Politica

Fuente: Ricardo Ragendorfer | TiempoAR Fecha: 10 de SEPT. 2017 El 7 de septiembre hubo en El Bolsón una marcha por la aparición con vida de Santiago Maldonado que partió desde la plaza Pagano. Ya entonces se notó la presencia de un sujeto que fotografiaba la columna desde una esquina. Luego el «espía» siguió esa procesión a bordo de una camioneta Toyota Hilux. Y tres cuadras después, a pocos metros del casino de suboficiales de la Gendarmería, fue increpado por los manifestantes, a quienes casi atropelló en su precipitado repliegue. Pero su imagen quedó registrada por cámaras y celulares, al igual que la patente INR 983 del vehículo. Así fue posible identificarlo; era un tal Federico Germán Magri. Un nombre a tener en cuenta. Se trataba del gerente de Green Quality, una empresa de biotecnología agropecuaria asentada en la localidad chubutense de El Hoyo y miembro de la pata civil del pogrom contra la comunidad mapuche en alianza con el poder político y las fuerzas de seguridad. Una suerte de «Liga Patriótica» organizada –tal como adelantó Tiempo Argentino el 27 de agosto– por el funcionario del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, tras ciertas reuniones que mantuvo junto a su jefa, Patricia Bullrich, con referentes de las sociedades rurales de Neuquén, Chubut y Río Negro. Entre ellos resaltaban los terratenientes Néstor Becerra, Julio Crespo Campos, Roberto Jimeno y el administrador general de las estancias del Grupo Benetton, Ronald McDonald. El administrador, secundado por el capataz Vivian Hughes, supo armar una guardia blanca con matones rurales armados con revólveres y escopetas. Suelen efectuar con regularidad tareas de hostigamiento contra los pobladores de la Lof de Cushamen. Y no son ajenos a las redadas represivas de Gendarmería y la policía local. Tanto es así que durante el ataque de 10 de enero, el propio McDonald comandó el robo de ocho caballos y una vaca de la comunidad, la cual fue carneada ante la vista de los prisioneros. También en la mañana del 1º de agosto los paramilitares de Benetton se mostraron activos. Según el relato a este diario de Soraya Macoño –la vocera mapuche detenida con dos lamien (hermanos) al circular en un vehículo por la ruta 40, a la altura del ingreso a la estancia de Leleque– «sus camionetas iban y venían, se metían en la comisaría y volvían a la estancia para salir otra vez hacia la Lof. Los hombres de McDonald daban órdenes, indicaciones. Ellos sabían todo lo que pasaba». En la ya citada edición de Tiempo fue revelada la existencia de una base logística de Gendarmería en el casco de dicha estancia. Eso motivó que al día siguiente la fiscal Silvina Ávila elevara al juez –por orden de la Procuración de Violencia Institucional (Procuvin)–, un pedido de allanamiento en ese lugar. A tal efecto adjuntó a la solicitud una copia del artículo en cuestión. Pero para Otranto –un hombre de profundas convicciones religiosas– aquella ciudadela privada sería parte de un «territorio sagrado». De modo que se negó a realizar aquella diligencia con el argumento de que «la información periodística resulta insuficiente» para acreditar la existencia de dicha unidad operativa. Pero 23 días antes, durante el rastrillaje con canes en el predio mapuche, su señoría –de muy mal talante por el recelo que le dispensaban sus forzados anfitriones– se retiró a esperar los resultados del procedimiento justamente en aquella base secreta. Vueltas de la vida. Otranto –amparado en el secreto sumarial– también se negó a cruzar las comunicaciones telefónicas de Noceti con los oficiales de todos los escuadrones de la Gendarmería en la región. La excusa esgrimida: «Al doctor no se lo vincula con la investigación». ¿Acaso teme que ese entrecruzamiento pueda detectar llamadas entre ese funcionario y su propia línea antes, durante y después de que Santiago Maldonado fuera visto por última vez? Por lo pronto, en una telegráfica entrevista publicada el 7 de septiembre por el diario La Nación, Noceti proclamó: «Nunca hablé con quien comandó el operativo antes de iniciarse». Los hechos –y su boca– lo desmienten. En sendas entrevistas radiales concedidas el 2 de agosto a Radio Nacional Esquel y FM Sol, Noceti se refirió con lujo de detalles a una reunión convocada por él en Bariloche el 31 de julio para impartir directivas de la acción del día siguiente. Y según sus palabras, se encontraban presentes «el ministro de Gobierno de Chubut y su jefe de policía; el secretario de Seguridad de Río Negro y su jefe de policía; la gente de Prefectura, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria. Además estuvieron todos los jefes de los escuadrones de Gendarmería en la zona cordillerana». Se refería, entre otros, a los comandantes Fabián Méndez, de El Bolsón, y Pablo Escola, el segundo jefe de Esquel. Ambos encabezaron la represión. Ahora se sabe que Noceti se jactó allí de poder encarcelar a integrantes de la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), su enemigo interno favorito, sin orden de un juez, en base a una interpretación algo antojadiza del artículo 213 bis del Código Procesal, referido a situaciones de «flagrancia» que ponen en riesgo la seguridad nacional. «Las fuerzas federales –dispuso– van a actuar con autonomía respecto a la justicia». La reunión terminó al mediodía. Horas más tarde, a manera de ensayo, hizo detener a nueve mapuches que se manifestaban ante la fiscalía federal en protesta por la detención del lonko Facundo Jonas Huala. A la mañana siguiente, Noceti salió en dirección al sur. Se detuvo en la Lof de Cushamen al ocurrir la bruta irrupción de los gendarmes; su presencia allí coincidió en el tiempo con la captura de Santiago. Luego partió a bordo de su camioneta blanca. Y a las 13:30 se lo vio llegar al sitio donde permanecía Soraya y sus dos acompañantes. Luego de bravuconearla siguió viaje rumbo a Esquel. Allí mantuvo una ríspida reunión con Otranto. Según una fuente próxima al juzgado, hubo el siguiente diálogo: –Le adelanto que Gendarmería actuó sin orden judicial –soltó Noceti– porque, usted sabe, con la figura de flagrancia

