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Autor: Juan Grabois /Tiempo Argentino 30 de DIC 2016   Se armó su propio Cantri con una pileta enorme.Maneja las fuerzas de seguridad, el intendente y el Concejo Deliberante como si fueran empleados. Aprieta testigos y amenaza a la población. Se queda con los títulos de propiedad de la gente. Se apropia de recursos públicos y los maneja ‘a piacere’. Corta rutas a punta de pistola. No cumple con las leyes. Todas sus operaciones son irregulares. Hasta aquí, el relato coincide con el que nos han contado sobre Milagro Sala, pero el protagonista de esta historia no es una coya sino un magnate inglés, la séptima fortuna del Reino Unido. Se llama Joseph Lewis, Joe para los amigos. En su entorno no hay Shakira en jogging sino atléticos ejecutivos de traje Armani. Su holding está integrado por empresas como Hidden Lake y algunas offshore; no por cooperativas con nombres grasa tipo Pibes Villeros. El gobernador de Río Negro, su base operacional, lo defiende a capa y espada. El intendente del Bolsón, Bruno Pogliano, fue contador suyo hasta antes de asumir. Su exvocera personal, Dalina Pinacho, es hoy jefa en Radio Nacional. Lewis también comparte el rancho y el helicóptero con el presidente Mauricio Macri. El ingeniero no es el único afortunado: Joe recibe a políticos, empresarios y periodistas con quienes goza de la exclusiva vista del lago que nos robó a todos los argentinos. Obvio, Lewis no está preso, goza de buena prensa y a nadie se le ocurre plebiscitarlo. Una vez, sí, plebiscitaron su proyecto y perdió por el 79% de los votos. Joseph tuvo un sueño y empezó de abajo. Quería su propio Estado en la Patagonia. Pergeñó un plan y lo va llevando adelante. Buscó amigos, encontró aliados, siempre supo untar manos ávidas de libras esterlinas. Empezó encerrando el Lago Escondido, fue desarrollando la infraestructura colonial y ahora dio el batacazo con la aprobación municipal para el desarrollo del proyecto Laderas. A Joe nunca lo amilanaron los obstáculos. Arrasó con todos: leyes, fallos judiciales, dos reservas naturales, bosques, lagos, ríos, mapuches, criollos, instituciones, plebiscitos. Es un hombre de tesón que supo levantarse frente a cada derrota. Tuvo su primer revés importante en 2009 cuando el Superior Tribunal de Justicia (STJ) ordenó «asegurar el acceso al lago Escondido con adecuada señalización y asegurando la transitabilidad» por el camino conocido como del Tacuifí. Desde luego, la gobernación debía ejecutar la sentencia, pero Alberto Weretilnek nunca cumplió y el lago sigue siendo el parque acuático privado del caballero inglés. La del STJ era una sentencia firme y, desde luego, ante el incumplimiento, hubo protestas ciudadanas en distintos puntos del país. En ese contexto, su testaferro, Van Ditmer, afirmó: «Vamos a defender la propiedad privada con el Winchester en la mano, con sangre si hace falta». Más allá de su concepto amplio de propiedad privada, cumplió su amenaza cada vez que las organizaciones comunitarias intentaron acceder al Lago. Lewis supo tener una política de «responsabilidad social» que algún tiempo le granjeó la simpatía de parte de la población de El Bolsón y que esgrimen sus defensores para mostrar que tan malo no es. Roba pero hace. Puso unas canchitas de fútbol y una escuelita. Una obra bastante menor a la de Milagro Sala y bastante más floja de papeles. Su jefe de responsabilidad social renunció espantado cuando entendió para qué clase de ‘mostro’ estaba trabajando, pero a nadie le interesa demasiado lo que tiene para decir. Con la asunción de Macri en la Presidencia, el «Estado Paralelo» de Lewis dio un salto de calidad. Apuraron el tranco al grito de ‘vamos por todo’ y en abril ya estaban desmontando la tercera reserva de cipreses más importante del mundo para que pase un cable de alta tensión. Se olvidaron de pedir autorización, ningún estudio de impacto ambiental, concesión vencida, contratista habilitado únicamente para operar en «venta de chacinados y carnes rojas»… A ningún organismo oficial se le ocurrió denunciarlo. A su carnicero