Politica

Fuente: Adrián Murano | TiempoAr Fecha: 29 de JULIO 2017 Con un documento histórico y rotundo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le dio 15 días al Estado argentino para que Milagro Sala salga de la prisión de Alto Comedero, donde lleva más de un año privada de su libertad. El documento retoma la investigación que un grupo de trabajo de Naciones Unidas realizó en Jujuy. La cautelar hace referencia a esa tarea, convalida sus conclusiones y exige la liberación de la dirigente social. «El Estado Argentino, de conformidad con sus obligaciones internacionales, se encuentra obligado a atender la decisión del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU, que determinó que la detención de la señora Sala es arbitraria, llamando a su liberación inmediata», dice el artículo 45 de la medida cautelar. La contundencia de la resolución obligó al gobierno a desplegar toda su artillería mediática para manipular los hechos a gusto y necesidad. A través de sus medios afines, el macrismo buscó imponer que «la CIDH recomendó que Milagro siga presa, aunque en su domicilio» (Clarín) y «que pase a prisión domiciliaria» (La Nación). Ambas afirmaciones son falsas. Al tratarse de una medida cautelar, la resolución no aborda la cuestión de fondo —si Milagro está bien o mal detenida—, sino las consecuencias físicas y psicológicas de los apremios que sufre desde que está en prisión. En ese sentido, la resolución detalla los abundantes indicios de maltrato y llega a un desenlace implacable: “La Comisión concluye, al valorar la integralidad de la situación planteada desde el estándar de prima facie, que el requisito de gravedad se encuentra cumplido, al encontrarse en riesgo los derechos a la integridad personal y a la vida de la señora Milagro Sala.» Es por esa situación de riesgo que la comisión insta al Estado argentino a que «adopte las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad» de la dirigente. Lejos de ser una recomendación, como sugirió el gobierno de Cambiemos, la comisión describe algunas «medidas alternativas a la prisión preventiva» que el Estado podría adoptar para cumplir con la resolución. Una es el arresto domiciliario. Otra, «que la señora Milagro Sala pueda enfrentar los procesos en libertad con medidas como la fiscalización electrónica». En ningún párrafo del documento la CIDH recomendó que «Milagro siga presa», como inventó el periódico ultraoficialista Clarín. En efecto, en el punto 48.6 la CIDH considera que el hecho de que Milagro «continúe privada de su libertad» a pesar de las recomendaciones del grupo de trabajo de la ONU, «constituye un posible indicio que reforzaría lo alegado por los solicitantes en cuanto a la presunta intención de criminalizar su liderazgo social». O sea: la CIDH cree que hay elementos para considerar que Milagro es una presa política. Como se consigna en el documento, Milagro fue apresada el 16 de enero de 2016 por realizar una protesta frente a la Casa de Gobierno provincial. En las formas, la orden de detención fue emitida por un fiscal. Pero la decisión fue del entonces flamante gobernador, el radical Gerardo Morales, que acumuló volúmen político aplastando a una de las líderes sociales más potentes y, por lo tanto, odiadas por el establishment local. Miembro pleno de Cambiemos, Morales forjó su autocracia al amparo del Ejecutivo nacional: destruyó la obra de la Tupac, cooptó organizaciones sociales, nombró jueces adictos y sembró un régimen que domestica a base de billetes y persecución judicial. Los atropellos de Morales recibieron el repudio de los organismos de Derechos Humanos más prestigiosos del mundo, como Human Right Watch y Amnesty International, quienes identificaron a Sala como una presa política. El informe de la CIDH hace una referencia en la misma dirección: «La Comisión ha constatado como especificidades del presente asunto que lo distinguen respecto de otros que ha conocido, que la situación presentada involucra la detención de una prominente líder social, mujer e indígena, que estaría enfrentada con el gobierno actual de la provincia, y que sería identificada con parte representativa de un sector de oposición». Argumentos similares expusieron, en octubre pasado, los integrantes del Grupo de Trabajo de la ONU que calificó de «arbitraria» la detención de Milagro Sala. Fiel a su estilo pendenciero, Morales replicó con una provocación: «A los organismos internacionales les falta información, han escuchado una sola campana. Si los organismos afirman que se viola un derecho, lo que tendrían que hacer es actuar inmediatamente, deberían venir con premura», dijo Morales. Los organismos tomaron el consejo. Delegaciones de la ONU y la OEA estuvieron en Jujuy, comprobaron las condiciones de detención de Milagro, revisaron expedientes y emitieron documentos que detallan el hostigamiento del régimen y piden el cese de la detención. A conclusiones idénticas llegó la procuradora General Alejandra Gils Carbó, quien hace ya tres meses remitió a la Corte Suprema un dictamen donde solicita que se deje «sin efecto» la detención de la dirigente, a la que calificó de «ilegal». Atenta a los intereses políticos del gobierno, la Corte mantiene en suspenso su decisión. En los hechos, esa dilación prorroga el «hostigamiento» que pone en riesgo la «vida y la integridad» de Milagro, según las propias palabras de la CIDH. La resolución de la comisión, sin embargo, podría empujar a la Corte a tomar una decisión, para no quedar expuestos como cómplices de atropellos que suman repudios en el mundo. El gobierno espera, también, que la Corte resuelva el asunto para reducir el costo político que puede sufrir frente a sus fanáticos. Esa fracción de oficialistas, guiada por el odio anti K, considera que las acusaciones contra Milagro son caso cerrado y cree que está «bien presa». Los propios Macri y Morales alentaron esa demonización, que contradice el principio de presunción de inocencia, para hacer uso político de «la grieta» y debilitar a las organizaciones sociales. Si la Corte resolviera que Milagro debiera cumplir prisión domiciliaria, el gobierno mataría dos pájaros de un tiro: mantendrá detenida a una de las dirigentes que más detesta, pero podrá decir que cumplió con la

