Opinion

Fuente: Camila Alfie | Ag. Paco Urondo Fecha: 12 de DIC 2018 En la Argentina, como lo demostró ayer Thelma Fardin, las mujeres ya no nos callamos más. Contra el acoso, la violencia y la justicia patriarcal, el escrache, ya sea anónimo o con nombre y apellido, se posicionó como un dispositivo para alertar de posibles violentos, pero también como una búsqueda de ajusticiamiento mediante la condena social. A través de este método, que virtualmente está en manos de todos y todas, hemos visto caer desde ídolos rockeros hasta actores -Juan Darthés, el último-, docentes prestigiosos, cuadros políticos de organizaciones y partidos, todo tipo de “ciudadanos de a pie”. Sin embargo, dispara interrogantes que todavía no parecen saldados: ¿Podemos ponerlo en duda? ¿Puede el punitivismo, frente a la impunidad, ser una forma de “justicia popular”? Este fin de semana se celebró en La Plata la cuarta edición del Encuentro Latinoamericano de Feminismos, donde la antropóloga Rita Segato junto la periodista e integrante de HIJOS Lucía García Itzigsohn, entre otras invitadas, debatieron acerca de estas cuestiones en la rueda “Seguimos persiguiendo justicia —  Homenaje a Chicha Mariani”. En conjunto, abordaron cuestiones como la búsqueda de una reparación, el significado de la memoria, y repasaron la historia del escrache como método de lucha; sin embargo, la charla terminó con más interrogantes que respuestas. Itzigsohn, que contó su experiencia como hija de detenidos desaparecidos, sostuvo que estas acciones surgieron “como una instancia de justicia en acto, perfomática”. “Hoy estoy en otra posición, la vía institucional es importante porque inscribe las cosas en otro nivel”, señala, y recuerda: “Nosotros hacíamos una investigación copiada de las Abuelas. Íbamos a las casas y hacíamos guardia, trabajábamos con los vecinos, les contábamos que íbamos a marcar ese domicilio”, previo al momento de la icónica bombita roja. “Era un momento festivo”, con murga incluida: “Bailábamos, porque podíamos transformar la impunidad en algo que poníamos en la discusión social. Era una catarsis colectiva”. Si hay o no reparación, Itzigsohn define que la violencia es justamente “lo irreparable”; sin embargo, poder sanar colectivamente y vivir desde el cuerpo que lo que le había pasado a ella también lo atravesaron otros, le permitió “una línea de fuga del lugar de víctima”. Para la antropóloga Rita Segato, el “bien colateral” de la dictadura fue justamente eso: escenas como la de los escraches, que promocionaron el debate para desarrollar así una inteligencia social “más sofisticada”, que permitió “salir de los lugares comunes”, y promovió que las mujeres profundicen “una nueva forma de hacer política”, que reafirma: “Surgió con las Madres”. Por eso, para ella, los homicidios de Berta Cáceres y de Azucena Villaflor fueron femicidios; aunque muchos hombres fueron asesinados por las mismas causas, señala que la diferencia radica en que lo que se quería matar “era un estilo de hacer política, una politicidad propia de las mujeres”. Sin embargo, menciona que estos métodos usados en el período de post-dictadura “nunca fueron un linchamiento”, sino el fruto de “un convenio colectivo a través del cual concluyeron que había que llegar a un castigo”: aunque no hubo una instancia judicial, sí hubo una de “juicio justo”. Por eso reconoce que “desde el feminismo podría haber una instancia de juicio justo”, -en vez de las escraches como se los conoce ahora, –“como una asamblea, para que la situación no sea un linchamiento sin sumario”. “Si defendemos el derecho al proceso de justicia, nuestro movimiento no puede proceder de esa forma que ha condenado”. Para ella, la impunidad radica en que ahora es exhibida como un show, como en el caso de Lucía Pérez, donde se le dijo a la gente que “el mundo tiene dueños”, y que ellos “no van a ceder ante ningún pedido de la sociedad”: hay un “mensaje de la dueñidad”, donde lo que queda en claro es que “la institucionalidad” es una ficción. “Entonces, ¿qué es lo contrario a la impunidad? ¿El punitivismo?”, se pregunta Rita. Sabiendo que estaba entrando en un terreno complicado, invitó a salir “de los binomios mas paridos, como el abolicionismo o el regulacionismo, que simplifican la realidad”. Y agregó: “No quiero un feminismo del enemigo, porque la política del enemigo es lo que construye el fascismo. Para hacer política, tenemos que ser mayores que eso”. “Antes de ser feminista soy pluralista, quiero un mundo sin hegemonía. Lo no negociable es el aborto y la lucha contra los monopolios que consideran que hay una única forma del bien, de la justicia, de la verdad: eso es mi antagonista”, describió. Para la investigadora, “el feminismo punitivista puede hacer caer por tierra una gran cantidad de conquistas”, es “un mal sobre el que tenemos que reflexionar más”, y recuerda la violencia que se vive en las prisiones: “¿Puede un estado con las cárceles que tiene hacer justicia? Esa no puede ser la justicia; ser justo con una mano y ser cruel con la otra”. Profundizando este concepto, la antropóloga expuso que hay que tener “cuidado con las formas que aprendimos de hacer justicia” desde lo punitivo, que están ligadas a la lógica patriarcal. El desarrollo del feminismo, recalca, no puede “pasar por la repetición de los modelos masculinos”. Frente a eso, sabe que la respuesta no es fácil: “No hay una solución simple, pero es necesario pensar más y estar en un proceso constante. Cuando el proceso se cierra, es decir, cuando la vida se cierra, se llega a lo inerte”, en cambio, “la política en clave femenina es otra cosa, es movimiento”. Además, señaló que “la única forma de reparar las subjetividades dañadas de la víctima y el agresor es la política, porque la política es colectivizarte y vincular”, propuso Segato. “Cuando salimos de la subjetividad podemos ver un daño colectivo”, y eso no puede curarse “si no se ve el sufrimiento en el otro”. Por eso, considera clave el proceso de debate y búsqueda de justicia: “Fuimos capturadas por la idea mercantil de la justicia institucional como producto y eso hay que deshacerlo. Perseguimos la sentencia como una cosa, y no nos dimos

