse en padres a partir de gestación de embriones en cuerpos subrogados. El 19 de julio se detuvo a un rabino independiente (de la jerarquía local) por no someterse a los mandatos de la ortodoxia. Y el 20 de julio, Netanyahu recibió con pompa –en Jerusalén— al premier húngaro, Viktor Orbán, el máximo exponente de la derecha neonazi europea. El último 25 de julio, por presiones del entorno del Likud, fue despedido el dibujante del Jerusalén Post, Avi Katz, por caracterizar a Bibi Netanyahu y a sus acólitos en el formato zoológico que se encabeza esta nota. Uno de los máximos promotores de la normativa segregacionista, el diputado de derecha Avi Dichter, expresó con claridad el motivo de la norma: “Sancionamos esta ley para evitar que Israel sea un país para todos sus ciudadanos”. Solo uno de los diputados de la derecha no acompañó el proyecto: el hijo del ex primer ministro Menajen Beguin (Beny), quien advirtió que “el patriotismo no se demuestra cuando se impone por sobre los derechos humanos. Ese patriotismo se deteriora y se convierte en nacionalismo”. (Otorgándole asó al término “nacionalista” un carácter fascista). Por su parte, el líder de la bancada laborista, Isaac Herzog –hijo de Jaim, ex presidente de Israel— consideró que la aprobación destruye “el principio de igualdad” y supone un descrédito inaudito de Israel ante la comunidad internacional. Los cuestionamientos han empezado a emanar, incluso, de sectores conservadores, como el caso del presidente del Congreso Judío Mundial, Ronald Lauder, quien, en una nota en el New York Times referida al debate de la ley segregacionista, afirmó: “Si las cosas continúan como hasta ahora, Israel tendrá que hacer una difícil elección: conceder plenos derechos a los palestinos y dejar de ser un Estado exclusivamente judío o rescindírselos por completo y dejar de ser una democracia”. El jueves pasado la derecha israelí eligió la última opción. Uno de los sectores que repudiaron la ley –los congresistas integrantes de la Alianza Conjunta (que agrupa a israelíes judíos antisionistas, musulmanes y árabes laicos)— advirtió a través de uno de sus voceros, el diputado comunista Yusef Jabarin, que el consentimiento con la normativa supone “una clara discriminación étnica hacia los ciudadanos árabes de Israel”. Otro de los diputados árabes, Issawi Frej (del partido progresista Meretz) cuestionó la terminología segregacionista utilizada y fue expulsado de la sala de la Knesset (parlamento israelí). Por su parte, el legislador Ayman Odeh enarboló una bandera negra. Mientras pronunciaba su alegato rompió una copia del proyecto y —junto a militantes del grupo Paz Ahora— definió la iniciativa como la “legalización del apartheid”. Todos ellos fueron conminados a abandonar la sala de sesiones. La integrante del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Hanan Ashrawi, expresó en un comunicado oficial que el proyecto de Estado-nación judío “otorga licencia a la discriminación, la limpieza étnica y el sectarismo a expensas del pueblo palestino”. La modificación del status de ciudadanía pretende utilizar al resto de los judíos del mundo como forma de apoyatura intangible de complicidad. Sin embargo, esta política no parece haber sido muy efectiva dado que muchos colectivos identitarios judíos –dentro y fuera de Israel— han repudiado abiertamente la ley segregacionista y han condenado el apartheid que promueve. A nivel local, el Llamamiento Argentino Judío se ha expedido reiteradamente ante los diferentes ejercicios represivos contra los palestinos y —en referencia a la ignominiosa ley segregacionista— tomó como propias los variados posicionamientos efectuados por los escritores judeo-israelíes Guideon Levy y Hamira Haas. [1] Esta última, en un valiente artículo publicado en el diario israelí Haaretz, el último 18 de julio profetizó: “Llegará el día en que la línea de crédito del Holocausto se agote. Llegará el día en que los líderes del colonialismo judío israelí serán enjuiciados. Llegará el

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Dilema de los drusos en Israel: honra propia, racismo o mercenarismo