Fuente: Irina Hauser | Página 12 08 de SEPT. 2017 El Memorándum de Entendimiento con Irán tuvo aprobación del Congreso. Fue ley. Nunca entró en vigencia porque el parlamento iraní no lo refrendó. Tampoco fue creada, por ende, su “comisión de la verdad”, que revisaría documentación de la causa AMIA. Jamás fueron levantadas ni alteradas las alertas rojas que pesan sobre los iraníes acusados del atentado. No existió intercambio comercial de grano por petróleo. A pesar de todo esto, el fiscal Gerardo Pollicita afirma que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ex Canciller Héctor Timerman encubrieron a los sospechosos o por lo menos generaron las herramientas legales para intentar lograr su impunidad. Es más, afirma que serían autores del delito de encubrimiento agravado, al definir al ataque terrorista como un delito de lesa humanidad. Pidió que sean indagados, que se les inhiban todos sus bienes, se les quite el pasaporte y no puedan salir del país. Pollicita resucitó así la denuncia que hizo Alberto Nisman cuatro días antes de morir, pero le agregó algunos elementos de su cosecha, como un relato de supuestas negociaciones que define como secretas (aunque eran públicas), y multiplicó la lista de imputados, para incluir ahora al ex número 2 de la Agencia Federal de Inteligencia y ex secretario del Ministerio de Justicia, Juan Martín Mena, la ex funcionaria de Cancilleria Susana Ruiz Cerutti y la ex procuradora del Tesoro, Angelina Abbona. Reflotó también las escuchas que había presentado Nisman con diálogos telefónicos entre personajes secundarios, como Luis D’Elía y Jorge Yussuf Khalil, que pretendían algún tipo de injerencia en la relación con Irán y ante el Gobierno pero no conseguían nada. El punto de partida de Pollicita es la última moda en Comodoro Py: tratar como un delito a las políticas de gobierno. En este caso dice que existió un viraje en la posición del Poder Ejecutivo frente a la causa AMIA. Su planteo es que Néstor Kirchner nunca quiso un acercamiento con Irán y rechazaba sus propuestas. Que colaboraba sin interferir con la investigación e incluía en todo a los familiares de las víctimas. Pero cuestiona que con la ex presidenta comenzaron los acercamientos desde que introdujo la posibilidad de enjuiciar a los iraníes en un tercer país. Ella lo dijo en la ONU pero para Pollicita es lindante con el delito. Se basa en testimonios de los ex cancilleres de Kirchner, Rafael Bielsa y Jorge Taiana. Ambos, igual que Timerman habían analizado la opción del “tercer país”. Lo que surge en sus declaraciones es que el presidente se negaba a dialogar con Irán si no se hablaba de AMIA. “No se puede hablar de nada si no había colaboración judicial”, declaró Taiana, según cita el fiscal. Lo que sucedía es que los iraníes querían hablar de comercio, pero no del atentado. Con Timerman sí aceptaron tratar el tema y habilitar la indagatoria de sus sospechosos con el mecanismo del Memorándum. Pero según el fiscal se cambió la política para “avanzar en la ejecución de un plan de encubrimiento.” Pollicita, como decía Nisman, sostiene que el memorándum se diseñó para asegurar la impunidad a los sospechosos iraníes. Dice que el objetivo era que finalmente “se brindarían los instrumentos adecuados” para que esas alertas “fueran removidas, suspendidas o morigeradas”. También que se plasmaba un acuerdo de intercambio de granos por petróleo, aunque es sabido que el petróleo iraní es incompatible con refinerías argentinas por su carga de azufre. No existió ni una cosa ni la otra. Sobre las alertas, en tres oportunidades el ex secretario de Interpol afirmó, incluso por escrito, que el gobierno argentino nunca quiso modificarlas. El juez federal Claudio Bonadio rechazó todos los pedidos para que Noble testifique. Cuando el fiscal se refiere a una etapa de negociaciones secretas, alude a una supuesta reunión reservada de Timerman con el canciller iraní Alí Akbar Salehi en Alepo cuando viajó a Siria en enero de 2011 para tener un encuentro con el presidente Bashar Al Assad. El viaje fue público y también la reunión con el mandatario. Pero a través de su abogado, Alejandro Rúa, el ex canciller siempre negó una reunión en Alepo con su par iraní. Pollicita la toma como un hecho en base al testimonio del ex embajador argentino en Siria, Roberto Ahuad quien, curiosamente, no sólo no dijo eso sino que lo desmintió en Radio Mitre. Lo que había declarado era que otros funcionarios le habían comentado sobre un supuesto encuentro. El viaje no fue secreto, la reunión con el canciller iraní en Alepo nadie la vio y Timerman la niega. Pero para Pollicita es un hecho. El fiscal se apoya también en la segunda declaración testimonial del ex jefe de operaciones de la ex Side, Antonio Stiuso, en la causa sobre la muerte de Nisman. En su primera declaración, Stiuso sabía poco y nada. La segunda duró nueve horas y sirvió para que la causa pase a Comodoro Py. Allí dijo que CFK en determinado momento ordenó que a Nisman no le dieran más información del caso AMIA y que no se buscara más nada que complicara a Irán. Declaró que se lo dijo Francisco Larcher, otro ex agente. Lo que no tuvo en cuenta el fiscal es que cuando Larcher fue a declarar desmintió a Stiuso. Para Pollicita vale igual. Las escuchas que recupera el fiscal incluyen conversaciones donde se escucha a Luis D´Elía, el diputado Andrés “Cuervo” Larroque, el operador de la comunidad iraní Jorge Khalil, el ex jefe de Quebracho Fernando Esteche, el ex juez Héctor Yrimia y el falso espía Allan Bogado. Pollicita dice que conformaban una suerte de “diplomacia paralela”, porque mientras le retaceaban información a Nisman, D’Elia se reunía con funcionarios de la Casa Rosada para avanzar en acuerdos con Irán. Eran canales “de comunicación y negociación, no oficiales, como vías concretas, eficientes y confiables para avanzar con el objetivo criminal planeado”. Pollicita tampoco ponderó que, por ejemplo, Kahlil maldecía a Timerman con frases como “judío de mierda” porque

Fuente: Raúl Kollman | Página 12 06 de SEPT 2017 La secretaría general de Interpol propuso en 2008 la formación de una Comité Jurídico Mixto argentino-iraní “que pudiera resolver las ambigüedades y malos entendidos que rodean la instrucción de la causa. Tal Comité podría trazar una hoja de ruta o acordar un Memorándum de Entendimiento para avanzar en la resolución del caso”. La propuesta fue trasladada al fiscal Alberto Nisman quien contestó tres veces “que toda medida que implique cooperación que tenga por finalidad materializar y dar respuesta eficaz a los requerimientos, la recibe esta Unidad Fiscal con beneplácito y la encuentra altamente positiva”. La documentación demuestra que lo que para Nisman era altamente positivo no sólo se convirtió después en negativo sino incluso en un delito, pese a que el Memorandum del que se hablaba en ese diálogo con Irán y con Interpol se convirtió después en una ley votada por las dos cámaras del Congreso. El fiscal Gerardo Pollicita prepara a las apuradas y para meterlo en tiempos electorales el pedido de indagatoria para la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ex canciller Héctor Timerman porque lo que Nisman vio como altamente positivo es calificado ahora como un encubrimiento y hasta un acto de traición a la patria. La secuencia documental empezó en febrero de 2008 cuando la Policía Federal, que es la sección argentina de Interpol, le informó al ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández, de la existencia de una comunicación de Interpol. El 8 de febrero de 2008, con la firma del comisario Néstor Valleca, la