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Odebrecht aportó dinero a Massa, Stolbizer y De la Sota

Fuente: Marina Ulloa | Nuestras Voces Fecha: 4 de JUNIO 2017 La pronta revelación de los aportes de la brasileña Odebrecht a las campañas electorales terminará de sepultar el Frente UNA. De la Sota ya avisó que no será candidato este año y se guardó en Córdoba, donde el tema de las coimas y aportes electorales ya generó un escándalo político. Y la alianza “1País” de Massa con Stolbizer podría verse muy golpeada dado que ambos fueron financiados parcialmente por dinero la constructora en 2015. La revelación de datos sobre las coimas de Odebretch en la Argentina podría afectar la alianza entre Sergio Massa y Margarita Stolbizer por el financiamiento que la empresa brasileña hizo de la campaña electoral del diputado en 2013 y 2015. El aporte a la campaña de Massa es parte de la información que la empresa brasileña negocia entregar a cambio de que el Gobierno argentino no le quite las obras en ejecución, como el soterramiento del tren Sarmiento. Unos 3 millones de dólares en efectivo serían los que Odebrecht le aportó a Massa entre 2013 y 2015 y forman parte de los 35 millones que la firma ya confirmó haber pagado en los últimos años en el país. Ese dato forma parte de un anticipo dado por representantes argentinos de la empresa a uno de los cuatro fiscales que forman el equipo que este viernes viajó a Brasil: Sergio Rodríguez, Franco Picardi, Gerardo Pollicita, Carlos Stornelli y Federico Delgado. Estos fiscales viajaron a Brasilia a entrevistarse con el subprocurador brasileño José Bonifacio Borges de Andrada y el encargado de la cooperación internacional de la procuración brasileña, Vladimir Aras. El mismo fiscal recibió en su despacho información de Migraciones sobre viajes que Massa hizo a Brasil en los últimos cuatro años. En adjunto, había datos sobre reuniones de Massa con representantes de Odebretch. Asimismo, la capeta que recibió uno de los fiscales indica que hubo reuniones de Massa con la gente de Odebrecht por la planta de AYSA en Tigre, por la campaña 2013 y 2015, incluso en la casa del Diputado. El 20 de julio de 2014, Massa y De la Sota se reunieron en La Falda, Córdoba, con representantes de Odebrecht y allí cerraron un acuerdo para recibir dinero para la campaña, cuando Massa aún tenía aspiraciones presidenciales. Incluso, en los primeros días de mayo de este año, Massa mantuvo reuniones con gente allegada a la gigantesca empresa brasileña para intentar evitar que su nombre se filtre entre los datos que finalmente llegaron a los fiscales. La relación entre Massa y la compañía brasileña se inició cuando la firma comenzó con la construcción de la planta potabilizadora Juan Manuel de Rosas, de AYSA, en el partido de Tigre. En ese momento, el entonces intendente facilitó tramitaciones y eximió de tasas municipales a la UTE donde también estaban Roggio, Cartellone y Supercemento, aportantes posteriores a sus campañas electorales. Odebrecht fue la causa del estallido del espacio Unidos por una Nueva Argentina (UNA) y la salida de Alberto Fernández, quien decidió dejar a Massa y pasarse a las filas de Florencio Randazzo. El ex gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, anunció el 11 de mayo que no competirá en las próximas legislativas después de habar dado señales en los últimos meses de que sería candidato junto a Massa. El cordobés había hecho una campaña electoral millonaria con dinero de la firma brasileña en 2011, cuando accedió a su tercer período como mandatario provincial. De la Sota se bajó sólo un día después de que el brasileño Leonardo Meirelles, “cambista” de Odebrecht encargado de pagar las coimas de la empresa, declarara por videoconferencia ante el fiscal federal Federico Delgado y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez. Estos dos fiscales investigan coimas en torno a la planta potabilizadora de agua de Tigre. El anuncio de De la Sota generó alivio en Cambiemos, que espera resultados más parejos en Córdoba, donde De la Sota aún conserva una elevada imagen positiva y también alta intención de voto. Si bien la relación de Massa con Odebrecht era conocida en el escenario político, por el enorme financiamiento a sus campañas políticas, la sorpresa estará dada en su flamante socia, la líder del GEN. Margarita Stolbizer también habría recibido apoyo económico para financiar su campaña electoral cuando la diputada fue candidata a presidenta de la República en 2015. Consultados, voceros del GEN lo negaron. El fiscal que reveló los datos en OFF lo confirmó.

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La unidad y las PASO: el cómo depende del para qué

