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Fuente: Daniel Politi | New York Times Fecha: 15 de DIC 2017 Un exjefe de la Interpol dice que en Argentina investigaron mal el ataque terrorista de 1994 en un centro comunitario judío, un crimen que ha sacudido nuevamente al establishment político del país. El crimen nunca fue formalmente resuelto. En 2015, un fiscal especial llegó a la conclusión de que era probable que los funcionarios argentinos se hubieran confabulado con Irán para encubrir el papel de ese país en el ataque, que mató a 85 personas. Pero el fiscal murió en circunstancias misteriosas, y la semana pasada, un juez federal solicitó que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner sea arrestada y acusada de traición a la patria, diciendo que ella había participado en el encubrimiento. El juez hizo otra afirmación sorprendente: afirmó que Ronald K. Noble, un estadounidense y ex profesor de derecho de la Universidad de Nueva York que dirigió la Organización Internacional de Policía Criminal, conocida como Interpol, entre 2000 y 2014, participó en el encubrimiento. Esta semana, Noble, rechazó con vehemencia ese reclamo acusando al juez, Claudio Bonadio, de presentar un caso poco investigado. Dijo que estaba desconcertado porque el juez Bonadio no se molestó en rastrearlo antes de acusarlo en un proceso criminal de instigar un trato secreto para obtener que los registros de fugitivos internacionales, conocidos como alertas rojas, sean rescindidos como parte de un esfuerzo para mejorar los vínculos entre Argentina e Irán. «Me sorprendió que el juez Bonadio pudiera haber sido tan parcial y emitir un informe falso, engañoso e incompleto», dijo Noble en una serie de intercambios de correos electrónicos esta semana. El reproche de Noble es el último giro en una búsqueda de un año para determinar quién fue el responsable del atentado de julio de 1994 contra el centro comunitario de la Asociación de Ayuda Mutua Judía Argentina, conocido como AMIA por las iniciales de su nombre en español. El bombardeo fue el ataque terrorista más letal en la historia del país. El juez Bonadio, el 7 de diciembre, dio el raro paso de pedir la detención de la señora Kirchner, quien recientemente juró como senadora, calificando su supuesto esfuerzo por proteger a los iraníes de enfrentar a la Justicia como traición a la patria. Kirchner y los otros acusados apelaron el fallo esta semana y están listos para regresar al tribunal el martes para una audiencia ante un tribunal superior. Noble dijo que estaba atónito por la mala actuación de los funcionarios judiciales argentinos en la investigación del atentado. «Nunca ha habido un caso en la Interpol con el tipo de problemas de investigación, procesales y judiciales que han permitido que un ataque terrorista asesino en el que murieron 85 personas y muchos más resultaron heridos hace más de 20 años, quedara impune», dijo. Desde que se emitió el fallo, el juez Bonadio ha sido atacado por todo el espectro político. Expertos y políticos han cuestionado la solidez de la evidencia que respalda la acusación y sugirieron que podría haber tenido una motivación política. El juez Bonadio no respondió a un requerimiento (del NYT) de efectuar comentarios. Él no es el primero en implicar a Interpol por encubrimiento en el caso de la explosión. Alberto Nisman, el fiscal especial designado para investigar el atentado, presentó una acusación similar contra la señora Kirchner poco antes de morir en circunstancias misteriosas en enero de 2015. Nisman alegó que el gobierno argentino solicitó a la Interpol que retirara las alertas rojas contra iraníes como parte de un trato que buscaba expandir el comercio entre las naciones. «No hay evidencia que respalde la conclusión del juez Bonadio de que existía algún tipo de acuerdo secreto entre Argentina e Interpol para eliminar las alertas rojos de AMIA», escribió Noble, de 61 años. «Si el juez Bonadio estuviera interesado en la verdad, podría haberse contactado con el exasesor general de Interpol». «Si el juez Bonadio estuviera interesado en la verdad, podría haber contactado al ex asesor general de Interpol». El juez Bonadio sugirió en su fallo que el señor Noble podría haber habilitado a la señora Kirchner porque el exjefe de la Interpol tenía una «relación cercana» con el exministro Héctor Timerman, quien también fue acusado en el caso de traición a la patria la semana pasada. Timerman, que está bajo tratamiento de cáncer, se encuentra bajo arresto domiciliario. Noble, un nativo de Nueva Jersey quien después de dejar la Interpol trabaja como consultor de seguridad en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, niega haber tenido algo más que «una muy