Fuente: Daniel Kupervaser | daniel.kupervaser.com Fecha: 28 de JUL 2018 Según un proverbio muy común en Israel, “cuando un imbécil arroja una piedra al pozo, mil genios no lograrán extraerla”. Llevándolo al campo político, se puede decir que cuando la imbecilidad del liderazgo de un país se sobrepone al sentido común, nadie se debe sorprender del surgimiento de peligrosas e innecesarias crisis socio-políticas con imprevisibles consecuencias futuras. El desprecio e indiferencia hacia lo “no judío”, tan enraizado y generalizado en la sociedad israelí, principalmente en los alrededores de la capa dirigente del gobierno de Netanyahu, encegueció tanto a su gente de manera que, para perjudicar y agraviar a ciudadanos árabes israelíes, promulgaron la ley de Estado-Nación Judío. Este engendro tan racista y antidemocrático, necesariamente afectó a todo grupo étnico no judío de ciudadanía israelí. Sin lugar a dudas el golpe más incomprensible e injustificable lo recibieron los drusos israelíes. La etnia drusa israelí se rebeló de inmediato. En una solicitada en los medios locales manifestaron claramente su sensación: “nos tiraron a una manada de perros”[1]. Quien mejor lo expresó fue Amal Assad, general retirado del ejército israelí. Y así se manifestó: “26 años serví al ejército del Estado Judío. Tengo el derecho de exigir que también es mío, al igual que es de ustedes los judíos. Después que erigimos esta casa junto a los judíos, la ley Estado-Nación Judío nos saca a los drusos de su casa y nos sepulta del otro lado del cerco” (sepultar fuera del cerco del cementerio es una de las ofensas más graves en el judaísmo por manifestar serias dudas del judaísmo del difunto o por ser discriminado por las instituciones judías. DK). No es para menos. La colectividad drusa es parte inseparable de la sociedad israelí desde su independencia y toma parte positiva y muy activa en todos los ámbitos. Su lealtad al país es indiscutible, sus logros educacionales son un ejemplo y su predisposición a servir al ejército es mucho mayor que la de sus pares judíos[2]. Allí donde amplios sectores de judíos se escabullen para cuidar su sangre, la de los drusos se derrama en campos de batalla en defensa de Israel. Da la impresión que, pese a su larga experiencia en la sociedad israelí y su prolongado servicio en el ejército, el general Assad aun no logró compenetrarse del verdadero significado de su condición de no judío en Israel. La expresión “Israel judío y democrático” es una falacia que escuda la supremacía judía ante cualquier valor democrático de vigencia universal que pretenda cercenar esa indiscutida y sagrada posición privilegiada. Que no le quepa duda al general Assad. El proyecto de ley que obliga a palestinos a vender propiedades a judíos a precios fijados por el gobierno, tarde o temprano también le va a llegar el turno a viviendas y terrenos drusos. Presten atención a las declaraciones al respecto del parlamentario Bitan, mano derecha de Netanyahu: “No hay motivo alguno que una minoría de 120 mil habitantes reciba derechos especiales en la ley Estado-Nación Judío. Son solo 120 mil personas. Ellos tienen que respetar a la mayoría”[3]. Conclusión de las palabras de Bitan: la mencionada ley otorga “derechos especiales” solo a judíos: racismo puro. Atento al embrollo que causó el extremismo que promovió la ley que puede hacer temblar pilares básicos de la existencia de Israel, Netanyahu se movilizó rápidamente para estabilizar la situación. Repentinamente se dio cuenta que su expresión “los drusos son carne de nuestra carne”[4] de años atrás se revela como uno más de sus vulgares y reiterados embustes. Netanyahu llamó a una reunión urgente de parlamentarios drusos de la coalición gubernamental junto a varios ministros. En esa oportunidad, el Primer Ministro de Israel dio a entender que no tiene ninguna intención de modificar la ley Estado-Nación Judío. Como contrapartida, se propone ser muy dadivoso en dedicar millonarios presupuestos destinados a la etnia drusa, como así también, exonerar a este sector de la población (y no a árabes israelíes) de ley especial que permite la demolición de una masiva construcción ilegal en sus aldeas[5]. Igualdad a la judía: vista gorda a delincuencia de construcción ilegal judía en Cisjordania y drusa en Israel. Drusos sorprenden a Netanyahu Para la atención del liderazgo druso en Israel, las cartas están sobre la mesa. Solo hay cinco alternativas y la colectividad drusa deberá decidir su posición al respecto. Ante la ponencia ya presentada por representantes de la colectividad drusa en Israel, la Corte Suprema de Justicia deroga esta ley por afectar significativamente derechos humanos básicos. La chance de este desenlace es reducida dado el temor del alto tribunal ante las crecientes amenazas de intervención del ejecutivo por lo que denomina atribuciones excesivas de la Corte. El gobierno, ante presiones internas y externas, decide abolir la ley por iniciativa propia. Posibilidad muy remota. El gobierno enmienda la ley de manera que en su marco se conceden explícitamente “derechos especiales” solamente a los drusos, paralelos a aquellos ya otorgados a los judíos. El gobierno no modifica la ley, pero la colectividad drusa esta dispuesta a aceptar recompensas, tales como las propuestas por Netanyahu en la reunión antes mencionada. El gobierno no modifica la ley y la colectividad drusa rompe los vínculos históricos con el liderazgo judío. Las dos primeras alternativas son las mas cómodas para la colectividad drusa. En ambos casos la situación retorna al principio sin modificaciones. Se debe resaltar que ambas alternativas son de bajas posibilidades de concretarse. La situación se complica seriamente ante las tres últimas alternativas. La tercera opción, definir a los drusos como etnia privilegiada, les restaura su posición igualitaria con los judíos, pero necesariamente los convierte ante todo el mundo en cómplices y coparticipes junto al judaísmo de un proyecto discriminador y racista. Aceptar las propuestas de Netanyahu de recompensas materiales (opción 4), justificadas principalmente por su activa participación en la defensa de Israel, conlleva un alto precio moral. Sera muy difícil convencer al mundo que se trata de un grupo étnico que se honra a si mismo y,

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