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La difícil construcción de una coalición del orden

Fuente: Edgardo Mocca | Página 12 Fecha: 01 de JUL 2018 El Fondo Monetario Internacional no tiene mayorías propias en el congreso argentino. Por eso el gran problema para la derecha es la ausencia de una coalición del orden, un bloque político de la responsabilidad y la gobernabilidad. Si eso pudiera construirse -o reconstruirse bajo la forma en que funcionó en los primeros meses del gobierno de Cambiemos, con el concurso de renovadores y federales para la aprobación de leyes que hoy se revelan claves de la política oficial que hoy hace agua- irían creándose las condiciones para una transición ordenada entre el “populismo irresponsable” y la “política seria”, que no es otra cosa, esta última, que la administración firme del orden neoliberal. Nada de eso parece importarle a un sector de los economistas del establishment que critican al gobierno por el supuesto gradualismo y hasta el populismo de sus políticas. Unos y otros, voceros directos de los grupos concentrados y ceos de esos mismos grupos en función de gobierno, entienden la política bajo la forma de una serie de planillas con números; lucen bien cuando se exhiben en el powerpoint pero no tienen el mismo encanto cuando se convierten en orientación política real. Poco les importa en sus análisis las consecuencias sociales de esos esquemas. Siempre hay un largo plazo virtuoso del derrame de las ganancias y la felicidad general. Un largo plazo que no llega nunca. La reconstrucción del gran partido transversal del orden no tendrá viento de cola en los próximos meses ni en el más optimista de los cálculos de la derecha. Ya quedó demostrado en la extraordinaria demostración de fuerza del movimiento obrero y popular del último lunes: hasta los promotores más enérgicos del diálogo y la responsabilidad en el interior de la CGT formaron parte del paro y dejaron al descubierto un estado de ánimo social cuyo desarrollo será una cuestión decisiva en el próximo período. ¿Cómo se hace para pedir comprensión y acompañamiento entre dirigentes sindicales y sociales, gobernadores, intendentes y parlamentarios cuando el gobierno ha decidido unilateralmente un acuerdo con el Fondo, cuyo contenido es el ajuste, la recesión, el freno de la obra pública, el achicamiento del presupuesto nacional y el de las provincias, la pérdida de empleo y que, aunque el texto del memorándum no lo diga, convivirá con altas tasas de inflación por lo menos hasta fin de año, según los propios voceros gubernamentales? Para el sistema político en su conjunto —incluidos algunos segmentos de la alianza Cambiemos que empiezan a insinuar rebeldías respecto del rumbo— el costo de ofrecerse como garante del orden en medio de semejante huracán antipopular, acompañado de sombríos pronósticos macroeconómicos que vienen de la ortodoxia más pura, empieza a resultar muy caro. Sin embargo, la sesión de la cámara de diputados impulsada para exigir el tratamiento parlamentario del ominoso acuerdo funcionó en minoría: ni el massismo ni el sector peronista de Argentina Federal asistieron. El hecho es revelador de que un sector del peronismo camina en un angosto desfiladero; no puede acompañar al gobierno en un curso que no promete otra cosa que privaciones populares, conflictos y potenciales situaciones de ingobernabilidad, tampoco puede ceder la iniciativa al espacio que conduce Cristina y que, en esta ocasión confluyó con las fuerzas de izquierda. Lo que eso está demostrando es que junto al cuadro de estancamiento e inestabilidad económica hay otra variable que entra en juego: los cálculos electorales. El centrismo justicialista procura combinar oposición dura —sobre todo en lo declamativo— al plan del gobierno y el fondo con el esfuerzo táctico por intentar el aislamiento de las fuerzas más consecuentes en el enfrentamiento a ese plan. Un minué difícil de bailar porque será difícil para este sector la construcción de un espacio electoral competitivo sobre la base de acompañar una acción política cuyo juicio en las urnas será la cuestión central del proceso político que desemboca en las presidenciales de octubre de 2019. Para encontrar ese espacio se procura construir una cartografía política que reconoce tres fracciones: el fundamentalismo neoliberal (Macri y su gobierno de la mano del FMI), un populismo extremo (el kirchnerismo) y un “centro nacional” que se ofrece como garante de la responsabilidad. Hay que decir que el esquema se alimenta de una versión, tan difundida como disparatada, que presenta los años de los gobiernos kirchneristas (particularmente los últimos cuatro) como una versión extrema e ideologizada, predispuesta al conflicto innecesario y penetrada por una visión sectaria de la política. No es este el espacio para un análisis crítico de ese relato, pero no puede dejar de decirse  que es él mismo pura ideología. La conflictividad que vivió el país a partir del otoño de 2008, y que está lejos de haber desaparecido, no es el resultado de una voluntad del gobierno de entonces sino del antagonismo planteado por los sectores más poderosos del país contra una política que estuvo lejos de cualquier obsesión socializante, que simplemente tuvo como brújula una distribución más justa del excedente que produce el país. Muchas de las profundas reformas indispensables en la perspectiva de un nuevo ciclo popular y democrático no pudieron ser concretadas durante ese período; pero bastó simplemente la decisión de ejercer el poder democrático sin la mediación de los grandes lobbys locales y globales para producir una furia que no reparó en brutalidad política y mediática orientada a la recuperación plena del poder a como diera lugar. El problema no es, entonces, mediar entre dos extremos. Es asumir un antagonismo real, que está en la política y no en la imaginación de sectarios o de extremistas. Si hiciera falta mostrarlo alcanza con el texto del acuerdo con el Fondo que además de cláusulas leoninas y coloniales tiene la audacia de calificar como “incautación” la resolución de recuperar para el estado nacional los fondos de pensión privatizados en la anterior orgía neoliberal que vivimos en la década del noventa. Una recuperación aprobada legislativamente tal cual lo establece la constitución nacional y es lo contrario

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Télam: Perón la fundó y Macri la quiere desmantelar

