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Cuando Nisman estaba a favor de un memorándum con Irán

Fuente: Raúl Kollman | Página 12 06 de SEPT 2017 La secretaría general de Interpol propuso en 2008 la formación de una Comité Jurídico Mixto argentino-iraní “que pudiera resolver las ambigüedades y malos entendidos que rodean la instrucción de la causa. Tal Comité podría trazar una hoja de ruta o acordar un Memorándum de Entendimiento para avanzar en la resolución del caso”. La propuesta fue trasladada al fiscal Alberto Nisman quien contestó tres veces “que toda medida que implique cooperación que tenga por finalidad materializar y dar respuesta eficaz a los requerimientos, la recibe esta Unidad Fiscal con beneplácito y la encuentra altamente positiva”. La documentación demuestra que lo que para Nisman era altamente positivo no sólo se convirtió después en negativo sino incluso en un delito, pese a que el Memorandum del que se hablaba en ese diálogo con Irán y con Interpol se convirtió después en una ley votada por las dos cámaras del Congreso. El fiscal Gerardo Pollicita prepara a las apuradas y para meterlo en tiempos electorales el pedido de indagatoria para la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ex canciller Héctor Timerman porque lo que Nisman vio como altamente positivo es calificado ahora como un encubrimiento y hasta un acto de traición a la patria. La secuencia documental empezó en febrero de 2008 cuando la Policía Federal, que es la sección argentina de Interpol, le informó al ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández, de la existencia de una comunicación de Interpol. El 8 de febrero de 2008, con la firma del comisario Néstor Valleca, la Federal le señaló al ministro que la secretaría general de Interpol recibió una propuesta de Irán para iniciar un diálogo en el marco de la organización internacional de policía sobre la causa AMIA. En concreto lo que se propone es “discutir la cooperación de ambos países” en el expediente del atentado. A lo largo de los años, desde que la justicia argentina imputó a los ciudadanos iraníes por el atentado, Interpol buscó algún tipo de acercamiento. Es que se trata de un caso atípico. Interpol normalmente busca prófugos en causas de narcotráfico o de organización criminal. En esos casos los Estados no respaldan a los prófugos. En la causa AMIA existe –según Interpol– un conflicto entre dos Estados que son miembros y por eso la actitud siempre fue buscarle una solución negociada. Después que Aníbal Fernández recibió aquella primera nota de la Policía Federal, le trasladó la cuestión a quien estaba encargado de la investigación, el fiscal Nisman. La nota del entonces ministro tiene fecha del 20 de febrero de 2008. Nisman contestó a la notificación de Aníbal Fernández señalando que “que toda medida que implique futura cooperación la recibe la fiscalía con beneplácito y la encuentra altamente constructiva”. Firman la respuesta el propio Nisman y su secretario Fernando Scorpaniti. El 1º de abril de 2008 la gestión sale de la órbita policial y se afina la propuesta a través de una carta que el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino le envía a Nisman. La Cancillería transmite las precisiones a partir de un diálogo mantenido en Irán por la representación diplomática argentina en Teherán. En concreto lo que se propone es lo siguiente: Irán pregunta por la disponibilidad argentina para constituir “un Comité Mixto” de juristas. Ese Comité podría trazar una hoja de ruta o “acordar la firma de un Memorandum de Entendimiento” que podría avanzar concretamente en la resolución del caso. La nota está firmada por la directora de asistencia jurídica de la Cancillería, María Seoane de Chiodi. Además, se acompaña un texto del Encargado de Negocios de Argentina en Irán, Mario Quinteros, quien además detalla que las autoridades de Teherán proponen la visita del juez Rodolfo Canicoba Corral, el fiscal Nisman y la defensora oficial para que se avance en las tratativas. Quinteros menciona la idea de que Irán incluso estaría dispuesto a redactar un texto–borrador del eventual acuerdo. Nisman vuelve a contestar el 8 de abril de 2008 con un oficio muy similar al anterior. Toda iniciativa de cooperación es “recibida con beneplácito y resulta altamente constructiva”. No es que el fiscal pusiera alguna condición o sugiriera que no se puede negociar nada que no sea la presencia en la Argentina de los sospechosos o que no corresponde ninguna comisión mixta. Nisman y su secretario vuelven a contestar, por segunda vez, que es positiva la búsqueda de cooperación con Irán, aún cuando ya está claro que se habla de Memorándum y de Comisión Jurídica Mixta. El texto se adjunta a la causa y, además, se realiza una transcripción en forma de respuesta a la Cancillería. O sea, hay tres aceptaciones de Nisman respecto de avanzar en la cooperación con Irán para buscar algún camino e incluso firmar un Memorándum. Es público y notorio que los sucesivos cancilleres argentinos, por instrucciones de Néstor y Cristina Kirchner, siempre buscaron alternativas. La idea de hacer un juicio en un tercer país se barajó varias veces, incluso se mencionó a Marruecos como posible sede. La intención fue pública y replicaba lo ocurrido con el atentado de Lockerbie cuando el Reino Unido y Libia acordaron hacer el juicio a los dos supuestos terroristas en una base norteamericana en Holanda. En aquella oportunidad el mediador fue nada menos que Nelson Mandela. Después de firmado el Memorandum, en enero de 2013, el texto pasó por el juez, luego por la Cámara Federal, por el Congreso, después nuevamente por el juez Daniel Rafecas, otra vez la Cámara y luego la Casación lo declaró inconstitucional. En todo el proceso, ni siquiera los que se opusieron, los que votaron en contra ni los que declararon la inconstitucionalidad sostuvieron que podría tratarse de un delito. Y como se ve, hasta Nisman dio su visto bueno en 2008. Nueve años después, lo que prima es la alianza mediática-política-judicial, con sede en Comodoro Py, que no sólo tiene un eje electoral y, más allá de los comicios, busca desesperadamente una condena a la ex presidenta y

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Meganegociado multimillonario: porqué el gobierno dilata el caso Santiago Maldonado