buena relación profesional» con el Sr. Timerman. La prensa argentina publicó esta semana, agregando a la intriga que rodea la investigación de la explosión, una carta del 4 de noviembre del ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, a su homólogo argentino, en la que Zarif confirmó que los dos países habían pedido, de hecho, a la Interpol que retirara las alertas rojas relacionadas con el caso de AMIA. El Ministerio de Relaciones Exteriores argentino confirmó la autenticidad de la carta. Noble calificó el contenido de la carta como «una completa mentira». Los expertos legales dijeron que el juez Bonadio se había excedido llamando a la detención de la señora Kirchner. Levantar la inmunidad legislativa que disfruta como senadora requeriría la aprobación de dos tercios de los senadores presentes en una audiencia para considerar el asunto. «No hay absolutamente ningún elemento en el caso que pueda justificar que alguien esté en prisión preventiva», dijo Andrés Gil Domínguez, profesor de derecho constitucional en la Universidad de Buenos Aires. «No hay riesgo de fuga y no hay razón para creer que puedan obstaculizar las investigaciones». Traducción: Dardo Esterovich

Fuente: Raúl Kollman | Página 12 Fecha 17 de DIC 2017 Un falso informe de Inteligencia; el despliegue de cuatro fuerzas de seguridad sin comunicación ni coordinación, la falta de control civil y político sobre los efectivos y, sobre todo, el autogobierno total que hoy tienen los gendarmes, policías y prefectos desató la feroz y caótica represión del jueves. Los servicios de inteligencia están hoy dominados por ex policías, de manera que armaron un informe de la ex SIDE que simplemente les sirvió como excusa para la represión. El texto advierte que 1200 manifestantes iban a ocupar el Congreso, una coartada –sin prueba alguna– que los funcionarios del Ejecutivo repitieron como en misa. Ese armado llevó a emplazar a más de mil efectivos de la Gendarmería, traídos de Campo de Mayo, en todo el perímetro del edificio del parlamento. También se trajeron desde el bajo porteño todas las vallas usadas en el operativo por la reunión de la Organización Mundial de Comercio. Pero lo que era una jugada supuestamente destinada a evitar que alguien entre al Congreso se convirtió, como tenían previsto, en una ofensiva–cacería por todo el centro, con motos, carros y a pie, con la consigna “disparen a discreción”. Entonces se vio a gendarmes disparando los peligrosísimos proyectiles de goma sin orden alguno; enfrentando a diputados, a periodistas, patoteando a familiares de los tripulantes del ARA San Juan, tirando piedras y arrestando a cualquiera que pasaba cerca. El mando civil y político no existió, la coordinación desapareció y cada uno hizo lo que quiso. Como siempre, al terminar la jornada, los extraños encapuchados, los que queman autos y rompen comercios, no aparecían por ningún lado ni figuraron entre los detenidos. El viernes, al anochecer, se anunció el desplazamiento de Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, del operativo de mañana. Es una admisión del desastre que produjeron el jueves. Inteligencia Quienes conocen hoy el funcionamiento de la ex SIDE (AFI) admiten que la central de espías está ahora manejada e integrada por policías federales retirados, policías bonaerenses retirados y unos pocos tenientes provenientes del Ejército. Una de las designaciones más públicas fue la del ex jefe de la Bonaerense, Daniel Salcedo, que hoy está a cargo de la agencia en toda la zona norte del conurbano. Decenas de otros jefes policiales retirados pasaron a ser expertos en inteligencia, sin tener la menor trayectoria. El papel actual de los servicios de inteligencia es redactar informes de acuerdo a las necesidades oficiales, más allá de las pruebas que manejen. En este caso, les pidieron que emitan un informe sobre el supuesto peligro de una toma del Congreso y así lo hicieron. Es más, mencionaron que existía un plan en el que estaba previsto que 1.200 manifestantes se lanzaran al asalto. Como es obvio, el informe –luego repetido por todos los miembros del gobierno– no tiene el menor sustento. “No hay ninguna organización en la Argentina que tenga esa capacidad  –le dijo a este diario uno de los ex funcionarios de la AFI–. No hubo nunca una acción agresiva, coordinada, de más de 30 o 40 personas. Pensar en 1200 es un ejército. Una estupidez. Un delirio”. En realidad, se trató de una coartada para justificar las dimensiones y la violencia del operativo. En el Ministerio de Seguridad no pueden exhibir siquiera una prueba de la existencia del supuesto plan de asalto al Congreso. Comando Unificado El armado de un operativo como el del jueves se hace desde el Comando