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Fuente: Pedro Goldfarb*  Fecha: 10 de SEPT 2017 Desde hace un año y medio, ciudadanos de Israel y Argentina están llevando una batalla pública y legal frente el Ministerio de Defensa israelí exigiendo que revele todos los documentos sobre las relaciones entre el Estado de Israel con la Junta militar argentina entre los años 1976 y 1983. Estamos hoy doloridos y decepcionados por la decisión del Ministerio de Defensa israelí de rechazar nuestra solicitud, argumentando que todos los documentos sobre la cooperación en la materia de defensa y de seguridad entre los países son confidenciales y que su publicación perjudicará la seguridad de Israel. Israel es acusada de ser un proveedor muy importante de armas y de entrenamiento militar para la junta, mientras que las autoridades israelíes alegan que reclamaron «cautela» en las ventas de armas y las limitaciones que el gobierno israelí mantuvo en pié debido a compromisos anteriores y otras razones. La respuesta del Ministerio de Defensa sólo acrecienta nuestra determinación de exigir la apertura de todos los documentos sobre las relaciones de Israel y el ministerio de Defensa con la Junta Militar para entender cuál era su naturaleza y cuáles eran sus verdaderos objetivos. En los próximos días, el Primer Ministro israelí Benjamin Netanyahu realizará una visita oficial a Argentina. Probablemente , durante su visita repetirá la demanda de Israel, que Argentina procese a los responsables del ataque en el edificio de la comunidad judía en Buenos Aires y, en consecuencia, cambie sus relaciones con Irán. Creemos que paralelamente al pedido de castigo a los responsables de la tragedia ocurrida en el edificio de la comunidad judía en Argentina (AMIA) en los años noventa, es muy importante investigar las tragedias que atravesó la comunidad judía durante la Dictadura Militar, en la que no menos de 2000 judíos desaparecieron o fueron asesinados, entre ellos dos jóvenes estudiantes de ciudadanía israelí, de un total de alrededor de 30.000 ciudadanos y ciudadanos argentinos desaparecidos y asesinados durante esos años. Como parte del fortalecimiento de las relaciones entre Argentina y Estados Unidos, y tras la visita de Obama a Buenos Aires, el Presidente de los EEUU entregó al gobierno argentino miles de documentos oficiales estadounidenses de la época de Dictadura 1976-83, clasificados como secretos hasta ese momento. No hay ninguna justificación para que el Gobierno Argentino renuncie a la demanda para recibir los documentos oficiales israelíes clasificados, que pueden ayudar conocer la verdad en el proceso de reconciliación en Argentina. Por lo tanto, pedimos al Estado de Israel y a Argentina que aprovechen la próxima visita del Primer Ministro israelí en Buenos Aires para desclasificar los documentos secretos israelíes sobre las relaciones entre Israel y la junta. Creemos que la verdad, por dolorosa que sea, es mejor que la ambigüedad. Sólo así, los dos países podrán demostrar su compromiso con el principio de «Nunca más». *Pedro Goldfarb, Lev Luis Grinberg, Nora Grinberg, Claudio Kogon, Jessica Nevo, Ariel Niezna, Shlomo Slutzky y Graciela Cors

Fuente: Ricardo Ragendorfer | TiempoAR Fecha: 10 de SEPT. 2017 El 7 de septiembre hubo en El Bolsón una marcha por la aparición con vida de Santiago Maldonado que partió desde la plaza Pagano. Ya entonces se notó la presencia de un sujeto que fotografiaba la columna desde una esquina. Luego el «espía» siguió esa procesión a bordo de una camioneta Toyota Hilux. Y tres cuadras después, a pocos metros del casino de suboficiales de la Gendarmería, fue increpado por los manifestantes, a quienes casi atropelló en su precipitado repliegue. Pero su imagen quedó registrada por cámaras y celulares, al igual que la patente INR 983 del vehículo. Así fue posible identificarlo; era un tal Federico Germán Magri. Un nombre a tener en cuenta. Se trataba del gerente de