Fuente: Aram Aharonian* | Nodal Fecha: 28 de JULIO 2017 Finalmente, el gobierno macrista avanzó contra el único director opositor del Banco Central, el jurista Pedro Biscay y el miércoles 27 de julio oficializó su remoción por “mediar mala conducta e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Obviamente, el objetivo de su salida forzada fue la de silenciar e invisibilizar su opinión sobre la política monetaria y cambiaria, la que había cuestionado públicamente por su alto nivel de endeudamiento en detrimento del empleo y desarrollo económico con equidad social. “No están dispuestos a tener una voz crítica en el directorio del banco”, afirmó Biscay. La remoción de Biscay refleja la falta de pluralismo y las actitudes antidemocráticas del gobierno de Macri, que en plena campaña para elecciones parlamentarias, el día antes había perdido una dura batalla en el Congreso al no lograr la expulsión del diputado Julio de Vido, exministro de Planificación del gobierno kirchnerista. Pensamiento único, mensaje único El decreto lleva la firma del presidente Mauricio Macri, del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. El mismo, elimina el imprescindible control social democrático de una entidad clave para la sociedad, como es el banco Central y es interpretado por los analistas argentinos como una muy seria persecución política e ideológica La decisión contiene falsedades y refleja el autoritarismo con que se maneja Macri y su gabinete. En la Reserva Federal de EEUU y en los bancos centrales europeos, los Directores hacen públicas sus opiniones, muchas veces disidentes respecto a las políticas a seguir. El mal desempeño no es de Biscay sino de quienes con sus políticas a partir de diciembre de 2015 han aumentado la inflación , provocando inestabilidad monetaria y financiera, generando una recesión, aumentado el desempleo y la exclusión social, en abierta violación al artículo 3 de la Carta Orgánica del Banco Central, señaló el anterior presidente del mismo, Alejandro Vanoli. Precisamente, el ministro Dujovne informó a la Oficina Anticorrupción que posee un patrimonio de 97 millones de pesos, de los cuales 74 millones están afuera del país, pero pareciera no tener interés en retornarlos, en medio del “clima de confianza” que según él impera en la Argentina a partir de las políticas macristas. El 10% de su patrimonio (alrededor de 600 mil dólares), dice la Agencia Paco Urondo, son ganancias de su compras de dólar a futuro y las devaluaciones producidas por su gobierno.. Biscay, abogado de 38 años, había sido designado en agosto de 2014 por el Congreso y tenía mandato hasta 2019. Acallando a Biscay, el gobierno pretende tener una voz monocorde (un mensaje único) . “Mala conducta tienen aquellos que no defienden los destinos de la patria”, afirmó Biscay, quien sostuvo que “no hay pruebas que determinen el mal desempeño”. Anteriormente, el jurista fue coordinador del área Fraude Económico y Bancario de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y es reconocido como uno de los más serios expertos en la materia en Latinoamérica. Biscay —único Director en ejercicio elegido por el Senado de su país y con un mandato hasta septiembre de 2019— adelantó que iniciará una demanda por entender que “hay una interferencia manifiesta de la independencia del Banco Central” donde dijo que “la gestión del presidente del Central (Federico Sturzenegger) es totalitaria”. El gobierno acusó a Biscay de realizar “afirmaciones que ponen en riesgo los objetivos establecidos” en la Carta Orgánica del Banco, “particularmente en lo que se refiere a la estabilidad financiera en un sistema bancario de encajes fraccionarios y en el marco de un país que ha atravesado múltiples crisis cambiarias y bancarias en las últimas décadas”. En los últimos meses, el abogado había publicado una serie de artículos en los que analizaba la política económica y monetaria del gobierno y advertía la posibilidad de una crisis, que vive ya el país, cuando el valor del dólar alcanzó su máximo histórico y la inflación sigue avanzando. “Esta situación demuestra que el país atraviesa una etapa de agudo avasallamiento a las instituciones y a las bases republicanas y democráticas nunca antes visto en gobiernos constitucionales. Estamos viviendo en un estado cercano a la excepción, donde la ley deja de ser la pauta de actuación de los servidores públicos. Y pone en serio riesgo la estabilidad del Estado de Derecho y el conjunto de bienes jurídicos que deben ser promovidos y protegidos en una sociedad democrática”. El poder fáctico local se subordina al gobierno global de las multinacionales. No admite oposición parlamentaria o en algún organismo del Estado; la aspiración del gobierno es avanzar en una nueva enajenación de empresas públicas de carácter estratégico, entre ella la industria satelital y nuclear. ¿También van a sancionar a la OCDE? El Jefe de Gabinete, Marcos Peña, uno de los firmantes de la destitución, señaló que “no hay ninguna cuestión rara, con lo cual no hay ninguna razón para la victimización que tanto les gusta”. El presidente de la comisión de Finanzas de Diputados, el macrista Eduardo Amadeo, aseguró que “la libertad de expresión es absoluta”, y señaló que el ex funcionario fue “extremadamente imprudente” con sus declaraciones: “Habla de crisis todo el tiempo, del dólar, ha sido extremadamente imprudente”, aseveró. El propio Peña sería responsable por no denunciar oportunamente las expresiones “poco prudentes” de Biscay, ya que así lo establece clara,mente la ley 25.188 de ética pública y sus normas complementarias. Es Peña quien pone en evidencia que la críticas hechas por Biscay son veraces y no sus falsas repetidas afirmaciones de que “no hay nada que preocuparse” con la escapada del dólar en los últimos días. El reconocimiento público de Peña es que han sido “muy sensibles” las críticas hechas por el removido funcionario ya que “Argentina que tiene tanta memoria de las crisis, la gente siempre está mirando el dólar y las tasas de interés”, Si el decadente funcionario está tan seguro de la “excelente” gestión de Sturzenegger al frente del Banco Central. ¿por qué teme tanto a las opiniones

