Nacionales

Fuente: Carlos Heller | TiempoAR Fecha: 20 de MAYO 2017 Los sucesos políticos que atraviesan la coyuntura de Brasil no pueden ser desvinculados de la precaria situación económica que allí se observa desde hace un par de años, con importantes caídas del PIB en 2015 y 2016. Sin embargo, la debilidad de fondo de esta economía no es nueva y tiene raíz en las medidas ortodoxas que se implementan. Mucho de esto tiene que ver con los límites que impone la estrategia de metas de inflación que se adoptó en 1999 e involucró la existencia de una de las tasas de interés reales más elevadas del mundo. Esto generó un significativo ingreso de capitales especulativos, bajos niveles de inversión productiva, una fuerte pérdida de competitividad y una significativa primarización de la economía. El reciente congelamiento del gasto público real por 20 años, la idea de avanzar con la flexibilización laboral y la propuesta de reforma de la seguridad social completan un complejo panorama a futuro, aunque ahora son más escasas las posibilidades de que lo pueda llevar adelante un gobierno con tan poco consenso como el actual. De allí que el «círculo rojo» de Brasil decidió que Michel Temer ya realizó «el trabajo sucio» al avalar el «golpe blando» contra Dilma Rousseff, y ahora requiere ser reemplazado por un político potable para la sociedad, que pueda continuar con las reformas de Temer, requeridas también por el FMI. Brasil es, además, otro ejemplo acerca de cómo los modelos económicos neoliberales impactan en la sociedad y terminan afectando al propio sistema político, algo por lo que ya atravesó con grandes costos nuestro país en 2001. Una enseñanza que el gobierno de Mauricio Macri no debería minimizar. En lo coyuntural, se verá amenazado el (exiguo) crecimiento de Brasil y ello afectará en alguna medida a nuestra economía, fundamentalmente por la vía comercial, ya que se trata del principal destino de nuestras exportaciones (16%). En el caso de las exportaciones de manufacturas industriales (MOI), el 32% del total se destina a Brasil, siendo la mayoría de ellas del sector automotor. En tanto, los efectos del canal financiero son mucho más automáticos. Son los riesgos que imprime el esquema de desregulación de los movimientos de capitales al que adscribe nuestro gobierno. Los bajos niveles de deuda heredados hacen que el panorama financiero luzca por ahora menos complicado, pero no deja de ser una luz de alerta de cara a los próximos años. En este marco, cabe mencionar el título de El Cronista en la portada del viernes: «El caso Temer revive la crisis brasileña y complica el repunte de la economía en la Argentina». Una excusa que no extrañaría escuchar en un futuro próximo por parte de nuestras autoridades para justificar la ausencia de «brotes verdes», aunque en realidad la economía no reacciona por las propias políticas del gobierno nacional. En la semana se conoció el Índice General de Actividad de Orlando Ferreres (un indicador con similar espíritu al estimador de actividad económica del Indec, EMAE) que registró un crecimiento para abril del 3,3%. Pero esto mucho tiene que ver con el derrumbe que dicho índice mostró en abril de 2016, con una baja interanual del -4,9%. Entonces, si comparamos los datos de abril de 2017 con los del mismo mes del de 2015, aun presenta una baja del 1,8%, lo cual es otra muestra de que se está muy lejos de los mentados «brotes verdes». Algo parecido ocurre con la facturación de los supermercados y centros de compra, que en marzo subió un 18,2% y un 10,6% interanual. Estos datos indican una fuerte caída real, considerando el 35% de inflación que para dicho período indica el IPC-CABA. No podía esperarse otra evolución teniendo en cuenta la política salarial que promueve el gobierno. Al respecto, cabe mencionar el acuerdo paritario entre el Estado y los trabajadores de la administración central. El aumento será del 20% en tres tramos (5% desde el 1 de junio, otro 5% en julio y finalmente el 10% en agosto). Además habrá una cláusula gatillo para cuando la inflación supere el 20% en el año. Lo más grave es que se convalida la pérdida por la inflación del período anterior. También se acordaron metas bastante exigentes por presentismo y por productividad. En paralelo, el gobierno anunció la entrega de subsidios a las grandes compañías electro-intensivas, con uno especial para las ultra-electrointensivas que parecería tener nombre y apellido. Son $ 2250 millones que se destinarán a las grandes empresas, bajo la forma de