Fuente: Horacio Lutzky | Convergencia Fecha: 05 de DIC 2018 La imputación ligera de “nazismo”, frecuentemente indebida y malintencionada para descalificar adversarios políticos, o la banalización del Holocausto -la masacre planificada e industrializada de seis millones de hombres, mujeres y niños por su sola condición de judíos- distorsionan la memoria histórica. Y al igualarlo todo, neutralizan los reflejos defensivos que debe mantener en alto un sistema democrático ante reales amenazas latentes, que aguardan el momento de levantar su cabeza criminal nuevamente. A esas amenazas se refirió la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en su discurso en Ferro, en el marco del foro de Pensamiento Crítico organizado por CLACSO. Aludió a “algunos Hitler modernos que acusan a los inmigrantes de tener la culpa de que no haya trabajo”. Y agregó que “la culpa por la falta de trabajo, fábricas y comercios que se cierran, debe buscarse no en los inmigrantes sino en las políticas públicas que se han implementado”. “Cuando se agota la argumentación del capitalismo en algunos sociedades comienzan a surgir los movimientos de extrema derecha que tratan de explicar los problemas encontrando culpables”, planteó Cristina luego de comparar esos discursos con los relatos sobre los que se montaron el nazismo y el fascismo en la Europa de la preguerra, y con el actual crecimiento de movimientos de extrema derecha en distintos países. Huelga señalar que no es CFK la única analista o dirigente en advertir sobre la peligrosidad de los renovados discursos de exclusión y estigmatización de pobres e inmigrantes, y en recordar su utilización en los años 30 y 40 por el nacionalsocialismo en su camino al totalitarismo. Sin embargo, esta mención motivó un inmediato y durísimo comunicado de repudio por parte de la Organización Sionista Argentina, que imputa a la senadora banalizar la Shoá “de un modo inaudito e inaceptable” por usar la expresión “Hitler modernos” para señalar políticas que condenan cruelmente a millones, prescindiendo el comunicado de contemplar el marco conceptual del planteo de Cristina, y descontextualizándolo. De tal modo, puede decirse que quien en verdad banaliza el recuerdo de la Shoá es la propia entidad judía, que sacraliza ciertos términos como si no hubieran sido un producto humano que se dio en un contexto económico y social, “prohibiendo” su utilización como advertencia ante movimientos que pudieran propiciar alguna forma de resurgimiento de sistemas genocidas. Bien entendido, en eso consiste el “Nunca Más”. El camino a la Shoá no comenzó con Auschwitz, sino muchos años antes, con las primeras medidas discriminatorias y persecutorias. Es de lamentar el uso políticamente sesgado y oportunista, y la indignación selectiva que desde hace años evidencian las autodenominadas “entidades centrales de la comunidad judía” respecto de estas cuestiones, a tono con el grado de simbiosis desarrollado con el gobierno de Macri. Así por ejemplo se vio cuando la DAIA difundió en julio de 2016 un comunicado de repudio al periodista Víctor Hugo Morales. La nota fue firmada por el negociador de dispensas por ofensas negacionistas (Ariel Cohen Sabban) y por un entonces funcionario del gobierno de Macri que ejercía al mismo tiempo como Secretario General de la DAIA (o funcionario de la DAIA que ejercía al mismo tiempo un cargo público directivo, designado por el rabino Sergio Bergman en el gobierno de Macri), el Dr. Santiago Kaplún. ¿Qué fue lo que motivó la indignada reacción?: el periodista había tenido la descabellada ocurrencia de señalar que “AMIA y DAIA se han convertido en nidos políticos del PRO”, y que “están en línea con sectores de la sociedad” que “terminaron entrando nazis en la Casa Rosada”. Esto último hacía referencia a que en Casa Rosada fueron recibidos oficialmente jóvenes militantes de un partido neonazi liderado por el führer criollo Biondini (hecho luego agravado con el adoctrinamiento efectuado por sus integrantes en un colegio público de la provincia de Buenos Aires). La DAIA no emitió por ninguno de los dos hechos comunicado alguno de repudio que pudiera incomodar al PRO y entendió que a cualquiera le puede pasar que se le metan militantes neonazis en una reunión oficial. O que, días después, integrantes de esa banda den clases en un colegio que depende de la más importante gobernadora del PRO, María Eugenia Vidal. ¿Pero que un periodista critique a la DAIA, diciendo que está alineada al PRO, eso sí que es grave? Rápido de reflejos (como en sus tiempos de arquero en Atlanta), el ex vicepresidente de DAIA y diputado por el PRO Waldo Wolff salió entonces del área tratando de “ridículo” y de “precariedad intelectual” a Víctor Hugo Morales. ¿A quién se le puede ocurrir sostener que la DAIA y el PRO actúan en yunta? Luego, y como era de esperar, se activó el REPUDIÓMETRO DE LA DAIA, haciendo llegar a todos los medios el comunicado rechazando estas expresiones periodísticas “que carecen de toda relación con la realidad”. Por esos días, el conducto de repudios se atascó con comunicados contra opositores al PRO (contra el actor Gerardo Romano, el político Agustín Rossi, Víctor Hugo), y no permitió fluir mensajes de denuncia respecto de la minimización oficial del accionar de neonazis declarados. En cambio, si un “intelectual orgánico” del macrismo taxativamente proclama que el kirchnerismo es lo mismo que el nazismo y “la Cámpora” es como las SS, no es para escandalizarse. En los últimos tiempos así lo hizo el ex actor cómico y hoy alterado referente de Cambiemos Alfredo Casero. Pero antes, lo hizo el escritor macrista Marcos Aguinis en una columna para el diario “La Nación” publicada el 21 de agosto de 2012 (El veneno de la épica kirchnerista) donde expresó: “Las fuerzas (¿paramilitares?) de Milagro Sala provocaron analogías con las Juventudes Hitlerianas. Estas últimas, sin embargo, por asesinas y despreciables que hayan sido, luchaban por un ideal absurdo pero ideal al fin, como la raza superior y otras locuras. Los actuales paramilitares kirchneristas, y La Cámpora, y El Evita, y Tupac Amaru, y otras fórmulas igualmente confusas, en cambio, han estructurado una corporación que milita para ganar un sueldo

