Nacionales

Fuente: Ailín Bullentini | Página 12 Fecha: 25 de MAR 2018 “Considerar que Carlos Zannini y Luis D’Elía deben estar presos es violentar el principio de igualdad ante la ley”, concluyó la fiscal general Gabriela Baigún. En diálogo con PáginaI12, la representante del Ministerio Público Fiscal ante el Tribunal Oral Federal número 8, que dirigirá el juicio oral por el delito de encubrimiento del atentado a la AMIA a través de la promoción del memorándum de entendimiento con Irán, explicó los argumentos de su dictamen, que propició la libertad del dirigente social y del ex secretario de Legal y Técnica, detenidos hasta ayer en Ezeiza. “Aplicar mal la prisión preventiva es violar la ley”, remata. –¿Cuáles son los elementos fundamentales de su dictamen?  –El primero es que el proceso se vive en libertad salvo excepciones que hagan indispensables medidas de coerción como la detención. Por otro lado está la garantía de inocencia que plantea que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario en una sentencia condenatoria. Pero además existen normas procesales que regulan estrictamente la excarcelación y que determinan que todo aquel que está imputado por un delito reprimido con una pena que no sea superior a los 8 años de prisión puede ser beneficiado con la excarcelación. En este caso, y esto es lo más importante para que la gente no se confunda, el delito con el que quedó elevada a juicio de todos los imputados de la causa que investigó el memorándum de entendimiento con Irán, es el delito de encubrimiento, previsto con una pena de 1 a 6 años de prisión. El delito por el que originalmente estas personas fueron indagadas, el de traición a la patria penado con entre 10 y 25 años de cárcel, fue descartado por la Cámara. Entonces, esa pena ya no es más la que afrontan. Si afrontan una pena inferior a los 8 años de prisión, pueden salir. –¿Qué sucede con el peligro de fuga o de interferencia en la investigación, razones por las que se les ha dictado la prisión preventiva a Zannini y a D’Elía? –Yo concluí que no hay razones para presumir que estando en libertad los imputados pueden eludir la acción de la justicia, es decir fugarse, o entorpecer la investigación, frustrarla. En el caso de Zannini, porque su calidad de ex funcionario no le da un poder residual parecido al poder que tenía cuando era funcionario. No puede entrar más a la Casa Rosada, ni a la Secretaría Legal y Técnica, ni acceder a documentación ni a funcionarios. También demostró arraigo, un trabajo y una residencia en Santa Cruz y familia en Argentina. Cuando fue citado a declarar no había intentado fugarse. En el caso de D’Elía, consideré que estuvo a derecho siempre. Y eso que yo fui la fiscal que lo acusó por el copamiento de una comisaría de La Boca, solicité pena de 4 años y 8 meses de cárcel. Cuando alegué no pedí su detención ya que sabía que debía quedar la sentencia firme para eso. Lo condenaron a 4, pero la sentencia fue recurrida. Cuando quede firme seré la primera en pedir su detención. Más allá de estos argumentos, hice una reflexión posterior: si en la actualidad, como pasa, los acusados que afrontan el juicio por el encubrimiento del mayor atentado en la historia argentina que por cierto aún sigue impune, pasaron todo el proceso penal en su contra y ahora el juicio en libertad, estoy hablando del ex presidente Carlos Menem, varios ex funcionarios de su gobierno y compañía, considerar que Zannini y D’Elía deben estar presos es violentar el principio de igualdad ante la ley. –No hay razón para un trato diferenciado ante la ley. ¿Qué consecuencias acarrea violar el principio de igualdad?  –Yo no pienso violar el principio de igualdad ante la ley. No voy a opinar sobre lo que hicieron los demás funcionarios judiciales. Actúo como actué durante toda mi carrera judicial como fiscal, de acuerdo a la Constitución y las leyes. Si los demás violan la ley, actúan en una misma situación de diferente forma frente a personas de diferentes partidos políticos, raza o religión el problema está en los otros. Hoy pueden ser partidarios del gobierno de turno pero, ¿y si mañana les toca juzgar a integrantes de ese gobierno? Por supuesto que no corresponde actuar de esa forma y entonces esa es la diferencia entre un funcionario independiente y uno que no lo es. Aquel que es independiente actúa y se pronuncia ante una situación igual de la misma manera sin importar a quién tenga enfrente como acusado. Sería terrorífico que sea de otra forma, de ahí la necesidad de jueces y fiscales independientes y de que el Estado los garantice. Aseguro que el día que se confirme la pena de D’Elía en la causa por el copamiento de la comisaría pediré su detención como vengo pidiendo hace años la del ex titular del PAMI Víctor Alderete, cuya pena de 3 años y 6 meses de prisión está firme pero se resisten a efectuarla. Fui desde 1995 hasta 2007 fiscal de juicio de San Isidro y renuncié por tener diferencias sustanciales con la forma en la que venía trabajando el fiscal general de San Isidro, Julio Novo, que terminó luego en juicio político. Durante los siguientes tres años y a pesar de haber ganado los concursos para la fiscalía general en Capital, no me nombraban así que me quedé sin trabajo por no querer trabajar con alguien que era deshonesto. –¿Cuáles son las consecuencias de aplicar mal las prisiones preventivas? –Aplicar mal la prisión preventiva es violar la ley. La ley es clara y establece condiciones precisas. –Se ha descalificado su dictamen bajo la “acusación” de que usted integra Justicia Legítima. ¿Lo entiende como una presión? –Parto por asegurar algo: no pertenezco a Justicia Legítima ni nunca lo hice, pero conozco a gente que sí lo ha hecho. Partir del prejuicio de que un funcionario judicial, por pertenecer a Justicia Legítima,

Fuente: Jorge Elbaum | lilianalopezforesi.com.ar Fecha: 25 de MAR 2018 La DAIA comunicó el día de ayer que solicitará la investigación de los antecedentes de los jueces y la fiscal que ordenaron la libertad de Carlos Zannini y Luis D´Elía. La razón fundamental de la persecución instrumentada por la derecha de la colectividad judía tiene dos componentes centrales: por un lado, la defensa de intereses empresariales concentrados que —al igual que Clarín o los CEOs corporativos— requieren de la desaparición de todo modelo político (por ejemplo, el kirchnerismo) que desafíe privilegios. El segundo aspecto es el alineamiento desvergonzado con las políticas colonialistas y belicistas de la derecha israelí. Representada por el Likud y asociada a los republicanos estadunidenses. Esta adhesión busca, además, invisibilizar todo vestigio del judaísmo humanistas y popular asociado –en la historia de nuestro país—a las luchas sociales, el cooperativismo, el mutualismo, el anarquismo, el sindicalismo, la izquierda nacional, el nacionalismo popular y la memoria de 1800 desaparecidos argentinos-judíos, comprometidos por una Patria para Todxs. La DAIA soslaya (como era de esperar) la evidencia sobre el origen argentino-judío de la Fiscal Federal Gabriela Baigún y de la Jueza Federal del Tribunal Oral Federal Número 8, Sabrina Namer. Las posiciones de ambas ponen en evidencia la pluralidad de visiones y perspectivas al interior de quienes descendemos de esa colectividad. Transparenta además la incapacidad que posee la DAIA para extorsionar (identitariamente) a esos mismos integrantes, que desprecian crecientemente los turbios manejos elaborados en conjunto por Cambiemos, la DAIA y la AMIA. La DAIA ha demostrado que no duda en negar cualquier principio de veracidad con tal de malversar la identidad hebrea al servicio de intereses geopolíticos y corporativos funcionales con los sectores más concentrados de