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Autor: Raúl Kollman / Página 12 01 FEBRERO 2017 Apenas se levantó la feria judicial se activó la causa contra la ex Presidenta por supuesto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a la AMIA. La denuncia había sido desestimada en cuatro oportunidades. El juez federal Ariel Lijo delegó en el fiscal Gerardo Pollicita la investigación por la denuncia que hizo Alberto Nisman antes de morir. Pollicita es un integrante de la armada de Comodoro Py que durante el último año, en conexión con el macrismo y una parte de los medios, impulsó una serie de causas judiciales contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, sus funcionarios y cualquiera que hubiera tenido relación con el gobierno anterior. La acusación en el expediente iniciado por Nisman es por encubrimiento, es decir por haber favorecido a los iraníes sospechados de haber perpetrado el atentado contra la AMIA. Como en su momento señaló el juez Daniel Rafecas se cuestiona un Memorándum que nunca entró en vigencia; capturas con alertas rojas que se iban a levantar pero nunca se levantaron; una Comisión de la Verdad que iba a favorecer a los iraníes pero que nunca existió, un supuesto acuerdo con Irán de intercambio de granos por petróleo que nunca ocurrió y el armado de una pista falsa de nazis locales que tampoco se instrumentó nunca. Aún así, se pone en marcha una serie de medidas, algunas de las cuales exhiben la evidente intencionalidad de armar, como sea, una imputación contra CFK y su canciller, Héctor Timerman. Ofensiva La decisión de Lijo de delegar la instrucción en el fiscal fue interpretada por algunos en Comodoro Py como «bajarle el precio al expediente». No es el juez el que se involucra directamente sino que se saca de encima la causa. Otros interpretan que, como es un expediente fuertemente político, se lo entregó a alguien que tiene un interés político en el caso. Pollicita integró la comisión de seguridad de Boca Juniors en época de Mauricio Macri y luego integró la comisión electoral en representación de los directivos, cercanos al actual presidente. En su momento, Lorena Martins, quien denunció a su padre, el espía y dueño de postríbulos Raúl Martins, recusó a Pollicita por sus vínculos con el macrismo. En 2016, el fiscal, junto a su par Ignacio Mahiques, encabezó la acusación por asociación ilícita contra CFK por la obra pública en Santa Cruz, sobre la base de un informe realizado por la administración macrista de la Dirección de Vialidad. La causa es llamativa: el informe no dice lo que Pollicita-Mahiques sostienen, se hizo a las apuradas, investigándose a una sola provincia y, de hecho, a una sola empresa: la de Lázaro Báez. Y la figura de la asociación ilícita no sólo es inconstitucional sino que implica casi calificar de esa manera a un gobierno votado en las urnas. Juez Aunque obviamente Pollicita empezará a instrumentar medidas de investigación, tarde o temprano habrá que dirimir qué juez se queda con el expediente. En otras de las maniobras insólitas de Comodoro Py, los camaristas e integrantes de Casación alineados con el macrismo permitieron el armado de una causa paralela, con el mismo objeto procesal. El segundo expediente fue iniciado por dos denunciadores de derecha, vinculados al PRO, y luego lo reforzó la dirigencia de la DAIA aportando a dos familiares de las víctimas del atentado, cercanos a esa dirigencia. La imputación contra CFK y Timerman fue por traición a la patria –nada menos–, un delito por el que nunca hubo un procesamiento desde que se imputó a Juan Domingo Perón en 1956. El expediente lo viene instruyendo el juez federal Claudio Bonadío, punta de lanza contra el kirchnerismo. El magistrado, en lugar de enviar como corresponde la denuncia al juez original, Rafecas, decidió seguir adelante con esa causa colectora. Lijo firmó una resolución disponiendo la apertura de un incidente. Bonadío pide hacerse cargo de todo el caso, ya que se trata del mismo objeto procesal –el Memorándum y los sospechosos iraníes–, pero Lijo considera que su expediente es el anterior porque es el que se instruye en base a la denuncia original de Nisman. Lijo rechazará el pedido de Bonadío y habrá que ver si éste acepta. En caso de