Nacionales

Fuente: Ricardo Ragendorfer | TiempoAr Fecha: 02 de DIC 2017 La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, demoró 36 horas en esgrimir una explicación sobre el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel, baleado por la Prefectura. Y sus palabras fueron en realidad una declaración de principios: el Poder Ejecutivo «no tiene que probar lo que hace una fuerza de seguridad». ¿Acaso fue un exabrupto? Todo indica que no. Porque semejante tesitura fue apuntalada por prestigiosas voces; entre estas, la de Mauricio Macri («Hay que volver a la época en que la voz de alto significaba entregarse»); la de Gabriela Michetti («El beneficio de la duda siempre lo tienen las fuerzas de seguridad»); la del ministro de Justicia, Germán Garavano («La violación de las leyes va a tener consecuencias») y la del diputado del PRO Waldo Wolff («Se debería tomar medidas contra el juez si no actúa»). A modo de remate, «La Piba» –tal como sus allegados aún llaman a esa señora de 62 años– hasta suscribió una resolución para que los uniformados «no obedezcan órdenes de los jueces si consideran que no son legales», lo que sin duda será un semillero de sangrientas desgracias. ¿Se podría suponer que esa fue una iniciativa de su propio cuño o una medida debidamente consensuada en las más altas esferas del poder? Alguna vez se sabrá en qué despacho oficial –y con qué funcionarios– fue ideada y pulida tal «doctrina» que legitima, entre otras peligrosidades, el pogrom contra los pueblos originarios. El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, otro alfil de tal política, expresó en un comunicado el disgusto gubernamental ante la realización de una mesa de diálogo con representantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu, ya que ello hizo que el juez federal de Bariloche, Gustavo Villanueva, frenara la represión. Lo cierto es que aquella circunstancia también causó un cisma entre él y la Bullrich, su –hasta entonces– socia en el asunto. Por tal motivo, en relación al crimen de Rafael, ella soltó: «Es el juez quien debería buscar pruebas, y ya está perdiendo bastantes días». Un encono injusto hacia el hombre que obedeció con suma docilidad los dictados segregacionistas del Poder Ejecutivo. De hecho, fue Villanueva quien llevó a juicio –para su extradición a Chile– al lonko Facundo Jonas Huala en base a testimonios obtenidos bajo tortura. Fue también Villanueva –quien tras la anulación de ese proceso– ordenó otra vez su detención una hora después de que el Presidente, de visita oficial en el país trasandino, recibiera un pedido al respecto de la mandataria anfitriona, Michelle Bachelet. Y su último servicio a la causa civilizatoria ocurrió el 23 de noviembre, cuando dispuso desalojar del lago Mascardi a 30 personas con una task force compuesta por 400 efectivos de Gendarmería, Prefectura y Policía Federal. La faena fue bestial; entre los detenidos hubo niños de uno a cuatro años cuyas muñecas fueron precintadas. Algunos pobladores lograron huir al monte. Entre ellos estaba Rafael. Ahora es casi un chiste que ese sujeto deba esclarecer su muerte. Ya se sabe que en el sur el vínculo entre los magistrados y el gobierno tiene tales dobleces. Y el juez Guido Otranto es un ejemplo de ello. Ese sujeto fue el garante de la impunidad en la causa Maldonado. Pero su exagerado empeño tiñó de impudicia el sano ejercicio de la «posverdad» judicial. Y fue apartado por un simple tecnicismo: «temor de imparcialidad». Así llegó la hora del juez Gustavo Lleral, quien descomprimió esa penumbra. ¿Había que cambiar algo para que nada cambie? Así al parecer lo había interpretado el presidente de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, Javier Leal de Ibarra. Aquel hombre –nada menos que el vicario patagónico de Ricardo Lorenzetti– fue el bastonero de dicho enroque. Y ahora la pesquisa bailotea en un limbo procesal. La investigación por la muerte de Rafael va hacia el mismo camino. El juez, basándose en «rumores surgidos en las redes sociales», acaba de aplazar la inspección en el lugar de la muerte. Y por falta de materiales no se tomaron muestras para determinar la presencia de pólvora en manos de los prefectos. El doctor Villanueva no tardó en aprender la lección.