Unificado, una gigantesca sala del quinto piso del edificio central de la Policía Federal, en la calle Moreno. El lugar también se conoce como Centro Unificado de Respuesta Rápida y Entrenamiento. Algunos lo consideran una especie de embajada, porque van los jefes de todas las fuerzas, la Gendarmería, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Prefectura y la Policía Metropolitana. A veces, también está la Bonaerense. En la enorme sala hay, en 360 grados, gigantescos monitores en los que se ven las imágenes de todas las cámaras que tienen las distintas fuerzas, las que emiten los canales de televisión y las que provienen de helicópteros. Todo está ahí a la vista. Y la comunicación a los jefes que están en las calles se hace a través de la frecuencia encriptada de la Federal. Es decir que la ministra Patricia Bullrich tenía todos los elementos a su alcance para frenar o reconducir el caótico operativo represivo. Sin embargo, la política explícita del Ejecutivo es “dejar hacer”. Dar una orden general y de ahí en adelante las fuerzas de seguridad se auto-gobiernan. Eso es lo que se asimila a “fuego a discreción”. Caos El operativo fue armado a partir del blindaje del Congreso. Para ello se movilizaron más de mil efectivos de la Gendarmería traídos desde Campo de Mayo, que fueron la base de la custodia de la reunión de la OMC. Sin embargo, los gendarmes fueron movidos al Congreso 12 horas antes de la finalización del operativo diseñado para la OMC. Y lo mismo hicieron con la estructura de vallas. Durante días se utilizaron en Puerto Madero y Leandro N. Alem, se iban a sacar el jueves a la noche, pero en la madrugada de ese día se anticipó la jugada y se movieron al Congreso. Las vallas son un instrumento clave en cualquier prevención, porque dificultan lo que más hay que evitar, el cuerpo a cuerpo entre fuerzas de seguridad y manifestantes, el contacto directo. Ya el miércoles se había producido otro hecho que debió terminar con inmediatos pases a retiro de oficiales y efectivos: choques cuerpo a cuerpo de manifestantes con perros. Incluso con los diputados Victoria Donda y Leonardo Grosso como víctimas. De esa estructura aparentemente defensiva, armada con la excusa de evitar una toma del Congreso, en instantes se pasó a una ofensiva inusual. Los mismos gendarmes abrían grietas en el vallado para tirar sobre la gente, disparos horizontales, con postas de goma equivalentes a un calibre grueso, 12.70. En el protocolo que se diseñó en épocas de la

Fuente: Horacio Verbitsky | www.elcohetealaluna.com Fecha: 16 de DIC de 2017 El pase obligatorio a retiro del jefe de Estado Mayor de la Armada, Marcelo Srur, al cumplirse un mes de la desaparición del submarino, conduce hacia anécdotas personales lo que debería tratarse como una crisis estructural. Lo que se ve por ahora es una riña entre los altos mandos para atribuirse la responsabilidad por la tragedia. La revista The Economist subestima en 70 por ciento el porcentaje del presupuesto de Defensa aplicado en la Argentina a salarios y jubilaciones (se acerca al 90 por ciento en el presupuesto 2018), y lo compara con el tercio del gasto estadounidense que va al pago del personal activo y pasivo. La diferencia es lo que cada uno puede volcar a material y operaciones. Como el octavo país del mundo en superficie (y eso sin contar su porción marítima, que supera la territorial) la Argentina necesita aviones, buques y submarinos para disuadir a potenciales enemigos. Pero The Economist añade que para “algunos expertos en defensa”, las Fuerzas Armadas también deberían enfrentar el tráfico de drogas, el terrorismo (que afortunadamente aquí no existe) y la pesca ilegal, y es consciente de que ello requeriría una reforma legal, porque Macrì considera muy restrictivo el marco vigente desde el decreto de Kirchner de 2006. Concluye The Economist en su primera edición de diciembre de 2017: “Expandir el rol de las Fuerzas Armadas requeriría gastar más de lo que el gobierno se puede permitir, mientras trata de reducir el déficit fiscal, que es el 4,6 por ciento del PBI antes del pago de intereses de la deuda. La búsqueda de una estrategia militar y de Fuerzas Armadas capaces de llevarla a cabo llevará más tiempo que la del submarino San Juan”. Tanto el presidente como los altos mandos navales se apegaron a las fórmulas burocráticas para afirmar que la nave no hubiera zarpado de no estar en óptimas condiciones. Sin protocolo, la esposa de uno de los submarinistas atrapados en el tubo metálico dijo: –¡Mandaron una mierda a navegar! ¿Cómo no van a pasar estas cosas? Otra reveló que su esposo y padre de sus tres hijos le había contado de un incidente previo que no fue reportado y que ella le rogó que no