Fuente: Mariana Escalada & Agustin Ronconi | El Disenso Fecha: 28 de JULIO 2017 Título completo: Macri a cada reunión que va se encuentra con un delincuente: en Misiones se fotografió junto a un narco condenado Macri se fotografió junto a un traficante de droga en Misiones. En esta investigación exclusiva de El Disenso te contamos junto a quien sonríe Macri en la foto que ilustra esta nota. Se trata de Carlos Patricio Vedoya, condenado por tráfico de estupefacientes a 6 años de prisión por la doctora Badaro, pero Vedoya también estuvo involucrado en el doble homicidio de El Acuerdo junto a su hermano Patricio, y el tiroteo de Cocomarola entre otros delitos. Hoy Macri estuvo en Misiones y aprovechó la oportunidad para fotografiarse junto a referentes locales. Luego del escándalo en Tucumán donde compartió escenario y presentó como “ejemplo” y “referente de la juventud” a Agustín Romano Norri, denunciado por acoso sexual y que ese mismo día realizó escandalosas declaraciones respecto a Eva Perón a quien trató de “puta” arengando “Que viva el cáncer», hoy en Misiones se encontró con un traficante de estupefacientes que fue condenado a prisión por 6 años y que estuvo imputado y detenido por un doble homicidio. En la causa caratulada: “VEDOYA, CARLOS PATRICIO Y OTROS S/TRANSPORTE DE ESTUPEFACIENTES”, Expediente Nº 301/04, Carlos Patricio Vedoya, comerciante y ganadero, fue condenado por la Jueza Lucrecia M. Rojas de Badaro a la pena de 6 años de prisión y el pago de una multa de $500 por haber sido encontrado culpable del delito de transporte de estupefacientes. En esa oportunidad, Vedoya, que viajaba junto a Jorge Ayala, Rodolfo y Ricardo Caferatta, fue detenido en la ruta provincial 41 de Corrientes por Gendarmería, que comprobó que en la camioneta Ford F-150 transportaban 20 kilos de marihuana. Al pedirle los oficiales que abrieran los bultos en la caja, Vedoya, que estaba al volante, se dio a la fuga pero fue interceptado y detenido por los uniformados. Los investigadores trabajaron sobre la hipótesis de que la marihuana secuestrada se cargó en la estancia de los Vedoya en el límite con Misiones. Carlos Patricio Vedoya ya había estado involucrado en el tiroteo de Avenida Cocomarola en Posadas, donde resultó herida una transeunte que pasaba por el lugar. En esa oportunidad fue el juez José Luis Rey quien indagó a Vedoya por los delitos de “abuso de armas en concurso con lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego». Respecto al doble homicidio de El Acuerdo, es un hecho reciente que aún se encuentra investigándose pero el 13 de mayo pasado, el juez Fernando Luis Verón, dictó la prisión preventiva para Martín Vedoya, hermano de Patricio, sospechado de haber tomado parte en el doble homicidio de Sebastián Vega y Rodrigo Ibarra, ocurrido el pasado 17 de diciembre de 2016. Patricio Vedoya fue imputado y detenido por el doble crimen de El Acuerdo en diciembre pero luego la causa fue avanzando y de acuerdo a declaraciones del propio Vedoya, el juez Verón considera que su hermano Martín es el ideólogo del crimen. El pasado 27 de junio, Vedoya asumió como nuevo presidente de Guaraní, equipo de fútbol de Misiones. Durante la visita de Macri, el helicóptero presidencial utilizado partió desde la cancha de Guaraní y Vedoya ofició de anfitrión del primer mandatario. Al papelón de haber compartido escenario y presentado como “ejemplo para la juventud” a Romano Norri en Tucumán, y al escándalo de la narcoreferente misionera de la juventud del PRO detenida con 5 kg de cocaína en Brasil, ahora se suman las fotos con Vedoya. Links relacionados: Macri compartió escenario con referente de Cambiemos denunciado por acoso que hoy dijo que “Evita es puta” y “Viva el cáncer” Para Duran Barba con cariño: detienen a referente de Cambiemos por narcotráfico

Fuente: Irina Hausser | Página 12 Fecha: 24 de JULIO 2017 El fiscal Delgado impulsa una causa penal para investigar si se hizo o no el sorteo para nombrar al juez Irurzun en la Dirección de Captación de Comunicaciones. Una semana antes ya había trascendido quién sería designado. Como buen organismo de espionaje, la Dirección que se ocupa de las escuchas telefónicas está cargada de misterios, que se multiplicaron desde el día uno en que pasó a ser controlada por la Corte Suprema. El fiscal Federico Delgado decidió impulsar una investigación penal para determinar si fue trucho o ni siquiera se hizo el sorteo del titular de esa dependencia, el juez Martín Irurzun, presidente de la Cámara Federal. El dictamen de la fiscalía imputa a los jueces supremos que firmaron una acordada con esa designación –que son Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda– y al secretario general de administración, Daniel Marchi, que aparece como fedatario. Se basa en una denuncia que hizo el ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli, en función de una nota publicada por PáginaI12 el 20 de junio último, que revelaba que en el expediente sobre la oficina de escuchas no hay ninguna constancia ni acta de que se haya hecho el sorteo, que es obligatorio según el decreto que dispuso el traslado del área desde la Procuración hacia el máximo tribunal, y que se debe hacer entre las decenas de camaristas federales de todo el país. Hasta hubo publicaciones periodísticas previas al menos en dos diarios que anunciaban que el camarista “sorteado” para el cargo iba a ser Irurzun. Delgado también quiere investigar la prolongación por un nuevo decreto del mandato del mismo camarista, que en un comienzo duraba un año y cuando se le estaba por vencer pasó a durar tres, lo suficiente como para acompañar al gobierno de Mauricio Macri hasta el final. Delgado señaló en su requerimiento que se debe analizar si hubo una falsedad de documento público, ya que el texto de la acordada en la que los jueces supremos nombraron a Irurzun como titular de la llamada Dirección de Captación de Comunicaciones (el 15 de febrero de 2016) dice que lo hicieron por sorteo, pero no especifica qué mecanismo se usó (puede ser con bolillero o un sorteo informático, como se hace por lo general con las subrogancias), ni hay acta adjunta que acredite su realización, y en el máximo tribunal las fuentes consultadas por este diario no tienen noticia de que se haya hecho. El fiscal pidió una serie de medidas iniciales básicas, desde la incorporación al expediente de todos los decretos vinculados con la creación y el funcionamiento de la Dirección de escuchas, las notas de La Nación y Perfil que anuncian la designación de Irurzun el fin de semana previo a que se concretara el supuesto sorteo, los elementos que puedan acreditarlo y la declaración de empleados y funcionarios de la dependencia a cargo del tema. La que suele ocuparse de los sorteos y de la implementación de nuevas estructuras es la Secretaría de Administración, que conduce el contador Marchi, hombre de máxima confianza de Lorenzetti. Parrilli presentó la denuncia en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral, porque allí tramita la causa donde se investiga el origen de las filtraciones públicas de sus comunicaciones telefónicas, algunas con Cristina Fernández de Kirchner y otras con funcionarios que lo acompañaban en la AFI, como Juan Martín Mena. Fueron todas intervenciones telefónicas que se hicieron durante la nueva gestión en la central de espías, a cargo de Gustavo Arribas, y desde que pasaron a la órbita