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Ilustración Lautaro Fiszman Por: Daniel Rafecas – Revista Haroldo En el marco del día de los Derechos Humanos, que se conmemora hoy 10 de diciembre, el juez federal Daniel Rafecas, afirma que “los discursos de odio son una condición necesaria para la consumación de un genocidio”. “A lo que tenemos que apuntar es a que, en el mediano plazo, cuando estos referentes apelen a estos discursos de odio, estos caigan en saco roto, que no tengan repercusión, es más, que sean contraproducentes para sus ambiciones políticas”, enfatiza. He de comenzar con una reflexión que, hoy en día, ya es algo muy conocido en todo lo que son estudios relacionados con crímenes masivos, y es el hecho de que, de la contemplación de los procesos genocidas que hubo a lo largo de los últimos siglos, y en lo que va del siglo XXI también, es una regla constante afirmar que no existe la posibilidad de que se precipite un genocidio, o un crimen masivo cometido desde ámbitos estatales, o con la aquiescencia o consentimiento del Estado, sin la construcción previa de un enemigo, a través de la proliferación y la difusión de discursos de odio. Es decir, hoy en día sabemos que los discursos de odio son una condición necesaria para la consumación de un genocidio, es decir, para la consumación de Auschwitz o de la ESMA, para dar dos ejemplos que nos son muy próximos. Esto surge muy claramente, por ejemplo, de lo que fue el genocidio armenio, en donde los discursos de odio de la mayoría musulmana, panárabe del imperio otomano, dispersó y divulgó discursos de odio contra la minoría armenia que estaba segregada y diferenciada, no solamente desde el punto de vista religioso sino también étnico, durante siglos. Lo mismo por supuesto ocurrió en el caso del genocidio nazi, respecto no solamente de los judíos, sino también de otros colectivos perseguidos, pero especialmente de los judíos, en donde desde 1933 y hasta el inicio del proceso de exterminio -que comienza en 1941-, vamos a tener casi una década de preparación del genocidio, un largo período, en el cual los nazis van a sembrar discursos de odio de modo cotidiano. Y no lo digo metafóricamente: todos los días, en Alemania a partir de 1933, y luego en Austria a partir de 1938, en Checoslovaquia en 1939, y luego en todos los territorios que fueron ocupando, cotidianamente se difundían discursos de odio: un día en la radio, otro día en el cine, otro día en columnas en los medios gráficos, otro día en panfletos, otro día en directivas que circulaban en las fuerzas de seguridad o las fuerzas armadas, en donde se decía “los judíos son culpables”, “los judíos son delincuentes”, “los judíos son bacilos”, “los judíos son nuestros enemigos”, etc. Y esto también ocurrió, por supuesto, en lo que fue el terrorismo de Estado, no solamente en Argentina, sino en los restantes países del Cono Sur, en las dictaduras latinoamericanas. De modo tal, que creo que este es un punto muy importante para que nosotros tengamos en cuenta, en el sentido de que tenemos que estar, como activistas o como actores preocupados por la consolidación de los derechos humanos y la consolidación de la democracia, muy atentos y muy sensibles a la aparición, o la irrupción, o la promoción, o la emergencia de discursos de odio que, casi siempre, o durante muchos años, han circulado en forma muy encapsulada, en grupos cerrados, de redes sociales, y de repente, a lo largo de los meses, se empieza a percibir que empiezan a cobrar mayor protagonismo, que empiezan a salir de esos ámbitos cerrados y empiezan a circular de un modo más abierto y, especialmente, que empiezan a tener penetración en algunos ámbitos que son más proclives, y de entre ellos quizá lo más preocupante es entre las nuevas generaciones, que quizás todavía, de una u otra manera, desde el Estado no hemos podido llegar con contenidos que permitan identificar y neutralizar esos discursos. Por otra parte, la gran pregunta que nos venimos haciendo en los ámbitos que trabajamos estos temas desde hace décadas, es si conviene “combatir” la proliferación de estos discursos del odio desde la represión penal, o a través de otros medios alternativos. En ese sentido, tengo una postura que al principio fue intuitiva, y luego también la fui reafirmando de una manera más elaborada -porque de hecho he participado de discusiones muy serias que se están dando en el máximo nivel de los organismos de derechos humanos, hablando de Madres, de Abuelas, de Hijos, del CELS y otros organismos que están trabajando en este tema-, y creo, pese a que tengo más de treinta años de actuación en la justicia penal y llevo casi veinte años como juez federal en lo criminal, yo no estoy para nada seguro, y no creo, sinceramente, que la represión -es decir, la utilización de delitos penales para castigar actitudes como el negacionismo o el relativismo u otras formas agraviantes a la memoria de los sobrevinientes, de las víctimas y de los familiares de procesos genocidas o de crímenes masivos-, sea el camino. Pero esta es una cuestión puramente de estrategia: me parece que no es la estrategia adecuada desde un sistema democrático. Y voy a contar una pequeña anécdota para intentar reafirmar mi punto. Lautaro Fiszman Hace muchos años -quizás quien lea este artículo lo recuerde-, en mis primeros años como juez, me tocó intervenir en un caso en el cual tres jóvenes habían agredido a otro, por su condición de judío: le hostigaron, lo empujaron, y le depararon algunos insultos de carácter antisemita. En ese entonces, los medios de comunicación tomaron nota del caso y hablaban de tres “skinheads” que habían atacado a un chico judío. Ese caso llegó a mi juzgado. Tanto la víctima, como los victimarios, eran menores de edad. Y después, al poco tiempo, cuando empezamos a indagar a los agresores, advertimos rápidamente que no eran “skinheads”, que por supuesto estaban cargados de prejuicios y estaban muy contaminados con discursos de odio que circulan en algunos ámbitos, pero que carecían por completo