embarcara, que era un suicidio. Varios denunciaron que en la cuenta bancaria de los héroes, como se los llama para desviar la atención de los crudos hechos, se acreditaron como paga por la última navegación, 297 pesos, lo que el ministro Aguad deja de propina después de una comida con amigos. El Excel es más elocuente que el Word, como diría un bloguero críptico. La pretensión de Macrì de fortalecer el rol del Estado Mayor Conjunto está inspirada sólo por la reducción del ya raleado presupuesto de Defensa y es contradictoria con las tareas policiales, para las que no están capacitadas y en las que cada fuerza tiene características propias. Antes que la coordinación entre las distintas fuerzas el Estado debería preocuparse por la comunicación entre el Ministerio de Defensa y las distintas jefaturas. La jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, señaló que la Armada, la AFI y el Ministerio de Defensa no se ponían de acuerdo sobre el nivel de clasificación de los informes que el tribunal solicitó para encuadrar la investigación. Por estas cuestiones pidió el pase a retiro la plana mayor de la Armada, y desde la conducción les respondieron que si querían irse, que se fueran. También debió correrse el jefe de Estado Mayor. Aún así hasta ahora no ha habido ninguna información oficial acerca de la misión que cumplía el submarino cuando comenzó a hacer agua. Tanto la infografía que difundió la presidencia argentina como la que incluyó en uno de sus informes la BBC británica muestran que luego de zarpar de Tierra del Fuego el submarino se dirigió hacia el norte pasando muy cerca de las islas Malvinas. Pero nada se informó acerca de las razones de ese curso. Y tanto las imágenes que utilizó el vocero de la Armada en sus conferencias de prensa cuanto las que se publicaron en los principales medios, centraban la atención en el último punto donde hubo contacto radial, frente al golfo San Jorge. Estas son cuestiones que no pueden pasarse por alto, sobre todo a partir de los mensajes de texto difundidos por familiares de dos submarinistas. Uno dijo poco antes de perder contacto que “nos buscaba un helicóptero inglés”, el otro contó que en julio los había perseguido un submarino nuclear.

Fuente: Daniel Kupervaser | daniel.kupervaser.com Fecha: 15 de DIC 2017 ¿A quién le conviene el fallo de Bonadio? se pregunta Gabriel Ziblat en una concisa y muy acertada nota referida a la reciente resolución del juez en la causa por “traición a la patria”[1]. El autor descarta todo beneficio posible de Cristina Kirchner, del gobierno de Mauricio Macri, e inclusive, personalmente del mismo juez Bonadio. Su conclusión es totalmente estremecedora. “No está claro quién se beneficia con este fallo. Lo que sí queda claro es que la Argentina suma un papelón más en torno a la investigación del atentado a la AMIA, con 85 almas a las que sólo les queda reclamar memoria, porque la Justicia parece cada vez más inalcanzable”. No hay duda que la descripción de “papelón” es muy apropiada, solo que Ziblat pasó por alto un detalle muy significativo de esta saga en el análisis de la búsqueda de beneficiarios del discutido fallo. El autor de la nota no prestó la suficiente atención a la conveniencia de DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas) y ciertos sectores del liderazgo judío argentino en el enjuiciamiento de la ex presidenta argentina por traición a la patria. Mientras que Macri guardaba silencio y el gobierno mostraba síntomas de incomodidad por considerar un exceso las solicitudes de detención del Bonadio[2], DAIA daba su asentimiento escondiéndose detrás de la farsante excusa que seguramente “Bonadio conocerá algo que no conocemos”[3]. Sepultar la justicia Desde el momento en que el fiscal Nisman presentó la acusación original por traición a la patria argentina, esta institución judía, que dice ser “la representación política de la comunidad judía argentina” y presiona reiteradamente al gobierno nacional argentino en favor de intereses de Israel, no dejó de ser una de las partes mas activas en el frente y en la retaguardia del empuje de la acusación en contra de la ex presidenta de los argentinos, su ex canciller y otros funcionarios y vinculados. Estos esfuerzos comenzaron de inmediato con la decisión del juez Rafecas de desestimar la acusación de Nisman en febrero de 2015 y continuaron con un permanente fogoneo de la causa a distintos niveles. En forma paralela, el juez Rafecas recibió el trato según la conocida tradición judía que la valoración de todo dictamen de encumbrados personajes o jueces no judíos se mide con la regla de la conveniencia. En tanto y en cuanto Rafecas se dedicó a investigar y publicar obras referidas al holocausto