Fuente: Raúl Kollmann | Página 12 Fecha: 03 DIC 2017 Todo indica que el comité de Cambiemos con sede en los tribunales de Comodoro Py prepara una estruendosa fiesta de fin de año de procesamientos. Todos apuntados directa o indirectamente sólo al gobierno anterior y en especial a Cristina Fernández de Kirchner. En los próximos días o semanas vendrán los procesamientos por el Memorándum de Entendimiento con Irán, por la muerte del fiscal Alberto Nisman, por la causa Hotesur y por enriquecimiento ilícito contra Amado Boudou. Y seguirán las presiones para que la ex mandataria sea citada lo más posible a Tribunales. La tragedia del ARA San Juan postergó alguno de los fallos. Es público y notorio que los magistrados juegan las cartas del impacto político de sus fallos, pero eso se hizo difícil en tiempos en que el país vive la conmoción por la pérdida del submarino y sus tripulantes. No obstante, la espera tiene límites y, desde esta semana, preparan la andanada contra la anterior administración. Nisman I Hay un fallo inminente –se menciona este lunes o martes– y es el del procesamiento de Cristina Fernández de Kirchner, Héctor Timerman y un conglomerado de dirigentes políticos por el Memorándum. Entre los imputados están Oscar Parrilli, Juan Martín Mena, Carlos Zanini, Andrés Larroque, Luis D’Elía, Fernando Esteche, el referente chiita en la Argentina Jorge Khalil y un supuesto espía, Alan Bogado, ahora sospechosamente cercano al gobierno de Cambiemos. Los trascendidos indican que hay un texto de 400 páginas listo para la firma y que Claudio Bonadio lo está corrigiendo. Es indudable que habrá procesamientos pero hay que ver en qué condiciones y por qué delitos. En Comodoro Py afirman que el juez dirá, en principio, que se trató de un encubrimiento porque supuestamente el texto del Memorándum favorecía a los iraníes. Sin embargo, dado que el escrito considera que los dos atentados fueron “actos de guerra”, la firma del tratado implicó, según esa teoría, una traición a la patria. Lo llamativo es que ni el fiscal Alberto Nisman ni el juez que investiga los atentados, Rodolfo Canicoba Corral, consideraron nunca las bombas en la AMIA y la Embajada de Israel como actos de guerra ni le pidieron al Congreso o al Ejecutivo que los evalúe de esa manera. Por supuesto nunca hubo ninguna declaración de guerra contra Irán, que es lo que formalmente hubiera sido necesario para que exista la traición a la patria. Los hechos muestran que no hubo ningún efecto real del acuerdo con Irán, ya que ni se levantaron las alertas rojas, ni hubo cambio de petróleo por granos, ni se armó ninguna pista alternativa a la que apuntó contra Irán. El ex secretario general de Interpol, el norteamericano Ronald Noble, fue categórico al afirmar que el gobierno argentino no hizo ninguna gestión para levantar las alertas rojas. A esto hay que agregar que el tratado fue votado por Diputados y Senadores. Por otra parte, la evidencia es que el Memorándum no fue favorable a Irán, algo que se demuestra con el hecho de que Irán no quiso convalidarlo. No lo hizo ni su parlamento, ni el gobierno de Teherán. Eso quedó patentizado en que nunca se hizo la entrega de las llamadas cartas reversales, es decir de aceptación. Una de las novedades del fallo sería que no va a precisar en qué se iba a beneficiar el gobierno de CFK con el acuerdo pero hablará de que se buscó “normalizar las relaciones”. La jugada apunta a no descalificar a Nisman en la cuestión de petróleo por granos –intercambio que nunca ocurrió– y para eso citará una vieja historia de las derechas norteamericanas e israelí, difundida inicialmente a través de la revista brasileña Veja. Según ese relato, funcionarios vinculados a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) proveyeron a Irán de material nuclear y a cambio hubo transferencias de fuertes sumas de dinero. Todo se habría hecho con la intermediación de Venezuela, para lo que se cuenta con supuestas declaraciones de custodios