Nacionales

Fuente: Pagina 12 Fecha: 06 de FEB 2018 En una llamativa decisión, el juez federal Sergio Torres citó ayer a indagatoria al diputado de Unidad Ciudadana Leopoldo Moreau, en el marco de una denuncia presentada por el diputado macrista Waldo Wolff, quien lo acusó de incumplimiento de los deberes de funcionario público y de violar la ley antidiscriminatoria porque lo relacionó con la Mossad, los servicios secretos israelíes. “Es todo una gran mentira. La discusión no es en torno a la religión, es sobre el rol que está jugando la derecha israelí en el proceso inventado en torno a la causa Nisman”, le dijo Moreau a Página 12. El diputado se enteró por los medios de la citación, a la que ya debieron cambiarle la fecha, porque se había convocado para el 1º de marzo, día en que los legisladores deben asistir a la apertura de sesiones del Congreso. “El 8/11/17 L. Moreau me extranjerizó diciendo que soy agente israelí por mi condición de judío como se hizo en los peores momentos de la historia. Dije que no lo iba a permitir. Hoy fue llamado a indagatoria por la ley antidiscriminatoria”, celebró ayer Wolff, que además fue vicepresidente de la DAIA, por Twitter. La denuncia se produjo luego de la participación de Moreau en un programa de televisión. En su momento, Moreau respondió a la presentación de Wolff con una carta documento. “Honre a los judíos y deje de invocarlos para justificar su personal alineamiento con la derecha argentina, encarnada hoy por el PRO, con la derecha norteamericana y con la ultra derecha israelí. No hace falta inferir ese agravio a su propia colectividad para darle un sentido épico, que no tiene, a sus intereses y filosofía política”, escribió el diputado de UC. Moreau afirmó que el legislador de Cambiemos “pisotea” la Constitución “con reiteradas mentiras, inventos de supuestas conspiraciones y en el impulso de causas judiciales que parecieran servir a intereses geopolíticos ajenos a nuestra realidad nacional y continental”, y resaltó que “tan grave y canallesco como el negacionismo con respecto al Holocausto es utilizar esa tragedia que vivió la humanidad en defensa propia para justificar determinados intereses políticos y jurídicos”. Moreau se remitió en su descargo a un informe del Llamamiento Argentino Judío, en abril de 2017, en el que se afirma que Wolff participó en conferencias de ciberseguridad y armamentos en la ciudad de Tel Aviv y describe los vínculos del diputado con el ministro de Defensa de Israel, Avigdor Lieberman. “Sobre su relación con el Mossad, Ud. sabrá mejor que nadie qué características tiene”, afirmó. Por otro lado, el titular del Llamamiento Argentino Judío, Jorge Elbaum,  consideró que en su denuncia Wolff “asocia la agencia de inteligencia israelí a la identidad judía, confundiendo a la opinión pública acerca del significado real de la judeofobia: se puede pertenecer al Mossad sin ser judío. El antisemitismo –que Wolff intenta constituir como su escudo político– no puede ni debe ser utilizado como subterfugio para defenderse, ni para agraviar”. Añadió que “dicha utilización, de paso, le ha permitido licuar su íntima relación con los servicios de inteligencia israelíes con los que trabajó siendo vicepresidente de la DAIA. De hecho, el cargo asumido por Wolff el 19 de noviembre de 2012 en la entidad de Pasteur 633 supone la responsabilidad prioritaria de coordinar oficialmente con la seguridad de la embajada de Israel en la Argentina. Esos vínculos son los que le permitieron llegar hasta las más altas esferas del PRO, para garantizarse un sitial en comisión bicameral de fiscalización de órganos y actividades de seguridad interior”. El ex fiscal Manuel Garrido, que durante su labor en la Justicia presentó numerosas denuncias contra el gobierno kirchnerista, afirmó sobre la causa contra Moreau: “Otro mamarracho judicial. Un delito inventado y la persecución por opiniones políticas de un diputado nacional que ya han sido respondidas en la Cámara y en los medios”. Nota relacionadas Interna en el Gobierno: Elisa Carrió cargó contra el ministro de Justicia por la causa del encubrimiento de la AMIA Caso AMIA: Germán Garavano abrió un frente con la UCR y otro con Elisa Carrió  

