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Fuente: Hugo Presman* | La Tecl@ Eñe Fecha: 13 de febrero de 2020  A cinco años de la muerte del fiscal Alberto Nisman y a más de 25 años del atentado a la AMIA, las mentiras ya constituyan un verdadero Aconcagua, los encubridores y cómplices se presentan como los adalides de la verdad y siguen intentando convertir a Nisman en un héroe del cual, al desentrañarse los hechos y revelarse la tortuosa trayectoria del fiscal, si alguna vez se produce, lo dejarán desnudo ante la historia. El sábado 18 de enero una concentración de alrededor de 10.000 personas se reunió en la Plaza Vaticano, convocados por presuntos “republicanos” de las redes sociales y con la presencia de figuras del PRO y algunos radicales que mucho más que intentar homenajear al fiscal muerto, se sumaron a un acto furiosamente opositor. “No fue suicidio, fue un magnicidio” fue la consigna reiterada y “Cristina asesina” y “Argentina sin Cristina”, slogans entonados por los asistentes. Ese “héroe” que los concurrentes vitoreaban seguramente ignoraban lo que Memoria Activa, una de las tres agrupaciones de familiares de las víctimas, muy crítica del fiscal  sostenía dos años antes de su muerte, escribió en noviembre del 2013: “Nos engañó, nos mintió, nos intenta embarullar con centenares de fojas que cuentan historias que ojalá que algún pueda probar. Tenía la posibilidad de demostrar que todos estos años invertidos por usted podían sostenerse en una indagatoria, pero sus acciones demuestran lo contrario………Su falta de compromiso e inacción en la causa que investiga el encubrimiento ya nos hace dudar. El hecho que haya sacado un dictamen tan superpoblado de adjetivos, con una selección arbitraria del mismo, con argumentación jurídica pobre y forzada, llena frases huecas al que consideramos impropio de un funcionario judicial, nos demuestra que usted es funcional a los intereses de los que siempre nos quieren alejar de la verdad. Es por todo esto que, para nosotros, usted ya es el ex fiscal de la causa AMIA”. Al día siguiente del acto en la Plaza del Vaticano, en un acto privado en el cementerio de la Tablada, el presidente de la DAIA,  Jorge Knoblovits, afirmó: «Yo estuve con Alberto dos días antes del asesinato y quiero darles certezas. En la actualidad tengo la certeza que Alberto fue asesinado porque el Derecho otorga certezas… investigó la causa más contaminada de la Argentina, atravesada por servicios de inteligencia y políticos» Se quedó corto Knoblovits: aquí hay estados cómplices de la contaminación (el norteamericano, el israelí y el argentino de los gobiernos de Menem y Macri), jueces y fiscales impresentables, medios sesgados para tapar y distribuir las mentiras, periodistas funcionales, y dirigencia comunitaria que representa Knoblovits (entre otros), a los que jamás les importó saber lo que pasó, y cuya actuación es una prolongación de los intereses de política exterior del Estado de Israel y simultáneamente ser la cobertura de protección de aquellos dirigentes que presidian AMIA y DAIA al momento del atentado. LOS DOS JUICIOS La investigación se inició en el año 2001 para determinar los autores externos y contra 22 acusados de ser la conexión local del atentado y haber facilitado la camioneta con explosivos. Durante ese juicio que corrió entre 2001 y 2004, el presidente Néstor Kirchner eximió a los agentes de inteligencia de su deber de guardar el secreto de las operaciones al momento de declarar como testigos, dejando al descubierto un amplio encubrimiento. Al respecto cito lo que escribí en la nota “Héroe imprevisto” del 26 de enero del 2015: “Recordemos algunas de las múltiples irregularidades: al procesado Telleldín le pagaron 400.000 dólares con fondos de la SIDE, para que señalara a un grupo de policías de la Provincia de Buenos Aires como ejecutores del atentado. Desaparecieron todos los casetes de las grabaciones de los teléfonos intervenidos, entre ellos el del propio Telleldín.  Se construyó el relato de un coche bomba, visto por una sola persona muy corta de vista al tiempo que todos los libros escritos sobre el tema desecharon esa posibilidad. En el libro “Cortinas de humo” de los periodistas Jorge Lanata y Joe Goldman publicado poco después del atentado en diciembre de 1994, puede leerse: “Ninguno de los diez testigos que estaban en el lugar del hecho, en posición de ver la Trafic, la vio (más de la mitad de estos testigos no fueron citados a declarar por el juez Galeano…)” Casi nada quedó de la presunta Trafic, salvo un impecable motor encontrado por el servicio de inteligencia israelí, varios días después del atentado. Gabriel Levinas en su libro “La ley bajo los escombros. AMIA lo que no se hizo”, escribió: “Todo hacía dudar de la teoría de la existencia de una Trafic que habría hecho las veces de coche-bomba que hasta hoy marca los rumbos de la investigación. Entre los escombros del edificio de la AMIA se había encontrado el motor con un número claramente legible. Ésa era la gran prueba, la que había llevado a la detención de Telleldín primero y Ribelli después. Sin embargo, no podíamos más que sorprendernos por el hecho de que justamente en un atentado de esta magnitud no se hubiera borrado el dato que llevaba a los culpables. Cualquier reducidor de autos sabe cómo eliminar un número de motor, por lo que resulta sospechoso ese desliz de los especialistas como los que intervinieron en la voladura de la AMIA. Por otra parte, ni entre los heridos ni entre los que circulaban por la calle Pasteur a esa hora había quien recordara haber visto pasar la famosa Trafic blanca. Sólo una mujer, de nombre Nicolasa Romero recordaba que el vehículo, manejado por un hombre de rasgos árabes, había doblado por Pasteur rumbo a la AMIA segundos antes de la explosión. Una sola persona, entre las decenas que estaban en el lugar del hecho. Escasez de testimonios por un lado, prueba demasiado evidente, por el otro. A esto había que sumar “la casualidad” de que los policías que hacían guardias ante la puerta de la AMIA se hubieran retirado de su puesto unos pocos minutos antes de la explosión.” Tampoco en la embajada estaban al momento de la explosión los

