Politica

Fuente: Jorge Elbaum | lilianalopezforesi.com.ar Fecha: 25 de MAR 2018 La DAIA comunicó el día de ayer que solicitará la investigación de los antecedentes de los jueces y la fiscal que ordenaron la libertad de Carlos Zannini y Luis D´Elía. La razón fundamental de la persecución instrumentada por la derecha de la colectividad judía tiene dos componentes centrales: por un lado, la defensa de intereses empresariales concentrados que —al igual que Clarín o los CEOs corporativos— requieren de la desaparición de todo modelo político (por ejemplo, el kirchnerismo) que desafíe privilegios. El segundo aspecto es el alineamiento desvergonzado con las políticas colonialistas y belicistas de la derecha israelí. Representada por el Likud y asociada a los republicanos estadunidenses. Esta adhesión busca, además, invisibilizar todo vestigio del judaísmo humanistas y popular asociado –en la historia de nuestro país—a las luchas sociales, el cooperativismo, el mutualismo, el anarquismo, el sindicalismo, la izquierda nacional, el nacionalismo popular y la memoria de 1800 desaparecidos argentinos-judíos, comprometidos por una Patria para Todxs. La DAIA soslaya (como era de esperar) la evidencia sobre el origen argentino-judío de la Fiscal Federal Gabriela Baigún y de la Jueza Federal del Tribunal Oral Federal Número 8, Sabrina Namer. Las posiciones de ambas ponen en evidencia la pluralidad de visiones y perspectivas al interior de quienes descendemos de esa colectividad. Transparenta además la incapacidad que posee la DAIA para extorsionar (identitariamente) a esos mismos integrantes, que desprecian crecientemente los turbios manejos elaborados en conjunto por Cambiemos, la DAIA y la AMIA. La DAIA ha demostrado que no duda en negar cualquier principio de veracidad con tal de malversar la identidad hebrea al servicio de intereses geopolíticos y corporativos funcionales con los sectores más concentrados de la economía argentina. La DAIA ha intentado constituirse en la única forma de ser judeo-argentino, engañando a la sociedad argentino acerca de su verdadera representatividad: no expresan a más que un 20 por ciento del colectivo judeo-argentino existente en nuestro país. Han montado una gran falacia tergiversadora que aprovechó la indiferencia de gran parte de la colectividad para apropiarse de la etiqueta “judía”, dada su inscripción en otras pertenencias identitarias. La DAIA fue parte, institucionalmente, del encubrimiento del atentado de 1994 al ser parte de una asociación ilícita destinada a acusar a policías de la provincia de Buenos Aires como partícipes de la masacre dl 18 de julio. Por ese motivo varios inocentes permanecieron años encarcelados. Beraja, Corach, Menem, Anzorreguy, Jorge “Fino” Palacios, Mullen y Barbaccia, han sido cómplices para tergiversar la causa y han impedido que la sociedad argentina sepa qué es lo que realmente pasó. La DAIA vuelve a participar de un segundo encubrimiento al intentar negar la obvia participación de Beraja en esa maniobra que requirió de 400.000 dólares de fondos reservados de la SIDE, entregados a Telleldín para que finja responsabilidades. La DAIA fue el artífice prioritario a través del cual se viabilizó la reapertura de la denuncia de Nisman, luego que ésta fuese desestimada por seis jueces. También fue el ariete con el que se pretendió establecer un Jury de enjuiciamiento a Daniel Rafecas. Los dos ejes de la acusación del fiscal fallecido se centraban en (a) la supuesta intención de “dar de baja” las alertas rojas, y (b) la existencia de negociaciones económicas justificatorios de dichas indulgencias. Ambas acusaciones fueron parte de una misma falacia destinada a contribuir al éxito electoral del macrismo.  La DAIA insiste en el entramado de camuflaje al sumarse a la denuncia fantasiosa de Natalio Alberto Nisman, cuya querella ha sido desestimada por el entonces titular de Interpol, Ronald Noble, quien afirma taxativamente que el fiscal fallecido mintió sobre la supresión de las alertas rojas. La DAIA suma un nuevo capítulo a su desfachatada búsqueda de impunidad al convertirse en cómplice del ministro Germán Garavano quien impidió que se desarrollen las acusaciones contra los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, tal cual lo ha denunciado –una semana atrás– el ex funcionario (de la eliminada secretaria de la Causa Amia) Mario Cimadevilla. El nombramiento por parte del ministro de justicia Garavano de Mariano Fridman —ex abogado de al DAIA y además adscripto durante casi una década al estudio de la Dra. Marta Nercellas, responsable de la defensa de Rubén Beraja— es un baldón más en la desvergonzada acción destinada a garantizar la impunidad. Los estatutos de la DAIA señalan que es una entidad cuyo objetivo central es la lucha contra la judeofobia y todo tipo de discriminación. Las tareas de persecución a exfuncionarios de gobiernos populares y militantes supone una tergiversación de sus propias motivaciones fundacionales. Los directivos de la DAIA Rubén Beraja, Alfredo Neuburger, Jorge Kirzsenbaum. Jorge Knoblovits, Claudio Avruj, Sergio Bergman y Waldo Wolff son los baluartes de una persecución (y una saña) claramente macartista, bajo un escudo artificiosamente identitario. La utilización de una historia social milenaria, el indecente blindaje tras un holocausto y/o el disfraz de legitimidad inscripto bajo los escombros de dos atentados sucedidos en nuestro país nunca podrán borrar la inmoralidad, el cinismo y la desvergüenza de haber usufructuado, comercial y políticamente, con el dolor y el sufrimiento de otr@s. La Memoria, la Verdad y la Justicia también serán pregonadas —frente a sus rostros— en las jornadas en las cuales tendrán que rendir cuentas frente a los tribunales, la sociedad y la historia de nuestra Patria.