de la Corte Suprema. Unas se hicieron en un caso de supuesto encubrimiento del narco Ibar Pérez Corradi y otras, previas, fueron parte de una “precausa” iniciada por la propia AFI con la pretensión de verificar si Parrilli se había llevado material del organismo de inteligencia. Esta escucha se hizo apenas asumió Arribas y mientras el área de intervenciones pasaba a la Corte. Duró cuatro meses pero la jueza María Servini de Cubría cerró el caso, y después empezó la de la causa de Pérez Corradi a cargo de Ariel Lijo. Ninguna de esas conversaciones arrojó nada de interés penal, sólo una pintura de la vida privada del ex funcionario y sus diálogos en confianza con la ex presidenta que fueron mostrados por algunos medios. Frente a la nueva denuncia de Parrilli por Irurzun y los decretos de escuchas, Canicoba Corral prefirió mandar a abrir una nueva investigación. El sorteo informático lo designó a él mismo, junto con el fiscal Delgado. Poder concentrado Durante muchos años, la dependencia que manejaba las escuchas telefónicas perteneció a la ex Side y era conocida como la Ojota (Oficina de Observaciones Judiciales). Su función siempre fue técnica: es el lugar donde se registran las conversaciones, en los casos de delitos que requieren rápida acción se siguen en directo (como con los secuestros extorsivos) y todo se graba en CDs. Las intervenciones sólo se pueden hacer con la orden de un juez o jueza y por el tiempo que éstos determinen. En ocasiones, alguna fuerza de seguridad colabora con la toma de las escuchas o su desgrabación, según indica el juzgado. Pero esa es su única actividad: grabar, horas. Cuando se perfilaba la sanción de un código procesal acusatorio que daría facultades de investigación más fuertes a los fiscales y mientras se reformaba la ex Side, las escuchas fueron mudadas a la Procuración. Con el desembarco de Macri, un decreto las sacó de la órbita de Alejandra Gils Carbó y las mandó a la Corte. Desde que se hizo el traspaso curiosamente empezaron a trascender episodios de espionaje político. Aquel decreto decía que el organismo estaría a cargo de un juez penal con rango de juez de Cámara, a designar por sorteo, y señalaba que duraría un año en funciones, sin chances de renovar hasta pasados cinco años. Este año, cuando se estaba por vencer el mandato de Irurzun el

Fuente: Roberto Caballero | TiempoAr Fecha: 15 de JULIO 2017 El modelo oficial no cierra sin represión. El conflicto social ya no es incumbencia del Ministerio de Trabajo, no con este gobierno, sino del Ministerio de Seguridad. Lo que pasó en PepsiCo pasó antes con los trabajadores de Cresta Roja, en la Carpa Itinerante de los docentes, en la 9 de Julio contra el Frente por el Trabajo y la Dignidad Milagro Sala y en distintas provincias contra los empleados públicos. Nada de esto puede separarse, tampoco, de la intervención de varios sindicatos y de la criminalización de algunos de sus dirigentes, como ocurrió hace poco con los Canillitas. Pero no son excesos. Se trata de una política. La de sumisión o palo. La Argentina de Macri pretende rebajas salariales directas o indirectas. Directas, con paritarias con techo por debajo de la inflación de las góndolas. Indirectas, con flexibilización laboral presentada como aumento de «la productividad». La desocupación de dos dígitos es funcional a este fenomenal ajuste de los ingresos. Disciplina a los que viven de su trabajo, porque los obliga a elegir entre sueldos miserables o la intemperie de la calle. Atrás quedó el reclamo por el Impuesto a las Ganancias, parte de la airada agenda sindical contra el gobierno de Cristina Kirchner: hoy las protestas son defensivas, en un contexto de deterioro creciente de las condiciones de vida, donde la discusión es por el monto indemnizatorio o la cantidad de puestos de trabajo que se resignan. Para los que no se alinean con estos objetivos existe, de mínima, el despido o el gas pimienta; de máxima, la bala de goma, el palo o, peor aun, el celular policial. No es lo mismo un gobierno neoliberal que otro que desafía las desigualdades del mercado. Nunca lo fue. La lección actual, para algunos, es áspera y angustiante. La memoria de los ’90 quedó paradójicamente sepultada bajo 12 años de distribución positiva de la renta. Este ajuste es hijo de una prosperidad que se suponía eterna. Prosperidad que no era viento de cola, sino fruto de políticas inversas a las que hoy se aplican. Las políticas distributivas y de fomento del empleo generan mejoras del ingreso, consumo interno, condiciones de trabajo en alza y también fortalecen la organización sindical. Actuar al revés, es decir, desatarle las manos al mercado, replegar al Estado en su rol regulador de las voracidades empresarias y naturalizar los despidos y la precarización, como se hace hoy, produce todo lo contrario. Es lo que estamos viviendo. Y todavía falta más. Si Cambiemos gana en octubre, lo que vimos hasta ahora será apenas el prólogo a un calvario mayor. Frente a este panorama, la CGT sorprende por su complacencia con las políticas oficiales. Para reclamar por las Ganancias del pasado, sus dirigentes hacían fila para ver quién hacía el discurso más duro frente a los micrófonos. Ahora que todas son pérdidas, parece que pasaron a la clandestinidad. Pero no para seguir peleando por los derechos de sus afiliados, sino para evadir sus responsabilidades de representación. En toda la historia del movimiento sindical existieron etapas de auge y retroceso, muchos pasajes heroicos y también de los otros, dirigentes combativos y entreguistas. El caso de los actuales triunviros de la CGT ni siquiera los pinta como colaboracionistas (que los hay) de un gobierno que ataca a los trabajadores y sus conquistas. Es peor que eso: son turistas del conflicto social. Pasan, ven y siguen de largo. Las violentas escenas en la planta de PepsiCo merecieron un tibio repudio teatralizado del trío Daer, Schmidt y Acuña, un llamado a escribir un documento crítico que vería la luz en dos semanas y, quizá, una movilización para dentro de un mes y medio. Lloverán millones de atriles por los aires antes de que la actual conducción de la CGT decida ponerle un freno al gobierno de Macri. Porque no hay Toscos, ni Ubaldinis, ni Moyanos en ese triunvirato. Sino un frío cálculo político, no asemejable a la cobardía siquiera. Daer, Schmidt y Acuña son los nombres de una estrategia diseñada en las sombras por expresiones electorales que no tienen un modelo alternativo al actual. No son macristas, quizá, por estética, pero en los hechos, los triunviros acompañan a diputados y senadores que le votaron a Macri las