discrepancia, resolverá la Cámara Federal. Sería grotesco que le den la instrucción a Bonadío, pero cosas por el estilo ya han ocurrido en Comodoro Py. Medidas Por supuesto que las medidas propuestas por Pollicita, más de 50, van adelantando hacia adonde va la investigación, aunque hay cartas que serán exhibidas más tarde. El menú inicial lo integran el espía Horacio Jaime Stiuso, echado durante el gobierno de CFK; actuales funcionarios como Laura Alonso y Patricia Bullrich, dirigentes de la AMIA y la DAIA, un grupo de periodistas de Clarín y La Nacion, el ex vicecanciller García Moritán, que terminó enfrentado con el gobierno anterior, y también los ex cancilleres Rafael Bielsa y Jorge Taiana. Hay también medidas de manual, como la transcripción de las 40.000 horas de escuchas telefónicas realizadas principalmente al referente iraní en la Argentina, Youssuf Khalil, y los entrecruzamientos de llamadas de otros imputados como Luis D’Elía, Fernando Esteche, el ex juez Héctor Yrimia, el diputado Andrés Larroque y el curioso espía o falso espía, Allan Bogado. Se supone que entre estas personas, ninguno con responsabilidad ejecutiva, se armó el plan de encubrimiento. Como la hipótesis de la denuncia de Nisman es que se trató de anular las órdenes de captura de Interpol –cosa que no ocurrió–, el secretario general de Interpol de aquella época, el norteamericano Ronald Noble, debería ser el primer testigo. Timerman ya exhibió las cartas de 2013 en las que quedó claro que el Memorándum con Irán no podía alterar las órdenes de captura: las cartas que fueron y vinieron están firmadas tanto por el canciller como por el secretario general de Interpol. Noble ya dijo en Página/12 y en The Wall Street Journal, que la denuncia de Nisman era falsa y fue muy elogioso con Timerman. Habrá que

Autor: Gabriela Cerruti/Nuestras Voces 23 de ENERO 2017 Desde que fue secuestrado, Mauricio Macri está obsesionado con las escuchas, el espionaje y el lado oscuro de la seguridad. Al frente del Estado Nacional amplificó el aparato que había montado en la ciudad de Buenos Aires junto al ex comisario de la Federal Fino Palacios. El fiscal Nisman, que había denunciado a Macri por realizar escuchas ilegales, nunca habría podido imaginar que su acusado terminaría rearmando en el Estado Nacional el mismo esquema en el que se entremezclan los vínculos del policía encubridor de la causa AMIA y ex agentes de la CIA y el FBI que digitan el espionaje en el mundo a través de grandes agencias privadas. Cuando el fiscal Alberto Nisman acusó a Mauricio Macri y sus ministros de montar un aparato de inteligencia ilegal en el estado no podía imaginar que unos años después él estaría muerto y su acusado habría llegado a Presidente y que volvería a montar en el Estado Nacional el mismo aparato de inteligencia en el que se entremezclan los vínculos del policía encubridor de la causa AMIA, Roberto Fino Palacios, y ex agentes de la CIA y el FBI que digitan el espionaje en el mundo a través de grandes agencias privadas. “Si se meten con Gustavo, se meten conmigo”, cita el editorialista de Clarín, Eduardo Van Der Kooy a Mauricio Macri. No es para menos: Arribas no es sólo el hombre de los negocios del Presidente, sino también su nexo con el mundo de la seguridad y el espionaje, que fue y es una obsesión para Macri desde su secuestro a finales de los años 90. Arribas y el ahora ministro de modernización, Andrés Ibarra, armaron junto al Fino Palacios el esquema de seguridad y negocios en Boca, que terminó con Macri procesado por la compra irregular de cámaras de seguridad. También formaron parte de la trama por la que se armó el aparato de escuchas ilegales desde el gobierno de la ciudad que llevó a que Macri fuera procesado, con confirmación de la Cámara Federal y la Cámara de Casación Penal, como jefe de una asociación ilícita montada con recursos públicos para espiar a los opositores y sus familiares. La causa, en la que se amontonan las pruebas, espera para ser tramitada en juicio oral. Macri debió usar toda su influencia para que el día antes de asumir como presidente lo sobreseyeran en un dictamen escandaloso, en el que el juez Sebastián Casanello se desdice de todo lo que había afirmado hasta el momento. El espía porteño El modus operandi para