Federal le señaló al ministro que la secretaría general de Interpol recibió una propuesta de Irán para iniciar un diálogo en el marco de la organización internacional de policía sobre la causa AMIA. En concreto lo que se propone es “discutir la cooperación de ambos países” en el expediente del atentado. A lo largo de los años, desde que la justicia argentina imputó a los ciudadanos iraníes por el atentado, Interpol buscó algún tipo de acercamiento. Es que se trata de un caso atípico. Interpol normalmente busca prófugos en causas de narcotráfico o de organización criminal. En esos casos los Estados no respaldan a los prófugos. En la causa AMIA existe –según Interpol– un conflicto entre dos Estados que son miembros y por eso la actitud siempre fue buscarle una solución negociada. Después que Aníbal Fernández recibió aquella primera nota de la Policía Federal, le trasladó la cuestión a quien estaba encargado de la investigación, el fiscal Nisman. La nota del entonces ministro tiene fecha del 20 de febrero de 2008. Nisman contestó a la notificación de Aníbal Fernández señalando que “que toda medida que implique futura cooperación la recibe la fiscalía con beneplácito y la encuentra altamente constructiva”. Firman la respuesta el propio Nisman y su secretario Fernando Scorpaniti. El 1º de abril de 2008 la gestión sale de la órbita policial y se afina la propuesta a través de una carta que el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino le envía a Nisman. La Cancillería transmite las precisiones a partir de un diálogo mantenido en Irán por la representación diplomática argentina en Teherán. En concreto lo que se propone es lo siguiente: Irán pregunta por la disponibilidad argentina para constituir “un Comité Mixto” de juristas. Ese Comité podría trazar una hoja de ruta o “acordar la firma de un Memorandum de Entendimiento” que podría avanzar concretamente en la resolución del caso. La nota está firmada por la directora de asistencia jurídica de la Cancillería, María Seoane de Chiodi. Además, se acompaña un texto del Encargado de Negocios de Argentina en Irán, Mario Quinteros, quien además detalla que las autoridades de Teherán proponen la visita del juez Rodolfo Canicoba Corral, el fiscal Nisman y la defensora oficial para que se avance en las tratativas. Quinteros menciona la idea de que Irán incluso estaría dispuesto a redactar un texto–borrador del eventual acuerdo. Nisman vuelve a contestar el 8 de abril de 2008 con un oficio muy similar al anterior. Toda iniciativa de cooperación es “recibida con beneplácito y resulta altamente constructiva”. No es que el fiscal pusiera alguna condición o sugiriera que no se puede negociar nada que no sea la presencia en la Argentina de los sospechosos o que no corresponde ninguna comisión mixta. Nisman y su secretario vuelven a contestar, por segunda vez, que es positiva la búsqueda de cooperación con Irán, aún cuando ya está claro que se habla de Memorándum y de Comisión Jurídica Mixta. El texto se adjunta a la causa y, además, se realiza una transcripción en forma de respuesta a la Cancillería. O sea, hay tres aceptaciones de Nisman respecto de avanzar en la cooperación con Irán para buscar algún camino e incluso firmar un Memorándum. Es público y notorio que los sucesivos cancilleres argentinos, por instrucciones de Néstor y Cristina Kirchner, siempre buscaron alternativas. La idea de hacer un juicio en un tercer país se barajó varias veces, incluso se mencionó a Marruecos como posible sede. La intención fue pública y replicaba lo ocurrido con el atentado de Lockerbie cuando el Reino Unido y Libia acordaron hacer el juicio a los dos supuestos terroristas en una base norteamericana en Holanda. En aquella oportunidad el mediador fue nada menos que Nelson Mandela. Después de firmado el Memorandum, en enero de 2013, el texto pasó por el juez, luego por la Cámara Federal, por el Congreso, después nuevamente por el juez Daniel Rafecas, otra vez la Cámara y luego la Casación lo declaró inconstitucional. En todo el proceso, ni siquiera los que se opusieron, los que votaron en contra ni los que declararon la inconstitucionalidad sostuvieron que podría tratarse de un delito. Y como se ve, hasta Nisman dio su visto bueno en 2008. Nueve años después, lo que prima es la alianza mediática-política-judicial, con sede en Comodoro Py, que no sólo tiene un eje electoral y, más allá de los comicios, busca desesperadamente una condena a la ex presidenta y

Fuente: M. Escalada & A. Ronconi | El Disenso Fecha: 06 de SEPT 2017 En 30 días vence la Ley 26.160 que suspende los desalojos de comunidades indígenas y Cambiemos está comprando tiempo para no prorrogarla. En este informe de El Disenso te contamos que el Senado volvió a postergar el tratamiento de la prórroga, beneficiando a los magnates Lewis y Benetton, quienes esperan ansiosos el vencimiento del plazo para poder solicitar el desalojo de las comunidades que habitan en sus tierras. La 26.160 Sancionada el 1º de noviembre de 2006, la Ley 26.160 suspendió los desalojos de comunidades indígenas por el término de cuatro años, al tiempo que ordenó el RETECI – Relevamiento Territorial de las Comunidades Indígenas, un relevamiento técnico, jurídico y también catastral. Para esta acción se propuso un lapso de 3 años, creándose un fondo al que se le asignó un presupuesto de 10 millones anuales, y cuyo responsable directo es el INAI – Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. El tiempo pasó, y al término del 2009 no se había avanzado en el RETECI por lo que fue necesaria la creación de la Ley 26.554 mediante la cual se prorrogó tanto la suspensión de los desalojos como la realización de los relevamientos hasta el día 23 de noviembre de 2013. En esa oportunidad volvió a asignarse un presupuesto anual de $10 millones por cada año extra agregado a la ley original. Llegada la fecha y ante el incumplimiento de los relevamientos, nuevamente se creó una ley a medida, en este caso la 26.894, poniendo como nueva fecha límite el mes de noviembre de 2017. En el año 2013, el ENDEPA – Equipo Nacional de Pastoral Aborigen alertó sobre el incumplimiento de la ley a través de un pormenorizado informe titulado “Advertencia sobre la inejecución de la ley 26.160”. Desde principios de 2017 la legisladora Magdalena Odarda viene insistiendo para que la Cámara de tratamiento a su proyecto de Ley S-1632/17 que solicita la prórroga hasta el 23 de noviembre de 2021 de los plazos establecidos en la Ley 26.160, prorrogados posteriormente. Odarda hace referencia al informe de ENDEPA, sobre el que denuncia al Estado Nacional y los Estados Provinciales como “responsables por la inejecución de las leyes 26.160 y 26.554“, ya que según el documento mencionado, el avance real comprende: Cantidad de Comunidades relevadas: 465 Porcentaje del total relevado: 48,95% Universo a alcanzar