Fuente: Edgardo Mocca | Página 12 Fecha: 04 de JUNIO 2017 La construcción de una alternativa electoral para frenar el curso destructivo del país que está en marcha parece una empresa suficientemente importante como para ponerla a cubierto del barullo mediático y de los conflictos entre intereses personales y de grupo. No se trata aquí de imaginar una vida política de la que estén ausentes las vanidades y las mezquindades: ninguna actividad humana puede conseguir tal cosa. Los partidos y movimientos políticos son articulaciones entre causas colectivas y carreras personales; son —cuando merecen ese nombre y no son simplemente sellos para validar una lista de candidatos— formas institucionales surgidas de fenómenos históricos y sociales que han adquirido determinada potencia colectiva. El movimiento social necesita una organización relativamente estable, sin ella no puede perdurar. A la vez la institución tiene una dinámica propia que no obedece exclusivamente a los fines que la hicieron necesaria: junto a los incentivos colectivos —la doctrina, la ideología, el programa— se desarrollan los incentivos selectivos, el esfuerzo por el éxito de la propia carrera política personal. El peronismo no es, en ese sentido, tan excepcional como suelen presentarlo sus seguidores y sus adversarios. Ahora bien, la perdurabilidad del partido-movimiento exige que ambos tipos de incentivos se mantengan vivos: sin incentivos colectivos, sin rumbo político claro, el partido deviene una agencia de colocación en cargos públicos sin potencia transformadora y sin incentivos selectivos, cerrado a las carreras personales, se convierte en una secta de creyentes. La encrucijada actual del peronismo podría ser pensada y resuelta con una combinación, en dosis adecuadas, de pragmatismo político y sentido histórico. Después de la aparición de Cristina en el reportaje televisivo del 25 de mayo pasado y su compromiso de presentarse como candidata de la unidad opositora si así se le pidiera, se ha desatado una curiosa saga en la que parece que todo el problema que está en discusión es si la lista de candidatos debe ser el fruto de un acuerdo o dirimirse en una primaria abierta. Se da por sentado que la unidad no tiene otro punto para aclarar que no sea la forma en que se ordena la grilla, el “cómo” de la unidad. Pero el orden lógico no empieza con el cómo en ningún orden de la vida, el cómo depende siempre del para qué. ¿Para qué queremos la unidad? Seguramente para alcanzar algún fin que no podríamos alcanzar desunidos. En este caso sería, claro está, la obtención de mejores posibilidades de ganar la elección. Hay que decir que cuando hablamos de elecciones ya se entiende que estamos hablando exclusivamente de la provincia de Buenos Aires, lo que no deja de ser una curiosidad política, aunque provisoriamente podemos dejar de lado la cuestión. Ganar la elección es ganarle a Macri con una amplia unidad cuyas fronteras no serían las del PJ sino las de un frente que reconozca otras identidades y otras pertenencias; entre ellas las que acompañaron la última experiencia de gobierno y otras que puedan ser convocadas. Corresponde precisar que el objetivo de ganarle a Macri no está relacionado exclusivamente con un objetivo partidario sino que tiene un sentido para la sociedad; sería ganarle para frenar un determinado curso político y adelantar los tiempos del triunfo de otro rumbo. Hay una escena necesaria que en el barullo declarativo de estos días va quedando en la penumbra: la escena de un compromiso público de los participantes en esa unidad acerca de cuál sería la agenda legislativa y política que se comprometen a cumplir. No es un contrato formal. No es una manía por los papeles programáticos. Es una necesidad política después de que hemos asistido a una numerosa deserción de diputados y senadores respecto del sentido con el que fueron votados. Y no cualquier deserción sino una que facilitó la consolidación del adversario al que ahora se pretende enfrentar. La escena del compromiso colectivo no resolvería por anticipado la existencia o no de nuevas deserciones, eso es absolutamente imposible en la política de cualquier tiempo y lugar. Pero tendría una importante virtud, la de dejar claro cuál es el propósito colectivo que anima la unidad y generar la credibilidad respecto de que lo que se está construyendo es una nueva unidad y no un rejunte de aspiraciones personales. El para qué de la unidad indica con quiénes se construye. Establece una frontera política. En este punto aparece la ilusión muy a la moda de la unidad sin fronteras, la unidad de todos. ¿Quiénes son todos? ¿También los que juegan con Macri? En ese caso se diluye el para qué, no tiene sentido decir que vamos a frenarlo a Macri con la gente que lo ayuda a avanzar. Sobre esta base puede pensarse al peronismo como motor de un acuerdo superador, de un desarrollo crítico y autocrítico de la experiencia de los doce últimos años de gobierno. Crítico y autocrítico no en el sentido oportunista del pase de facturas sino en el sentido del reconocimiento de las limitaciones y las debilidades de la experiencia, cuya superación aparece necesaria en la perspectiva de un nuevo ciclo nacional, popular y democrático. Solamente a partir del para qué y con quiénes tiene sentido la discusión del cómo, de las formas. Y entonces las formas son las formas mejores para llevar al triunfo el objetivo planteado. Está claro que no serviría que la unidad desemboque en una lista monocolor que se niegue a toda negociación: la unidad amplia se desnaturalizaría así en el triunfo de una facción sobre otra. El acuerdo tampoco podría obedecer a una lógica de relaciones de fuerzas en una estructura e ignorar el peso político de cada uno en la confianza popular que, en última instancia, es la que va a decidir la suerte de la estrategia común. No es fácil de entender cuál es el argumento de quienes creen que las primarias abiertas son el único camino posible. El más visible es que a los candidatos “los ponga el pueblo”. Suena muy bien pero tiene

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Bonadío, acusado en 2010 por Nisman de querer matarlo, investigará ahora su denuncia contra CFK

