Nacionales

Fuente: Jorge Elbaum | El Cohete a la Luna Fecha: 27 de septiembre de 2020 Hace pocos días Alberto Fernández manifestó que “muchas veces los medios no dicen la verdad, la tergiversan de acuerdo a sus necesidades empresariales”. Dicha aseveración remite en forma directa a la actual operación destinada a montar un clima de época basado en dos dimensiones. La primera, de carácter directo y explícito, diseñada para frustrar o entorpecer el cumplimiento del programa de gobierno del Frente de Todxs y la segunda enfocada a enrarecer el clima social, generar desaliento y garantizar el regreso del neoliberalismo. La primera interpela a las tres fracciones convergentes y superpuestas de la oposición, los neoliberales antiestatistas, los antiperonistas viscerales y los anticuarentena conspiranoicos. Sus mensajes buscan empoderar a los defensores de los grupos concentrados, dotándolo de autoconfianza para obstaculizar la gobernabilidad. La segunda maniobra, más sinuosa y estratégica, tiene como destinatarios los perfiles menos sensibles a los debates político-institucionales. Sobre estos últimos, la trifecta corporativa de medios (Clarín, La Nación e Infobae), viene desplegando una batería de falacias e inexactitudes manifiestas destinadas a sumarle aflicción y confusión a la actual situación pandémica. Mientras sugieren cuestionamientos larvados de las medidas sanitarias indicadas por los epidemiólogos e infectólogos, difunden (y propician) pretendidos éxodos multitudinarios a Punta del Este, publicitan la visa de residencia en variados destinos internacionales y notifican la (supuesta) huida en masa de empresas trasnacionales. Las fracciones fuertemente ligadas al mundo financiero exhiben un espanto manifiesto frente a la posibilidad de perder influencia en el manejo de los resortes claves: por un lado lideran el cuestionamiento a las medidas impulsadas por el gobierno, y –en forma simultánea– instalan la degradación del clima social, impulsando el desánimo y su traducción anómica del sálvese quien pueda. Esta última operación, además de disolver cualquier expectativa respecto al actual gobierno, intenta fundar un espacio vacante para la irrupción de una esperanza política futura, que logre anclar en las próximas elecciones legislativas, cuya campaña se inicia en un semestre. Esta siembra de mensajes cotidianos trabaja para debilitar cualquier contacto entre los colectivos menos politizados de la sociedad y el Frente de Todxs. El ataque directo se ejecuta contra la progresiva desarticulación de la mesa judicial macrista –impulsora de las causas mediáticas destinadas a destruir al kirchnerismo–, el impuesto a las  grandes fortunas y las regulaciones del Banco Central en relación con la divisa estadounidense. La justificación discursiva desde la que se monta esta ofensiva es la defensa de los valores republicanos y el resguardo de la instituciones. Sin embargo, esta arremetida omite el rol que ocupan dos de sus instituciones claves: el Consejo de la Magistratura y el Senado de la Nación. Para los poderes fácticos, los valores republicanos solo son reivindicables cuando coinciden con los criterios y los intereses de sus portavoces y/o sus respectivos patrones. La ofensiva directa es palmaria y explícita. Interpela a los grupos opositores, les brinda insumos discursivos para desafiar al gobierno y los dota de confianza para ilusionarse con un retorno al poder político en un futuro cercano. La maniobra de desánimo, por su parte, tiene como destinatario al tercio de la sociedad cuyo voto es fluctuante y está básicamente articulado al universo simbólico, cotidiano, que lo rodea. Este colectivo  es el que ha decidido los diferentes vuelcos electorales desde 1983 hasta la actualidad. Para este segmento, la trifecta sigue los postulados de la metodología instituida por primera vez en el Reino Unido en la década del ’70 del siglo pasado, consistente en la siembra sistemática de malas noticias y la difusión del pesimismo. Se inocula, mediante la insistencia de malas noticias,  la sensación de caos social. A la pandemia que conlleva el peligro permanente de contagio, ahogo económico y dificultad para proyectarse en el tiempo, se le añade la sensación de desgobierno y el horizonte de una crisis terminal. Esta actividad comunicacional es específicamente pregnante entre quienes se sienten ajenos a las disputas políticas institucionales, suelen percibirlas con desconfianza y cimentan su percepción de la realidad en torno a contextos marcados por el optimismo socioeconómico o su contracara, la depresión. Estratagemas que son coherentes  con los modelos elaborados por el Departamento de Estado para fomentar la catalogación de Estados Fallidos, necesitados de asistencia o injerencia extranjeras para su sobrevivencia. Desolación y después La ofensiva comunicacional indirecta apunta a divulgar determinados mensajes periódicos, dispuestos para exacerbar la decepción, el desaliento y el abatimiento generalizado: La recurrente invitación para acceder a ciudadanías extranjeras de diversos países como solución al desasosiego previamente instalado, haciendo caso omiso a su contraparte de regresos vertiginosos producto de situaciones