Green Quality, una empresa de biotecnología agropecuaria asentada en la localidad chubutense de El Hoyo y miembro de la pata civil del pogrom contra la comunidad mapuche en alianza con el poder político y las fuerzas de seguridad. Una suerte de «Liga Patriótica» organizada –tal como adelantó Tiempo Argentino el 27 de agosto– por el funcionario del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, tras ciertas reuniones que mantuvo junto a su jefa, Patricia Bullrich, con referentes de las sociedades rurales de Neuquén, Chubut y Río Negro. Entre ellos resaltaban los terratenientes Néstor Becerra, Julio Crespo Campos, Roberto Jimeno y el administrador general de las estancias del Grupo Benetton, Ronald McDonald. El administrador, secundado por el capataz Vivian Hughes, supo armar una guardia blanca con matones rurales armados con revólveres y escopetas. Suelen efectuar con regularidad tareas de hostigamiento contra los pobladores de la Lof de Cushamen. Y no son ajenos a las redadas represivas de Gendarmería y la policía local. Tanto es así que durante el ataque de 10 de enero, el propio McDonald comandó el robo de ocho caballos y una vaca de la comunidad, la cual fue carneada ante la vista de los prisioneros. También en la mañana del 1º de agosto los paramilitares de Benetton se mostraron activos. Según el relato a este diario de Soraya Macoño –la vocera mapuche detenida con dos lamien (hermanos) al circular en un vehículo por la ruta 40, a la altura del ingreso a la estancia de Leleque– «sus camionetas iban y venían, se metían en la comisaría y volvían a la estancia para salir otra vez hacia la Lof. Los hombres de McDonald daban órdenes, indicaciones. Ellos sabían todo lo que pasaba». En la ya citada edición de Tiempo fue revelada la existencia de una base logística de Gendarmería en el casco de dicha estancia. Eso motivó que al día siguiente la fiscal Silvina Ávila elevara al juez –por orden de la Procuración de Violencia Institucional (Procuvin)–, un pedido de allanamiento en ese lugar. A tal efecto adjuntó a la solicitud una copia del artículo en cuestión. Pero para Otranto –un hombre de profundas convicciones religiosas– aquella ciudadela privada sería parte de un «territorio sagrado». De modo que se negó a realizar aquella diligencia con el argumento de que «la información periodística resulta insuficiente» para acreditar la existencia de dicha unidad operativa. Pero 23 días antes, durante el rastrillaje con canes en el predio mapuche, su señoría –de muy mal talante por el recelo que le dispensaban sus forzados anfitriones– se retiró a esperar los resultados del procedimiento justamente en aquella base secreta. Vueltas de la vida. Otranto –amparado en el secreto sumarial– también se negó a cruzar las comunicaciones telefónicas de Noceti con los oficiales de todos los escuadrones de la Gendarmería en la región. La excusa esgrimida: «Al doctor no se lo vincula con la investigación». ¿Acaso teme que ese entrecruzamiento pueda detectar llamadas entre ese funcionario y su propia línea antes, durante y después de que Santiago Maldonado fuera visto por última vez? Por lo pronto, en una telegráfica entrevista publicada el 7 de septiembre por el diario La Nación, Noceti proclamó: «Nunca hablé con quien comandó el operativo antes de iniciarse». Los hechos –y su boca– lo desmienten. En sendas entrevistas radiales concedidas el 2 de agosto a Radio Nacional Esquel y FM Sol, Noceti se refirió con lujo de detalles a una reunión convocada por él en Bariloche el 31 de julio para impartir directivas de la acción del día siguiente. Y según sus palabras, se encontraban presentes «el ministro de Gobierno de Chubut y su jefe de policía; el secretario de Seguridad de Río Negro y su jefe de policía; la gente de Prefectura, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria. Además estuvieron todos los jefes de los escuadrones de Gendarmería en la zona cordillerana». Se refería, entre otros, a