la economía argentina. La DAIA ha intentado constituirse en la única forma de ser judeo-argentino, engañando a la sociedad argentino acerca de su verdadera representatividad: no expresan a más que un 20 por ciento del colectivo judeo-argentino existente en nuestro país. Han montado una gran falacia tergiversadora que aprovechó la indiferencia de gran parte de la colectividad para apropiarse de la etiqueta “judía”, dada su inscripción en otras pertenencias identitarias. La DAIA fue parte, institucionalmente, del encubrimiento del atentado de 1994 al ser parte de una asociación ilícita destinada a acusar a policías de la provincia de Buenos Aires como partícipes de la masacre dl 18 de julio. Por ese motivo varios inocentes permanecieron años encarcelados. Beraja, Corach, Menem, Anzorreguy, Jorge “Fino” Palacios, Mullen y Barbaccia, han sido cómplices para tergiversar la causa y han impedido que la sociedad argentina sepa qué es lo que realmente pasó. La DAIA vuelve a participar de un segundo encubrimiento al intentar negar la obvia participación de Beraja en esa maniobra que requirió de 400.000 dólares de fondos reservados de la SIDE, entregados a Telleldín para que finja responsabilidades. La DAIA fue el artífice prioritario a través del cual se viabilizó la reapertura de la denuncia de Nisman, luego que ésta fuese desestimada por seis jueces. También fue el ariete con el que se pretendió establecer un Jury de enjuiciamiento a Daniel Rafecas. Los dos ejes de la acusación del fiscal fallecido se centraban en (a) la supuesta intención de “dar de baja” las alertas rojas, y (b) la existencia de negociaciones económicas justificatorios de dichas indulgencias. Ambas acusaciones fueron parte de una misma falacia destinada a contribuir al éxito electoral del macrismo.  La DAIA insiste en el entramado de camuflaje al sumarse a la denuncia fantasiosa de Natalio Alberto Nisman, cuya querella ha sido desestimada por el entonces titular de Interpol, Ronald Noble, quien afirma taxativamente que el fiscal fallecido mintió sobre la supresión de las alertas rojas. La DAIA suma un nuevo capítulo a su desfachatada búsqueda de impunidad al convertirse en cómplice del ministro Germán Garavano quien impidió que se desarrollen las acusaciones contra los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, tal cual lo ha denunciado –una semana atrás– el ex funcionario (de la eliminada secretaria de la Causa Amia) Mario Cimadevilla. El nombramiento por parte del ministro de justicia Garavano de Mariano Fridman —ex abogado de al DAIA y además adscripto durante casi una década al estudio de la Dra. Marta Nercellas, responsable de la defensa de Rubén Beraja— es un baldón más en la desvergonzada acción destinada a garantizar la impunidad. Los estatutos de la DAIA señalan que es una entidad cuyo objetivo central es la lucha contra la judeofobia y todo tipo de discriminación. Las tareas de persecución a exfuncionarios de gobiernos populares y militantes supone una tergiversación de sus propias motivaciones fundacionales. Los directivos de la DAIA Rubén Beraja, Alfredo Neuburger, Jorge Kirzsenbaum. Jorge Knoblovits, Claudio Avruj, Sergio Bergman y Waldo Wolff son los baluartes de una persecución (y una saña) claramente macartista, bajo un escudo artificiosamente identitario. La utilización de una historia social milenaria, el indecente blindaje tras un holocausto y/o el disfraz de legitimidad inscripto bajo los escombros de dos atentados sucedidos en nuestro país nunca podrán borrar la inmoralidad, el cinismo y la desvergüenza de haber usufructuado, comercial y políticamente, con el dolor y el sufrimiento de otr@s. La Memoria, la Verdad y la Justicia también serán pregonadas —frente a sus rostros— en las jornadas en las cuales tendrán que rendir cuentas frente a los tribunales, la sociedad y la historia de nuestra Patria.