Fuente: Jorge Elbaum | elcohetealaluna.com Fecha: 28 de ENE 2018 El demorado arribo de las inversiones pronosticadas por el gobierno de Cambiemos, la reticencia de Estados Unidos y Europa occidental a ampliar la adquisición de productos argentinos y el consecuente fracaso de la catalogada “apertura inteligente al mundo”, han llevado a Macri a visitar a su par ruso, Vladimir Putin. El periplo iniciado en Moscú se desarrolló mientras en el ARA San Juan continúa siendo buscado por naves de cuatro países, entre las cuales se encuentran navíos del Reino Unido de Gran Bretaña. Según el agregado adjunto de defensa de la Embajada de la Federación Rusa en Argentina, el coronel Vyasheslav Safranov, la coordinación unificada de la exploración incluye la participación cotidiana, cooperante y unificada de cuatro comandancias navales: la argentina, la rusa, la estadounidense y la británica. Las reales o fantasiosas sospechas acerca de que el submarino argentino pudiese haber sido hundido por error o disposición voluntaria por parte de integrantes de la flota de la OTAN, ubicado en la zona de influencia de Malvinas, no parece guardar coherencia con la participación activa, en la búsqueda, de uno de los potenciales sospechados. Y menos aún con la participación en la coordinación unificada de la búsqueda. El viaje de Macri a Moscú permitió además relevar algunos detalles del intercambio sucedido el 21 de enero de 2018, cuando el premier ruso propuso, por primera vez, la colaboración en las tareas de rastrillaje marino. En aquella ocasión, se entabló un dialogo de veinte minutos en el que Putin ofreció la tecnología rusa de búsqueda. El presidente argentino tardó casi diez horas en aceptar. Las diversas conjeturas sobre la lentitud en consentir la asistencia rusa se relacionan con las consultas realizadas con la Armada argentina y sus colegas de EEUU y el Reino Unido, curiosos copartícipes iniciales de la exploración. La demora fue interpretada, literalmente, como una forma de subordinación del gobierno de Macri a las sugerencias digitadas en última instancia por la OTAN. La ulterior aceptación de la colaboración rusa requirió de un maquillaje de la insondable Doctrina Carrió, cuyos capítulos fueron transmitidos por cables diplomáticos desde Buenos Aires a Moscú, mediante los diplomáticos rusos acreditados. En 2015 la diputada chaqueña, integrante de la Primera y de la Segunda Alianza, aseveró que “este gobierno es igual al del pacto Roca-Ruciman, que era un gobierno que necesitaba dinero y se entrega a Gran Bretaña. El de Cristina Kirchner lo hace con Putin, que dice que la Argentina es su socio estratégico. Ahí vemos de qué manera se posiciona geopolíticamente”. Fue la misma legisladora quien catalogó años atrás a Vladimir Putin como “un desalmado que fue jefe de la Gestapo”, sin que ninguno de sus sesudos asesores le advirtiera que el primer mandatario ruso fue víctima directa de la maquinaria nazi, al perder un hermano de apenas dos años de vida en 1942, durante el sitio de Leningrado. Viktor Vladimirovitch Putin nació en 1940 y falleció producto del hambre y el frío en 1942, ante el asedio de las tropas de la Wehrmacht. La denominada por los rusos Gran Guerra Patria supuso la muerte de treinta millones de soviéticos, de los cuales sólo catorce fueron militares o milicianos activos. El resto fueron civiles. Entre ellos dos millones de niños menores de diez años. La mitad de todos los asesinados y muertos durante la Segunda Guerra fueron soviéticos. En ese marco trágico, Macri y Awada visitaron la tumba del soldado desconocido, sin guardar la ubicuidad que exigía la visita. Ambos sonrieron despreocupados frente a lo que en Rusia es uno de los centros más sagrados y conmovedores de la memoria social y la risa desubicada se constituyó en el disparador para postear feroces críticas. En Vkontakte (cuya traducción es En Contacto, algo similar al Facebook con cien millones de cuentas), las sátiras y las maldiciones tuvieron el mismo nivel de viralización y desprecio. La Doctrina Carrió, además, postula(ba) el vínculo político y comercial prioritario con los Estados Unidos e Israel, al tiempo que cuestionaba (y proponía congelar) todos los mecanismos de integración regional con el resto de América Latina, como la CELAC, la UNASUR y el MERCOSUR. Gran parte de esa agenda imprecisa continúa con su impulso confuso: el encuentro de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y caribeños sin la presencia de Canadá y EEUU) con China, que se llevó a cabo en Santiago de Chile durante la gira macrista, fue obviado por la cancillería argentina. El modelo de la integración inteligente al mundo —título rimbombante con el que se pretende describir las relaciones exteriores del actual periodo macrista—suma la discontinuidad de los acuerdos estratégicos con China y Rusia, por ser considerados ajenos a los modelos occidentales y republicanos. La descomposición parcial del paradigma diplomático eurocéntrico-norteamericano, basado únicamente en los prejuicios raciales e ideológicos, empezó a recibir los crudos embates de la realidad: la guerra al biodiesel argentino por parte de la comunidad económica europea y las pequeñas cuotas de cítricos para el mercado estadounidense son algunos de los límites que se impusieron. La presentación de credenciales del nuevo embajador argentino ante Washington, Fernando Oris de Roa, el último 24 de enero, confirmó el lugar que Argentina tiene para Donald Trump: “Lemons, lemons, lemons” fue la humorada con la que Trump recibió al nuevo enviado diplomático. El macrismo parece empezar a asumir —tardía, desordenadamente y a regañadientes— que la multipolaridad internacional promovida por el kirchnerismo no era tan extraviada y que la inserción inteligente en el mundo promovida por Cambiemos no era tan perspicaz ni lúcida. Con contradictorios manotazos de ahogado se empieza a filtrar la realidad de un mundo multipolar donde China y Rusia tienen un rol relevante, no asociado a coordenadas ideológicas sino geopolíticas. Pero —como era de esperar— la ineptitud y la impericia no parecen evaporarse del todo: según el primer mandatario, la conversación mantenida con Putin incluyó, por decisión de Macri, la temática de Venezuela, nación que mantiene convenios con Moscú por 20.000 millones de dólares en áreas estratégicas, sobre

Fuente: Ricardo Ragendorfer | Revista Zoom Fecha: 23 de ENE 2018  Fue un verdadero brote conmemorativo de la llamada “lucha antisubversiva”: el Ejército –con el auspicio del Ministerio de Defensa– acaba de homenajear a militares muertos por la guerrilla, en un acto encabezado por su comandante, Diego Suñer, mientras el Museo de la Casa Rosada inauguraba una muestra de objetos personales del dictador Pedro Eugenio Aramburu, como si éste fuera la versión autóctona del general Charles de Gaulle. Y a manera de remate, una frase dicha por el jefe de los diputados del PRO, Nicolás Massot, durante una entrevista publicada en el diario Clarín: “Con los años 70 hay que hacer como en Sudáfrica y llamar a la reconciliación”. ¿Acaso esa fue una idea soltada al voleo o el anticipo de algún proyecto parlamentario para impulsar tal cuestión? Claro que la “teoría de los dos demonios” está en los genes filosóficos del macrismo. Eso explica por sí sólo el negacionismo gubernamental sobre el número de víctimas, la escandalosa ley del 2×1, la indiferencia del Ministerio de Justicia por los juicios, el festival de arrestos domiciliario a represores y la desfinanciación de actividades y programas de Derechos Humanos articulados por el gobierno anterior. Pero al corpus doctrinario del oficialismo se le suma su colosal empeño por instalar el carácter únicamente castrense del genocidio, soslayando así a sus hacedores de saco y corbata. No es novedoso que la fortuna de la familia presidencial fuera forjada al calor de la última dictadura con fabulosos contratos de obra pública. Ni que la actual política económica sea idéntica a la aplicada por José Alfredo Martínez de Hoz. Y menos aún que varios funcionarios y asesores del gobierno del PRO también lo fueron en el régimen que usurpó el poder entre 1976 y 1983. De ahí proviene –junto con profundas convicciones ideológicas– el atávico reparo del oficialismo por la revisión política y judicial de ese período; especialmente en lo que hace al componente civil