más graves en otros países. La multiplicación de noticias falsas sobre manejos más eficientes de la gestión sanitaria respecto al coronavirus en otros países. La propagación de información sobre la huida de empresas trasnacionales. (Cantidad mínima comparada con el éxodo sucedido durante el gobierno macrista, según esta concisa cronología). El exilio dorado de integrantes del mundo del espectáculo. Estos discursos fomentan el pánico moral, que busca la reacción de un sector de la sociedad frente a una amenaza que exige respuestas rápidas. Sus difusores cuentan con los sucesos del 2001 como referencia obligada y, aunque no nombren dicha crisis, la utilizan como espejo caótico posible de destino prefijado. Según el sociólogo británico Stanley Cohen, que concibió el concepto de pánico moral, su utilización por parte de los sectores conservadores gira en torno a una amenaza agitada por soportes mediáticos para etiquetar enemigos y al mismo tiempo impedir las transformaciones sociales. Se trata –como sugiere Raúl Zaffaroni en La estructura inquisitorial– de apelar a un instrumento discursivo que proporciona la base para crear un estado de temor colectivo, orientado a ubicar límites a quienes estorban al poder. Este ejercicio se asemeja a una verdadera caza de brujas que necesita personificar y hacer visibles a los chivos expiatorios (la familia Kirchner, los tomadores de tierras en Guernica, los maestros que se resisten a convertirse en vectores de contagio en CABA), de forma similar a quienes fueron etiquetadxs y perseguidxs por el macartismo en la década de 1950. Algunas de las características detalladas por Cohen respecto de la conformación del pánico moral son claramente visibles en

Fuente: Edgardo Mocca | El Destape Fecha: 26 de septiembre de 2020  «Nunca en toda nuestra historia se desplazaron a jueces de los cargos que titularizan en un juzgado o tribunal por decretos del Poder Ejecutivo. Hasta acá, las remociones o desplazamientos forzados de los jueces habían sido patrimonio exclusivo de los gobiernos que usurparon el poder por golpes de Estado”, señalaron los legisladores del interbloque opositor. Este texto forma parte de una declaración en la cual un conjunto de legisladores de Juntos por el cambio “exhortan” a la Corte a intervenir en la cuestión abierta sobre la anulación del traslado de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli decidida en su momento por el entonces presidente Macri a través de un decreto.   La mentira en la discusión de los hechos consiste en que se rechaza una “remoción”, cuando de lo que se trata es justamente del restablecimiento de la forma establecida por la Constitución, violentada durante el anterior gobierno y reemplazada por la decisión presidencial sin necesidad del paso por el Senado: la famosa designación “a la carta”. Pero la cuestión principal no es la falsificación de los hechos sino el tono del documento.   Lo realmente inédito en los años posteriores a 1983 es la expresa deslegitimación de un gobierno producida por el principal bloque de oposición. Una deslegitimación que, además, no surge del entusiasmo de un discurso de barricada, sino que forma parte de un documento de diputados del Congreso de la nación dirigido nada menos que a la Corte Suprema. En buen romance, miembros de un poder de la república le piden a otro poder que restablezca la vigencia de la constitución alterada por la acción de un tercer poder –el ejecutivo. Eso sí que es un ataque directo y perverso a la legalidad democrática en uno de sus aspectos cardinales como es el carácter soberano del sufragio popular, el principio de la mayoría electoral como forma de elegir las autoridades.  Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE   Cuenta la historia que el día 11 de octubre de 1945 una coalición llamada “junta de coordinación democrática”, que abarcaba al radicalismo encabezado por su sector “unionista”, al conservadorismo e incluía a sectores de izquierda, acordó llevar al ejército la propuesta de la renuncia del gobierno militar de entonces y la entrega del poder a la corte suprema. El contexto era la crisis de gobierno provocada por el disenso en la oficialidad respecto del liderazgo del coronel Perón, quien un día después de ese pronunciamiento sería llevado preso a la isla Martín García y luego liberado por una hasta ahí inédita concentración de trabajadores en la Plaza de Mayo. Hay, pues, una tradición argentina en torno al recurso de las clases más poderosos al único poder no electivo de nuestra constitución como garante último de sus intereses. Esto está en línea con la tradición del pensamiento conservador que acuñó el concepto de “poder moderador” o “poder neutral”. Los conservadores consideran que lo que hay que moderar, en definitiva, es “el poder del número”, el poder de las mayorías.  