Fuente: Mariana Escalada & Agustin Ronconi | El Disenso Fecha: 02 de JUNIO 2017 En 2010 Nisman denunció al Juez Bonadio por amenazas de muerte y tareas de inteligencia contra su persona. El miércoles 31 de mayo por la mañana, a través de una nueva maniobra en la justicia, la denuncia de Nisman contra CFK fue a parar al despacho de Bonadio de la mano del hombre de confianza de Lorenzetti. Esa misma noche el Presidente de la Corte Suprema cenó con Bonadio en Recoleta. En una trama que no tiene nada que envidiarle a las películas de Hollywood, el Juez que Nisman denunció que quería matarlo, será ahora quien investigue la denuncia de Nisman contra CFK. Hoy desde El Disenso te contamos como era la relación entre Nisman y Bonadio, porqué el fallecido fiscal denunció al juez de querer terminar con su vida, y como llegó al despacho de Bonadio la denuncia de Nisman contra CFK 2010: Nisman denuncia a Bonadio de querer matarlo De acuerdo a la denuncia registrada en el expediente 8912/10, Nisman da cuenta de información recibida a través de una denuncia anónima en la que se detalla que el Juez Bonadio, el ex comisario de la Metropolitana Jorge “Fino” Palacios, el ex ministro Carlos Corach y su hijo Maximiliano habían participado de reuniones en las que se había hablado sobre la “posibilidad de atentar contra la vida de Nisman“. La denuncia trabaja sobre la hipótesis de que el Juez Bonadio no solo ayudó al Fino Palacios en cada oportunidad que se le presentó, sino que también encubrió el atentado de la AMIA. En el escrito se remarca la amistad entre el ex comisario y el Juez, quien fue a visitarlo a la Unidad Penitenciaria de Marcos Paz tras haber sido investigado por Nisman por realizar escuchas ilegales a los familiares de las víctimas de la AMIA, hecho que derivó en su procesamiento. La causa N° 9789/00 en la que se investiga el encubrimiento al atentado de la AMIA estuvo en manos del Juez Bonadio por 5 años, lapso tras el que fue apartado por haberla inmovilizado. Bonadio llego a Juez durante el Menemato y fue denunciado por Domingo Cavallo como uno de los jueces federales que, según el listado que el ex ministro Carlos Corach le detallara en una servilleta, respondía a los deseos del gobierno de turno. Para el Juez Bonadio, activar la causa hubiera significado investigar a dos personas cercanas a él: Corach padre y el ex comisario Fino Palacios. “Unos meses antes de que lo apartaran, Bonadio armó una causa colectora (la N° 10.057/05) para proteger a Corach y al Fino Palacios” explicó hoy la abogada Graciana Peñafort. Un mes después, Nisman denunció a la Presidenta, y luego de ser desmentido por la propia Interpol, fue hallado muerto en su domicilio de las Torres Le Parc. 2017: Bonadio investigará la denuncia de Nisman contra CFK “En diciembre de 2015, Bonadio, siguiendo con sus practicas usuales, armo una nueva causa colectora, para ‘investigar’ la denuncia de Nisman contra CFK, que por esos días había sido cerrada. En esa causa colectora aceptó como prueba una escucha ilegal. Ni Borger ni Timerman grabaron esa conversación y nadie sabe quien lo hizo, pero Bonadio la aceptó igual” explicó Peñafort. Al igual que ocurrió en la causa del Fino Palacios, se usó una causa para producir prueba en otra causa, y con esa prueba ilegal, reabrir la causa de la denuncia de Nisman contra CFK. El Dr. Irurzun es un hombre de confianza de Lorenzetti, quien lo designó a cargo del sistema de escuchas en oportunidad en que Macri decidió su traspaso a la Corte Suprema de Justicia, y desde donde se filtraron las escuchas entre CFK y Parrilli que luego difundieron los medios hegemónicos. Irurzun es también el camarista que invirtiendo los argumentos de la causa Dolar Futuro sobreseyó a funcionarios de Cambiemos en la causa de los LEBACS. El pasado miércoles 31 Irurzun, que es el Presidente de la Sala Criminal y correccional, usando como argumento la causa colectora inventada por el Juez Bonadio le adjudicó al propio Bonadio la causa principal: la denuncia de Nisman contra CFK. Esa misma noche el Juez Bonadio y el Presidente de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Lorenzetti se juntaron a cenar en un exclusivo restaurante de Recoleta.

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Alejandra Gils Carbó: «Nunca pensé remover a Nisman de la causa de AMIA»

Fuente: Perfil Fecha: 01 de JUNIO 2017 La Procuradora General declaró por escrito como testigo en la causa en la que se investiga la muerte del fiscal que denunció a la expresidenta. La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, aseguró que «nunca» pensó en desplazar a Alberto Nisman de la unidad de investigación del atentado a la AMIA, que dejó 85 muertos en 1994. «Nunca pensé en remover al doctor Nisman de la UFI-AMIA», sostuvo la procuradora al declarar como testigo, por escrito, en la causa en la que se investiga la muerte del fiscal que denunció a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La titular del Ministerio Público presentó el viernes las respuestas a la preguntas que le había enviado el fiscal federal Eduardo Taiano y que debieron ser respondidas bajo el juramento de decir la verdad, según reconstruyó Télam con fuentes judiciales. Gils Carbó negó también haber tenido reuniones con miembros del Poder Ejecutivo y que le hubieran pedido que desplazara al fiscal y dijo que sólo recibió pedidos de ese tipo por parte de la agrupación Memoria Activa, que también había cuestionado a otros fiscales. Cuando fue consultada por la posibilidad de que Nisman fuera desplazado se basó en que algunos testigos de la causa sostuvieron que el fiscal volvió de un viaje y presentó la denuncia contra la expresidenta durante la feria judicial porque creía que lo correrían de su cargo. La procuradora también respondió sobre el cambio de titular de la Procuraduría de Seguridad Social, donde estaba Guillermo Marijuan y fue reemplazado por Gabriel De Vedia; hecho que algunos vincularon con un eventual desplazamiento de Nisman. Gils Carbó también fue interrogada por la contratación del supuesto especialista en informática, Diego Lagomarsino, para ser parte del equipo que trabajaba junto al fiscal en la investigación del atentado ocurrido en 1994. «No lo conocía, supe que prestaba servicios en la UFI-AMIA cuando se hizo público», remarcó la procuradora cuando le preguntaron por Lagomarsino y añadió que su contratación había sido decidida por el propio Nisman. «El titular de la UFI decidía los gastos necesarios para la Unidad y seleccionaba el personal y los remitía a la procuración», sostuvo la procuradora en una de las respuestas a la que accedió Telam. La jefa de los fiscales aportó, además, información respecto de las medidas tomadas para reforzar la custodia de Nisman, luego de que tomara conocimiento de que el fiscal había sido amenazado, aún antes de denunciar a la ex presidenta. Gils Carbó remarcó los últimos dos ofrecimientos que le hizo a Nisman para reforzarle la seguridad y citó el pasaje de una entrevista realizada al fiscal en el canal TN el 14 de enero de 2015, el mismo día que se conoció la denuncia contra Fernández de Kirchner. Nisman remarcó —en el reportaje— que iba a hacer una «mención» a Gils Carbó quien en diciembre de 2014 lo había llamado y le había ofrecido reforzarle la custodia tras tomar conocimiento de la existencia de una denuncia por amenazas, algo que el fiscal rechazó.