Fuente: Sergio Wischñevsky | Nuestras Voces Fecha: 30 de JUN 2018 La Agencia Telenoticiosa Americana (Télam) fue creada el 14 de abril de 1945, bajo la influencia de Juan Domingo Perón con el objetivo de generar noticias propias para los argentinos y el mundo. En el 55 se intentó desmantelarla por primera vez y unos años después Frondizi la privatizó. En los años siguientes fue estatizada, clausurada, censurada y vuelta a poner en funcionamiento. La historia de un proyecto de soberanía informativa. El despido de 354 trabajadores de la agencia de noticias del Estado tiene implicancias profundas. El martes llegaron los telegramas a Télam y ayer se sumaron los más de 40 trabajadores de Radio del Plata. Mientras achican los medios públicos y asfixian a los medios críticos, el Grupo Clarín crece y crece: el gobierno aprobó la fusión entre Cablevisión y Telecom. Una sola voz es la consigna. Las cesantías en las diferentes áreas del Estado estuvieron siempre justificadas por el gobierno de Cambiemos con un discurso que asegura que es necesario achicar el gasto y ajustar. Sin embargo, los argumentos esgrimidos por el presidente de Télam, Rodolfo Pousá, abren un nuevo capítulo: reconoció que muchos trabajadores habían sido echados por su ideología. De esta manera, dio por inaugurada la temporada de persecución ideológica, que si bien estuvo presente desde la asunción de Macri a la presidencia, pocas veces fue admitida sin eufemismos. La crueldad del ministro Hernán Lombardi es solo una muestra más de la insensibilidad de quien empezó su gestión con el eslogan “todas las voces”. Sobre el dolor de los que se iban enterando que se quedaban afuera de la empresa celebró: “Hoy ganó el periodismo y ganaron los ciudadanos”. Pero más allá del ajuste y la persecución de ideas, el achicamiento del personal de Télam en casi un 40 por ciento de su capacidad operativa responde a un proyecto que viene desde mucho más atrás en la historia. Se trata de la vieja discusión por la soberanía informativa. El 14 de abril de 1945, bajo la influencia directa del entonces coronel Juan Domingo Perón se creó la Agencia Telenoticiosa Americana, cuyo acrónimo es Télam, que quedó luego como su nombre definitivo. Estamos en los tiempos de fines de la segunda guerra mundial, y sobre el horizonte mundial aparece Estados Unidos como la potencia hegemónica. Si algo sabían los países con mayor influencia es que debían tener su propia agencia de noticias. La economía, las armas y el control del flujo informativo fueron las herramientas que los países más poderosos cuidaban con celo. En Argentina había dos agencias de noticias norteamericanas que habían desplazado a las europeas del centro noticioso: la United Press International (UPI), creada en 1907, próxima al Pentágono, y Associated Press (AP), fundada en 1848, vinculada con el Departamento de Estado. Las noticias que llegaban desde el mundo eran filtradas por ellas. Los medios gráficos más importantes eran los conservadores La Prensa y La Nación. Télam inició formalmente sus actividades el 12 de octubre de 1946, el objetivo era claro: no depender de las noticias generadas por entes extranjeros y privados, generar un flujo de noticias propio para la población argentina, y para los países del mundo. Mediante un decreto se ordenó que las radios se nutrieran de esta fuente. En 1947, dos años después de la fundación, la agencia pasó a ocupar el primer piso del edificio de Esmeralda 433 sobre las instalaciones del Teatro Maipo. Pusieron pizarras y la gente se agolpaba, “la ñata contra el vidrio”, durante los grandes acontecimientos. Se inauguraron corresponsalías en muchos puntos del país. Se buscó evitar la enorme deformación que implicaba que llegaban más noticias de París o Nueva York que de cualquiera de las capitales provinciales argentinas. La autoproclamada Revolución Libertadora que tomó el poder a sangre y fuego en 1955 no creía en la necesidad de que el Estado tuviera que dar su propia versión de las noticias en detrimento de las agencias internacionales. Se despidió gente de Télam y hasta se interrumpió el pago de sueldos por un año en 1957 y parte de 1958. El único motivo por el que la agencia no cerró fue la dedicación de sus profesionales que siguieron trabajando igual. En 1959, con el efecto de la Revolución cubana rebotando por toda América, Estados Unidos impulsó la consigna “periodismo para el desarrollo”. Se pasó del paradigma que desconfiaba de la información proveniente de las empresas privadas, al que las veía como agentes del desarrollo. Con esta idea entró en total sintonía el entonces presidente, Arturo Frondizi, y tomó la decisión de privatizar Télam. El 30 de julio de 1959, mediante un decreto presidencial, la agencia pasó a denominarse: Télam Sociedad Anónima, Periodística, Radiofónica, Cinematográfica, Comercial, Inmobiliaria y Financiera. Pero como su interminable nombre lo indica, el objetivo era comercial, muy alejado de su misión primigenia de obtener y producir información propia, veraz, y vinculada a los intereses nacionales. La aparición de cuatro canales de televisión y la multiplicación de radios y medios gráficos le dieron a la agencia un enorme dinamismo y crecimiento. El presidente títere que quedó una vez que los militares encarcelaron a Frondizi, José María Guido, clausuró Télam. La excusa fue que no informaba con objetividad. El gobierno de facto de Juan Carlos Onganía compró las acciones y la volvió a estatizar para controlar la información, que ya en ese entonces, estaba claro que era controlar el poder. La dictadura surgida del golpe de 1976 dejó huellas terribles en Télam. Además de la censura a la que fue sometida, y la desaparición de dos de sus trabajadores, el gobierno constitucional de Raúl Alfonsín comprobó que gran parte del archivo periodístico y fotográfico de la empresa había desaparecido. Pero Télam siempre molestó. En 1984, las agencias privadas Noticias Argentinas (NA) y Diarios y Noticias (DyN) solicitaron públicamente el cierre de Télam. En 1992 el presidente Carlos Menem dispuso la intervención de la empresa y dos años después su liquidación, pero en 1996 dejó sin efecto el decreto para reemplazarlo por uno nuevo firmado por él y el entonces ministro

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El caso Nisman (I)