leyes necesarias para desplegar su proyecto de exclusión y ataque al modelo sindical argentino. Desgajamientos en capítulos de la coalición kirchnerista original que entró en crisis cuando el kirchnerismo ya no tuvo oportunidades de reelección. El massismo antes, el randazzismo ahora. La comprensión que tienen con Macri, su mirada de turista sobre los asuntos que queman, es producto de un antikirchnerismo táctico que se volvió maniático con el correr el tiempo. De modo cada vez más inexplicable, como hacen Massa o Randazzo, los dirigentes cegetistas tienen más críticas hacia la oposición K que hacia el gobierno neoliberal. La grieta entre dirigencia y representados aumenta, semana a semana. El vigor de la Corriente Federal de los Trabajadores, liderada por Palazzo (bancarios) y Amichetti (gráficos), se explica porque, precisamente, caracterizaron correctamente al gobierno desde el inicio e hicieron una valorización positiva del modelo anterior, aun con sus insuficiencias. Avanzan también las negociaciones de este sector con el camionero Pablo Moyano, que hoy diluye sus críticas al kirchnerismo y acerca posturas con los agredidos por el ajuste. Las dos CTA y los sectores clasistas y de izquierda, pasado el round electoral, muy probablemente confluyan en modo unitario con este nuevo espacio que tendrá un papel central a jugar después de octubre. El trabajo de la Corriente Federal de los Trabajadores es para destacar, en contraste con la inacción de los triunviros. Buena parte de los regionales de la CGT responden a esta línea combativa, abiertamente opositora a Macri. Pocos los saben, pero muchos de sus dirigentes fueron los tejedores del armado de las listas de la Unidad Ciudadana en provincia de Buenos Aires, allí donde había grupos peronistas y progresistas que no podían sentarse a dialogar. Esta nueva

Fuente: Jorge Elbaum | Nuestras Voces Fecha: 10 de JULIO 2017 Un Secretario de Derechos Humanos que desarticula sistemáticamente los programas de su propia secretaria. Claudio Avruj, el pichón de Beraja que todavía le cubre los trapos sucios a su mentor en la justicia, los medios y la colectividad judía. Del encubrimiento del atentado a la AMIA al vaciamiento de los programas de Derechos Humanos de la era Macri. El Secretario de Derechos Humanos de la Nación se ha encomendado a la tarea de vaciar, precarizar, invisibilizar y, si es posible, extinguir la totalidad de los programas instituidos en los últimos veinte años de democracia. Dichas actividades estaban destinadas a prevenir, capacitar, difundir, y asesorar en temáticas relacionadas con la discriminación, la violencia institucional y los crímenes de lesa humanidad. Los antecedentes biográficos, institucionales, empresariales, que posee Claudio Avruj, más el carácter de los funcionarios nombrados desde que asumió, explican con claridad el trasfondo del plan para anular el rol de la Secretaría. El resultado: víctimas y afectados sin atención, debates silenciados, causas judiciales paradas, acciones de prevención olvidadas y ausencia de acciones sobre nuevas violaciones a los DDHH. Berajismo Claudio Avruj no sería el funcionario que es hoy si no hubiera sido nombrado por Rubén Beraja, en 1997, como director ejecutivo de la DAIA. Venía de un paso por Centroamérica donde trabajó para una organización internacional (hoy vinculada a los sectores conservadores de la comunidad judía estadounidense). Su rol prioritario en la entidad ubicada en la calle Pasteur 633 consistió, entre otras funciones, en asistir al presidente de la entidad, denunciado años después como parte de un entramado destinado a encubrir el atentado a la AMIA. Beraja –al igual que el de muchos integrantes de la DAIA de entonces—se dedicaron a instalar pistas falsas, en connivencia con la SIDE menemista y el Juez Eduardo Galeano. Los años en la DAIA le permitieron a Avruj, además, sumar un título universitario a sus arcas simbólicas: comenzó su Licenciatura en organización Institucional en la Universidad Hebrea Bar Ilán, ubicada en Boulogne Sur Mer y Perón. En su paso por los claustros, el alumno Avruj se había hecho conocido por solicitar a sus profesores aquiescencias temporales y clemencias de calificación: sus repetidas ausencias y su limitado apego al estudio no se reflejaban en su avance y aprobación de materias. Varios profesores entrevistados para esta investigación atribuyeron la rápida obtención de su titulo al hecho de que el dueño/presidente de la universidad era el propio Beraja. Como Director Ejecutivo de la DAIA, Avruj fue financiado por la fundación “Creer y Crecer”, Think Tank coordinado por Rodríguez Larreta. Este vínculo subrepticio fue utilizado para poner a las oficinas de Pasteur 633 como centro impulsor de las dos candidaturas de Mauricio Macri a Jefe de Gobierno. Una de ellas, quizás la más grosera, incluyó el armado de una “Mise-en-scène” de debate político pre-eleccionario, en abril de 2007, en la que participaron el propio Mauricio Macri y Daniel Filmus. En esa ocasión, la coordinación del evento estuvo a cargo del propio Claudio Avruj y los asistentes al mismo no pudieron disimular el escandaloso desbalance por el rol cumplido por el entonces director ejecutivo de la DAIA. Mediante estratagemas absolutamente incompatibles con el estatuto de la propia DAIA, que se declara(ba) “apartidaria”, organizó sistemáticas operaciones de prensa –en connivencia con los matutinos La Nación y Clarín— destinadas a convertir al peronismo y al resto de las fracciones ligadas al nacionalismo popular en versiones de claro cuño antisemita. Parte de esta difusión maliciosa incluyó la metódica difusión de tergiversaciones dirigidas hacia medios de comunicación internacionales y embajadas extranjeras donde sistemáticamente se sembraba la creencia de que el gobierno kirchnerista expresaba una clara impronta judeofóbica. Dicha siembra de falsedades fue canalizada posteriormente por los sectores berajistas y el candidato a diputado nacional Waldo Wolff, para orientar el caso de la denuncia y la muerte de fiscal Natalio Alberto Nisman, como el paradigma indudable de la persecución a una minoría. Operaciones Uno de los responsables de “operar” a los periodistas y diplomáticos extranjeros era el propio Claudio Avruj, con la colaboración del citado Alfredo Neuburger, quien se venía de desempeñar como asesor de Enrique Mathov, mientras éste último fue secretario de Seguridad del gobierno de la primera Alianza. Mathov fue condenado en mayo de 2016 a 4 años y 9 meses de prisión por su responsabilidad en los crímenes ejecutados por el gobierno de la primera Alianza, durante