Nacionales

Fuente: Graciana Peñafort | El cohete a la luna Fecha: 23 de SEPT 2018 Una de las partes más tristes de perder a alguien que querés y con quien conviviste, es ese momento espantoso en el cual no tenés más opción que reacomodar y deshacerte de las cosas que dejó ese otro tan querido como ausente. Nunca estás más solo que en ese momento en que sos el único que toma decisiones en un espacio que supo ser común. Y que ya no lo es. Cuando abrís un cajón para vaciarlo y todo tiene un olor que reconoces como cotidiano y que sabes va a desaparecer con el correr de los días. Doblar la ropa de otro que ya no va a usar. Seleccionar qué conservar y qué no, entre papeles y objetos que aun guardan el rastro de esas otras manos. El dolor infinito de desarmar lo cotidiano. Recuerdo la última vez que me separé. Recuerdo con especial dolor el momento en que tuve que sacar de la mesa de luz los libros de él, que habían quedado ahí. Fue lo último que hice. Pasé meses sin poder tocar esa mesa de luz ni los libros que ahí estaban. Dormía de espaldas a esa mesa de luz hasta que pude hacerlo. Y cuando conseguí juntar fuerzas, valor y resignación y sacar esos libros, lloré desconsoladamente durante horas. Y yo era afortunada. Solo era una separación. Sabía —y sé— que sólo se trataba de un desarmar un mundo de dos que se había acabado. Pero que en el mundo aun estábamos los dos, intentando volver a ser felices. Cada uno por su lado. Me consoló saber que estábamos vivos. Que ese final, por doloroso que fuese, era también un principio. Cuánto más terrible y triste de modo irremediable si hubiese tenido que hacer todo esto en el contexto de una muerte. Yo no sé si CFK es una sentimental. Pero el fin de semana pasado me acordé del dolor de sacar los libros de la mesa de luz, cuando ella mostró lo que Bonadío había hecho en su casa de Calafate. Porque recordé que en esa casa es donde Néstor murió. Deseo fuertemente que CFK no haya tenido las memorias de su cotidianeidad con Néstor ahí, a merced de Bonadío. O que no le tenga apego a ese tipo de cosas. Que lo que hizo ese juez, por el modo en que lo hizo, sólo haya sido un ultraje a la propiedad y no a la memoria. Esta semana como pocas quedaron de manifiesto las múltiples facetas del Poder Judicial. En Mendoza se dictó sentencia por los delitos de lesa humanidad cometidos contra 86 víctimas de la última dictadura militar. Fue el Tribunal Oral Federal Nº 1. Mientras tanto, la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza tuvo una efímera secretaria, cuya designación fue tan dura y públicamente cuestionada en virtud de carecer de los antecedentes y la experiencia mínimos para ser designada en ese cargo, que finalmente renunció a su sorprendente promoción. Más lejos de las montañas azules con las que crecí y que extraño, la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Py está a punto de recibir a su más flamante miembro. Tampoco concursó para ocupar ese lugar, sino que fue trasladado por el Consejo de la Magistratura. Que en estos días parece más una agencia de turismo interno de jueces que el órgano que constitucionalmente tiene a su cargo seleccionar mediante concursos públicos postulantes a las magistraturas. Y no es que los concursos sean una maravilla, a decir verdad, pero parecen un poquito menos caprichosos que estos traslados a dedo, sin mayores justificativos que la voluntad política de colonizar instancias judiciales. El flamante miembro de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Py será uno de los jueces que deberá resolver las apelaciones que como catarata cayeron sobre la resolución del doctor Claudio Bonadío, que ordenó los procesamientos de muchos en la causa de la fotocopias del cuaderno de Centeno, el chofer con aspiraciones literarias. Las 551 páginas de la resolución de Bonadío son claro ejemplo de dos cosas: de lo mal que funciona una parte de la justicia federal sin controles y sin límites constitucionales y de las muchas veces que escribo Bonadío en esta computadora, tantas que al olvidarme del acento, me aparece el corrector señalándome que está mal escrita la palabra Bonadío. La coincidencia, puedo afirmar, no es casual. Sé que muchos no han podido leer la resolución. Entre otras cosas porque estuvo sólo un breve lapso disponible en la página del Centro de Información Judicial de la Corte Suprema. Señalan los que conocen los pasillos de la Corte que es eso una consecuencia del pequeño golpe de estado que sufrió Lorenzetti y que impactó también en la conducción del CIJ. He sido siempre muy crítica con el funcionamiento del CIJ pero señalo que en cualquier caso, la publicación de las sentencias es un aporte imprescindible al ejercicio del derecho a la información