definido en Cantidad de Hectáreas 9.000.000 Cantidad de Hectáreas relevadas 4.494.517,79 Porcentaje del total 49,93% Universo a alcanzar definido en cantidad de comunidades: 950 Los desalojos de diferentes comunidades privilegiando los intereses de los terratenientes del lugar son moneda corriente en las provincias, y mientras Gendarmería irrumpe violentamente en sus dominios arrasando con todo a su paso, para que la justicia luego devuelva esas tierras a los poseedores de los títulos propietarios, los integrantes de los pueblos originarios ven sus casas destruidas y sus pertenencias quemadas al tiempo que son catalogados como “usurpadores” de las tierras de sus ancestros. Lamentamos corroborar además que tampoco se ha logrado frenar los desalojos o desocupaciones judiciales en su totalidad, registrándose casos en Las Pailas (Salta), Quilmes, Nogalito, Mollar (Tucumán), Pampa del Indio (Chaco), La Primavera (Formosa), Los Toldos (Buenos Aires), Currumil, Paichil Antriao (Neuquén), Santa Rosa Leleque (Chubut). Sobre otras pesa orden de desalojo, frenadas por el momento por recursos judiciales (ej. Cheuquel, Huayquillán, en Neuquén). Otras se encuentran en peligro por intentos de venta de parte de su territorio (ej. Comunidades de la Reserva de Yabotí, en Misiones). Advertimos y denunciamos el crecimiento de la violencia estatal como aparato represivo en la ejecución de los desalojos, como ser el caso de la comunidad de Las Pailas (Salta) y La Primavera (Formosa). En éste último perdieron la vida dos personas. El cacique Chocobar (Tucumán) fue asesinado en ocasión de protesta por sus tierras. En todas las acciones hubo innumerables daños materiales, morales y comunitarios. Todos estos incidentes se hubieran evitado de haberse ejecutado el Programa de Relevamiento Territorial tal como se previó legislativamente. señaló la legisladora en su proyecto de Ley. Pu Lof en Cushamen En 2015, la comunidad Mapuche Pu lof en resistencia de Chushamen, ubicada en la localidad de Santa Rosa de Leleque, provincia de Chubut, se propuso recuperar parte de su tierras ancestrales, actualmente usurpadas por el magnate Luciano Benetton, quien posee más de 900.000 hectáreas a su nombre. Esta decisión significó para la comunidad, el inicio de amedrentamientos y acciones represivas por parte del Estado a través del ingreso de Gendarmería a sus tierras. Tanto el magnate Lewis como Benetton son poseedores de cientos de hectáreas reclamadas por los Mapuches, y necesitan tiempo para que expire la prórroga de la Ley 26.160 que impide los desalojos, porque de realizarse los relevamientos, deberán reconocerle a los Mapuches la propiedad comunitaria de las tierras que habitan, por esta razón es conveniente inventar un enemigo para con el Estado, que era inexistente un par de meses atrás, pero que para el gobierno justifica el ingreso de Gendarmería en pos de la protección de la propiedad privada. De acuerdo a un informe de Resumen Latinoamericano, Macri compró tierras en Salta a menos 0,10 centavos por metro cuadrado en la zona de Rivadavia y Dragones, y con ayuda del Gobernador Urtubey, este mismo año desalojó comunidades indígenas wichis, a las que también dejó sin agua desviando los arroyos existentes hacia sus sembradíos de soja. Se trata de aproximadamente 14 familias que luego de ser desalojadas quedaron a la vera de la Ruta Nacional N° 81. El cacique Rafael Carlos Tejerina aún aguarda respuestas por parte del Instituto Provincial de los Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS) y del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Un derecho asegurado por nuestra constitución La Constitución Argentina, en el Artículo 75, Inciso 17 reconoce “la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos“, garantizando “el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural“, reconociendo “la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad

Fuente: Raúl Kollman | Página 12 Fecha: 24 de AGOSTO 2017 El ex canciller Héctor Timerman viajó en forma pública a la ciudad siria de Alepo a fines de enero de 2011, se encontró allí con el presidente Bashar al Assad porque el mandatario estaba en su residencia de invierno y no en la capital, Damasco. No hubo ninguna reunión con el canciller iraní, Alí Akbar Salehi, y ni siquiera se habló de la cuestión de la AMIA con el presidente Assad. Sin embargo, el diario Clarín intentó ayer montar un nuevo show, en sintonía con el Gobierno, el fiscal Gerardo Pollicita y la DAIA en base a una testimonial del ex embajador argentino en Siria, Roberto Ahuad. El diplomático quiso plantar judicialmente que el viaje a Alepo fue secreto, aduciendo que “tiempo después se enteró por funcionarios sirios que Timerman estuvo en Alepo”. Su segundo, el cónsul Alberto Pezzoni lo desmintió en la misma causa judicial: el diplomático declaró que “todos sabíamos que viajaba a Alepo”. Más contundente todavía es que la agencia Télam y la agencia oficial siria informaron, al día siguiente, de la visita y la reunión en Alepo entre el canciller y el mandatario. Incluso, el propio Ahuad escribió un informe en la misma fecha dando cuenta del viaje –nada secreto– de Timerman a Alepo. O sea que todo fue público y el entonces canciller no se vio con ningún representante iraní ni habló del tema AMIA durante su estancia de un día en la histórica ciudad siria. Los abogados de Timerman, Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, pidieron ya hace un tiempo copia de la declaración de Ahuad y preparan una denuncia por falso testimonio. El objetivo de toda la maniobra desplegada ayer nuevamente es apuntar contra Cristina Kirchner y contra el ex canciller Timerman imputándoles delitos insólitos como traición a la patria o encubrimiento, argumentando que le dieron una supuesta ayuda a los sospechosos iraníes del caso AMIA. La idea-base es que hubo negociaciones secretas con Irán para garantizarle impunidad a los iraníes a cambio de un espectacular incremento en el comercio entre los dos países. Este supuesto acuerdo pergeñado en Alepo fue denunciado, por primera vez, por el fallecido periodista José “Pepe” Eliaschev. A raíz de su nota periodística, el fiscal Alberto Nisman lo citó a declarar y cuando le pidió alguna prueba, Eliaschev reconoció que tenía. El desmentido más categórico es que, en los hechos, lo que dijeron que se había acordado nunca se concretó: Los sospechosos iraníes siguen con órdenes de captura con alertas rojas. Y el secretario general de Interpol, el norteamericano Robert Noble, declaró que nunca hubo ninguna gestión ni de Timerman ni de ningún funcionario argentino para levantar esas capturas ni las alertas rojas. “Todo eso es falso”, le dijo Noble a PáginaI12 y a The Wall Street Journal cuando Nisman denunció a CFK y al ex canciller por gestionar un supuesto beneficio para los iraníes. En ningún momento hubo