Fuente: David Iud | Llamamiento Argentino Judío Fecha: 26 de JUN 2018 INTRODUCCION – EL CASO El objeto de estas líneas es acercar al lector una opinión técnica y política sobre el caso judicial abierto a partir del hallazgo sin vida del cuerpo del Dr. Natalio Alberto Nisman, caso de indudable gravedad institucional que nuevamente por estos días vuelve a ocupar minutos de medios audiovisuales y primeras planas de la prensa escrita, a raíz del fallo emitido por la Sala II de la Cámara Criminal y Correccional Federal de fecha 1/6/2018, que confirma la hipótesis de que el Dr. Nisman fue asesinado (es lo que ha causado mayor conmoción) pero también formula hipótesis sobre la causa del crimen y el móvil del asesinato, a mi juicio, más importante que la confirmatoria de la naturaleza del hecho (homicidio) como explicaré. Desde el primer momento la prensa de mayor circulación y los medios audiovisuales de mayor audiencia afirmaron tácitamente que la muerte del fiscal era un homicidio (a pesar de la carátula “muerte dudosa” del Expediente Judicial), y del mismo modo, de manera tácita, que el homicidio provenía de algún pliegue del poder político de ese momento, afectado por la denuncia que el fiscal había presentado en la justicia solo cuatro días antes de su muerte. Anticipo, bajo el título elegido, “El Caso Nisman”, englobo las dos causas, la iniciada por su muerte, causa 3559/2015 actualmente radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 10 a cargo del Dr. Julián Ercolini, y la causa iniciada por la denuncia hecha por el Fiscal Nisman, presunto encubrimiento del atentado a la AMIA (1994), causa Nº 14305/2015, radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 11 a cargo del Dr. Bonadío. El por qué de este englobamiento, quedará explicado en el desarrollo del trabajo. El expediente abierto por la muerte del Fiscal, partió de una hipótesis que involucraría a la estructura operativa del Estado, bajo la Administración de la Ex-Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, como partícipe de un plan criminal cuyo objetivo habría sido el asesinato del Dr. Nisman, como reacción ante el daño político que le causaba la denuncia del Fiscal. Esa presunción “ab-initio”, fue lentamente “construyéndose” en el expediente a través de numerosas y sucesivas decisiones procesales. Inicialmente no surgieron de la escena del crimen, ni de la autopsia, indicios que permitieran sostener la hipótesis del homicidio, aunque tampoco  concluyentes indicios de que se tratara de un suicidio. Así las cosas, el caso fue asignado a la Justicia Nacional Penal Ordinaria, Juzg. Nac. Criminal de Instrucción Nº 5. Posteriormente, a lo largo de los más de tres años ya trascurridos desde la muerte del fiscal, diversos incidentes y pasos procesales fueron dando pábulo a la presunción del homicidio vinculado al trabajo del Fiscal, lo cual pondera la Corte en su fallo del 20/9/2016, disponiendo el envío del Expediente al  Fuero Federal, donde es asignado al Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 10 a cargo del Dr. Julián D. Ercolini. Cumplidos los pasos que manda el Código Procesal Penal (actuación del fiscal, informes periciales, imputaciones, declaraciones indagatorias), el 26/12/2017 en un extenso fallo (656 carillas), el Dr. Julián Ercolini tiene por acreditado que la muerte del Fiscal Nisman fue un homicidio y procesa a) a Diego Ángel Lagomarsino el “asesor informático de Nisman, que le proveyó el arma) por el delito de HOMICIDIO agravado por el uso de arma de fuego, en calidad de partícipe necesario; b) a los cuatro custodios, Durán, Benítez, Niz y Miño por el delito de incumplimiento de Deberes de Funcionario Público, agravado, en concurso ideal con el delito de Encubrimiento. El procesamiento dispuesto de Lagomarsino, lo es por un delito particularmente grave y de trascendencia institucional, se le acusa de ser partícipe necesario del homicidio, la persona sin cuya participación, el crimen no podría haberse consumado Todo esto, atribuyendo verosimilitud suficiente a la hipótesis de que la causa que habría decidido a los perpetradores a cometer el asesinato habría sido la denuncia que sólo cuatro días antes de su muerte la víctima hizo contra la Ex-Presidenta de la Nación, el ex Canciller Timerman y otras personas, en su condición de Fiscal Especial asignado a la investigación de la voladura de la AMIA (1994) El Juez, al comienzo de su fallo de 656 carillas, en la pg. 83 de la publicación del CIJ, atribuye a Lagomarsino  “Haber prestado una colaboración necesaria en el hecho ocurrido entre las 20.00 hs. del sábado 17 de enero de 2015 y las 10.00 hs. del domingo 18 de enero de 2015, cuando una o más personas -aún no identificadas- ingresaron al departamento donde residía el Fiscal General Natalio Alberto Nisman, sito en la calle Azucena Villaflor n° 450, Complejo Le Parc, Torre Boulevard, piso 13°, departamento de esta Ciudad y, luego de reducirlo, fue trasladado hasta el baño ubicado en el cuarto principal de la vivienda donde se le habría dado muerte a través de un disparo en la cabeza ejecutado mediante un arma de fuego marca Bersa calibre .22, serie n° 35.099 registrada a nombre del imputado” Funda la calificación de “homicidio”, haciendo suyo lo expresado en el informe pericial de Gendarmería Nacional, que trascribe en su sentencia “A modo de conclusión, expresaron que ―los integrantes de ésta junta interdisciplinaria de Gendarmería Nacional Argentina se encuentra en condiciones de concluir que la muerte violenta de quien en vida fuera el Dr. Natalio Alberto Nisman, se trató de un homicidio” (pg. 491 del auto de procesamiento, fecha 26/12/2017, publicado por el Centro de Información Judicial “CIJ” en su web oficial). RELACIÓN CON LA CAUSA ABIERTA POR LA DENUNCIA DE NISMAN La evolución de la causa abierta por la muerte del Fiscal —causa 3559— no puede entenderse sin observar lo que fue ocurriendo en la otra causa, la que fue abierta por la denuncia del Fiscal Nisman, Nº 14305 originalmente radicada en el Juzgado del Dr. Rafecas, y actualmente radicada en el Juzgado del Dr. Bonadío. Se verá, en el desarrollo que

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Argentina y la lógica de los mercaderes