los comandantes Fabián Méndez, de El Bolsón, y Pablo Escola, el segundo jefe de Esquel. Ambos encabezaron la represión. Ahora se sabe que Noceti se jactó allí de poder encarcelar a integrantes de la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), su enemigo interno favorito, sin orden de un juez, en base a una interpretación algo antojadiza del artículo 213 bis del Código Procesal, referido a situaciones de «flagrancia» que ponen en riesgo la seguridad nacional. «Las fuerzas federales –dispuso– van a actuar con autonomía respecto a la justicia». La reunión terminó al mediodía. Horas más tarde, a manera de ensayo, hizo detener a nueve mapuches que se manifestaban ante la fiscalía federal en protesta por la detención del lonko Facundo Jonas Huala. A la mañana siguiente, Noceti salió en dirección al sur. Se detuvo en la Lof de Cushamen al ocurrir la bruta irrupción de los gendarmes; su presencia allí coincidió en el tiempo con la captura de Santiago. Luego partió a bordo de su camioneta blanca. Y a las 13:30 se lo vio llegar al sitio donde permanecía Soraya y sus dos acompañantes. Luego de bravuconearla siguió viaje rumbo a Esquel. Allí mantuvo una ríspida reunión con Otranto. Según una fuente próxima al juzgado, hubo el siguiente diálogo: –Le adelanto que Gendarmería actuó sin orden judicial –soltó Noceti– porque, usted sabe, con la figura de flagrancia

Fuente: Irina Hauser | Página 12 08 de SEPT. 2017 El Memorándum de Entendimiento con Irán tuvo aprobación del Congreso. Fue ley. Nunca entró en vigencia porque el parlamento iraní no lo refrendó. Tampoco fue creada, por ende, su “comisión de la verdad”, que revisaría documentación de la causa AMIA. Jamás fueron levantadas ni alteradas las alertas rojas que pesan sobre los iraníes acusados del atentado. No existió intercambio comercial de grano por petróleo. A pesar de todo esto, el fiscal Gerardo Pollicita afirma que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ex Canciller Héctor Timerman encubrieron a los sospechosos o por lo menos generaron las herramientas legales para intentar lograr su impunidad. Es más, afirma que serían autores del delito de encubrimiento agravado, al definir al ataque terrorista como un delito de lesa humanidad. Pidió que sean indagados, que se les inhiban todos sus bienes, se les quite el pasaporte y no puedan salir del país. Pollicita resucitó así la denuncia que hizo Alberto Nisman cuatro días antes de morir, pero le agregó algunos elementos de su cosecha, como un relato de supuestas negociaciones que define como secretas (aunque eran públicas), y multiplicó la lista de imputados, para incluir ahora al ex número 2 de la Agencia Federal de Inteligencia y ex secretario del Ministerio de Justicia, Juan Martín Mena, la ex funcionaria de Cancilleria Susana Ruiz Cerutti y la ex procuradora del Tesoro, Angelina Abbona. Reflotó también las escuchas que había presentado Nisman con diálogos telefónicos entre personajes secundarios, como Luis D’Elía y Jorge Yussuf Khalil, que pretendían algún tipo de injerencia en la relación con Irán y ante el Gobierno pero no conseguían nada. El punto de partida de Pollicita es la última moda en Comodoro Py: tratar como un delito a las políticas de gobierno. En este caso dice que existió un viraje en la posición del Poder Ejecutivo frente a la causa AMIA. Su planteo es que Néstor Kirchner nunca quiso un acercamiento con Irán y rechazaba sus propuestas. Que colaboraba sin interferir con la investigación e incluía en todo a los familiares de las víctimas. Pero cuestiona que con la ex presidenta comenzaron los acercamientos desde que introdujo la posibilidad de enjuiciar a los iraníes en un tercer país. Ella lo dijo en la ONU pero para Pollicita es lindante con el delito. Se basa en testimonios de los ex cancilleres de Kirchner, Rafael Bielsa y Jorge Taiana. Ambos, igual que Timerman habían analizado la opción del “tercer país”. Lo que surge en sus declaraciones es