Fuente: Horacio Verbitsky | El cohete a la luna Fecha: 02 de DIC 2018 Tanto la propuesta argentina inicial como el documento final consensuado fueron escritos con el manual de la corrección política. Detrás de ese catálogo de buenas intenciones persisten los conflictos del mundo realmente existente, como experimentó el presidente Maurizio Macrì cuando con ingenuidad se dejó involucrar por Trump en su conflicto con China. Su respuesta no es objetable: la Argentina ve la inversión china como una oportunidad, no como una amenaza. Pero no sale de la casa de muñecas de las palabras, donde con algo de maña y paciencia todo puede acomodarse. En la cena entre Trump y Xi Ji Ping al terminar la cumbre, el estadounidense ofreció suspender la elevación de tarifas del 10 al 25%  que pensaba imponer desde el 1° de enero a las importaciones chinas por valor de 200.000 millones de dolares, y su contraparte prometió aumentar las compras de energía y productos industriales y agrícolas estadounidenses. No fue un avance, pero evitó un fracaso, opinó el New York Times. Todo el mundo recibió con alivio esta tregua de 90 días, aunque las tensiones subsistan. El Grupo se autodefine como “el principal foro internacional para la cooperación económica, financiera y política” y es el lugar de encuentro de la Argentina con los poderosos del mundo. En realidad, es el escenario de las principales confrontaciones económicas, financieras y políticas, entre potencias que pugnan por apoderarse de la mayor porción posible de esos recursos, sobre dos ejes: la confrontación comercial de Estados Unidos con China, y militar con la Federación Rusa. A Macrì le fue mejor que a Justin Trudeau hace seis meses en Canadá, cuando Trump dejó la cumbre del G7 con insultos al joven anfitrión por sus desacuerdos comerciales; y que a la premier alemana Angela Merkel, hace un año, en Hamburgo, cuando no se firmó un documento de consenso y se exteriorizó la división 19 a 1, cuando Trump se negó a cualquier conciliación sobre el cambio climático, como prolegómeno al retiro de su país del Acuerdo de París. Y quedó años luz de distancia por encima de Macron, a quien se le incendió el país mientras asistía a la Cumbre. El cambio climático no es un tema menor. Hace apenas diez días, la comisión oficial estadounidense que coordina a 13 agencias federales publicó un informe literalmente aterrador, que enumera las catástrofes ambientales ya producidas y advierte las que se avecinan, en plazos que se acortan en forma dramática. Sus principales conclusiones: el calor extremo se generaliza; esto provoca cada vez mayor cantidad de espantosos incendios; la elevación del nivel del mar impondrá migraciones masivas y las ciudades costeras no se están preparando como se debe. En el caso de Canadá, los 180 días transcurridos permitieron que una trabajosa negociación acotara los daños y se llegara a una reformulación del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (el NAFTA por su sigla en inglés) que se firmó ahora en Buenos Aires. Pero aún falta la ratificación por los tres congresos, que dista de ser obvia. A contramano Para Macrì la doble dependencia de Estados Unidos y de China es un problema complejo. La cumbre sólo lo puso en primer plano. Desde que asumió, su agenda de apertura y desregulación colisionó con el movimiento opuesto de Trump, de cuyo sostén precisa en forma desesperada para llegar con algún oxígeno financiero al fin de su mandato, dentro de un año y una semana. Pero también necesita de las inversiones y los préstamos de China, cuya impetuosa presencia es la principal preocupación de seguridad nacional de Estados Unidos en esta parte del mundo. El intento de conciliar posiciones, como “mediador de buena fe”, es estimable y la presencia como sherpa argentino del ex vicecanciller de Susana Malcorra, Pedro Villagra, una rara muestra de buen sentido en un gobierno que se caracteriza por lo contrario. No obstante, se necesita algo más que la capacidad de un funcionario de segunda línea de un país de tercera para satisfacer al mismo tiempo las apetencias y requerimientos contradictorios de las dos mayores potencias del mundo, embarcadas en una guerra que Mónica Peralta Ramos describe en otra nota de esta edición. Trump y Macrì acordaron enfrentar la “economía predatoria” que atribuyeron a China, según el comunicado oficial de la vocera estadounidense Sarah Huckabee Sanders, publicado en el sitio de la embajada en Buenos Aires. Primero el embajador en Beijing, Diego Guelar; el ministro y el viceministro de Hacienda, Nicolás Dujovne y Miguel Braun; el canciller Jorge Faurie y por último el propio Macrì, negaron que la Argentina hubiera asentido a esa calificación de Trump. Faurie lo hizo a su manera, tenuemente. Guelar dijo que China es “un socio estratégico integral de la Argentina”, con el que durante la visita de Estado de Xi Jinping se firmarían 37 acuerdos bilaterales. La embajada levantó el comunicado de su página, lo mismo hizo la Casa Blanca y Trump no volvió a mentar el tema. Braun directamente afirmó que se trató de una declaración del gobierno de Estados Unidos y que China era el segundo socio comercial de la Argentina. Macrì añadió que la Argentina mantenía buenas relaciones con todas las naciones. De Estados Unidos dijo que era el primer inversor externo; de China, que Xi Ji Ping era fanático del fútbol, del vino y de la carne. Es decir, nada. Según la crónica del Washington Post, el gobierno de Trump considera a este “predador económico como una potencia hostil que busca socavar la supremacía tecnológica de los Estados Unidos y desalojar a Washington como la potencia global dominante”. Tanto funcionarios estadounidenses como chinos hablan en forma abierta de “una nueva Guerra Fría entre ambos países”. La economía predatoria china es la misma expresión que usó el jefe del Pentágono, general John Mattis, durante su visita de agosto a Brasil y la Argentina. Advirtió que los países de la región podían perder ciertos grados de soberanía, mediante regalos o préstamos chinos que luego sea imposible devolver y den lugar a condiciones