compras de petróleo iraní. El argumento era que la Argentina padecía una crisis energética y entonces el petróleo persa venía al rescate. La realidad es que el oro negro de Irán ni siquiera se podía refinar en la Argentina. Tampoco se produjo incremento en el comercio entre los dos países. Por otra parte, el memorándum con Irán se hizo público y fue votado tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, de manera que no fue un tratado secreto. El ex embajador Ahuad declaró hace más de un mes, pero Clarín armó el show recién ayer, incluso adelantando que el fiscal Pollicita pedirá a fin de mes que CFK y Timerman sean citados a indagatoria. Todavía no se sabe si por el delito de traición a la patria o por encubrimiento, pero parece que la alianza político-mediático-judicial funciona a pleno. La secuencia de hechos relacionados con el viaje a Alepo fue la siguiente: Durante la asunción de Dilma Rousseff, el 1 de enero de 2011, funcionarios de la cancillería de Siria invitaron a Timerman a visitar ese país y a reunirse con Al Assad. La decisión de realizar la visita fue transmitida a la embajada de argentina en Siria, por cable oficial, el 3 de enero de 2011. El viaje se concretaría a fin de ese mes. Cuando Timerman llegó a Damasco se reunió con su par sirio, pero el presidente Al-Assad lo invitó a visitarlo en su residencia de invierno, en Alepo. Timerman aceptó la invitación y no llevó a Alepo al embajador Ahuad porque el encuentro sería a nivel del presidente y el canciller. Timerman partió por la mañana y volvió a la tarde. Vio al mandatario y luego caminó por el centro de la ciudad, por entonces una de las reliquias históricas de la Humanidad. Hoy, parte de los monumentos fueron destruidos por Isis. Al atardecer, el canciller volvió a Damasco, donde lo esperaba Ahuad. En toda la jornada no se encontró ni con el canciller de Irán ni con ningún funcionario del país persa. Tampoco habló con Al Assad sobre el atentado contra la AMIA. Los temas tocados fueron esencialmente el conflicto de Malvinas, la parálisis del proceso de paz entre Israel y los países árabes, el armado de una cumbre árabe-latinoamericana, en Perú, y la evolución de la comunidad siria de la Argentina. El viaje nunca fue secreto. Lo publicaron Télam, la agencia oficial siria SANA y, como declaró el cónsul, fue conocido por todos los funcionarios diplomáticos. El cable de Télam fue reproducido por numerosos medios, hasta en Infocampo. Resulta curiosa la declaración del ex embajador Ahuad. En primer lugar dijo que “tiempo después” se enteró que el viaje de Timerman dentro de Siria fue a Alepo. Y el mismo Ahuad firma un cable del día posterior, CA EASIR 010042 2011 de fecha 25 de enero de 2011, en el que relata en detalle el viaje del canciller a Alepo. Las curiosidades siguen. Ahuad sostuvo en su declaración que “funcionarios sirios”, a los que no identifica, le dijeron que

Fuente: M. Escalada & A. Ronconi | El Disenso Fecha: 20 de AGOSTO 2017 Desde que Cambiemos asumió el gobierno nos fuimos acostumbrando a diversas “puestas en escena” como forma de política diaria. Esto mismo ocurrió en las PASO, a la manipulación de datos, signada por una carga selectiva que priorizó los distritos donde ganaba Cambiemos, se sumó el freno al cómputo de datos ante la irreversibilidad de los resultados, y la falsificación de los telegramas del Correo, que son documentos electorales. De esta manera Cambiemos tuvo su festejo ganador al cierre de los comicios, aunque los números reales no los habían acompañado. El proceso El domingo pasado, al cerrarse las mesas, la mayoría de las autoridades electorales completaron un telegrama volcando exactamente los mismos valores que los consignados en el acta electoral. Ese telegrama fue transportado por el Correo hacia los CTD, “Centros de Transmisión Digitalizada”, donde empleados se ocuparon de abrir las bolsas, escanear los telegramas y enviarlos al centro de cómputos. Según la información brindada desde el Correo Argentino, las computadoras utilizaron para el escaneo un software llamado “digidoc”. De acuerdo a las medidas de seguridad publicadas en Information Technology, las PC utilizadas están validadas por MAC Address e IP, y solo admiten el logueo de un usuario único que es el autorizado para realizar la carga, que desde 2015 también es grabada por un sistema de circuito cerrado de video. Una vez escaneado, el archivo TIFF es validado con firma digital PKI. Si el telegrama está correcto, se imprime; luego, su imagen va a Indra, donde se llevará a cabo el escrutinio provisorio. Si, por alguna razón, la imagen no está clara o no es validada electrónicamente, Indra envía el archivo a su “Centro de Incidencias” donde los verifican nuevamente. ¿Qué es un retoque digital? Seguramente viste, en las fotos de campaña y publicidad de Cambiemos, como los funcionarios lucen inmaculadas sonrisas, no tienen ojeras, arrugas ni canas, y sus rostros ostentan una juventud imperturbable que podría envidiar el propio Dorian Gray. Pero no, no son así en la vida real. Para lograr eso semblantes ficticios modifican digitalmente las imágenes, utilizando generalmente un programa llamado Photoshop, que permite realizar cambios de manera casi imperceptible, siempre dependiendo de la calidad del operador del software. Ahora veamos algunos de los telegramas que originaron esta nota. El lunes te contamos que habíamos encontrado 270 telegramas en la Provincia de Buenos Aires que tenían 0 (cero) votos para Unidad Ciudadana, en distritos como La Matanza, donde desde el vamos CFK arranca con una base muy solida de votantes. Para el martes, ya habíamos detectado más de 1300 telegramas con irregularidades semejantes, una situación que no registra precedentes desde la consagración del voto secreto, universal y obligatorio. Resultados retocados digitalmente En el siguiente telegrama se puede observar que los campos completados con triple cero “000” difieren en tamaño, grosor y grafía del resto de los números plasmados en la misma planilla, se trata en efecto de la supresión de los votos que muchos ciudadanos emitieron, tanto a Unidad Ciudadana como a otros partidos opositores. Es evidente que esos campos fueron completados con un elemento diferente y por una persona distinta a la que rellenó el resto de la planilla. Los pasos para llegar a esta versión “trucha” del telegrama serían: escanearlo, borrar digitalmente el contenido del casillero donde estaban los votos de Unidad Ciudadana, imprimir nuevamente el telegrama, rellenar los espacios con triples ceros y, finalmente, volver a escanearlo. EJEMPLO DE FRAUDE AGREGANDO NÚMEROS EN LA MESA 334 DE VICENTE LÓPEZ En el telegrama que sigue podemos observar como la herramienta de borrado del Photoshop se fue del cuadro original del telegrama, borrando también partes del contorno inmediato inferior donde dejó una “huella” junto