que el presidente se negaba a dialogar con Irán si no se hablaba de AMIA. “No se puede hablar de nada si no había colaboración judicial”, declaró Taiana, según cita el fiscal. Lo que sucedía es que los iraníes querían hablar de comercio, pero no del atentado. Con Timerman sí aceptaron tratar el tema y habilitar la indagatoria de sus sospechosos con el mecanismo del Memorándum. Pero según el fiscal se cambió la política para “avanzar en la ejecución de un plan de encubrimiento.” Pollicita, como decía Nisman, sostiene que el memorándum se diseñó para asegurar la impunidad a los sospechosos iraníes. Dice que el objetivo era que finalmente “se brindarían los instrumentos adecuados” para que esas alertas “fueran removidas, suspendidas o morigeradas”. También que se plasmaba un acuerdo de intercambio de granos por petróleo, aunque es sabido que el petróleo iraní es incompatible con refinerías argentinas por su carga de azufre. No existió ni una cosa ni la otra. Sobre las alertas, en tres oportunidades el ex secretario de Interpol afirmó, incluso por escrito, que el gobierno argentino nunca quiso modificarlas. El juez federal Claudio Bonadio rechazó todos los pedidos para que Noble testifique. Cuando el fiscal se refiere a una etapa de negociaciones secretas, alude a una supuesta reunión reservada de Timerman con el canciller iraní Alí Akbar Salehi en Alepo cuando viajó a Siria en enero de 2011 para tener un encuentro con el presidente Bashar Al Assad. El viaje fue público y también la reunión con el mandatario. Pero a través de su abogado, Alejandro Rúa, el ex canciller siempre negó una reunión en Alepo con su par iraní. Pollicita la toma como un hecho en base al testimonio del ex embajador argentino en Siria, Roberto Ahuad quien, curiosamente, no sólo no dijo eso sino que lo desmintió en Radio Mitre. Lo que había declarado era que otros funcionarios le habían comentado sobre un supuesto encuentro. El viaje no fue secreto, la reunión con el canciller iraní en Alepo nadie la vio y Timerman la niega. Pero para Pollicita es un hecho. El fiscal se apoya también en la segunda declaración testimonial del ex jefe de operaciones de la ex Side, Antonio Stiuso, en la causa sobre la muerte de Nisman. En su primera declaración, Stiuso sabía poco y nada. La segunda duró nueve horas y sirvió para que la causa pase a Comodoro Py. Allí dijo que CFK en determinado momento ordenó que a Nisman no le dieran más información del caso AMIA y que no se buscara más nada que complicara a Irán. Declaró que se lo dijo Francisco Larcher, otro ex agente. Lo que no tuvo en cuenta el fiscal es que cuando Larcher fue a declarar desmintió a Stiuso. Para Pollicita vale igual. Las escuchas que recupera el fiscal incluyen conversaciones donde se escucha a Luis D´Elía, el diputado Andrés “Cuervo” Larroque, el operador de la comunidad iraní Jorge Khalil, el ex jefe de Quebracho Fernando Esteche, el ex juez Héctor Yrimia y el falso espía Allan Bogado. Pollicita dice que conformaban una suerte de “diplomacia paralela”, porque mientras le retaceaban información a Nisman, D’Elia se reunía con funcionarios de la Casa Rosada para avanzar en acuerdos con Irán. Eran canales “de comunicación y negociación, no oficiales, como vías concretas, eficientes y confiables para avanzar con el objetivo criminal planeado”. Pollicita tampoco ponderó que, por ejemplo, Kahlil maldecía a Timerman con frases como “judío de mierda” porque