del terrorismo de Estado. De allí que el modelo sudafricano de “reconciliación” suene como una agradable melodía. Perdón a la africana Las primeras elecciones multirraciales en Sudáfrica habían marcado el final de 46 años de apartheid, tal como se bautizó el sistema de segregación imperante  entre 1948 y 1994. Con el 62% de los votos, el Congreso Nacional Africano (ANC, en su sigla inglesa) resultó elegido y designó a Nelson Mandela como presidente. Su gran desafío se concentró en unificar el país sobre la base de una democracia parlamentaria sin desigualdades étnicas. En tal contexto, la Comisión por la Verdad y la Reconciliación fue la herramienta concebida para reparar los efectos de las violaciones a los derechos humanos cometidas hasta entonces por el régimen racista. Su etapa más represiva se desató a partir de 1960. El 21 de marzo de ese año la policía abrió fuego contra una manifestación antigubernamental en el poblado de Sharpeville, situada en la provincia de Transvaal. El saldo fue de 69 muertos y 180 heridos. Desde ese momento la población negra fue objeto de una cacería en todo el país para acabar con la estructura ya clandestina del ANC. Su cosecha: 12 mil presos a disposición de tribunales especiales. Otro hito sangriento fue la masacre de Soweto. Ubicada en las afueras de Johannesburgo, se trataba del área urbana con población negra más grande del país. El 16 de junio de 1976 hubo allí una multitudinaria manifestación de estudiantes y profesores. La policía envió 1600 policías. Sus balas en aquella ocasión sumaron más de 700 muertos y un millar de heridos. Ese mismo día el gobierno declaró el estado de emergencia, una medida de excepción que se prolongó durante 13 años. En ese lapso alrededor de otros 750 jóvenes fueron asesinados y unas 10 mil personas pasaron a engrosar las cárceles sudafricanas sin proceso y bajo torturas permanentes. Aquellas fueron las heridas que Mandela decidió “cicatrizar” a través de su Comisión por la Verdad y la Reconciliación. Presidida por el obispo anglicano de Ciudad del Cabo, Desmond Tutu (Premio Nobel de la Paz en 1984), la Comisión estructuró su funcionamiento en los principios de la denominada justicia “reparadora” o “compasiva”, cuya dinámica hace foco en la necesidad de los sobrevivientes en relatar su calvario y confrontar tal experiencia con el testimonio de sus victimarios. Esa dinámica excluye el castigo penal a estos últimos. El lema acuñado al respecto por Tutu fue: “Sin perdón no hay futuro, pero sin confesión no hay perdón”. Es notable a simple vista que entre el proceso represivo sudafricano y el que hubo en Argentina no hay demasiados puntos en común; ambos casos son incomparables tanto por la clase de conflicto como por su duración y también por los actores que intervinieron en su desarrollo. Por lo tanto es muy difícil que sus modelos de digestión político-judicial puedan ser similares. De hecho, el esquema argentino es reconocido internacionalmente como el paradigma más desarrollado en materia de juzgamiento a perpetradores de delitos de lesa humanidad, en tanto que dichos procesos permiten explorar los secretos del terrorismo de Estado y así conocer mejor lo que pasó. En cambio, el modelo sudafricano ofrece el camino opuesto: impunidad por información, y con la creencia de que tal trueque propiciaría una instancia reconciliatoria. Esa, por cierto, es la propuesta del diputado Massot. Grupo de familia Aquel hombre de 34 años es uno de los pocos cuadros genuinos del macrismo. La solidez de su retórica está a años luz del discurso de los CEO’s amaestrados por Jaime Durán Barba, sin mencionar los casos clínicos de Esteban Bullrich o Gabriela Michetti. Eso explica que sea justamente Massot –y no, por caso, Claudio Avruj– el instalador de este asunto. Y –tal como supo expresarlo en Clarín– con una motivación etaria, al decir que él, perteneciendo a una generación que ni siquiera vivió aquella época, deba dispensarle “el tiempo que le tendría que dedicar a los combates de la actualidad, que son la inflación, la pobreza y la informalidad laboral”. Tal vez al pronunciar aquellas