de la sociedad. Prefiero que exista el CIJ a que no exista. Y prefiero que publique las sentencias a que no las publique. La directora del CIJ explicó que son los jueces de primera instancia quienes deciden qué sentencias se publican en la página del CIJ y cuáles no. La breve publicación de la sentencia me hizo sospechar, en un arranque de optimismo carente de fundamento, que Bonadío tuvo un atisbo de vergüenza por lo que había escrito y por eso prefirió que nadie más lo pudiera leer. Sé que no fue así. Bonadío sabe que su sentencia es un verdadero mamarracho y que la única forma de validarla es que las personas no la puedan leer y sólo pueda leer lo que otros dicen de esa sentencia. Va una última reflexión estúpidamente optimista. Bonadío tiene más confianza en los múltiples house organs que en la solidez de sus escritos como juez. Ante esa falta de confianza, la solución del poder fue nombrar jueces de apelaciones que estén dispuestos a olvidar lo que saben

Fuente: David Iud* | Revista Convergencia Fecha: 07 SEPT 2018 Cómo funciona en el derecho el “arrepentimiento” de un delito? En estos días en que tanto se habla del asunto, vamos a explicarlo en los términos más simples posibles. La primera “Ley del Arrepentido” (Ley Nº 25.241) que tuvo el país, la sancionó el Congreso el 23/2/2000 “con miras a esclarecer los atentados contra la AMIA y la embajada de Israel”, (diario “La Prensa” 11/9/2000). Fue infructuosa, no se esclarecieron esos atentados. Y escandalosa, aquellos tiempos eran los del “pago” de cuatrocientos mil dólares a Telleldin para que delate a varios policías de la Provincia, después sobreseídos. En la Ley Nº 25.241, solo podían arrepentirse terroristas y traficantes de droga. La Ley 27.304, del 19 de Octubre de 2016, amplió la aplicación a una variedad de delitos, entre ellos, al cohecho contra la administración pública. Si una persona imputada de un delito aporta datos con los que, “contribuye a averiguar el destino de los instrumentos, bienes, efectos, productos o ganancias del delito”, al “arrepentido” se le reduce la escala penal que le corresponde. El “arrepentido” firma un “acuerdo de colaboración” con el Fiscal, que es presentado al Juez para su homologación. El Juez solo puede homologarlo si “el imputado hubiera actuado voluntariamente”. El “arrepentido” es una persona que admite y confiesa haber cometido un delito. Queda procesado y debe recibir condena. Logra, reducción de pena. Es inconstitucional, por los Arts. 18 y 120 de la Constitución El Art. 18 dice que nadie “puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso” Es el “Principio de Legalidad”, complementado por el límite impuesto en el mismo artículo “nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo”. Por eso dice la Ley que el Juez solo puede homologar el acuerdo si “el imputado hubiera actuado voluntariamente”, ya que de lo contrario se violaría la clausula constitucional antes citada. Pero, en la práctica, hay vehementes indicios de que no ha sido así en la causa “cuadernos”. Se ha detenido gente solo porque aparecieron unas fotocopias donde dice que estuvieron involucrados en tal o cual hecho. Sin que se haya encontrado el original. ¿Es voluntaria la declaración de alguien detenido, al que se le dice que lo van a soltar si declara… “tal cosa”? Pero además el Art. 18 tiene “otra cara” y es que debe ser penado quien resulta responsable de un delito en un juicio basado en Ley anterior al hecho del proceso. Y, por el Art. 120, los integrantes del Ministerio Público Fiscal están obligados a perseguir a los autores de los delitos que ellos conozcan. La vigencia del principio de legalidad en la Argentina impide a los fiscales firmar “acuerdos de colaboración” con los acusados. No pueden comprometerse a pedir menos pena de la que la Ley dice que deben pedir. Por supuesto el lector se remitirá a la práctica de los acuerdos entre fiscal e imputado vigente en los Estados Unidos, dramatizada en infinitas series y películas. Lo que ocurre es que el sistema legal norteamericano es completamente distinto al nuestro. La Constitución de los Estados Unidos no contiene el principio de legalidad. Las garantías judiciales y procesales, tienen una expresión distinta de la de nuestra Constitución. Como no existe la cara afirmativa del principio de legalidad, tampoco existe su contracara, la obligación de los fiscales de perseguir todos los delitos de los que tengan conocimiento. Por eso, los fiscales pueden elegir que delitos persiguen y cuáles no, y también, pueden pactar con los imputados reducción de pena a cambio de colaboración. Esta práctica de elegir qué delito perseguir y cual no, o pactar reducciones de pena, se conoce como “Principio de Oportunidad”. El