Fuente: Edgardo Mocca | El Destape Fecha: 9 de febrero de 2020 En el año 2019 la política argentina decidió que su asunto principal era la continuidad o no de la experiencia macrista. Hoy eso aparece como algo simple, sencillo, elemental. Pero nada se impone por la sutileza de los argumentos que lo sostienen. La decisión política opera desde el vacío, no hay reglas lógicas que funcionen como garantía de su éxito. La unidad del peronismo, de la oposición, de los que querían que el tiempo de Macri terminara no era un dato de la realidad. No estaba asegurado su sentido histórico por las encuestas que decían que las elecciones las decidía el centro indeciso. Puede ser que todo lo decida el centro indeciso, pero desde el punto de vista de la política, lo que importa es por qué el centro indeciso decide lo que decide. El hecho es que el fin de la experiencia  macrista fue la decisión política del país. De lo que estamos hablando hoy es cómo interpretamos qué es el fin de la experiencia macrista. Por lo pronto, en el Frente de Todos conviven quienes apostaron a la resistencia al proyecto de Macri con quienes se movieron en las aguas del pragmatismo, quienes consideraron patriótico y democrático facilitar el avance de las decisiones centrales de su administración en aras de la solidez institucional. Como al pasar, digamos que algunas de esas decisiones –como la aprobación del acuerdo con los fondos buitre- fueron las que constituyeron los pilares del régimen macrista y muestran hoy en plenitud sus nefastas consecuencias. Es duro decirlo así, pero entre los que impulsaron el fin del macrismo y garantizaron el triunfo de la fórmula Alberto-Cristina están los garantes del regreso argentino a la órbita del poder financiero mundial en las peores condiciones. La cuestión es que admitir la centralidad de echar a Macri incluye la reconsideración del lugar político de muchos de quienes contribuyeron a su triunfo y a su fugaz consolidación. Así es la política real, la que no se deja explicar por los cuentos de hadas que sostienen el inevitable triunfo del bien sobre el mal. Alberto Fernández es, por mor de la decisión anunciada por Cristina el 18 de mayo de 2019, el nombre de la síntesis de un dramático momento de la historia argentina, aquel en que sus fuerzas más avanzadas decidieron que el fin de la experiencia macrista era condición primera de cualquier idea de futuro independiente y democrático. Esa idea triunfó y la valoración de ese triunfo es central para el futuro de la patria: cualquier estrategia política que debilite esa decisión y esa victoria corre el riesgo de ser cómplice de un nuevo y particularmente intenso fracaso nacional. Dijo el Coco Basile “yo paro bien a mis jugadores pero después la pelota se mueve y no se quedan en el lugar que yo los paré”. Metáfora potente de la política. Ahora hay una enorme cantidad de jugadores que asisten, forman parte, protagonizan, una historia cuyas derivaciones son imprevisibles. ¿Cómo definir una posición frente a problemas que se acumulan en tropel y obligan a definiciones dramáticas que afectarán al país por un tiempo mucho más amplio que el que protagonizaremos? Es muy difícil decir cómo. Pero es posible decir cómo no deberíamos definirnos. Y lo difícil –casi imposible- es hacerlo con abstracción de nuestros cálculos individuales. No hay nadie que no haga esos cálculos. Eso es lo que hace a la política una práctica diabólica que excluye a las almas bellas, más predispuestas a la autosatisfacción ideal que al barro del compromiso con la vida real. Por eso tiene tan mala prensa Maquiavelo. Por eso estamos tan expuestos a la tentación de hablar en nombre de intereses ideales para defender lugares personales o de grupo. El gobierno argentino –el que todos hemos elegido- ha adoptado una actitud que procura restañar las heridas de la barbarie de los cuatro años precedentes, con una política de diálogo con fuerzas nacionales y globales que, de una u otra manera formaron parte de una línea de desarrollo cuya continuidad hubiera llevado a extremos desastrosos a la comunidad política argentina. Nada asegura el éxito de esa orientación. Como tampoco nada aseguraría el éxito de una apuesta a la polarización extrema entre los dos humores antagónicos de la sociedad argentina. Claro que el modo en que se tramita esta compleja estrategia común, plural y democrática no puede ignorar el estado de ánimos de millones de argentinos y argentinas que rechazaron al macrismo desde antes de su victoria electoral. No son “minorías intensas” como gusta calificarlas una politología siempre dispuesta al coqueteo con los poderosos. Será muy difícil, en un futuro previsible, gobernar ignorando la voluntad de esos millones, cuya conciencia social y política quedó definitivamente marcada por la experiencia de los gobiernos de Néstor y Cristina. Y hay que asumir con humildad y con amplitud que la continuidad del régimen macrista en términos de persecución, prisión, censura y estigmatización es incompatible con la victoria popular del año 2019. Reconocer como válidas las operaciones político-judiciales que hoy mantienen en prisión a Milagro, a De Vido, a Boudou, a Delía y a muchos otros después de que la relatoría de la ONU  ha denunciado un plan sistemático de persecución política no puede ser una necesidad táctica. Es un grave daño a la unidad para terminar con el macrismo, porque es una validación del sentido central de ese oprobioso régimen derrotado recientemente en las urnas. ´ Lo que se insinúa es un complejo operativo político cuya base fundamental es la preservación y ampliación de la unidad alcanzada. Una inteligente captación del estado de ánimo social que permita transitar el terreno minado por la acción del neoliberalismo y una percepción muy aguda del mundo que nos rodea, de sus amenazas y de las posibilidades que entraña.