descuentos del 20% en la factura de energía. Mientras, a las pymes y las empresas de la economía social no se les reduce en nada las fuertes subas de tarifas energéticas. Una clara idea de para quiénes gobierna el macrismo. Tren sojero El presidente Macri estuvo de gira por Asia y obtuvo un reconocimiento del primer ministro japonés, Shinzo Abe, quien le dijo que «Argentina tiene el papel de locomotora en el continente». Claramente no es por la potencialidad industrial ni por la envergadura de su economía; tal vez sí lo sea por su legalidad y su orientación marcadamente neoliberal, atributos que hoy brillan más aun ante la fuerte crisis política en Brasil. Incluso podría pensarse que, de ser una locomotora económica, encabezaría un gran tren sojero y cerealero. En tanto, durante su visita a China el presidente Macri ratificó varios compromisos firmados por el anterior gobierno, que rechazó cuando era oposición. En 2015, por caso, le envió una carta al embajador chino en Argentina en la cual justificó su rechazo a los acuerdos por contener conductas «violatorias de la Constitución Nacional y contrarias al más elemental principio de transparencia en el manejo de la cosa pública». Parece que este no es más el caso. La presión de China para que se respete lo firmado no fue menos importante. En abril el gobierno chino había exigido «firmemente» a la Argentina —para «estimular la confianza de las empresas chinas»— respetar los convenios anteriores, específicamente los relacionados con el proyecto

Fuente: Tali Goldman | Nuestras Voces Fecha: 19 de MAYO 2017 Un grupo de especialistas de Naciones Unidas recorrió el país para analizar los casos de detenciones injustificadas. Denunciaron la persecución de minorías, la represión policial en las marchas de pueblos originarios y la detención arbitraria de Milagro Sala. Ayer presentaron el informe preliminar. El Gobierno nacional tuvo otro trago amargo en materia de Derechos Humanos. Todavía masticando la masiva marcha, consecuencia del polémico fallo de la Corte por el 2×1, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria se mostró “preocupado” por la situación de privación de la libertad en Argentina. Es paradójico, porque es el propio gobierno de Mauricio Macri el que invitó a este grupo de expertos de la ONU, que estuvo diez días recorriendo el país y se llevó nada menos que una pésima evaluación. Si bien el informe preliminar que se presentó ayer en una conferencia de prensa no hace mención explícita a la situación particular de Milagro Sala, casi el cien por cien de las preguntas de los medios nacionales e internacionales hicieron foco en eso. Sin dejar la diplomacia de lado, y sabiendo que todos los cañones apuntarían a ese caso, los especialistas en derechos humanos Sètondji Roland Adjovi, de Beni y Elina Steinerte, de Letonia ratificaron que la Opinión 31 emitida en octubre de 2016 según la cual el Estado Nacional debe liberar en forma inmediata a Milagro Sala no está sujeta a revisión y debe ser cumplida. Y aclaró que en el caso de que eso no suceda se va a reflejar en el informe anual ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. “El Grupo de Trabajo tiene la intención de continuar el diálogo constructivo con el Gobierno respecto de los temas presentados en el informe”, advirtieron. Es decir, si bien lo que recomienda este grupo no es de carácter vinculante, se espera que si el país ofició de anfitrión, es porque le otorga la envergadura que le merece. Por eso, los expertos remarcaron constantemente durante la conferencia de prensa que dieron ante medios nacionales e internacionales, que no tienen dudas de que el Gobierno tomará nota del informe. El Informe preliminar Las observaciones que se presentaron ayer —y que también se entregaron al Gobierno— constituyen los hallazgos preliminares ya que el informe propiamente dicho se presentará ante el Consejo de Derechos Humanos en su período de sesiones en septiembre de 2018. Del 8 al 18 de mayo ambos expertos mantuvieron reuniones con autoridades federales y provinciales y además con un amplio espectro de representantes de la sociedad civil. Pasaron por la Capital Federal, la Provincia de Buenos, Chubut y Jujuy. Fueron a diecinueve centros de privación de la libertad y se entrevistaron con 200 personas alojadas en las cárceles: una de ellas fue Milagro Sala. En primer lugar, sostuvieron que “aquellos que se encuentren en una situación de vulnerabilidad como los niños, el colectivo LGTBI, los pueblos indígenas y los migrantes