Por: Carlos Alberto Rozanski | Página/12 (31 de marzo de 2022) El odio recorre las entrañas de la historia. Crímenes atroces han sido cometidos impunemente en el nombre de superioridades de todo tipo y culpabilidades atribuidas a las propias víctimas. Razas, colores, edades, géneros y disidencias, han sido razones que sólo tenían sustento en las mentes de los perpetradores. Sus verdaderos fines siempre fueron el poder, la riqueza o simplemente la satisfacción de perversos impulsos nunca confesados. Sin embargo, a pesar del dolor infinito que causaban y lo insostenible de sus argumentos, la mayoría de esos crímenes, han quedado sin castigo. Las razones profundas de esa obscena impunidad, excederían el espacio de estas líneas, pero se impone al menos, advertir sobre el avance en nuestro país de discursos de odio que de manera organizada se vienen llevando adelante a través de los diversos medios de comunicación masivos y redes sociales. Forman parte de la estrategia política de las derechas en todo el mundo. Sus impulsores, inspirados en los 11 principios de Goebbels, reiteran a diario todo tipo de mentiras, las que terminan instalándose como verdades en aquellos sectores de la comunidad a quienes están dirigidas. No se trata de manipular grandes porcentajes de la población, lo cual sin dudas sería muy difícil. El objetivo es una porción de votantes que son los que terminan definiendo una elección. Recuérdese que Mauricio Macri, llegó a la presidencia de Argentina con un porcentaje de ventaja final del 2,7 % sobre Daniel Scioli. Para ello, con el asesoramiento de la empresa Cambridge Analytica de Inglaterra, instalaron todo tipo de falsedades respecto de los líderes de las fórmulas opositoras. Se trata de maniobras de manipulación para convencer a parte de un colectivo determinado, de que le conviene votar una propuesta que en definitiva lo va a perjudicar. Esas maniobras se basan en la descalificación del oponente, no sólo con falsedades sino, además y muy especialmente, con discursos de odio. Recientemente, en los peores momentos de la pandemia por el covid 19, esos sectores políticos, impulsaron campañas de descrédito de las medidas sanitarias gubernamentales, utilizando los recursos más deleznables que podrían pensarse. Líderes de la oposición acusaron al Presidente de la Nación de “envenenar a la población” por la adquisición de vacunas que luego resultaron ser de gran eficacia. Asimismo, impulsaban la quema de barbijos o la colocación de bolsas mortuorias simulando mortajas en la puerta de la Casa de Gobierno con carteles con el nombre de figuras públicas. En aquel desgaste planificado del gobierno surgido en las elecciones de 2019, se fue incrementando el nivel de agresividad y violencia de los mensajes. Con diversas estrategias pero similares fines, la principal coalición opositora Juntos por el Cambio, así como los restantes sectores de las derechas, liderados por Javier Milei y Jose Luis Espert, intensificaron en los últimos meses el nivel de violencia de sus discursos. Negacionismo y denostación de los movimientos defensores de los Derechos Humanos, recrudecieron con motivo del recuerdo del proceso genocida iniciado el 24 de marzo de 1976 que se lleva adelante todos los años. Espert, con la naturalidad característica de los violentos, insultó públicamente a madres, hijos, abuelas y al movimiento de defensa de los DDHH en un programa de televisión (Desafio 2022). Su conductor y panelistas fueron igualmente agredidos con descalificaciones pocas veces vistas en televisión. Se trata sólo de un ejemplo del incremento de los discursos violentos que integran las estrategias de las derechas en nuestro país pero que se desarrollan simultáneamente en todo el mundo. Naciones Unidas tomó nota de este fenómeno altamente peligroso. Señaló al respecto Antonio Guterres, Secretario General de la ONU: “En los últimos años se ha observado un aumento preocupante del discurso de odio y de la incitación a la violencia. El derecho a la libertad de expresión está protegido por las normas internacionales, pero las expresiones que constituyen una incitación a la violencia, están prohibidas”. La aclaración resulta pertinente, toda vez que disipa la falsa oposición entre la libertad de expresión y el combate a los discursos de odio. Al respecto, el Estado tiene la obligación de proteger a la población de quienes, con sus mensajes, estimulan la violencia tratando de impedir la plena vigencia de los DDHH. La prevención de la incitación a la violencia se basa en la más alta normativa, en especial el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que integra nuestra Constitución Nacional. En su art. 20 el Pacto señala: “2. Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley”. Cuando Espert vocifera públicamente que “Los derechos humanos son un curro”, o que las madres de plaza de mayo «curran con los DDHH” y que los desaparecidos no son 30.000, por dar sólo algunos ejemplos recientes, no sólo realiza apología del crimen, sino que además incita al odio en los términos de la legislación vigente. Concretar en sentencias las sanciones a los violentos es una decisión jurídica, garantizar una justicia independiente, capaz de frenar los discursos de odio, es una decisión política.