Fuente: Carlos Heller | Tiempo Argentino Fecha: 2 de Febrero de 2020 La media sanción en Diputados del proyecto de ley sobre sostenibilidad de la deuda bajo jurisdicción extranjera refuerza el apoyo político y la imagen de unidad nacional. Condiciones necesarias para encarar una renegociación imprescindible para atender la situación de emergencia y empezar a poner al país de pie. El consenso conseguido deberá ser el punto de partida para construir una serie de postulados necesarios alrededor de la temática de la deuda, pensando en las futuras generaciones. Implica abordar el posicionamiento estratégico del país alrededor de esta materia, cuestión que históricamente ha sido funcional a intereses contrarios al desarrollo de nuestra Nación. El enfoque del actual gobierno brinda varias definiciones para avanzar en este sentido. En su momento alertamos sobre la inconsistencia y los peligros del programa económico de Cambiemos. En definitiva, fue una política con un claro sesgo ideológico y no tanto un subproducto de la mala praxis, a tal punto que el propio Mauricio Macri expresó recientemente que conocía la existencia de estos riesgos. El expresidente, entre otras cuestiones, afirmó que les decía a sus funcionarios: «Cuidado, que yo conozco a los mercados, un día no te dan más plata (…), nos vamos a ir a la mierda, no podemos seguir tomando deuda eternamente». Las responsabilidades, más que claras. Cabe recordar que Macri hizo un balance de su gestión en diciembre y señaló que «dos de cada tres pesos (en verdad, se refería a dólares) fueron para pagar vencimientos de la deuda, y el peso restante fue para pagar el déficit dejado por gobiernos anteriores». En la misma orientación, varios diputados opositores vienen sosteniendo que la deuda tomada durante los últimos cuatro años estuvo impulsada por los déficits fiscales (dicen, principalmente heredados en 2015), una proposición más que errada. Por un lado, los números no avalan en absoluto tal postura; imposible justificar con este concepto la duplicación de la deuda pública que sucedió en dicho período. Pero, además, según informó el gobierno macrista a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) en febrero de 2019, el déficit primario fue del 1,8% del PBI durante 2015, dato indispensable para este análisis. Por otro lado, deberían poder explicar respecto de la necesidad de tomar deuda en dólares, cuando la mayor parte de los gastos primarios es en pesos. En los hechos, la deuda no se explica por el argumento del déficit fiscal, no sirvió para incrementar la capacidad productiva (y por ende de repago), pero sí terminó financiando la fuga de capitales y restringiendo la toma de decisiones soberanas, una hipoteca que nos afecta en la actualidad. Va en línea con lo que expresó el presidente Alberto Fernández recientemente: «Un país endeudado es un país que pierde capacidad de decidir, condicionado en su futuro. Todo esto es lo malo de la deuda. Es asombroso que Mauricio presidente diga lo que dijo y que los argentinos escuchen que un presidente hable con tanta irresponsabilidad». El proyecto de ley que obtuvo media sanción está en el marco de la emergencia que atraviesa nuestro país, y va en línea con las facultades delegadas por la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva (27.541). Refleja que la voluntad de pago está, pero que «para poder pagar, el país necesita generar capacidad y para eso hay que crecer, por lo que es fundamental que exista un alivio de la carga de deuda que enfrentamos», tal como afirmó el ministro Martín Guzmán. La gestión de la deuda también sigue los lineamientos establecidos en los Principios Básicos de los Procesos de Reestructuración de la Deuda Soberana, aprobados por la ONU en 2015 y declarados de orden público en nuestro país, a través de la Ley 27.207. Entre ellos, la idea de que la negociación le dé sostenibilidad a la deuda y que siga el principio de «buena fe», basada en las «negociaciones constructivas (…) con el propósito de restablecer la sostenibilidad de la deuda y el servicio de la deuda de manera rápida y duradera». En estos días el gobierno dio a conocer el cronograma para la reestructuración de la deuda. Allí se determina la segunda semana de marzo como plazo para que los acreedores conozcan la oferta. Entre otros momentos de relevancia figura la segunda semana de febrero, cuando la autoridad de aplicación (el Ministerio de Economía) presentará los lineamientos del Análisis de Sostenibilidad de la deuda pública en el Congreso de la Nación. Un hito que respeta el principio de rendición de cuentas al Parlamento y que refuerza la idea de que este es un proyecto hecho en Argentina y para los argentinos y las argentinas. Suspensión del»Consenso» Fiscal El miércoles se sancionó la Ley del Consenso Fiscal, que ya contaba con la aprobación del Senado. Esta norma suspende hasta el 31 de diciembre de este año la vigencia del Consenso Fiscal firmado por las provincias en 2017 y 2018, a la vez que se posterga por un año el trámite de los procesos judiciales iniciados por las provincias firmantes contra el Estado Nacional, por la reducción de ganancias y eliminación del IVA a los alimentos. Cabe resaltar que, como mencionó una diputada, exgobernadora de provincia, la adhesión en 2017 no fue sólo por libre voluntad. Aquellas provincias que no firmaban no recibirían el Fondo Solidario (también denominado Fondo Sojero, que se suspendió a fines de 2018), lo que implicaba una disminución sustancial de recursos para dichas jurisdicciones y los municipios. Una de las principales condiciones del Consenso estipulaba que se iría disminuyendo la presión tributaria mediante la reducción de las alícuotas de determinados impuestos, principalmente ingresos brutos. La suspensión de esta condición generó grandes críticas por parte de la oposición en el tratamiento en Diputados, diciendo que llevaba a un aumento de la presión tributaria, y que ello generaba recesión y problemas a las empresas. Cabe citar que ninguna provincia está obligada a aumentar impuestos, sino que fueron liberadas de seguir bajándolos. Cada administración provincial, surgida del mandato ciudadano, tomará la decisión que considere más