tienen mayor probabilidad de ser detenidos por la policía por la sospecha de haber cometido un delito o ‘demorados’ para verificar su identidad”. Y agregaron: “Resulta particularmente alarmante la respuesta desproporcionada de las fuerzas del orden, ante las manifestaiones realizadas por los pueblos indígenas”. Por otro lado, y este es otro de los puntos en el que hicieron el mayor hincapié es en el “exceso de prisión preventiva, con un 60 por ciento de los detenidos en esta categoría”. Por caso, en el informe preliminar explican incluso que “la cifra es superior en algunas de las instituciones visitadas por el Grupo de Trabajo. Por ejemplo, el 75% de las personas detenidas en el Complejo Penitenciario Federal IV de Mujeres en Ezeiza lo estaba en calidad de prisión preventiva”. Además, el Grupo de Trabajo notó que muchas veces se excedía el límite de dos años para la prisión preventiva, lo que constituye de por sí un período excepcionalmente largo, y encontró personas que pasaron de cuatro a seis años en prisión preventiva, incluso hasta diez años. Otra observación tuvo que ver con la cantidad de menores de edad en las cárceles: “Recibimos testimonios de casos de privación de la libertad y maltrato de menores de 16 años por parte de las fuerzas de seguridad”. En se sentido, al Grupo de Trabajo le resultó alarmante recibir manifestaciones sobre el supuesto uso de celdas de aislamiento o castigo en algunos establecimientos carcelarios. Durante una de las visitas in situ realizadas, encontraron una celda pequeña, sin ventanas y barrotes en la puerta. También les llamó la atención la privación de la libertad en el contexto de protestas sociales y públicas por parte de miembros de distintas comunidades, entre las que se incluyen pueblos indígenas, sindicatos y movimientos políticos y sociales. En relación con la detención de migrantes, el Grupo lamentó la “adopción» del DNU 70/2017 que modificó las disposiciones de la Ley sobre Política Migratoria Argentina y eliminó salvaguardas importantes. “La detención de migrantes debe ser excepcional y puede justificarse únicamente si persigue un fin legítimo, es proporcional además de necesaria y cuenta con el control judicial apropiado”, concluyeron. Las consecuencias “Por un lado el derecho internacional se desarrolla no a partir de una sanción sino que se construye a partir de una relación de buena fe. Y el dato que destaca el Grupo de Trabajo es que es Argentina quien los invita”, explicó a Nuestras Voces Diego Morales, director del área de litigio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “Eso es muy importante porque no es una comisión que llega de la nada y decide criticar la Argentina. Fue el propio Estado el que pide que se que le haga una evaluación. Entonces es muy difícil que Argentina no cumpla con las recomendaciones que hicieron”. Por su parte, la abogada de Mialgro Sala, Elizabeth Gómez Alcorta, indicó a este portal que “las consecuencias de no cumplir son en términos diplomáticos, es decir que el Estado Argentino sea considerado un país que incumple compromisos

Fuente: Mónica López Ocón | TiempoAR Fecha: 19 de Mayo 2017 El historiador Norberto Galasso acaba de publicar un nuevo libro. Se trata de Triunfo Buitre. La deuda externa argentinas de los Kircher a Macri (Colihue). Se presentará hoy, viernes 19, en Paisaje Rivarola 154, CABA y participarán del acto, además del autor, Andrés Asiain y Alejandro Vanoli. El libro toma el período comprendido entre la declaración del default en 2001 hasta marzo de 2017. “En algún momento había que darle un punto final, —aclara Galasso— a pesar de antes de ayer mismo el gobierno volvió a endeudarse por 20.000 millones de dólares. Como sigue contrayendo deudas, era difícil tomar la decisión de terminarlo. Esperemos que algún día se pueda poner ese punto final y se revea lo que se hizo, porque se ha contraído ya una deuda impresionante cuyo pago afectará a las futuras generaciones». -¿Y cuál sería la forma de ponerle un punto final a este endeudamiento ya que es una política de este gobierno? -Creo que todo depende de la movilización popular, la correlación de fuerzas que tenga un gran movimiento popular con respecto a la minoría. Casi todos los integrantes del gobierno pueden ser impugnados y enfrentar un juicio político porque tienen cuentas offshore, no están legalmente ubicados y las negociaciones fueron ruinosas para el país. El kirchnerismo logró desendeudar el 92,4 de la deuda total y quedaba un 7, 6 que estaba integrado fundamentalmente