Fuente: Néstor Espósito | TiempoAR Fecha: 24 de MAR 2018 La sensación general es de «desbande». El diccionario de la Real Academia Española define el término como «desparramarse, huir en desorden» pero también «apartarse de la compañía de otros». Desde hace algunas semanas, la aparentemente sólida relación que había construido el gobierno con el Poder Judicial pareció comenzar a crujir. La Corte Suprema (al menos dos de sus miembros tienen pavimentada una avenida de ida hacia la Casa de Gobierno) busca una nueva independencia. La expresión gestual de Ricardo Lorenzetti el día que Mauricio Macri abrió las sesiones del Congreso no era la misma que cuando el líder del PRO asumió como jefe del Estado. Desde el propio seno de los jueces surgieron propuestas para reformar la Justicia que sostienen, básicamente, que la responsabilidad por el mal funcionamiento es del poder político. Y, como respuesta símbolo, descartan modificar las ferias judiciales y extender los horarios de atención al público (dos reclamos del presidente) a menos que haya un aumento de salarios del 30% por esas dos horas adicionales. En medio de ese clima pesado, el extitular de la Unidad AMIA, el exsenador radical Mario Cimadevilla (quien abrazó fervorosamente la creación de Cambiemos) denunció penalmente a su jefe hasta hace poco, el ministro de Justicia Germán Garavano, por encubrimiento de dos ex fiscales sospechados, a su vez, de haber encubierto la denominada «pista siria» del atentado contra la AMIA. Lo que hizo Cimadevilla es similar a lo que denunció el fiscal Alberto Nisman contra el anterior gobierno cuatro días antes de morir. De la misma gravedad, aunque sin la tragedia posterior de la muerte.  Hay otra diferencia: por aquella denuncia de Nisman hay gente presa; pero la de Cimadevilla casi no existe en las páginas de los principales medios. El presidente Macri, quien empujó con una presión insoportable la renuncia de la exprocuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, porque era «militante del kirchnerismo», eligió para sucederla a Inés Weinberg de Roca, cuyo perfil y antecedentes la muestran afín al gobierno. En sintonía con estos tiempos, parece necesario recordar que como jueza del Tribunal Superior de Justicia de la Capital Federal, durante el gobierno local de Macri, firmó un fallo que avaló la facultad de la policía para pedir documentos a transeúntes en lugares públicos como forma de «prevenir delitos», aun cuando no mediare sospecha sobre el interceptado. Un tribunal de segunda instancia había determinado que «la policía no se encuentra autorizada a exigir la exhibición de documentación si no cuenta con un motivo válido para hacerlo». Weinberg hizo trizas ese criterio. «La policía tiene entre sus funciones la de prevenir delitos», dijo, e incluyó en esa figura a toda actividad de observación y seguridad destinada a impedir la comisión de actos punibles”. ¿Sostendrá Macri a Weinberg contra viento y marea? Por lo pronto, ya lo hizo para instalarla como jueza de la Corte porteña, pese a que uno de sus aliados, de la UCR y exprocurador del Tesoro, Ernesto Marcer, la cuestionó por «incompatibilidad en sus funciones», «omisiones» en relación con sus remuneraciones informadas cuando fue jueza en un tribunal en la ONU y  «sospechas con la designación en el poder de amigos y parientes». A ello se sumaron la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el exlegislador porteño por Proyecto Sur Rafael Gentilli. Macri fue paciente, y cuando tuvo asegurados los votos en la Legislatura consiguió que aprobaran el pliego. Weinberg también podría resultar funcional para otro debate que se viene: el aborto. Como camarista en lo Contencioso Administrativo y Tributario, firmó en 2012 un fallo en el que sostenía que no es necesaria la intervención de un juez para autorizar esa práctica cuando está permitida por excepción en el Código Penal.Defendiendo el artículo 86, sostuvo que la interrupción artificial del estado de gravidez «por un médico y con el consentimiento de la mujer encinta», no es punible «si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre». El presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Jorge Rizzo, sostiene que Weinberg no está en condiciones de ser procuradora y especula con que podría tratarse de un globo de ensayo para finalmente nombrar al fiscal ante la Cámara de Casación Raúl Plee, quien aparece hoy relegado en esa carrera. No es el único herido. Un allegado al fiscal federal Guillermo Marijuan, quien aspiraba también al cargo, contó que en un diálogo con el Presidente, Macri le habría dicho que su momento como procurador podía ser tal vez en un segundo mandato, a lo que Marijuan replicó que entendía que su momento era ahora porque en el futuro, «con las cosas que están pasando, no sé si van a querer que sea el procurador».