Fuente: Jorge Elbaum | El Cohete a la Luna Fecha: 2 de febrero 2020 Fotografía: Claudio Avruj, ex director ejecutivo de la DAIA, y su actual presidente Jorge Knoblovits. El objetivo de la derecha local de manipular el fantasma de la judeofobia para demonizar al Frente de Todoxs ante la opinión pública internacional, quedó desbaratado con el viaje de Alberto Fernández a Israel. La operación, ideada inicialmente por dirigentes cercanos a Juntos por el Cambio, dejó a la DAIA en una situación endeble tanto en relación al gobierno como respecto a su club de seguidores locales. Esta fragilidad se suma al  fracaso sufrido una semana atrás, cuando la delegación diplomática de Tel Aviv en Buenos Aires no accedió a sumar a los dirigentes de la calle Pasteur a la comitiva que recibió al presidente en Yad Vashem. Jorge Knoblovits, actual presidente de la DAIA, tuvo que contentarse con viajar a Polonia a la rememoración alternativa donde no se registraron presencias gubernamentales destacadas. La DAIA y la AMIA son las dos organizaciones que mantienen hasta el día de hoy una obscena querella contra la Vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, vinculada con el fallido Memorándum de Entendimiento con la República Islámica de Irán. Como resultado de esas acusaciones, varios dirigentes políticos y sociales sufrieron absurdas prisiones preventivas. A uno de esos imputados, el ex canciller Héctor Timerman, se le impidió trasladarse a Estados Unidos para darle continuidad a un tratamiento oncológico que había iniciado antes de ser acusado. La negativa para realizar el viaje –como consecuencia de la prisión preventiva— y las indagatorias perversas que tuvo que padecer por parte del juez Claudio Bonadío aceleraron su muerte. Ambas instituciones, lejos de darle continuidad a sus misiones estatutarias (la ayuda social en el caso de la AMIA y la lucha contra la judeofobia por parte de la DAIA), se han constituido en el último decenio en apéndices y/o mascarones de proa de las iniciativas de persecución mediático-jurídicas lideradas por el macrismo. Sus referentes aparecen en forma recurrente como impulsores y difusores de las teorías sobre el homicidio del fiscal Natalio Alberto Nisman, pese a las evidencias que apuntalan la tesis del suicidio. A pesar de quedar excluidos del periplo presidencial, las autoridades de la DAIA intentaron infructuosamente constituirse en los únicos oradores comunitarios en la conmemoración realizada en el Palacio San Martín de la Cancillería el lunes 27 de enero, fecha en la que se recuerda la llegada de las tropas soviéticas a Auschwitz. En esa oportunidad el Ministro de Relaciones Exteriores Felipe Solá relacionó, en forma precisa, los lazos ideológicos y políticos que vinculan el genocidio sufrido por los 6 millones de judíos con los campos de concentración operados por los grupos de tareas durante la dictadura cívico-militar. Las semejanzas señaladas por el canciller no fueron del gusto de los acólitos de la DAIA –entre ellos el ex secretario de Derechos Humanos de la Nación Claudio Avruj y su socio Guillermo Yanco, cónyuge de Patricia Bullrich—, quienes se mostraron fastidiados. Dicho malestar fue compartido por otros referentes de AMIA y DAIA, para quienes los crímenes perpetrados por los nazis no debieran ser comparados con ningún otro acontecimiento trágico. En referencia a esta polémica, uno de los máximos referentes de la investigación sobre la Shoá, Yehuda Bauer, señaló: “Obviamente el Holocausto fue un genocidio y, por lo tanto, no sólo puede, sino que debe ser contrastado con otros eventos genocidas de similar naturaleza o calidad. El paralelo principal entre este y otros genocidios es el hecho del asesinato en masa, que es bastante obvio. Otro, principal y paralelo, se encuentra en el sufrimiento de las víctimas, que es siempre el mismo. No hay gradaciones de sufrimiento, y no hay mejores asesinatos o torturas o violaciones que otros. El sufrimiento de las víctimas es siempre el mismo, y desde ese punto de vista no hay diferencia entre judíos, polacos, romas (“gitanos”), rusos, darfurianos, tutsis o cualquier otra persona”. [1] Luego de finalizado el evento en la cancillería, el hermano de Héctor Timerman, Javier, increpó al vicepresidente de la DAIA, David Stalman, exigiéndole explicaciones sobre el rol cumplido por esa institución en la persecución sufrida por Héctor, y en forma conexa, por su familia. El dirigente de la calle Pasteur solo atinó a responsabilizar a la anterior gestión de su institución y a sugerir –en forma desvergonzada— que dicho hostigamiento había sido el producto de un equivocado seguidismo de la política liderada un lustro atrás por la AMIA. Quienes rodeaban a ambos y escucharon asombrados el intercambio, no pudieron explicar cómo es que aún la DAIA continúa siendo parte de la querella que tiene a CFK como su víctima más relevante. Héctor Tìmerman y CFK, dos hostigados Uno de los máximos interesados en la utilización del antisemitismo como herramienta para desacreditar al gobierno de Alberto Fernández, el legislador Waldo Wolff, decidió en forma llamativa no concurrir a la actividad de recordación de la liberación de Auschwitz, pese a sobreactuar en forma habitual sobre su compromiso con los sobrevivientes y las víctimas. Según la versión de uno de sus colaboradores, el diputado se encuentra abocado en forma casi exclusiva a conseguir rechazos a la candidatura a procurador del actual juez Federal Daniel Rafecas y a postear ocurrencias por las redes sociales. Según esa misma fuente, el ex vicepresidente de la DAIA se habría mostrado contrariado con Netflix porque la miniserie sobre Nisman «minimizó su testimonio». Más aún, en la última semana sus asistentes  tuvieron que soportar quejas contra la delegación diplomática israelí, por no haberle pedido asesoramiento en relación a las indudables intenciones chavistas del peronismo. La incomodidad que viven los actuales dirigentes de la DAIA se debe a tres factores centrales. Por un lado, al hecho cada vez más evidente de que dicha organización no expresa a la colectividad en su conjunto, sino a una porción minoritaria que malversa aspectos identitarios para reconvertirlos en capital político reaccionario. En segundo término, porque sus dirigentes más fundamentalistas se han visto ninguneados por la embajada de Tel Aviv: el gobierno de Bibi