judío, la colectividad judía local lo alabó y condecoró. La desestimación mencionada ya es otro cantar. Como consecuencia de ello, Waldo Wolf, Diputado Nacional y ex vicepresidente de DAIA, solicitó su juicio político en virtud de «supuestas maniobras realizadas para “desacreditar” al fallecido fiscal Alberto Nisman, quien antes de aparecer muerto en confusas circunstancias había denunciado a la ex presidenta Cristina Kirchner por encubrir a los iraníes acusados de volar la AMIA”[4]. O eres mi amigo incondicional, o eres mi enemigo. No hay medias tintas. El trágico acontecimiento de la dudosa muerte del fiscal Nisman determinó que, tras una década de investigación del difunto fiscal, las pesquisas del atentado de AMIA pasen a jurisdicción de un nuevo grupo de fiscales. Transcurridos casi 3 años de trabajo de la nueva Unidad Fiscal AMIA se puede decir, con alto grado de certeza, que el proceso de esclarecimiento del caso está estancado e inclusive da pasos atrás en relación al legado de Nisman. A principios de este mes la FBI de EE.UU. informó que los restos recuperados por esa unidad de investigación argentina de ninguna manera pertenecen a Ibrahim Ferro, mencionado como el conductor suicida en el atentado de AMIA por el fallecido fiscal. Este resultado, por el momento, tira por el suelo una de las principales hipótesis del dictamen de Nisman que culminó acusando a los iraníes[5]. Esta histórica constelación en el devenir institucional argentino se presentó como una oportunidad imperdible para que DAIA logre uno de sus encubiertos objetivos: convertirse en un significativo factor de poder en el ámbito nacional de ese país. Dar un escarmiento al gobierno anterior frente a toda la sociedad local se convirtió en el cometido mas importante, a tal punto, que la investigación del atentado de AMIA pasó a un segundo plano. Desde el momento que se les cruzó la gran e inmediata oportunidad de meter presa a Cristina, no hay ninguna urgencia ni mayor importancia en invertir grandes esfuerzos en dilucidar lo ocurrido hace más de dos décadas. DAIA y Cristina en tiempos de romance Sin que reconozcan la deliberada intención de deslindar responsabilidades de una misión que los desconcierta, directivos de DAIA comenzaron a barajar el proyecto de procesar judicialmente a los acusados por Nisman en un juicio en ausencia. En pocas palabras, cerrar el caso por conveniencia, inclusive, a costa de sepultar históricos principios de la justicia argentina. Con el objetivo de nacionalizar este proyecto, en el ambiente judío se llegó al absurdo de proponer la disparatada idea que ese nuevo marco judicial es lo más apropiado para juzgar prófugos de la dictadura militar argentina. Lo mas descabellado de la proposición lo constituye el ejemplo en que se basan. Aníbal Gauto es un argentino imputado por crímenes de lesa humanidad cometidos en Argentina en la década del 70 del siglo pasado. Gauto es un prófugo de la justicia argentina y hoy reside en Israel con ciudadanía local, país que por el momento se niega a ponerlo a disposición de la justicia argentina. El juicio en ausencia “permitirá avanzar en causas como las que se mencionan (atentado a la Amia y Aníbal Gauto) y lograr destrabarlas y avanzar a una sentencia, logrando lo que parece no ser posible de otra forma procesal”[6]. A la justicia la sepultan, pero se sienten muy satisfechos de cerrar el caso. En otro aspecto, no solo se trata de un proyecto desatinado, mucho peor es la equiparación intrínseca en el proyecto de las conductas de Israel a Irán. La conclusión no da lugar a dudas. O se debe dar tratamiento indulgente

Fuente: Diego Sanchez | Revista Zoom Fecha: 11 de DIC 2017 El titular de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, recibe a Zoom horas antes del blitzkrieg judicial de Claudio Bonadio contra Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Zannini y otros dirigentes kirchneristas. En la calle, el sonido de los redoblantes y las vuvuzelas, banda de sonido habitual de un centro porteño que no escatima su conflicto diario, evoca como un eco lejano la multitudinaria movilización que Palazzo junto a otros líderes gremiales, como Pablo Moyano y Hugo Yasky, realizaron hace poco más de una semana, en protesta por el paquete de reformas impulsado por el gobierno nacional. Una movilización tan masiva como ambivalente que no pudo evitar la media sanción en el Senado de la reforma previsional pero que fue lo suficientemente estruendosa como para que el triunvirato de la CGT le quitara su apoyo a la reforma laboral, colocándole un manto de duda al paquete de leyes que el gobierno quiere sancionar antes de las fiestas y que será la última batalla política de un 2017 en el que ni el oficialismo