Fuente: M. Escalada & A. Ronconi | El Disenso Fecha: 06 de SEPT 2017 En 30 días vence la Ley 26.160 que suspende los desalojos de comunidades indígenas y Cambiemos está comprando tiempo para no prorrogarla. En este informe de El Disenso te contamos que el Senado volvió a postergar el tratamiento de la prórroga, beneficiando a los magnates Lewis y Benetton, quienes esperan ansiosos el vencimiento del plazo para poder solicitar el desalojo de las comunidades que habitan en sus tierras. La 26.160 Sancionada el 1º de noviembre de 2006, la Ley 26.160 suspendió los desalojos de comunidades indígenas por el término de cuatro años, al tiempo que ordenó el RETECI – Relevamiento Territorial de las Comunidades Indígenas, un relevamiento técnico, jurídico y también catastral. Para esta acción se propuso un lapso de 3 años, creándose un fondo al que se le asignó un presupuesto de 10 millones anuales, y cuyo responsable directo es el INAI – Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. El tiempo pasó, y al término del 2009 no se había avanzado en el RETECI por lo que fue necesaria la creación de la Ley 26.554 mediante la cual se prorrogó tanto la suspensión de los desalojos como la realización de los relevamientos hasta el día 23 de noviembre de 2013. En esa oportunidad volvió a asignarse un presupuesto anual de $10 millones por cada año extra agregado a la ley original. Llegada la fecha y ante el incumplimiento de los relevamientos, nuevamente se creó una ley a medida, en este caso la 26.894, poniendo como nueva fecha límite el mes de noviembre de 2017. En el año 2013, el ENDEPA – Equipo Nacional de Pastoral Aborigen alertó sobre el incumplimiento de la ley a través de un pormenorizado informe titulado “Advertencia sobre la inejecución de la ley 26.160”. Desde principios de 2017 la legisladora Magdalena Odarda viene insistiendo para que la Cámara de tratamiento a su proyecto de Ley S-1632/17 que solicita la prórroga hasta el 23 de noviembre de 2021 de los plazos establecidos en la Ley 26.160, prorrogados posteriormente. Odarda hace referencia al informe de ENDEPA, sobre el que denuncia al Estado Nacional y los Estados Provinciales como “responsables por la inejecución de las leyes 26.160 y 26.554“, ya que según el documento mencionado, el avance real comprende: Cantidad de Comunidades relevadas: 465 Porcentaje del total relevado: 48,95% Universo a alcanzar definido en Cantidad de Hectáreas 9.000.000 Cantidad de Hectáreas relevadas 4.494.517,79 Porcentaje del total 49,93% Universo a alcanzar definido en cantidad de comunidades: 950 Los desalojos de diferentes comunidades privilegiando los intereses de los terratenientes del lugar son moneda corriente en las provincias, y mientras Gendarmería irrumpe violentamente en sus dominios arrasando con todo a su paso, para que la justicia luego devuelva esas tierras a los poseedores de los títulos propietarios, los integrantes de los pueblos originarios ven sus casas destruidas y sus pertenencias quemadas al tiempo que son catalogados como “usurpadores” de las tierras de sus ancestros. Lamentamos corroborar además que tampoco se ha logrado frenar los desalojos o desocupaciones judiciales en su totalidad, registrándose casos en Las Pailas (Salta), Quilmes, Nogalito, Mollar (Tucumán), Pampa del Indio (Chaco), La Primavera (Formosa), Los Toldos (Buenos Aires), Currumil, Paichil Antriao (Neuquén), Santa Rosa Leleque (Chubut). Sobre otras pesa orden de desalojo, frenadas por el momento por recursos judiciales (ej. Cheuquel, Huayquillán, en Neuquén). Otras se encuentran en peligro por intentos de venta de parte de su territorio (ej. Comunidades de la Reserva de Yabotí, en Misiones). Advertimos y denunciamos el crecimiento de la violencia estatal como aparato represivo en la ejecución de los desalojos, como ser el caso de la comunidad de Las Pailas (Salta) y La Primavera (Formosa). En éste último perdieron la vida dos personas. El cacique Chocobar (Tucumán) fue asesinado en ocasión de protesta por sus tierras. En todas las acciones hubo innumerables daños materiales, morales y comunitarios. Todos estos incidentes se hubieran evitado de haberse ejecutado el Programa de Relevamiento Territorial tal como se previó legislativamente. señaló la legisladora en su proyecto de Ley. Pu Lof en Cushamen En 2015, la comunidad Mapuche Pu lof en resistencia de Chushamen, ubicada en la localidad de Santa Rosa de Leleque, provincia de Chubut, se propuso recuperar parte de su tierras ancestrales, actualmente usurpadas por el magnate Luciano Benetton, quien posee más de 900.000 hectáreas a su nombre. Esta decisión significó para la comunidad, el inicio de amedrentamientos y acciones represivas por parte del Estado a través del ingreso de Gendarmería a sus tierras. Tanto el magnate Lewis como Benetton son poseedores de cientos de hectáreas reclamadas por los Mapuches, y necesitan tiempo para que expire la prórroga de la Ley 26.160 que impide los desalojos, porque de realizarse los relevamientos, deberán reconocerle a los Mapuches la propiedad comunitaria de las tierras que habitan, por esta razón es conveniente inventar un enemigo para con el Estado, que era inexistente un par de meses atrás, pero que para el gobierno justifica el ingreso de Gendarmería en pos de la protección de la propiedad privada. De acuerdo a un informe de Resumen Latinoamericano, Macri compró tierras en Salta a menos 0,10 centavos por metro cuadrado en la zona de Rivadavia y Dragones, y con ayuda del Gobernador Urtubey, este mismo año desalojó comunidades indígenas wichis, a las que también dejó sin agua desviando los arroyos existentes hacia sus sembradíos de soja. Se trata de aproximadamente 14 familias que luego de ser desalojadas quedaron a la vera de la Ruta Nacional N° 81. El cacique Rafael Carlos Tejerina aún aguarda respuestas por parte del Instituto Provincial de los Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS) y del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Un derecho asegurado por nuestra constitución La Constitución Argentina, en el Artículo 75, Inciso 17 reconoce “la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos“, garantizando “el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural“, reconociendo “la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad

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Metodología de la infiltración y la desaparición forzada