Fuente: Gerardo Mazur | El Cohete a la Luna Fecha: 2 de febrero 2020 “No fue suicidio, fue magnicidio”. Es cierto. La consigna vociferada sin hartazgo por varios centenares de gargantas febriles en la Plaza del Vaticano el 18 de enero pasado es cierta. Los responsables de los alaridos querían, esperaban, que el volumen de emisión del grito se expandiera por la ciudad, por la Argentina, por el mundo y sus adyacencias. Cuanto más desarrollo, más verdad. Cuanto más pantallas, más verdad. Cuanto más medios periodísticos, más verdad asentada. Cuanta más difusión oral, escrita, dibujada, cantada, gestual, publicitada, más verdad. Mucha, muchísima, única verdad. La permanente repetición de la consigna, digamos, un millón trescientos ochenta y nueve mil novecientos noventa y uno al cuadrado. A todos los cuadrados hasta ser legión. Indiscutible verdad. Nada que pensar. Nada de nada. Está todo dicho. “No fue suicidio, fue magnicidio”. Es absolutamente cierto. Es cierto, pero la pregunta estalla. ¿Cómo puede ser que semejante certeza esté construida por una sarta de mentiras? Una más mentirosa que otra. Una más tergiversada que la anterior, en progresión geométrica hacia la siguiente, más inventada aún que la tergiversada. Y así, sin etapas. Hasta el área operística de la desafinación más aguda: “Cristina asesina”. ¿Cómo puede ser? I. Veamos un poco de bibliografía siglo XX. Ahora nomás. Al alcance del pensamiento. No sólo del cartesiano “pienso, luego existo” sino, al mismo tiempo, del “siento, luego existo” de origen africano. El primer ejemplo es brutal. Parece desproporcionado. Pega fuerte. Para posibilitar la comprensión de las cosas graves, en lugar de tomar distancia y practicar la indiferencia, el maestro Pichon Rivière sugería profundizar la estructura siniestra del hecho. Miedos, abstenerse un poco. Atreverse enriquece y ¡cuánto! Cada vez más. El ejemplo es Hitler. Adolfo Hitler. Cabeza del gobierno del país más culto de Europa. De la culta Europa. Hitler sabía que la propaganda en escala multitudinaria produce certezas a la mayoría de las personas. Le ahorran el laburo de pensar por sí mismos. Vacaciones a la materia gris. El placer del vacío, enriquecido de sabiduría incontrovertible. Una maravilla. Ya lo había experimentado durante la campaña proselitista que lo llevó al poder documentada en su momento por la Universidad de Frankfurt. Goebbels, ministro de propaganda del gobierno nazi, ya en el poder, fue el minucioso ejecutor. Desde el jardín de infantes hasta el geriátrico. Ninguna etapa sin convencer, en el lenguaje y códigos adecuados a cada edad. Un proceso gigantesco de aprendizaje cotidiano. Transformar al país en una sola voz, en una sola consigna. Hacerla propia. Retransmitirla. Apasionarse por la tarea. Ninguna duda. Dueños de la verdad. Una cultura coral. Andante majestuoso con un solo camino a recorrer. De ida, sin vuelta. Bruno Zevi, el notable pensador y arquitecto italiano, apelando a George Steiner y a su experiencia sobre lo inhumano, comentaba: “La barbarie prevaleció en el mismo terreno del humanismo cristiano, de la cultura renacentista y del racionalismo clásico”. Voltaire, dos siglos antes, ya adelantaba: “La civilización no combate la barbarie, la perfecciona”. ¡Y de qué modo! En el siglo XX la industrializa. El rigor y la efectividad heredada, los nazis la convierten en Auschwitz. El espanto en su mayor escala. Entre canapés, buen vino, cognac añejo y sexo, en la ciudad de Wannsee, bajo el marco del buen vivir y el amparo de las leyes de Nüremberg, se planifica el asesinato de millones de personas. Una decisión ya sostenida por la mayoría del pueblo alemán. La raza humana es una sola: la aria. Los judíos, los gitanos, los opositores –cómo se atreven— sobran. Infectan. Están de más. Eliminarlos es ley. Es hacer patriotismo. Poco tiempo después, se crean en Alemania y en los países ocupados, los campos de concentración y exterminio. Se da entonces un hecho único en la historia: no eran clandestinos. No fue necesario ocultarlos. La propaganda fue capaz de cambiar los valores universales y establecer los propios, la cultura de la barbarie. II. Ejemplo desproporcionado. Me parece que no. Veamos. El caso Nisman. El caso Nisman tiene que ver con los dos atentados más graves ocurridos en nuestro país. Embajada de Israel en 1992; AMIA en 1994. Ambos, de fortísimo contenido antisemita, junto a otras consideraciones políticas. En noviembre de 2013 Memoria Activa, agrupación integrada por familiares y amigos de víctimas de la masacre de la AMIA, hacía pública una carta abierta dirigida al doctor Alberto Nisman; “La causa AMIA: una causa desfiscalizada”, en los siguientes términos: Familiares y amigos de las víctimas de la masacre en la AMIA nucleados en Memoria Activa buscamos la verdad y la justicia. Usted, Dr. Nisman: ¿que busca? Lo hemos visto durante años trabajar denodadamente, hablar denodadamente, viajar denodadamente y jugar a las escondidas denodadamente. En muchas audiencias, a las que tenía la obligación de asistir, y a las cuales nos había prometido asistir como si nos hiciese un favor a nosotros, finalmente la fiscalía dejó un vacío. Fiscal