Fuente: Edgardo Mocca | Página 12 Fecha: 02 de DIC 2018 La reunión del G-20 en Buenos Aires cambió fugazmente la agenda mediática en nuestro país, alteró la vida de los porteños y permitió una importante presencia escénica de Macri como anfitrión; no mucho más. Argentina no tiene hoy ningún otro rol en el concierto mundial. Su única política internacional consiste en el seguimiento incondicional de las posiciones de Estados Unidos y es impensable que esa línea cambie en tiempos en que Macri necesita de Trump para sostener su relación con el FMI. La reunión cumbre muestra una interesante paradoja: Argentina sostiene incondicionalmente la apertura indiscriminada del comercio internacional mientras la potencia a la que sigue se orienta hacia el proteccionismo y el rechazo de los acuerdos de libre comercio. La voz argentina ha perdido fuerza con respecto a la que tenía cuando junto a Brasil y a otros países con gobiernos populares hacía oír la palabra de la región en los foros mundiales. La reunión del G-20 no tiene para el gobierno argentino más importancia que la que le da el glamour de visitas importantes y un fugaz protagonismo protocolar del presidente. El contexto de la reunión es una grave crisis económica en el país que tiende a agravarse. En estos días los diarios más importantes del mundo afirmaron que el país anfitrión está amenazado por el riesgo de un colapso económico y social. Por fin el mundo mira a la Argentina. Pero se trata de una mirada preocupada por los efectos que un derrumbe económico podría acarrear para otros países en situación de vulnerabilidad financiera. Los escribas del establishment local han instalado otro tema. Se trata del “riesgo Cristina”, es decir el temor que producen en los “inversores internacionales” las últimas encuestas cuya gran mayoría muestra el avance de la ex presidenta y el retroceso de Cambiemos, en la perspectiva de la elección de octubre próximo. En ese clima vuelve a aparecer una zoncera casi unánimemente aceptada y propalada por la maquinaria mediática dominante: la causa del temido avance de Cristina estaría en la “estrategia polarizadora” del gobierno y sus publicistas. Parecería, según esta extravagante interpretación que es el macrismo quien quiere ver a la ex presidenta disputando el triunfo con el oficialismo en 2019. Por lo tanto estaría en manos del aparato de propaganda que orienta Durán Barba la decisión de terminar con esa polarización que amenaza derivar en el resultado electoral más temido por los “mercados”, las “democracias del mundo” y otros entes fantasmales del mismo tenor. De lo que en realidad se está hablando es de un fracaso contundente: el del intento, que comenzó en diciembre de 2015, de barrer para siempre de la realidad y de la memoria la experiencia de los gobiernos de los doce años anteriores. La polarización es el nombre que los publicistas asignan a un fenómeno que bien podría ser pensado como un antagonismo radical respecto del tipo de sociedad en la que queremos vivir los argentinos. Lejos de desaparecer, el antagonismo se profundiza en el contexto de una crisis aguda, de crecientes privaciones para amplios sectores sociales. En el mundo empresario, el consenso favorable a las políticas del gobierno se ha ido rompiendo. Resultó que una cosa era la fórmula mágica de la apertura económica irrestricta como garantía de éxito y otra es el resultado real de esa quimera ideológica, es decir la extrema vulnerabilidad de un país sometido a la lógica de la timba financiera y carente de un proyecto productivo a desarrollar. El derrumbe del consumo no es compatible con ningún desarrollo empresario: el capitalismo de casino hace su agosto en el país y más tarde o más temprano los intereses de la plata que trajo la usura internacional a nuestras playas superarán nuestras posibilidades de pago. Es un secreto a voces que en el mundo empresario el rechazo y el temor por el populismo va dejando paso a una observación más realista de la situación. El gobierno de los grandes ceos ha fracasado junto con su utopía neoliberal. No hay un solo número de la macro ni de la microeconomía que haya mejorado en estos tres años. La pregunta por el futuro se hace dramática. Entramos en un tramo políticamente intenso. Los ruidos en el interior de la segunda alianza se han ido intensificando: crece en el radicalismo el número y la jerarquía de quienes se preguntan sobre el rumbo asumido y la imprevisible Carrió se fortalece con la pérdida de todo rumbo por parte del gobierno. La peregrina idea que recorre las oficinas del Pro de reemplazarlo a Macri en la candidatura presidencial muestra el nivel de desconcierto político. Falta casi un año para la elección. Y es un año cuyos andariveles ya han sido trazados en el acuerdo con el FMI. Serán meses de recesión, dolor social generalizado y ausencia de toda perspectiva de recuperación. La gran pregunta en estos días es la que se formula para quienes forman parte de la oposición. Todo indica que los obstáculos de una amplia unidad programática alternativa se han ido despejando. En el mundo sindical, social y político la conciencia de la gravedad de la situación ha ido abriendo paso a una determinación compartida: debe ser una unidad sin proscripciones, basada en un programa de emergencia y cuyas candidaturas centrales surjan del consenso multipartidario y multisectorial o de la competencia en elecciones primarias. Con mucha frecuencia suele pensarse que la amplitud de la unidad conspira contra la radicalidad del programa. Pero por lo menos en este caso no es así. El nuevo gobierno que surja de la elección de octubre tendrá que enfrentar una emergencia. Tendrá que atender simultáneamente el frente de la reparación de los daños sociales que ha producido el actual gobierno y el de la viabilidad económica de su plan de gobierno. Es decir, qué hacer con la deuda, con el déficit comercial, con la inflación. La acción de emergencia necesita amplios respaldos sociales, multisectoriales. Lo plural, lo diverso del frente que se

Fuente: Daniel Politi | The New York Times Fecha: 30 de NOV 2018 Cuando se planeó que Argentina fuera el país anfitrión de los jefes de Estado de las principales economías del mundo en la cumbre del G20, el gobierno vio la reunión como una oportunidad de oro para mostrar a la nación como estable y próspera No obstante, cuando los líderes mundiales lleguen a Buenos Aires el 30 de noviembre, encontrarán un país que atraviesa una severa recesión y que ha sido sacudido por una racha de incidentes relacionados con la seguridad. Entre ellos el ataque a los futbolistas de Boca Juniors, por parte de un grupo de hinchas violentos de River Plate, que sucedió el fin de semana pasado, una amenaza de bomba hecha por activistas veganos y el reciente arresto de un par de hermanos en Buenos Aires por ser sospechosos de tener nexos con Hezbolá, el movimiento libanés. Mientras tanto, las huelgas de empleados públicos han ocasionado la cancelación de varios vuelos esta semana y han complicado la transportación en gran parte del país. Así que mientras los funcionarios del gobierno buscan reforzar la seguridad en la mayor parte de la capital antes de la cumbre, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, les aconsejó a los casi 2,9 millones de residentes de Buenos Aires “que usen el fin de semana largo para irse, que se vayan el jueves porque la ciudad va