Nacionales

Fuente: Edgardo Mocca | Página 12 Fecha: 07 de OCT 2018 ¿Es antidemocrático expresar el deseo de que se vayan los actuales gobernantes? Cada vez que alguna persona públicamente conocida se pronuncia de ese modo se activa el piloto automático del periodismo monopólico -incluido su segmento más “neutral”- para repudiar esos dichos. La voz de orden es la “defensa de las instituciones”. Hace diez años no era así como pensaba el actual presidente y su partido, cuando la furiosa manipulación política de la tragedia de Cromañón habilitó el juicio político contra Aníbal Ibarra en la ciudad de Buenos Aires y generó las condiciones para el ascenso de Macri al centro de la escena política nacional. La presidencia es, por cierto, una institución de las más importantes de la república pero su duración en el cargo no lo es, en la medida que la Constitución habilita el juicio político en su contra, dadas ciertas premisas y cumplidos ciertos procedimientos. Claro que para la memoria política argentina, la cuestión no es solamente un problema de leyes y de constitución, sino que está atravesada por el mal endémico de la república durante gran parte del siglo anterior. La intervención pretoriana de las fuerzas armadas -casi siempre a nombre de las oligarquías legales y con un sentido de persecución e injusticia- generó una legítima y muy mayoritaria valoración por el cumplimiento del mandato presidencial. Cuando recuperamos el estado de derecho y el voto realmente universal, sin vetos ni proscripciones, el deseo colectivo de que sea el voto popular el que juzgue el desempeño del presidente se convirtió en una de las premisas del buen funcionamiento de las instituciones. Sin embargo, en dos ocasiones desde entonces los presidentes no terminaron su período de gobierno; fue el caso de Alfonsín y de De la Rúa, quienes, en ambos casos rodeados de un clima de crisis general y de desorden social, renunciaron anticipadamente. Un lugar común de la ignorancia disfrazada de análisis político atribuye a la acción de la oposición peronista esas crisis y esas alteraciones de los tiempos institucionales previstos. Claramente no fue la oposición la que en diciembre de 2001 ordenó la cruel represión que terminó con la muerte de decenas de personas en aquellas caóticas jornadas. La duración estricta del mandato del gobierno es un principio que no rige en buena parte de los actuales regímenes democráticos. Una parte importante de ellos son gobernados por regímenes parlamentarios, muy diferentes entre sí pero con el principio común de que el jefe de gobierno no puede mantenerse en su cargo desde el mismo momento en que pierde el apoyo de la mayoría de los parlamentarios. Un debate muy transitado en las últimas décadas -a veces casi excluyente entre politólogos y constitucionalistas-gira en torno de las bondades y de los problemas del presidencialismo y el parlamentarismo. Esta nota no se internará en ese territorio. La mención se limita a quitarle a la duración del mandato la aureola de santidad que lo identifica con el “buen funcionamiento de las instituciones”. ¿Puede hacer lo que quiera un gobierno mientras dura el período previsto para su recambio? ¿Es la duración prevista del mandato un valor superior al “bienestar general”, para mencionar el principio que invoca el preámbulo de nuestra constitución? Claro que, llegados a este punto, aparece el obvio problema de quién puede determinar cuándo se está actuando en la dirección de ese principio o cuándo no. Pero justamente de eso se trata, de la deliberación política. Y no de su reemplazo por candorosas o fraudulentas apelaciones a la defensa de las instituciones como modo de enfrentar fuertes y fundados cuestionamientos a la actual gestión de Macri. Una impresionante maquinaria mediática trabaja hoy para defender una serie de formulaciones que emite el gobierno: tormentas, cosas que pasan, esfuerzos circunstanciales del pueblo y futuros luminosos. Hoy ni los más acérrimos ideólogos del neoliberalismo otorgan crédito a esos productos de la publicidad, que a medida que pasa el tiempo se van volviendo ya no solamente mentirosos sino también ofensivos y provocativos para una gran parte de nuestra sociedad. El debate es político y no jurídico. Hay que dirimir lo que políticamente conviene y después darle el marco jurídico, sin olvidar que detrás de lo político y lo jurídico se juegan vidas, proyectos individuales y colectivos, derechos elementales que nadie que se reclame democrático puede ignorar. Claro, lo mejor es que esos debates políticos tengan lugar en el