Fuente: Jorge Majfud* | www.alainet.org Fecha: 21 de JUN 2018 Cuando en 1970 los chilenos decidieron elegir un presidente que no agradaba a los dueños del mundo, el presidente Richard Nixon dijo: “vamos a hacer que su economía grite”. Efectivamente lo hicieron, aunque la crisis económica ni fue suficiente crisis ni fue suficiente para desestabilizar el orden democrático, por lo cual el clan Kissinger-Pinochet optó por el tradicional Plan B para América Latina, documentado por sus perpetuadores desde antes de las elecciones de 1970, solución probada y conocida a todo lo largo y ancho del siglo XX: un sangriento golpe de Estado y la posterior instauración de una dictadura. Chile no fue el único caso, ni este modus operandi se remonta a los principios de la Guerra Fría, sino que la precede por lo menos en sesenta años: aprovechar el descontento y las revueltas populares, pacíficas o armadas, para instaurar brutales regímenes represores que protegiesen el statu quo, es decir, los intereses de las elites criollas y el de los “inversores” extranjeros. Una vez desestabilizados los países rebeldes e instauradas las “dictaduras amigas”, el proceso fue el mismo. Por parte de los mercaderes del “mundo libre”, se volvió a abrir el grifo de los dólares fáciles, creando inundaciones de créditos para el “desarrollo” de esos países endémicamente atrasados por sus “enfermedades mentales” (se dijo y hasta tituló en libros, ya que la teoría de la incapacidad racial había sido destrozada a principios de siglo y quedaba feo seguir usándola sin maquillajes). Durante los años 60 y 70, por ejemplo, los préstamos a las dictaduras latinoamericanas eran con tasas de intereses mínimas, aún más bajos que la inflación de los países receptores. Incluso el secretario de Hacienda y Crédito Público mexicano se quejaba de ser acosado desde el exterior para recibir más dinero. En ese período, América latina multiplicó por cien su deuda externa mientras se multiplicaron las favelas, se reprimían las organizaciones sociales y sindicales y los salarios se mantenían deprimidos para favorecer la exportación de materias primas, pese a los precios elevados. Nada nuevo. Alguien se benefició de esta bonanza y no es necesario ser un genio para darse cuenta quiénes. Los gobiernos (la gente común) tomaron deuda y pasaron dólares a los privados. Nada nuevo. Claro que había un detalle: los intereses de las deudas no eran fijos. El problema llegó con la crisis del petróleo de los años 70 y la posterior escalada inflacionaria en Estados Unidos. Como respuesta lógica, la Reserva Federal en Washington debió subir sus tasas de interés hasta 20 por ciento mientras en Londres hacían prácticamente lo mismo. En los años 80s, en América Latina, las “dictaduras amigas” se enteraron del valor de la amistad no sólo con la Guerra de las Malvinas sino cuando la masiva deuda externa, semilla del progreso y el desarrollo, se vio inflada por los mayores intereses hasta que se volvió impagable. O casi. Los países del sur debieron destinar casi todos sus beneficios en pagar los intereses de estas deudas, lo que hizo imposible cualquier “progreso y desarrollo”. No fue una “década perdida”, como se la conoce hoy, porque, más o menos, se recuperaron las democracias liberales. La verdadera democracia, como voluntad de los pueblos dentro de los marcos del derecho, no se recuperó, en parte gracias a la falta de derechos de las víctimas de las dictaduras y en parte por las deudas externas heredadas. En los 90, como solución, el FMI volvió a la carga y abrió nuevamente el grifo para “solucionar el problema” imponiendo, obviamente, condiciones. ¿Suba de salarios y ayuda de emergencia a los necesitados como forma de reactivar la economía y la justicia social? No, eso es lo que se llama “irresponsabilidad”. Se recomendó la privatización, como se vino haciendo desde un siglo antes en el gobierno de Porfirio Díaz en México, lo que promovió el “progreso y el desarrollo”, dejó al 85 por ciento de los campesinos sin tierra y desencadenó la Revolución Mexicana. Lo mismo a lo largo del continente. Como en los casos anteriores, la receta de los mercaderes terminó en la catástrofe económica y social del 2001 que todos conocen, hasta el extremo que incluso el FMI reconoció el fracaso de todos los países que habían aplicado sus exitosas recetas. En los años 2000 Argentina logró independizarse del FMI, a pesar de la telenovela de los Fondos Buitres. La economía creció como pocas veces antes, aunque en parte se debiese, otra vez, a las condiciones favorables de los commodities. Los gobiernos de Lula y los Kirchner no lograron capitalizar ese gran crecimiento en reformas radicales en la educación, por ejemplo. Pero en ese período Brasil sacó a treinta millones de la pobreza y los convirtió en contribuyentes, lo cual no es un detalle, más considerando que en otros períodos de crecimiento anteriores del PIB no significó un decrecimiento de la pobreza y las desigualdades sino todo lo contrario. Ahora, para lograr el milagro de repetir una historia de cien años de fracasos, se inventan nuevos slogans y explicaciones, como la “necesidad de sincerar la economía”. El sinceramiento es selectivo. Hay que sincerar de la clase media para abajo. Si todos los productos e insumos de primera necesidad suben como leche hervida, si el dólar rompe todas las barreras que el gobierno aseguró nunca iban a romper, si a pesar de los recortes brutales que se llaman “graduales” la deuda del país se dispara en sólo dos años, si el crecimiento es endémico, si después de todos los intentos fallidos de sinceramiento se termina recurriendo a un desesperado salvataje del FMI que se gritó como un gol de Messi, si las condiciones del FMI se llaman “condiciones del gobierno argentino”, como si el que pide dinero fuese capaz de imponer al prestamista las condiciones para el préstamo… eso hay que premiarlo. El grupo financiero Morgan Stanley Capital International acaba de mejorar la calificación argentina de “País de Frontera” a “Mercado Emergente” (vale más ser un buen mercado que