Principio de Oportunidad es opuesto al principio de legalidad. Pero eso la Ley, al instalar en nuestro sistema el “Principio de Oportunidad” viola nuestra Constitución, que establece el Principio de Legalidad. La Ley del Arrepentido, quiebra la congruencia del sistema legal, rompe su lógica. Pero no es todo, en materia constitucional. El caso “cuadernos” nos ha mostrado a un Fiscal y un Juez asociados en conseguir el mismo objetivo, el “arrepentimiento” de la mayor cantidad posible de empresarios –incluyendo a un par de ex funcionarios del Estado-, con el manifiesto objetivo de incriminar a una persona, la ex presidenta de la Nación. Esto, produce otra violación a la Constitución. Existen en el universo del derecho penal comparado dos grandes grupos que corresponden uno al sistema penal “inquisitivo” y otro, el del sistema penal “acusatorio”. En el sistema inquisitivo (llamado así por su remoto origen en las prácticas de la inquisición española), que fue nuestro sistema hasta la Constitución de 1994, no hay separación neta entre las funciones del Juez y el Fiscal, y por lo tanto, el Juez no es imparcial, sino que se confunde con la acusación. Pero, en la Reforma Constitucional de 1994, se incorpora el Art. 120 que establece la independencia del Ministerio Publico Fiscal como “órgano extra poder” (se entiende extra poder judicial). Pasamos al sistema “acusatorio” El Fiscal y el Juez deben actuar en forma independiente, con funciones distintas. El Fiscal tiene el deber de acusar ante cada delito que sea de su conocimiento. El Juez, debe juzgar de manera imparcial. No puede acusar, debe juzgar, es otra cosa. Sin embargo, el asunto “cuadernos” nos está mostrando a un Fiscal coligado con un Juez. Se ha instalado en la opinión pública nacional, a través de los medios, una interpretación viciosa de la “Ley del Arrepentido” Se naturaliza que el Juez “está para perseguir al delincuente” aún antes de que haya sentencia que establezca como conclusión razonada del derecho que el imputado tiene responsabilidad penal. Estas violaciones constitucionales transforman en nulo todo lo actuado en este sonado caso. Finalmente, es interesante observar que, según la Ley, no solo aplica “el arrepentido” a los casos de cohecho. También aplica al prevaricato, al contrabando, y a los “funcionarios de instituciones financieras” (el BCRA es una institución financiera) “que

Fuente: Edgardo Mocca | Página 12 Fecha: 09 SEPT 2018 Durante los años de los gobiernos kirchneristas -particularmente en la última etapa- el plan A de la derecha argentina fue el final catastrófico de la experiencia. Una Argentina en llamas después de años de populismo era una garantía para el futuro, el escarmiento para cualquier nuevo intento por cambiar las reglas de juego de la democracia neoliberal. Y además del escarmiento, el final incendiario crearía las condiciones para reabrir el experimento neocolonial “interrumpido” por la catástrofe de 2001. ¿Quién podría levantar la cabeza en contra de un ajuste salvaje en nombre de una política que defendiera el mercado interno, valorizara el trabajo y protegiera a los más pobres? La escena de estos días es lo más parecido a ese incendio regenerador largamente esperado. La particularidad es que el sueño se hace realidad en medio de la gestión de un elenco de fundamentalistas pro-mercado y que esa realidad es exclusivamente el resultado de las políticas puestas en marcha desde el primer día de gobierno de Macri. Devaluación, desregulación, ganancias adicionales para la cúpula del poder económico, endeudamiento sideral y sin antecedentes, baja de salarios que hacen caer la demanda, apertura a las importaciones que agrede a las pymes, fomento de la timba financiera y la fuga de capitales. De esto se trata. Ahí está la clave de la política de hoy. En el hecho de que la catástrofe es el producto de la política de Macri. Y que esta consiste justamente en la reversión de las políticas populistas del período anterior. El barullo de los gurúes económicos para tratar de demostrar que la causa de todo es la impericia del “equipo económico” muestra cuál es la verdad que hay que ocultar. A salvo Macri –sobre todo si se decide a poner de ministro de Economía (no de Hacienda) a alguien del corazón de la city–; y a salvo el modelo, claro está que depurado de gradualismos insensatos. La retórica del Presidente está en esa misma sintonía. ¿Qué lograron las tormentas, Brasil, Turquía, los cuadernos y otras yerbas? Lograron que a los argentinos no nos quede otro remedio que dejar de gastar como si fuéramos ricos. Profecía autocumplida: los trabajadores terminan advirtiendo que vivieron doce años en una mentira, bajo la forma de un grado modesto pero real del