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Capital y trabajo en tiempos de Macri

Fuente: José Natanson | Le Monde Diplomatique Fecha: 01 de JUNIO 2017 Aunque probablemente Jeremy Rifkin se haya apurado en pronosticar su final (1), el mundo del trabajo experimenta cambios acelerados. Consecuencia de la robotización de los procesos productivos, la liberalización del comercio y la deslocalización –el 70 por ciento de los celulares y el 60 por ciento de los zapatos que se consumen en el mundo se producen hoy en China– (2), el universo de los trabajadores de los países industrializados se ha ido heterogeneizando hasta configurar dos planetas distintos, que viven uno al lado del otro pero cada vez más desconectados entre sí. De un lado, una elite profesional ultracalificada que se desempeña en los núcleos dinámicos de investigación y desarrollo, políticamente sensible a las propuestas liberal-progresistas, tolerante y cosmopolita, que valora la diversidad, ama conocer otras culturas y cuando viaja elige los vinos del lugar. Del otro, una masa de trabajadores excluidos por la disminución del empleo industrial, condenados a la tercerización y la precariedad de regímenes de trabajo de corto plazo, inestables y mal pagos, que ya no se organizan en función de ciertas destrezas u ocupaciones sino en torno a “bloques de tiempo”, que es lo que compra una compañía de limpieza, vigilancia o incluso atención al público cuando los contrata. Los nuevos empleos creados por las industrias del conocimiento en áreas dinámicas como el software, la biotecnología o los segmentos avanzados del sector servicios no alcanzan a compensar el encogimiento del trabajo fabril puro y duro. El fenómeno excede al problema de la desocupación: en Estados Unidos, por ejemplo, el desempleo es de apenas el 4,7 por ciento, cerca del umbral de pleno empleo, pese a lo cual la desigualdad y la pobreza aumentan. En una mirada general, el desplazamiento de las industrias del centro a la periferia, a México, Europa del Este o Asia, produjo una “periferización” del Primer Mundo (3): alcanza con caminar las calles post-apocalípticas de los antiguos barrios industriales de Detroit o cruzar el Périphérique y penetrar los suburbios parisinos para chocarse con la monotonía de bloques gigantescos de monoblocs deprimentes cuya realidad se acerca más al Lugano del Pity Alvarez que a las deslumbrantes metrópolis post-modernas situadas a pocos kilómetros de distancia. El quiebre, desde los 80, de lo que Robert Castel definió como (4), agudizado unos años más tarde por la desaparición del socialismo como alternativa política, habilitó una hegemonía laboral desreguladora que fue consolidando este sector social desesperado, cuyo malestar ha comenzado a politizarse. De hecho, algunas de las novedades más impactantes de la política mundial, los últimos “momentos María Antonieta”, como el Brexit, el triunfo de Donald Trump o el ascenso de Marine Le Pen, se explican en parte por esta modificación subterránea del mundo del trabajo. Y por la incapacidad de las elites para registrarla: cuando la candidata del establishment demócrata Hillary Clinton convocó a Jon Bon Jovi y Bruce Springsteen para un acto de campaña en Filadelfia estaba buscando exhibir la adhesión de dos artistas populares que en su momento supieron expresar como pocos el sentir de la clase obrera norteamericana: Bon Jovi, el hijo de un peluquero de Nueva Jersey y una ex conejita Playboy, y Springsteen, “el cantante del pueblo”. El problema es que a esa altura ambos eran ya millonarios multipremiados y que las masas trabajadoras habían decidido su voto por Trump –y reorientado sus gustos musicales hacia Lady Gaga–. Pero volvamos al punto. La metamorfosis profunda del mundo laboral es una tendencia mundial que, con todos sus matices y notas al pie, se replica en los países en desarrollo, entre ellos el nuestro. Las diferencias radican en que en Argentina, producto de su industrialización inconclusa, un sector de la sociedad nunca llegó a integrarse plenamente a los procesos de desarrollo, siempre se mantuvo excluido. Y también en el hecho de que, frente a la ausencia de un Estado de Bienestar al estilo europeo, el impacto social de la neoliberalización del trabajo comenzó a sentirse ya en los 90, por lo que su respuesta, el giro a la izquierda de comienzos de siglo, fue también anterior. Como en Estados Unidos, el principal problema no es tampoco aquí el desempleo: el hecho de que según la última medición del Indec la desocupación (7,6 por ciento) sea casi cuatro veces menor que la pobreza (30,3) confirma que la cuestión no pasa tanto por el trabajo en sí como por el poder de compra del salario y los niveles de protección. Por eso vale la pena poner en cuestión las perspectivas liberales que, de Macron a Macri, ensayan respuestas orientadas exclusivamente a la capacitación de los trabajadores, a partir de la idea de que el problema reside en un desacople entre la demanda de la economía, que exige trabajadores con más estudios o con otros estudios o más flexibles, y la calificación de la fuerza laboral. Aunque por supuesto es importante, en el contexto de una economía en permanente y acelerada mutación, apostar a la capacitación permanente para mejorar la competitividad, este enfoque ignora la mutación estructural del mundo del trabajo descripta más arriba. Y, quizás sin proponérselo, produce una transferencia de la carga por vía de una individuación de la responsabilidad, que en un mágico pase de manos se traslada de una economía incapaz de proveer empleo de calidad a toda la población a la situación personal de los trabajadores, que si no consiguen empleo es porque no estudian. Pero además, y este aspecto es central, la reconfiguración laboral ha llevado a un desdibujamiento de la relación capital-trabajo, afectada por el hecho de que en el capitalismo de hoy el principal valor económico ya no reside tanto en la posesión de activos físicos como en el conocimiento, que es un capital pero no lo parece. La consecuencia es que este vínculo ha perdido la nitidez que adquirió desde la Revolución Industrial y que, borroneado en un mundo sin chimeneas, resulta cada vez más difícil de apreciar. Sin embargo, vale la pena hacer el

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Una hipótesis a contramano de las pruebas