por fondos buitres, Paul Singer y Cart quien tiene una empresa que fabrica vasos de telgopor, es multimillonario, tiene bienes en diversas partes del mundo y una nave espléndida y larguísima que se parece a las de los piratas. De ese 7, 6 de los fondos buitres se presentó nada más que la mitad. Lo que reclaman son títulos o bonos que han comprado sobre todo en la época del default en que la Argentina estaba muy mal. Los han comprado a 20 o 30 centavos y ahora exigen que se les paguen al valor nominal del título que es un dólar, es decir, cinco veces lo que pagaron. Cuando se iniciaron las negociaciones, dado que era sólo la mitad la que se presentaba, se pensaba que había que lo que había que pagar en el caso de aceptar la situación de que eran mafias financieras internacionales, eran 2.500 millones de dólares. Como se negoció cuando asumió Macri, que representaba los mismos intereses que los buitres, se pasó a una cifra de 6 000 o 7000 millones de dólares y luego a una cifra de 12.500 millones de dólares. Eso se aprobó pero el Congreso luego reconoció que había que emitir deuda por 15.000 millones de dólares. Le encargaron a Caputo, íntimo amigo de Macri que hiciera las gestiones y se terminaron emitiendo bonos por 16.500 millones de dólares. -Es decir que la deuda aumentó de manera exponencial en poco tiempo. -Si, Axel Kicilloff dice que se ha pagado 3 o 4 veces lo que se debía. Néstor Pitrola, que a veces es un poco exagerado en esas cosas, dice que se pagó 11 o 12 veces más de lo que se debía. De todos modos el acuerdo es muy parecido al que se hizo Rivadavia en 1824. A eso ahora agregaron que la Argentina da en garantía sus recursos naturales como Vaca Muerta. En su momento, Rivadavia había hipotecado las tierras de la provincia de Buenos Aires como garantía del empréstito. Esto es lo mismo que hizo Rivadavia. Las tasas de interés de la deuda reconvertida que se pensó que podían ser de un 3 o 4 % anual se pactaron en 7,5. Ha sido toda una operación ruinosa que se va a pagar endeudándose más. Con la intervención del Fondo Monetario se va a establecer una política para que todos los argentinos que no recibieron un bono ahorremos con nuestro trabajo para que todos los años se llegue a un presupuesto que por lo menos permita pagar los intereses. -Se paga con el sacrificio del pueblo. -Claro. Hay que bajar los salarios, lo que significa también una baja del consumo. Esto es un círculo vicioso porque esto provoca cierre de negocios, desocupación y la desocupación hace que los empresarios puedan pagar salarios bajísimos. Ya dijo Prat Gay cuando era ministro que la opción era muy fácil y que los sindicalistas debían saberlo, -¿Cuál era esa opción? – Era salarios muy bajos o despidos. Esto sumado a una serie de negociaciones espurias que fueron identificadas y son retenidas por una justicia que en gran parte está pervertida como son las más de 40 empresas offshore que tiene el grupo Macri. El joven diputado Daniel Martínez ha revelado que ha habido giros entre esas empresas para instalar Pago Fácil en Brasil, por ejemplo. Esto se vincula también con los giros que ha recibido Arribas que ahora está en dificultades con los reclamos que le hace el Gobierno para que explique cómo ha recibido giros por 10.500 millones. Él dice que no los ha recibido. -¿Ve en estas políticas un retroceso? -Sí, hemos vuelto a la Argentina tradicional, a la Argentina colonial en la que el poder está en manos de una oligarquía fundamentalmente financiera. Ellos hablan de inversiones, pero las inversiones que entran van a la bicicleta financiera. Se utilizan las tasas de interés altísimas para obtener grandes beneficios y luego se aprovechan las facilidades que da el gobierno para fugar eso hacia el exterior por las dudas, no vaya a ser que un día el pueblo argentino explote ante tanta canallada. -¿Qué similitudes y diferencias ve usted con la situación del 2001? -La situación del 2001 era de crisis generalizada. Antes de eso hubo un voto bronca en que un 25% no participó y un 20 % votó en blanco. Prácticamente se ganó por la negativa. Hubo un rechazo, un repudio total a la dirigencia política. Esta dirigencia no ha mejorado mucho, pero hay compañeros correctos y combativos, por supuesto y también los hay a nivel gremial. Pero, de