Fuente: Néstor Espósito | TiempoAR Fecha: 24 de MAR 2018 La sensación general es de «desbande». El diccionario de la Real Academia Española define el término como «desparramarse, huir en desorden» pero también «apartarse de la compañía de otros». Desde hace algunas semanas, la aparentemente sólida relación que había construido el gobierno con el Poder Judicial pareció comenzar a crujir. La Corte Suprema (al menos dos de sus miembros tienen pavimentada una avenida de ida hacia la Casa de Gobierno) busca una nueva independencia. La expresión gestual de Ricardo Lorenzetti el día que Mauricio Macri abrió las sesiones del Congreso no era la misma que cuando el líder del PRO asumió como jefe del Estado. Desde el propio seno de los jueces surgieron propuestas para reformar la Justicia que sostienen, básicamente, que la responsabilidad por el mal funcionamiento es del poder político. Y, como respuesta símbolo, descartan modificar las ferias judiciales y extender los horarios de atención al público (dos reclamos del presidente) a menos que haya un aumento de salarios del 30% por esas dos horas adicionales. En medio de ese clima pesado, el extitular de la Unidad AMIA, el exsenador radical Mario Cimadevilla (quien abrazó fervorosamente la creación de Cambiemos) denunció penalmente a su jefe hasta hace poco, el ministro de Justicia Germán Garavano, por encubrimiento de dos ex fiscales sospechados, a su vez, de haber encubierto la denominada «pista siria» del atentado contra la AMIA. Lo que hizo Cimadevilla es similar a lo que denunció el fiscal Alberto Nisman contra el anterior gobierno cuatro días antes de morir. De la misma gravedad, aunque sin la tragedia posterior de la muerte.  Hay otra diferencia: por aquella denuncia de Nisman hay gente presa; pero la de Cimadevilla casi no existe en las páginas de los principales medios. El presidente Macri, quien empujó con una presión insoportable la renuncia de la exprocuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, porque era «militante del kirchnerismo», eligió para sucederla a Inés Weinberg de Roca, cuyo perfil y antecedentes la muestran afín al gobierno. En sintonía con estos tiempos, parece necesario recordar que como jueza del Tribunal Superior de Justicia de la Capital Federal, durante el gobierno local de Macri, firmó un fallo que avaló la facultad de la policía para pedir documentos a transeúntes en lugares públicos como forma de «prevenir delitos», aun cuando no mediare sospecha sobre el interceptado. Un tribunal de segunda instancia había determinado que «la policía no se encuentra autorizada a exigir la exhibición de documentación si no cuenta con un motivo válido para hacerlo». Weinberg hizo trizas ese criterio. «La policía tiene entre sus funciones la de prevenir delitos», dijo, e incluyó en esa figura a toda actividad de observación y seguridad destinada a impedir la comisión de actos punibles”. ¿Sostendrá Macri a Weinberg contra viento y marea? Por lo pronto, ya lo hizo para instalarla como jueza de la Corte porteña, pese a que uno de sus aliados, de la UCR y exprocurador del Tesoro, Ernesto Marcer, la cuestionó por «incompatibilidad en sus funciones», «omisiones» en relación con sus remuneraciones informadas cuando fue jueza en un tribunal en la ONU y  «sospechas con la designación en el poder de amigos y parientes». A ello se sumaron la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el exlegislador porteño por Proyecto Sur Rafael Gentilli. Macri fue paciente, y cuando tuvo asegurados los votos en la Legislatura consiguió que aprobaran el pliego. Weinberg también podría resultar funcional para otro debate que se viene: el aborto. Como camarista en lo Contencioso Administrativo y Tributario, firmó en 2012 un fallo en el que sostenía que no es necesaria la intervención de un juez para autorizar esa práctica cuando está permitida por excepción en el Código Penal.Defendiendo el artículo 86, sostuvo que la interrupción artificial del estado de gravidez «por un médico y con el consentimiento de la mujer encinta», no es punible «si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre». El presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Jorge Rizzo, sostiene que Weinberg no está en condiciones de ser procuradora y especula con que podría tratarse de un globo de ensayo para finalmente nombrar al fiscal ante la Cámara de Casación Raúl Plee, quien aparece hoy relegado en esa carrera. No es el único herido. Un allegado al fiscal federal Guillermo Marijuan, quien aspiraba también al cargo, contó que en un diálogo con el Presidente, Macri le habría dicho que su momento como procurador podía ser tal vez en un segundo mandato, a lo que Marijuan replicó que entendía que su momento era ahora porque en el futuro, «con las cosas que están pasando, no sé si van a querer que sea el procurador».