Fuente: Raúl Kollmann | Página 12 Fecha: 29 de MAYO 2017 La Gendarmería presentaría un informe indicando que el fiscal fue víctima de un homicidio. Esa versión, difundida por Clarín sin explicar sus fundamentos, contradice todas las pericias realizadas hasta ahora y abona las conclusiones que le convienen al Gobierno. Era de esperar. La Gendarmería, que actúa bajo la conducción política de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, adelantó ayer a través del diario Clarín que las pericias del caso de la muerte de Alberto Nisman llegarán a la conclusión que el gobierno de Mauricio Macri exigía: según parece, los gendarmes dirán que había otra persona junto al fiscal en el momento del disparo, es decir que lo asesinaron. El miércoles pasado era el día en que estaba fijado el inicio de la pericia pero, cuando se presentaron los especialistas designados por la defensa del técnico informático Diego Lagomarsino, los gendarmes les dijeron que no podían participar. O sea que la Gendarmería hizo –si es que verdaderamente la hizo– una pericia a escondidas y, en términos oficiales, tardó dos días hábiles. La conclusión –en caso de existir– es contraria a todos los estudios y análisis anteriores, entre ellos el de los trece forenses que conformaron la Junta Médica, la mayoría designados por la Corte Suprema, quienes sostuvieron que “ninguna de las observaciones contenidas en los aspectos médico legales indican, con certeza pericial, que se haya tratado de un hecho homicida”. Justito La filtración de la supuesta pericia de Gendarmería llegó justito después de la aparición pública de Cristina Fernández de Kirchner. Por supuesto que se trata de una mera coincidencia, pero siempre estuvo claro que el gobierno de Macri, con el respaldo judicial de gran parte de la estructura de Comodoro Py, intentó involucrar a la ex presidenta o a miembros de su gobierno en la muerte del fiscal. En esa misma línea se anotaron las derechas norteamericana e israelí, con las que Nisman trabajaba codo a codo, y que elaboraron la hipótesis de que al fiscal lo mató un comando iraní-venezolano, con ayuda de la administración kirchnerista. Voceros de esa jugada fueron el ex jefe de los espías Antonio Horacio “Jaime” Stiuso, la diputada Elisa Carrió y la ex esposa de Nisman, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. Ninguno de los tres aportó prueba alguna que llevara el expediente a la calificación de homicidio; las evidencias que mencionaron resultaron ser falsas, pero la versión del asesinato es la que convenía a la coalición política-judicial-mediática, con eje en la Casa Rosada, que combate lo que ellos llaman los gobiernos populistas. El gran problema de esa coalición es que las pericias de la causa fueron a contramano de la hipótesis del homicidio. No sólo los forenses sostuvieron que no hay evidencia de accionar homicida, sino que también cinco de los seis criminalistas afirmaron que “no se observa el tránsito de ninguna otra persona” por el baño en el que se produjo la muerte, lo que tácitamente significa que Nisman se quitó la vida. El laboratorio de Salta que hizo las pruebas sobre las manos del fiscal también concluyó que “se hallaron partículas consistentes con disparo de arma de fuego”, es decir que Nisman tenía rastros de fulminante en las manos, producto de que él efectuó el disparo. A medida La fuerza que conduce Patricia Bullrich le adelantó a Clarín que llegaron a la conclusión de que hubo otras personas con Nisman y que, por lo tanto, lo asesinaron. La pericia se entregará recién dentro de 30 días. El trabajo pericial diría que se llegó a esa deducción porque –según ellos– el cuerpo fue movido y porque eso explicaría que el arma haya aparecido debajo del hombro. El dato curioso es que el propio perito de Arroyo Salgado, Daniel Salcedo, declaró a fojas 6341 de la causa que “al momento en que arribó el personal policial, como también la fiscal Viviana Fein, no se afectaron los patrones de manchas”. Es decir que la escena se preservó intacta, se filmó y se fotografió. Y en el análisis de las manchas no hay ningún rastro de que el cuerpo se haya movido o arrastrado, algo que obviamente hubiera dejado huellas. A fin de mes, cuando la Gendarmería entregue el estudio, habrá que ver, en concreto, cómo contradicen lo que dijeron los forenses, los criminalistas y los peritos del Servicio de Ingeniería y Química Forense de Salta. Oculto La causa por la muerte de Nisman pasó a la Justicia federal, la más política y alineada con el Gobierno, después que Stiuso declarara durante varias horas y sin que aportara ninguna evidencia. El expediente recayó en el juez Julián Ercolini, quien delegó la investigación en el fiscal Eduardo Taiano. Este es el que jugó la carta de la Gendarmería ante el hecho de que las pericias anteriores virtualmente indicaban que Nisman se suicidó. Cuando los peritos de la defensa de Lagomarsino, José Esperanza y Luis Olavarría, se presentaron en la Gendarmería hace varios meses, los especialistas de esa fuerza les dijeron que se dedicarían primero a leer la causa y ver las evidencias. La fecha fijada para iniciar los trabajos fue el 24 de mayo. Esperanza y Olavarría se presentaron ese día y la Gendarmería les dijo que, por orden del fiscal Taiano, no podrían participar. Los gendarmes trabajarían solos, sacarían sus conclusiones y luego Esperanza y Olavarría podrían firmar el informe si estaban de acuerdo o hacer su propio dictamen. Los abogados de Lagomarsino, Gabriel Palmeiro y Martín Chasco, advirtieron la maniobra y presentaron un escrito el día hábil siguiente, el viernes, diciendo que el artículo 262 del Código Procesal Penal (CPP) establece que “los peritos practicarán unidos el examen, deliberarán en sesión conjunta y si estuvieran de acuerdo redactarán su informe en común. En caso contrario realizarán por separado sus dictámenes”. Palmeiro y Chasco le manifestaron en el texto a Taiano que “el procedimiento que se pretende llevar adelante no resulta en nada equiparable al que fija la normativa vigente”. Como es obvio,

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1969: El mayo argentino / A propósito de El Cordobazo y sus conmemoraciones