Nisman: ¿Dónde está? ¿Jugando a las escondidas? Es evidente desde hace casi 20 años, que, si no fuera por los familiares de las víctimas, la causa AMIA estaría enterrada en la plaza Lavalle. Dr. Nisman ha jugado a las escondidas paseando por foros internacionales, se ha convertido en un experto sobre terrorismo internacional, nos preguntamos entonces: ¿Quién busca verdad y justicia en la causa AMIA? ¿Quién nos representa? ¿Qué intereses lo mueven a usted en sus acciones jurídicas desde hace años? Nos engañó, nos mintió, nos intenta embarullar con centenares de fojas que cuentan historias que ojalá algún día pueda probar. Tenía la posibilidad de demostrar que todos estos años invertidos por usted podían sostenerse en una indagatoria, pero sus acciones demuestran lo contrario. Dr. Nisman sabemos que algunos grupos y sectores lo apoyan, sabemos que el Memorándum es imperfecto pero es algo, en todos estos años nadie propuso absolutamente nada superador. Los familiares que llevamos la carga de 20 años de sostener la investigación apoyamos el Memorándum porque tenemos derechos. No sólo el derecho a la justicia, también el derecho a

Fuente: Edgardo Mocca| El Destape Fecha: 29 de diciembre de 2019 La sociedad argentina observa a dos corrientes antagónicas, nacidas al calor del 2001: la rebelión plebeya al ajuste neoliberal contra las clases medias antipolíticas. Es posible que las dos coaliciones que sumaron poco menos que el 90% de los votos en las últimas elecciones presidenciales hayan nacido con el estallido social de diciembre de 2001. No es difícil percibir en aquel incendio la existencia de dos “humores” frente a la crisis: uno plebeyo, que se rebelaba contra la violencia de las reformas neoliberales iniciadas en los años noventa con Menem y que, ya en el gobierno la primera Alianza,  habían sumido a los sectores populares en las más duras privaciones. Era, en ese sentido, un hito en las movilizaciones sociales que tuvieron en la rebelión popular de Cutral Co una referencia memorable. El otro humor era el de las clases medias y medias-altas que fueron la base de sustentación cultural de la Convertibilidad, que disfrutaron de los viajes al exterior y pudieron llevar muy fácilmente a su régimen de vida a algunos de los productos de la revolución técnica que trajo consigo lo que dio en llamarse la “globalización”. Este sector se movilizó contra el corralito; es decir no contra las políticas neoliberales sino contra el último círculo de su decadencia en el que asomó la amenaza a sus ahorros y a su patrimonio. Fugazmente ambos humores se encontraron: piquete y cacerola la lucha es una sola, se gritó entonces. Cuando el gobierno de Duhalde fue enderezando el averiado barco de la sociedad argentina las aguas se separaron.     Menos de dos años después de aquel diciembre el país votó. Dos resultados vienen a cuento de esta hipótesis. Uno, el de la elección nacional que en un contexto de dispersión y debilitamiento de los partidos terminó eligiendo presidente a Néstor Kirchner ante la renuncia de Menem a disputar la segunda vuelta. El otro, el de la ciudad de Buenos Aires en el que Mauricio Macri, que había debutado cuatro años antes en las lides electorales ganaba la primera vuelta. Aun cuando fue derrotado en el ballotage por Aníbal Ibarra, la figura de Macri emergía en el centro de la escena política argentina. Lo anterior adquiere sentido y significación cuando se mira la coyuntura de estos días. La gran fórmula política que exponen los enemigos existenciales del gobierno de Alberto y Cristina es, justamente, la antipolítica. Para resistir las insinuaciones redistributivas del nuevo gobierno, se emplea el recurso de siempre: el “gasto político”. La fórmula mágica para pagar la deuda externa, para satisfacer demandas de la Argentina destruida sistemáticamente por la experiencia macrista, dar pan a los hambrientos, recuperar la producción y el empleo es…la disminución del gasto político. Que el ajuste lo haga “la política”. La oposición no se hace desde un partido o coalición alternativa, desde un programa opuesto y un partido históricamente reconocible; se hace desde el repudio de la política como tal. Hay que decir que Macri debe su malhadada experiencia presidencial a esa subcultura. Eso fue lo que, después del resonante éxito de Massa en las parlamentarias de 2013 inclinó la balanza a favor del empresario. Fueron las masivas columnas caceroleras, las solidaridades con la “familia” judicial después del suicidio de Nisman, las marchas que reivindicaban la “libertad” para comprar dólares, las que encontraron su referencia en Macri. Estamos hablando de una quiebra histórica en el sistema de partidos políticos argentinos. El bipartidismo peronista-radical ha sido desplazado por la lucha entre dos grandes coaliciones sociales que se ordenan en torno de relatos antagónicos del pasado y de imágenes ideales del futuro del país. Relatos que ciertamente han recorrido gran parte de nuestra historia, que han alcanzado un grado de sinceramiento y de intensidad y constituyen un desafío para la democracia argentina. El frente que gobierna ha producido un visible viraje de su lenguaje que se expresa en sus acciones. Propone a sus antagonistas el diálogo, habla de concertaciones, de pactos y de contratos, flexibiliza sus propuestas para lograr amplitud en sus respaldos. No hay dudas de que ese espíritu lo ha fortalecido en términos de respaldo popular. Sin embargo, los grandes emporios mediáticos – verdaderos termómetros de los humores de sectores decisivos del establishment nacional y global- siguen en pie de guerra. En una región conflictiva e inestable y en un mundo en el que están en juego las posiciones hegemónicas, Argentina se ha constituido en un punto de referencia para quienes creen posible un orden diferente y quieren transitar en esa dirección sobre la base de desarrollar la democracia y no de ignorarla.