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Apartheid criollo

Fuente: Ricardo Ragendorfer | Revista Zoom Fecha: 20 de JUN 2018 “¡Facundito! ¿Cómo estás, querido?”, había exclamado aquella mujer desde el mostrador mientras extendía hacia un cliente un atado de cigarrillos. Junto a una heladera con gaseosas, otra, vestida con uniforme de alguna empresa privada de seguridad, sonreía. El tal “Facundito”, un tipo joven, grandote y desaliñado, dijo estar con sueño porque venía “de allanar la cueva de unos senegaleses en el Once”. Aquello bastó para que la cara de la mujer se transmutara en una mueca atroz. Entonces, soltó: “A esos ‘senegales’ habría que mandarlos a su país de una patada en el orto”. Y acotó: “Hasta a sus abogados les pagamos nosotros”. La otra seguía sonriendo. Parecía una escena costumbrista de la última dictadura. Pero transcurrió el viernes 8 de junio en el pequeño snack bar de la estación de servicio Esso, situada en la esquina de Chacabuco y Chile. Al rato, los noticieros comenzaron a dar cuenta de un “megaoperativo” efectuado por la Policía de la Ciudad en la avenida Pueyrredón, a la altura de Bartolomé Mitre, del barrio de Balvanera. Los mastines humanos del alcalde Rodríguez Larreta, dirigidos por la fiscal porteña Celsa Ramírez, desalojaron primero a manteros africanos con forcejeos y palazos, además de saquear sus mercaderías, para después irrumpir en tres viviendas de la zona, habitadas por inmigrantes. En el primer ataque hubo 20 detenidos; en el segundo, sólo cinco. Con razón “Facundito” estaba tan cansado. Postales del apartheid Por entonces en las redes sociales se habían viralizado las imágenes de otro “megaoperativo” de este tipo, esta vez en el barrio de Flores, ocurrido tres días antes. Allí se ve a una horda de uniformados al inmovilizar con puñetazos y patadas al ciudadano senegales Kane Serigne Dame en medio de un charco de sangre y alaridos de dolor; el hombre tenía una fractura expuesta en el brazo derecho. “Voy a mear en un vaso y se lo voy a dar”, comentaba jocosamente un suboficial de civil. Y el lunes pasado en La Plata, durante un “megaoperativo” conjunto de la Policía Local y el Comando de Patrullas de la Bonaerense (encabezado por su propio jefe, el comisario inspector José Luís Paniagua), con apoyo de una patota de la Subsecretaría de Control Urbano, se procedió a desalojar con los mismos métodos a manteros de dicha nacionalidad. Dos de ellos y tres criollos que intentaron interceder fueron subidos a los patrulleros. La faena también incluyó saqueos de mercadería y celulares. Especialmente celulares. Lo cierto es que los atacantes estaban esa mañana muy interesados en la telefonía de sus víctimas. “Vayan a la comisaría a buscarlos, a ver si se animan”, desafiaba a viva voz servidor público Paniagua. Tales episodios se desarrollaron en un lapso de apenas diez días. Pero también hubo otros con leves variaciones genéricas. En este punto, una aclaración: a diferencia de la xenofobia, el racismo a secas no discrimina dado que incluye entre sus blancos a excluidos sociales de origen nacional; o sea, una extranjería de clase. Al respecto, su ejemplo más reciente fue la bestial incursión realizada el último sábado de mayo por una jauría de la Prefectura en la Villa 21-24. Los agresores balearon la casilla de Iván Navarro –que había denunciado en 2016 a efectivos de esa fuerza por torturas–, arrestaron con violencia a la madre de un pibe hostigado por ellos, cometieron abuso sexual sobre su tía y detuvieron a otros cuatro vecinos; entre ellos, Roque Azucurraire, el fotógrafo de la revista villera La garganta poderosa. Hay que reconocer que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich –de quien depende esa mazorca–, salió a dar la cara: en una conferencia de prensa convocada para “desenmascarar la mentira” —según el encabezado del correo electrónico enviado a los medios para convocarla—, ella ni siquiera parpadeó al sostener que el consejo editorial de La Garganta quiere que “el narcotráfico se meta y que la venta de drogas esté liberada”, no sin acusar a la Procuraduría de Violencia Institucional (Pocuvin), dependiente de la Procuración General de la Nación, de estar coptada por aquel medio. Fue su manera de celebrar ese 7 de junio el Día del Periodista. Y en comunión con ciertos “colegas”. Porque salvo honrosas excepciones, las coberturas gráficas y televisivas reflejaron semejante exhibición de psicosis paranoica como si fuera un hecho de lo más normal. Con idéntica tónica también suelen referirse a las tropelías callejeras de la policía contra minorías étnicas o a las frecuentes razzias en los en barrios pobres, las cuales hasta llaman “controles poblacionales”. Como si fueran simples –y necesarios– actos civilizatorios sobre una variada gama de flagelos urbanos. Algo muy a tono con la sensibilidad de un notable sector del espíritu público. Y este es un fenómeno que merece ser analizado. Ley de Residencia Los sueños de la “seguridad” crean monstruos. Eso se da desde la noche de los tiempos. Ya en 1892, el diario Tribuna editorializó el asunto de un modo que poco tiene que envidiar a los actuales reclamos punitivos; a saber: “Los que viven de lo ajeno van multiplicándose a ojos vista y es necesario poner valla a ese crecimiento dañino. A la justicia sí hay que exigirle que sea más severa con esos delincuentes, que, en gran parte, no hacen más que entrar y salir de la cárcel, sin propósito de enmienda”. Cabe destacar que en aquella época el aumento de los índices delictivos derivó en una lectura xenófoba de la cuestión. Tal, por caso, era el pensamiento de Miguel Cané, el impulsor de la Ley de Residencia, que propiciaba la deportación de inmigrantes díscolos. No menos extrema fue la postura del diputado del Partido Autonomista Nacional (el polo conservador liderado por Julio Argentino Roca), don Lucas Ayarragaray, quien en la sesión legislativa del 27 de marzo de 1910 entretuvo a los presentes con el siguiente concepto: “Este país, que en su población ya tiene elementos étnicos bien inferiores, debe precaverse trayendo elementos de orden superior. Y para ello resulta absolutamente necesario seleccionar la

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Un tribunal moldeado por el Gobierno

Fuente: Irina Hauser | Página 12 Fecha: 20 de JUN 2018 Con la lógica de facilitar el armado de tribunales a medida que les inspiren confianza a la DAIA, al Gobierno y la derecha internacional, la Sala IV de la Cámara de Casación Penal decidió apartar a la jueza Sabrina Namer y evitar su intervención en el juicio oral por el Memorándum con Irán, que se basa en la denuncia que hizo Alberto Nisman contra Cristina Kirchner y otras personas por supuesto encubrimiento de los iraníes sospechosos del atentado a la AMIA. Namer fue recusada por la entidad judía y familiares de las víctimas después de resolver junto con su colega María Gabriela López Iñíguez la excarcelación de Carlos Zannini, Luis D’Elía y Jorge Kalhil. Antes de eso, cuando fue designada para el caso, nadie la cuestionó. Sin embargo, el argumento oficial fue que había intervenido ya como fiscal en la Unidad AMIA y eso impedía tener garantías de su futura imparcialidad. Los jueces Juan Gemignani y Gustavo Hornos abonaron ayer esa teoría. Mariano Borinsky votó en disidencia y la respaldó. Namer siempre sostuvo que la investigación del atentado y la de un supuesto encubrimiento son causas separadas, y que ella nunca se pronunció ni investigó el memorándum. Algunas de las defensas analizan llevar la discusión a la Corte Suprema. Igual todo indica que, mientras tanto, se sorteará un nuevo juez o jueza para integrar el tribunal de juicio. El Gobierno ya había mostrado de manera explícita su interés en tener un tribunal afín para esta causa y otras contra CFK, cuando logró conformar y designar a dedo, a través de su mayoría en el Consejo de la Magistratura, al Tribunal Oral Federal 9 (TOF9). Fue tan irregular el procedimiento, que la Corte Suprema lo frenó con una acordada. Pero no era la primera señal de interés e intromisión del Ejecutivo en este caso: como muestran actas de la DAIA presentadas por la defensa de Héctor Timerman, ya en 2016 esa entidad y el propio presidente Mauricio Macri se reunían para hablar sobre la “estrategia” en todas las causas vinculadas al caso AMIA. El recorrido que hizo el expediente de la denuncia de Nisman, a partir de que el primer juez, Daniel Rafecas, estableció que no había delito (lo que fue avalado por la Sala I de la Cámara Federal) mostró que el objetivo primordial era conseguir jueces que mantuvieran viva la causa hasta llevar a juicio a CFK, sus ex funcionarios y otros personajes laterales. Es lo que se suele llamar “forum shopping”, elegir un tribunal conveniente. Para ese entonces, por si acaso, la dirigencia judía había logrado una causa paralela por “traición a la patria”. Todo quedó en manos de Claudio Bonadio, que ordenó detenciones y mandó el caso a juicio oral. Cuando no pudo prosperar el TOF9 armado por el Gobierno, fue sorteado el TOF8, que quedó a cargo de juzgar la causa del Memorándum. Sus integrantes son Namer, López Iñíguez, Nicolás Toselli, aunque este último se excusó desde el principio y fue designado José Antonio Michilini. Ninguno fue cuestionado por las partes, hasta después que las jueza decidieron dejar en el liberta a Zannini, D’Elía y Kalhil, mientras que a Fernando Esteche lo dejaron detenido por otras causas. El fallo de ayer de Casación tiene argumentos y planteos sorprendentes. Gemignani y Hornos coinciden en la presunción de que las querellas pueden dudar de la imparcialidad de la jueza, que fue integrante de la UFI AMIA después de la muerte de Nisman, que es la unidad que investiga el atentado ocurrido en 1994. El Código Procesal Penal establece en el artículo 55 una lista de causas específicas para apartar a un juez, pero ambos jueces de Casación decidieron flexibilizar el criterio. Gemignani sostuvo que no se pueden separar los expedientes sobre el atentado y los que tengan que ver con otras maniobras posteriores. Pero no contempló, por ejemplo, que nunca se declaró la conexidad de los distintos expedientes, porque –además– como es evidente, son hechos bien distintos. Gemignani acusa a Namer de “desconocer que entre el hecho principal y su encubrimiento existe una relación tan íntima” y que actuar en uno “le impide actuar en el otro”. Con ese criterio, no se entiende por qué fue avalado en su momento Bonadio para continuar con la causa “por traición al a patria”, dado que había intervenido durante cinco años en el expediente sobre irregularidades, del que incluso fue apartado por cajonearlo. Tampoco queda claro por qué podría intervenir Hornos en el propio fallo de ayer, dado que fue fiscal en los inicios de la investigación del atentado. A la hora de fundamentar, Hornos dijo que la participación de Namer “no permite brindar garantías suficientes de imparcialidad para las partes” porque ya estuvo implicada en el tema y eso es “incompatible con la posición de neutralidad”. El voto de Gemignani tiene un agregado que causó estupor en tribunales: dijo que el Consejo de la Magistratura debería investigar a López Iñíguez, a Michilini y a la propia Namer porque al rechazar la recusación, según su punto de vista, “evidenciaron desconocimiento del derecho”. Agrega que en el Consejo, Luis Cabral (consejero juez) debería excusarse porque intervino como subrogante en una resolución que sellaba el cierre de la causa que estaba a cargo de Rafecas, porque había desistido el fiscal de Casación, Javier De Luca, quien coincidía en que no había delito. Que el Memorándum no podía ser delictivo, que fue aprobado por el Congreso, que no se aplicó, y que jamás estuvieron en peligro de levantamiento las alertas rojas que pesan sobre los iraníes. Junto con Cabral, firmaron Ana María Figueroa y el propio Hornos. No tenían otra opción que cerrar la causa. Pero Gemignani también le reprocha a Cabral que pese a esta intervención, después no se excusó en el Consejo a la hora de analizar una denuncia contra Rafecas. De casualidad, no denunció también a Borinsky, que ayer firmó en disidencia. Este juez señaló puntos clave: que nadie