proceso de elecciones presidenciales para las que no falta tanto tiempo. Pero tampoco se puede ignorar o degradar la suerte concreta de millones de argentinos, bajo el argumento del respeto por los tiempos institucionales. Nadie puede negar que el deseo de que esta lamentable experiencia política termine lo más rápido que se pueda abarcar a una parte importante de nuestro pueblo. Se trata, claro, de una parte que no es la dueña de los grandes medios, ni influye gran cosa en la conducta de los tribunales, ni dispone de grandes capitales. Pero así y todo existe. Se pronuncia, sale a la calle y protesta. No son facciosos ni provocadores ni antidemocráticos; simplemente tienen un juicio o un punto de vista. Tan respetable, en principio, como los de quienes por conformidad con las políticas en curso o temor por las derivas de la crisis, prefieren mantener este estado de cosas hasta la elección. Por eso la retórica del presidente en los últimos días, esa que habla del “veneno social” y de las “personas envilecidas” tiene que ser repudiada. Porque tiene el designio de suplantar el debate político por la amenaza. Desde que empezó la gestión, ese discurso está en primer plano. Y ya acumula mucho dolor, mucha persecución y mucha violencia. Y ya que de instituciones estamos hablando, no está demás decir que mal se puede defenderlas apoyando y/o aceptando la entrega del poder de decisión soberana sobre nuestros recursos y nuestras políticas a las manos del FMI como hizo y hace este gobierno. ¿Tiene más importancia la duración del mandato presidencial que el ejercicio

Fuente: Jorge Elbaum | El cohete a la Luna Fecha: 07 de OCT 2018 El lunes 1° de octubre el ex juez Carlos Rozanski, el constitucionalista Eduardo Barcesat, el diputado nacional Horacio Pietragalla y el Llamamiento Argentino Judío presentaron una denuncia ante la justicia federal contra Mauricio Macri. El motivo de la imputación fue un mensaje difundido a través de su cuenta oficial, de la red social Twitter, en la que utilizó fraseología literal extractada del libro Mein Kampf (Mi Lucha) de Adolf Hitler. En el mensaje de Macri se empleaban los conceptos de “veneno social” y “personas envilecidas”, con que el dirigente nazi se remitía, en el primer cuarto del siglo XX, a quienes consideraba sus enemigos,  judíos y comunistas. La presentación realizada en la justicia federal recayó en el juzgado de María Romilda Servini de Cubría y la fiscal actuante será Paloma Ochoa. [1] La denuncia detalla que el primer mandatario incitó a la violencia colectiva contra opositores políticos al identificarlos como “veneno social”, y convocó a su aislamiento cual si fuesen sujetos leprosos en plena modernidad tardía. La apelación a esa persecución contra quienes sustentan opiniones divergentes no mereció ningún comunicado por parte de la AMIA ni la DAIA. Ambas entidades se han alineado como indudables apéndices del gobierno macrista y se encuentran más preocupadas en eludir los escándalos sexuales y las acusaciones de abuso contra sus dirigentes, antes que repudiar discursos repudiables como éste. El marketing que rodea a la derecha empresaria argentina, agrupada en el PRO y Cambiemos, no ha podido desligarse de la pátina discriminatoria que le es intrínseca y que está grabada en los inicios de su conformación histórica. El modelo hegemónico actual de los sectores reaccionarios es una combinación entre programas económicos neoliberales, autoritarismo represivo recubierto por fraseología jurídica y blindaje mediático. Mediante la articulación inestable de esos componentes se ha buscado disimular las banalizaciones de los Derechos Humanos y el carácter estigmatizador hacia diferentes sectores sociales, especialmente hacia los sectores populares, los migrantes, las mujeres y las orientaciones sexuales disidentes. Sin embargo, un racconto mínimo de los deslices discursivos muestra con claridad aquello que se ha pretendido enmascarar un lustro atrás como la expresión de una nueva derecha. En diciembre de 2010, a raíz de la ocupación del Parque Indoamericano, en la Ciudad de Buenos Aires, tanto Macri como su jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, atribuyeron la intrusión en Villa Soldati como el producto de una “inmigración descontrolada”, catalogando despreciativamente a quienes se veían en la necesidad de ocupar tierras ante la carencia de viviendas. El 12 de septiembre de 2013, luego de ser parte de una rememoración sobre el Holocausto (sufrido durante la Segunda Guerra Mundial por gitanos, discapacitados, homosexuales, Testigos de Jehová