Fuente: Sergio Wischñevsky | Nuestras Voces Fecha: 11 de marzo 2018 Este 11 de marzo se cumplen 10 años del llamado conflicto del campo, luego de que Cristina Fernández de Kirchner modificara el esquema de retenciones del agro con la resolución 125. El país estuvo en vilo por cuatro intensos meses, y en ese tiempo se dibujaron y consolidaron las alianzas sociales, económicas y políticas que hoy gobiernan Argentina. CFK gobernaba hacía tres meses y había llegado a la presidencia con el 45,3 por ciento de los votos. Nada volvió a ser igual desde ese temprano enfrentamiento que marcó a fuego sus dos mandatos. Hace diez años, el flamante gobierno de Cristina Fernández de Kirchner anunció un nuevo esquema de retenciones móviles para la exportación de soja, trigo, maíz y girasol; con una tasa variable al compás de la evolución de los precios internacionales. Fue la famosa resolución 125 que dio el puntapié inicial a una revuelta de las patronales del campo. El país estuvo en vilo por cuatro intensos meses, y en el desarrollo de aquellos acontecimientos se dibujaron y consolidaron las alianzas sociales, económicas y políticas que hoy gobiernan la Argentina. En el transcurso del conflicto las posiciones fueron escalando radicalmente. Los medios de comunicación masivos, que hasta ese momento acompañaron –con reservas– la gestión kirchnerista se volcaron decididamente y sin tapujos a apoyar a los representantes del agro, y no dudaron en fomentar una salida de CFK del gobierno para reemplazarla por el vicepresidente Julio Cobos de procedencia radical. La oposición, fragmentada hasta entonces, se unificó en apoyo a los líderes de la revuelta nucleados en la llamada Mesa de Enlace, integrada por la Sociedad Rural Argentina (SRA), Coninagro, la Federación Agraria Argentina (FAA) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). Aquel 11 de marzo de 2008, Cristina Fernandez llevaba apenas tres meses como presidenta, luego de haber obtenido el 45,3 por ciento de los votos y lograr el triunfo en primera vuelta. Nada volvió a ser igual desde ese temprano enfrentamiento que marcó a fuego sus dos mandatos. El contexto Los precios internacionales de los alimentos venían en aumento en el mercado internacional y los productores agropecuarios trasladaban estas subas al mercado interno. El fenómeno más impresionante lo marca la exportación de soja. La producción pasó de 11.004.890 toneladas en 1997 a 47.482.784 en 2007, un 331 por ciento de crecimiento en la década.​ Para la cosecha de 2008, que iba a finalizar durante el mes de mayo, se esperaba otra cosecha extraordinaria, con récord de superficie plantada. Entre 1992 y 2002, el precio de la soja en la bolsa de Chicago, osciló en torno de los 200 dólares por tonelada, con un pico de 300 dólares en 1997 y una caída máxima en 2002, a 130 dólares por tonelada. A partir de entonces la soja no paró de aumentar por influencia de la demanda China. El 13 de junio de 2008, el precio de la soja alcanzó un nuevo récord, llegando a 573 dólares para el mes de agosto. Este boom sojero transformó profundamente el campo argentino: la tierra multiplicó su valor y un nuevo sujeto productivo, los pooles de siembra, monopolizaron la producción llevándola a gran escala y convirtiendo a los tradicionales propietarios en rentistas, pues le alquilaban sus tierras a estas megacorporaciones agropecuarias. El campo ya no era lo que imaginábamos. El poder adquisitivo de los trabajadores y los sectores populares se veía amenazado por estas subas de precios de los alimentos. La gran cuestión que quedó planteada era si dejar este fenómeno librado al libre mercado o si el Estado debía intervenir. Cuidar el mercado interno y redistribuir riqueza fue el argumento esbozado por el gobierno para emitir la resolución 125, con autoría del entonces ministro de economía Martín Lousteau. El grito unificado de la Mesa de Enlace propició un relato en el cual se consideraba expropiatorio el esquema de la resolución y ruinoso para los pequeños productores. La intervención de los medios de comunicación fue de una beligerancia asombrosa, fuera de los códigos que prevalecieron desde 1983. Con gran habilidad, el eje de los argumentos contra el gobierno se centró en la victimización del productor. Hubo un resurgimiento del tradicionalismo gauchesco. Aparecieron los ponchos y las boleadoras, los payadores y la tradición. Los pueblos del interior profundo