no identificados de Hugo Chávez y de ex ministros, tampoco identificados, todos ahora en Miami. En el paquete de esta historieta entrarían incluso los 700.000 dólares que se le encontraron, cuando intentó entrar al país, al venezolano-norteamericano Guido Alejandro Antonini Wilson, amparado por Estados Unidos. El supuesto espía Bogado –ahora con la camiseta de Cambiemos– habría hecho su aporte. Expertos consultados por este diario coincidieron en que es imposible mover ningún material nuclear, menos todavía a Irán, sin la detección de las grandes potencias, empezando por Estados Unidos, pero también Rusia, China y en esa zona, Israel o Arabia Saudita. Aún así, el fallo le daría entidad a la versión mencionándola en el texto. Nisman II Esta semana vencerían los plazos para que el juez Julián Ercolini resuelva en la causa en la que se investiga la muerte de Alberto Nisman. El magistrado indagó al informático Diego Lagomarsino, a quien imputó como cómplice de homicidio tras la pericia de Gendarmería que sostuvo que a Nisman lo mataron. El técnico reiteró en su declaración lo mismo que viene diciendo desde el primer día: que le prestó el arma al fiscal porque éste le mintió diciéndole que necesitaba la pistola para defender a sus hijas. Ercolini terminó de indagar el 22 de noviembre a los custodios de Nisman, quienes también ratificaron su versión inicial. En especial interesaba el custodio más antiguo del fiscal, Rubén Benítez, quien también repitió que Nisman le pidió un arma y que le formuló el mismo argumento que a Lagomarsino: que necesitaba el arma para defender a sus hijas. Tanto Benítez como Lagomarsino declararon que no sabían que las hijas seguían en Europa con la madre, la jueza Sandra Arroyo Salgado. La novedad es que el abogado Pablo Lanusse presentó un escrito de doce páginas en el que dice que la muerte de Nisman no se puede investigar al margen de la denuncia que el fiscal presentó contra Kirchner por el Memorándum. Lanusse, sin aportar un solo dato concreto, esboza un

Fuente: Juan Alonso | Nuestras Voces Fecha: 29 de NOV 2017 En su brutal ataque de Lago Mascardi, del que cada vez se van conociendo más detalles, los prefectos torturaron a la machi, autoridad espiritual mapuche. La mujer se había negado a arrodillarse y la arrojaron brutalmente al piso obligándola a “comer tierra” mientras la insultaban. Los dos detenidos al bajar del cerro con el cuerpo de Rafael Nahuel, testigos de la masacre, fueron acusados de instigar la represión sin siquiera una ronda identificatoria. Recién ayer fueron indagados por el juez: denuniciaron torturas en su lugar de detención e iniciaron una huelga de hambre. La comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu vive una ola de terror que incluye la presencia de fuerzas federales y la presión del Poder Ejecutivo para que el juez Gustavo Villanueva ordene el desalojo inmediato y el fin de la mesa de diálogo entre el obispo de Bariloche, organizaciones sociales, organismos de derechos humanos, diputados nacionales, concejales, el defensor del pueblo de Bariloche y las comunidades mapuches de la región, que resisten el allanamiento y reclaman su territorio ancestral. “¿Te gusta la tierra? ¡Comé tierra!”, le dijeron los prefectos a la Machi (autoridad espiritual mapuche) porque se negaba a arrodillarse. La escena propia de 1878 en plena llamada Campaña del Desierto fue vista el sábado por niños y niñas de la comunidad mapuche. Eso no fue lo peor: los menores también vieron el cadáver de Rafael Nahuel durante varios minutos en una camilla improvisada por sus amigos. Y como las fuerzas del orden no habían quedado del todo satisfechas en su apetito de crueldad, en otra escena propia de Josef Mengele en los campos de exterminio del nazismo, los prefectos y policías de Mauricio Macri y Patricia Bullrich esposaron a los testigos mapuches Fausto Jones Huala y Alejandro González, que están detenidos hace cuatro días en Bariloche, y recién ayer fueron