con segmentos de los números originales. Estos errores son la huella de una adulteración digital perpetrada por un operador de software que, quizás por falta de tiempo, no supo realizar una edición prolija y profesional de la imagen. RASTROS DE BORRADO EN EL TELEGRAMA DE LA MESA 32 DE TANDIL Un trabajo sistemático Cada elección tiene sus aventureros del fraude, bagayeros de pequeña escala que por cuenta propia adulteran una planilla, sin ir más lejos ha llamado la atención que en las mesas presididas por el primo de Carolina Stanley o por la funcionaria y ex esposa del candidato Guillermo Montenegro, hayan desaparecido votos de Unidad Ciudadana. Sin embargo, considerando la metodología y escala de las maniobras aquí expuestas solo pueden ser cometidas por un grupo de gente trabajando coordinadamente desde el interior de Indra, cuya dirección ocupa hoy un histórico empleado de SOCMA, la empresa insignia de la familia Macri. En la escala en la que fueron realizadas estas maniobras en las PASO, su incidencia sobre el escrutinio provisorio habría afectado el resultado, aproximadamente, en un 3%, principalmente en perjuicio de Unidad Ciudadana. No obstante el mecanismo como tal no tiene límites y podría implementarse a mayor escala si no se toman los recaudos indispensables para evitar que en el futuro estas manipulaciones, catalogadas por Stolbizer como “una picardía” y por Juan Manuel Abal Medina, suplente de Anibal Fernandez en el senado, como “un uso muy inteligente de la presentación de los datos”, socaven el espíritu y la tradición democrática argentina. ¿Podría simplemente haberse hecho con un corrector y re escaneando los telegramas? Si, pero hubiese llevado más tiempo y este sistema es a contra reloj por lo que la implementación más rápida es a través del retoque digital. En algunos casos fueron los propios presidentes de mesa quienes denunciaron esta situación públicamente, señalando que el escaneado del telegrama no se condecía con el que habían enviado al Correo Argentino. Otra vez sopa… Desde el oficialismo pusieron al mal tiempo buena cara, y aprovecharon cada consulta por irregularidades en las PASO para achacarle a la oposición la responsabilidad de haber rechazado el proyecto de voto electrónico. En una investigación previa de El Disenso, “Los dueños del voto“, demostramos los riesgos de ese sistema que extranjeriza

Fuente: Horacio Verbitsky | Página 12 Fecha: 15 de AGOSTO 2017 Al anunciar la interrupción del escrutinio en la provincia de Buenos Aires, el gobierno nacional proclamó que el resultado era un “empate técnico” y que el desenlace recién se conocería con el escrutinio definitivo, que la Cámara Nacional Electoral terminará en diez días. Ese tribunal alzó la voz el 27 de junio para alertar a la ciudadanía que el Poder Ejecutivo ni se había dignado responder a sus propuestas para “el fortalecimiento del proceso electoral”, que incluían el traspaso del escrutinio provisorio a la justicia para evitar interferencias políticas. Según la Acordada que firmaron los jueces Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía, era necesario que la ciudadanía supiera que el tribunal no participó en las operaciones atinentes al diseño, planificación, organización, procesamiento, cómputo y difusión de los resultados del escrutinio provisorio “ni tampoco en la contratación de prestadores de servicios a tales efectos”. Todo eso continúa bajo la órbita exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional, precisaron en previsión de lo que ocurriría. Esta fue la precisa respuesta judicial a la contratación por el Correo Argentino de la transnacional española Indra, sin licitación y en un concurso privado. No obstante, el gobierno dio a entender que la contratación de Indra por 25 millones de dólares respondía a las recomendaciones de la Cámara Nacional Electoral. Su desmentida no dejó lugar a dudas: la Cámara no había previsto “la intervención de ninguna empresa privada” ni la “modalidad administrativa que al respecto se haya adoptado, sino que, por el contrario, intentó prescindir de la acostumbrada contratación de terceros”. El martes 8 de agosto el bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria llenó los casilleros que Corcuera y Dalla Via dejaron en blanco: en una conferencia de prensa ofrecida en el Congreso, el presidente del bloque, Héctor Recalde, expresó su preocupación por “la transparencia de los comicios”, dadas las “irregularidades en la contratación del servicio de escrutinio provisorio”, que no fue realizada a través del Estado nacional como era costumbre, sino por el Correo Argentino SA, que funciona como una empresa privada. Su presidente, designado por el actual gobierno, es Jorge Irigoin (ex gerente de las Sociedades Macri, Socma) y el director general de Indra es Ricardo Viaggio, ex vicepresidente de Siemens Itron, una sociedad entre la alemana Siemens y las Sociedades Macrì, constituida cuando su vicepresidente ejecutivo era el actual jefe de Estado. Viaggio integró la comitiva de Macrì en su último viaje a España. El antecesor de Viaggio en Indra, Manuel Terradez, asumió sin periodo de carencia como subsecretario de Reforma Política del gobierno de María Eugenia Vidal. El control de las operaciones de Irigoin y Viaggio quedó en manos del juez Juan Manuel Culotta, compañero de estudios en el colegio Cardenal Newman del Presidente Macrì, de su secretario legal y técnico Pablo Clusellas y de su asesor principal Joré Torello, y amigo de infancia del abogado personal del presidente, Alejandro Pérez Chada. Culotta es juez federal de Tres de Febrero y fue trasladado a La Plata por la apetencia de su secretaría electoral, para lo cual no tenía competencia. Estos antecedentes son centrales para comprender cómo se llegó al “empate técnico” de ayer. A las 21, cuando el Correo difundió los primeros datos oficiales Bullrich batía por varios puntos a CFK en la provincia de Buenos Aires. El gobierno realizó un eufórico festejo en Costa Salguero, con varias apariciones de Elisa Carrió, Gabriela Michetti, María Eugenia Vidal, Esteban Bullrich y finalmente el presidente Macrì, quien habló a las 22.44. A las 23 todo había concluido y el escrutinio provisorio estiraba hasta 7 puntos la ventaja del terror de los maestros y los pibes pobres bonaerenses. Del mismo modo, Cambiemos batía en Santa Fe al justicialismo y también se imponía en Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Chaco, Neuquén, San Luis y Río Negro, además de sus bastiones radicales de Jujuy, Mendoza y Corrientes. Hasta ese momento se habían cargado datos del interior bonaerense y de la ciudad de Santa Fe, pero muy pocos del conurbano de Buenos Aires y de la ciudad de Rosario, que recién comenzaron a ingresar al cómputo general después de la medianoche. Tanto Cristina como Agustín Rossi empezaron a descontar la ventaja. Cuando