tomaron protagonismo y hasta pareció aflorar un aire de federalismo antiporteño desde las entrañas más profundas del imaginario criollo. Pero la ciudad también se movilizó. Una amplia porción de la opinión pública, que no tiene más tierras que la que le cabe en las masetas de su balcón, se sintió convocada a la nueva patriada, empatizaron con la revuelta. Ante el país convulsionado, la presidenta habla por cadena nacional y polariza. Habla de los piquetes de la abundancia. Ese mismo día empiezan los cacerolazos en varias ciudades. El paro del agro y los cortes de ruta generaron desabastecimiento y aumentos de precios. El 25 de mayo una multitud se reunió frente al Monumento a la Bandera en Rosario “la bandera y la patria es el campo”. La rebelión popular del 2001 había tenido como protagonistas a los piquetes y las cacerolas. Ahora la escena se repetía, pero era muy claro que se trataba de otros sujetos sociales y de otro programa de reivindicaciones. Se hablaba del campo, así a secas, como si fuera un universo de sentido unívoco. Con gran precisión, hubo dos grandes ausencias en esa vidriera permanente que son los medios: aparecían poco los grandes propietarios, nunca aparecían los peones rurales. Luciano Miguen, presidente de la SRA se atrevió a pontificar: “Nosotros somos los que hicimos grande a esta nación”. Parafraseando a Scalabrini Ortiz, podríamos decir que aquel 2008 se vivió como el 17 de octubre de los propietarios, fue “el suelo de la patria sublevado”. La Mesa de Enlace y la enorme alianza que se formó a su alrededor logró ganar a la mayoría de la opinión pública. Un nuevo escenario social había surgido y las herramientas con las que contaba el gobierno se

Fuente: Jorge Elbaum | El Cohete a la Luna Fecha: 11 de MAR 2018 El primer ministro israelí, Biniamin Bibi Netanyahu aparece en los titulares de diversos medios de comunicación, en las últimas semanas, por la continuidad de la represión a los palestinos en Cisjordania y Gaza, las noticias sobre el traslado de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén y diversos hechos de corrupción vinculados con los medios de comunicación. Los tres casos por los que la policía de investigaciones ha decidido la apertura de un expediente judicial contra el primer ministro  se vinculan con sobornos, tráficos de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública. La instrucción se encuentra en manos del fiscal general, Avichai Mendelblit, quien deberá orientar las tres acusaciones divulgadas hasta el día de hoy, aunque se especula que puedan emerger varias más. La primera de ellas, titulada –según la jerga policial– como el Caso 1000, remite a la recepción de obsequios por parte del productor cinematográfico Arnon Milchan y del empresario James Packer, como contrapartida de la aprobación de una ley de blanqueo, orientada a reducir la carga impositiva para aquellos israelíes  radicados en el exterior que regresan a invertir en su país de origen. La instrucción del denominado Caso 2000 se fundamenta en transacciones con el propietario de Yedioth Ahronoth, uno de los principales diarios del país, con el objeto de beneficiar la imagen y el perfil periodístico de Netanyahu. Uno de los acuerdos alcanzados en relación con el nominado Caso 2000 habría sido el compromiso del primer ministro de realizar una gestión de buenos oficios con su amigo, el magnate Sheldon Adelson para que reduzca el tiraje de su diario gratuito Israel Hayom. La tercera de las acusaciones divulgadas, el Caso 4000, también remite al rubro comunicacional: se atribuye al primer ministro el haber intervenido para que el Shaúl Elovitch, mayor accionista del grupo Bezeq se viese favorecido por la pauta oficial, a cambio de brindar cobertura edulcorada y favorable a las medidas implementadas por el dirigente del Likud. El deterioro institucional y moral del sistema político-social israelí ha llevado, en los últimos años, a la reclusión durante cinco años de su expresidente, Ephraim Katzav, como resultado de las acusaciones de acoso sexual y de intento de violación a una de sus secretarias. A ese escándalo se le suma la condena firme de un ex primer ministro Ehud Olmert quien purga una sentencia de 19 meses por corrupción en el centro penitenciario de Maasiyahu de Ramla, a pocos kilómetros de Tel Aviv. La acusación a Netanyahu se inserta en un clima político que combina planes económicos neoliberales, represión sistemática