Fuente: Jorge Elbaum | elcohetealaluna.com Fecha: 14 de enero 2018 Mientras permanecen como ignoradas las causas de la desaparición del ARA San Juan y el destino de sus 44 tripulantes, el canciller argentino, Jorge Faurie, manifestó recientemente que “las relaciones bilaterales (con el Reino Unido) comenzaron a cambiar (…) el 10 de diciembre del 2015, con una nueva orientación que busca enriquecer el nivel de relacionamiento”. La permanente omisión de la cuestión de Malvinas ha sido una constante del gobierno de Cambiemos. Es harto probable que Mauricio Macri no sea recordado como un presidente comprometido con causas patrióticas, pero su nombre perdurará, sin dudas, en los anales del Foreign & Commonwealth Office —el ministerio de relaciones exteriores británico—, como uno de sus más conspicuos facilitadores y aliados del primer cuarto del siglo XXI. El 17 de septiembre de 2017, Horacio Verbitsky difundió en Página 12 algunos pormenores de la visita a nuestro país del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y de los acuerdos alcanzados con el gobierno de Cambiemos. Entre los integrantes de la comitiva de empresas que acompañaron al líder del Likud, partido de la derecha gobernante, figuraba el NSO Group, fundado en 2010 por mayor general Avigdor (Janusz) Ben-Gal, quien fuera anteriormente presidente de la empresa estatal Industrias Aeronáuticas de Israel, mandataria de la corporación Rafael Advanced Defense Systems. NSO Group es una de las tantas start-ups generadas a partir de una decisión militar de desarrollo enfocada al área del software estratégico, con base en la célebre Unidad 8200: una entidad de las fuerzas armadas israelíes fundada en 1952, dedicada a la ciberseguridad y ubicada en las cercanías de la ciudad de Beersheva, en el desierto del Neguev. Caballo de Troya En enero de 2015, la Corte Suprema de Panamá anunció el resultado de una investigación sobre espionaje en la que se acusó al ex presidente panameño Ricardo Martinelli de monitorear mediante el malware Pegasus —malware es un programa o código malicioso concebido para dañar un sistema, como los virus y troyanos— a más de cien políticos, periodistas, embajadores y empresarios. A raíz de esa denuncia, el ex presidente fue detenido el 12 de junio de 2017 en Miami y permanece en esa condición, a la espera de una extradición reclamada por la justicia panameña. Dos de los hijos de Martinelli, Ricardo y Luis Enrique, tienen pedido de captura internacional por el caso Odebrecht. A ambos se los acusa, además, de lavado de dinero producto de sobornos y de la utilización del mismo software de vigilancia, Pegasus. El 19 de junio de 2017 el New York Times (NYT) reveló que el gobierno mexicano y diferentes empresas privadas de ese país desarrollaron acciones de espionaje mediante Pegasus contra periodistas, políticos de la oposición, integrantes de organizaciones no gubernamentales y miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que evaluaban la desaparición de los 43 estudiantes de magisterio de Ayotzinapa. La administración de Peña Nieto había adquirido el software espía a través de la Procuración de la Nación, por un monto de 32 millones de dólares, el 29 de octubre de 2014. Según los datos revelados por el NYT, entre los vigilados se encontraban también diversos periodistas, entre ellas una de las más renombradas de ese país, Carmen Aristegui, y varios activistas relacionados con el fomento de impuestos sobre las gaseosas azucaradas, que sufrían la franca oposición de la empresa Coca-Cola. La fuente principal del artículo periodístico del NYT fue el dossier difundido por el Citizen Lab de la Universidad de Toronto, uno de los centros más rigurosos en el monitoreo de las políticas contra la privacidad. Su trabajo se titula “Espionaje gubernamental: monitoreo sistemático de periodistas y defensores de derechos humanos en México”. Uno de los “productos” de NSO Group es la aplicación de intrusión y vigilancia de celulares, computadoras y bancos de datos que empezó a ser comercializado internacionalmente en 2011, permitiendo la gestión remota de la información recopilada. NSO Group vendió un setenta por ciento de su paquete accionario en 2014, por un monto de 140 millones de dólares, a un fondo de