ni el sindicalismo más combativo quieren quedar como derrotados. En esta entrevista, Palazzo afirma que “si logramos concentrar esfuerzos vamos a evitar que se sancionen estas leyes” y asegura que esta alianza gremial con el moyanismo y las dos CTA, suerte de remake del MTA, es un nuevo actor político que tanto el gobierno como la oposición deberán tener en cuenta a la hora de hacer política en el futuro. Además, habla de las detenciones en Independiente, club del que Palazzo no solamente es hincha sino también candidato en las próximas elecciones en la lista que encabezan Hugo y Pablo Moyano, y confiesa que la movilización que reunió a la crema del sindicalismo más combativo fue un mensaje tanto para Casa Rosada como para la CGT. “Este gobierno no se va a frenar por la vía del diálogo” La movilización que convocaron desde la Corriente Federal, el moyanismo y las dos CTA fue multitudinaria pero no logró evitar la media sanción en el Senado de la reforma previsional. ¿Fue una primera batalla perdida? Nosotros ya ese mismo día suponíamos que la votación iba a resultar de ese modo. Porque más allá de la gran concentración de compañeros que se dio en esa marcha, no menos cierto es que el gobierno había avanzado en un acuerdo con los gobernadores, que son los que en algunos casos, no en todos, dieron los votos para que se apruebe semejante par de leyes. No obstante eso, sabemos que la pelea no se agota. Todavía falta que se trate en Diputados y, si logramos concentrar esfuerzos, quizás podamos volcar voluntades para que no se sancionen estas leyes. De todas formas, independientemente de que aspiramos a tener un buen resultado, creo que el hecho más novedoso es que se ha ampliado un espacio de confrontación con las políticas del gobierno. Y a partir de ahora no es tan fácil para el oficialismo sacar leyes, ni para los legisladores de la oposición prestarle los votos. Han terminado pagando un costo político altísimo, tanto el gobierno como los legisladores de la oposición que acompañaron la iniciativa del gobierno, porque con esta marcha logramos visibilizar que lo que hicieron fue votar para meterle la mano en el bolsillo a los jubilados. De otra forma, esto hubiera pasado sin pena ni gloria, y con el silencio de gran parte del Consejo Directivo de la CGT. ¿Este nucleamiento gremial se piensa como un nuevo actor político, como un espacio que excede el debate puntual de estas reformas? Me parece que a partir del momento de la conformación de este espacio, lo que se ha generado es un espacio de pensamiento y de resistencia que va a ser tenido en cuenta y que va a ir agrandado su poder de influencia en la medida en que pase el tiempo y el gobierno continúe con este tipo de política. Mientras un sector de la CGT siga dialogando, y ese diálogo sólo sirva para que le quiten derechos a los trabajadores, y los trabajadores vean que hay otro espacio en el que puedan referenciarse, creo que vamos a ser un actor importante dentro de la confrontación y las problemáticas que se van a vivir en el país en los próximos años. No es sólo lo legislativo lo que tienen que mirar cuando discuten algo. También ese núcleo social que se ha conformado y que empieza a tener incidencia en la calle. ¿La marcha fue un mensaje para el gobierno pero también para la CGT? Fue un mensaje para ambos. Para el gobierno para que interprete que hay un modo de pensar distinto dentro del movimiento obrero y que se manifiesta en una expresión de rebeldía del poder orgánicamente establecido. Y para los compañeros de la CGT es decirles que nosotros no estamos dispuestos a la unidad a cualquier costa. La unidad tiene que ser con contenido y con una vocación de confrontar cuando se afecten intereses de los compañeros trabajadores y de los compañeros jubilados. Si la CGT no entiende ese camino, nosotros estamos en nuestro derecho de conformar este espacio con otras expresiones sindicales y otras expresiones sociales para confrontar con el gobierno. ¿Hoy ustedes no barajan una ruptura con la CGT, pero tampoco la descartan? No estamos dispuestos a aceptar cualquier cosa en la CGT, este es el tema central. No estamos dispuestos a aceptar cualquier cosa que una mesa chica de dirigentes decida acordar con el gobierno, más cuando se quitan derechos de los trabajadores y de los jubilados. Ese es el mensaje que tienen que interpretar. ¿Y cree que la CGT interpretó ese mensaje? Creo que ambos lo hicieron. Por un lado la oposición, que salió a frenar la reforma laboral. Y por otro la CGT, que no había abierto la boca y de golpe salió a decir que se opone a la reforma previsional. Bueno, si se oponen salgan a la calle y protesten, o hagan las medidas que tengan que hacer para que no prospere.