y judíos), el actual Presidente afirmó que “hay que terminar con el tema de la memoria… hay que mirar para el futuro… dejar el pasado atrás”. Pocos meses después, su principal consejero comunicacional, Jaime Durán Barba, afirmaba suelto de cuerpo que “Hitler era un tipo espectacular”. El 22 de abril de 2014 el ingeniero recibido en la UCA señaló que “a todas las mujeres les gustan que les digan un piropo. Aquellas que dicen que no, que se ofenden, no les creo nada. No puede haber nada más lindo…, por más que esté acompañado de una grosería, que te digan qué lindo culo que tenés”. El 21 de marzo de 2015 sugirió, convencido, que la homosexualidad es una enfermedad y un homosexual “no es una persona ciento por ciento sana”. El desprecio por migrantes, la memoria de las víctimas y la misoginia se ha sumado al permanente etiquetamiento hacia los mapuches. Su estigmatización redundó en dos asesinatos aún velados por los vericuetos de una Justicia dispuesta a trabajar al servicio de los poderosos. La recurrente adjudicación de supuestos componentes subversivos y terroristas entre los activistas de los pueblos originarios fue utilizada por el macrismo, además, para asociarlos al chavismo venezolano. Esto motivó que en diciembre de 2016 el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) difundiese cuestionamientos hacia la Argentina en relación con la situación de pueblos originarios, los afrodescendientes y los migrantes, “quienes enfrentan un agravamiento de su discriminación”. Por su parte, el secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj subrayó el 25 de agosto de 2016, en relación a la Shoá, que nunca se pudo determinar fehacientemente si las víctimas “fueron 6 millones ó 5 millones”. Su intención fue minimizar la bandera de los 30.000 desaparecidos, cuyo número fue puesto en duda reiteradamente por varios funcionarios gubernamentales. En ese mismo tenor de desprecio e ignorancia, el ministro de Educación, Esteban Bullrich, definió a los nazis el 26 de marzo de 2017 como parte de una “dirigencia que no supo unir”, en un acto realizado en la Casa de Ana Frank en Ámsterdam. Tiempo antes, en una gira por el sur del país, expresión que era necesaria una “nueva campaña al desierto” esta vez de índole educativa. Existen menos distancias entre Bolsonaro, Trump y Macri de lo que se supone. Los tres son la expresión de un modelo restrictivo de las garantías y libertades públicas, mediadas por específicas particularidades nacionales. El supremacismo injerencista del presidente de Estados Unidos, la prepotencia militarista y represiva de Bolsonaro y los lapsus hitleristas de Macri responden a patrones sustentados en una raíz común: la restricción a la democracia, la conservación de privilegios y la apelación a la resolución violenta de los conflictos sociales. El neoliberalismo siempre se ha presentado con bigotito chaplinesco. La imagen principal es de Sebastián Miquel [1]. Denuncia completa: https://bit.ly/2zKZ385

Fuente: Hugo Presman | La Tecl@ Eñe Fecha: 02 OCT 2018 En la Argentina, todo lo que se inició como “revolución” (en realidad desde la contrarrevolución) terminó, como no podía ser de otra manera, en un gigantesco fracaso: Revolución Libertadora, Revolución Argentina, Revolución de la Alegría. La primera, los hechos la transformaron en “fusiladora”; la encabezada por Juan Carlos Onganía fue arrasada por los vientos que venía a controlar; y ahora padecemos la Revolución de la Alegría, que seguramente la historia le aplicará un adjetivo altamente descalificador. Toda restauración en nuestro país tiene matices pero un mismo propósito: terminar con el populismo en aras de regresar a la “racionalidad”. Pero acá es cuando las palabras cambian su significado. En el diccionario del poder, se denomina “fiesta” cuando las mayorías mejoran su situación, se amplían sus derechos y acceden a bienes y servicios de los que carecían. Para los artífices de esta “Revolución de la Alegría”, se llama fiesta a la posibilidad de que los asalariados puedan comprar un aire acondicionado, un celular, cambiar la heladera, una estufa o un lavarropa; tener paritarias libres, acceder por primera vez a la universidad, lograr leyes de protección del trabajador rural y de las empleadas de casas particulares; acceso a la jubilación de millones de argentinos que quedaron a la intemperie por los propulsores de las AFJP; establecer la igualdad de género por ley; entregar computadoras en las escuelas; implementar planes FINES para que terminen el secundario los que no habían podido hacerlo. Esto es apenas