Fuente: Sergio Wischñevsky | Nuestras Voces Fecha: 11 de marzo 2018 Este 11 de marzo se cumplen 10 años del llamado conflicto del campo, luego de que Cristina Fernández de Kirchner modificara el esquema de retenciones del agro con la resolución 125. El país estuvo en vilo por cuatro intensos meses, y en ese tiempo se dibujaron y consolidaron las alianzas sociales, económicas y políticas que hoy gobiernan Argentina. CFK gobernaba hacía tres meses y había llegado a la presidencia con el 45,3 por ciento de los votos. Nada volvió a ser igual desde ese temprano enfrentamiento que marcó a fuego sus dos mandatos. Hace diez años, el flamante gobierno de Cristina Fernández de Kirchner anunció un nuevo esquema de retenciones móviles para la exportación de soja, trigo, maíz y girasol; con una tasa variable al compás de la evolución de los precios internacionales. Fue la famosa resolución 125 que dio el puntapié inicial a una revuelta de las patronales del campo. El país estuvo en vilo por cuatro intensos meses, y en el desarrollo de aquellos acontecimientos se dibujaron y consolidaron las alianzas sociales, económicas y políticas que hoy gobiernan la Argentina. En el transcurso del conflicto las posiciones fueron escalando radicalmente. Los medios de comunicación masivos, que hasta ese momento acompañaron –con reservas– la gestión kirchnerista se volcaron decididamente y sin tapujos a apoyar a los representantes del agro, y no dudaron en fomentar una salida de CFK del gobierno para reemplazarla por el vicepresidente Julio Cobos de procedencia radical. La oposición, fragmentada hasta entonces, se unificó en apoyo a los líderes de la revuelta nucleados en la llamada Mesa de Enlace, integrada por la Sociedad Rural Argentina (SRA), Coninagro, la Federación Agraria Argentina (FAA) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). Aquel 11 de marzo de 2008, Cristina Fernandez llevaba apenas tres meses como presidenta, luego de haber obtenido el 45,3 por ciento de los votos y lograr el triunfo en primera vuelta. Nada volvió a ser igual desde ese temprano enfrentamiento que marcó a fuego sus dos mandatos. El contexto Los precios internacionales de los alimentos venían en aumento en el mercado internacional y los productores agropecuarios trasladaban estas subas al mercado interno. El fenómeno más impresionante lo marca la exportación de soja. La producción pasó de 11.004.890 toneladas en 1997 a 47.482.784 en 2007, un 331 por ciento de crecimiento en la década.​ Para la cosecha de 2008, que iba a finalizar durante el mes de mayo, se esperaba otra cosecha extraordinaria, con récord de superficie plantada. Entre 1992 y 2002, el precio de la soja en la bolsa de Chicago, osciló en torno de los 200 dólares por tonelada, con un pico de 300 dólares en 1997 y una caída máxima en 2002, a 130 dólares por tonelada. A partir de entonces la soja no paró de aumentar por influencia de la demanda China. El 13 de junio de 2008, el precio de la soja alcanzó un nuevo récord, llegando a 573 dólares para el mes de agosto. Este boom sojero transformó profundamente el campo argentino: la tierra multiplicó su valor y un nuevo sujeto productivo, los pooles de siembra, monopolizaron la producción llevándola a gran escala y convirtiendo a los tradicionales propietarios en rentistas, pues le alquilaban sus tierras a estas megacorporaciones agropecuarias. El campo ya no era lo que imaginábamos. El poder adquisitivo de los trabajadores y los sectores populares se veía amenazado por estas subas de precios de los alimentos. La gran cuestión que quedó planteada era si dejar este fenómeno librado al libre mercado o si el Estado debía intervenir. Cuidar el mercado interno y redistribuir riqueza fue el argumento esbozado por el gobierno para emitir la resolución 125, con autoría del entonces ministro de economía Martín Lousteau. El grito unificado de la Mesa de Enlace propició un relato en el cual se consideraba expropiatorio el esquema de la resolución y ruinoso para los pequeños productores. La intervención de los medios de comunicación fue de una beligerancia asombrosa, fuera de los códigos que prevalecieron desde 1983. Con gran habilidad, el eje de los argumentos contra el gobierno se centró en la victimización del productor. Hubo un resurgimiento del tradicionalismo gauchesco. Aparecieron los ponchos y las boleadoras, los payadores y la tradición. Los pueblos del interior profundo tomaron protagonismo y hasta pareció aflorar un aire de federalismo antiporteño desde las entrañas más profundas del imaginario criollo. Pero la ciudad también se movilizó. Una amplia porción de la opinión pública, que no tiene más tierras que la que le cabe en las masetas de su balcón, se sintió convocada a la nueva patriada, empatizaron con la revuelta. Ante el país convulsionado, la presidenta habla por cadena nacional y polariza. Habla de los piquetes de la abundancia. Ese mismo día empiezan los cacerolazos en varias ciudades. El paro del agro y los cortes de ruta generaron desabastecimiento y aumentos de precios. El 25 de mayo una multitud se reunió frente al Monumento a la Bandera en Rosario “la bandera y la patria es el campo”. La rebelión popular del 2001 había tenido como protagonistas a los piquetes y las cacerolas. Ahora la escena se repetía, pero era muy claro que se trataba de otros sujetos sociales y de otro programa de reivindicaciones. Se hablaba del campo, así a secas, como si fuera un universo de sentido unívoco. Con gran precisión, hubo dos grandes ausencias en esa vidriera permanente que son los medios: aparecían poco los grandes propietarios, nunca aparecían los peones rurales. Luciano Miguen, presidente de la SRA se atrevió a pontificar: “Nosotros somos los que hicimos grande a esta nación”. Parafraseando a Scalabrini Ortiz, podríamos decir que aquel 2008 se vivió como el 17 de octubre de los propietarios, fue “el suelo de la patria sublevado”. La Mesa de Enlace y la enorme alianza que se formó a su alrededor logró ganar a la mayoría de la opinión pública. Un nuevo escenario social había surgido y las herramientas con las que contaba el gobierno se