Fuente: E. Raúl Zaffaroni* | La Tecl@ Eñe Fecha: 06 de SEPT 2017 Estamos asistiendo a algo que, en verdad, no creímos volver a ver. A los veteranos nos produce una sensación extraña, porque por un lado nos entristece y por otro nos rejuvenece, aunque no del modo que lo desearíamos. Vuelven antiguas técnicas represivas, para cuya defensa nos habíamos entrenado hace décadas: infiltran provocadores, detienen a mansalva a quienes se quedan en la zona después de la desconcentración, inventan “terroristas” (ahora Mapuches-kurdos), desmoralizan para que la ciudadanía se asuste y no vaya más a concentraciones, que sólo vayan los muy comprometidos y de ese modo reprimirlos, etc. En tiempos pasados, entre otras cosas, se sabía cómo detectar a los infiltrados y sacarlos no muy cortésmente, también que debíamos desconcentrarnos en orden y en grupos y rápidamente, no quedarnos en la zona, pero hoy eso se ha olvidado, porque por fortuna pasaron unos cuantos años sin que estas burdas maniobras de “inteligencia/represión” se llevaran a cabo. Vivimos largos años de democracia y libertad, que ahora parece que en la ola regresiva desatada por esta manifestación subdesarrollada del totalitarismo corporativo plutocrático que vivimos parecen querer tocar a su fin. Dado que el programa económico entreguista, corrupto y suicida de la actual administración no cierra sin represión, hace mucho que vengo advirtiendo sobre la necesidad de cuidar a los jóvenes, porque no saben de eso, dado que han tenido la suerte de nacer y crecer en democracia, con gobiernos que, con sus más y sus menos según las épocas, mantuvieron en general las reglas del juego correspondiente a esa forma de convivencia y coexistencia. Lamentablemente, eso parece que se pretende cerrarlo con una vuelta al pasado sin innovaciones notorias, sino con las mismas viejas y primitivas metodologías de aquellos tiempos; no sólo veinte, sino incluso cuarenta años no son nada. La torpeza de una represión desproporcionada a los Mapuche armados con palos y palas, indica una clara incapacidad técnica policial, pero si algo nos hace sentir que lo de Maldonado es en realidad una desaparición forzada es, precisamente, la grosería del propio oficialismo: no podemos pensar en otra cosa cuando la negativa es demasiado enfática, aparecen los “kurdos”, se inventa lo de Entre Ríos, la sangre en lo del puestero, el cadáver que se le quiere echar a los chilenos, las declaraciones de camioneros misteriosos, la indagación sobre la vida de la víctima, en fin, todo el arsenal muy propio e inconfundible de la metodología tradicional de encubrimiento de desapariciones forzadas. Es la actitud oficialista la que nos dice a gritos que lo de Maldonado es una desaparición forzada, y esto lo confirma la infiltración de provocadores, la “razzia” posterior y la consiguiente publicidad de los medios monopólicos del corporativismo plutocrático local. De todo esto debemos extraer conclusiones: el régimen que se nos quiere imponer está sobreactuando disfuncionalmente para sus propios planes, no tiene prudencia en su propio manejo de la represión: si por un instante nos ponemos objetivamente en la posición del oficialismo, es claro que de momento no le es necesario llevar la represión hasta esos límites, porque sus planes no corren peligros actuales: tienen el ejecutivo, manipulan al Congreso y a la justicia, tienen de su lado a los medios monopólicos, llevan a cabo sus negociados y blanqueos impunemente, no les falta nada. Estoy seguro de que el peligro provendrá un día de la naturaleza irremisiblemente suicida de sus propios programas, como sucedió con Martínez de Hoz, con Cavallo y también en muchos otros países del mundo, en que la defraudación tocó techo y la realidad derrocó a los hasta ese momento poderosos. Pero nadie puede creer –salvo el propio oficialismo- que una movilización lo haga tambalear cuando se encuentra en su esplendor y se cree eterno. Sin necesidad objetiva abusa exagerando el grado de represión y, para colmo, lo hace con una manifiesta carencia de técnica policial, desenterrando groseramente métodos viejos. Pero todo eso es peligroso, porque si no se detiene va a producir otros hechos desgraciados incluso sin necesidad objetiva para sus propios planes plutocráticos. Ante esta verificación, cabe insistir en lo que vengo advirtiendo desde que conocí el plan económico y de inmediato caí en la cuenta de que no cierra sin represión, aunque debo confesar que no era previsible el abuso disfuncional actual, lo que agrava el peligro, porque le resta toda adecuación a fines. Ante estos riesgos, es necesario advertir a los jóvenes, enseñarles cómo defenderse de las viejas técnicas, deben saber detectar provocadores, no responder a ninguna provocación, controlar a cualquier “loquito” propio, desconcentrarse en orden, en grupo y rápidamente, perfeccionar técnicas de lucha no violenta, en una palabra, deben aprender a cuidarse, como lo hacíamos los veteranos en otros tiempos. No podemos admitir ni una víctima más y de momento insistir: ¿Dónde está Santiago? *Profesor Emérito de la Universidad de Buenos Aires

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El Gobierno favoreció con fondos a los municipios propios