contratista, Lewis le dio una retroexcavadora nueva, mucha plata y garantías de impunidad. El tipo, con un poco de vergüenza, le dio para adelante y el tajo que recorre la reserva ya tiene más de nueve kilómetros. Desde las organizaciones lo denunciamos hace más de seis meses. No a él, pobre hombre, sino al gobernador, Lewis y cía. El fiscal Arrien y el juez Burgos se están tomando su tiempo para decidir si realizan algún acto procesal, mientras dilatan los plazos pidiendo informes y mandando el expediente de acá para allá. El relato del ‘lewisismo’ era que el electroducto iba a abastecer de energía al Bolsón. Joe nos iba a vender la energía que se robaba del Río Escondido a precio diferencial por ser renovable. Las maravillas de la desregulación del mercado energético. Un negocio extraordinario aunque, por su volumen, relativamente chico. Pero el objetivo real es bastante más ambicioso y siniestro. Lo que parecía una teoría conspirativa de los ambientalistas de El Bolsón se comprobó. La traza del electroducto, oh casualidad, pasa por la Pampa de Luden donde, contra toda norma, Lewis proyecta consolidar su Estado Paralelo. La Pampa de Luden es un monumento natural que cuadriplica en superficie la Ciudad de Buenos Aires. Lewis quiere instalar ahí un centro de sky, una cancha de golf, comercios, un lago artificial y, desde luego, algunos ricachones para completar el proceso de colonización. Desde ya, esta ciudad amurallada necesita energía: no están arruinando la Reserva para vender electricidad renovable al interconectado nacional sino para canalizar la energía hacia la nueva colonia. También necesita agua: el agua que hoy mantiene viva la Reserva de Biósfera Andino Norpatagónica y la población campesina de Mallín Ahogado. La semana pasada, en una escandalosa sesión que provocó la más masiva movilización popular que recuerda la comarca, el Concejo Deliberante dominado por el PRO, la UCR y los ediles de Weretilneck, custodiados por una pequeña pero aguerrida patota, aprobaron el loteo de Laderas SA. Horas antes, esa banda había secuestrado y golpeado ferozmente dentro del edificio

Autor: Ricardo Ragendorfer/Nuestras Voces 13 de DIC 2016 El decreto que permitió al padre del presidente Macri —y otros familiares de funcionarios—- blanquear capitales tiene un antecedente: Martínez de Hoz, ministro de la dictadura, impulsó la derogación de la ley que gravaba las herencias 48 horas después de la muerte de su padre, el 29 de marzo de 1976, argumentando que así se “fortalecerá la unidad de la familia, espina dorsal del cuerpo social”. Ya en democracia, Martínez de Hoz intercedió por Franco y Mauricio Macri ante Rockefeller para reflotar un negocio inmobiliario en Nueva York junto a Donald Trump, hoy presidente de los EE.UU. “Estoy retirado. Yo no soy nadie”, soltó Franco Macri, con voz quejumbrosa. Una frase digna de Shakespeare, pero destinada a una puesta en escena de bajo presupuesto. De hecho, resultó muy pintoresco que fuera pronunciada en una entrevista con el cura Juan Carlos Molina –secretario de la Sedronar durante el kirchnerismo– para el programa Derribando Muros, de Radio Rebelde, una emisora vinculada al piquetero Luis D’Elía. El anciano patriarca del Grupo Socma replicó así las insidiosas afirmaciones que lo describían como principal beneficiario del decreto suscrito por su hijo, el Presidente de la Nación, para habilitar el blanqueo de capitales a familiares de funcionarios, algo expresamente vedado por la ley de Sinceramiento Fiscal, votada cuatro meses antes. Ya se sabe que don Franco tiene algunos asuntos offshore en Bahamas y Panamá. De modo que el FpV y Libres del Sur hicieron sendas denuncias penales contra Mauricio Macri, Marcos Peña Braun y Alfonso Prat Gay por “abuso de autoridad” y presentaron una cautelar para declarar la “inconstitucionalidad” de esa modificación: A su vez, el massismo propuso una comisión bicameral en el Congreso y el resto del arco opositor salió a repudiar el decreto. Mientras tanto, se desataba una grave crisis en la alianza gobernante por diferencias con la UCR y la Coalición Cívica, puesto que