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¿Qué nos pasa a los mercados?

Fuente: Ricardo Aronskind | El cohete a la luna Fecha: 17 de JUN 2018 Los tropiezos encadenados bajo la conducción imprevisible e incomprensible para propios y extraños de Federico Sturzenegger lo convirtieron en el candidato ideal para ser eyectado en nombre de la “buena praxis” financiera. Como si hubiera una buena política financiera que acompañara una política irresponsable de desregulación externa, que le provocó al país un déficit de divisas de aproximadamente 50.000 millones de dólares anuales. Lo financiero es principio y fin en el neoliberalismo argentino, y la producción, apenas un detalle del que se ocupan los que no entienden por dónde pasa realmente la cosa. Así, en el macrismo lo principal fue desregular lo financiero en línea con los deseos del capital financiero: entrar y salir a voluntad, sin controles, administrando a su favor la conexión central entre la economía local y el resto del mundo. Fue, no cabe duda, una transferencia de poder no sólo económico sino político, desde las instituciones públicas hacia el sector privado local y externo. Apenas se pudo se sacó la flamante chequera en dólares, ahora que se podía disfrutar del respaldo de la comunidad financiera internacional: ¿buitres, cuánto quieren? ¿9.300 millones? Tomen (y cuéntenlo). Y se adoptó la teoría adecuada para este gobierno, la arcaica y primitiva teoría cuantitativa del dinero sobre las causas de la inflación, esgrimida por el eyectado Sturzenegger, que se dedicó consecuentemente a reducir la cantidad de dinero en circulación para supuestamente hacer bajar la inflación emitiendo LEBACs. Mientras tanto, en otro despacho, otro ministro a quien también le conviene creer en la teoría cuantitativa del dinero avanzaba con gigantescos impulsos a todo el sistema tarifario argentino, simulando que eso no tendría ningún impacto inflacionario relevante. La combinación de ambas zonceras desembocó en persistencia de la inflación, la creación de una explosiva deuda en LEBACs y el atraso cambiario que se logró gracias a la abundancia de los fondos externos que venían a disfrutar de las teorías de Sturzenegger y de los enormes montos de fondos prestados que conseguía el ex ministro Caputo. Vale recordar que esa masa enorme de fondos no eran presentados por la prensa dominante como una gravosa deuda, sino, en sintonía completa con el discurso oficial, como manifestaciones de la confianza internacional de “los mercados” hacia tan racional y profesional gobierno. Todas las formas de gastar dólares fueron promovidas, combinando atraso cambiario con apertura comercial. Se facilitó y promovió la demanda de dólares por el público, que próximamente podría comprar la preciada divisa en un supermercado, en una cadena de electrodomésticos, en un hotel o cualquier otro comercio. Como si fueran mandarinas. La salida del “cepo”, o sea autorización para vender dólares –un recurso clave y escaso— con total desaprensión, fue festejada como el avance de las libertades republicanas. Y se abrió la economía hacia la importación, habilitando el ingreso de todo tipo de productos del mundo. Argentina pasó a ser, de la mano del ideologismo macrista, la góndola de los productos importados del mundo. La consigna parecía ser: ¡gasten dólares!, apelando al viejo truco de que la mayoría de la población jamás ha percibido peligro en el momento en que se producen los endeudamientos masivos. En síntesis: el gobierno hizo todo lo necesario para crear volatilidad y fragilidad financiera, en un contexto internacional que difiere sustancialmente de los años ’90. Pareció seguirse un manual de cómo generar condiciones de riesgo, imprevisibilidad e incertidumbre. Se apareció en los rankings internacionales entre los campeones de toma de deuda, al mismo tiempo que se subía al podio de los países con abultado déficit en la cuenta corriente del Balance de Pagos. La temeridad de un gobierno irresponsable asustó a los propios financistas globales, que en el primer trimestre de 2018 mostraron creciente reticencia a seguir acompañando el festival de deuda del gobierno argentino. Habría que ver cómo pesaron en la actitud de esos actores –que no se han caracterizado tampoco por la prudencia en décadas anteriores— dos antecedentes históricos significativos: el de la posición de otro gobierno republicano norteamericano, el de George W. Bush, quien se endureció con la Argentina en 2001, retaceando el apoyo en otra gran corrida cambiaria y bancaria para proteger a los acreedores financieros, y la actitud de negociación dura del posterior gobierno kirchnerista, que no se allanó dócilmente a las demandas inmediatas de los prestamistas externos. En la construcción de ese escenario participó Sturzenegger con plena convicción, pero el cuadro general lo excedió ampliamente, porque esta crisis en el segundo semestre de 2018 es una creación colectiva. No sólo de un gobierno específico, el de Cambiemos, sino de un sector social, que es el que viene promoviendo este tipo de políticas desde Martínez de Hoz hasta hoy, y que es quien nos vuelve a reenviar a los funcionarios de las gestiones neoliberales fracasadas precedentemente. No fue Sturzenegger el único aportante al desorden actual. Todo el gobierno es así y es eso: irresponsabilidad política, ignorancia teórica severa y primacía de los negocios particulares en cualquier circunstancia. Pucha, se deterioró mi credibilidad Claro, Federico hizo lo suyo, sumando una incongruencia detrás de la otra. Dicen algunos economistas que rescatan su ser neoliberal, que lo que lo dañó fue la conferencia de prensa del 28 de diciembre, en la que fue obligado a cambiar la estimación de inflación para este año del 10% (!!!) al 15% (!!!). Dicen que eso lo desautorizó y que puso en entredicho la famosa y ridícula “autonomía del Banco Central”. A los monitos de la periferia les gusta mucho imitar cosas que en otras comarcas parecen serias, sin considerar en qué lugar habitan ni quiénes son ellos mismos. Nadie lúcido puede creer en serio en la patraña de la autonomía del Banco Central. La autonomía es la forma astuta de nombrar, en la época de la financiarización global, la entrega de esa institución clave a representantes directos o indirectos de los intereses del capital financiero aquí, en Suiza o en Estados Unidos. Se sustrae la institución del control democrático