indagados por el juez. ¿Qué delito les imputan? Nada menos que haber instigado -increíble pero real-, la represión del Grupo Albatros de la Prefectura que terminó con el asesinato de Nahuel de un balazo que ingresó por su glúteo y terminó perforando su pulmón. El joven corría de espaldas y el proyectil ingresó por el glúteo en su torrente sanguíneo hasta provocarle la muerte al llegar al pulmón. Nahuel no tenía ningún arma ni rastros de pólvora en sus manos. La requisa demostró que en el lugar del territorio mapuche recuperado había sólo piedras y hondas. Es decir: aquello fue una auténtica cacería criminal. Nahuel quería aprender el oficio de carpintero y abrazaba la causa mapuche, porque provenía de un hogar humilde en los márgenes de los márgenes de la ciudad de Bariloche. Ni los policías de Macri ni el Poder Judicial de Río Negro encontraron una sola pistola en poder de los mapuches. Lo que sí sobraban eran vainas 9mm. provenientes de los disparos de la Prefectura Naval Argentina. Una de ellas fue llevada en la mano por Fausto. La encontró en el cerro. Los que dispararon eran los otros. Con este panorama de terror, los detenidos Jones Huala y González comenzaron una huelga de hambre para reclamar su inmediata libertad. González orinaba sangre por los golpes recibidos en las últimas 72 horas. Jones Huala tiene lesiones de postas de goma en todo su cuerpo. La madre de Fausto, María Isabel Huala, dijo que logró verlo y que su estado era estable, aunque estaba lastimado. Fausto ya había sido baleado por la Policía de Chubut y la Gendarmería en la brutal represión del 10 de enero en la Pu Lof en Resistencia de Cushamen. Aquella vez, su primo, Emilio, salvó la vida de milagro. Le dispararon a quemarropa en la mandíbula con postas de goma. El que apuntó con la escopeta quiso desangrarlo con un tiro en el cuello pero Emilio sobrevivió para testimoniar. Las personas solidarias de El Bolsón que acompañaron el reclamo mapuche continúan acusados de graves delitos. Y eso pese a que le detallaron al juez federal Guido Otranto todo tipo de penurias propias de la dictadura: simulacros de fusilamiento, torturas físicas y psicológicas. Los policías denunciados fueron ascendidos y trasladados a mejores destinos por las autoridades de Chubut. Se trató de la antesala de la represión de Gendarmería del 1 de agosto, momento en que desapareció Santiago Maldonado. Su cuerpo fue hallado 78 días después flotando a 7 metros de la costa dentro de la Lof en el río Chubut tras 7 rastrillajes y la intervención de dos jueces federales y del Ministerio de Seguridad en el expediente. Incluso presenciado las audiencias, con Gonzalo Cané incorporando “deposiciones administrativas” de gendarmes que se contradijeron en una profusión de pistas falsas jamás vista en la criminología salvo en épocas infaustas. Al igual que con el caso Maldonado, la estrategia del discurso oficial ahora fue la creación de un chivo expiatorio para fundamentar el exterminio con represión, balas e impunidad. El ministro de Justicia, Germán Garavano, continuó con la hipótesis de que la Patagonia es una especie de Bolivia antes del asesino de Ernesto Che Guevara en octubre de 1967. Algo tan inverosímil que fue desmentido de cuajo por el obispo de Bariloche, Juan José Chaparro. “Las autoridades del Estado deben favorecen la apertura de canales de diálogo con las comunidades mapuches para que asesinatos como el de Rafael Nahuel no se repitan y no comencemos a sumar muertos”. Además, Chaparro negó la posibilidad de que los miembros de la comunidad Lafken Winkul Mapu tuvieran vínculos con la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). “Me parece que están armando un enemigo”, señaló. “No siempre que se ocupe un lugar significa que quienes lo hacen sean grupos la RAM u otros”, insistió y recordó que en su diócesis “hay organizaciones y comunidades mapuches que han estado trabajando para conseguir sus tierras de una manera legal”. Mencionó a varias comunidades, sólo en Bariloche hay 12, y al Parlamento Mapuche, que cuenta con sus representantes en la ciudad. Tan desopilante resulta la represión que desata la administración macrista