Fuente: Marcelo Veneranda | La Nación 04 de SEPT 2017 La Casa Rosada concentró la mayor parte de la asistencia con fondos discrecionales en los municipios bonaerenses de Cambiemos. En lo que va del año, los intendentes oficialistas se quedaron con el 84,5% de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que el Ministerio del Interior giró al territorio bonaerense para pagar sueldos o enfrentar emergencias por inundaciones: en total, los jefes comunales oficialistas acapararon $ 321 millones de los $ 379,5 millones que fueron a la provincia. Los ATN fueron creados para atender emergencias desde la cartera del Interior. Según información suministrada por el Ministerio del Interior, 37 de los 69 municipios de Cambiemos recibieron esos $ 321 millones. En cambio, sólo cuatro de las 54 intendencias peronistas tuvieron suerte. Una de ellas, Ezeiza, muy cercana al oficialismo. Otra, Hurlingham, soporte hasta la semana pasada de Florencio Randazzo. Los cuatro municipios peronistas recibieron $ 52,5 millones, el 13,8% de los fondos que giró la Casa Rosada. Sólo uno de los 11 municipios massistas, Villarino, recibió $ 6 millones: el 1,5%. Desde el Gobierno reconocieron esas cifras luego de que LA NACION accedió a datos que revelan montos mayores. Esta otra información contiene ya no sólo las órdenes de pago que libró este año la cartera que conduce Rogelio Frigerio, sino también las disparadas a fines de 2016, pero que, por la demora del trámite, recién fueron cobradas por los municipios en enero de 2017. De acuerdo con esos datos —que LA NACION confirmó con fuentes provinciales y contactando a los intendentes beneficiados (de Cambiemos y del kirchnerismo)—, los municipios bonaerenses recibieron este año $ 820 millones originados en ATN. Nuevamente, los oficialistas concentraron el 80% de esos fondos. Del cruce de datos surge otra lectura interesante: dentro del universo del FPV/PJ, los intendentes más beneficiados por la Casa Rosada fueron curiosamente los que este año apoyaron la candidatura de Randazzo. Diez de los 54 municipios del FPV/PJ acompañaron en las PASO al ex ministro. Cinco de ellos recibieron ayuda. Se llevaron $ 63,5 millones (el 7,7%). Sólo nueve de los 44 que apostaron por Cristina Kirchner recibieron asistencia: $ 95,5 millones (el 11,6%). Estas preferencias se observan en otro corte. Todos en fila y como bloque político, los intendentes de Cambiemos recibieron en promedio $ 9,49 millones en ATN. Los de Randazzo, $ 6,35 millones. Los de Cristina, $ 2,1 millones. Los de Massa, $ 0,54 millones. La misma relación se verifica con los 379,5 millones de pesos en ATN reconocidos por Interior. Sobre esa base, en promedio, los intendentes de Cambiemos recibieron $ 4,6 millones. Los de Randazzo, $ 2,5 millones. Los cristinistas, $ 625.000. Los de Massa, $ 545.000. «Los ATN sólo se otorgan ante emergencia hídrica y financiera (sueldos). Cruzamos todos los datos con el Banco Central para que la justificación financiera sea consistente. Siempre hemos atendido las necesidades que se puedan confirmar. No sólo en provincia, sino en todo el país, sin importar el color político», señalaron desde el Gobierno. Sin embargo, sigue habiendo diferencias. Esta semana, en el informe que dio al Congreso el jefe de Gabinete, Marcos Peña, detalló los ATN distribuidos por todo el país en los primeros cinco meses de 2017. De allí surge, como publicó El Cronista, que los municipios de Cambiemos se quedaron con el 66% de los fondos. Desde el Gobierno también destacaron que buena parte de los ATN entregados fueron por las inundaciones y que Cambiemos gobierna la mayoría de esos distritos. Es cierto, pero en parte: de los 26 distritos en emergencia hídrica, nueve son opositores. Sólo dos de ellos recibieron ATN: se trata de Salto y Hipólito Yrigoyen, aliados de Randazzo. Los otros trece que recibieron ATN son oficialistas. Ninguno de los municipios kirchneristas declarados en emergencia hídrica recibió ATN.

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Estrategias para frenar al Neoliberalismo

Fuente: Laura Manfredi | Nuestras Voces Fecha: 27 de AGOSTO 2017 “Frente a la promesa del individualismo, debemos restablecer la promesa de que nos va mejor cuando nos cuidamos, cuando construimos comunidad”, dijo el diputado español Íñigo Errejón, del movimiento Podemos, en el cierre del Foro para la Construcción de una Mayoría Popular. Participaron también de este encuentro de debate político el diputado nacional, Axel Kicillof, el filósofo Eduardo Rinesi y la candidata a diputada nacional por Unidad Ciudadana, Gisela Marziotta. Ayer finalizó el Segundo Foro para la Construcción de una Mayoría Popular, espacio creado para profundizar la discusión política en un contexto de avance del neoliberalismo. El último día de ponencias terminó con una panel magistral a cargo del diputado español por Podemos Íñigo Errejón, el ex ministro de economía Axel Kicillof y el filósofo y politólogo Eduardo Rinesi. Con la moderación de la periodista y candidata a diputada nacional (Unidad Ciudadana) Gisela Marziotta, Errejón, Kicillof y Rinesi se expresaron sobre el desafío que implica construir nuevas mayorías populares: aprender del adversario, administrar las crisis económicas y la convicción de que el mundo puede ser diferente. Los panelistas y los cientos de ciudadanos que participaron de la charla dentro y fuera del Aula Magna de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires iniciaron y finalizaron la jornada exigiendo por la aparición con vida de Santiago Maldonado, desaparecido por la gendarmería hace ya 27 días. La rebelión de los privilegiados “Estamos asistiendo a una rebelión de los privilegiados contra cualquier intento de tener que someterse a reglas democráticas”, afirmó el diputado español por la fuerza popular Podemos, Íñigo Arrejón. “En Europa se expresa no sólo contra derechos concretos sino contra la mera idea de que los sectores populares tengan participación alguna en el Estado”. Respecto a la región latinoamericana Íñigo afirmó que en América Latina “las élites y minorías privilegiadas no están discutiendo si hay más o menos Estado. Lo que están discutiendo es si el Estado puede servir a algunos intereses diferentes de los exclusivos de las minorías. Y lo están discutiendo con la furia del que entiende que se le ha quitado algo que era suyo y que entiende que nuestro paso por el poder político es una especie de anomalía medio animalesca que el tiempo y la razón tendrán que terminar corrigiendo”. “Hay que tomar una parte de esa insurrección de los privilegiados para entender cómo es que esa insubordinación es capaz en algunos momentos de construir mayorías políticas sólidas. El Partido Popular que gobierna mi país ha hecho políticas que han aumentado la desigualdad como no había conocido las últimas dos generaciones de nuestro país, han hecho políticas que condenan a la mitad de la juventud española a saber que tienen que elegir entre la precariedad, la inmigración o la resignación. Han hecho políticas absolutamente desastrosas para el conjunto de las mayorías sociales. Bien, tienen siete millones de votos”. “No son siete millones de intereses oligárquicos y tampoco alcanza decir que son siete millones de personas engañadas, porque es que las televisiones juegan para ellos, eso no es ningún dato nuevo”, afirma el líder de Podemos y agrega: “Hay siempre una parte de verdad en el adversario, una parte de verdad que quiero combatir, pero que nos tenemos que tomar en serio. Creo que esta es de las peores lecturas o herencias que la interpretación más vulgar del marxismo nos dejó. No existe algo así como la falsa conciencia, los falsos intereses, gente que tiene unos intereses pero vota por otros. Existen proyectos, horizontes, objetivos o identidades que son capaces de fundar mayorías que giran el rumbo de los países en un sentido u en otro y que por tanto debemos tomarlas como reales”. En relación a las elecciones Arrejón afirmó: “Que se pierdan no es un signo de derrota necesariamente. Preferimos ganarlas, pero no es un signo de crisis de los proyectos. Lo fundamental es cuánto de alto se pone el suelo mínimo de derecho, de inclusión de democracia, de redistribución de la riqueza a partir del cual los que después llegan al poder tienen que seguir construyendo” y agregó que “tal es así, que algunas de las derechas de la región mantienen algunos de los avances sociales hechos por los gobiernos populares. Y uno puede decir piensan fragmentarlos, bueno sí pero que los mantengan ya es un dato. La gente ya no lo siente como algo que le dio un partido político sino como un derecho y eso es una victoria cultural nuestra”. “Hay una disputa por el sentido y por la construcción de una articulación de las diferentes ilusiones, esperanzas y expectativas. Frente a la promesa de que a uno individualmente le puede ir mejor en la ley de la selva, nosotros debemos restablecer la promesa de que nos va mejor cuando nos cuidamos, que nos va mejor cuando construimos comunidad, cuando restauramos lazos de solidaridad, cuando hay instituciones más sólidas, y que nos va mejor a todos. Ojalá tuviéramos oligarquías que entendieran que va también en su beneficio contribuir a la cohesión social y al desarrollo nacional. Pero si no lo entienden, hay que construir las mayorías que tengan la fuerza como para imponerlo democráticamente”. La crisis del capitalismo El ex ministro de economía Axel Kicillof se explayó sobre la crisis que tuvo comienzo en 2008 y de la cual aún hoy sufrimos consecuencias. “El mundo está atravesando una de las crisis económicas más graves, más importantes y más profundas de toda la historia del capitalismo”, aseguró. Para el diputado nacional la crisis no terminó con el salvataje del Estado hacia los bancos: “A fines de 2010 la crisis se desplaza con furia a Europa y 2011 es un año de desastre en Europa en general, pero particularmente para los países más débiles: Portugal, Irlanda, Grecia y España”, países a los que el Fondo Monetario Internacional llama cerdos (PIGS). “Dicen que esos países vivían por encima de sus posibilidades. A mí me sorprendió cuando fui a España a