a estar muy complicada”. Esa recomendación fue incongruente con la gran esperanza que el gobierno argentino expresó hace un año cuando asumió la presidencia del G20. “Un mundo donde inspiramos confianza porque estamos en el camino correcto”, dijo en ese entonces el presidente Mauricio Macri. Después de los doce años de gobiernos de izquierda liderados por los presidentes Néstor Kirchner y su esposa, Cristina Fernández, Argentina cayó en el impago de su deuda externa, lo que ahuyentó a los inversionistas y cultivó vínculos cercanos con China y Rusia conforme se distanciaron las relaciones con Estados Unidos. Desde su elección en 2015, Macri, un político de centroderecha, ha buscado restaurar la confianza de los inversionistas al controlar el gasto público. También ha cambiado el curso de la política exterior de Argentina al retomar las relaciones con el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump. Además, se ha esforzado para posicionar a Argentina como un país prominente en debates globales en temas como el cambio climático, la migración y la política comercial. “Pasamos de estar fuera del mundo” a tener la responsabilidad de planear el G20, dijo Macri el año pasado. “Hay que convertir todo esto en nuevas oportunidades para el país”. En cambio, los líderes de las economías más grandes del mundo llegarán a un país que enfrenta muchas dificultades, particularmente con su economía, las cuales han contribuido a un desplome de los índices de aprobación de Macri. Conforme la moneda argentina se devaluó estrepitosamente hace unos meses, Macri tomó la difícil decisión de solicitar un préstamo al Fondo Monetario Internacional. Posteriormente, tan solo meses después, ese préstamo tuvo que ser aumentado. Todavía, sin muchas buenas noticias que presumir, los funcionarios argentinos realizan grandes esfuerzos para lograr una cumbre ordenada. El gobierno está desplegando a veintidós mil integrantes de las fuerzas de seguridad y cierra grandes áreas de la capital para proteger a los jefes de Estado visitantes y a sus delegaciones. La ciudad de Buenos Aires declaró el viernes como día festivo para disminuir el tráfico y alentar a la gente a salir de la ciudad. Los funcionarios están conscientes de los disturbios que estropearon la cumbre del G20 en Hamburgo, Alemania, el año pasado. Los grupos críticos de la globalización y el capitalismo incendiaron autos, saquearon negocios y se enfrentaron a la policía en confrontaciones que dejaron cientos de heridos y que ocasionaron la detención de más de cuatrocientas personas. La reunión de este año ocurre durante un periodo de considerable descontento social en Buenos Aires, donde los manifestantes y los bloqueos callejeros se han convertido en un hecho cotidiano. Además, diciembre ha sido históricamente un mes en el que este tipo de protestas se tornan violentas, particularmente en momentos de problemas económicos. La recomendación de salir de la ciudad durante el evento fue recibida con indignación por los argentinos, que luchan para hacer rendir el dinero en medio de una creciente inflación. “¿Apenas tengo suficiente dinero para alimentos y ella quiere que salga de la ciudad?”, dijo Paula Valladares, de 46 años, una especialista en el cuidado de personas mayores. “Necesito trabajar. Si no trabajo, no como”. Quienes intentaron acatar la recomendación encontraron algunos problemas el 26 de noviembre porque todos los vuelos de la empresa estatal Aerolíneas Argentinas fueron cancelados debido a una huelga de los trabajadores. La mañana del 27 de noviembre, todo el transporte público paró sus actividades durante tres horas debido a otra huelga. Incluso antes del ataque del fin de semana al autobús que transportaba a los jugadores de Boca Juniors al estadio —en el que varios futbolistas resultaron heridos, lo que llevó a la suspensión de una final muy esperada que ahora tendrá que realizarse fuera del país— la ciudad estaba intranquila después de que amenazas de bomba condujeran al desalojo de la Embajada de Estados Unidos, el Senado, un banco, un hospital y el aeropuerto regional. Todas resultaron ser falsas alarmas. No obstante, hace unas semanas, un grupo de anarquistas veganos fueron acusados de dejar un artefacto explosivo en el cementerio de la Recoleta, donde se encuentran sepultadas varias figuras importantes de la historia argentina, incluida la ex primera dama Eva Perón. Una de las personas implicadas resultó herida cuando el dispositivo aparentemente detonó de manera prematura. El gobierno también culpó a un grupo anarquista por una bomba casera fue lanzada al hogar de un juez. Otro episodio inusual que llegó a los encabezados fue el arresto a mediados de noviembre de dos ciudadanos argentinos acusados de tener vínculos con Hezbolá. Sus familiares negaron que ambos hombres, de 23 y 25 años, fueran terroristas. El Centro de Estudios Legales y Sociales, un grupo de derechos humanos de Argentina, afirma que el gobierno ha usado la

Fuente: Jorge Argüello | Fund. Embajada Abierta Fecha: 27 de NOV 2018 Los gobiernos de Argentina y Gran Bretaña han informado que han llegado a un acuerdo sobre la adopción de un segundo vuelo semanal, de una compañía aérea extranjera con destino a las Islas Malvinas, desde y hacia San Pablo, Brasil, y con una escala mensual en la ciudad de Córdoba. La información, que fuera transmitida con un aire positivo -se llegó a hablar de un “triunfo diplomático” del Palacio San Martín- que saluda de manera simplista una mayor conexión de los archipiélagos usurpados desde 1833 con el territorio continental argentino, a semejanza de lo que ocurrió durante las décadas anteriores al conflicto armado de 1982. Pero este anuncio esconde una primera de muchas falacias: el acuerdo si bien habría sido bilateral, dado que solo existen dos partes en la disputa, la última palabra la habría tenido un tercer actor, a saber: el ilegítimo gobierno isleño. Según la información suministrada por la Cancillería argentina, este segundo vuelo regular a las Islas Malvinas -el primero, por un acuerdo de julio de 1999, que hace una escala mensual en Río Gallegos- será operado también por la empresa LATAM. Este beneficio hacia los isleños fue obtenido gracias a la “nueva”, pero no novedosa, política de acercamiento hacia el Reino Unido adoptada por la actual administración del Presidente Macri en relación a la Cuestión Malvinas, la cual alcanzó su punto máximo con la adopción del acuerdo internacional conocido como “Acuerdo Foradori-Duncan” del 13 de septiembre de 2016. Dicho acuerdo, que no contó con la aprobación del Congreso Nacional como indica nuestra Carta Magna, retoma la política del “paraguas de soberanía” de la década de los  ’90, mediante la cual permite a las partes negociar sobre todos los aspectos accesorios de la Cuestión Malvinas pero dejando de lado la parte esencial: la disputa de soberanía. La empresa elegida para operar este segundo vuelo será LATAM Brasil uniendo semanalmente San Pablo (Brasil), en vuelo directo, con Monte Agradable (Malvinas), y el tercer miércoles de cada mes hará una escala en el aeropuerto Taravella, de la ciudad de Córdoba. Lo primero que tenemos que preguntarnos, ante este inexplicable triunfalismo diplomático, es ¿para qué la Argentina le otorga a las ilegítimas autoridades isleñas la autorización de una segunda conexión aérea semanal? La elección del aeropuerto de Córdoba responde solo y únicamente a las demandas del gobierno isleño, que se ha resistido largamente, y de manera cerrada, a que la escala de cualquier conexión aérea sea la capital argentina. El objetivo común del Gobierno británico y de la dirigencia isleña es crear vínculos comerciales, y de otros tipos, con los países vecinos de América del Sur pero excluyendo siempre a la Argentina continental. En consonancia, los vínculos aéreos entre las islas y terceros países son un viejo anhelo de la dirigencia económico- política isleña. La primera conclusión a la que el lector puede arribar es qué en este acuerdo,  anunciado con bombos y platillos, los isleños han logrado lo que buscaban. En dos años de negociaciones, obtuvieron del gobierno argentino el ciento por ciento de sus demandas. ¿Para eso negoció Argentina todo este tiempo? La otra gran pregunta en esta instancia, con la disputa de soberanía por las Malvinas como telón de fondo, cae de maduro: ¿qué beneficios reporta este segundo vuelo al objetivo central e irrenunciable de recuperar el efectivo ejercicio de la soberanía sobre las islas? Y la respuesta es: ninguno. Al contrario, un nuevo perjuicio. Desde 2003, la Argentina ha presentado la propuesta de establecer un servicio aéreo regular y directo entre las islas y el territorio continental, operado por una empresa aerocomercial argentina, bajo fórmula de soberanía. Pero siempre recibió la negativa rotunda del gobierno británico. Ahora, resulta que el gobierno nacional termina aceptando que no se trate de un vuelo directo a la Argentina continental, sino de una simple escala. Y, por si fuera poco, que el prestador de ese vuelo tampoco sea una aerolínea de bandera argentina. Para rematar esta pésima faena diplomática, el gobierno argentino aceptó ir en conjunto con el del Reino Unido a gestionar el nuevo vuelo con ese tercer país. La situación es política y diplomáticamente indisimulable: este segundo vuelo es una necesidad de la dirigencia isleña y su posible concreción responde, únicamente, a una concesión argentina de buena voluntad, teniendo en cuenta que la mentada autorización requiere indefectiblemente de una autorización argentina. Ni el Reino Unido, ni los isleños tienen por derecho ninguna capacidad decisoria en esta cuestión, que es y seguirá siendo de exclusiva competencia nacional. Entonces, al aceptarse que el aeropuerto de la nueva escala sea Córdoba, en lugar de Buenos Aires, y que el destino final sea San Pablo, se están convalidando también todas las imposiciones isleñas y se deja de lado lo único que debiera haber reflejado un anuncio oficial de este tipo: el interés nacional. La espina a remover durante la negociación fue siempre la misma; una cerrada oposición de los representantes isleños a que, en principio, el avión hiciese una parada en territorio argentino, y, más tarde, la negativa a que la escala fuese en Buenos Aires. Los «hard liners» (línea dura o halcones) isleños buscaron negar la posibilidad de una «ola turística argentina» en suelo malvinense, por eso bloquearon a todo costo la escala en Buenos Aires (Aeroparque y Ezeiza). Y lo lograron.

Fuente: Alejandra Dandán | El cohete a la luna Fecha: 18 de NOV 2018 Nilda Garré analiza el hallazgo del Submarino ARA San Juan y destaca el dato del casco resistente y el espacio destinado a los tripulantes de la nave, que permaneció perfectamente cerrado aún después de la implosión. Una de las imágenes indica que existió un intento de subir a la superficie antes del final. La ex ministra de Defensa integra hoy la Comisión Bicameral creada por ley del Congreso que se reúne una vez a la semana para investigar responsabilidades políticas y seguir los avances de lo que hasta ahora era la búsqueda. Habla aquí del desprecio absoluto del ministerio de Defensa por los familiares de los 44 tripulantes y de la propuesta de un mausoleo flotante que aún no escucha el gobierno. Y señala que es posible tecnológicamente acceder a la recuperación de fragmentos de la nave, e incluso de los cuerpos de los tripulantes. ¿Cual es su evaluación? Se abre una nueva etapa. El objetivo del hallazgo del submarino está logrado. Y eso permite establecer algunas cosas. El casco resistente de la nave estaba intacto. Eso muestra que la reparación que algunos objetaron estaba perfectamente hecha porque la zona de la soldadura permaneció intacta, a pesar de la explosión que seguramente hubo dentro del submarino, y de la implosión que se derivó del hundimiento. Las partes que están desprendidas son más frágiles, no hacen a la estructura fundamental. Y también existen planos que muestran una suerte de timón que se usa para subir, y que aparece como si hubiese sido maniobrado hacia arriba. Esa información indica que hubo algún intento de direccionar la nave cuando empezó a caer o mientras caía, que intentaron subir. Es decir, hubo un intento de maniobra para evitar la caída. Eso se ha podido determinar a través del ROV (del ingles Remotely Operate Vehicle, un vehículo operado a distancia desde el submarino de la empresa Ocean Infinity). Ha tomado la imagen de cerca. Y muestra que no fue todo inmediato, que hubo un tiempo en el que se intentó maniobrar para recuperar altura y salir de la profundidad en la que estaban cayendo. Esos datos no aparecieron así en la conferencia de prensa. Por supuesto, estas cosas las estamos viendo ahora nosotros. Los especialistas ahora podrán sacar más conclusiones. Por eso se abre la etapa de investigación para saber qué puede haber ocurrido, y es decisivo. Ya hay elementos de prueba, no