Fuente: Jorge Elbaum | La Garcia Fecha: 17 de MAYO 2017 La escena es conmovedora. Un niño llamado Fernando de apenas diez años intenta bajar la cabeza para no ver el espectáculo truculento que la autoridad ha decidido escenificar para aleccionar y disciplinar a todo un pueblo. Fernando Condorcanqui, la criatura que llora desconsoladamente y que intenta no ver la cruel representación punitiva es hijo y hermano de las personas que van a despedazar y asesinar frente a sus ojos. El chico baja la cabeza y un funcionario del imperio español se la sostiene forzadamente con el objeto de que las imágenes queden grabadas como pedagogía del horror y del sometimiento. Fernandito es forzado a presenciar la ejecución de dos de sus hermanos mayores y la muerte por garrote de su madre, Micaela Bastidas. Luego, como capítulo final de la perversidad, se le exige ver el intento —frustrado— del descuartizamiento de su padre, José Gabriel Condorcanqui, más conocido como Tupac Amaru. Mientras los cuatro caballos cinchaban hacia los puntos cardinales de la tierra, al niño se le sostenían la cabeza para que fijara su vista en el cuerpo de su padre. A Fernando, de diez años, se le escucho esa mañana, en la Plaza de Armas de Cusco un gemido penetrante y agudo que es considerado por difundidas supersticiones como causa de los movimientos sísmicos que han asolado a Perú en los últimos doscientos años. La escena es del 18 de mayo de 1871. El día de dicho aniversario, 18 de mayo de 2017, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Personas (GTDA) entidad de las Naciones Unidas que se dedica a investigar denuncias sobre penas carcelarias indebidas y a elaborar recomendaciones a los Estados, abandonará nuestro país después de relevar durante diez días el caso de la Diputada electa del PARLASUR (Parlamento del MERCOSUR), Milagro Sala, —entre otros— quien se encuentra privada de libertad desde enero de 2016, en el marco de diferentes causas apócrifas iniciadas por testaferros judiciales del actual gobernador provincial. En una de esas causas, un ex integrante del Movimiento Barrial Tupac Amaru, Rene “Cochinillo” Arellano, empleado de la actual gobernación provincial, denunció a Milagro Sala como instigadora de un “escrache” realizado el entonces diputado Gerardo Morales, del cual la propia Milagro Sala no participó y por la cual —sin embargo— fue condenada. José Gabriel Condorcanqui, el padre de Fernandito, fue detenido en 1780 por liderar una sublevación contra los responsables del sometimiento de los pueblos originarios a formas de esclavización conocidas como la mita y el yanaconazgo. La primera acción de José Gabriel, que tomó el seudónimo de Tupac Amaru II en homenaje a uno de los líderes de la resistencia contra la invasión española en el siglo XVI, fue exigir a la Audiencia de Lima, mediante pedidos escritos, la eliminación de la utilización de niños, ancianos y mujeres en las minas, donde morían diariamente miles de personas por el contacto con el mercurio. La indiferencia del imperio -que nunca contestaron las requisitorias de José Gabriel- impulsó la sublevación, que incluyó un admirable decreto en el que Condorcanqui declaraba la abolición de la esclavitud de los afrodescendientes, el 16 de noviembre de 1780. Milagro Sala fue parte de la construcción colectiva de un movimiento orientado a brindar trabajo y dignidad a decenas de miles de ciudadanos desempleados y excluidos por el neoliberalismo que arrasó con América Latina en los años´90. Milagro lideró un modelo de empoderamiento popular cuyo éxito más relevante fue enorgullecer a sujetos colectivos acerca del significativo poder con el que contaban si eran capaces de mostrarse unidos. Su organización puso en evidencia que podían canalizar demandas hacia el Estado y visibilizar su existencia social, oscurecida durante décadas por la agenda púbica. El Movimiento Barrial Tupac Amaru cambió la escenografía jujeña a fuerza de piquetes, marchas y rebeldías. Gran parte de la conservadora y pacata sociedad jujeña catalogó a la “Tupac” como el paradigma del desorden social y la consideró un “insulto a la moral, a las buenas costumbres y al libre tránsito”. Tupac Amaru II fue traicionado por un integrante de su grupo tupamaro, Francisco Santa Cruz, al igual que Sala fue vendida por Rene “Cochinillo” Arellano, quien se garantizó empleo y retribuciones veniales. Al hijo de Milagro Sala, Sergio Chorolque, en el marco de una brutal campaña para destruir emocionalmente a la dirigente popular, se lo acusó de inexistentes delitos ligados a sus tareas como integrante del movimiento barrial. La rebelión de José Gabriel tomó como bandera los colores del arco iris, la “Wipala” que flamea hasta hoy en las casitas rugosas de piedra y adobe donde late el