Cruzar el abismo
Fuente: Horacio Verbitsky | El cohete a la luna Fecha: 15 de diciembre de 2019 La relación de la Argentina con Estados Unidos es una de las cuestiones principales a las que debe prestar atención el gobierno del Presidente Alberto Fernández, dado el rol decisivo del accionista mayoritario del FMI. A su vez, el organismo internacional es clave para la renegociación de la descomunal deuda contraída en apenas cuatro años por el alegre gobierno anterior. Bajo la conducción de Fernández, la Argentina debe cruzar un abismo, sobre un inestable puente de troncos. Llegar a la otra orilla no es imposible, pero un paso en falso puede precipitar una caída mortal. Del acuerdo que pueda alcanzarse, tanto con el FMI como con los acreedores privados, depende la disponibilidad de recursos para revertir la estanflación que dejó como herencia Maurizio Macrì, sin lo cual el nuevo gobierno no tendría futuro. La nueva directora del Fondo, Kristalina Georgieva, muestra hasta ahora buena disposición, como si la Argentina pudiera ser el leading case para mostrar un cambio radical respecto de sus predecesores. Más frágil que el Kristal Fernández presentará la campaña nacional contra el hambre en la ciudad más castigada por esa aberración, la entrerriana Concordia, sede de la primera capital alternativa donde sesionará el gabinete nacional. Ese programa prioritario y las diversas medidas de recuperación del poder adquisitivo de salarios y asignaciones y de contención de precios son los pasos iniciales de un giro de 180° en la política económica, aquello que Alberto ha definido como poner plata en el bolsillo de los argentinos. En su primera conferencia de prensa, el Ministro de Economía Martín Guzmán advirtió que esos fondos no provendrán de la emisión monetaria, declaración que sorprendió a quienes preveían otro curso de acción. Como expone en otro artículo de esta edición Guillermo Wierzba, las fuentes fiscales que quedan para hacer política económica y evitar la continuidad del descenso de la actividad económica son la reasignación de las partidas previstas para el pago de deudas, las retenciones al sector agropecuario, al minero y a las grandes empresas industriales con competitividad exportadora, los impuestos a los activos de los argentinos en el exterior, a los bienes personales y los tributos a los bancos que tuvieron ganancias extraordinarias debidas a los negocios con LEBACs y LELIQs y a las altas tasas de interés. El primer paso fue el decreto que modificó el esquema de retenciones. El enojo de las cámaras patronales no es razonable: Alberto procedió al amparo de la ley y no como Maurizio Macrì, y la alícuota para la soja estuvo por debajo de lo que estaba facultado para imponer. En septiembre, Macrì fijó una retención de 4 pesos por dólar exportado, medida para la que el Congreso no lo había facultado. ¿Por qué los autodenominados constitucionalistas ni el sector protestaron? Tal vez porque en tiempos de alta inflación, una alícuota fijada en pesos se iría extinguiendo más temprano que tarde, tal como ocurrió. En cambio, Fernández invocó el artículo 81 de la ley 27.467, sancionada en diciembre de 2018. Allí se establece que, de acuerdo con el Código Aduanero, el Poder Ejecutivo podrá fijar una alícuota del 12% para mercaderías que no estaban sujetas a derechos de exportación y hasta del 30% para las demás. En vez del 12% el gobierno se contentó con el 9% para carne, maíz, trigo y otros cereales. Y con la soja también se detuvo 3 puntos por debajo del 30% que le permitía la ley. No es seguro que las entidades valoren este self restraint, pero sería bueno que supieran que dentro del gobierno hubo incluso quienes pensaron en llegar al 35%, mediante un artículo en la ley de emergencia en ciernes. Esto se relaciona con las negociaciones entabladas con los acreedores. Guzmán fue recibido en Washington por Georgieva a pedido de Alberto Fernández, quien la llamó para comunicarle mucho antes del anuncio público que el joven académico de Manhattan sería su ministro. —¡Tenemos un amigo común con — respondió Georgieva, en referencia a Joseph Stiglitz, quien ya había hecho sondeos en Washington sobre lo que podía esperar la Argentina. El respaldo del premio Nobel de Economía obra como un reaseguro para Georgieva ante la incertidumbre de un cambio en las prioridades del organismo. Aun así, la primera respuesta de la nueva directora gerente del Fondo ante la solicitud de que se reuniera con Guzmán antes del cambio de gobierno, fue que no podía apartarse del procedimiento establecido, que requiere un previo dictamen de la línea del organismo sobre un proyecto oficial. Fernández replicó que la línea tendría una actitud defensiva, porque el Fondo es corresponsable de la situación argentina, y luego de mucho insistir consiguió la excepción pedida. En la segunda parte de la reunión, Georgieva hizo pasar al nuevo encargado de la Argentina, el venezolano Luis Cubbedu, quien desplazó al italiano Roberto Cardarelli. Un venezolano, oh casualidad. Son cuatro años, no dos Tanto en ese encuentro de Guzmán con Georgieva, como en los que se han venido sosteniendo con los tenedores privados de papeles argentinos, el nuevo gobierno plantea que durante cuatro años no podrá afrontar pagos de capital ni de intereses. Cuatro, no dos como se ha venido publicando en diversos medios. Es decir, todo el mandato de Alberto Fernández y de su Vicepresidente CFK. En principio habría asentimiento, aunque faltan detalles no menores por definir. Por ejemplo, algunos acreedores privados pretenden que los intereses que no se paguen en esas 200 semanas se capitalicen, lo cual engrosaría aún más la factura a partir de 2024. Es lo que Scalabrini Ortíz llamó atarse a la rueda del interés compuesto. En cambio, el gobierno plantea que se practique una quita sustancial en los intereses, que refleje las condiciones actuales del mercado mundial, donde el 8% anual que paga la Argentina se ve como un fósil de otra era, cuando la tasa de interés de los nuevos convenios apenas levanta de cero, e incluso hasta en Alemania los bancos están recibiendo depósitos con tasas negativas, es