inversión denominado Francisco Partners, que al momento de la adquisición aceptó los requerimientos de las políticas de seguridad israelíes, que exigen la continuidad operativa de la gestión de este tipo de empresas (y de la ubicación de sus servidores) en la misma ciudad donde se originó, es decir, en Hertzlía Pituaj, veinte kilómetros al norte de Tel Aviv. La presentación corporativa de NSO Group anuncia, desde sus orígenes, que comercializa su software únicamente a agencias gubernamentales dispuestas a enfrentar el crimen organizado y al terrorismo. ¿El lema de la empresa? “Hacer del mundo un lugar más seguro”. Uno de los accionistas de Francisco Partners es el fondo de inversión Elliot Management, uno de los denominados “fondos buitre”. Elliot esta administrado por Paul Singer, que en 2016 logró, gracias al gobierno de Cambiemos, la cobranza de los bonos “basura”, reclamados infructuosamente durante el kirchnerismo. El aporte de Cambiemos a dichos “fondos buitres” incluyó intereses usurarios y cuantiosas comisiones por un monto cercano s los 12.000 millones de dólares. Elliot Management y Francisco Partners adquirieron —gracias a las ganancias exorbitantes concedidas por Macri— el porcentaje mayoritario de la trasnacional de computación DELL y de la empresa dedicada a “combatir” virus informáticos, conocida como Symantec, logrando de esta manera la ubicación en los dos extremos de la vigilancia de internet: la producción de malwares y el software elaborado para combatirlo, como es el caso de Symantec. Francisco Partners posee oficinas en Londres, donde participa —gracias al aporte de uno de sus programas estrella, Pegasus—, de la red de compañías cooperantes del GCHQ, Government Communications Headquarters, la agencia gubernamental británica de inteligencia, dedicada a la ciberseguridad y la ciberdefensa. El sable del cielo El 29 de octubre de 2015, los gobiernos del Reino Unido y de Israel informaron conjuntamente una alianza estratégica orientada a la ciberseguridad. El acuerdo incluye la cooperación para la compilación y examen de información geoestratégica, el relevamiento de contingencias, el análisis de big data (orientado a descubrir patrones ocultos)

Fuente: Raúl Kollman | Página 12 Fecha: 14 de ENE 2018 “Vamos camino a una amnistía, tarde o temprano. Aquí no hay nada jurídico. No es una cuestión de derecho ni de justicia. Es una cuestión de poder. A este sector de la justicia no le interesa el derecho como no le interesaba al juez Botet. Hemos iniciado un largo camino hacia una amnistía, que es como siempre terminan las persecuciones políticas.” El doctor Raúl Eugenio Zaffaroni, ex integrante de la Corte Suprema, realizó este durísimo diagnóstico sobre el proceso judicial de la causa por el Memorándum de Entendimiento con Irán. Hoy se cumplen tres años de aquel 14 de enero de 2015 cuando Alberto Nisman presentó la denuncia contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el ex canciller Héctor Timerman y otros dirigentes. La referencia es al juez Luis Botet, que en 1956 armó el proceso contra Juan Domingo Perón por traición a la patria y asociación ilícita. Este es el diálogo de Página|12 con Zaffaroni. –La realidad es que hoy hay personas presas por el Memorándum: Carlos Zannini, Luis D’Elía, Fernando Esteche, Jorge Khalil y también Cristina Kirchner, si no tuviera fueros y Héctor Timerman, si no estuviera enfermo. ¿Es razonable que estén personas privadas de su libertad por el delito de encubrimiento agravado, una vez que descartaron la traición a la patria? –Antes de cualquier valoración jurídica, debo advertir que no tiene ninguna importancia práctica inmediata. Todo lo que digamos desde el derecho, para un sector de la justicia carece de sentido, porque lo que se juega es simplemente poder. Para ese sector ya no interesa el derecho, como no le interesaba al juez Botet en los años cincuenta. Esto es un simple problema de poder, que trasciende a la Argentina. Nos metimos en problemas en los noventa, problemas que eran totalmente ajenos a nosotros y que nos costaron dos crímenes terroristas y muchos muertos. Luego, la administración demócrata de los Estados Unidos comenzó a negociar