meras evaluaciones e hipótesis. Entre otros datos, teníamos los avisos del comandante del ARA San Juan, cuando advirtió que tenían problemas porque les había entrado agua, el tema de la válvula y el balcón de baterías que había sufrido un principio de incendio. Él habló de una situación de emergencia. Y dijo: Voy a quedarme sumergido, la tripulación está bien. Lo hacía para que se repongan de la tormenta que habían sufrido. Algunos hoy evalúan que tendría que haber subido a superficie. Pero ya vendrán las evaluaciones para saber cuál hubiese sido la decisión más correcta. Él comunicó dónde estaba, dio su ubicación, así que nosotros desde la Bicameral teníamos datos que indicaban esa ubicación. Eso se sumó al informe de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO, por sus siglas en inglés) que identificó el ruido hidrofónico, y todo eso nos daba una ubicación muy aproximada a la que efectivamente resultó correcta. ¿Qué otros datos consideró importantes? Aguad dijo que todo sucedió en poco más de dos horas. Por los informes que venimos escuchando en la Bicameral hoy sabemos que los problemas que presentaba el submarino sobre algunas deficiencias en el periscopio y falta de balizas o sobre la cantidad insuficiente de elementos, habían sido solucionados en el ingreso de septiembre a la Base Naval de Mar del Plata. Todo eso había sido reparado, según el informe de la base de Submarinos. También teníamos el resultado de la calificación que hizo el comandante del buque: 4.25 puntos sobre 5, es decir, un estado de operatividad razonable en cuanto a la seguridad de la navegación. Hasta ayer se sabían todas esas cosas. Ahora llega el momento de hilar un poco más fino y saber cómo fue ese final donde probablemente haya habido una explosión de hidrógeno que es lo que inicia la caída que va determinar después la implosión. Aguad dijo que cayó en picada. Y se preguntó qué pasó que todo sucedió tan rápido, que no llegaron a activar las alertas. Pareció sugerir algo. ¿La dejó pensando? ¿Aguad? No, Aguad no me deja pensando. Las declaraciones me parecieron pobres e inexpresivas. Me atuve más al informe técnico de (el capitán, ex vocero de la Armada, Enrique Antonio) Balbi, que siempre es bastante preciso. Y a las consultas que hicimos este tiempo, también a submarinistas. Todo indica que están claros los elementos que muestran que estaban tratando de subir, que hubo un intento de reaccionar a la caída, y que probablemente haya habido una explosión previa de hidrógeno que se acumula y es muy peligroso. Y eso provoca la caída, la implosión y ellos han intentado esta última maniobra, ya sobre el final, por supuesto. ¿Cómo sigue todo en términos de responsabilidades? Hay tres ámbitos que investigan. El ministerio de Defensa observa las responsabilidades funcionales en una investigación administrativa, delegada al Estado Mayor Conjunto. La Comisión Bicameral investiga responsabilidades de tipo político y de toma de decisiones. Y la causa judicial investiga si hay delito doloso o culposo con relación a lo que sucedió y las decisiones finales. Existe la pregunta acerca de si había que haber tomado la decisión de la inmersión o si el comandante de Submarinos tendría que haber dicho: vuelva a superficie o no vaya a inmersión. Allí está la jueza Marta Yañez, que trabaja muy intensamente. Y también hay que decidir la remoción de partes de submarino porque estos ROV de la empresa Ocean Infinity permiten arrancar partes para estudiarlas. La conferencia de prensa dejó ese tema en suspenso. La jueza puede

Fuente: Adrián Murano – TiempoAr Fecha: 18 de NOV 2018 El mérito del hallazgo es sólo de los familiares, que nunca bajaron los brazos. De los padres, las madres, parejas, hermanos/as e hijos/as que desde el primer día exigieron conocer la verdad. Que desde aquel 15 de noviembre fatídico no se conformaron con hipócritas expresiones de consuelo, con venenosas compensaciones económicas ni con discursos políticos de ocasión. Que convirtieron la angustia y el dolor en una lucha firme y persistente contra la impericia, la desidia y el abandono. De las nueve mujeres que en el frío gélido de junio se encadenaron a las vallas que protegen el frente de la Casa Rosada para exigirle al gobierno que contratara a una empresa privada capaz de hacer lo que el Estado argentino no había podido: encontrar al ARA San Juan. Y dar respuesta sobre el paradero de sus 44 tripulantes. De los cuatro parientes que pasaron los últimos 70 días como veedores de la búsqueda a bordo del Seabed Constructor, el buque de la empresa Ocean Infinity que realizó el rastreo. Luis Tagliapietra –padre del teniente de corbeta Alejandro Tagliapietra–, Silvina Krawczyk –hermana de la teniente de navío Eliana Krawczyk, la única mujer tripulante del submarino–, José Luis Castillo –hermano del cabo principal Enrique Castillo– y Fernando Arjona –hermano del cabo principal Alberto Arjona– tuvieron la dura misión de fiscalizar las tareas que se realizaban a bordo del buque de origen noruego y, a la vez, transmitir las novedades a los familiares que los habían escogido como delegados para que los mantuviesen al tanto de la operación. La presencia de ese grupo resultó crucial en el hallazgo: fueron ellos, junto a la jueza Marta Yáñez, quienes insistieron y lograron que el buque revisara el sitio donde tres suboficiales argentinos dijeron haber registrado «golpes de casco» un año atrás. La secuencia sonora ya había sido descartada por la Armada, pero la empresa aceptó rastrillar la zona como último acto de servicio, antes de partir hacia Ciudad del Cabo. El reclamo de los familiares postergó la partida del Seabed, cuyos especialistas aprovecharon las 20 horas de tránsito de un sitio a otro para revisar las imágenes tomadas en el área donde habían concentrado la pesquisa. Fue en esa revisión donde se detectó un nuevo punto de interés –el número 24–, en el Sitio 1 área 15A-4, a 800 m de profundidad. Era el ARA San Juan. «¡Cuando todos daban todo por perdido, nosotros acá no bajamos los brazos nunca, ya vendrán tiempos de charlas técnicas y otras cosas, ahora lo único importante es que al fin los encontramos y no puedo para de llorar!», escribió Tagliapietra en el grupo de WhatsApp donde apuntaba las novedades. Tiene razón. Fue la lucha de los familiares lo que evitó que la búsqueda naufragara por las miserias de la especulación política y el ajuste brutal. Se ganaron de sobra el derecho de llorar a sus muertos en paz. Le corresponde a la sociedad tomar la posta y exigir que se sepa por qué 44 argentinos murieron en un buque de guerra que terminó como trampa mortal. « Nota relacionada: ARA San Juan: los enigmas de una investigación que recién empieza