Fuente: Raúl Kollman | Página 12 06 de SEPT 2017 La secretaría general de Interpol propuso en 2008 la formación de una Comité Jurídico Mixto argentino-iraní “que pudiera resolver las ambigüedades y malos entendidos que rodean la instrucción de la causa. Tal Comité podría trazar una hoja de ruta o acordar un Memorándum de Entendimiento para avanzar en la resolución del caso”. La propuesta fue trasladada al fiscal Alberto Nisman quien contestó tres veces “que toda medida que implique cooperación que tenga por finalidad materializar y dar respuesta eficaz a los requerimientos, la recibe esta Unidad Fiscal con beneplácito y la encuentra altamente positiva”. La documentación demuestra que lo que para Nisman era altamente positivo no sólo se convirtió después en negativo sino incluso en un delito, pese a que el Memorandum del que se hablaba en ese diálogo con Irán y con Interpol se convirtió después en una ley votada por las dos cámaras del Congreso. El fiscal Gerardo Pollicita prepara a las apuradas y para meterlo en tiempos electorales el pedido de indagatoria para la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ex canciller Héctor Timerman porque lo que Nisman vio como altamente positivo es calificado ahora como un encubrimiento y hasta un acto de traición a la patria. La secuencia documental empezó en febrero de 2008 cuando la Policía Federal, que es la sección argentina de Interpol, le informó al ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández, de la existencia de una comunicación de Interpol. El 8 de febrero de 2008, con la firma del comisario Néstor Valleca, la Federal le señaló al ministro que la secretaría general de Interpol recibió una propuesta de Irán para iniciar un diálogo en el marco de la organización internacional de policía sobre la causa AMIA. En concreto lo que se propone es “discutir la cooperación de ambos países” en el expediente del atentado. A lo largo de los años, desde que la justicia argentina imputó a los ciudadanos iraníes por el atentado, Interpol buscó algún tipo de acercamiento. Es que se trata de un caso atípico. Interpol normalmente busca prófugos en causas de narcotráfico o de organización criminal. En esos casos los Estados no respaldan a los prófugos. En la causa AMIA existe –según Interpol– un conflicto entre dos Estados que son miembros y por eso la actitud siempre fue buscarle una solución negociada. Después que Aníbal Fernández recibió aquella primera nota de la Policía Federal, le trasladó la cuestión a quien estaba encargado de la investigación, el fiscal Nisman. La nota del entonces ministro tiene fecha del 20 de febrero de 2008. Nisman contestó a la notificación de Aníbal Fernández señalando que “que toda medida que implique futura cooperación la recibe la fiscalía con beneplácito y la encuentra altamente constructiva”. Firman la respuesta el propio Nisman y su secretario Fernando Scorpaniti. El 1º de abril de 2008 la gestión sale de la órbita policial y se afina la propuesta a través de una carta que el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino le envía a Nisman. La Cancillería transmite las precisiones a partir de un diálogo mantenido en Irán por la representación diplomática argentina en Teherán. En concreto lo que se propone es lo siguiente: Irán pregunta por la disponibilidad argentina para constituir “un Comité Mixto” de juristas. Ese Comité podría trazar una hoja de ruta o “acordar la firma de un Memorandum de Entendimiento” que podría avanzar concretamente en la resolución del caso. La nota está firmada por la directora de asistencia jurídica de la Cancillería, María Seoane de Chiodi. Además, se acompaña un texto del Encargado de Negocios de Argentina en Irán, Mario Quinteros, quien además detalla que las autoridades de Teherán proponen la visita del juez Rodolfo Canicoba Corral, el fiscal Nisman y la defensora oficial para que se avance en las tratativas. Quinteros menciona la idea de que Irán incluso estaría dispuesto a redactar un texto–borrador del eventual acuerdo. Nisman vuelve a contestar el 8 de abril de 2008 con un oficio muy similar al anterior. Toda iniciativa de cooperación es “recibida con beneplácito y resulta altamente constructiva”. No es que el fiscal pusiera alguna condición o sugiriera que no se puede negociar nada que no sea la presencia en la Argentina de los sospechosos o que no corresponde ninguna comisión mixta. Nisman y su secretario vuelven a contestar, por segunda vez, que es positiva