diciembre de 2001. Otro de los condenados en ese mismo juicio oral y público —en este caso a 4 años de prisión— fue el comisario Rubén Santos que un mes antes de esos episodios trágicos fue condecorado por la DAIA por “su compromiso con la comunidad judía de la argentina” en relación a la seguridad. En ese acto de noviembre de 2001, meses antes de la represión desatada por el gobierno aliancista. Los intrincados vínculos de la DAIA/AMIA con la Policía Federal y la Metropolitana remiten por un lado a la permanente necesidad de las instituciones judías de garantizarse la seguridad en los perímetros de sus escuelas, clubes y templos, hecho que motivó un circuito de financiamiento, desde estas últimas hacia las comisarías responsables de la seguridad. Esa circulación de dinero equívoco –cuyo movimiento inicial se remonta al año 1992, luego del atentado a la embajada de Israel, terminó sellando un imbricado pacto de protección (y silencio) compartido. Uno de los cicerones encargados de vehiculizar los acuerdos ha sido, desde mediados de los años ´90 hasta la actualidad, Claudio Avruj, quien se convirtió en el facilitador de la “visita” de los jefes policiales al edificio de Pasteur. Uno de los últimos jefes de esa fuerza, hoy procesado y encarcelado por actos de corrupción es el comisario José Potocar, quien es acusado de manejar una “caja paralela” de fondos ilegales para “garantizar» seguridad a comercios, instituciones y prostíbulos, gestionando “áreas liberadas” disponibles para justificar dichas recaudaciones. El intricado vínculo entre la policía y la AMIA/DAIA ha sido motivo de una extraordinaria investigación periodística

Fuente: Gabriela Cerruti | Nuestras Voces Fecha: 02 de JULIO 2017 Cada vez que anuncia que se retira de un negocio con el estado, Mauricio Macri se lo transfiere a Impregilo o Ghella, dos empresas herederas de Impresit, la constructora de la Fiat con la que Franco Macri fundó el imperio. Ya lo hizo con la depuración del Riachuelo, la represa Yaciretá, el plan cloacal en el Gran Buenos Aires, las obras del arroyo Maldonado, la concesión de autopistas y ahora el soterramiento del Sarmiento en medio del escándalo Odebrecht. El Heredero de La Famiglia se convirtió en El Jefe retomando los orígenes italianos de la fortuna. Mauricio se despertó esa mañana, y se había convertido en Franco. Así podría comenzar la historia que dé cuenta del pase de manos entre los Macri y sus socios de La Famiglia italiana que depositó hoy los principales negocios, nuevamente, en los herederos de aquella sociedad entre los Agnelli de la Fiat y el patriarca Franco a principios de los setenta. Claro que ahora esos negocios, las obras públicas más importantes de la Argentina, lo tienen a Macri de los dos lados del mostrador: el soterramiento del Sarmiento, la depuración del Riachuelo, la represa Yaciretá, el plan cloacal en el Gran Buenos Aires, el plan hídrico alrededor del arroyo Maldonado en la Ciudad de Buenos Aires, y la concesión de las autopistas, entre muchas otras obras, son llevadas adelante por Impregilo y Ghella, a veces juntas, a veces por separado. Las dos empresas son los emporios italianos en que se transformó Impresit, la constructora de la Fiat de Giovanni Agnelli que a principios de los setenta se asoció con Franco para formar Sideco Americana armando la base de la fortuna familiar. En medio del escándalo por la corrupción en la licitación del soterramiento del Tren Sarmiento que involucra a Iecsa y Odebrecht, el presidente Mauricio Macri se negó tanto a detener las obras como a dar de baja el decreto por el cual le otorgó millones de dólares a las empresas en litigio. Para despegarse, el primo Angelo Calcaterra simuló primero una venta de Iecsa al empresario amigo Marcelo Midlin, venta incomprobable porque se hizo a título personal y no como empresa, así que no hay documento público que lo registre. Ahora, se anunció que Odebrecht se retira del negocio y queda todo en manos de Iecsa y Ghella. El cartel italiano Ghella es una pequeña empresa familiar italiana en manos de los hermanos Giandomenico, Enrico y Lorenzo Ghella, que actúa cartelizadamente con Impregilo tanto en Italia como en Latinoamérica. Suelen presentarse juntas a las licitaciones, formando consorcios o por separado, pero compiten siempre en las mismas convocatorias y se garantizan que una de las dos sea la elegida. Cuando decide radicarse en la Argentina para expandirse con sus negocios por Latinoamérica, Ghella traslada un director desde Impregilo: Gianvicenzo Coppi, cabeza del grupo en Brasil y que estaba siendo juzgado en ese país por denuncias de cartelización en las licitaciones de obras públicas en el estado de Salvador de Bahía. Impregilo es uno de los nombres que tomó durante los noventa Impresit, la empresa constructora propiedad de los Agnelli y la Fiat, que fue socia de los Macri durante décadas y dio origen al imperio familiar cuando formaron Impresit/Sideco. Gianvicenzo Coppi aparece sucesivamente como directivo en Impregilo, en Ghella y también en Iecsa y Creaurban, cuando éstas figuran a nombre de Calcaterra. Desde 1975 hasta 1994 fue director de Impresa. Del 94 al 2001 dirigió Impregilo primero en Milán y luego en Brasil. A partir de 2001 dirigió Ghella y Iecsa. Contra el padre La causa que investiga hoy el escándalo Odebrecht muestra que en el año 2006, siendo todavía Mauricio Macri formalmente accionista y directivo de Iecsa, se llevan adelante tanto la licitación para el entubamiento del arroyo Maldonado como la del soterramiento del Sarmiento. Luego de que su empresa gana las dos licitaciones, comienza el intento de ocultar su verdadero propietario y ponerlo a nombre de su primo Angelo Calcaterra. El primo del Presidente no tenía los fondos para comprar esas empresas, y en ese momento apareció salvadoramente Ghella, le prestó los fondos y formaron juntos ODS, la empresa controladora. Franco Macri se preguntaba entonces si Ghella no era en realidad testaferro del mismo Mauricio Macri. Y tenía viejas inquinas familiares para preguntárselo. La mayor pelea por el control de La Famiglia, que dividió a los Blanco Villegas de los Macri, se produjo a mediados de los noventa cuando Mauricio, su tío José Blanco Villegas y el gerente de Socma, Ricardo Zinn, llegaron a un acuerdo con la familia Agnelli, dueña de Impresit, a espaldas de Franco Macri, para quedarse con la representación de Fiat en la Argentina. Blanco Villegas y Ricardo Zinn debieron abandonar la empresa y los negocios, y Mauricio Macri tuvo su oportunidad como gerente de Fiat Sevel pero por poco tiempo. Sobrevino su secuestro, y dejó la