ancestral orgullo que Tupac le legó a quienes se enfrentaron al usurpador colonial. El encargado de torturar y condenar al descuartizamiento a Tupac fue el Doctor en Derecho Canónigo, José Antonio de Areche. Su heredero es el gobernador de Jujuy quien fue interpelado por Milagro Sala en su declaración ante los tribunales, en ocasión de las tantas acusaciones a las que se vio sometida: “Siento que la molestia es porque los negros conseguimos organizarnos e inculcábamos que no teníamos que bajar la cabeza por nada del mundo (…) En todas las localidades la Tupac comenzó a trabajar con las escuelas y crear aulas precarias. Esas cosas le molestan a Gerardo Morales: poder construir nuestro propio futuro, vivir mejor, y que no dependan de sectores políticos”. El pecado estructural del colectivo barrial Tupac Amaru fue dirigir una organización que no ha comulgado con el sometimiento económico y simbólico. Para superar la postración, ha utilizado los escasos dispositivos que el establishment no controlaba. Ese hecho que implica quebrar un adocenado status quo es lo que supone un pecado imperdonable para el modelo de dominación provincial jerarquizado. Tupac fue juzgado por la inquisición, que permitía unificar el derecho terrenal con la legitimidad “divina”. El veredicto incluyó el desgarramiento público bajo la atenta contemplación de su hijo de diez años. La persecución sistemática a Milagro Sala todavía continúa. Pero los tribunales de la nueva inquisición

Fuente: Ricardo Ragendorfer | Nuestras Voces Fecha: 15 de MAYO 2017 Cómo se erige un jefe de Policía Bonaerense que debe asumir mustiando la sórdida aclaración de “no soy ningún torturador” y lleva cosida la sombra del secuestro y asesinato de Bru en su Abrigo. Perroni, el jefe al que le gusta forjar cuchillos de acero y se jacta de ser un gatillero. Cómo cayó Bressi, rodeado de traiciones y chanchullos. El poder en las sombras de Matzkin. Los hombres de Ritondo y los comisarios que todavía tienen predicamento en la tropa. Las “no” opciones de Vidal. Todas las cajas. La Caja. Corría la tarde del 9 de mayo cuando el subjefe de La Bonaerense, comisario general Rubén Fabián Perroni, recibió una llamada telefónica efectuada desde el Ministerio de Seguridad. Durante unos minutos escuchó en silencio la voz que le hablaba por el otro lado de la línea. Y finalmente, dijo: –Sí, señor. Voy enseguida para allá. No obstante, antes de ir al encuentro del ministro Cristian Ritondo hizo una breve escala en el despacho del jefe de la fuerza, Pablo Bressi. Ese hombre alto, de mirada torva y cutis poceado lucía alicaído. Masticaba la amargura del adiós, puesto que su eyección del cargo era ahora imposible de revertir. Una hora antes había sido arrestado su dilecto amigo, el comisario Alberto Miranda. Una estocada –en perspectiva– previsible. El tipo estaba al mando de las Plantas Verificadoras de Automotores, una de las cajas más generosas de la mazorca provincial. El origen de su infortunio: una “batida anónima” sobre la llegada de la recaudación mensual a su oficina de Villa Tesei. Los datos hasta incluían la hora exacta de la entrega. De modo que la patota de Asuntos Internos sorprendió al pobre Miranda con las manos en la masa. Y su única reacción fue revolear fajos de dinero –alrededor de 200 mil pesos– por el aire. Lo cierto es que Bressi no exhibió ni una pizca de asombro por la dinámica del acontecimiento. De hecho, también fue una “batida anónima” la que había propiciado –en febrero de 2016– el escandaloso arresto de tres oficiales muy afines a él por brindar protección a narcos en Esteban Echeverría. Al igual que –en abril del mismo año– el hallazgo en la Jefatura Departamental platense de los 36 ya famosos sobres con billetes, y sin otro propósito que enlodar el buen nombre y honor del ex jerarca de aquel coto, Alberto Domsky, quien acababa de ser sumado a su entonces flamante plana mayor. Recién a 13 meses de esa maniobra, otro soplo destituyente impulsado desde las entrañas mismas de La Bonaerense impactaba por fin de lleno en su cuestionada gestión. Lo que se dice, un triunfo de la persistencia. Porque el ascenso de Bressi a la cúspide de la fuerza –sugerida en diciembre de 2015 por su antecesor, el aún hoy influyente Hugo Matzkin, a Ritondo y éste, a la gobernadora María Eugenia Vidal– encendió el fuego de la discordia en algunos miembros del comisariato que habían cifrado en la transición sus ilusiones de grandeza. Entre los más heridos resaltaba el jefe de Investigaciones, Néstor Larrauri, quien