Para convocar al poder moderador hay que construir una escena de crisis, de angustias colectivas, de barco sin timón. Es la tarea a la que se dedican a tiempo completo las maquinarias comunicativas oligopólicas. En estos tiempos ha nacido otra rama en la estrategia del desgaste al poder elegido por las mayorías: la pandemia ha habilitado una forma de “rebelión” que consiste en la ocupación de calles por pequeños grupos que invariablemente convierten en gritos e improperios (con algún condimento de violencia) las consignas que son títulos principales de las grandes cadenas de la “información”. No importa que sean muy poco numerosas esas demostraciones porque en los tiempos de la pandemia los pequeños grupos funcionan articuladamente con esos medios en la creación de un clima de rebeldía y de desorden. La creación de ese clima es la etapa que está transitando la desestabilización entre nosotros. En otras palabras se está tratando de gestar la necesidad política de un “poder moderador”. La Corte Suprema tomaría el próximo jueves una resolución sobre el caso de los jueces designados por Macri y vueltos a su lugar anterior por el Senado actual. No hay ninguna posibilidad de que la Corte “modere” nada. En general, en Argentina no aparece posible esa moderación, pensada desde fuera de la lucha política. Duhalde presentó su candidatura a moderador nacional, presentando como curriculum su desempeño en el período posterior a la crisis de diciembre de 2001. Pero como supo decir el gran Alfredo Le Pera “las horas que pasan ya no vuelven más”. No solamente porque Duhalde sufrió en el medio más de un derrumbe electoral, sino porque la realidad política se ha transformado, ha construido un antagonismo político que habrá que transitar con prudencia y espíritu pacífico pero que no puede deshacerse por decreto. Allá por 1955 primó la idea de deshacer aquel antagonismo (referencia ineludible del actual) recurriendo a la violencia, la persecución y la proscripción. Y dentro de pocos días el peronismo cumplirá 75 años unido y en el gobierno. La misma lozanía que muestra el antiperonismo incondicional. Para suprimir con violencia el antagonismo político hubo muchas dictaduras y en 1976 se llegó a la más violenta de todas, la que incubó el más criminal de los terrorismos de estado. En la década de los 90, Argentina parecía haber llegado a la meta: el gran consenso neoliberal. Introducidas por Menem y continuadas por De la Rúa, las “reformas de mercado” parecían el fin de la historia de los antagonismos argentinos, lo que estaba además en la agenda política y cultural del mundo. Ese tiempo pasó. En 2001 se dio vuelta la página. Y las dos coaliciones políticas que hoy compiten en el terreno político y electoral son herederas de aquella crisis. Expresan la diversidad social de aquella rebelión. Con la particularidad de que se han alternado en el gobierno sin rupturas constitucionales.  Eso es lo que hoy se amenaza,

Fuente:  Jaime Rosemberg| La Nación Fecha: 24 de septiembre de 2020 Las entidades centrales de la comunidad judía en el país reaccionaron de manera dispar ante el discurso del presidenteAlberto Fernández, que ayer, en su primera presentación ante las Naciones Unidas, pidió a Irán que «coopere» en el esclarecimiento del atentado a la sede de la AMIA y a la comunidad internacional en el cumplimiento de las alertas rojas de Interpol que pesan sobre ex funcionarios de Teherán implicados en el ataque, que dejara 85 muertos y centenares de heridos. «Vemos como muy positivo que se haya retomado el reclamo y una hoja de ruta que se abandonó con el Memorandum de Entendimiento (con Teherán, firmado en 2013). Pero a Irán hay que exigirle, y no pedirle, que entregue a los buscados por Interpol para que los juzgue la justicia argentina», afirmó a La Nación Jorge Knoblovits, titular de la DAIA. Para el dirigente comunitario, hay «cierta inocencia» en pedirle «a Irán que colabore», luego de 26 años sin avances en el juzgamiento de quienes, a criterio de la Justicia, fueron responsables de la planificación del atentado, ejecutado por el grupo pro-iraní Hezbollah. Con un tono más diplomático, la AMIA valoró las declaraciones del Presidente y calificaron de «necesario destacar la vital importancia de que en un foro internacional de máxima trascendencia se haya reclamado expresamente la colaboración de la República Islámica de Irán, para poder avanzar en el total esclarecimiento del peor atentado terrorista que sufrió nuestro país el 18 de julio de 1994, y en el juzgamiento de sus culpables». La entidad mutual recordó, en un comunicado, que «está probada la responsabilidad intelectual y material del ataque a la sede de la AMIA de ciudadanos y funcionarios de la República Islámica de Irán, y de la agrupación terrorista Hezbollah» y calificó de «gran importancia» el pedido de Fernández para que los ex y actuales funcionarios iraníes buscados sean detenidos al salir de su país. En diálogo con La Nación, el titular de la AMIA, Ariel Eichbaum, fue más allá. «Creemos que la mención que el presidente Fernández dedicó a la causa AMIA, en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, fue correcta, precisa y también novedosa. El hecho de que haya pedido que los países no hagan caso omiso a las alertas rojas que pesan sobre los acusados iraníes es algo inédito, y es algo que la AMIA viene reclamando año tras año», afirmó el titular de la mutual judía. En su discurso, el primero ante la ONU como Presidente y de manera virtual, el Presidente afirmó que «a 26 años del atentado a la sede de la AMIA quiero continuar