con Irán para resolver un riesgo nuclear. Benjamin Netanyahu pasó por encima de Barak Obama y habló en el Congreso norteamericano contra esa negociación y mencionó el caso del atentado en la Argentina. No he hablado con Timerman de esto, pero seguramente la sugerencia de que se hiciera algo para mover la causa paralizada vino de la gente de Obama, y ahora los republicanos y otros intereses, todos ajenos a nosotros, están moviendo estos procesos contra los funcionarios nuestros que promovieron el memorándum para destrabar la causa. Aquí no hay nada jurídico, el derecho no tiene nada que ver, es poder puro, lucha de poder e intereses, demasiado poderosos y extraños a nosotros. En eso, como en otros procesos por supuestas corrupciones a lo Botet, hay un sector de la justicia que se presta a la revancha política pura y simple. Hemos iniciado un largo camino hacia una amnistía, que es como siempre terminan las persecuciones políticas. A la larga terminan así, nos cuesta a los contribuyentes pagar reparaciones por los daños causados y, además, si algún corrupto en serio hay entre los perseguidos, lamentablemente se beneficia también con la amnistía que, por mandato constitucional, siempre debe ser “general”. En esto no valen razones jurídicas, si las mencionamos será por su importancia futura, cuando este momento pase, los que hoy callan se rasguen las vestiduras jurando que no se daban cuenta de lo que sucedía, que no sabían nada, y haya que ajustar cuentas con los responsables de las aberraciones y reparar los daños personales y sociales que hayan cometido. Pero ahora, cualquier razón jurídica es inútil, no habrá instancia judicial nacional que la escuche y a las internacionales les niegan valor. Estamos viviendo la crisis más grande del Estado de derecho de los últimos treinta y cuatro años. En cuanto a la “razonabilidad” de su pregunta, no, jurídicamente no es razonable, porque al descartar la traición a la Nación se está inventando un supuesto de hecho diferente, ya no son los mismos hechos, porque la traición era “prestar ayuda y socorro al enemigo” y ahora se imputa tratar de beneficiar a prófugos. Son dos hechos diferentes pero, como le decía, esto es jurídico y carece de importancia para el poder arbitrario, nadie lo va a recoger ahora, es sólo para tenerlo en cuenta en el futuro, cuando termine y se revierta este cuadro de franca persecución política. –Se ha instalado últimamente el criterio de que todo ex funcionario tiene capacidad para obstaculizar las investigaciones ya que, supuestamente, cuenta con “relaciones residuales”. –Primero, las investigaciones se refieren a hechos pasados hace años y cuya prueba hoy es casi exclusivamente documental, escrita, bastando con secuestrar la documentación. En segundo lugar esas relaciones residuales son presumidas, pero no están probadas. En tercer lugar, esto sería muy peligroso para los funcionarios en actividad, que se supone que tienen relaciones plenas y activas. En cuarto lugar, la prisión preventiva debería ser excepcional y nunca la regla basada en presunciones que no admiten prueba en contrario. En quinto lugar, si ese es el pretexto, no veo la razón, fuera de revanchismo y venganza, para detenciones escandalosas que restablecen la picota, ni para tenerlos en cárceles de máxima seguridad, con visitas y comunicación restringidas al máximo, y menos aún, para intentar mantener a un enfermo con prisión domiciliaria e impidiéndole o dificultando su tratamiento. Esto no es otra cosa que el juez Botet redivivo. –La Cámara Federal ha dicho que el Memorándum es perfectamente judiciable porque el tratado no versaba sobre materias propias del Poder Ejecutivo, sino sobre una cuestión judicial como era las indagatorias de los sospechosos iraníes. Por lo tanto, sostienen que no sólo es judiciable sino que constituye el delito de encubrimiento porque, según los camaristas, favoreció a los imputados.  –No me cabe duda acerca de que las relaciones internacionales pueden abarcar cuestiones de judicialidad, sin duda, salvo que los jueces se declaren independientes del Estado, lo que no me extrañaría después de “Fontevecchia”, claro. Imaginemos que hubiese una guerra y para