Fuente: Edgardo Mocca | Página 12 Fecha: 18 de NOV 2018 Los bloques peronistas de la Cámara de Diputados se unieron para lograr la mayoría e imponer sus candidatos por la mayoría para el Consejo de la Magistratura. Frustraron así el objetivo del macrismo que era el de conseguir una mayoría propia en el organismo, lo que le hubiera permitido completar su dominio nada menos que de la decisión final sobre la designación y remoción de los jueces. Todo esto, pocos días después de que el Senado completara la sanción del presupuesto presentado por el gobierno para el próximo año y que empezara a insinuarse una rebelión en las filas parlamentarias del “peronismo federal”. La superestructura política empieza a reflejar un nuevo clima y una nueva relación de fuerzas políticas en el país. Y cuando se habla de superestructura política no se incluye solamente a la estructura formal de la toma de decisiones sino también a lo que ocurre en el interior de partidos y coaliciones y en las diversas formas de acción política que atraviesan las organizaciones sociales. Una muy breve recapitulación nos lleva a evocar el clima que vivíamos a comienzos de 2016: la agitación callejera que recorría calles y plazas del país era mirada por la mayoría de los analistas como una escena fantasmal, más emparentada con la melancolía de los recientemente derrotados en la elección del anterior diciembre que con un dato relevante de la realidad política; “minorías intensas” que no entendían la nueva configuración política del país, expresiones “residuales” que pronto se reducirían a voces marginales. La voz de orden era la “renovación peronista” y la consecuente acta de defunción para la experiencia política de gobierno entre 2003 y 2012. La superestructura justicialistase encaminaba así a poner rápida distancia de esos ecos perdidos del pasado y a  acomodar sus discursos a los nuevos vientos políticos. La elección de 2017 mostró dos cosas. Una fue la consolidación electoral del macrismo en un contexto social afectado negativamente por la política económica, pero esperanzado con el veranito keynesiano que construyó el gobierno en las vísperas de la votación. La otra fue el fracaso –por lo menos provisorio– del intento de darle carnadura político-electoral a un peronismo moderado, centrista, deslumbrado por la irrupción macrista y resignado a un largo invierno electoral. Los “residuos” de la anterior experiencia, por su parte, aparecieron claramente como la segunda fuerza electoral, y su líder realizó una elección en la provincia de Buenos Aires, sorprendentemente exitosa en ese clima social. Desde entonces hemos asistido a muchas novedades. La principal es el notable cambio de clima social respecto del gobierno, que los sondeos de opinión fueron reflejando y que, ya en diciembre del año pasado, confluiría con la primera gran crisis del consenso entre el peronismo no kirchnerista y el oficialismo en ocasión de la estafa estatal a los jubilados perpetrada bajo el pudoroso nombre de “reforma previsional”.  En estos pocos meses hemos asistido a significativos reagrupamientos. El cambio de posición del sindicato de camioneros que alteró la ecuación sindical a favor de los sectores partidarios de un claro enfrentamiento con las políticas públicas del gobierno, la conformación del Frente Sindical como reagrupamiento de esos sectores y la reciente movilización multitudinaria a Luján que fue su bautismo público, el acercamiento de las dirigencias de los principales movimientos sociales representativos del trabajo informal y el territorio de la pobreza –la CGEP y el Movimiento Evita– al proceso de unidad política y electoral contra las políticas de Cambiemos, el desplazamiento de un conjunto de referentes de los espacios del peronismo hasta allí partidarios del diálogo y la cercanía con el gobierno a la idea de una unidad sin proscripciones para afrontar la elección del año próximo y la innegable centralidad de la figura de Cristina Kirchner en todos esos movimientos son los principales hitos, pero no los únicos, de ese proceso. Y no sería aventurado arriesgar que los sacudones en el interior de Cambiemos –que incluyen el retiro de la escena de Monzó, principal actor de las políticas de negociación con el mundo opositor–, un clima tenso en el radicalismo, más las recurrentes volteretas y amenazasespectaculares de Carrió son también expresión de las repercusiones del clima social en la política superestructural. Una vez más vale insistir en que estos hechos y estas tendencias constituyen una importante advertencia metodológica para quienes pretenden analizar y, hasta un punto, prever, el rumbo de los acontecimientos políticos. La  buena información sobre lo que ocurre en el “palacio” es un importante insumo para esa tarea pero no la agota. Quienes piensan que la “calle” es un eco pasivo de los acontecimientos no están en condiciones de hacer previsiones consistentes. Eso es así en todos lados, pero mucho más en un país con la larga tradición de organización y movilización social y política como el nuestro. Para algunos analistas, por ejemplo, la movilización sindical del 21 de febrero pasado o la plaza de Mayo desbordada en repudio del fallo de la Corte que reducía la condena de un terrorista de Estado y pretendía inaugurar una nueva y regresiva actitud judicial frente a la etapa de la barbarie cívico militar en nuestro país, eran solamente explosiones sentimentales de minorías irrelevantes.  Hoy está a la vista que son hitos de un proceso multifacético, a veces contradictorio y no fatalmente triunfantes, de un proceso en el interior de la subjetividad social, que las encuestas solamente alcanzan a registrar cuando han tomado consistencia y repercutido en la escena institucional de la política. La crisis en la que estamos inmersos y que está recién en los primeros tramos de su desarrollo no es solamente económica. Atraviesa todos los planos y condiciona todas las conductas. El Consejo de la Magistratura es para la mayoría de las personas una abstracción misteriosa. Pero lo que acaba de ocurrir es un punto de inflexión en el dominio del gobierno sobre el Poder Judicial. Y eso sin duda altera el ánimo de una corporación hasta aquí inclinada a cumplir rigurosamente con los deseos