Fuente: Mariano Pacheco | Resumen Latinoamericano Fecha: 27 de MAYO 2017 El 29 de mayo de 1969 las dos fracciones de la Confederación General del Trabajo de Córdoba convocaron a un paro de 37 horas, iniciando un día antes las protestas convocadas por la CGT a nivel nacional para el día 30. La jornada pasó a la historia bajo el nombre del Cordobazo. ¿Qué pasó durante esos días? ¿Qué queda hoy para rescatar de un mayo que no fue francés? El 29 de Mayo la tensión podía respirarse en el ambiente desde temprano. A las 11 de la mañana el movimiento obrero cordobés se dispuso a efectivizar el paro, la movilización y la concentración en el centro de la ciudad, que tenía prevista para ese día. Las columnas obreras parten desde sus establecimientos laborales. Smata y Luz y Fuerza, dirigidos por Elpidio Torres y Agustín Tosco, son los gremios clave de la jornada. Al mediodía, luego de varias escaramuzas, los trabajadores logran “ocupar” el centro de la ciudad. Los vecinos aplauden desde los balcones a los manifestantes que agitan banderas y entonan cánticos de protesta. La Guardia de Infantería y de Caballería de la Policía de la provincia, junto con efectivos de distintas seccionales, intentan sin suerte detener la marcha de los trabajadores. Pasado el mediodía se producen enfrentamientos de los manifestantes con las fuerzas represivas. Entre barricadas y combates callejeros se inicia la represión. Máximo Mena, obrero de Peugeot, es el primer asesinado sobre Bulevar San Juan. Güemes, Observatorio y Bella vista son “tomados” y erigidos en focos de resistencia popular. El barrio Clínicas se transforma en el epicentro de la lucha estudiantil. En el centro de la ciudad, lugares emblemáticos del poder son atacados con furia por quienes protagonizan la jornada de lucha. Se queman las confiterías “Oriental”, en Colón y Avellaneda y “Xerox”, en Colón y Fragueiro, acusadas de ser lugares de “explotación”. También se destruye la concesionaria Citroën, de donde se sacan automóviles que son utilizados como barricadas y se incendian “pagarés”, para que “nadie deba nada”, según comentaron más tarde testigos/protagonistas del hecho. Durante cinco horas, obreros, estudiantes, empleados y vecinos de la ciudad, libraron intensos combates callejeros contra la policía de la provincia, que al verse desbordada solicitó el auxilio de la Gendarmería Nacional y del Ejército, quienes ingresaron a la capital provincial, con 3.000 hombres, pasadas las cinco de la tarde. La jornada culminó, según cifras oficiales, con 400 personas heridas, 2.000 detenidas y otras 34 asesinadas. Y con la renuncia del gobernador. Al día siguiente, Tosco (junto a otros dirigentes sindicales) fue detenido en la sede de Luz y Fuerza y condenado por un Tribunal Militar a 8 años y 3 meses de prisión, acusado de organizar un “comando de guerrilla urbana”. Aunque por la presión popular, Tosco debió ser liberado apenas unos meses después. El Cordobazo, Córdoba y el país Mayo del 69 terminó con el Cordobazo, pero empezó sus días con un clima social de hartazgo ante la dictadura (la autodenominada “Revolución argentina”, tercer Golpe de Estado en tres décadas, llevaba ya tres años en el poder), que había anunciado la derogación del sábado inglés (por el cual se trabajaba medio día pero se cobraba por las 8 horas de la jornada laboral) y había congelado sueldos, aumentado la edad para jubilarse y paralizado la comisión de salario mínimo, vital y móvil, todas medidas tomadas por el entonces ministro de Economía Krierger Vasena, orientadas a “disminuir el costo laboral”, es decir, favorecer las ganancias de los empresarios. Estas medidas, sumadas a las políticas autoritarias y represivas que afectaban a los estudiantes y jóvenes en general, encontraron en varias provincias manifestaciones de protesta, que fueron reprimidas por orden directa del entonces presidente de facto, Juan Carlos Onganía. Fue así que en Corrientes, el 15 de mayo, fue asesinado el estudiante juan josé Cabral. En Rosario, el 17 y el 21 del mismo mes, otros dos jóvenes fueron asesinados en manifestaciones: Alfredo Bello y Norberto Blanco. Entre tanto, en Córdoba, bajo la excusa de “peligro subversivo”, el gobierno había ordenado por esos días cerrar la Universidad. Tal vez como nunca antes, los estudiantes confluirían con el movimiento obrero en una jornada que marcaría la historia de la provincia, y del país. Cuatro años después, acompañando la candidatura a presidente de la Nación de Héctor J. Cámpora, la fórmula provincial Obregón Cano-Atilio López ganaba las elecciones. Las primeras en 18 años en las que el peronismo participaba sin proscripciones. Agustín Tosco, qué duda cabe, se erigió desde entonces como emblema del movimiento obrero cordobés y argentino. “El Cordobazo fue el principio del fin de la dictadura”, había dicho Tosco a un periodista que lo entrevistaba. De la insurgencia obrera al “desarrollismo neoliberal” Apelando a un cinismo exacerbado y ramplón, tras el “cordobzo en las urnas” por parte de la Alianza Cambiemos, el Ingeniero Mauricio Macri hizo su jocosa referencia al “Cordobazo del desarrollo”. Este año los amarillos buscan dar otro cordobazo en los comicios en las elecciones de medio término, pero ni propios ni ajenos pueden aún afirmar demasiado al respecto, aunque todos intentan capitalizar ese conservadurismo llamado cordobesismo que desde 1974 viene reinando en las tierras de la Reforma Universitaria. ¿Cómo acercarnos entonces a El Cordobazo, siendo que hay todo un mundo, un país, una dinámica social que ya no existen más? Una posibilidad es la del posibilismo: “ese país en el cual el clasismo emergió ya no existe. Hagamos ahora lo que podemos”. Eso sí: ante cada fecha emblemática, un homenaje… Claro que se puede ser un nostálgico de buenas intenciones, pero ya sabemos, pedreado de buenas intenciones está el camino hacia el infierno. Por eso no se puede más que afirmar en estas líneas que toda referencia hacia el pasado “glorioso” como algo siempre mejor que nuestro presente es una postura reaccionaria. Por más que se ensalce un “pasado revolucionario”. Cada generación debe medirse con su tiempo, y si de revoluciones se trata, habrá que ver, que descubrir, que

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La utopía de la ciudad compartida

Fuente: Alejandra Dandan | Página 12 Fecha: 24 de MAYO 2017 El ex decano de la Facultad de Arquitectura (UBA) reflexiona sobre el Cantri, ciudad construida por la organización liderada por Milagro Sala, y lo define como una experiencia donde “la vivienda se trabajó como un problema integral de inclusión”. “Si este gobierno lo entendiera, la experiencia del barrio de la Túpac le aportaría muchísimo, porque lo que hizo la organización fue hacer realidad los objetivos del milenio establecidos por la Unesco.” Jaime Sorín es arquitecto, ex decano de Arquitectura de la UBA, y en esta entrevista reflexiona sobre la ciudad construida por la organización que lidera Milagro Sala en el Alto Comedero: el Cantri de la Túpac Amaru, visitado por especialistas europeos –cuenta– que la vieron como posible modelo de ciudad poscapitalista. El entramado de casas con escuela, centro comunitario, centro de salud y parque acuático tiene como mirador el templo Kalasasaya, réplica del espacio sagrado de las comunidades aymara en Bolivia. Sorín está convencido de que ese punto en lo alto del valle también explica por qué fue posible hacer esa ciudad. “Al convertir un instrumento de política de vivienda en ‘otra’ política, que ponía el centro en la reivindicación de derechos sociales y económicos de sujetos hasta entonces estigmatizados por un ordenamiento jerárquico, étnico y social, la Túpac impuso el derecho a la ciudad como espacio socialmente compartido, introduciendo la posibilidad de construir una ciudad en la que todos tengan derecho a transformarla para vivir dignamente”, dice Sorín. –¿Cuál fue su primera impresión en el barrio? –Fue una sorpresa encontrar una estructura urbana nada común en barrios tradicionales de planes federales, pensados como barrios dormitorio. Pero lo segundo es que al entrar en el barrio no sólo ves una trama urbana, sino una estructura social que sostiene un proyecto de vida. Además de viviendas, hicieron fábricas, talleres que contribuían a la aparición de las casas. Pero al fondo encontrás el Parque de los Dinosaurios, por ejemplo, que es realmente impresionante porque nadie espera que en medio de un barrio exista un parque de diversiones para chicos, con actividades para familias, con espacios de sombras y quinchos. Luego, la enorme explanada de agua, que no tuvo profesionales que la piensan a través de geometrías. Y al subir al templo, lo que se ve desde arriba es notable, porque habla sobre todo de otra manera de mirar la vida, que no es la de los profesionales, ni del Estado. Desde allí, se ve el valle con los tanques de agua con imágenes de Túpac, el Che y Evita. Y luego están las frases que van apareciendo en las paredes. Cuando te metés en la textil –donde hay una disciplina de trabajo que envidiarían muchos talleres comerciales–, una pared tiene un enorme cartel que dice: campesino, el patrón no comerá más de tu pobreza. Todo es sumamente impactante, una ciudad hecha por desocupados, porque el Colegio de Arquitectos pasó honorarios muy elevados y tampoco hubo una universidad para articular el trabajo. La gente se autoformó. –Recién habló del templo. ¿De que habla una ciudad cuando está atravesada por esa dimensión simbólica? –El templo es el lugar desde donde se ve la ciudad. Pero también, el lugar para la celebración (NdR: del Inti Raymi, del día de la Pachamama, entre otras ceremonias). Ahí te dabas cuenta por qué se pudo hacer este barrio. Cuando ves la planimetría de un barrio hecho por el Estado, notás la mano profesional. En cambio, acá notás la mano de la vida. Te aparece la escuela. El centro social. El centro de salud. Esa escuela impresionante para quienes tienen capacidades diferentes. Y después, los lugares de trabajo. Creo fue lo que impactó muchísimo afuera, por lo que fue tomada como ejemplo por revistas europeas. –Usted opuso este modelo a los barrios dormitorio y al paradigma del viviendismo, de pura construcción de metros cuadrados. ¿Hay otros modelos así? –No. Desde los barrios construidos por los ingleses en adelante, tenés barrios dormitorio, algunos más integrados a la trama urbana, otros menos. En los últimos 30 años se hicieron, además, barrios afuera con lógica de operaciones inmobiliarias. Barrios en el conurbano y en el interior del país con viviendas a dos o tres kilómetros de los centros. Cuando la gente tiene un problema de salud, debe ir con urgencia a una ciudad. Lo mismo con la educación. Esto empezó a cambiar en los últimos años con el desarrollo de los centros de integración comunitaria. –Cuando usted conoció el barrio, habló de construcción de ciudadanía. –Es central. El que tiene un problema de vivienda no es el primer problema que tiene. Para llegar a un problema de vivienda es porque hay muchos problemas previos: un problema de trabajo, unido en general a problemas de salud y educación. El problema de vivienda es el último eslabón de una cadena de problemas de una persona que termina excluida. Por eso discutimos la idea de resolver el déficit habitacional a partir de la construcción de una casa. Por eso, la experiencia de la Túpac también es singular, porque la vivienda se trabajó como un problema integral de inclusión. Ahí se ve una apuesta a construir ciudadanía a través de la inclusión. El barrio no sólo resuelve vivienda, resuelve la salud, la educación, el trabajo. Cuando se junta todo eso, la persona se siente incluida como ciudadano. En ese sentido, creo que el barrio de la Túpac, a este Gobierno, si lo entendiera, le aportaría mucho porque lo que hizo la Túpac Amaru fue hacer realidad los objetivos del milenio, que fueron establecidos por la Unesco. Se trata de ocho puntos entre ellos, vivienda, salud, educación. No estaba el trabajo. El trabajo fue el punto 9 y lo incluyó el gobierno nacional en 2004, como “trabajo decente”. Los otros ocho están monitoreados por Naciones Unidas. Y la verdad es que el único barrio, la única obra, que puede tener una puntación positiva en todos estos años, dado que cumple con la totalidad de

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La crisis de la Corte Suprema y la diferencia argentina

Fuente: Edgardo Mocca | Página 12 Fecha: 21 de MAYO 2017 El vértigo de la agenda política argentina tiende a envejecer prematuramente acontecimientos cruciales y de alcance histórico. No es, claro, un vértigo inocente. La coalición política gobernante —la verdadera, no la cada vez más irrelevante alianza con el radicalismo sino la que conforma el macrismo con los grandes medios de comunicación y con la corrupción judicial— maneja los ritmos y los relieves de los acontecimientos. Por eso parece que el tsunami político que provocó el fallo pro-indulto de la mayoría automática de la Corte Suprema hubiera pasado hace mucho y no hubiera dejado ninguna huella importante en la política argentina. Sin embargo, está muy claro que estamos ante una larvada crisis institucional, cuyo curso y desenlace forma parte central del futuro de la democracia en nuestro país. La cúpula de uno de los tres poderes constitucionales está hoy absolutamente vaciada de legitimidad. Su decisión ha impactado en uno de los consensos políticos centrales construidos en nuestro país durante los dieciséis años de vigencia ininterrumpida del estado de derecho: el de la necesidad de la memoria, la verdad y la justicia respecto de los crímenes del terrorismo de Estado. Lo revelaron todos los estudios de opinión que señalan una masa absolutamente mayoritaria de rechazos al fallo. Pero ante todo, lo puso en escena la multitudinaria plaza de Mayo del pasado 10 de mayo. Algunas de las consecuencias político-institucionales están a la vista, otras insinúan escenarios problemáticos a corto plazo. La Comisión Bicameral de Control y Seguimiento del Ministerio Público postergó la convocatoria a la procuradora general Alejandra Gils Carbó. Como es de práctica, se ensayaron excusas formales para la postergación, pero no hay forma de desligar el cambio, impulsado por el macrismo, de la tormenta que se desata sobre la cúpula judicial. El simulacro de juicio político preparado contra la procuradora no está rodeado hoy de un clima político favorable; perseverar en la agenda prevista hubiera sido exponerse a convertir el espectáculo parlamentario que se había montado en un escenario donde resonaran muy fuertes los argumentos contra la prepotencia del gobierno en su intento de apoderarse de todos los resortes judiciales decisivos: imponer a Horacio Rosatti y a Carlos Rosenkrantz (lo que se intentó perpetrar por decreto con la posterior conformidad de los designados), facilitar la violación a la Constitución que comporta la continuidad de Elena Highton de Nolasco como jueza de la Corte y después destituir de modo fraudulento a Gils Carbó hubiera aparecido claramente como la evidencia de una política dirigida a homogeneizar el Poder judicial en respaldo de las decisiones de gobierno. No quedaría de la independencia judicial más que una retórica gubernamental claramente desmentida por los hechos. Pero a la crisis institucional le esperan nuevos episodios. Tal vez el más inmediato y dramático es el papel que los cortesanos han recibido justamente de la procuradora general, el que fundamenta con sólidos argumentos jurídicos la necesidad de poner en libertad a Milagro Sala, cuya ilegal detención dura ya más de dieciséis meses. Además esta decisión estará precedida por la presencia de una delegación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya decisión de condenar el atropello no deja ninguna razón para la duda. Es una decisión muy dramática para la cuestionada Corte. Si ratifica su prisión habrá reforzado su divorcio de la ciudadanía. No sirve, en este caso, detenerse a calcular si las encuestas mostrarían el mismo abrumador consenso negativo que expresaron frente al fallo del nuevo indulto: el sesgo autoritario y represivo de las decisiones de la cúpula judicial quedaría convertido en una certeza política y las consecuencias de esto no podrían reducirse a un escrutinio circunstancial de la opinión pública. Se habría sellado de ese modo la atadura irreversible de la Corte a la imprevisible suerte del gobierno de Macri. Para aflojar la tensión social a su alrededor, la Corte podría validar el dictamen de Gils Carbó y ordenar la liberación de la luchadora social. Pero en ese caso estaríamos ante una circunstancia crítica para la coalición formal entre Macri y el radicalismo, casi inexistente en la práctica de gobierno pero de importancia crítica en las muy próximas elecciones legislativas. Claramente el impacto sobre la figura del gobernador Gerardo Morales, sobre la realidad política de la provincia de Jujuy y sobre las relaciones entre el PRO y la UCR sería muy considerable. ¿Puede la Corte sencillamente no hacer nada y aplicar la terapia política del paso del tiempo? Eso ya hubiera sido problemático antes del fallo a favor de los genocidas; luce muy problemático en medio de la incierta situación político-institucional en la que está hoy la Corte. Además el fallo, la réplica popular y las consecuencias institucionales han dejado la situación de la justicia frente al castigo a los criminales de la dictadura en una especie de limbo. El Congreso, recordemos, sancionó en tiempo record una ley que impide explícitamente la aplicación del beneficio del 2×1 a los culpables de los crímenes de lesa humanidad, con el llamativo apoyo de los partidos que vienen militando en el negacionismo del genocidio y en el rechazo de la política de justicia de los años anteriores a la asunción de Macri. La ley no es aplicable al caso Muiña ya beneficiado por el fallo, obviamente irreversible, del supremo tribunal. ¿Qué pasa con la larga fila de criminales formada después de ese veredicto en reclamo de recibir el mismo beneficio que el indultado Muiña y con los fallos contrarios al de la Corte que se han multiplicado en los últimos días? La mayoría macrista del tribunal podría ampararse en la ley recientemente aprobada para borrar el antecedente que su propio fallo inconstitucional creó y, en consecuencia, mantener el cumplimiento legal de las condenas de los represores; la tentación de hacerlo para disminuir el aislamiento social sería muy grande. Sin embargo, como lo demuestra el artículo publicado por Aníbal Fernández en este diario (“Corregir el dislate con un desaguisado”, PáginaI12, 17 de mayo), ese lavado de cara del

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