Fuente: Jorge Elbaum | El Cohete a la Luna Fecha: 11 de MAR 2018 El primer ministro israelí, Biniamin Bibi Netanyahu aparece en los titulares de diversos medios de comunicación, en las últimas semanas, por la continuidad de la represión a los palestinos en Cisjordania y Gaza, las noticias sobre el traslado de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén y diversos hechos de corrupción vinculados con los medios de comunicación. Los tres casos por los que la policía de investigaciones ha decidido la apertura de un expediente judicial contra el primer ministro  se vinculan con sobornos, tráficos de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública. La instrucción se encuentra en manos del fiscal general, Avichai Mendelblit, quien deberá orientar las tres acusaciones divulgadas hasta el día de hoy, aunque se especula que puedan emerger varias más. La primera de ellas, titulada –según la jerga policial– como el Caso 1000, remite a la recepción de obsequios por parte del productor cinematográfico Arnon Milchan y del empresario James Packer, como contrapartida de la aprobación de una ley de blanqueo, orientada a reducir la carga impositiva para aquellos israelíes  radicados en el exterior que regresan a invertir en su país de origen. La instrucción del denominado Caso 2000 se fundamenta en transacciones con el propietario de Yedioth Ahronoth, uno de los principales diarios del país, con el objeto de beneficiar la imagen y el perfil periodístico de Netanyahu. Uno de los acuerdos alcanzados en relación con el nominado Caso 2000 habría sido el compromiso del primer ministro de realizar una gestión de buenos oficios con su amigo, el magnate Sheldon Adelson para que reduzca el tiraje de su diario gratuito Israel Hayom. La tercera de las acusaciones divulgadas, el Caso 4000, también remite al rubro comunicacional: se atribuye al primer ministro el haber intervenido para que el Shaúl Elovitch, mayor accionista del grupo Bezeq se viese favorecido por la pauta oficial, a cambio de brindar cobertura edulcorada y favorable a las medidas implementadas por el dirigente del Likud. El deterioro institucional y moral del sistema político-social israelí ha llevado, en los últimos años, a la reclusión durante cinco años de su expresidente, Ephraim Katzav, como resultado de las acusaciones de acoso sexual y de intento de violación a una de sus secretarias. A ese escándalo se le suma la condena firme de un ex primer ministro Ehud Olmert quien purga una sentencia de 19 meses por corrupción en el centro penitenciario de Maasiyahu de Ramla, a pocos kilómetros de Tel Aviv. La acusación a Netanyahu se inserta en un clima político que combina planes económicos neoliberales, represión sistemática a la población palestina y amenazas de expulsión de inmigrantes afrodescendientes provenientes de territorios en guerra civil como Túnez y Etiopía. El tembladeral político que supone la investigación abierta en torno al actual primer mandatario se entrelaza con la continuidad de una política de segregación étnica y una constante represión al interior de los territorios ocupados militarmente por Israel desde 1967. A esto se suman la sistemática sustracción de tierras y recursos hídricos pertenecientes a las poblaciones palestinas ubicadas en Cisjordania, la construcción de nuevos poblados por parte de colonos israelíes y la edificación de muros y murallas destinadas a aislar y proteger a las familias de los colonos. Esta realidad ha formateado una caótica topografía neo-feudal que segrega aldeas árabes y establece diversos pasos fronterizos y retenes de seguridad que complejizan los tránsitos y las interacciones de las familias palestinas. Los colonos, conformados mayoritariamente por religiosos fundamentalistas, se consideran a sí mismos como tributarios por derecho divino de esa tierra, y son habitualmente financiados por fondos provenientes de sectores de la derecha supremacista estadounidense, en sus diversas conformaciones de protestantes, evangélicos y/o judíos. La sociedad israelí, crecientemente derechizada, abreva en la construcción de una legitimidad bélica amparada en la recurrencia de informes noticiosos vinculados a la existencia de grupos fundamentalistas islámicos como Al Qaeda, el ISIS (DAESH) y la Yihad islámica egipcia, cuyas acciones son retransmitidas por los medios de comunicación como una advertencia de los peligros potenciales que supone la interacción con el mundo árabe y/o islámico. La creciente confrontación del mundo sunita y chiita y las reiteradas amenazas persas que auguran la desaparición del Estado de Israel aparecen también como dispositivos de justificación de una militarización creciente. Blindaje mediático en Medio Oriente La utilización política de las imágenes de devastación que muestra la guerra civil de Siria y las masacres sobre el pueblo kurdo efectuadas por el gobierno turco mediante bombardeos a su población civil, son retransmitidas  hasta el hartazgo, por parte de la prensa israelí. Varios investigadores sociales han asociado  las operaciones del primer ministro, descriptas de corruptas, como parte de un armado institucional dispuesto para continuar con el abroquelamiento belicista y eludir las imprescindibles tratativas de paz con la Autoridad Nacional Palestina que permitan la convivencia de dos Estados para dos pueblos. Los casos investigados por la policía israelí parecen exponer algo más que explícitas diligencias de corrupciones prebendarias, basadas en dadivas y prerrogativas personales y/o familiares. Los espurios vínculos con los medios evidencian la utilización periódica de un peligro fundamentalista islámico –hipotético, real o ficticio—necesario para regenerar un espíritu de cuerpo nacional y militar, ya de por sí arraigado en la sociedad desde el nacimiento del Estado, en 1948. El acostumbramiento de la población a una situación de guerra permanente, la represión a la resistencia civil dentro de los territorios ocupados y el intercambio de artillería (con evidente disparidad de fuego) con las dos fuerzas en pugna dentro de la Franja de Gaza –Hamás y la Yihad Islámica—, brindan un panorama que beneficia el negocio de las armas y la seguridad, que no deja de incrementarse anualmente como el factor más dinámico de las exportaciones económicas israelíes. El caso de Ahed Tamimi la adolescente que fue detenida en el poblado de Nabi Saleh el 19 de diciembre pasado por golpear a soldados que penetraron en su casa para reprimir a sus familiares se ha constituido en la evidencia más brutal del ejercicio