llevar adelante las escuchas a Sergio Burstein, familiar de víctimas de la AMIA, y su cuñado Néstor Leonardo fue el mismo que se conoció ayer cuando se difundieron las escuchas a la ex Presidenta. Burstein y Franco fueron denunciados en una causa armada, un juez de Misiones ordenó las escuchas y el espía Ciro James, empleado de Macri e Ibarra en el gobierno de la Ciudad y de Palacios en la metropolitana, las llevó adelante. Todo quedó probado en la causa, y el sobreseimiento de Casanello se basó solamente en que Ackerman Group no contestó los oficios en que le pidieron información para saber si había intervenido por orden de Franco Macri. Macri reconoció que había nombrado a Palacios al frente de la policía metropolitana “por recomendación de la CIA”, aunque nunca mencionó directamente a Ackerman. En la causa judicial por las escuchas ilegales, Franco Macri aseguró que la agencia norteamericana le había ayudado a llevar adelante las escuchas. Lo que ni Franco ni Mauricio ni Casanello pudieron explicar es cómo desligar al jefe de gobierno de un aparato de escuchas en el que participaron el ministro de Educación, el ministro de modernización, el jefe de Policía, empleados del gobierno y jueces amigos de su amigo el ahora embajador en España Ramón Puerta. -Fue mi papá. Esa fue la respuesta de Mauricio Macri cuando le pregunté cómo explicaba que se hubiera mandando a espiar a su cuñado y sus oponentes políticos. -Fue mi papá. Arribas no es sólo el hombre de los negocios del Presidente, sino también su nexo con el mundo de la seguridad y el espionaje, que fue y es una obsesión para Macri desde su secuestro a finales de los años 90. Pero Arribas e Ibarra siguieron adelante con el montaje del aparato de inteligencia, que mezcla la pata estatal con las actividades de Edgardo Auon, un hombre del ex comisario Palacios que hoy pisa fuerte en la Agencia de Inteligencia y los servicios de ex agentes de la CIA nucleados en mega agencias de espionaje y seguridad: Kroll y Ackerman Group. del ex comisario Palacios que hoy pisa fuerte en la Agencia de Inteligencia y los servicios de ex agentes de la CIA nucleados en mega agencias de espionaje y seguridad: Kroll y Ackerman Group. El poder del norte Las dos agencias se instalaron en la Argentina de los noventa, de la mano del entonces embajador norteamericano Terence Todman. A ellas recurrió Franco Macri cuando secuestraron a su hijo y desde entonces siguieron prestando servicios para La Famiglia. No son lo mismo, y en Estados Unidos compiten por los clientes, pero aquí fueron mezclándose en causas que recurrentemente rodean a los Macri. Kroll compró la agencia Holder, cuyo brazo ejecutor en la Argentina es Eugenio Pipo Ecke, investigado en la causa por el asesinato de José Luis Cabezas, involucrado en el suicidio de Alfredo Yabrán y que volvió a aparecer en la causa por la muerte de Nisman: el Audi que manejaba el fiscal, valuado en doscientos mil dólares, era de Claudio Picón, yerno del ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy , y socio de Ecke con quien comparte varias empresas y domicilio fiscal. Curiosamente, Ecke une también la causa de las escuchas ilegales de Macri con la muerte de Nisman. Además de escuchar a su cuñado Leonardo Franco y a la víctima de la AMIA Sergio Burstein, el aparato que operaba Ciro

Autor: Juan Cruz Guido/APU 26 de ENERO 2017 Luego de presentarse ante el fiscal federal Federico Delgado para aportar información en la causa que investiga presuntos sobornos de la constructora brasilera Odebrecht al titular de la AFI, Cafiero dialogó con AGENCIA PACO URONDO. Agencia Paco Urondo: ¿En qué consta su denuncia presentada en el año 2005 contra Gustavo Arribas, por presunto lavado de activos? Mario Cafiero: Ante la tremenda difusión que, en su momento, había en Brasil de las irregularidades en torno al pase de Carlos Tevez de Boca al Corinthians de San Pablo, me presenté ante la Unidad de Información Financiera, que en ese momento presidía Alicia López. El escándalo que despertó la transferencia incluyó una investigación de la Unidad Antilavado de allá, ya que se sospechaba que la mafia rusa estaba detrás del consorcio que lideraba Kia Joorabchian y que adquirió el pase. En ese contexto es que aparece la figura de