la exclusión de los parientes había sido condicionada precisamente por sus líderes. Esa es la primera cuota que Macri tuvo que pagar por su notable innovación institucional: haber convertido la fortuna del papá en una política de Estado. Una osadía casi monárquica que, por cierto, reconoce un único antecedente en la historia argentina. Su hacedor: José Alfredo Martínez de Hoz. La herencia recibida En el verano de 1976, “Josecito” –tal como sus allegados llamaban a Martínez de Hoz– participaba de un safari en África. El tipo era un cultor de la cacería a cuchillo; es decir, solía degollar a sus presas. En tales circunstancias, supo de su nombramiento como ministro de Economía del régimen dictatorial a punto de instaurarse. Y voló con urgencia a Buenos Aires. Pero su debut en el cargo se vio empañado por una inesperada desdicha: la muerte de su padre. El viejo José Alfredo –todos los primogénitos de la estirpe se llaman así– exhaló su último suspiro el 26 de marzo de ese año, a solo semanas de cumplir 80 primaveras. Y al día siguiente, fue inhumado en la Recoleta ante una sobria concurrencia en cuya indumentaria prevalecían trajes negros, tapados de piel, uniformes y sotanas. El hondo pesar por semejante pérdida quedó plasmado en la kilométrica lista de condolencias que publicó aquel miércoles el diario La Nación. No era para menos. Ese hombre de linaje patricio era bisnieto de don José (a secas) Martínez de Hoz –el ganadero esclavista que inició la dinastía–, nieto del fundador de la Sociedad Rural Argentina (SRA) e hijo del José Alfredo que alternó el manejo de aquella central agropecuaria con la presidencia del Banco Provincia. Y él, formado en el prestigioso Eton College, de Londres, era propietario del haras Chapadmalal y administrador de los campos familiares, además de integrar el directorio de La Forestal, entre otras grandes empresas. Al mismo tiempo fue vicepresidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), luego, titular de la Asociación de Criadores Argentinos y, finalmente –al igual que sus antepasados–, presidió la SRA. De su unión con la señora Carola Cárcano, nació en 1925 su único hijo, el futuro ministro. Éste, graduado en derecho con las mejores calificaciones –y con posgrados en Cambridge y Florencia–, se volcó a los negocios familiares, diversificando el rubro terrateniente con empresas eléctricas, de acero, petróleo y seguros. A la vez, incursionó en la función pública como ministro de Economía de Salta durante la Revolución Libertadora y, en 1962, ocupó ese mismo cargo a nivel nacional en la presidencia de José María Guido. Ya a mediados de los ’70, fue la cara visible del Consejo Empresario Argentino, desde donde diseñó el plan económico de la dictadura. Ahora, ante el ataúd de don José Alfredo, un devastado Josecito ideó a modo de homenaje una medida de gobierno que “fortalecerá la unidad de la familia, espina dorsal del cuerpo social”. Tales fueron las palabras que utilizó el 29 de marzo de 1976 para fundamentar la derogación de la ley 11.287 –sancionada durante el gobierno de Alvear–, que estipulaba un canon al “enriquecimiento patrimonial gratuito” y destinado al “tesoro escolar”. En otras palabras, a solo 48 horas de la muerte de su padre –cuyo testamento fue muy generoso con él–, Martínez de Hoz no dudó en borrar de un plumazo el impuesto a la herencia. El momento, claro, no pudo ser más oportuno. Desde entonces transcurrieron cuatro décadas. Al respecto, un interrogante: ¿Macri habrá tenido en mente tal historia al estampar su rúbrica en ese decreto tan a la medida su propio padre? Sólo él lo sabe. Al maestro con cariño “Nuestro programa económico consiste en manejar la inflación, el endeudamiento externo y la recesión. Esa base apunta a reinsertar al país en la economía internacional, según las ventajas que ofrece el campo y la minería. En ese marco no favorable a la industrialización como núcleo dinámico de la economía, las inversiones extranjeras son un elemento esencial para reducir el costo social del proceso de capitalización y acelerar su tasa de crecimiento”. No sería extraño que