el escrutinio concluyó en Santa Fe, Rossi pasó al frente. Cambiemos también fue superada en Chaco y Río Negro. En Buenos Aires la tendencia se detuvo a las 4, cuando CFK quedó a una centésima de Bullrich, quien en la hora siguiente se despegó hasta ocho centésimas, el famoso empate técnico de Adrian Pérez. Trabajadores del Correo afirman que el cómputo se detuvo por orden del ministerio del Interior, cuando Bullrich llevaba 6.000 votos de ventaja y faltaban escrutar 1537 mesas, que a razón de 345 electores cada uno, implican más de medio millón de electores. Esas mesas provienen de Ensenada, Malvinas Argentinas, Florencio Varela, Moreno, Merlo, La Matanza, José Paz, Berazategui y Ezeiza, partidos donde Cristina obtuvo una ventaja que oscila entre el 15 y el 25 por ciento de los votos. El escrutinio definitivo mostrará la victoria de Cristina, por lo que no podrá hablarse de fraude, pero la noticia carecerá del impacto político que hubiera tenido ayer. Mientras el país se encamina hacia la verdadera elección, que será el 22 de octubre, la del domingo permite una constatación más importante que las cifras del escrutinio: con el discurso de la transparencia, la unidad y el trabajo en equipo, repetido hasta el hartazgo, el gobierno de Maurizio Macrì, tergiversó el mensaje del pueblo. La perversa manipulación electoral no desentona con el blanqueo modificado por decreto para permitir el acceso de los familiares de sus funcionarios que la ley prohibía; con las decisiones políticas encaminadas a beneficiar al presidente, su familia, sus ministros, amigos y funcionarios; con la detención arbitraria de Milagro Sala ni con la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Nadie puede ignorar que dentro de la maltratada democracia argenta, Macrì no reconoce más límite que el que la sociedad sepa

Fuente: Eduardo Aliverti | Página 12 Fecha: 14 de AGOSTO 2017 Quienes se fueron a dormir avanzada la medianoche con la certeza de que ya todo estaba dicho, debieron levantarse hoy con otra seguridad en forma de pregunta. ¿De cuánto es capaz este Gobierno en la manipulación de datos centrales? La cantidad de votos conseguidos por la oposición que se manifestó como tal le ganó al Gobierno. Pero el Gobierno quedó unificado en una imagen de abroquelamiento y la oposición no. Si el razonamiento es de interpretación política, Cristina llegó “hasta ahí” aunque quebrando la espuria maniobra de Cambiemos al proclamarse ganador cuando faltaba toda la carga del conurbano profundo; pero no le daría para revertir una polarización acentuada hacia octubre a menos que se produzca lo que ahora parece una fantasía: un traslado de los patéticos porcentajes de Massa/Randazzo a Unidad Ciudadana, o un agravamiento de las perspectivas económicas hasta límites no previstos en lo inmediato. Aclaración imprescindible: esta columna se escribe en medio de datos apretadísimos sobre la provincia de Buenos Aires, cuando Cristina parece ser la ganadora “moral” tras el asqueante primereo del festejo de Cambiemos. A mediano plazo no hay duda posible sobre la reiteración catastrófica de los efectos de un modelo basado en el endeudamiento externo, la primarización productiva, el auge del capital especulativo. Pero mientras tanto, ayer se exhibió que el fastidio de las capas medias –y de numerosos sectores populares– con los modos de la experiencia más inclusiva desde el recupero de la democracia… es todavía más fuerte que las evidencias de los recuerdos del futuro. Si eso es producto principal de lo influyente que fue y es la maquinaria mediática oficialista queda para otro momento de análisis. Sí podría señalarse que era muy pronto para que tanta gente se enojara con lo que votó hace veinte meses y que por tanto resolvió renovar el crédito, aunque sea con falta de entusiasmo e incertidumbres enormes. Tampoco hay que restarle méritos a la táctica macrista, que jugó a fondo la presencia e imagen de Vidal. La sucesora en ciernes. Esa movida de la dama, en el último tramo, con su papel de víctima solitaria contra las mafias, con su pasado que no carga la mochila de corrupción del clan macrista, da idea de haber sido influyente. Si se busca consuelo, y no está nada mal, puede encontrárselo en que Cristina conservó vitalidad ya sin aparato, con una campaña modestísima en términos de inserción en los medios, prácticamente desde un llano al que no estaba acostumbrada, con una artillería de prensa en su contra de miserabilidad cotidiana, con los gurkas de la familia judicial acosándola de todas las formas imaginables. Pero todos esos factores, que son irrebatibles, no modifican la certeza de que la correlación de fuerzas es la que es, desfavorable, sin que le importe mayormente a nadie de dónde proviene. Nuevamente, la notable victoria de Cambiemos en Córdoba resulta clave para vestir mejor a su triunfo nacional. Una victoria de primera minoría, es cierto, pero victoria al fin en medio del ajuste, de los tarifazos, de la pérdida de puestos de trabajo, de las pymes cerradas o acogotadas, de la violencia represiva. A la importancia del distrito cordobés se suma el valor de la derrota del gobernador Schiaretti, cuya cara lo decía todo cuando enfrentó las cámaras poco después del cierre. Si ese escenario no se modifica en octubre, lo cual es más bien improbable con los cálculos de hoy, Schiaretti habrá pagado muy caro –para ser extremadamente suaves– su aguachentismo entre haberse pegado a Macri y acordarse de cuestionarlo en las últimas semanas. La apuesta del gobernador por encabezar la dichosa “liga” de colegas, que iba a poner condiciones desde el relanzamiento del PJ, quedaría jubilada. Como primera impresión, quien ocuparía ese lugar eventualmente presidenciable es Juan Manuel Urtubey a partir de su desempeño en Salta pero, como dicen algunos pérfidos, por ahora tiene más proyección de novio que de candidato con alcance masivo. La gran elección de Agustín Rossi en Santa Fe no bastaría para que ocupe un lugar expectante. Unido a la desastrosa actuación de Massa y a la inexistencia de cualquier otra figura que siquiera despunte, en ese universo globalmente definido como peronismo anti K, el espacio queda en una situación dramática y esa es una excelente noticia para el Gobierno. En rigor, es uno de los panoramas más severos e inciertos que haya afrontado el peronismo desde la restauración democrática. Eso incluye que en CABA no parece haber forma de que la órbita progre-peronista quiebre su techo, inferior al cuarto del electorado. Los números del triunfo de Carrió llevaron a que anoche hubiera algunos pronósticos de que el macrismo se parió un problema, porque la chaqueña es inmanejable y en adelante impondría condiciones, desde su juego actoral para sí misma, capaces de perjudicar grandes estrategias oficiales de cara a 2019. Es un análisis extraño. Si algo demostró Carrió, en sus