fue lanzado al ostracismo junto a su lugarteniente, Roberto Di Rosa, a cargo de la DDI de Quílmes. La suerte también le fue esquiva al mandamás de la Zona Oeste, Carlos Grecco -quien tuvo efímera notoriedad por encubrir en 2008 a los secuestradores del empresario Leonardo Bergara– y al de Delitos Complejos, Marcelo Chebriau, entre cuyas hazañas resalta haber malogrado intencionalmente la pesquisa por el crimen de la niña Candela Sol Rodríguez. Todos en la actualidad siguen gozando de predicamento en ciertos sectores de la corporación policial y además conservan intacta su capacidad de daño. En el transcurso de ese martes negro Bressi no tuvo dudas de que en alguno de ellos estaba la autoría intelectual de su decapitación. Perroni, quien compartía tal creencia, sólo atinó a declamar alguna frase de consuelo. Y tras un sentido abrazo, se retiró. Sabía que Matzkin, en su rol de consiglieri oficioso del Poder Ejecutivo con asiento en La Plata, supo orientar anticipadamente los términos de la sucesión. Fue allí donde entró a tallar su figura. Otro triunfo de la persistencia. Cuidado con el Perro Cuesta creer que ese hombre canoso, parco y algo excedido de peso haya sido en sus años mozos delantero en las inferiores de Gimnasia y Esgrima. Ahora, a los 51 años y tras una trayectoria policial zigzagueante, el “Perro” –tal como lo llaman en alusión al apellido– se vio obligado a debutar en el máximo sitial de La Bonaerense con una aclaración por demás sombría: “Yo no soy ningún torturador”. Aquella frase remite a una historia ocurrida en el ya lejano invierno de 1992, cuando el entonces oficial principal Perroni prestaba servicios en la comisaría 9ª de La Plata. Por esos días, junto con el jefe de calle de esa seccional, Walter Abrigo, irrumpió en el domicilio de un tal Ramón Silva, un presunto pistolero sospechado de integrar una banda abocada al asalto de carnicerías. Pero el tipo no estaba allí; en cambio, se llevaron a un amigo suyo, Julio César Medina. Y fue sometido a impiadosos apremios ilegales. Además le plantaron un revolver para involucrarlo en la causa. Ambas cuestiones hicieron que el juez Ernesto Domenech procesara a los dos policías. Por aquel expediente Perroni pasó en 1997 una breve temporada tras las rejas. Finalmente, Abrigo y él salieron bien librados del tema por no ser identificados en el reconocimiento. Cabe recordar que por aquella época Abrigo, un ser temible hasta para sus colegas, tenía otro problemita: era el imputado más comprometido en el secuestro y asesinato del estudiante de periodismo, Miguel Bru, ocurrido en 1993. Con respecto a su situación en la causa por torturas, Perroni esgrimió –según el portal Diario Full, de La Plata– el siguiente argumento: “El defensor tenía la costumbre de aconsejar a los detenidos que hicieran denuncias por apremios para desviar la investigación. Ellos dijeron que Abrigo los apremió, y que

Fuente: Horacio Verbitsky | Página 12 Fecha: 07 de MAYO 2017 El fallo para liberar el mayor número posible de detenidos por crímenes de lesa humanidad es producto de un acuerdo secreto entre el gobierno nacional y la Iglesia Católica. Las movidas previas de Bergoglio y de la Corte que prepararon el terreno. Las negociaciones con Elena Highton para que siga en su cargo luego del límite constitucional de 75 años. El voto de la nueva mayoría oficialista y el operativo de autoabsolución del episcopado, dos monumentos a la hipocresía. Los esfuerzos del gobierno por simular que está molesto con la decisión de la Corte Suprema de Justicia que ordenó reducir la pena a un condenado por crímenes de lesa humanidad porque perturba su política de Derechos Humanos chocan con los datos duros que rodean el fallo del miércoles pasado. El 20 de marzo el Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj, interesó al presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Francisco Eguiguren, en la situación de los militares detenidos por esos delitos, en una gestión impulsada una vez más por la infatigable Iglesia Católica Apostólica Romana, hoy presidida por un argentino. El gestor de la presentación a favor de los represores fue Siro de Martini, asesor jurídico del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano. Avruj pidió que la CIDH recibiera a las organizaciones de familiares de esos militares y a una delegación eclesiástica que encabezaría el propio delegado del papa Francisco en la Argentina, el nuncio apostólico Emil Paul Tscherrig. Los nexos habituales de Avruj con Bergoglio fueron el