la política iniciada en este ámbito en 2003 y continuada posteriormente, y requerir a las autoridades de la República Islámica de Irán que cooperen con las autoridades judiciales argentinas para avanzar en la investigación de dicho atentado». Fernández también solicitó a la comunidad internacional «cumplimentar las solicitudes contenidas en las cédulas rojas de Interpol ante la eventual presencia de un imputado en sus territorios, algo que Argentina jamás dejó de reclamar». No mencionó al Memorándum y aludió sin nombrarlo a la política de Néstor Kirchner en relación al tema durante su mandato como presidente. Los matices entre DAIA y AMIA tienen su explicación en el vínculo que los une con la Casa Rosada y el kirchnerismo. Mientras la DAIA se mantiene como querellante en la causa por presunto encubrimiento del atentado a través del acuerdo con Irán, en el que está procesada la vicepresidenta Cristina Kirchner, la AMIA reitera cada vez que tiene oportunidad que no tiene «nada que ver» con esa querella, que además de la DAIA está impulsada por dos familiares de víctimas del atentado, Luis Czyzewski y Mario Averbuch. «Es una relación que transita, como debe ser, canales de diálogo institucional de manera frecuente», definió Eichbaum en diálogo con este diario. Las reacciones del Gobierno ante las entidades también son disímiles. Mientras el presidente de la AMIA, Ariel Eichbaum, acompañó a la quinta de Olivos a encontrarse con el Presidente al padre de una de las víctimas (Sebastián Barreiro), el pasado 16 de julio, Knoblovits no fue vuelto a citar luego de un encuentro suspendido a último momento con el Presidente, antes del ingreso del coronavirus al país.

Fuente: Carlos Alberto Rozanski (*) | Página/12 Fecha: 23 de septiembre de 2020 Una situación inédita en nuestra justicia se instaló en el país. Para comprender sus alcances y riesgos, hay que remontarse al año 2015. El contexto político era un plan de saqueo económico en plena marcha, aplicando las recetas más sangrientas de Milton Fridman y la escuela de Chicago: transferencia de recursos de los sectores más vulnerables a los más poderosos. Durante la dictadura genocida, el mismo plan económico se llevó adelante en la región mediante la metodología de secuestro, tortura, desaparición y muerte de decenas de miles de ciudadanos. Es lo que se conoció como “Plan Cóndor”. Cuarenta años después, los mismos sectores de ultraderecha, representando los mismos intereses económicos, accedieron al poder mediante elecciones que manipularon a partir de técnicas “aggiornadas”, pero que igualmente se inspiran en aquellos trágicos 11 principios de Goebells. Fundamentalmente se trata de la reiteración de la calumnia como instalación de una nueva verdad.  Mauricio Macri es la primera persona en el mundo, fuertemente sospechado de pertenecer de manera orgánica a una mafia, que llega a la presidencia de una nación (El lado oculto de la familia Macri. Beinstein y Cieza. 2019) y lidera en el país el nuevo Plan Cóndor II. La finalidad de saqueo es la misma, pero la metodología es lo que se conoce como “Lawfare” o guerra judicial (Charles Dunlap 1999). Consiste en cinco pilares en los que se apoyan las operaciones. El Poder Ejecutivo (en manos en ese entonces de Macri), un grupo de legisladoras y legisladores, el sector más reaccionario del Poder Judicial Federal, Los servicios de Inteligencia (que dependen de manera directa del ejecutivo) y los medios hegemónicos de comunicación.  Del 2015 al 2019, coordinados por la denominada “Mesa Judicial”, desarrollaron un plan de estigmatización, persecución, procesamiento, encarcelamiento y hasta condena de opositores políticos y de aquellos ex funcionarios y magistrados que pudieran significar algún tipo de resistencia al nuevo plan criminal instalado el 10 de diciembre de 2015. En lo que hace a la presente reseña, Eduardo Farah, Eduardo Freiler y Jorge Ballestero Fueron desplazados de sus cargos como jueces de la Sala I de la Cámara Federal porteña. Dos de las vacantes las cubrió Mauricio Macri por Decreto con Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, trasladándolos desde el Tribunal Oral 4 porteño. Desde allí, operaron en sintonía con el titular de la Cámara, Martin Irurzun, a la medida del lawfare que se comandaba desde la mesa judicial. Allí, el Ministro de justicia German Garavano y Juan Bautista Mahiques eran los encargados de materializar la distribución de las operaciones de carpeteo, extorsión, manipulación y amenazas que permitieron la concreción del plan de saqueo y fuga de más de cien mil millones de dólares de las arcas del país, con perjuicio directo a los sectores más necesitados de la sociedad, aunque igualmente afectó las capas medias y altas de la economía.  