la búsqueda de cooperación con Irán, aún cuando ya está claro que se habla de Memorándum y de Comisión Jurídica Mixta. El texto se adjunta a la causa y, además, se realiza una transcripción en forma de respuesta a la Cancillería. O sea, hay tres aceptaciones de Nisman respecto de avanzar en la cooperación con Irán para buscar algún camino e incluso firmar un Memorándum. Es público y notorio que los sucesivos cancilleres argentinos, por instrucciones de Néstor y Cristina Kirchner, siempre buscaron alternativas. La idea de hacer un juicio en un tercer país se barajó varias veces, incluso se mencionó a Marruecos como posible sede. La intención fue pública y replicaba lo ocurrido con el atentado de Lockerbie cuando el Reino Unido y Libia acordaron hacer el juicio a los dos supuestos terroristas en una base norteamericana en Holanda. En aquella oportunidad el mediador fue nada menos que Nelson Mandela. Después de firmado el Memorandum, en enero de 2013, el texto pasó por el juez, luego por la Cámara Federal, por el Congreso, después nuevamente por el juez Daniel Rafecas, otra vez la Cámara y luego la Casación lo declaró inconstitucional. En todo el proceso, ni siquiera los que se opusieron, los que votaron en contra ni los que declararon la inconstitucionalidad sostuvieron que podría tratarse de un delito. Y como se ve, hasta Nisman dio su visto bueno en 2008. Nueve años después, lo que prima es la alianza mediática-política-judicial, con sede en Comodoro Py, que no sólo tiene un eje electoral y, más allá de los comicios, busca desesperadamente una condena a la ex presidenta y

Fuente: M. Escalada & A. Ronconi | El Disenso Fecha: 06 de SEPT 2017 En 30 días vence la Ley 26.160 que suspende los desalojos de comunidades indígenas y Cambiemos está comprando tiempo para no prorrogarla. En este informe de El Disenso te contamos que el Senado volvió a postergar el tratamiento de la prórroga, beneficiando a los magnates Lewis y Benetton, quienes esperan ansiosos el vencimiento del plazo para poder solicitar el desalojo de las comunidades que habitan en sus tierras. La 26.160 Sancionada el 1º de noviembre de 2006, la Ley 26.160 suspendió los desalojos de comunidades indígenas por el término de cuatro años, al tiempo que ordenó el RETECI – Relevamiento Territorial de las Comunidades Indígenas, un relevamiento técnico, jurídico y también catastral. Para esta acción se propuso un lapso de 3 años, creándose un fondo al que se le asignó un presupuesto de 10 millones anuales, y cuyo responsable directo es el INAI – Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. El tiempo pasó, y al término del 2009 no se había avanzado en el RETECI por lo que fue necesaria la creación de la Ley 26.554 mediante la cual se prorrogó tanto la suspensión de los desalojos como la realización de los relevamientos hasta el día 23 de noviembre de 2013. En esa oportunidad volvió a asignarse un presupuesto anual de $10 millones por cada año extra agregado a la ley original. Llegada la fecha y ante el incumplimiento de los relevamientos, nuevamente se creó una ley a medida, en este caso la 26.894, poniendo como nueva fecha límite el mes de noviembre de 2017. En el año 2013, el ENDEPA – Equipo Nacional de Pastoral Aborigen alertó sobre el incumplimiento de la ley a través de un pormenorizado informe titulado “Advertencia sobre la inejecución de la ley 26.160”. Desde principios de 2017 la legisladora Magdalena Odarda viene insistiendo para que la Cámara de tratamiento a su proyecto de Ley S-1632/17 que solicita la prórroga hasta el 23 de noviembre de 2021 de los plazos establecidos en la Ley 26.160, prorrogados posteriormente. Odarda hace referencia al informe de ENDEPA, sobre el que denuncia al Estado Nacional y los Estados Provinciales como “responsables por la inejecución de las leyes 26.160 y 26.554“, ya que según el documento mencionado, el avance real comprende: Cantidad de Comunidades relevadas: 465 Porcentaje