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Macri y la “revolución cultural”

Fuente: Edgardo Mocca | Página 12 Fecha: 27 de AGOSTO 2017 Del estado de alerta en las horas previas a las elecciones, el gobierno pasó a un ataque de euforia y a una sensación de impunidad que inunda el clima político argentino. Estaba claro –fue señalado en esta columna el día mismo de la votación– que la importancia central del resultado electoral no consistía en sus consecuencias institucionales, o en el anticipo de sus posibles consecuencias en octubre, sino en el mensaje político que esas elecciones emitieran. El macrismo trabajó intensamente tanto en evitar un resultado electoral claramente adverso, como en construir una interpretación propia de ese resultado. La inolvidable noche electoral del 13 de agosto fue la puesta en escena de ese proceso de construcción. Y sus consecuencias empezaron a verse en las horas siguientes. En la CGT se desarrolló pocas horas después el intento de sus sectores más conciliadores de borrar del mapa la movilización anunciada para el pasado martes; esa decisión hubiera significado ni más ni menos que la convalidación sindical de la interpretación macrista de la elección. El vergonzoso operativo político-judicial contra el juez Freiler –que contó con la estelar participación de los jefes de dos de los tres poderes del estado argentino– es una manifestación de cómo entendió Macri el resultado. “Entendimiento” no alude a una comprensión racional de los números, sino a un postulado táctico–estratégico: hay que comprender lo sucedido como un triunfo drástico y como la llave para destrabar los obstáculos políticos del rumbo neoliberal adoptado. El macrismo se orienta hacia una práctica cada vez más autoritaria. Se acumulan las pruebas en ese sentido; la actuación de la ministra Bullrich ante la desaparición forzada de Santiago Maldonado es tal vez la más elocuente: las leyes, los organismos internacionales e incluso los hechos ampliamente comprobados parecen no interesarle mayormente a la ministra que parece estar segura de su absoluta impunidad. La fórmula preelectoral del macrismo hacia octubre parece combinar un fuerte impulso “estacional” a la obra pública, un intento de aminorar el mal humor popular (hasta que votemos podremos mirar el fútbol por televisión y pagar las tarifas de los servicios en cuotas), con una escalada intensa de agresión a las oposiciones políticas, sindicales y sociales. Parece ser el momento elegido para avanzar en una batalla cultural sobre qué país somos y hacia dónde tenemos que ir. Algunos dicen que hay una novedad histórica en el macrismo; es perfectamente aceptable, todo acontecimiento político –en este caso la conquista por la derecha del gobierno a través de la vía electoral– produce una novedad. Lo que es decididamente inaceptable es que lo nuevo esté en el libreto que organiza la política. Sus temas son los de siempre: la modernización argentina significa postergación de los trabajadores, debilitamiento de la industria nacional, entrega de los recursos naturales, endeudamiento ilimitado, represión de la protesta, flexibilización laboral, desregulación general de la economía. Todo envuelto en el gran recurso retórico de proponer este rumbo y sus consecuencias como una “transición”, después de la cual nuestro país se convertirá en Australia. Por supuesto el libreto reserva un lugar a sus adversarios ideológicos: el de la corrupción, el engaño, la violencia y todo cuanto una sociedad tiene que rechazar. Si hay un esfuerzo honesto por registrar los hechos históricos argentinos de por lo menos varias décadas a esta parte, la coherencia histórica del proyecto de los grupos dominantes no se puede ignorar. La realidad íntima de Cambiemos no está en los guiones que prepara Durán Barba, está en la roca dura ideológica del establishment local y global. Cada tanto lo actualizan la Sociedad Rural, IDEA y otras autoridades culturales de la nación. El ataque es contra la “diferencia argentina”. Esa estructura material y cultural que se empezó a construir a mediados de la década de los 40 del siglo pasado. En pocas palabras esa estructura podría definirse como industria nacional, trabajo digno, sindicatos fuertes, derechos sociales, estado activo en la redistribución de la renta. Eso es lo “antiguo” que vienen a destruir los “modernos”. Es la vieja querella, el empate hegemónico del que habló en su tiempo Juan Carlos Portantiero. Es la enorme dificultad histórica de las clases dominantes de destruir ese nuevo tejido, esa nueva conformación cultural de la Argentina, eso que Halperín Donghi llamaba “la larga agonía de la Argentina peronista”. Si hay algo central en el discurso del presidente es su obsesión por el mundo del trabajo. Extraña circunstancia: al movimiento obrero hace mucho que se lo da por desaparecido. Y se lo hace desde distintos ángulos; desde el protagonismo de nuevos colectivos sociales, desde la supuesta pérdida de peso de la condición asalariada, desde la burocratización de los sindicatos, desde la corrupción de sus dirigentes, desde la denuncia de “prebendas” para distintos sectores trabajadores, etc. Sin embargo, parece que la munición gruesa apunta hacia ahí. El debilitamiento del movimiento obrero parece haber sido colocado como la madre de todas las batallas. Es el reconocimiento de una verdad elemental y hace rato reconocida y estudiada: la de que toda la extraordinaria riqueza acumulada por los pequeños círculos oligárquicos del mundo tiene su fuente y su razón en el trabajo de los seres humanos. En esa capacidad de transformar el mundo material de acuerdo a un plan previo que es nuestra exclusividad en el mundo de los seres vivos. La movilización del 22 finalmente tuvo lugar. Muchas serían las observaciones posibles de los problemas que afronta el mundo sindical argentino. Pero la sola realización, multitudinaria además, del acto de masas en la Plaza de Mayo es un triunfo del campo que enfrenta la política del macrismo. La idea de sobreponer un determinado resultado electoral a una protesta legítima de los trabajadores es claramente insostenible: un treinta y pico por ciento de los votos estaría autorizando cualquier atropello estatal en cualquier orden de las cosas. Lo que se está jugando no es eso. Hay una determinación gubernamental, fuertemente alentada desde los grandes grupos económicos de avanzar contra los derechos legales de

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¿Hacia dónde vamos?

Fuente: Carlos Heller | Tiempoar Fecha: 26 de AGOSTO 2017 El ALCA recibió su sentencia de muerte en aquellas memorables jornadas de la Cumbre de las Américas de 2005, en Mar del Plata. Pero en la actualidad el presidente Mauricio Macri desea reflotar sus ejes esenciales. Bajo otros formatos, pero con los mismos objetivos. Es así que intenta a toda costa firmar el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, o integrarse a la Alianza del Pacífico. Pero la realidad se encarga de mostrar los problemas a los que se enfrentan las naciones en desarrollo como nuestro país que se embarcan en estos procesos. Un claro ejemplo fue la visita del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, quien se deshizo en elogios para el gobierno de Macri. «Vemos a la Argentina como líder de la región», sostuvo Pence, seguramente con la mira puesta en las conversaciones que tendrían sobre Venezuela. Verdaderas relaciones de amistad. Pero al tratar las cuestiones comerciales, la postura de su país no otorga concesiones: para poder exportar limones a Estados Unidos, se debe ofrecer algo a cambio. De allí que su visita resultó gananciosa para Estados Unidos: Macri levantó barreras arancelarias a la importación de carne de cerdo, luego de 25 años. Hasta la Sociedad Rural, que se ha convertido en uno de los más entusiastas defensores del actual gobierno, se expresó en contra de esta medida. Si tal negociación con el vicepresidente estadounidense parecía perdida para la Argentina, la decisión de dicho país de colocar aranceles de hasta el 64% sobre el biodiésel importado de Argentina resultó un balde de agua fría. La casi totalidad del biodiésel producido en nuestro país se exporta a este destino. Argentina estaría obteniendo una posibilidad de exportar limones (a lo sumo por U$S 300 millones anuales), mientras que el biodiésel, que tiene un mayor valor agregado y genera ventas externas por unos U$S 1200 anuales, es rotundamente rechazado por aquellos países en los cuales nuestro gobierno desea negociar. Para peor, la Unión Europea acaba de postergar la reducción de los derechos antidumping contra las exportaciones argentinas de biodiésel a pesar de que un fallo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) determinó que esa medida no se ajusta a la normativa internacional. ¿Cuáles serán las consecuencias que nos esperan de formalizarse los acuerdos de integración que persigue Macri? El resultado, a la vista. Escuela de ideología El reciente Consejo de las Américas fue precedido por el comunicado de las grandes cámaras empresarias en el cual reclamaron una justicia transparente. Las asociaciones entre las que se cuentan ACDE, ABA, AEA, Amcham, IDEA y la SRA, justificaron su pedido: «De esta forma, se generará la confianza necesaria de la ciudadanía en el Poder Judicial y por ende, el clima adecuado para el desarrollo de las empresas y la atracción de inversiones de largo plazo que generen empleo digno y sostenible». Toda una definición. Con tal antecedente, la cuestión de la inversión y las reformas necesarias para «atraerla», entre ellas la laboral, fueron el eje de las discusiones en el Consejo de las Américas. El vicepresidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, sostuvo: «Hay algunos temas urgentes que deben ser abordados. Una rebaja en serio de los aportes patronales para bajar el costo laboral. Flexibilizar las condiciones de contratación y despido, porque si no será imposible generar empleo. Y descentralizar las negociaciones colectivas, para discutir por empresa o por sector». Para redondear la idea, Cristiano Rattazzi, titular de Fiat, agregó: «Claro que aparecen temas como la reforma laboral en Brasil y te plantea un gran desafío en la búsqueda de mayor competitividad. Hoy estamos entre los primeros 20 países del mundo de casualidad, agradezcámosles a Menem y Cavallo por estar ahí». ¿Será el país de los ’90 al que aspira Rattazzi cuando sostiene que hoy somos un país normal? Otros, en forma más indirecta, se centraron en los costos: para Juan Vasco Martínez, director ejecutivo de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU): «Un cajero de un súper gana en la Argentina 250 dólares más que en España. Después no nos sorprendamos de que las cosas sean más caras acá que en Europa». De la ganancia empresaria como un gran componente del costo de los productos en nuestro país, ni una sola mención. El broche de oro fue el del representante del FMI, Alejandro Werner, que alabó el cambio producido en Argentina, con datos más que optimistas, una visión que sólo suelen obtener los gobiernos que aplican los programas del Fondo a rajatabla. Estos avances a favor de la flexibilización laboral ratifican los motivos de la movilización del 22 de agosto de la CGT, la CTA y otras organizaciones gremiales y sociales. Los trabajadores se congregaron en contra de la reforma laboral, de la promovida reforma previsional y contra un modelo que genera desempleo y profundiza el ajuste. Un ajuste que ya está en marcha pero por razones electorales se está dilatando para después de octubre. Como la reciente decisión de pagar los servicios energéticos en cuatro cuotas, que se superpondrán con las aumentadas tarifas en noviembre y diciembre. El único orador, el triunviro Juan Carlos Schmidt, expresó: «Estamos frente a un Estado ausente, un Estado que hace rato que se olvidó de proteger al hombre que se levanta a la madrugada y construye con grandeza esta nación. El trabajo es un derecho. El desempleo y la caída del salario es la moneda que explica el fracaso de cualquier plan económico». La decisión de Macri de despedir a dos funcionarios vinculados a la CGT es una muestra más de que se intenta disciplinar la resistencia social y a los sindicatos díscolos. Incluso utilizando el poder que le otorga al gobierno el manejo de la caja de las obras sociales. Presiones inaceptables, que exceden la línea del respeto a las instituciones republicanas, supuestamente tan defendidas por Cambiemos. La reforma laboral de Brasil es tomada por muchos grandes empresarios como una referencia para Argentina. Casualmente, el gobierno de Michel Temer, con el

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Un nuevo show pensando en la campaña

Fuente: Raúl Kollman | Página 12 Fecha: 24 de AGOSTO 2017 El ex canciller Héctor Timerman viajó en forma pública a la ciudad siria de Alepo a fines de enero de 2011, se encontró allí con el presidente Bashar al Assad porque el mandatario estaba en su residencia de invierno y no en la capital, Damasco. No hubo ninguna reunión con el canciller iraní, Alí Akbar Salehi, y ni siquiera se habló de la cuestión de la AMIA con el presidente Assad. Sin embargo, el diario Clarín intentó ayer montar un nuevo show, en sintonía con el Gobierno, el fiscal Gerardo Pollicita y la DAIA en base a una testimonial del ex embajador argentino en Siria, Roberto Ahuad. El diplomático quiso plantar judicialmente que el viaje a Alepo fue secreto, aduciendo que “tiempo después se enteró por funcionarios sirios que Timerman estuvo en Alepo”. Su segundo, el cónsul Alberto Pezzoni lo desmintió en la misma causa judicial: el diplomático declaró que “todos sabíamos que viajaba a Alepo”. Más contundente todavía es que la agencia Télam y la agencia oficial siria informaron, al día siguiente, de la visita y la reunión en Alepo entre el canciller y el mandatario. Incluso, el propio Ahuad escribió un informe en la misma fecha dando cuenta del viaje –nada secreto– de Timerman a Alepo. O sea que todo fue público y el entonces canciller no se vio con ningún representante iraní ni habló del tema AMIA durante su estancia de un día en la histórica ciudad siria. Los abogados de Timerman, Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, pidieron ya hace un tiempo copia de la declaración de Ahuad y preparan una denuncia por falso testimonio. El objetivo de toda la maniobra desplegada ayer nuevamente es apuntar contra Cristina Kirchner y contra el ex canciller Timerman imputándoles delitos insólitos como traición a la patria o encubrimiento, argumentando que le dieron una supuesta ayuda a los sospechosos iraníes del caso AMIA. La idea-base es que hubo negociaciones secretas con Irán para garantizarle impunidad a los iraníes a cambio de un espectacular incremento en el comercio entre los dos países. Este supuesto acuerdo pergeñado en Alepo fue denunciado, por primera vez, por el fallecido periodista José “Pepe” Eliaschev. A raíz de su nota periodística, el fiscal Alberto Nisman lo citó a declarar y cuando le pidió alguna prueba, Eliaschev reconoció que tenía. El desmentido más categórico es que, en los hechos, lo que dijeron que se había acordado nunca se concretó: Los sospechosos iraníes siguen con órdenes de captura con alertas rojas. Y el secretario general de Interpol, el norteamericano Robert Noble, declaró que nunca hubo ninguna gestión ni de Timerman ni de ningún funcionario argentino para levantar esas capturas ni las alertas rojas. “Todo eso es falso”, le dijo Noble a PáginaI12 y a The Wall Street Journal cuando Nisman denunció a CFK y al ex canciller por gestionar un supuesto beneficio para los iraníes. En ningún momento hubo compras de petróleo iraní. El argumento era que la Argentina padecía una crisis energética y entonces el petróleo persa venía al rescate. La realidad es que el oro negro de Irán ni siquiera se podía refinar en la Argentina. Tampoco se produjo incremento en el comercio entre los dos países. Por otra parte, el memorándum con Irán se hizo público y fue votado tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, de manera que no fue un tratado secreto. El ex embajador Ahuad declaró hace más de un mes, pero Clarín armó el show recién ayer, incluso adelantando que el fiscal Pollicita pedirá a fin de mes que CFK y Timerman sean citados a indagatoria. Todavía no se sabe si por el delito de traición a la patria o por encubrimiento, pero parece que la alianza político-mediático-judicial funciona a pleno. La secuencia de hechos relacionados con el viaje a Alepo fue la siguiente: Durante la asunción de Dilma Rousseff, el 1 de enero de 2011, funcionarios de la cancillería de Siria invitaron a Timerman a visitar ese país y a reunirse con Al Assad. La decisión de realizar la visita fue transmitida a la embajada de argentina en Siria, por cable oficial, el 3 de enero de 2011. El viaje se concretaría a fin de ese mes. Cuando Timerman llegó a Damasco se reunió con su par sirio, pero el presidente Al-Assad lo invitó a visitarlo en su residencia de invierno, en Alepo. Timerman aceptó la invitación y no llevó a Alepo al embajador Ahuad porque el encuentro sería a nivel del presidente y el canciller. Timerman partió por la mañana y volvió a la tarde. Vio al mandatario y luego caminó por el centro de la ciudad, por entonces una de las reliquias históricas de la Humanidad. Hoy, parte de los monumentos fueron destruidos por Isis. Al atardecer, el canciller volvió a Damasco, donde lo esperaba Ahuad. En toda la jornada no se encontró ni con el canciller de Irán ni con ningún funcionario del país persa. Tampoco habló con Al Assad sobre el atentado contra la AMIA. Los temas tocados fueron esencialmente el conflicto de Malvinas, la parálisis del proceso de paz entre Israel y los países árabes, el armado de una cumbre árabe-latinoamericana, en Perú, y la evolución de la comunidad siria de la Argentina. El viaje nunca fue secreto. Lo publicaron Télam, la agencia oficial siria SANA y, como declaró el cónsul, fue conocido por todos los funcionarios diplomáticos. El cable de Télam fue reproducido por numerosos medios, hasta en Infocampo. Resulta curiosa la declaración del ex embajador Ahuad. En primer lugar dijo que “tiempo después” se enteró que el viaje de Timerman dentro de Siria fue a Alepo. Y el mismo Ahuad firma un cable del día posterior, CA EASIR 010042 2011 de fecha 25 de enero de 2011, en el que relata en detalle el viaje del canciller a Alepo. Las curiosidades siguen. Ahuad sostuvo en su declaración que “funcionarios sirios”, a los que no identifica, le dijeron que

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La era de la mitocracia

Fuente: Ricardo Ragendorfer | Revista Zoom Fecha: 23 de AGOSTO 2017 En su cuadro La perfidia de las imágenes (1928), René Magritte exhibe una pipa con la siguiente frase: “Ceci n’est pas une pipe (‘Esto no es una pipa’)”. Fue su modo de cuestionar la relación entre los símbolos y las cosas basada en la semejanza representativa. ¿Se puede aplicar dicho concepto a la administración de un país? ¡Si, se puede! Y va un ejemplo de reciente data: la forma bestial en que una horda de uniformados irrumpió en la comunidad mapuche de Cushamen justo antes de que Santiago Maldonado fuera secuestrado hizo que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, retomara aquella idea casi 90 años después, al señalar: “No hay indicios de que la Gendarmería haya actuado con violencia”, cuando un impactante video emitido por TV exponía precisamente su aterrador accionar. De igual manera, muchos funcionarios –incluido el propio Presidente– suelen negar hechos y circunstancias de la realidad aún existiendo imágenes y otros soportes documentales no menos elocuentes que prueban lo contrario. Es posible que ellos, pese a sus conductas surrealistas, jamás hayan oído hablar del célebre pintor belga, y que sus increíbles justificaciones fueran sólo fruto de un apego corporativo por el embuste. Pero con una frecuencia que supera el ejercicio razonable de la “posverdad”, tal como se le llama al reemplazo de información genuina por falacias con efectos emotivos. Porque el gran aporte del macrismo a la política fue haber ideado un sistema donde la falsificación de los registros fácticos ya es una razón de Estado. Y que podría denominarse “mitocracia”. Tanto es así que únicamente durante el lapso comprendido entre el 13 y el 17 de agosto los dos actos más sonados de la agenda gubernamental –junto a la ya mencionada exposición de la señora Bullrich en el Senado– estuvieron teñidas por esa tendencia; a saber: la manipulación del escrutinio de las PASO y la maniobra en el Consejo de la Magistratura para suspender y enjuiciar al camarista federal Eduardo Freiler. Por su sofisticación en el campo de la dramaturgia y también debido a la presencia en su trama de figuras estelares vinculadas a los tres poderes de la República, este último caso es a todas luces digno de ser reconstruido. A la hora señalada La primera escena de esta historia se remonta al mediodía del 10 de diciembre de 2015, cuando el flamante presidente Mauricio Macri leía su discurso ante la Asamblea Legislativa. Entonces, tras un leve carraspeo, de pronto soltó: “En nuestro gobierno no habrá jueces macristas. A quienes quieran serlo les digo que no serán bienvenidos si quieren pasar a ser instrumentos nuestros”. Y una salva de aplausos estalló en el recinto. Dieciocho meses después, tras desayunar frugalmente en su oficina, el ministro de Justicia, Germán Garavano, decidió cancelar todas sus audiencias y también ordenó que no le pasaran llamadas. Salvo la que alguien haría desde el Consejo de la Magistratura. Su reloj marcaba las 9.00 de la mañana del 17 de agosto de 2017. En aquel mismo momento el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, recibía en su despacho a los senadores del Frente para la Victoria (FpV) Mario Pais, Ruperto Godoy y Virginia García. El clima era cordial pero tenso. La máxima autoridad judicial de la Nación debía tomarle juramento al primero de ellos por su ingreso al Consejo de la Magistratura en reemplazo del segundo, quien había sido eyectado de allí por no tener título de abogado. “El gran aporte del macrismo a la política fue haber ideado un sistema donde la falsificación de los registros fácticos ya es una razón de Estado. Y que podría denominarse ‘mitocracia’” Aquel asunto había tenido un vidrioso libreto previo. Y su “producción ejecutiva” corrió por cuenta del doctor Alejandro Fargosi, un propagandista de la última dictadura que supo representar al PRO ante dicho Consejo, además de haber sido postulado por el Gobierno para la Corte Suprema y ser asesor de Macri, mientras litigaba contra el país en nombre de un fondo buitre ante la CIADI (el órgano de arbitrajes del Banco Mundial) después de la recuperación de Aerolíneas Argentinas. Él fue quien denunció a Godoy por falta de diploma ante el juez en lo contencioso administrativo, Enrique Lavié Pinto, quien no tardó en darle la razón. La Cámara del fuero –también con rapidez– avaló la exclusión del senador y de inmediato ordenó ejecutar la sentencia. Lo cierto es que al diputado del PRO e integrante del Consejo, Pablo Tonelli, le había asombrado gratamente la celeridad del doctor Lavié Pinto, dado que en su caso personal no podía sentir lo mismo: desde el año pasado el juez desatendía una denuncia contra él por “usurpación” en ese cuerpo de una banca que el FpV tenía asignada hasta 2018. De modo que la Corte Suprema tuvo que tomarle juramento en un acto sorpresa realizado en febrero de 2016 casi a hurtadillas, sin invitados y después de firmar una acordada igualmente subrepticia, que convalidaba la votación de los consejeros macristas sin tratar un planteo de los disidentes. Ahora, durante la mañana de ese jueves, a Tonelli se lo veía ansioso. El plenario del Consejo estaba convocado para las 10.00. Y el tema del camarista Freiler figuraba en la mitad del orden de aquel día. Tal vez entonces pensara en la manera de apurar esa cuestión. Mientras tanto en el despacho de Lorenzetti, los senadores advertían una deliberada lentitud del anfitrión. Y la urgencia de Pais por ocupar su flamante sitial en el Consejo para asistir al plenario –y así frenar la decapitación de ese magistrado– se tornaba dramático. Freiler encabezaba la lista de jueces “malditos” que Macri quiere echar porque no le agradan sus decisiones; éste, en su caso particular, incurrió en los siguientes pecados: haber insistido en la indagatoria de los popes de Clarín y La Nación por el despojo de Papel Prensa, resolver el apartamiento del juez Claudio Bonadío de la causa Hotesur y avalar la desestimación de la denuncia dibujada por el

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