Gustavo Arribas, que actuó como intermediario. Mauricio Macri, que en ese momento era presidente del club Boca Juniors, salió a defender la operación de una manera poco convincente, argumentando que él no tenía por qué averiguar el origen de los fondos de quien compraba. APU: Es una respuesta similar a la brindó el director de la AFI ayer ante la justicia y la prensa, en relación al origen de los giros que recibió en el Credit Suisse de Suiza. MC: Es un claro ejemplo de lo que es la “ética empresarial”. Donde sí es un negocio, a otra cosa. Justamente cuando se analiza la cuestión del lavado es que uno debe conocer el origen de los fondos sino se es parte una cadena de ilícitos. En esa ocasión nos reunimos con varios dirigentes del fútbol para que se modificara la ley de lavado y se obligara a los clubes a informar cuando se vendían jugadores. De esta manera buscábamos clarificar las transacciones que en muchos casos incluían triangulaciones como mínimo sospechosas. APU: ¿Cómo se concreta la llegada de Gustavo Arribas, ex escribano de SOCMA, al negocio de la venta de futbolistas? MC: Arribas entra en Boca a manejar el tema pase de jugadores. No tenía la menor idea de la cuestión, pero a partir del apoyo de Macri, aprende el negocio y comienza su actividad comercial. Siempre estuvo vinculado con triangulaciones donde se transferían los derechos del jugador a un club ignoto, como el caso de Deportivo Maldonado, y luego se lo revendía al verdadero comprador, generalmente un club de Europa. Tal fue el caso de Geronimo Rulli y Jonatán Calleri, jugadores de jerarquía internacional que fueron vendidos a una institución de segunda división del fútbol uruguayo para luego ser transferidos a clubes top del mundo. Una triangulación realmente bochornosa, que no tiene ningún sentido más que estar ocultando dinero o evadiendo impuestos. APU: ¿Cómo interpretó la designación de Arribas al frente de la AFI, teniendo en cuenta la nula experiencia para el cargo? MC: Tal como señaló el fiscal, hay que ver el contexto y las relaciones entre él y el presidente. Arribas es un hombre de su círculo íntimo, confesado por el mismo Mauricio Macri al momento de nombrarlo. Como señalabas, fue escribano del Grupo Macri y por eso cualquier cuenta sospechosa no declarada y ligada a la obra pública da para generar justificadas sospechas. Si es así o no, lo dirá la justicia. Pero, de todas maneras, el señor Arribas tiene que empezar a explicar con mayor detalle su declaración jurada patrimonial. APU: Usted denunció serias inconsistencias en su declaración jurada… MC: Para empezar, en su declaración ante el fisco no figuraban sus cuentas en Suiza. También varias organizaciones ciudadanas, al momento de la discusión de los pliegos de la AFI en el Senado, denunciaron que había sociedades vinculadas al actual director que no estaban declaradas. La más conocida es HAZ, que es justamente la que intermedia jugadores. Allí se detectó que hay una causa penal tributaria contra Arribas por el pase de Gerónimo Rulli, de Estudiantes de La Plata. Todo esto tampoco figuraba en el expediente que se analizó en el congreso. Ante estas acusaciones, Arribas respondió que el sólo declaró los bienes que tributan en Argentina. Por el contrario, siendo que es funcionario nacional debe declarar todo su patrimonio para que, en última instancia, la justicia investigue. APU: A la luz de los hechos, ¿qué opinión le merece la actuación de la UIF luego de que es presentada su denuncia? MC: El fiscal Delgado ha avanzado en esa línea de investigar el desempeño de la UIF. Por un lado, en relación al por qué “cajoneó” la causa en el 2005. Pero también se debe investigar el motivo por el que este año, según consignó Alconada Mon en La Nación, la UIF no actuó ante el informe de las operaciones sospechosas que recibió en relación a las transferencias en Suiza. No remitió la información ni a la Procuración, ni al Ministerio de Justicia y ni siquiera al Senado que estaba en ese momento discutiendo el pliego de Arribas. Por eso, en mi presentación ante el fiscal, me pregunto ¿qué hubiera pasado si se hubiera investigado a fondo el pase de Tevez en el 2005? Probablemente Gustavo Arribas no sería director de la AFI y Mauricio Macri no hubiera sido electo presidente.