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Cambio de nombres, no de modelo

Fuente: Carlos Heller | TiempoAR Fecha: 17 de JUN 2018 En medio de una nueva ronda de tensión cambiaria, el reciente comentario del ministro Nicolás Dujovne despeja cualquier duda: «a pesar del cambio de nombres el programa económico del presidente Macri sigue siendo el mismo». Pasó desapercibido en la conferencia de prensa del día viernes, pero da a entender que los cambios en la cúpula del BCRA no obedecen a mala praxis. Más bien expresan los límites intrínsecos del actual modelo, que se profundiza y se rubrica formalmente mediante el acuerdo con el FMI. En una economía como la argentina, es la restricción externa la que está en la base de la constante tensión alrededor del dólar. José Del Río (La Nación, 15 de junio) señala, por ejemplo, que «un 65% de las drogas que tienen como insumo las farmacéuticas para la producción de remedios no hablan castellano y el 90% de los celulares y LCD que dicen fabricados en Tierra del Fuego cuentan con tecnología del exterior (…). Seis de cada diez insumos que se importan no tienen un proveedor local que pueda abastecerlos. A eso se suman los combustibles con su valor liberado, entre tantos otros ejes que demuestran que el tipo de cambio afecta a todos los segmentos y no puede ser minimizado”. Ante esta situación estructural, desde que asumió, la respuesta del gobierno ha sido la de liberar la entrada de productos del exterior, interrumpir el largo pero necesario proceso de sustitución de importaciones en la industria y eliminar la obligatoriedad de liquidar las divisas de las exportaciones, entre otras decisiones desacertadas. Y encima ahora, acuerdo con el FMI mediante, ha reforzado la estrategia de dejar flotar al dólar libremente. Lo que está ocurriendo no es inevitable. Remite en última instancia a la disyuntiva entre Estado y mercado, algo que siempre he sostenido. Poco tiempo atrás hemos sido testigos de la importancia de administrar el valor del dólar y la utilización de las divisas –que son bienes públicos–, de tener una política activa de gestión de las importaciones, de regular los flujos de capitales. Sin embargo no son opciones bien vistas por el establishment. Con el apoyo de los grandes medios, los grupos hegemónicos lograron instalar durante la anterior gestión el concepto de «cepo», haciendo alusión a un instrumento de tortura que no permitía acceder al dólar. Sin embargo, hoy podríamos decir que el concepto de cepo está vinculado al elevado precio de la divisa, que lo fija el mercado y que además incide directamente sobre el poder adquisitivo del salario, estableciendo una verdadera restricción al acceso de bienes y servicios esenciales para el conjunto de la población. La letra chica del acuerdo En línea con lo planteado en la anterior columna, el eje del acuerdo del gobierno argentino con el FMI no es más que una profundización de las medidas que ya venía implementando y respeta a rajatabla lo que pretende el organismo. En cuanto a la actividad económica, ya se empieza a proyectar el fuerte impacto negativo de las políticas, con una estimación de crecimiento que estará entre el 0,4% y el 1,4% para este año. Este último valor implica, teniendo en cuenta el alto valor del primer trimestre, que la actividad debería caer un 1,7% entre el segundo trimestre y el último de 2018. Bajo la lógica actual, una economía en virtual recesión es esencial para contraer el consumo, la inversión y las importaciones: una manera pírrica, pero típica de los programas del FMI, de tratar de reducir el desbalance comercial. Una de las principales herramientas para contener el gasto interno es el recorte fiscal. En el memorándum presentado en sociedad el jueves se habla, por ejemplo, de que el gobierno nacional alcanzará en 2020 el «déficit cero», en tanto las provincias deberán alcanzar un superávit primario del 0,25% del PBI hacia mediados de 2021, cuando finalizaría el stand by. Como expresa el FMI en uno de sus pasajes, estas condiciones «sirven para asegurar que el país podrá saldar el préstamo». Bien lejos de representar un auxilio para la economía real y el empleo. En materia cambiaria y de política antiinflacionaria, los funcionarios están «completamente comprometidos con un tipo de cambio flexible y determinado por el mercado» y con un esquema de metas de inflación. El gobierno se compromete «a hacer lo que sea necesario para cumplirlas». Esto último significa que las altas tasas de interés y sus impactos negativos se mantendrán en el tiempo. Las autoridades consultarán al FMI qué hacer en caso de que la inflación supere las bandas máximas, toda una muestra de resignación de soberanía, que trata de condicionar a futuros gobiernos. Un aspecto esperable que aparece en el texto es el previsional. El gobierno argentino se compromete a financiar parte del gasto previsional con la venta de activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES. Cabe recordar que ya en mayo de 2016, cuando se aprobó la bien conocida Ley de «Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados», se había comenzado a preparar el terreno legal para llevar a cabo esta medida. Dentro de su extenso articulado se incluyó la eliminación de la Ley 27.181, que declaraba «de interés público la protección de las participaciones sociales del Estado nacional que integran la cartera de inversiones del FGS», al tiempo que se modificaron las restricciones que existían para vender estos activos. Dos años después, y con el «aval» del FMI, se termina de plasmar esta posibilidad bajo el paraguas de hacer «financieramente sostenible y más justo» el sistema previsional. Como en otros rubros de análisis, no es la única alternativa posible. En vez de vender las participaciones, lo deseable sería apoyar la actividad económica y la generación de empleo, fundamentales para otorgarle fuentes genuinas de financiamiento a un sistema previsional público y de reparto. La decisión de desprenderse de estos activos implica la pérdida de una importante herramienta en poder del Estado. La composición de la cartera de acciones que posee el FGS incluye a grandes