un muestrario reducido de un enorme collar de conquistas. Hoy en la Revolución de la Alegría, no sólo que todo lo obtenido es sistemáticamente destruido o queda muy lejos, sino que los beneficiarios de “la fiesta” no pueden comprar lo que antes sí podían ni tampoco los pueden usar porque la electricidad, el gas, el transporte han tenido aumentos siderales. Las boletas de los servicios despiertan ansiedad y angustia de tal magnitud que Alfred Hitchcock hubiera envidiado. Y hay que desmentir que el macrismo haya procedido falazmente cuando habló de la Revolución de la Alegría. Porque hay quienes tienen una alegría desbordante, aunque sean muy contenidos y no la expresen, e incluso que hasta para disimular formulen algunas críticas de circunstancia. Los especuladores financieros, los exportadores, los bancos, el multimedio Clarín, los blanqueadores, los fugadores de dólares, los CEOS que integran el gobierno en diversos niveles, la mayoría de los cuales tienen su patrimonio en dólares y en el exterior, tienen una alegría desbordante. Es decir: Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta no mintieron cuando hablaron de “La Revolución de la Alegría”. No tuvieron tiempo de decirte que era para poquitos. El resto tiene que pagar la fiesta. Ahí la están pagando: las miles y miles de empresas que cierran, los obreros desocupados que engordan el índice de desocupación, los jubilados con haberes que cada vez quedan más lejos de los precios de sus necesidades básicas, con las prestaciones reducidas del PAMI y los remedios gratuitos reducidos a su mínima expresión; los trabajadores que aún tienen trabajo con sus sueldos devaluados y con el amenazante telegrama de despido como disciplinador, los maestros con sus sueldos depreciados y cientos de escuelas cerradas; los hospitales desguazados, del cual el Hospital Posadas es un símbolo, por cuyos corredores circulan más gendarmes que médicos, las industrias arrasadas, los científicos e investigadores arrinconados como si fueran innecesarios y que no tardarán en reemplazar el CONICET por Ezeiza, y a un orgullo nacional como el INVAP reducido en su actividad y posibilidades. En el país de “La Revolución de la Alegría” los ciudadanos votan, pero el presidente sólo les habla a los mercados. En el país de “La Revolución de la Alegría” los ciudadanos votan, pero el que gobierna es el FMI. En el país de “La Revolución de la Alegría” se hacen presupuestos donde se suprimen o se limitan los subsidios a los discapacitados o se raciona la leche de los merenderos. La fiesta hay que pagarla con la desnutrición infantil, con la indigencia creciente, con los sin techo durmiendo en las veredas, en los espacios que dejan los locales cerrados. En el país de “La Revolución de la Alegría” no existe la economía real. Como en un casino donde sólo se habla de la ruleta, los tragamonedas, Black Jack, Craps, Bingo, Punto y banca, aquí sólo importa la cotización del dólar, las tasas de interés, los bonos con todo tipo de denominaciones como Bonar, Lebac, Bono Dual (PEDO) Bote, Letes, Lecap, Leliq, y siguen los nombres. En el país de “La Revolución de la Alegría” hay una racionalidad extraña: los que ganan en dólares, pagan las retenciones en pesos y los que ganan en pesos, tienen que pagar servicios, combustibles y peajes, los derivados de las materias primas que se exportan, dolarizados. En este país tan particular, los derechos de los trabajadores son considerados privilegios, y los privilegios de los poderosos, derechos. En el país de “La Revolución de la Alegría” la política exterior es un manual de genuflexión hacia los países poderosos con especial preferencia hacia EE.UU En el país de “La Revolución de la Alegría” lo que se quiere extirpar es lo que el populismo le dio a “los nadies”: dignidad. Esa dignidad expresada sintéticamente por un cabecita negra, que ningún manual de sociología podría sintetizar con tanta precisión,  al preguntársele por qué es peronista, respondió: “Porque desde que estuvieron Perón y Evita, nunca más tuve que mirar al patrón o al policía, bajando los ojos” En el país de “La Revolución de la Alegría”, al Poder Judicial, que no es la justicia, con mayor intensidad que en otros gobiernos, medios hegemónicos, poder económico, el macrismo y la embajada norteamericana, le escriben muchas de las sentencias. En el país de “La Revolución de la Alegría” Cristina Fernández, según la precisa definición de José Pablo Feinmann es “el hecho maldito del país neoliberal” En el país de “La Revolución de la Alegría” pocos, muy pocos están eufóricos