Fuente: Carlos Heller | Tiempo Argentino Fecha: 29 de diciembre de 2019 Fin de año es época de balances. De lo que se hizo y perfilando lo que vendrá. Pero, para tratar de avizorar el futuro, hay que partir del presente. Aunque este es un presente muy discutido, porque para Juntos por el Cambio parecería que nos dejaron un país muy ordenado, y que la cuestión de la emergencia es un tema del oficialismo. Por eso es esencial discutir el país que nos dejó Mauricio Macri y la emergencia en la que estamos. Una caída del PBI per cápita del 9% durante la gestión anterior, la tasa de desocupación más alta desde 2006 y un retroceso de más de diez años en la lucha por reducir la pobreza. El nivel de producción industrial hoy es equivalente al del año 2006: perdimos 13 años. Se cerraron más de 20 mil empresas en cuatro años, de ellas, más de 4200 industriales. Se produjo una caída del poder adquisitivo de las jubilaciones de entre el 15% y el 20%, similar a la pérdida de los salarios. Nos enfrentamos entonces a múltiples crisis, como lo dice la ley recientemente sancionada: emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. Parecería que se está diciendo lo obvio. Pero es necesario insistir, pues hay una gran tergiversación desde los exfuncionarios (que además hablan como si no hubieran gobernado) y desde los grandes medios de comunicación hegemónicos. Entonces, un balance de lo que se heredó es el punto de partida para que más adelante veamos dónde estamos, y podamos decir si avanzamos o retrocedimos, si las jubilaciones mejoraron o no mejoraron, si la redistribución del ingreso mejoró o empeoró, si hay más desempleados o menos, si se han abierto pymes en vez de seguir cerrando, cuánto se ha reducido el flagelo del hambre. Las tergiversaciones Se dijo y se escribió mucho acerca de que Alberto Fernández, con la nueva ley, estaría aplicando el ajuste que pide el FMI. Sin embargo, el término «ajuste» está referido a cuando hay que ajustarse el cinturón. Es lo que les pasa a los que menos tienen, a los maestros que no ganan lo suficiente, a los trabajadores informales, a los jubilados que cobran la mínima, entre otros. Ahora se está intentando que los sectores más favorecidos contribuyan a partir de los beneficios que han tenido y que seguirán teniendo, para ir hacia un sistema tributario más progresivo. Porque lo que hizo Macri en estos cuatro años fue, precisamente, disminuir los tributos sobre los bienes personales (es decir, la riqueza) y sobre las ganancias de las grandes empresas. Y lo que se está haciendo ahora es corregir ese absurdo, que redujo los tributos a los que más tienen. Ahora, los que más tienen tendrán que pagar más. Desde Juntos por el Cambio se habla de ajuste a partir de la Ley de Solidaridad Social. No obstante, el programa económico actual está en las antípodas de un ajuste, porque se trata de obtener aportes de los que tienen capacidad para aportar los recursos. Y a esta estrategia la gente de Juntos por el Cambio la llama, yo diría maliciosamente, ajuste. Y gran parte de la oposición también degrada el significado de la «solidaridad» sobre el cual se asienta todo este cambio que genera la nueva ley. La verdadera solidaridad atraviesa todo el articulado de la nueva ley, denominada, precisamente, «Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública»: todo un título. Porque hay una cuestión esencial: el asistencialismo es una herramienta para arrancar cuando se está en el peor de los escenarios. Sin embargo, las políticas tienen que apuntar a que se genere trabajo de calidad, con el cual las personas ganen lo suficiente para vivir decentemente, y esa es la rueda virtuosa que hay que poner en marcha. Estos conceptos están en la ley, porque despliega un plan asistencialista, pero en el marco de la justicia redistributiva y de la reactivación económica. Siempre sostuve que no soy partidario del déficit fiscal como meta a largo plazo, y que no creo que deba resolverse por la vía del recorte del gasto, sino por la vía del aumento de los ingresos que debe venir de una mayor actividad. Comencemos con los aumentos que obligatoriamente el gobierno tendrá que dar en los próximos dos trimestres a los jubilados. No se trata sólo de la nueva fórmula, sino de que hay que regenerar los ingresos previsionales para que una fórmula de mejora pueda ser sustentable. No se menciona, por ejemplo, que el 70% de la mayor recaudación por vía del impuesto al atesoramiento y a los gastos en el exterior irá a la Seguridad Social y al Pami, y un 30% a la vivienda social. En el caso de los eventuales aumentos en las retenciones, irían un 67% a financiar también a la Seguridad Social y al Pami, y un 3% a un fondo solidario de competitividad industrial para estimular la producción de pequeños productores y cooperativas; el 30% restante se destinaría a rentas generales. Además, «el Poder Ejecutivo Nacional deberá establecer mecanismos de segmentación y estímulo tendientes a mejorar la rentabilidad y competitividad de los pequeños productores y cooperativas» con criterios que tengan en cuenta las distancias entre los centros de producción y los de efectiva comercialización, entre otros. Estos son los conceptos de solidaridad incluidos en la ley, que la mayoría de la oposición y los medios concentrados casi no mencionan. La otra cara de la moneda de la solidaridad es que el sistema tributario se hace más progresivo. Por eso se incrementó el impuesto a los bienes personales. En verdad, se llevaron las alícuotas a los niveles de 2015, nada excepcional. Además, se excluye el valor de la vivienda familiar de la base de tributación. Lo que sí es nuevo, que los bienes en el exterior, principalmente los que fueron declarados en el blanqueo que hizo Macri, tributarían una tasa de hasta el doble