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Sexo, mentiras y video

Fuente: Jorge Elbaum | El cohete a la luna Fecha: 17 de JUN 2018 El gobierno del presidente Mauricio Macri ha hecho del engaño y el fraude una práctica reiterada, expresada tanto en sus promesas de campaña como en su abierta búsqueda de tergiversación electoral, a través de la utilización de dispositivos tecnológicos provistos por empresas extranjeras. Las denuncias contra Cambridge Analítica (CA) y la asunción de su CEO de que desarrolló actividades en Argentina –negándose a nominar a su “cliente”— cierran cada vez más el círculo sobre los sistemáticos artificios orientados a manipular a la ciudadanía. El titular de Cambridge Analítica (CA), Alexander Nix (AN) aceptó el último 8 de junio, frente a la comisión investigadora del parlamento británico, que su empresa realizó tareas de asesoramiento político en Argentina y que existieron contactos para sumarse a una campaña electoral de contenido antikirchnerista. El segmento textual del diálogo entre Damian Collins (DC) –integrante de la Comisión de Asuntos Digitales del parlamento británico— y Nix incluyó este contrapunto: DC: ¿Trabajó en Argentina? AN: Sí, trabajamos en Argentina. DC: Estoy viendo una nota que alguien compartió conmigo de una reunión del grupo SCL (la empresa madre de Cambridge Analytica) del 27 de mayo, donde hay una nota que dice: “Campaña antikirchnerista presentada al tomador de decisiones, esperando devolución”. AN: Correcto. DC: Pero para ser claro. Las reuniones giraban alrededor de esa premisa, que era una campaña antikirchnerista, entonces estaban trabajando para un partido de la oposición u otra persona interesada en influenciar la política en Argentina, que no estaba apoyando al Gobierno. AN: Esa sería la apariencia. Ambos asentimientos de Alexander Nix suponen que: a) Existieron reuniones con clientes en Argentina, y b) Que dichos contactos incluyeron una campaña “antikirchnerista”. Las consultas realizadas a los responsables de la Secretaría de Comunicación Pública, cuyo titular es Jorge Miguel Grecco —funcionario dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros— no han dado respuestas a esas aseveraciones del CEO de CA, integrante de SCL: aún no han dado explicaciones acerca de las reuniones llevadas a cabo ni del tenor de la manipulación sugerida /contratada / implementada. El silencio –según una fuente de la Jefatura de Gabinete— obedece a posteriores investigaciones que dejan descubierta una trama de contactos que supera a CA, de la cual Jaime Durán Barba ha sido partícipe. El amigo británico Según información recabada de la Dirección Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior, uno de los ejecutivos de CSCL que ingresó a través del aeropuerto de Ezeiza en dos ocasiones, en 2014 y 2017, fue el responsable del data mining (minería de datos) de CA, Alex Tayler. La minería de datos es el conjunto de tecnologías que permiten examinar grandes bases de información con el objeto de encontrar patrones, detectar tendencias, elaborar diagnósticos y orientar conductas. La minería de datos no es ilegal. Lo es –como en el caso de la denuncia hecha sobre CA— cuando las bases han sido obtenidas sin la conformidad de sus propietarios. Alex Tayler fue uno de los integrantes de CA, filmados por la cámara oculta de Canal 4 de Londres, que ofrecía la manipulación a su interlocutor, un potencial cliente de Sri Lanka. En ambos casos, sus ingresos fueron previos a procesos electorales. En marzo de este año –luego de que se difundiera la cámara oculta a integrantes de CA en Londres— la diputada Graciela Camaño solicitó informes sobre la presencia en nuestro país de integrantes de CA. Por su parte, el periodista Marcelo Bonelli del Grupo monopólico Clarín –de conocido acceso a la información proveniente del macrismo— afirmó: “Funcionarios de máximo nivel del gobierno de Mauricio Macri habrían mantenido negociaciones con directivos de CA antes de las elecciones legislativas de 2017”. Según los relevamientos realizados, aun no existe una respuesta formal a dicha requisitoria. La fragilidad de la privacidad virtual, orientada a la manipulación electoral, fue expuesta internacionalmente luego de la difusión de la filtración de cuentas para ser utilizadas por CA en programas de direccionamiento electoral. Decenas de millones de cuentas de Facebook (FB) fueron derivadas para ser utilizadas por Nix, hecho que fue reconocido públicamente, el último 10 de junio, por parte del CEO de FB, Mark Zuckerberg. La sesión especial de la comisión de investigaciones de la Cámara Alta de los Estados Unidos fue presidida por el senador Charles Grassley el último 11 de junio. En ese encuentro de diez horas Zuckerberg aceptó que fueron entregadas / vendidas 87 millones de cuentas y que FB “no había hecho lo suficiente” por evitar la fuga de información. El escándalo internacional se hizo público en marzo de este año cuando el Canal 4 inglés difundió una cámara oculta en la que CA se jactaba de haber influido en 200 elecciones en todo el mundo, incluidas “Nigeria, Kenia, República Checa, India y la Argentina”. La utilización de la manipulación electoral vía virtual, la recurrencia de “carpetazos” utilizados contra jueces y la difusión de falacias a través de la utilización engañosa de las redes sociales han sido prácticas usuales y sistemáticas del macrismo en toda su historia de su construcción política, desde que Marcos Peña instauró el primer laboratorio de redes sociales (denominados espacios de “comunicación 3.0”) con sede en la Jefatura de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires. Según la Encuesta Nacional sobre Acceso y Uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (ENTIC), con datos del año 2015, casi el 90 por ciento de los mayores de 10 años tiene perfil de redes sociales a partir de por lo menos uno de los soportes tecnológicos (celular, computadora o tablet). El impacto sobre estas cuentas ha sido motorizado políticamente desde que Macri asumió como Jefe de Gobierno en la Ciudad de Buenos Aires. En una nota de investigación de Javier Borelli, de enero de este año, para el diario Tiempo, se describían las tareas que algunos empleados realizaban –en formato de teletrabajo— para agencias contratadas por el macrismo: “(…) había diseñadores gráficos que hacían memes, community managers que manejaban cuentas más importantes y

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