sacerdote Guillermo Marcó; el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Berman, y el tesorero de la DAIA cuando Avruj era su director ejecutivo, Alberto Zimerman. A través de Marcó, que era el vocero de Bergoglio, el entonces arzobispo de Buenos Aires se reunía con Avruj. La nueva mayoría La decisión fue firmada por los tres jueces que deben su cargo al presidente Maurizio Macrì: los dos que designó por decreto, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, y aquella que permanecerá en su cargo más allá del límite de 75 años que marca la Constitución Nacional, por voluntad tácita del Poder Ejecutivo. El gobierno nacional estaba en negociaciones con Elena Highton de Nolasco para solicitar el nuevo acuerdo que establece el artículo 99, inciso 4 de la Constitución, pero el senador transgénero Miguel Pichetto hizo saber que su bancada no la votaría. Highton consiguió entonces la medida cautelar de uno de los jueces más políticos del fuero contencioso administrativo federal, Enrique Lavié Pico. Mientras Avruj volaba a Washington para realizar la gestión ante la CIDH, el diario La Nación en su editorial del 16 de marzo consideró “incomprensible” que el Estado nacional no haya apelado esa decisión. Esto sólo fue una sorpresa para quienes desconocían la negociación previa. Highton es desde entonces tan deudora de Macrì como Rosenkrantz y Rosatti, y a menor costo porque no hubo escrutinio público, como hubiera ocurrido de seguirse el procedimiento del decreto 222/03. Este fallo debe considerarse en conjunto con otros tres que en los últimos meses marcaron el perfil de la nueva Corte: Villamil: los reclamos civiles por daños y perjuicios no son imprescriptibles como sí lo es la persecución penal. Fontevecchia: las decisiones de la Corte Suprema tienen preminencia sobre las de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Alespeiti: para negar una prisión domiciliaria a un geronte hay que fundamentar muy bien los riesgos procesales de fuga y entorpecimiento. En los cuatro casos Rosenkrantz formó parte de la mayoría, con socios cambiantes: tres veces Highton, dos Rosatti y Lorenzetti, una Maqueda. Esto sugiere un nuevo eje de poder, desplazado de Lorenzetti a Rosenkrantz. El abogado del Grupo Clarín es el hombre fuerte del tribunal. Los documentos secretos desclasificados por Estados Unidos muestran que tanto el nuncio apostólico de aquellos años, Pío Laghi, como la dirigencia de la DAIA pedían al gobierno de Jimmy Carter que no presionara a la dictadura por las violaciones a los derechos humanos porque podría ser contraproducente. Para Laghi, el dictador Jorge Videla era “un buen cristiano”; los líderes judíos opinaban que el gobierno no era antisemita y que Jacobo Timerman estaba detenido por manejar dinero del terrorismo, cosa que ni la llamada justicia militar pudo establecer. En sincronía con el fallo de la Corte Suprema, el episcopado católico puso en marcha su enésima tentativa por la denominada reconciliación y una vez más dijo y se desdijo ante la reacción que provocó el obsceno show montado en La Montonera, que es la quinta de Pilar donde se reúnen. Uno de los objetivos de la desclasificación de documentos del Vaticano es mejorar la imagen de Laghi, como dieron a entender el monseñor de la secretaría de Estado, Giuseppe Laterza, y los obispos argentinos Mario Poli y José María Arancedo. El acuerdo del gobierno con la Iglesia incluyó la designación de un nuevo obispo castrense, luego de una vacancia de doce años. El nuevo titular de esa diócesis personal, Santiago Olivera, dijo que “los derechos humanos hay que vivirlos para todos. Que la Justicia cumpla su labor, que tiene que ser en todos los tiempos y para todas las personas. No una justicia selectiva, solo para algunos, y más mala para otros. La Justicia no puede ser ni mala ni buena, tiene que ser Justicia”, argumento especioso que retomó en su voto el juez Horacio Rosatti, de buena relación con el Opus Dei. Hipocresía permanente En el voto de la nueva mayoría de la Corte Suprema es sorprendente la primacía de su intención política por encima de la calidad del razonamiento jurídico. Los tres sostienen que la ley penal más benigna no puede excluir a los autores de ningún delito, aunque fueran crímenes de lesa humanidad, como si alguna vez las víctimas o el Estado hubieran pretendido excepciones. Por el contrario, todo el proceso de Memoria, Verdad y Justicia se realizó siguiendo los procedimientos y leyes ordinarios y con las mayores garantías para los imputados.