Fuente: Soledad Quiroga | TiempoAR Fecha: 10 de MAR 2018 El sol se ponía detrás del edificio del Congreso cuando una voz suave pero profunda comenzó a soltar las palabras que habían sido enlazadas en las asambleas estivales, que expresan años de pensamiento colectivo, y que posicionaron, este 8 de Marzo, al diverso feminismo argentino como uno de los más potentes del mundo. «Después de semejante movilización en la que nos abrazamos, al día siguiente la realidad te pasa por encima. Pero igual, ya no somos las mismas», dice 24 horas después la periodista feminista Liliana Daunes, histórica lectora de los documentos de las movilizaciones de Derechos Humanos. –¿Se puede decir que la masividad del jueves da cuenta de que el feminismo salió del cuartito del fondo? –Desde el 8 de Marzo de 1984, cuando hicimos un acto con las Madres, a hoy, ha habido un avance espectacular. Gracias a nuestras ancestras de lucha pudimos ir avanzando. Fuimos de la experiencia de los 32 encuentros a la masividad del primer Ni Una Menos en el que salimos todas las feministas y mucha gente por su cuenta debido al hartazgo que se unificó en una consigna dolorosa y extrema. Esa masividad incluyó a medios de comunicación reproductores de la cosificación de las mujeres, como Marcelo Tinelli. De ese primer Ni Una Menos a ahora hubo un crecimiento cuantitativo y conceptual, porque ya al año siguiente dijimos Ni Una Menos, vivas nos queremos, para afirmar que somos mujeres que tenemos proyectos y que luchamos por esa libertad para nuestro deseo. Y parte de nuestro deseo es mover el mundo hacia un lugar más justo. Después de semejante movilización en la que nos abrazamos, al día siguiente la realidad te pasa por encima, pero igual ya no somos las mismas. –La marcha del año pasado terminó con una razia policial y este año con un ataque troll en las redes, ¿hay violencia hacia el feminismo como movimiento colectivo? –Sí, esta vez me tocó fuertemente. Tengo Twitter, lo uso poco, me enteré de que me nombraban, me decían pelotuda, terrorista, gorda, lesbiana, vieja, andá a la peluquería. Mintieron con el reclamo por Santiago Maldonado para desprestigiarnos. Tuvimos que salir a explicar que lo nombramos cuando hicimos la sumatoria de actividades en las que el feminismo estuvo presente. Hay una parte de la sociedad que nos ve como locas o brujas. La locura a la mujer le fue endilgada a lo largo de la historia. Es la manera que tienen de negativizarnos. Lo de brujas lo aprendimos. Ahora nos gusta decir que somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar. Lo de locas también nos gusta, porque somos las hijas de las locas de Plaza de Mayo. Es más fácil atacarme a mí con cosas degradantes porque es más fácil focalizar en una persona y no en un colectivo. Me dijeron vieja. Tengo 64 años, estoy en este camino de los Derechos Humanos y de las mujeres desde hace muchos años. Soy orgullosamente vieja, no fue en vano entonces el trayecto recorrido. –¿Qué opinás de que Mauricio Macri haya sido presentado como el feminista menos esperado? –Hoy decirnos feministas no es algo negativo como lo era hace cuatro años atrás. Sin embargo, ahora se corre el peligro de la cooptación. No bastardeen todo. Macri habilitó a sus legisladores a tratar el tema del aborto en el Congreso, ¿qué hacemos con eso? Lo aprovechamos porque la coyuntura la creamos nosotras con nuestra lucha. No es que vino él y lo hablita porque se volvió feminista. ¿Querrá una cortina de humo o querrá pelearse con Bergoglio? No lo sé. Porque él dice que está en contra y manda a decir lo mismo. El asunto está en cómo aprovechamos esta puerta. No somos tontas y vamos a entrar. Está peleada la cosa, pero existe la posibilidad de hablar y razonar con las personas que tienen dudas y no son fundamentalistas. Se ha abierto la reflexión en los grandes medios. Hay que darle un cauce para llegar. Que se escuchen las voces de las compañeras de la campaña por el aborto legal. No hay que tener miedo, hay que enfrentar esta coyuntura con todas las herramientas que tenemos. –Desde sectores alwejados a la lucha feminista se criticó a la marcha por «politizada». –Estamos en un momento extremadamente difícil para el pueblo en general y las mujeres en particular. Somos un movimiento con una gran energía, entusiasmo y hasta somos por momentos personas felices participando de esta marea, porque vivimos cambios importantes. A mitad del siglo pasado las mujeres no votábamos en este país. Hoy ya ninguna de nosotras discute que, cuando hablamos de mujeres, hablamos de cuerpos feminizados, lesbianas, trans, nos vemos a nosotras y a nuestras compañeras que ponen el cuerpo. Las feministas siempre dijimos que lo personal es político, ¿cómo vamos a negarnos a la política? No fue partidista, se señalaron las políticas públicas en contra de las mujeres, las políticas de ajuste que lleva a cabo este gobierno. Vivo el paro como un proceso, porque nos reconocemos en nuestras ancestras y vamos caminando hacia adelante, en compañía y con una misma.