El cambio de gobierno permitió en diciembre de 2019 el inicio de una etapa de recuperación paulatina del país, aunque con las dificultades evidentes de la pandemia que afecta al mundo y el estado de tierra arrasada producto del saqueo macrista. De los cinco pilares anteriores del Lawfare, las modificaciones que se produjeron fueron obviamente el reemplazo de un ejecutivo de fuertes características mafiosas por un ejecutivo claramente democrático. Asimismo, la intervención dispuesta por el presidente Alberto Fernández en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), reemplazando a los titulares integrantes de la banda (Arribas y Majdalani), por una figura de indiscutida capacidad y honestidad como es Cristina Caamaño. Sin embargo, al quedar intactos los espacios más poderosos de la justicia federal, así como los de los medios hegemónicos de comunicación, los brazos del Lawfare siguen operando, desde una mesa judicial en las sombras comandada por el expresidente Macri, Patricia Bullrich y sus socios. Ahí se encuentra explicación de la brutal oposición de Juntos Por el Cambio a que se dejen sin efecto los traslados de los jueces federales que, junto a German Castelli, se negaron a comparecer a la audiencia en el Senado de la nación para el examen de sus pliegos y responder preguntas, como lo han hecho la totalidad de los miles de magistrados convocados por ese cuerpo desde el inicio de ese sistema de selección. Es lo que manda la Constitución Nacional y es a lo que se han negado los tres jueces señalados. Un juez que no respeta la constitución, no puede continuar en su cargo. No están desafiando al Senado, están desafiando la democracia. *El autor es ex juez de Cámara Federal

Fuente: Carlos Heller | Página/12 Fecha: 13 de septiembre de 2020 Las situaciones complejas exigen análisis complejos. El reclamo de la Policía Bonaerense, más allá del cuestionamiento de sus formas y de los antecedentes de algunos de sus protagonistas, ha sido considerado justo. Además, el conflicto viene a reponer un viejo debate: si las fuerzas policiales deben organizarse sindicalmente o no. En definitiva, estamos ante una fuerza de trabajo con reivindicaciones concretas como cualquier otra. En principio, no me parece mal poner en discusión la posibilidad de que la policía se organice sindicalmente. Sería un modo de que, este tipo de demandas salariales y de mejora en las condiciones del trabajo, se expresaran institucionalmente. Si estas demandas encuentran canales organizados, tienen mayores posibilidades de ser resueltas gradualmente y sin un conflicto abierto como, en buena medida, ocurrió en estos días. Por supuesto, sus prácticas gremiales deberían estar muy reguladas. Por ejemplo, el abandono de tareas, como medida de protesta, tiene enormes riesgos en el caso de la policía como pasa con otros trabajos esenciales. Entre otras prácticas, la existencia de organización sindical en la fuerza permitiría institucionalizar líderes legitimados y no quedar expuestos a la aparición de liderazgos espontáneos y diversos. El reclamo salarial ha sido uno de los componentes del conflicto. Pero no es el único. La pandemia ha privado a muchos agentes de sus adicionales: por ejemplo, el cumplimiento de servicios en la cancha y en recitales, entre otros lugares. Esas fuentes de ingresos, en muchos casos, eran un complemento importante de sus remuneraciones. A ello se suma la pérdida de salario real que han sufrido en los años del gobierno de Mauricio Macri, como sucedió en general con todos los trabajadores y trabajadores. En muchos aspectos, esta situación es una consecuencia de las políticas de ajuste: éstas tienden a hacer caer los sueldos y a empeorar las condiciones de trabajo. A ello se agrega que, según algunas estimaciones, hay alrededor de 7 mil efectivos de la fuerza afectados por coronavirus. Ante un escenario complejo, el gobierno desarrolló una estrategia eficaz para que el conflicto, en lugar de potenciarse, quedara delimitado y encauzado. La medida tomada por el Presidente —la transferencia del equivalente a alrededor de un punto de coparticipación de la Ciudad a la Provincia de Buenos Aires— corrige una situación generada por el gobierno anterior, cuando transfirió la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires, dándole por decreto a esta última el equivalente a más de dos puntos de alícuota sobre los fondos coparticipables. En los considerandos del reciente decreto 735/2020, el gobierno nacional afirma que aquella asignación “no coincide con las necesidades reales para cumplir el objetivo, redundando en una desigualdad aún mayor con las provincias”. Según los cálculos oficiales, solo hacen falta 0,92 puntos para cumplir esa tarea, menos de la mitad de lo girado. En esa línea, el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, afirmó que “no se le sacaron fondos al Gobierno de la Ciudad. Se recuperaron fondos que Macri transfirió de manera ilegítima, y que deben ser usados para empezar a construir una Argentina federal y equilibrada”. Como explicó el Presidente: “estamos tratando de reponer un equilibrio que se perdió allá a mediados de los 80 cuando la Provincia perdió 8 puntos de coparticipación. El gasto per cápita en seguridad en CABA es hoy de 16.900 pesos y en la Provincia es de 6.700 pesos. Si uno mira los cargos en seguridad cada 100 mil habitantes, la Ciudad Autónoma tiene mil personas destinadas y la provincia 563 personas. Si uno repara finalmente en los salarios, el salario inicial en la Ciudad es de 49.200 pesos y en la Provincia es de 37.500”. Por supuesto, a partir de las razones valederas que desataron el conflicto intervinieron