a la población palestina y amenazas de expulsión de inmigrantes afrodescendientes provenientes de territorios en guerra civil como Túnez y Etiopía. El tembladeral político que supone la investigación abierta en torno al actual primer mandatario se entrelaza con la continuidad de una política de segregación étnica y una constante represión al interior de los territorios ocupados militarmente por Israel desde 1967. A esto se suman la sistemática sustracción de tierras y recursos hídricos pertenecientes a las poblaciones palestinas ubicadas en Cisjordania, la construcción de nuevos poblados por parte de colonos israelíes y la edificación de muros y murallas destinadas a aislar y proteger a las familias de los colonos. Esta realidad ha formateado una caótica topografía neo-feudal que segrega aldeas árabes y establece diversos pasos fronterizos y retenes de seguridad que complejizan los tránsitos y las interacciones de las familias palestinas. Los colonos, conformados mayoritariamente por religiosos fundamentalistas, se consideran a sí mismos como tributarios por derecho divino de esa tierra, y son habitualmente financiados por fondos provenientes de sectores de la derecha supremacista estadounidense, en sus diversas conformaciones de protestantes, evangélicos y/o judíos. La sociedad israelí, crecientemente derechizada, abreva en la construcción de una legitimidad bélica amparada en la recurrencia de informes noticiosos vinculados a la existencia de grupos fundamentalistas islámicos como Al Qaeda, el ISIS (DAESH) y la Yihad islámica egipcia, cuyas acciones son retransmitidas por los medios de comunicación como una advertencia de los peligros potenciales que supone la interacción con el mundo árabe y/o islámico. La creciente confrontación del mundo sunita y chiita y las reiteradas amenazas persas que auguran la desaparición del Estado de Israel aparecen también como dispositivos de justificación de una militarización creciente. Blindaje mediático en Medio Oriente La utilización política de las imágenes de devastación que muestra la guerra civil de Siria y las masacres sobre el pueblo kurdo efectuadas por el gobierno turco mediante bombardeos a su población civil, son retransmitidas  hasta el hartazgo, por parte de la prensa israelí. Varios investigadores sociales han asociado  las operaciones del primer ministro, descriptas de corruptas, como parte de un armado institucional dispuesto para continuar con el abroquelamiento belicista y eludir las imprescindibles tratativas de paz con la Autoridad Nacional Palestina que permitan la convivencia de dos Estados para dos pueblos. Los casos investigados por la policía israelí parecen exponer algo más que explícitas diligencias de corrupciones prebendarias, basadas en dadivas y prerrogativas personales y/o familiares. Los espurios vínculos con los medios evidencian la utilización periódica de un peligro fundamentalista islámico –hipotético, real o ficticio—necesario para regenerar un espíritu de cuerpo nacional y militar, ya de por sí arraigado en la sociedad desde el nacimiento del Estado, en 1948. El acostumbramiento de la población a una situación de guerra permanente, la represión a la resistencia civil dentro de los territorios ocupados y el intercambio de artillería (con evidente disparidad de fuego) con las dos fuerzas en pugna dentro de la Franja de Gaza –Hamás y la Yihad Islámica—, brindan un panorama que beneficia el negocio de las armas y la seguridad, que no deja de incrementarse anualmente como el factor más dinámico de las exportaciones económicas israelíes. El caso de Ahed Tamimi la adolescente que fue detenida en el poblado de Nabi Saleh el 19 de diciembre pasado por golpear a soldados que penetraron en su casa para reprimir a sus familiares se ha constituido en la evidencia más brutal del ejercicio