Fuente: Laura Manfredi | Nuestras Voces Fecha: 19 de NOV 2017 Jorge Brito, presidente del Banco Macro hasta este viernes, se apartó de la entidad luego de que Alejandro Vandenbroele, testigo protegido de la causa Ciccone, lo vinculara al negocio de la imprenta. Pero Brito no es sólo un banquero. Es dueño de las tierras más valiosas de la Ciudad de Buenos Aires, Tigre y Salta. Tiene negocios con Urtubey, Massa y Macri. Además, fue financista de la campaña de Cambiemos y en marzo de este año Macri compró con fondos de Anses la deuda de su empresa energética, Ganneia, con la que ganó licitaciones para proyectos de energía eólica del Plan RenovAr. Este viernes, bajo el Programa de Protección de Testigos y frente al juez federal Ariel Lijo, Alejandro Vandenbroele declaró, en el marco de la causa Ciccone, que el director del Banco Macro, Jorge Brito, era uno de los encargados de buscar financistas para la adquisición de la imprenta. El arrepentido también denunció que Brito le abonaba una mensualidad y honorarios de abogados para comprar su silencio. Luego de que las acusaciones salieran a la luz, el banquero debió apartarse de su puesto como director y presidente de la entidad bancaria. Lo hizo a través de una carta que fue publicada por la Comisión Nacional de Valores. Allí, Brito solicitó un “tratamiento urgente” de su pedido y aseguró que la licencia será hasta que termine su mandato. Además, sostuvo que su decisión se fundó en querer “preservar a la Entidad de todos los ataques y acusaciones de las que estoy siendo objeto en el orden personal”. Sin embargo, el banco no logró salvarse. El sector financiero se hizo eco de las denuncias y las acciones del Banco Macro se desplomaron: cuando comenzó a resonar el nombre de Brito entre los implicados las acciones habían caído un 14 por ciento tanto en Wall Street como en el Merval. De esta manera, el dueño del Banco Macro quedó vinculado a la sociedad The Old Fund, investigada por la compra de Ciccone Calcográfico. El nombre de Brito había aparecido también meses atrás, cuando el ex vicepresidente, Amado Boudou declaró que el dueño oculto de Ciccone era Raúl Moneta financiado por el banquero Brito. El negocio de la tierra Pero Brito no es sólo un banquero. “El amigo del alma del Presidente, Nicolás Caputo, el banquero Jorge Brito y el constructor generoso Eduardo Ramón Gutiérrez son dueños de la mayoría de las tierras más valiosas de Ciudad de Buenos Aires, la zona norte desde Pilar a Tigre y casi toda la provincia de Salta. Son socios o jefes de los dirigentes políticos según el caso y forman un triángulo inversor con Mauricio Macri, Sergio Massa y Juan Manuel Urtubey que los convierte en un verdadero Cartel del Real State”, publicaba Gabriela Cerruti un año atrás en este mismo portal. En aquel artículo, la periodista y diputada electa, explicó que el banquero “conformó la sociedad Vizora Desarrollos S.A. para llevar adelante emprendimientos inmobiliarios en Puerto Madero, Tigre y Salta”. Lo hizo de la mano de la familia Macri, de Eduardo Gutiérrez (reconocido por haberle donado doscientos mil pesos a Michetti y prestado su casa a José López) y de funcionarios del gobierno de Juan Manuel Urtubey. Vizora Desarrollos fue creada, entre otras cosas, para la construcción de las Torres Mulieris en Puerto Madero: “Ese emprendimiento quedó luego en manos solo de Creaurban, de los hermanos Macri”, mientras que Gutiérrez continuó con Vizora desarrollando otros emprendimientos en Tigre, Puerto Madero y Salta. Brito es, además, amigo personal de Juan Manuel Urtubey y su hija, Milagros, es la presidenta de Vizora. Según publicó Gabriela Cerruti en Nuestras Voces fue Milagros quien le presentó al gobernador a su actual novia, Isabel Macedo. “En la fiesta por los diez años de la creación de