sectores que buscaron agrandarlo, intensificarlo y politizarlo. Pero, el conflicto policial no fue el único que se resolvió últimamente. También las autoridades de la Cámara de Diputados llegaron a un acuerdo con una parte de la oposición que bloqueaba el funcionamiento legislativo. De este modo, trataremos próximamente proyectos muy importantes como son el de Presupuesto, el de Aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas y el del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, entre otras iniciativas. En el acta firmada por los presidentes y presidentas de los bloques parlamentarios, se aprobó la prórroga del protocolo de funcionamiento parlamentario remoto por 30 días hábiles. Incluso el punto 5 del acta especifica que “mientras esté vigente el protocolo de funcionamiento parlamentario remoto las/los diputados que estén presentes en el recinto deberán loguearse activando la VPN”. El acuerdo firmado deja en claro, de este modo, que el sistema virtual es la modalidad general que rige el trabajo legislativo, tanto para los que intervienen de modo remoto como para los que lo hacen de modo presencial. El gobierno no sólo resuelve conflictos. Además, medida tras medida, va desplegando el proyecto que el presidente Alberto Fernández propuso en la campaña electoral y que viene ratificando en cada una de sus iniciativas. Por ejemplo, en la semana se relanzó el programa “Ahora 12”, por el cual los consumidores tendrán tres meses de gracia para empezar a pagar lo que compren en 12 o 18 cuotas, con una tasa de interés de alrededor del 20 por ciento. También se anunció que el Estado reintegrará hasta el 100 por ciento de los créditos a tasa subsidiada a otorgar como parte del programa ATP a las empresas que contraten personal. Hasta ahora estos créditos eran concedidos a las compañías para que éstas pagaran sus sueldos y estaban sujetos a devolución. A partir de este anuncio, las empresas que tomen trabajadores durante los próximos doce meses serán beneficiados a través de la conversión de parte o la totalidad de esos préstamos en subsidios. Otra noticia importante es que el Estado se ha hecho cargo de prácticamente la totalidad de los corredores viales que estaban concesionados. De este modo, vuelve a tener el control de la administración de estos corredores que fueron concesionados durante el menemismo. El

Fuente: Jorge Elbaum| El Cohete a la Luna Fecha: 13 de septiembre de 2020 La semana pasada, el diputado provincial Jorge D’Onofrio acusó públicamente al legislador de Cambiemos Waldo Wolff, de promover un hostigamiento premeditado contra el titular de la Cámara Baja, Sergio Massa. El cambiemita se defendió ofreciendo su celular como evidencia de su inocencia. Sin embargo, el resto de los integrantes de su bancada  evitó confirmar o desmentir el conocido vínculo con el aparato de ciberpolítica administrado en la actualidad por Patricia Bullrich, luego de que dicha tarea fuese abandonada por Marcos Peña. Un integrante de su propia bancada, que objeta a Wolff por su constante sobreactuación, sugirió que “uno de sus asesores fue el encargado de difundir los datos sobre la familia del presidente de la Cámara”. A una de sus hijas adolescente le enviaron amenazas de muerte, advirtiéndole que dicho crimen se produciría luego de una violación. La ofensiva virtual proveniente de la oposición tiene en la pandemia una trascendencia y amplificación inéditas. Los sectores populares han basado gran parte de su fortaleza política, en el último siglo, en la movilización social. La clausura del espacio público, como precondición del distanciamiento y del cuidado mutuo, acrecentó la relevancia relativa de los espacios virtuales y su centralidad respecto del debate público. En ese marco, el espacio virtual se presenta como un territorio unificado y articulado con el resto de las prácticas sociales: no hay dos geografías paralelas (la real y la virtual), ambas son parte del mismo fenómeno donde se disputa el sentido común, la validez de determinada forma de comprender la realidad. Lo denominado como virtual está cada vez más engarzado al combate por la apropiación de la conciencia social, la madre de toda batalla política. En la actualidad, gracias a la ausencia de regulaciones y al anonimato promovido por la lógica empresarial, la virtualidad es el sitio predilecto donde habitan la manipulación, la siembra de mentiras, el hostigamiento, las amenazas, los agravios y las calumnias varias. Los máximos beneficiarios de estas lógicas se niegan a cambiar su estructuración apelando –como es habitual– a la libertad. Pero su verdadera motivación remite a que cualquier regulación implicaría desmontar el dispositivo tecnológico que permite ampliar y multiplicar la relevancia de los temas y los perfiles según el financiamiento disponible. Sus beneficiarios –quienes emplean a  los trolls, bots y botnets para imponer aquello que no logran transmitir mediante la persuasión discursiva racional– se niegan a aceptar que la democracia tenga preponderancia por sobre el dinero. Los trolls son activistas pagos que manejan entre 20 y 30 cuentas cada uno. Los bots son aplicaciones de software automatizadas que replican (por miles) lo que