Fuente: Guillermo Wierzba | El cohete a la luna Fecha: 29 de diciembre de 2019 Acorralado y desprestigiado debido a los pésimos resultados macroeconómicos de su gestión, el gobierno de la Alianza Cambiemos, rebautizada como Juntos por el Cambio, intentó resaltar aspectos presuntamente exitosos de la misma. Sus referentes y los operadores-periodistas que la blindaban eligieron apologizar supuestas mejoras en la vida institucional argentina, como soporte para sostener la campaña reeleccionista del presidente neoliberal que culminaría su mandato el 10 de diciembre pasado. Pero el debate planteado dejó expuestas las evidencias de un grave deterioro de esa vida institucional durante el macrismo. El intento de designar jueces supremos por decreto, la estigmatización y represión de la movilización social, las presiones sobre el Poder Judicial y la articulación con sectores de éste para el despliegue de una sistemática persecución a dirigentes sociales y funcionarios de los gobiernos anteriores, caracterizaron ese grave retroceso. Fuera de la ley Una cuestión adicional fue el incumplimiento de la Ley como modo permanente de ejercicio del gobierno. Hoy se tramitan judicialmente, entre otras, la causa sobre el incumplimiento de las formalidades necesarias y exigidas por el orden legal y administrativo en el endeudamiento con el FMI. La lógica de comportarse por fuera de las leyes incluyó la violación permanente de la Carta Orgánica del BCRA. El artículo 3° de la Carta Orgánica sancionada en 2012 expresa la clave del cambio de legislación que se introdujo, dándole al organismo objetivos múltiples que reemplazaban la versión sustituida que sostenía uno único. El texto vigente establece que: “El banco central tiene como finalidad promover, en la medida de sus facultades y en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”. Con un claro objetivo de escamotear lo previsto por la Ley, Szturzenegger en su discurso 14/12/15 expresó: “Fíjense qué interesante cómo está redactado. Lo que aquí se enumeró no está en orden alfabético, está en orden de prelación o importancia”. El Doctor en Economía del MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) había resuelto autorizarse, así, a dar por legislado lo que no lo está: jerarquizar el objetivo de “estabilidad monetaria” frente a los otros establecidos para la institución, acudiendo al orden prelativo. Szturzenegger aseguró que en una enumeración siempre existe una jerarquía y fijó un criterio, no enunciado por el legislador, que implicó inferir una misión para el Banco Central, devaluando el cambio de la Carta Orgánica, y que de hecho significó asimilarla al espíritu de la ley sustituida. Así, el economista ortodoxo se hizo su propia ley. ¡Vaya institucionalidad! Metas de inflación Con esa treta se dio comienzo al período de aplicación de un esquema de metas de inflación para bajar la tasa de crecimiento de los precios. El banco central asumió, así, el dispositivo preferido y recomendado por el FMI, para la construcción de las políticas monetarias y el combate de la inflación. El diagnóstico subyacente respecto de ésta es que el incremento de los precios proviene de un exceso de demanda en la economía. Para combatirlo, el Banco Central adopta como instrumento la tasa de interés de referencia de política, con la cual pretende afectar el precio de los activos y el resto de los tipos de interés. La autoridad monetaria se propone una inflación objetivo, y si se evidencia una tendencia de la tasa de inflación efectiva a superarla, se elevará el tipo de interés de referencia, provocando la disminución de la actividad económica, el consumo y la inversión, para lograr un descenso del ritmo de crecimiento del nivel de precios. El esquema supone que la reducción de la actividad también impactará en el nivel de empleo, deprimiéndolo, para alcanzar una tasa de desocupación que, como manifiestan Abeles y Borzel en el documento de trabajo n°1 del CEFID-AR Metas de Inflación: implicancias para el desarrollo, “mantiene los reclamos salariales en línea con la distribución del ingreso prevaleciente”. Una de las condiciones requeridas para la aplicación del dispositivo de Metas de Inflación es la independencia de la autoridad monetaria, autonomizada de las representaciones ciudadanas, que, una vez definida cuantitativamente la meta inflacionaria, deberán abstenerse de discutir la estructura del régimen de política monetaria. ¡Vaya democracia! Su aplicación requiere la libre flotación cambiaria y la libre movilidad internacional de capitales. Este régimen fue aplicado durante el gobierno de Macri hasta que estas dos últimas condicionalidades, junto a la decisión de financiar el déficit fiscal en pesos tomando préstamos en dólares, condujeron a la situación de iliquidez e insolvencia externa. De hecho, un virtual default, sin haber logrado -ni haberse acercado nunca- a las metas de inflación planteadas, pese a haber sometido a la economía a una elevadísima tasa de interés que, junto a otras medidas de política económica, provocaron el devenir de un cuatrienio de caída del PBI, derrumbe del salario y de los ingresos fijos y aumento del desempleo. Un festival de títulos y letras Mientras tanto, un festival de títulos y letras remuneraban con abultados intereses al capital especulativo. En la Argentina el esquema de Metas de Inflación constituyó un rotundo fracaso de la receta fondomonetarista. Por el contrario, el nivel inflacionario superó con creces el tan cuestionado de los doce años de gobierno popular. Siendo dos inflaciones de sustancia distinta. Mientras la primera se desplegaba en un patrón de acumulación de valorización financiera que despojaba a los sectores populares, la del período del gobierno de Cristina Fernández expresaba una puja distributiva, en la que los asalariados defendían las mejoras alcanzadas. Pero el fracaso en Argentina de tal régimen, no es un episodio aislado. La ineficacia parece extenderse a los países periféricos en general. La ortodoxia se ha empeñado en destacar la disminución del traspaso (pass throught) del tipo de cambio a precios en esos países, adjudicando su causalidad al establecimiento de regímenes de metas de inflación, asociados a un crecimiento de la credibilidad en las autoridades monetarias y al cumplimiento de las otras condiciones requeridas para la vigencia