últimos tiempos, es que no le hace asco a la corrupción estructural del gobierno que ayudó a construir. Si estamos hablando de que quien supo decir hace pocos años que su límite era Macri le trae problemas declarativos al oficialismo, vale (digamos). Pero si se cree que eso expresa alguna contradicción primaria respecto de la contrarreforma neoliberal que avanza en casi toda América Latina, media un disparate. ¿Qué amenazantes dificultades podría traerle una Carrió envalentonada a su gobierno de derechas, a sus edificaciones en esa dirección, a su invariable trabajo en pos de los intereses republicanos de la Sociedad Rural, de las corporaciones mediáticas, de la oligarquía financiera? Por favor. Un poco más de seriedad, no mucha, la suficiente como para no confundir evaluaciones de egolatrías con profundidad política. Por último, que como tantas veces es lo primero, en estas horas de análisis urgente y desafiante es imprescindible registrar –con más fuerza todavía– que las elecciones de ayer se dieron bajo el contexto de un desaparecido (a más de 13 presos políticos referenciados en Milagro Sala, a

Fuente: Maxi Goldschmidt | Revista Cítrica Fecha: 14 de AGOSTO 2017 La Lof en Resistencia de Cushamen rompió el silencio y le contó a Cítrica los detalles de la represión del 1º de agosto. En la tarde del domingo, mientras la atención nacional estaba puesta en las PASO, llegamos a la Lof en Resistencia de Cushamen. A unos doscientos metros de la tranquera, sobre la ruta 40, un micro y una camioneta de Gendarmería vigilaban. “A la vuelta los van a parar y les van a pedir documentos. Así lo hacen con los que se acercan al territorio”, nos habían advertido antes de salir desde El Bolsón. No sabíamos si íbamos a ser recibidos, por más que nos llevaran compañeros, de los tantos comprometidos con la lucha mapuche y que también por estas horas están siendo asediados. Por seguridad, las lamien (hermanas) y los peñi (hermanos) de la Lof que están cerca del alambrado lindero a la ruta, están encapuchados. Su lonco, Facundo Jones Huala, está preso ilegalmente por una causa en la que ya fue juzgado. Y lleva 14 días en huelga de hambre. Santiago Maldonado, un no mapuche que fue apoyarlos, está desaparecido. En ese contexto, y con tal nivel de violencia represiva, mediática, política y judicial, ¿a quién le puede resultar violento que anden encapuchados? No hacerlo, sería exponerse ante un poder que, a cara de descubierta o no, los seguirá llamando “terroristas” y buscará exterminarlos. De estas cosas hablamos ni bien nos presentamos y traspasamos la tranquera. Y de Santiago —el Brujo o el Vikingo, como lo conocen allí—, de la represión del 1 de agosto, de las marchas en todo el país, de la importancia de contar con un relato propio sobre lo ocurrido en los últimos días. De que esa voz llegue a personas y medios que los apoyan. De que esa voz, de que esa versión que está faltando, se conozca, se replique. De que ayude, al menos un poco, a enfrentar tanta impunidad y mentira. Alrededor de un fuego, junto a una casilla de madera que resistió la furia de la Gendarmería porque “había dos peñi con sus niños”, hablamos durante poco más de una hora. Hasta del Bauen hablamos. Porque una lamien había conocido a un cooperativista del hotel y quería saber cuál era la situación, si todavía resistían el desalojo. En el horizonte, el sol se reflejaba en los picos nevados. Por el campo, un par de chicos jugaba, corrían. Uno, tenía en la mano algo verde: un cartucho. “No lo tomen a mal. Pero si pueden espérennos en el auto, del otro lado de la tranquera. Vamos a bajar a hablar sobre esto que nos proponen. No estamos haciendo entrevistas, queremos preservarnos. Pero lo consultaremos con otros peñi y nos acercaremos a decirle lo que decidimos”, nos dijo con voz pausada y dulce un señor que podría haber sido nuestro abuelo, al que sólo le veíamos los ojos y que nos despidió con un fuerte apretón de manos. Unos 45 minutos después, vimos venir caminando a otro peñi. Vestía jeans y un poncho marrón con retazos verdes. Su mano y su voz eran más jóvenes. Ya dentro del auto, prendimos el grabador. Los mapuches llaman pentukun a una formalidad que realizan cuando llegan a un lugar o reciben a alguien. En su lengua, se presentan saludando, enumerando su nombre, su familia, el lugar de donde vienen, la identidad de su lonco y algunas otras cuestiones importantes de remarcar antes de iniciar la charla. En este caso, “saludar a toda la gente mapuche y no mapuche también. A los amigos a los que pueda llegar esta entrevista”. Lo dijo en mapuche y después lo tradujo. Decidimos venir hasta acá porque es difícil encontrar información de primera mano y confiable de la situación que están viviendo, de la represión que sufrieron en la Lof y de todo lo que tiene ver con la desaparición de Santiago Maldonado. En la situación en la cual nos encontramos, más allá del dolor y la bronca que uno puede llegar a sentir como persona y consciente de la militancia que se ha llevado a nuestro compañero Santiago, nosotros no vamos a callar la voz. Este proceso de recuperación se ha fortalecido mucho más de lo que el winka esperaba, de lo que nosotros esperábamos, y a pesar de todo lo que está pasando, la persecución política que están sufriendo los militantes sociales, la prisión política de Facundo, la militarización del territorio acá en la comunidad, hacen que uno tome más que nunca la iniciativa en el proceso en el que nos embarcamos allá en el año 2015, que fue recuperar las tierras productivas que fueron usurpadas. Y en ese camino es donde hoy nos encontramos, en ese camino es que se llevaron a nuestros compañeros, a Santiago, a Facundo que lo tienen preso, en ese camino es que están intentando criminalizar la lucha. ¿Cómo fue la previa a la represión y a la desaparición de Santiago? Primero hicimos un corte de ruta aquí para denunciar la prisión política de Facundo, las detenciones y violencia que habían sufrido los peñi y las lamien en Bariloche: a las once de la mañana decidimos saltar el alambrado y como forma de comunicación cortar la ruta. Repartimos panfletos, se conversó también con los camioneros de la situación en Bariloche. Recién alrededor de las cinco de la tarde, se hizo presente Gendarmería, con un (camión) Unimog y tres camionetas llenas de efectivos. Se bajan fuertemente armados en el cruce y empiezan a descender para donde nosotros nos encontrábamos. Cuando están a una distancia de cuarenta metros, empiezan a disparar y entonces activamos nuestro grupo de autodefensa. ¿Cómo se defendieron? Con ondas de revoleo y piedras. Así logramos repeler la agresividad que había mantenido Gendarmería en ese rato. Se van unos kilómetros más atrás y ahí nos leen por altoparlante una orden de desalojo firmada por Otranto y nos dan dos horas para desalojar la ruta. ¿Entonces existió una orden?