empresa para presidir Boca Juniors. Ricardo Zinn murió en un extraño accidente aéreo sobrevolando Bolivia. Cuando Impregilo, la heredera de Impresit, volvió a la Argentina para asociarse a las empresas familiares y Ghella completó el acuerdo para poner a Angelo Calcaterra al frente de Iecsa, Franco Macri creyó ver el retorno de aquellos temas no resueltos en los noventas. Todo en las mismas manos Cada vez que Mauricio Macri, desde que asumió la jefatura de gobierno primero o la presidencia después, apareció dejando una empresa para no entrar en conflicto de intereses, siempre quedaron en manos o de Ghella o de Impregilo. Cuando asumió como jefe de gobierno, se desprendió de Iecsa para dejarla en manos de Ghella, que inmediatamente ganó la licitación para llevar adelante las obras del Arroyo Maldonado. Sideco abandonó el consorcio del plan cloacal del Gran Buenos Aires: lo dejó en manos de Impregilo. El plan de limpieza del Riachuelo, dividido en tres tramos, le otorgó el primero a Ghella y el tercero a Impregilo. Apenas asumió como Presidente, vendió a Sideco sus acciones en

Fuente: Edgardo Mocca | Página 12 FECHA: 02 de JULIO 2017 Durán Barba fue uno de los oradores centrales de la reunión de candidatos de Cambiemos de todo el país: la publicidad ha colonizado a la política. Hoy a eso se le llama “comunicación” pero ésta ha pasado a ser una palabra ambigua. Es la misma que se usó siempre en referencia a la capacidad particular de algunas personas para transmitir conocimientos y puntos de vista a una determinada audiencia social. En la política contemporánea la comunicación deja paso a la publicidad; hay una mercancía particular, la etiqueta política, de cuyas bondades habrá que convencer al consumidor votante. Como se sabe por la ya larga historia de la industria publicitaria, el género excluye la cuestión de la verdad como límite de su lenguaje. En su “Utopía de un hombre que está cansado” Borges mira nuestra época desde el futuro y dice que la gente era ingenua y creía que una mercancía era buena porque así lo aseguraba el fabricante. Agrega el mismo personaje refiriéndose también a nuestro tiempo “las imágenes y la letra impresa eran más reales que las cosas”. Hay que aclarar que Borges escribió ese texto hace más de cuarenta años. Aún así la comunicación política sigue existiendo, aún cuando hay que esforzarse por encontrarla fuera de los shows mediáticos y de la publicidad partidaria. Lo que hoy se comunica es un antagonismo político central que ninguno de los protagonistas se preocupa demasiado en ocultar. Cada una de las partes lo nombra a su manera: para unos hoy se dirime un futuro de libertad, progreso y transparencia frente a otro de populismo, autoritarismo y corrupción; otros dicen que está en juego un país soberano, industrializado e inclusivo o una neocolonia atrasada e injusta. El problema de los neoliberales en esta disputa es que los meses de gobierno macrista han constituido una muestra formidable a favor del modo nacional-popular de designar la confrontación. La enajenación de soberanía, la injusticia social y la decadencia industrial está puesta en escena con una velocidad que impacta, bajo la forma del brutal endeudamiento, la apertura de la economía, la pérdida de valor de los salarios y las jubilaciones, el crecimiento de la desocupación, el cierre de empresas nacionales, el retroceso de la política universitaria y científica, entre muchos otros aspectos. En cambio sería difícil encontrar algún indicador que señale en qué sentido se ha avanzado hacia la libertad, el progreso y la transparencia. Los días de la política gubernamental están dedicados a disimular y ocultar la realidad, a demonizar a todo lo que tenga aroma a kirchnerismo y a desplegar el repertorio publicitario del cambio, la alegría, el futuro y otros trucos de esa índole. El mito democrático dice que en las elecciones se hace un balance de un determinado período político; en el caso de una elección de medio término se trata de hacerlo sobre cómo estaba el país dos años antes y cómo está ahora. Es un mito, por lo tanto se equivoca quien quiere verlo aparecer en la realidad, pero el problema es que cuando la realidad se distancia tanto del mito como para transformarse en su contrario lo que se está afectando es la legitimidad democrática. Y lo que se está incubando es una profunda crisis política a la hora -más lejana o más cercana pero inevitable- en que la publicidad deje paso a la verdad. Un escéptico puede tranquilamente predecir que ese momento no llegará, pero ese nihilismo no puede ocultar que la historia está cargada de este tipo de episodios que son las revoluciones y los cataclismos sociales. El hecho es que el gobierno va a utilizar todos los recursos para evitar que ese balance más o menos sencillo ocupe un lugar decisivo en la decisión de voto de los argentinos. Lo curioso es que la batalla publicitaria del gobierno cuenta con el concurso de buena parte de la oposición. El gobierno necesita una discusión sobre los gobiernos de Cristina, convenientemente interpretados por los expertos en acción psicológica. Hace falta la identificación absoluta de la ex presidenta y sus seguidores como el mal absoluto para diluir la dura realidad que se vive en el país. Pero la oposición no kirchnerista ya antes de la campaña adelanta que el objeto principal del ataque será la demonización de los gobiernos anteriores. Se trata de un caso probablemente inédito de una coalición política de hecho contra una fuerza que no está en el gobierno. Es decir que no se la intenta reemplazar en el gobierno sino hacerla desaparecer de la escena política. La más clara representante de ese consenso proscriptivo es Stolbizer, hoy aliada de Massa y la que hará el trabajo sucio contra la ex presidenta que éste no quiere asumir personalmente en la campaña. Bruscamente la política argentina se ha librado de los fantasmas del pluralismo, la alternancia y la convivencia política para adoptar el discurso de la intolerancia, la persecución y el odio. Lo más interesante, sin embargo, no es el odio sino los cimientos sobre los que se sostiene; es la venganza de los poderes establecidos que van desde los grandes grupos de poder económico hasta los más diversos rincones académicos, periodísticos, parlamentarios y judiciales que se sienten la Argentina real. Es decir la Argentina del nombre, del poder, del dinero, de la fama, de la visibilidad. Llama la atención el lugar que ocupa la palabra resentimiento en el discurso del establishment; alude con toda probabilidad al sentimiento de quienes ocuparon durante un tiempo el lugar que nunca debieron ocupar, que consumieron lo que no les era dado consumir y se hicieron visibles cuando su sino es la invisibilidad. No es un partido o una doctrina lo que está en discusión sino una experiencia social y política mucho más abarcativa que un nombre, que incluye a muchísimos argentinos que no simpatizaron ni simpatizan con el “régimen”. Los trabajadores que protestan, los pobres que cortan calles, los científicos que luchan son “resentidos” según el gobierno y