Vizora la flamante pareja político farandulesca se presentó en sociedad. “Estoy feliz de ver a mi amiga tan enamorada”, dijo Milagros. “Esta es una excelente manera de celebrar el aniversario de esta maravillosa empresa”, dijo el gobernador. Sin embargo, Cerruti aclara que la relación con Salta se extiende a otras áreas: “El titular del Ente de Regulación de Juegos de Azar de la provincia, Sergio Mendoza, es el auditor de Inversora Juramento y Natalia Godoy, hija del presidente de la cámara de diputados salteña Santiago Godoy, es la Directora de la empresa”. Inversora Juramento es una empresa agropecuaria creada en 1990 por Jorge Brito que posee ochenta mil hectáreas en Salta, la mayor parte en los departamentos de Anta y Rivadavia, donde también tienen tierras vecinas Mauricio Macri, Nicolás Caputo, José Torello y la empresa IRSA. “Las acciones de Inversora Juramento fueron junto a las de Migor de Nicolás Caputo y las de Cresud, de Elztain, las que más subieron en los últimos meses. En el caso de Juramento, está vinculado con lo que la empresa misma cuenta en su prospecto de venta al exterior: los nuevo tratados del Pacífico le permitirían exportar directamente a través de Chile y eso subiría enormemente sus negocios. Tal vez sea una de las razones por las que Macri, Caputo e Irsa están también invirtiendo en la misma zona en que Brito y los funcionarios de Urtubey lo están haciendo”. Otro de los motivos que hizo que Brito se interesara en la zona son las tierras ganadas para la soja y las enormes reservas de litio, un recurso natural cada vez más valuado. Brito, junto con Inversora Juramento y Farallon, a través de su participación en Virazón, es dueño además de buena parte de los barrios cerrados y countries de la zona norte de la provincia de Buenos Aires: “Una zona donde también han adquirido propiedades los amigos del cardenal Newman José Torello, Nicolás Caputo y Mauricio Macri”. La plata de la Energía   Además del sector de tierras y construcción, Jorge Brito está vinculado a los negocios energéticos que ya son habituales dentro del círculo presidencial. Ganneia, controlada desde una guarida fiscal y con el banquero como accionista, recibió 20 millones de

Fuente: Karina Micheletto | Página 12 Fecha: 18 de NOV 2017 “Previsible. Me comunicaron que me han DESPEDIDO de C5N. Emocionadamente GRACIAS a todos dentro y fuera del canal, que me regalaron un año y medio de felicidad profesional. ¡Viva la libertad de expresión!”. Así contó ayer por la tarde Víctor Hugo Morales que había sido echado del canal en el que lideró el rating con su programa El diario, superando casi diariamente a su competidor directo, TN, en la franja horaria de 18 a 21. Tuvo que hacer el anuncio por Twitter, ya que el canal no le permitió hacer un último programa de despedida. El holding mediático al que pertenece C5N era propiedad de Cristóbal López y Fabián de Souza y fue adquirido el mes pasado por OP Investments, un fondo de inversiones radicado en Estados Unidos. A cargo del nuevo managment está Ignacio Jorge Rosner, un financista que compartió estudios con Mauricio Macri en el Colegio Cardenal Newman, que entre 1985 y 1995 fue Manager de Sideco Americana –empresa propiedad de la familia Macri–, y que luego trabajó por más de dos décadas en el Grupo Clarín: fue director de la empresa de telefonía móvil CTI, director del grupo y director del diario cordobés La Voz del Interior, sucesivamente. Ahora, su nombre fue el único que le mencionaron a Morales al anunciarle su despido, por considerar su presencia “irreconciliable con la nueva línea del canal”. Además de Morales, echaron su productor Julián Capasso, quien durante la entrega de los Martín Fierro había protagonizado un cruce con Alfredo y Diego Leuco. Su caso fue diferente: su despido fue anunciado por un comunicado a los medios, obviando el anuncio al propio despedido. “Me llamó un administrativo, a quien yo conocía del grupo anterior, porque fue el que un año y