Fuente: Juan Manuel Bassus | Hamartia Fecha: 09 de DIC 2017 Hay quien cree que el paso de los años tiende a volver a la gente más conservadora y basta una mirada al currículum de muchos de los que peinan canas para comprobarlo. Pero también hay excepciones que rompen los estándares: el caso de Eduardo Salvador Barcesat es uno de ellos. Su historia de vida revela una línea de conducta que se mantuvo incólume con el pasar de los años. Como joven profesor de derecho, renunció a su cátedra ante el arribo de cada una de las dictaduras. Fue miembro fundador y primer Secretario General de la Asociación Americana de Juristas,  co-Presidente de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, integrante del Secretariado Internacional de la Asociación Internacional de Juristas Demócratas, experto UNESCO en Derechos Humanos y Convencional Nacional Constituyente en 1994. Hoy, a sus 77 años, aboga por una nueva reforma constitucional que rompa con el viejo texto que, a su entender, está hecho a medida de un país agroexportador y para pocos; y llama a ponerle límites desde el estado a la “mano invisible del mercado” porque siempre termina “posándose en el trasero del pueblo”. Usted participó de la reforma constitucional de 1994, ¿cómo fue esa experiencia? Efectivamente, participé integrando lo que por entonces era el Frente Grande. Cuestionamos judicialmente la reforma, fundamentalmente por dos aspectos. Uno, el de votar en paquete 13 iniciativas, denominado técnicamente núcleo de coincidencias básicas, que no era más que el Pacto de Olivos. Éste era producto de la desconfianza recíproca que se tenían los dos caudillos políticos de aquel entonces, Carlos Saúl Menem y Raúl Alfonsín. Me parecía una brutalidad, porque uno no puede apoyar ciertas iniciativas con las que está de acuerdo al precio de votar aquellas con las que desacuerda. Ellos temían que, de hacerlo de otra manera, no se respetase el acuerdo y el equilibrio —o el negocio, como le decían— se rompiese. Es más, llegamos a proponer en la convención constituyente que preservaran ellos el pacto y que los restantes convencionales que no éramos firmantes pudiésemos votar una por una las iniciativas. No se aceptó y eso motivó que nos levantásemos junto con varios partidos provinciales para abstenernos. De ahí que el núcleo de coincidencias básicas es la cláusula que logró menor número de votos. El otro tema de la impugnación, mucho más profundo, es sobre la lectura que se hizo del artículo 30 de la Constitución Nacional, que es el que regula el mecanismo de la reforma. Yo invito al lector a que lo examine y verá que dice que la competencia del Congreso es la de declarar la necesidad de la reforma, pero ésta será efectuada por una convención o asamblea constituyente convocada al efecto. Es decir que el Congreso no tiene más atribución que declarar la necesidad; es la asamblea constituyente la que decide si la reforma va a ser total o parcial y con qué contenidos. Esto responde al pensamiento de Alberdi, que entendía que la reforma constitucional debía ser una tarea por fuera de la coyuntura. Es decir, quienes están en los poderes constituidos tenían que dedicarse a sus propias funciones, mientras que el poder constituyente tenía que tener una amplitud y una visión diversa, tenía que regular para el futuro, para dar un cauce de crecimiento a la Nación. Esto ha sido tergiversado a lo largo de nuestra historia, ya que siempre el congreso se ha metido a definir los alcances y naturalezas de las reformas. El Pacto de Olivos fue, tal y como lo definieron sus actores, un negocio. Menem se llevó la reelección y los radicales, once senadores sin pasar por ninguna elección. Pero en el Congreso se habilitaron temas y esto dio lugar a lo mejor de la reforma constitucional del año 1994. Lo más fenomenal que tuvo la reforma es que se incorporaron algunos mecanismos de democracia participativa, la señera cláusula del artículo número 36 que condena al golpe de estado y la usurpación del poder político, y la incorporación de los principales tratados de DD.HH. con jerarquía constitucional. Es decir, que la ley suprema de nuestra nación hoy es el texto de la Constitución más el de los tratados internacionales de DD.HH. Es muy novedoso que se hayan habilitado incorporaciones constitucionales a través de la ratificación de tratados internacionales de DD.HH. La Constitución argentina se ha ido enriqueciendo con esos textos que fueron votados después de la reforma del año 94. En ese aspecto, es una de las constituciones más modernas. ¿Qué falló en aquella reforma? Un gran error fue el voto en paquete de las 13 iniciativas que conformaban el núcleo de coincidencias básicas para radicales y peronistas. Por otro lado, la intervención del Congreso más allá de sus atribuciones implicó que no se pudiese tocar la parte dogmática del texto constitucional. Fue atávico y cavernario declarar intocable la primera parte de la Constitución, que es el texto de 1853/60, que obviamente está hecho a la medida de un país agroexportador, rentístico y fiduciario que no tiene nada que ver con los requerimientos del siglo XXI. Pareciera que en este sentido hubiera una tara en las principales fuerzas políticas argentinas, porque también cuando Alfonsín, en el período 1985-87, intentó sin lograrlo la reforma constitucional, se declaraba intangible el primer capítulo de “declaraciones, derechos y garantías”. ¿Por qué le parece necesaria una nueva revisión del texto constitucional? Para enfrentar los desafíos del siglo XXI se hace necesaria una reforma constitucional totalizadora que arranque por la parte dogmática de la Constitución. Los retos fundamentales de una nueva Constitución son: La integración de Latinoamérica y el Caribe. Si esa integración no tiene inscripción constitucional, ocurre lo que está pasando ahora, que vienen gobiernos regresivos y tiran abajo la unidad poniéndose de furgón de cola de la potencia hegemónica dominante. Necesitamos unirnos con quienes tenemos una historia en común, también hay razones geográficas y geopolíticas. En comunidad con los pueblos y gobiernos progresistas de Latinoamérica, debemos enfrentar temas como la deuda

Fuente: Ricardo Ragendorfer | TiempoAr Fecha: 02 de DIC 2017 La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, demoró 36 horas en esgrimir una explicación sobre el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel, baleado por la Prefectura. Y sus palabras fueron en realidad una declaración de principios: el Poder Ejecutivo «no tiene que probar lo que hace una fuerza de seguridad». ¿Acaso fue un exabrupto? Todo indica que no. Porque semejante tesitura fue apuntalada por prestigiosas voces; entre estas, la de Mauricio Macri («Hay que volver a la época en que la voz de alto significaba entregarse»); la de Gabriela Michetti («El beneficio de la duda siempre lo tienen las fuerzas de seguridad»); la del ministro de Justicia, Germán Garavano («La violación de las leyes va a tener consecuencias») y la del diputado del PRO Waldo Wolff («Se debería tomar medidas contra el juez si no actúa»). A modo de remate, «La Piba» –tal como sus allegados aún llaman a esa señora de 62 años– hasta suscribió una resolución para que los uniformados «no obedezcan órdenes de los jueces si consideran que no son legales», lo que sin duda será un semillero de sangrientas desgracias. ¿Se podría suponer que esa fue una iniciativa de su propio cuño o una medida debidamente consensuada en las más altas esferas del poder? Alguna vez se sabrá en qué despacho oficial –y con qué funcionarios– fue ideada y pulida tal «doctrina» que legitima, entre otras peligrosidades, el pogrom contra los pueblos originarios. El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, otro alfil de tal política, expresó en un comunicado el disgusto gubernamental ante la realización de una mesa de diálogo con representantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu, ya que ello hizo que el juez federal de Bariloche, Gustavo Villanueva, frenara la represión. Lo cierto es que aquella circunstancia también causó un cisma entre él y la Bullrich, su –hasta entonces– socia en el asunto. Por tal motivo, en relación al crimen de Rafael, ella soltó: «Es el juez quien debería buscar pruebas, y ya está perdiendo bastantes días». Un encono injusto hacia el hombre que obedeció con suma docilidad los dictados segregacionistas del Poder Ejecutivo. De hecho, fue Villanueva quien llevó a juicio –para su extradición a Chile– al lonko Facundo Jonas Huala en base a testimonios obtenidos bajo tortura. Fue también Villanueva –quien tras la anulación de ese proceso– ordenó otra vez su detención una hora después de que el Presidente, de visita oficial en el país trasandino, recibiera un pedido al respecto de la mandataria anfitriona, Michelle Bachelet. Y su último servicio a la causa civilizatoria ocurrió el 23 de noviembre, cuando dispuso desalojar del lago Mascardi a 30 personas con una task force compuesta por 400 efectivos de Gendarmería, Prefectura y Policía Federal. La faena fue bestial; entre los detenidos hubo niños de uno a cuatro años cuyas muñecas fueron precintadas. Algunos pobladores lograron huir al monte. Entre ellos estaba Rafael. Ahora es casi un chiste que ese sujeto deba esclarecer su muerte. Ya se sabe que en el sur el vínculo entre los magistrados y el gobierno tiene tales dobleces. Y el juez Guido Otranto es un ejemplo de ello. Ese sujeto fue el garante de la impunidad en la causa Maldonado. Pero su exagerado empeño tiñó de impudicia el sano ejercicio de la «posverdad» judicial. Y fue apartado por un simple tecnicismo: «temor de imparcialidad». Así llegó la hora del juez Gustavo Lleral, quien descomprimió esa penumbra. ¿Había que cambiar algo para que nada cambie? Así al parecer lo había interpretado el presidente de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, Javier Leal de Ibarra. Aquel hombre –nada menos que el vicario patagónico de Ricardo Lorenzetti– fue el bastonero de dicho enroque. Y ahora la pesquisa bailotea en un limbo procesal. La investigación por la muerte de Rafael va hacia el mismo camino. El juez, basándose en «rumores surgidos en las redes sociales», acaba de aplazar la inspección en el lugar de la muerte. Y por falta de materiales no se tomaron muestras para determinar la presencia de pólvora en manos de los prefectos. El doctor Villanueva no tardó en aprender la lección.