postean los trolls. Y los botnets hacen lo mismo pero desde miles de cuentas diferentes. La diferencia entre los bots y los botnets es que los primeros amplían geométricamente y los segundos replican aritméticamente. Los bots mandan miles de mensajes y los botnets generan miles de cuentas y mandan un mensaje por cuenta. El mecanismo utilizado por la derecha internacional –atenta a la relevancia creciente de este espacio, consciente de su desventaja en términos de movilizaciones públicas presenciales– dispone de 4 etapas claramente distinguibles (aplicadas actualmente en Argentina en función de la tarea presente de acoso y derribo), que articulan lo virtual, lo mediático y lo político-institucional: Instalación: un referente preasignado de la oposición dirige un dardo acusatorio hacia un referente oficialista. Verbigracia: Waldo Wolff ataca a Sergio Massa en forma presencial –en un acting dentro de la Cámara– y en forma virtual se organiza la andanada vía mensajes personalizados de Twitter. Todas las amenazas recibidas por Massa son posteriores a estas dos escenas. Replicación: los trolls pagos y los activistas en redes de Juntos por el Cambio amplían las acusaciones, advertencias y amenazas de Wolff contra el presidente de la Cámara, para infligirle un costo político a su decisión de llevar a cabo la sesión. Algunos de los trolls, con direcciones IP residentes en Estados Unidos, envían mensajes. Multiplicación: los bots y los botnets propagan la andanada para convertir la ofensiva en un hashtag/etiqueta (palabra o lema establecido como centro de gravedad de las opiniones, debates y agenda. En el caso de Massa, el descrédito de la figura del presidente de la Cámara de Diputados). Un bot es una cuenta automatizada de redes sociales, administrada por un algoritmo y no por una persona real, que está diseñado para concebir publicaciones sin intervención humana. Un troll es diferente de un bot porque el primero es un usuario real, mientras que los bots son automáticos. La actividad de trolling se sirve de los bots para extender sus mensajes. Apalancamiento mediático: las propaladoras de los medios concentrados tematizan la ofensiva (en formato gráfico, radial y televisivo) intentando profundizar el debilitamiento de Massa. Gracias a la labor sembrada por el engranaje de trolls, bots y botnets, la trifecta local (Clarín, La Nación e Infobae) recaba insumos para legitimar e instituir su realidad performateada. (“Las redes sociales destruyeron a CFK”.) El modelo ofensivo, ejemplificado en la secuencia de ataque a Massa, se suma a los modelos defensivos y generadores de desconcierto. El defensivo se trata de resguardar a un vocero mediante un blindaje de sus posteos, con la intención de transformar su irrupción en una referencia política. Este dispositivo se vio reflejado con claridad los últimos días, a partir de la demora del provocador libertario Eduardo Miguel Prestofelippo, conocido como El Presto, quien fue notificado en la Ciudad de Córdoba de una denuncia en su contra, por amenazas de muerte a Cristina Fernández de Kirchner. Apenas fue trasladado a la Comisaría de la Policía Federal, el día jueves último, se produjeron 207.000 tuiteos durante dos horas, con un 90 % de posteos  provenientes de cuentas cuyas direcciones informáticas provenían de servidores instalados en Estados Unidos. Los trolls pagos, los bots y los botnets requieren financiamiento. Gran parte del mismo circula a través de las fundaciones, Centros de Estudio y think tanks con amplias conexiones internacionales entre los empresarios aliados a la lógica neoliberal. Una de esas usinas es Atlas Network, que fue dirigido a nivel global por el argentino Alejandro Antonio Chafuen hasta 2017. La filial local es presidida por Eduardo Maschwitz, un banquero que fue director del Banco Comafi, y que mantiene íntimas vinculaciones con la NED (National Endowment for Democracy), organismo ligado directamente al Departamento de

Fuente: Edgardo Mocca | El Destape Fecha: 12 de septiembre de 2020 Una rebelión policial de signo claramente desestabilizador devino en un conflicto de intereses económicos entre el Estado nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto es lo que realmente quedó en pie después de una exhibición obscena desplegada por cuadros macristas instalados entre los agentes en actividad de la policía bonaerense y alguna mano de obra desocupada de exonerados de la institución, cuyos exabruptos fueron multiplicados hasta el ridículo por la cadena mediática a esta altura muy expuesta ante los ojos de la población. Sin embargo, el daño institucional que este episodio produce no puede ser ignorado ni subestimado. No se conocen antecedentes del espectáculo producido por cientos de agentes policiales apostados en las inmediaciones de la residencia presidencial que reclaman ante el presidente y llegan a negarse a su invitación al diálogo en esa misma sede. Lo macabro, lo perverso y lo ridículo se combinan de un modo que es inusual. Es completamente comprensible el efecto desconcertante de la situación. ¿Cómo separar la comparsa mediático-policial de una situación política que viene de vivir el patético espectáculo de una oposición que se niega a participar en el trabajo parlamentario en el único modo en que la racionalidad del cuidado frente a la pandemia lo permite? El curso de los acontecimientos se presta a la elemental sospecha sobre el intento de un sector  –por otra parte muy visiblemente comprometido- de envenenar la atmósfera política argentina. Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. ¿Globo de ensayo? ¿Fase 1 de un plan desestabilizador en consonancia con los formatos actuales de las agencias de Estados Unidos contra gobiernos no confiables? ¿Opereta descartable de una logia de exonerados de la policía manipulados por el macrismo? Todas las hipótesis son aceptables, y lo son también aquellas que combinan dos o más de esas hipótesis. Pero lo que merece colocarse en el centro de la mirada es la audacia de la movida. Su disposición a desafiar hasta el más modesto sentido de legalidad democrática en el ejercicio de un reclamo, por más justo que este pudiera presentarse. No hay tampoco antecedentes de una situación como ésta en la que la oposición política permaneciera callada durante tanto tiempo. No guardaron las formas más elementales de la decencia. Cualquiera que hubiera prestado atención a la insólita reaparición de Carrió en su diálogo televisivo con Morales Solá podría establecer entre sus dichos y los hechos policiales una causalidad absoluta. Es decir, hay una provocación pública y explícita, un accionar abiertamente desestabilizador contra las autoridades constitucionales. La decisión de rodear la residencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires y la del presidente no parecen ser el fruto de una resolución de algún oscuro y clandestino sindicato policial sino el designio de una provocación urdida en sedes mucho más poderosas. El uso de armas como parte de la rebelión El trasfondo es, claro está, una situación social que afecta gravemente al personal policial. Los salarios del sector han caído verticalmente, ni más ni menos que los de la inmensa mayoría de los trabajadores del sector privado y del sector estatal. Ahora bien, ¿vamos a normalizar un modo de reivindicar derechos sindicales y sociales que incluya en su metodología el uso de armas y de patrulleros que son patrimonio público? Está muy claro que la respuesta del gobierno ha optado por una visión pragmática dirigida a desactivar el conflicto con los menores costos posibles. La esgrima de un legalismo extremo que imponga castigos a diestra y siniestra aún con pleno sustento legal no parece ser un camino aconsejable. Pero el desfiladero entre el justo castigo legal y el olvido del episodio como si fuera una escena sin importancia es muy angosto. Parece, más bien, que la ocasión para una profunda reforma legal y estructural de la policía bonaerense debe considerarse en forma prioritaria. Un capítulo muy interesante de estos hechos es el que concierne a la discusión interna que sobre ellos tuvo lugar en el espacio militante favorable al gobierno. La conmoción, reflejada en las redes sociales y en reuniones virtuales, fue muy importante. Expresa la explicable preocupación que existe en el interior de este espacio por la continua y creciente actividad desestabilizadora de la oposición macrista, amplificada como está por el trabajo de los grandes medios de comunicación concentrados. El fantasma del golpe de estado empieza a habitar la conciencia de nuestra población. La rebelión policial se coloca claramente en ese contexto. Sin embargo, el deseo de los grandes grupos económicos locales y globales no se transforma automáticamente en realidad política. Un operativo directamente golpista a pocos meses de un triunfo electoral contundente, con el amplio respaldo popular que revelan los sondeos de opinión y en el marco de una emergencia sanitaria y económica aparece impensable, salvo que quien lo urda esté dispuesto a ejercer niveles inéditos de violencia. Y aun así su posibilidad de consolidación sería muy problemática. Es evidente, sin embargo, que en algún lugar se trabaja en la acumulación de elementos para ese objetivo. Por lo pronto, el “final de la grieta” vaticinado por algunos analistas, es un nuevo pronóstico fallido que ocupará su lugar -al lado del “triunfo de una derecha moderna y democrática” y del “regreso al mundo” de la mano de Macri y su pandilla- en el álbum de las zonceras contemporáneas. El núcleo provocador y antidemocrático de la derecha no está dispuesto a ninguna reconciliación y su respeto por la legalidad democrática no será el resultado de ninguna resignación de su parte a no ejercer en plenitud el gobierno efectivo del país. En el mejor de los casos la convivencia del antagonismo político con la institucionalidad democrática solamente puede ser resultado de un ejercicio responsable y firme del gobierno legal, basado sobre un fuerte espíritu transformador de la realidad argentina. La etapa socialmente reparadora del daño social producido por el capítulo neoliberal recientemente derrotado es el comienzo de una ruta difícil y compleja que tiene en su horizonte transformaciones profundas en la estructura económica, social, política e institucional de la república. Esa será la única garantía de que la democracia auténtica –y no el