del total relevado: 48,95% Universo a alcanzar definido en Cantidad de Hectáreas 9.000.000 Cantidad de Hectáreas relevadas 4.494.517,79 Porcentaje del total 49,93% Universo a alcanzar definido en cantidad de comunidades: 950 Los desalojos de diferentes comunidades privilegiando los intereses de los terratenientes del lugar son moneda corriente en las provincias, y mientras Gendarmería irrumpe violentamente en sus dominios arrasando con todo a su paso, para que la justicia luego devuelva esas tierras a los poseedores de los títulos propietarios, los integrantes de los pueblos originarios ven sus casas destruidas y sus pertenencias quemadas al tiempo que son catalogados como “usurpadores” de las tierras de sus ancestros. Lamentamos corroborar además que tampoco se ha logrado frenar los desalojos o desocupaciones judiciales en su totalidad, registrándose casos en Las Pailas (Salta), Quilmes, Nogalito, Mollar (Tucumán), Pampa del Indio (Chaco), La Primavera (Formosa), Los Toldos (Buenos Aires), Currumil, Paichil Antriao (Neuquén), Santa Rosa Leleque (Chubut). Sobre otras pesa orden de desalojo, frenadas por el momento por recursos judiciales (ej. Cheuquel, Huayquillán, en Neuquén). Otras se encuentran en peligro por intentos de venta de parte de su territorio (ej. Comunidades de la Reserva de Yabotí, en Misiones). Advertimos y denunciamos el crecimiento de la violencia estatal como aparato represivo en la ejecución de los desalojos, como ser el caso de la comunidad de Las Pailas (Salta) y La Primavera (Formosa). En éste último perdieron la vida dos personas. El cacique Chocobar (Tucumán) fue asesinado en ocasión de protesta por sus tierras. En todas las acciones hubo innumerables daños materiales, morales y comunitarios. Todos estos incidentes se hubieran evitado de haberse ejecutado el Programa de Relevamiento Territorial tal como se previó legislativamente. señaló la legisladora en su proyecto de Ley. Pu Lof en Cushamen En 2015, la comunidad Mapuche Pu lof en resistencia de Chushamen, ubicada en la localidad de Santa Rosa de Leleque, provincia de Chubut, se propuso recuperar parte de su tierras ancestrales, actualmente usurpadas por el magnate Luciano Benetton, quien posee más de 900.000 hectáreas a su nombre. Esta decisión significó para la comunidad, el inicio de amedrentamientos y acciones represivas por parte del Estado a través del ingreso de Gendarmería a sus tierras. Tanto el magnate Lewis como Benetton son poseedores de cientos de hectáreas reclamadas por los Mapuches, y necesitan tiempo para que expire la prórroga de la Ley 26.160 que impide los desalojos, porque de realizarse los relevamientos, deberán reconocerle a los Mapuches la propiedad comunitaria de las tierras que habitan, por esta razón es conveniente inventar un enemigo para con el Estado, que era inexistente un par de meses atrás, pero que para el gobierno justifica el ingreso de Gendarmería en pos de la protección de la propiedad privada. De acuerdo a un informe de Resumen Latinoamericano, Macri compró tierras en Salta a menos 0,10 centavos por metro cuadrado en la zona de Rivadavia y Dragones, y con ayuda del Gobernador Urtubey, este mismo año desalojó comunidades indígenas wichis, a las que también dejó sin agua desviando los arroyos existentes hacia sus sembradíos de soja. Se trata de aproximadamente 14 familias que luego de ser desalojadas quedaron a la vera de la Ruta Nacional N° 81. El cacique Rafael Carlos Tejerina aún aguarda respuestas por parte del Instituto Provincial de los Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS) y del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Un derecho asegurado por nuestra constitución La Constitución Argentina, en el Artículo 75, Inciso 17 reconoce “la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos“, garantizando “el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural“, reconociendo “la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad