Apartheid criollo
Fuente: Ricardo Ragendorfer | Revista Zoom Fecha: 20 de JUN 2018 “¡Facundito! ¿Cómo estás, querido?”, había exclamado aquella mujer desde el mostrador mientras extendía hacia un cliente un atado de cigarrillos. Junto a una heladera con gaseosas, otra, vestida con uniforme de alguna empresa privada de seguridad, sonreía. El tal “Facundito”, un tipo joven, grandote y desaliñado, dijo estar con sueño porque venía “de allanar la cueva de unos senegaleses en el Once”. Aquello bastó para que la cara de la mujer se transmutara en una mueca atroz. Entonces, soltó: “A esos ‘senegales’ habría que mandarlos a su país de una patada en el orto”. Y acotó: “Hasta a sus abogados les pagamos nosotros”. La otra seguía sonriendo. Parecía una escena costumbrista de la última dictadura. Pero transcurrió el viernes 8 de junio en el pequeño snack bar de la estación de servicio Esso, situada en la esquina de Chacabuco y Chile. Al rato, los noticieros comenzaron a dar cuenta de un “megaoperativo” efectuado por la Policía de la Ciudad en la avenida Pueyrredón, a la altura de Bartolomé Mitre, del barrio de Balvanera. Los mastines humanos del alcalde Rodríguez Larreta, dirigidos por la fiscal porteña Celsa Ramírez, desalojaron primero a manteros africanos con forcejeos y palazos, además de saquear sus mercaderías, para después irrumpir en tres viviendas de la zona, habitadas por inmigrantes. En el primer ataque hubo 20 detenidos; en el segundo, sólo cinco. Con razón “Facundito” estaba tan cansado. Postales del apartheid Por entonces en las redes sociales se habían viralizado las imágenes de otro “megaoperativo” de este tipo, esta vez en el barrio de Flores, ocurrido tres días antes. Allí se ve a una horda de uniformados al inmovilizar con puñetazos y patadas al ciudadano senegales Kane Serigne Dame en medio de un charco de sangre y alaridos de dolor; el hombre tenía una fractura expuesta en el brazo derecho. “Voy a mear en un vaso y se lo voy a dar”, comentaba jocosamente un suboficial de civil. Y el lunes pasado en La Plata, durante un “megaoperativo” conjunto de la Policía Local y el Comando de Patrullas de la Bonaerense (encabezado por su propio jefe, el comisario inspector José Luís Paniagua), con apoyo de una patota de la Subsecretaría de Control Urbano, se procedió a desalojar con los mismos métodos a manteros de dicha nacionalidad. Dos de ellos y tres criollos que intentaron interceder fueron subidos a los patrulleros. La faena también incluyó saqueos de mercadería y celulares. Especialmente celulares. Lo cierto es que los atacantes estaban esa mañana muy interesados en la telefonía de sus víctimas. “Vayan a la comisaría a buscarlos, a ver si se animan”, desafiaba a viva voz servidor público Paniagua. Tales episodios se desarrollaron en un lapso de apenas diez días. Pero también hubo otros con leves variaciones genéricas. En este punto, una aclaración: a diferencia de la xenofobia, el racismo a secas no discrimina dado que incluye entre sus blancos a excluidos sociales de origen nacional; o sea, una extranjería de clase. Al respecto, su ejemplo más reciente fue la bestial incursión realizada el último sábado de mayo por una jauría de la Prefectura en la Villa 21-24. Los agresores balearon la casilla de Iván Navarro –que había denunciado en 2016 a efectivos de esa fuerza por torturas–, arrestaron con violencia a la madre de un pibe hostigado por ellos, cometieron abuso sexual sobre su tía y detuvieron a otros cuatro vecinos; entre ellos, Roque Azucurraire, el fotógrafo de la revista villera La garganta poderosa. Hay que reconocer que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich –de quien depende esa mazorca–, salió a dar la cara: en una conferencia de prensa convocada para “desenmascarar la mentira” —según el encabezado del correo electrónico enviado a los medios para convocarla—, ella ni siquiera parpadeó al sostener que el consejo editorial de La Garganta quiere que “el narcotráfico se meta y que la venta de drogas esté liberada”, no sin acusar a la Procuraduría de Violencia Institucional (Pocuvin), dependiente de la Procuración General de la Nación, de estar coptada por aquel medio. Fue su manera de celebrar ese 7 de junio el Día del Periodista. Y en comunión con ciertos “colegas”. Porque salvo honrosas excepciones, las coberturas gráficas y televisivas reflejaron semejante exhibición de psicosis paranoica como si fuera un hecho de lo más normal. Con idéntica tónica también suelen referirse a las tropelías callejeras de la policía contra minorías étnicas o a las frecuentes razzias en los en barrios pobres, las cuales hasta llaman “controles poblacionales”. Como si fueran simples –y necesarios– actos civilizatorios sobre una variada gama de flagelos urbanos. Algo muy a tono con la sensibilidad de un notable sector del espíritu público. Y este es un fenómeno que merece ser analizado. Ley de Residencia Los sueños de la “seguridad” crean monstruos. Eso se da desde la noche de los tiempos. Ya en 1892, el diario Tribuna editorializó el asunto de un modo que poco tiene que envidiar a los actuales reclamos punitivos; a saber: “Los que viven de lo ajeno van multiplicándose a ojos vista y es necesario poner valla a ese crecimiento dañino. A la justicia sí hay que exigirle que sea más severa con esos delincuentes, que, en gran parte, no hacen más que entrar y salir de la cárcel, sin propósito de enmienda”. Cabe destacar que en aquella época el aumento de los índices delictivos derivó en una lectura xenófoba de la cuestión. Tal, por caso, era el pensamiento de Miguel Cané, el impulsor de la Ley de Residencia, que propiciaba la deportación de inmigrantes díscolos. No menos extrema fue la postura del diputado del Partido Autonomista Nacional (el polo conservador liderado por Julio Argentino Roca), don Lucas Ayarragaray, quien en la sesión legislativa del 27 de marzo de 1910 entretuvo a los presentes con el siguiente concepto: “Este país, que en su población ya tiene elementos étnicos bien inferiores, debe precaverse trayendo elementos de orden superior. Y para ello resulta absolutamente necesario seleccionar la