medio atrás vino a mi casa para contratarme, con una relación de dependencia”, contó el periodista a PáginaI12. “Me citó en Radio 10, y la reunión no duró más de diez minutos. Me dijo que la nueva empresa entendía que mi presencia era irreconciliable con lo que ellos quieren hacer con el canal, y que por lo tanto habían decidido despedirme. Pedí hacer el último programa, prometiéndoles que, salvo la inevitable mención a lo que ya venía diciendo con respecto a la falta de libertad de expresión, me iba a manejar en términos correctos. Me dijeron que en todo caso podía grabar una despedida, lo cual me resultó inaceptable. Me fui sabiendo que mi paso por C5N fue muy fuerte profesionalmente, tan agradecido a la gente y a mis compañeros de trabajo. Con el paso de las horas he quedado conmovido por una catarata de saludos y solidaridades que me mantiene en pie y que, la verdad, me desbordan”, expresó. El jueves pasado el periodista tampoco había estado al aire, por el paro que cumplieron los trabajadores de gremio de televisión, en reclamo de aumento salarial. En el caso de C5N, a esto se suma un estado de asamblea permanente ante la fala de pago de salarios y pago en cuotas que venían sufriendo sus trabajadores. Situación que hace a Morales analizar de manera un tanto particular su situación, a horas de su despido: “Creo que en el vientre de esta pésima noticia para mí, está la posibilidad de dar un poco de alivio a la situación de enorme preocupación que viene teniendo toda la gente del canal. Con esta decisión, han puesto en blanco sobre negro que hay una nueva empresa. Me resulta aliviador pensar que de este modo el resto de los trabajadores podrá recibir sus sueldos en tiempo y forma, ahora que los nuevos propietarios se están haciendo cargo, y de este modo: asumiendo una decisión de este peso político, porque esto excede lo periodístico”, analiza el periodista, que seguirá al frente de las mañanas en AM 750, radio parte del Grupo Octubre, al igual que PáginaI12. Morales ubica su despido en un marco general alarmante que atraviesa el gremio de prensa todo en la Argentina, y por eso prefiere presentarse como “el 3501”, dado que se calcula que unos 3500 trabajadores de prensa han perdido sus fuentes de trabajo en los últimos años. “Hay una especie de eclipse de la república muy doloroso, un avance sobre la libertad de expresión que solo pueden negar los necios o los serviles. La democracia ha entrado en una opacidad y eso es muy dramático. Mi caso puede ser resonante, como lo fue el de Roberto Navarro (despedido de C5N y Radio 10 poco antes de la salida del Grupo Indalo). Pero hay otros 3500 periodistas que antes podían trabajar, y ahora no. Hay 3500 voces menos en la Argentina. Y hay un intento de disciplinamiento, una persecución atroz. Lo peor es que no va a parar acá”, asegura. –¿A qué se refiere?  –A la concentración brutal de voces en los medios hegemónicos, a las pautas escandalosas que estos mismos medios obtienen, al tiempo que los que no se alinean con el poder son atosigados con la falta de pauta, incluso incumpliendo la ley. Mi conclusión es que esta empresa me echó buscando una especie de salvataje, la posibilidad de una continuidad para esos cuatrocientos trabajadores que quedan. –Lo que está describiendo tiene sentido lógico, pero es el fin del periodismo… –Es el fin de muchas cosas. Porque esto no puede salir del contexto que se da en el mismo día en que (Héctor) Magnetto finalmente consiguió echar al camarista que había dicho que lo de Papel Prensa fue un delito de lesa humanidad. En el contexto de Milagro Sala presa, con su tremenda y dolorosa carta de hace unos días. En medio del desapego total a los códigos procesales, después de lo que ha ocurrido con Amado Boudou, con Julio De Vido, de la cacería desatada contra Cristina Kirchner y su familia… es muy brutal todo, y sí, es el final de muchas cosas. –Clarín y La Nación resaltaron casi celebratoriamente el despido de Julián Capasso, “el