Fuente: Soledad Quiroga | TiempoAR Fecha: 10 de MAR 2018 El sol se ponía detrás del edificio del Congreso cuando una voz suave pero profunda comenzó a soltar las palabras que habían sido enlazadas en las asambleas estivales, que expresan años de pensamiento colectivo, y que posicionaron, este 8 de Marzo, al diverso feminismo argentino como uno de los más potentes del mundo. «Después de semejante movilización en la que nos abrazamos, al día siguiente la realidad te pasa por encima. Pero igual, ya no somos las mismas», dice 24 horas después la periodista feminista Liliana Daunes, histórica lectora de los documentos de las movilizaciones de Derechos Humanos. –¿Se puede decir que la masividad del jueves da cuenta de que el feminismo salió del cuartito del fondo? –Desde el 8 de Marzo de 1984, cuando hicimos un acto con las Madres, a hoy, ha habido un avance espectacular. Gracias a nuestras ancestras de lucha pudimos ir avanzando. Fuimos de la experiencia de los 32 encuentros a la masividad del primer Ni Una Menos en el que salimos todas las feministas y mucha gente por su cuenta debido al hartazgo que se unificó en una consigna dolorosa y extrema. Esa masividad incluyó a medios de comunicación reproductores de la cosificación de las mujeres, como Marcelo Tinelli. De ese primer Ni Una Menos a ahora hubo un crecimiento cuantitativo y conceptual, porque ya al año siguiente dijimos Ni Una Menos, vivas nos queremos, para afirmar que somos mujeres que tenemos proyectos y que luchamos por esa libertad para nuestro deseo. Y parte de nuestro deseo es mover el mundo hacia un lugar más justo. Después de semejante movilización en la que nos abrazamos, al día siguiente la realidad te pasa por encima, pero igual ya no somos las mismas. –La marcha del año pasado terminó con una razia policial y este año con un ataque troll en las redes, ¿hay violencia hacia el feminismo como movimiento colectivo? –Sí, esta vez me tocó fuertemente. Tengo Twitter, lo uso poco, me enteré de que me nombraban, me decían pelotuda, terrorista, gorda, lesbiana, vieja, andá a la peluquería. Mintieron con el reclamo por Santiago Maldonado para desprestigiarnos. Tuvimos que salir a explicar que lo nombramos cuando hicimos la sumatoria de actividades en las que el feminismo estuvo presente. Hay una parte de la sociedad que nos ve como locas o brujas. La locura a la mujer le fue endilgada a lo largo de la historia. Es la manera que tienen de negativizarnos. Lo de brujas lo aprendimos. Ahora nos gusta decir que somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar. Lo de locas también nos gusta, porque somos las hijas de las locas de Plaza de Mayo. Es más fácil atacarme a mí con cosas degradantes porque es más fácil focalizar en una persona y no en un colectivo. Me dijeron vieja. Tengo 64 años, estoy en este camino de los Derechos Humanos y de las mujeres desde hace muchos años. Soy orgullosamente vieja, no fue en vano entonces el trayecto recorrido. –¿Qué opinás de que Mauricio Macri haya sido presentado como el feminista menos esperado? –Hoy decirnos feministas no es algo negativo como lo era hace cuatro años atrás. Sin embargo, ahora se corre el peligro de la cooptación. No bastardeen todo. Macri habilitó a sus legisladores a tratar el tema del aborto en el Congreso, ¿qué hacemos con eso? Lo aprovechamos porque la coyuntura la creamos nosotras con nuestra lucha. No es que vino él y lo hablita porque se volvió feminista. ¿Querrá una cortina de humo o querrá pelearse con Bergoglio? No lo sé. Porque él dice que está en contra y manda a decir lo mismo. El asunto está en cómo aprovechamos esta puerta. No somos tontas y vamos a entrar. Está peleada la cosa, pero existe la posibilidad de hablar y razonar con las personas que tienen dudas y no son fundamentalistas. Se ha abierto la reflexión en los grandes medios. Hay que darle un cauce para llegar. Que se escuchen las voces de las compañeras de la campaña por el aborto legal. No hay que tener miedo, hay que enfrentar esta coyuntura con todas las herramientas que tenemos. –Desde sectores alwejados a la lucha feminista se criticó a la marcha por «politizada». –Estamos en un momento extremadamente difícil para el pueblo en general y las mujeres en particular. Somos un movimiento con una gran energía, entusiasmo y hasta somos por momentos personas felices participando de esta marea, porque vivimos cambios importantes. A mitad del siglo pasado las mujeres no votábamos en este país. Hoy ya ninguna de nosotras discute que, cuando hablamos de mujeres, hablamos de cuerpos feminizados, lesbianas, trans, nos vemos a nosotras y a nuestras compañeras que ponen el cuerpo. Las feministas siempre dijimos que lo personal es político, ¿cómo vamos a negarnos a la política? No fue partidista, se señalaron las políticas públicas en contra de las mujeres, las políticas de ajuste que lleva a cabo este gobierno. Vivo el paro como un proceso, porque nos reconocemos en nuestras ancestras y vamos caminando hacia adelante, en compañía y con una misma.