Fuente: Raúl Kollmann | Página 12 Fecha: 02 de JULIO 2017 Después de tanto anuncio insinuado pero no cumplido, la investigación manipulada busca “evidencias” en la computadora del técnico Lagomarsino. Es que si se quiere forzar que Nisman fue asesinado, hace falta un asesino… La pseudo-investigación de la muerte de Alberto Nisman continúa realizándose a escondidas. De vez en cuando se publican dudas o conclusiones que va elaborando Gendarmería –bajo la responsabilidad política de Patricia Bullrich– o la fiscalía de Eduardo Taiano. Según el cronograma adelantado por el diario Clarín, en la semana que pasó debería haberse dado a conocer una pericia, hecha por Gendarmería de manera oculta, con la conclusión de que a Nisman lo mataron, contradiciendo así todas las pericias anteriores. No sólo no se publicó sino que las partes fueron convocadas el 10 de julio para hacer un estudio balístico y el 2 de agosto para hacer el análisis toxicológico. Además se le formuló a las partes cien preguntas vastas, como por ejemplo “cuándo fue la data de muerte”. Es decir, que al menos oficialmente, las cosas van para largo. Esto no quita, por supuesto, que se esté trabajando clandestinamente, a espaldas de la causa judicial. Clarín también adelantó que a principios de junio, con la presencia de las partes, se haría una reconstrucción de lo ocurrido en el departamento de Nisman. Se estaba construyendo –afirmaron– una maqueta a tamaño real del piso 13 de Le Parc. Por ahora, no hubo ni construcción ni reconstrucción. Durante el fin de semana pasado se hicieron trascender dudas sobre el informático Diego Lagomarsino, a quien apuntan para involucrar de alguna manera. Como preparan todo para establecer que hubo homicidio, necesitan un homicida. Como nueva prueba, Clarín dijo que que no se encontró la computadora desde la cual el informático Lagomarsino, de manera remota, hacía el mantenimiento de las computadoras del fiscal. La lógica es que Lagomarsino mintió sobre su trabajo y por lo tanto es sospechoso. La explicación de la defensa es simple. Todos esos trabajos los hizo siempre el informático desde una laptop que lleva en su mochila y usando el programa TeamViewer licenciado a nombre del propio Lagomarsino. Cuando allanaron la vivienda del técnico –un domingo–, éste estaba con sus hijos en casa de un amiguito de ellos, y por lo tanto no se llevaron la laptop. Tan sencillo como eso. Rebobinando La guerra de guerrillas mediático-judicial-política, en la que cada tanto disparan con un aparente nuevo elemento o una supuesta prueba, tiene como objetivo instalar la hipótesis del homicidio, rechazada por las tres pericias que se hicieron en la causa bajo la conducción de la fiscal Viviana Fein y la jueza Fabiana Palmaghini. La junta médica concluyó que “no hay certeza pericial de homicidio”. La junta criminalística sostuvo que “no se encontró ningún rastro que indique el desplazamiento de personas por el interior del baño”, es decir que Nisman estaba solo en el momento del disparo. Finalmente, el estudio del laboratorio químico y forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales de Salta dictaminó que “sobre (las manos del fiscal) se hallaron partículas consistentes con residuos de disparo”. Todo ese curso adverso de los estudios científicos llevó al fiscal Taiano, que instruye la causa, y al gobierno nacional, que conduce la Gendarmería, a realizar de nuevo todas las pericias, pero al principio marginando a las partes, entre ellas a la defensa de Lagomarsino. También quedaron a un costado los forenses designados por la Corte Suprema y los peritos criminalísticos de la Policía Federal. En la versión de Clarín de fines de mayo se anunció que Gendarmería dictaminaría en 30 días, o sea en la semana que pasó, que lo de Nisman fue homicidio. Además, adelantaron la realización de una reconstrucción, una semana más tarde, a principios de junio, en que podrían participar los peritos de parte. Desde entonces no hubo novedades ni se hizo la reconstrucción. Calendario Ahora se notificó a los peritos que el 10 de julio se hará la pericia balística, es decir se volverá a determinar la distancia y el ángulo del disparo; se reiterará que el proyectil salió de la pistola calibre 22 y otros elementos que se trabajaron desde un principio. El 2 de agosto están convocados los especialistas para hacer el análisis toxicológico, una medida llamativa, tal vez orientada a tratar de introducir en el caso que Nisman murió el sábado 17 y no el domingo 18 de enero de 2015. Esto último fue lo establecido por trece de los quince forenses, en su gran mayoría designados por la Corte Suprema. Entre ellos intervino Fernando Trezza, una autoridad mundial en materia de establecer la data de una muerte. Todos coincidieron en que Nisman murió el domingo al mediodía. La querella que encabeza Sandra Arroyo Salgado –ex pareja de Nisman– insiste en que el deceso del fiscal se produjo el sábado al atardecer, porque ese día estuvo Lagomarsino en el departamento del fiscal. Pero hay constancias muy claras de que Nisman habló por teléfono o chateó con tres personas después que el técnico abandonó el edificio Le Parc: habló con el custodio Néstor Durán, chateó con el periodista de Infobae Laureano Pérez Izquierdo y con la periodista de Clarín Natasha Niebieskikwiat. Con ésta última intercambió un último mensaje a las 21.17, mientras que las cámaras de seguridad verificaron que Lagomarsino salió de Le Parc a las 20.34 y las cámaras del complejo en Martínez donde vive el informático lo muestran ingresando en el garage a las 21.04. En el equipo de Arroyo Salgado se produjo un cambio de importancia. El principal perito, el ex titular de la Bonaerense Daniel Salcedo, se fue a trabajar a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). O sea que revista ahora en el Poder Ejecutivo, algo que también revela su alineamiento anterior. En su lugar ingresó el ex comandante de Gendarmería, Eduardo Frigerio. Técnico De los nuevos trabajos, hechos a escondidas, la entente judicial-mediática-política va haciendo trascender supuestos resultados. El principal: que Gendarmería va a dictaminar que hubo