mejoramiento de su calidad de vida. Esto ha quedado demostrado. Lo demostró Macri con su política. Entonces la propuesta es: ahora sí. Ahora empieza realmente el ajuste, la vuelta a la realidad que pone a cada uno en su lugar. Y por eso tenemos que pasar por la recesión, la inflación descontrolada, el aumento de la pobreza, la desocupación y sus secuelas sociales, culturales y espirituales. Toda la retórica gira entonces en torno de esta monumental mentira, la de ocultar que lo que vivimos es el resultado lógico y esperable de la política de este gobierno. Y reemplazar esa verdad evidente a imprecisas y vagas alusiones a los “últimos setenta años” o a la corrupción del gobierno anterior, puesta en escena con el espectáculo fantástico de un poder judicial desquiciado. Sobre el país se descargan dos plagas que interactúan entre sí: la brutal agresión económica y social contra la gran mayoría de la población y la psicopática manipulación informativa desatada por opinólogos de todo género, a través de la cadena nacional de los oligopolios mediáticos. Todo consiste en borrar la verdad e instalar la mentira, disfrazada de opinión independiente. La distancia entre el país real y el país virtual va superando todos los límites. Y los tonos discursivos que va adquiriendo están en el límite con lo patético. Con tono épico nos anuncia el presidente que ha llegado la hora de la verdad. Y la verdad consiste en que hay que aprender a vivir con menos recursos. Se le podría preguntar al presidente –o a cualquiera de sus ministros, de sus periodistas, de sus analistas– ¿por qué? ¿Hay que aprender a vivir con menos recursos que los que teníamos antes de que este gobierno asumiera y el gobierno no tiene ninguna responsabilidad en esto? Lo absurdo de la escena no sería de todos modos tan grave como el daño político que está en condiciones de provocar. Muchísimos argentinos y argentinas viven en medio de una gran incertidumbre que día a día va virando hacia la angustia y la bronca. La sensación masiva de haber sido víctimas de un fraude político colosal no está tan lejana. El problema principal es cómo reacciona la política institucional frente a este estado de ánimo popular. El ministerio de Seguridad acaba de dar la clave de la interpretación oficial: detrás de cada conflicto social hay un conocido referente kirchnerista. Más pluralista, el ministro de Educación había denunciado una “campaña de desinformación impulsada por los kirchnero-trotskistas” detrás de la movilización en defensa de las universidades. Es decir la hoja de ruta del gobierno va en la dirección de la violencia, como lo demuestran además las declaraciones de algunas terceras líneas del macrismo a propósito de la muerte de un chico de 13 años en medio de una protesta popular. A partir de ahora hay argentinos y argentinas de bien, dispuestos a aceptar el ajuste que nos merecemos por derrochones, por un lado, y los promotores de la violencia social por otro. La política institucional tendrá un desafío muy bravo en la discusión parlamentaria del presupuesto. Como el título de esta discusión es “déficit cero” es aconsejable rastrear en la web este concepto. Así nos encontraremos en una épica exactamente igual en los discursos de De la Rúa y Cavallo unos pocos meses antes del derrumbe más absoluto de nuestra historia. Ningún parlamentario puede ignorar qué significa realmente “déficit cero”. Aquellos que lo convaliden con su voto saben a qué consecuencias habrán de enfrentarse. En algunos casos tendrán que resolver si suman este voto a otros que permitieron el endeudamiento salvaje, el bloqueo de la ley de democratización de los medios y el avance sobre un amplio abanico de

Fuente: Graciana Peñafort | El cohete a la luna Fecha: 26 de AGO 2018 Escribo esta columna con la sensación de haber vivido una semana frente a la TV. No me gusta la sensación y menos me gusta lo que vi en TV. Tampoco me gusta lo que no vi en TV y pasó también. No vi las más de tres semanas que la universidad pública lleva de paro. Como hija de la educación pública, y como profesional que de adolescente optó por esa universidad para formarse, me descorazona la indiferencia casi ofensiva a un conflicto que involucra miles de vidas y de proyectos. Sí vi, con desazón, a un reconocido intelectual –militante de Cambiemos— difundiendo información que incluso las usinas de difusión del actual gobierno calificaron como falsa. Puedo entender a un intelectual planteando una posición ideológica sobre el conflicto, aun cuando no me caiga en gracia dicha posición. Pero la mentira hecha pública y con desparpajo me resulta inaceptable. O tal vez las ilusiones y los proyectos de vida coticen hoy menos que el dólar, que no deja de subir sin que nadie se rasgue las vestiduras — al menos no por TV. Se murió una mujer enorme. Chicha Mariani, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo. Nos dejo el legado de seguir buscando a las Claras Anahí que aún están privadas de su identidad biológica. Y la obligación moral de persistir en las luchas legítimas de una sociedad que no olvida. Por adversos que sean los tiempos. Su último legado como militante de las políticas de Verdad, Memoria y Justicia fue una victoria cultural. Dos sujetos con más resentimientos que luces tuvieron que rectificar o arrepentirse públicamente de sus dichos que ponían en duda o denostaban la tarea gigante de Abuelas. La sociedad parece ser más sabia que sus legisladores, que se entretienen con cuestiones absurdas en un país donde la “grieta” tan mencionada en cada discurso televisivo no impulsó a nadie a legislar los discursos de odio, que nos cruzan todo el tiempo. Tal vez sea mejor así, en estos días de legislaciones absurdas. Hay legislaciones absurdas y otras que además de absurdas son inconstitucionales. También las vi por TV. Una de ellas es el proyecto de Extinción de Dominio, al que el Senado de la Nación le dio media sanción con modificaciones, para que regrese a Diputados. El proyecto aprobado por Diputados fue calificado de mamarracho, no por los senadores, sino por los juristas que fueron convocados por el Senado de la Nación para analizarlo. Vi por TV ese debate. Y debo señalar que perdí un poco de fe en la racionalidad de los hombres y mujeres que ocupan las bancas de representantes del pueblo argentino. Señaló Pinedo, miembro informante de Cambiemos: “El procedimiento de extinción de dominio es un proceso judicial que lo que busca es que el Estado recupere para sí, rápidamente, bienes del delito grave; no de cualquier delito sino del delito grave”. Creo que no podríamos estar más de acuerdo con ese propósito, con una salvedad constitucional. El artículo 18 de la Constitución señala que “ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa”. El proyecto que defendió Federico Pinedo violaba todas y cada una de las palabras de esa oración del articulo 18. Implicaba una violación de la presunción de inocencia. Porque consideraba delito –y delincuente— a quien no tiene sentencia firme que así lo señale: “El proceso de extinción de dominio está vinculado con la comisión de ciertos delitos. (…)  Parece que no podemos esperar hasta la condena para que se dicte ahí la sentencia de extinción de dominio”. Pretendía ser retroactivo: “Tiene que aplicarse a los delitos que se han cometido en el pasado y a los que se cometan en el futuro. (…) Nosotros creemos que la extinción de dominio no es una pena y, por eso, es posible aplicarla a hechos ocurridos con anterioridad a la sanción de esta ley”. Además vulnera el principio de juez natural estableciendo un juez civil: “Una mínima intervención de la Justicia Penal —prosiguió— tenía que existir porque era necesario que, al menos, se supiera que existían elementos de convicción suficientes para saber que el delito mismo se había cometido”. Es decir que pretendían pedirle al juez penal que señale el delito y al delincuente, antes que haya dicho que era un delito y que había un delincuente. Si, ya sé. Muchos suponemos que don Federico hizo un asado con la Constitución Nacional… ¡antes de rendir Derecho Constitucional! El proyecto del Peronismo Federal parece, en comparación con la bestialidad anterior, “más razonable”. Tal como ese “peronismo” se presenta a sí mismo. Y como pasa en la política, pasa también en la función legislativa: el presunto peronismo “razonable” realmente no lo es. Ni de casualidad. Sólo que tiene mas pudores públicos en mostrarse exacerbado. El argumento del Peronismo Federal es el siguiente: “Si estamos discutiendo la extinción de dominio es porque teníamos una figura en el Código que se llamaba decomiso, que es prácticamente lo mismo pero que era absolutamente inadecuada para lograr una respuesta que la sociedad pedía en términos de recupero de bienes. ¿Por qué era absolutamente inadecuada? Porque era una pena accesoria de la condena principal, con lo cual en la práctica esa posibilidad de decomiso se producía al final de todo el proceso judicial, de la última confirmación de la última sentencia firme. Era una pena accesoria de esa pena, con lo cual nunca, en términos concretos, la sociedad podía ver el recupero de los bienes. Nunca. Y además, porque los bienes en todo este peregrinar de un proceso penal se destruían absolutamente”. Señaló Gil Laavedra cuando fue convocado a debatir el proyecto: “La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que tantas veces se ha citado, lo que dice es que se puede disponer del bien por