Fuente: Ricardo Aronskind* | La Tecla Eñe Fecha: 19 de FEB 2018 La unidad opositora como imperativo se plantea en estrecha relación con el daño que el régimen macrista le hace al país, lo cual tiene mucho sentido. Entre los criterios para delimitar el campo opositor, que en 2019 debería tener la suficiente potencia electoral como para desplazar a Cambiemos, se escucha decir: “el límite es Macri”. Por lo tanto será necesario ponerse de acuerdo sobre una cuestión central: ¿qué es Macri? Creemos que “lo Macri” se puede definir de tres formas muy diferentes, lo que a su vez define perspectivas políticas muy distintas. Si el problema es con Macri como persona, o grupo familiar y de negocios, se puede solucionar sin demasiado esfuerzo. Hay muchas otras personas y grupos dispuestos a ejecutar el mismo proyecto económico-social que el actual presidente. E incluso de una forma más elegante e inteligente: Vidal, Urtubey, Rodríguez Larreta y tantos otros. El propio Massa, cuando fue a Davos para que “los inversionistas” lo conozcan como hombre “serio” (o sea, favorable a los intereses empresarios), parecía estarse proponiendo como la “alternativa peronista” a Macri, dentro del esquema neoliberal.  En esta definición de “lo Macri”, cualquier cosa sería válida para “ganarle” en 2019, pero serían esperables muy pocos cambios en relación al “cambio” actual. Si el problema, en cambio, es con la Alianza Cambiemos, en tanto construcción política, el tipo de desafío que se plantea es otro. Se trata de discutir qué se le critica al actual esquema político. Y tiene otro tipo de peligros. Puede pasar lo que ocurrió con la Alianza,  que después de una década de hacer anti-menemismo, llevó a la victoria a De la Rúa, que continuó prolijamente con los mismos lineamientos económicos menemistas (subordinación a las finanzas y a las multinacionales) y ¡hasta desembocó en Cavallo! Eso sí, sin Menem. La Alianza renunció a discutir el modelo socio-económico de base, y trasladó todo el peso argumentativo a “la corrupción menemista”. Había que cambiar un personal político “corrupto” por uno honesto para gestionar… el mismo modelo económico-social. Fue la mejor forma de garantizar la continuidad “renovada” del régimen antinacional y antipopular que se construyó en los ´90. El riesgo de adoptar este enfoque “de aparato” es que todo el énfasis se ponga en la captura de espacios en el sector público, cargos y control de fondos, sin una visión clara de qué país se quiere construir. Es la opción que hizo la UCR cuando se alió con el PRO para llevar a Macri al poder: no importa para qué, necesitamos ganar. El aparato político demanda puestos, más allá del para qué. Hay una tercera lectura: el macrismo visto como la forma circunstancial que adopta una alianza social entre diversos intereses económicos locales y externos, para ejercer el monopolio del poder en Argentina, y subordinar al resto de los sectores a la lógica de sus negocios particulares. El macrismo es la tercera versión de un proyecto que apareció en 1976, y reapareció en 1989. Si este es el significado de “Macri es el límite”, la propuesta de Unidad tendrá enfrente al poder real, su construcción será más dificultosa y más exigente, y unos cuantos interesados en prebendas fáciles y rápidas seguramente perderán el interés en participar en el convite. Entender la historia: El 2003 es irrepetible: la aparición de Néstor Kirchner en el gobierno de la Nación fue una carambola histórica. De pronto llegó a la cúspide del poder formal una pareja que no respondía al consenso conservador previo, y que estaba dispuesta a construir poder autónomo y dar la batalla por un proyecto mucho más avanzado de lo que toleraba el poder real. Luego de 12 años de dura confrontación para remover del poder a esos “indeseables”, todos los sectores conservadores del país están avisados: “eso” no puede volver a pasar. La derecha macrista se muestra hoy mucho más combativa contra el polo popular que lo que fue la Alianza. El gobierno, aliado con los medios hegemónicos y parte del poder judicial, aparece decidido a reducir a la verdadera oposición a la impotencia mediante la demonización mediática, la persecución judicial y la represión abierta. Pero también los dirigentes peronistas conservadores no quieren volver a pasar por confrontaciones en las que no creen, ni subordinarse a conducciones cuyas metas sobrepasan largamente su (chato) horizonte de ideas. Cuesta creer que esa dirigencia quiera participar en un frente que se oponga en serio al proyecto de sociedad macrista. Sin embargo, lo que aparece como novedoso en el actual escenario, es que el actual proyecto conservador neoliberal tiende a arrasar ese lugar del conservadorismo popular peronista, invitándolo a rendirse e incorporarse a las filas del pan-macrismo. La trituración política de Massa, el silencio completo de Randazzo, o la derrota de peronistas conservadores a manos de clones neoliberales en las provincias es una señal de lo que está ocurriendo.  Si este fuera un modelo de “crecimiento” los peronistas conservadores podrían soñar con un espacio propio. Pero como es un modelo de desposesión de los sectores populares, su posibilidad de supervivencia política se reduce cada día. Los componentes de la unidad: No cabe duda que hay que buscar una amplia confluencia popular, pero no se puede construir a condición de que desaparezcan de escena los espacios políticos con vocación transformadora. En ese sentido, la resistencia a Cristina Kirchner, el veto a su figura no debe ser pensado simplemente como falta de realismo político (¡37% de los votos en provincia de Buenos Aires sin recursos ni medios!), sino como liso y llano boicot a la construcción de un espacio realmente alternativo al macrismo. Hay, por supuesto, críticas válidas a Cristina por estilos, actitudes, decisiones que tomó. Pero no cabe duda que el problema que tienen muchos dirigentes peronistas nacionales, provinciales o gremiales con Cristina es que puesta en la circunstancia histórica de subordinarse frente al “campo”, a “Clarín”, a los “buitres” o a la embajada norteamericana, no se rindió. Estos son puntos de profunda discrepancia. Los que contestan que frente a todo

Fuente: Vis a Vis Fecha: 07 de FEB 2018 La diputada nacional por Cambiemos, Dra. Elisa Carrio publicó en su cuenta de Twitter una carta enviada, el 28 de abril del 2017, a la titular de la Oficina Anticorrupción Lic. Laura Alonso, en la que se refiere a los manejos del Ministerio de Justicia, más precisamente del ministro Dr. Germán Garavano, con respecto a la querella del Estado en el juicio oral y público por irregularidades del atentado a la AMIA que, en este momento, se encuentra en la etapa de los alegatos. En dicha misiva, que tiene un relato cronológico, la diputada revela el ingreso de la Dra. Mariana Stilman como querellante por parte del Estado debido a que los letrados que estaban siguiendo el juicio durante el gobierno de Cristina Kirchner habían presentando sus renuncias. En la extensa carta relata que a partir de su nombramiento y por una situación que sucedió durante el juicio, le “llamaron la atención” y le sugirieron que le iban a dar el “pase” a otro lugar dentro del mismo ministerio. A partir de ahí se le colocó un “veedor” que se sentaba detrás de la Dra. Stilman para presenciar el juicio. Cabe señalar que en ningún momento de la carta hace mención al nombre de este letrado que comenzó a presenciar el juicio, aunque pareciera que se refiere a José Console, el abogado que leyó el alegato el 1 de febrero:  “A partir de esa decisión y de ese empoderamiento otorgado por el Sr. Ministro al otro letrado, éste le impidió contestar un traslado respecto de una impugnación que hicieran las defensas para que no declarara un testigo ofrecido por la propia querella del Estado, la Fiscalía y el resto de las querellas; testigo de suma importancia para el Juicio, en tanto fue quien con sus denuncias dio origen al trámite de la causa. Luego de lo cual, el mismo letrado también le requirió de muy mala manera que no mantuviera ningún contacto o conversación con el letrado de otras de las querellas, refiriéndole la necesidad de hacer un cambio en la actitud de la querella”.  El martes por la tarde, a través de un comunicado de la Coalición Cívica ARI, se refirió a la carta que difundió hoy en su cuenta de Twitter la diputada nacional y, además, aseveró: “No formamos parte ni del amiguismo, ni del nepotismo ni del encubrimiento judicial alguno”. 

Fuente: Horacio Lutzky | pucheronews.com Fecha: 06 de FEB 2018 Frente a la gravedad de los sucesos recientes en el juicio por encubrimiento en la causa AMIA, nos urge publicar una trilogía sobre qué se encubre, qué se juzga y porqué la acusación molesta a la dirigencia judía. Lo reciente El jueves 1 de febrero de 2018, el Ministro de Justicia Garavano tras mucho presionar al titular de la Unidad AMIA, el radical Mario Cimadevilla, y pese a la opinión de éste último en contrario, ordenó desplazar al abogado que ese mismo día iba a leer el alegato acusatorio del Ministerio en el juicio por el encubrimiento del atentado, y reemplazarlo por José Console, un abogado «del Tribunal de Disciplina de Boca Juniors»,  entidad que preside el operador judicial de Macri, Daniel Angelici.  El gobierno cómplice del encubrimiento Lo esencial no era la voz de quien leería el alegato, sino el contenido de esa pieza que había sido elaborada por la Unidad AMIA del Ministerio, en la misma línea de la acusación formulada por los fiscales de la UFI AMIA en diciembre del año pasado . La nueva orden del gobierno -que trascendió con intercambio de misivas incluido- era eliminar la acusación contra los colaboradores del ex juez Galeano: sus entonces fiscales Mullen y Barbaccia, imputados de colaborar en la maniobra consumada con en el pago de U$400.000 al preso Telleldín para comprarle una declaración con la cual se desvió la causa. Ya en marzo 2017, los abogados Stilman, Strajman y Ferrari renunciaron a seguir representando la querella del Ministerio, denunciando las presiones de Garavano para “sacar el pie del acelerador” con las acusaciones. El abogado José Console, siguiendo instrucciones de Garavano, el 1º de febrero de 2018 cambió sobre la marcha el contenido de la acusación que había preparado la Unidad AMIA, y, en lugar de acusar, pasó a defender a los ex fiscales colaboradores del procesado Galeano,  Mullen y Barbaccia, desautorizando el trabajo de la Unidad, y contradiciendo el pedido de penas de 8 años de prisión planteado por el Ministerio Público Fiscal en diciembre. Tampoco acusará al Comisario “Fino” Palacios. Los ex fiscales Mullen y Barbaccia, así como el “Fino” Palacios, mantienen desde hace años fuertes lazos con el macrismo, y los tres con la dirigencia judía desde la época del atentado. Palacios, además, fue el elegido por Macri para dirigir la recién formada Policía Metropolitana. En el desprolijo recorte de último momento, no obstante sacar del escenario encubridor a Palacios, Mullen y Barbaccia, en el alegato del Ministerio quedó en pie la acusación por el encubrimiento de la “pista siria”, siempre negada por la DAIA-AMIA y la historia oficial,  y la acusación contra el propio Beraja, ex presidente de la DAIA. Déjà vu: AMIA y DAIA apoyan a los encubridores Es entonces la hora de acudir a los viejos operadores de DAIA-AMIA para embestir contra la Unidad especial de investigación, tarea que en este caso asume uno de los mismos protagonistas que se encargaron de similares tareas hace años, el actual titular de AMIA Agustín Zbar. En twitter,  Zbar define la investigación del encubrimiento como “delirios interpretativos” y “teorías inverosímiles”, y ese tuit fue avalado por Garavano, que lo reenvió. Zbar finalizó el comunicado en el que niega la existencia de encubrimiento alguno y defiende enfáticamente a los ex fiscales y a Beraja, interpelando a la DAIA para que fije  posición. El comunicado de DAIA apoyando a Beraja llegó apenas horas después: La asombrosa liviandad de Agustín Zbar Desde hace muchos años Zbar despliega denodados esfuerzos en neutralizar la investigación del encubrimiento que quita el sueño a la dirigencia judía de la década menemista. El infatigable padre de una de las víctimas del atentado a la Embajada, Carlos Susevich, a sus 82 años de edad fue infructuosamente hostigado por Zbar para que bajara el tono de sus reclamos. El fiscal Alberto Nisman en su momento decidió querellar penalmente a Zbar porque afirmó haber sido por él coaccionado el 22 de mayo de 2009 para que no continuara investigando esa turbia historia. Según refirió Nisman, Zbar lo habría amenazado telefónicamente, diciéndole que si no paraba de investigar a Beraja, al destituido juez Galeano y a los ex fiscales “te tiro la comunidad encima”. Ante la querella promovida, se presentaron como defensores de Zbar los abogados Jorge Kirszenbaum (ex presidente de DAIA, asesor de Beraja, defensor penal además de Fernando de la Rúa) y Juan José Ávila. Este último actuó en el juicio oral por el atentado,  defendiendo en nombre de la AMIA lo realizado por el ex juez Galeano y sus adláteres,  codo a codo con la abogada Nercellas. Las pruebas de Nisman resultaron insuficientes y la querella no prosperó, pero el conflicto quedó en evidencia. Zbar intentó en el 2009 convertirse en presidente de DAIA, pero a último momento retiró su candidatura al no reunir los apoyos suficientes, aunque acusando al fiscal Nisman de ser el causante de su defección. «No es la primera vez -ni será la última- que la mala fe y la mezquindad, llevan a una persona a colocar todas las culpas en otro», replicó Nisman respecto de Zbar en un comunicado. Como parte de la polémica, en diálogo con La Nación Zbar además acusó a Nisman de «haber consagrado la impunidad de la conexión local del atentado» terrorista de julio de 1994. Y en una gacetilla, sostuvo que a horas de la votación para la DAIA «el señor Alberto Nisman insistió en afirmar falsedades en mi contra solicitando mi procesamiento y mi prisión en una causa que él mismo inició por un delito que sólo existe en sus maquinaciones». «Utilizando su investidura de funcionario público, el señor Nisman se dedicó en la última semana a difamarme públicamente, con una asombrosa liviandad y sin el aval de ningún elemento probatorio«,  agregó. Probablemente los dos tuvieran razón. «Delito que solo existe en sus maquinaciones»,  «asombrosa liviandad», y «sin el aval de ningún elemento probatorio»,  decía Zbar cuando la acusación era contra él por coaccionar para frenar la investigación sobre Beraja, Galeano y los fiscales Mullen y Barbaccia. En cambio, años después, luce la firma de Zbar al pie de la indignada solicitada en apoyo de la

Fuente: Pagina 12 Fecha: 06 de FEB 2018 En una llamativa decisión, el juez federal Sergio Torres citó ayer a indagatoria al diputado de Unidad Ciudadana Leopoldo Moreau, en el marco de una denuncia presentada por el diputado macrista Waldo Wolff, quien lo acusó de incumplimiento de los deberes de funcionario público y de violar la ley antidiscriminatoria porque lo relacionó con la Mossad, los servicios secretos israelíes. “Es todo una gran mentira. La discusión no es en torno a la religión, es sobre el rol que está jugando la derecha israelí en el proceso inventado en torno a la causa Nisman”, le dijo Moreau a Página 12. El diputado se enteró por los medios de la citación, a la que ya debieron cambiarle la fecha, porque se había convocado para el 1º de marzo, día en que los legisladores deben asistir a la apertura de sesiones del Congreso. “El 8/11/17 L. Moreau me extranjerizó diciendo que soy agente israelí por mi condición de judío como se hizo en los peores momentos de la historia. Dije que no lo iba a permitir. Hoy fue llamado a indagatoria por la ley antidiscriminatoria”, celebró ayer Wolff, que además fue vicepresidente de la DAIA, por Twitter. La denuncia se produjo luego de la participación de Moreau en un programa de televisión. En su momento, Moreau respondió a la presentación de Wolff con una carta documento. “Honre a los judíos y deje de invocarlos para justificar su personal alineamiento con la derecha argentina, encarnada hoy por el PRO, con la derecha norteamericana y con la ultra derecha israelí. No hace falta inferir ese agravio a su propia colectividad para darle un sentido épico, que no tiene, a sus intereses y filosofía política”, escribió el diputado de UC. Moreau afirmó que el legislador de Cambiemos “pisotea” la Constitución “con reiteradas mentiras, inventos de supuestas conspiraciones y en el impulso de causas judiciales que parecieran servir a intereses geopolíticos ajenos a nuestra realidad nacional y continental”, y resaltó que “tan grave y canallesco como el negacionismo con respecto al Holocausto es utilizar esa tragedia que vivió la humanidad en defensa propia para justificar determinados intereses políticos y jurídicos”. Moreau se remitió en su descargo a un informe del Llamamiento Argentino Judío, en abril de 2017, en el que se afirma que Wolff participó en conferencias de ciberseguridad y armamentos en la ciudad de Tel Aviv y describe los vínculos del diputado con el ministro de Defensa de Israel, Avigdor Lieberman. “Sobre su relación con el Mossad, Ud. sabrá mejor que nadie qué características tiene”, afirmó. Por otro lado, el titular del Llamamiento Argentino Judío, Jorge Elbaum,  consideró que en su denuncia Wolff “asocia la agencia de inteligencia israelí a la identidad judía, confundiendo a la opinión pública acerca del significado real de la judeofobia: se puede pertenecer al Mossad sin ser judío. El antisemitismo –que Wolff intenta constituir como su escudo político– no puede ni debe ser utilizado como subterfugio para defenderse, ni para agraviar”. Añadió que “dicha utilización, de paso, le ha permitido licuar su íntima relación con los servicios de inteligencia israelíes con los que trabajó siendo vicepresidente de la DAIA. De hecho, el cargo asumido por Wolff el 19 de noviembre de 2012 en la entidad de Pasteur 633 supone la responsabilidad prioritaria de coordinar oficialmente con la seguridad de la embajada de Israel en la Argentina. Esos vínculos son los que le permitieron llegar hasta las más altas esferas del PRO, para garantizarse un sitial en comisión bicameral de fiscalización de órganos y actividades de seguridad interior”. El ex fiscal Manuel Garrido, que durante su labor en la Justicia presentó numerosas denuncias contra el gobierno kirchnerista, afirmó sobre la causa contra Moreau: “Otro mamarracho judicial. Un delito inventado y la persecución por opiniones políticas de un diputado nacional que ya han sido respondidas en la Cámara y en los medios”. Nota relacionadas Interna en el Gobierno: Elisa Carrió cargó contra el ministro de Justicia por la causa del encubrimiento de la AMIA Caso AMIA: Germán Garavano abrió un frente con la UCR y otro con Elisa Carrió