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Fuente: Santiago Mayor | RT Fecha: 27 de NOV 2018 En enero de 2006, por primera vez en la historia de Bolivia, asumía el Gobierno un presidente indígena. Evo Morales Ayma, dirigente sindical cocalero, había triunfado meses antes con más del 50% de los votos en una elección sin precedentes. Su victoria se inscribió en una oleada progresista y de izquierda que llegó a los Gobiernos de América Latina durante los primeros años del siglo XXI. Para ese entonces ya estaban en la presidencia Hugo Chávez en Venezuela, Lula da Silva en Brasil, Néstor Kirchner en Argentina y Tabaré Vázquez en Uruguay. Unos meses después se sumaría Daniel Ortega en Nicaragua y en 2007 Rafael Correa en Ecuador. No obstante, en comparación con sus pares (quizás exceptuando el caso uruguayo), Bolivia logró consolidarse como un modelo social, político y económico estable que no sufrió las crisis económicas y políticas de Venezuela o Nicaragua ni perdió el Gobierno mediante golpes de Estado e ‘impeachments’ –como en Brasil, Honduras y Paraguay– o elecciones –como en Argentina–. ¿A qué se debe esta excepcionalidad? Estadísticas contundentes Según datos del Banco Mundial, en 2006 el Producto Bruto Interno (PBI) boliviano era de 11.452 millones de dólares. Para 2017 ese número había aumentado más de tres veces llegando a 37.509 millones. En el mismo período de tiempo, el ingreso anual per cápita pasó de 1.120 dólares a 3.130 y la esperanza de vida subió de 64 a 71 años. A su vez, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) del país, sostiene que la pobreza se redujo del 59,9% cuando asumió Evo Morales al 36,4% el año pasado. Por otra parte, como remarca el investigador y máster en Desarrollo Económico y Sostenibilidad Sergio Martín-Carrillo, Bolivia «ha sido el país suramericano que mayor crecimiento económico ha experimentado, incluso manteniendo un ritmo por encima del 4% a pesar del contexto de debilidad que vive la región desde el año 2015″. Esto fue acompañado de un descenso constante de la inflación, que pasó de un 12% en 2007 a menos de un 2% en lo que va de 2018. Estos logros se sostuvieron en una política que contradice los postulados neoliberales que impulsan hoy Gobiernos de países vecinos como Argentina, Chile, Paraguay o el electo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Las razones El sociólogo y escritor boliviano Antonio Abal enumeró en diálogo con este medio «los ejes del sostenido crecimiento de la economía de Bolivia». Según su mirada, se trata de una política basada en «nacionalizaciones de sectores estratégicos, como las comunicaciones, los hidrocarburos y la minería»; la redistribución de los ingresosestatales, «sobre todo en infraestructura productiva»; el «fortalecimiento del mercado interno«; una política monetaria de «apreciación de la moneda nacional», es decir, una «desdolarización de la economía«; y finalmente una fuerte inversión en procesos industriales como el «litio, lácteos, textiles, etc. y fomento de las pequeñas y medianas empresas, con facilidades en los soportes crediticios». En el mismo sentido se expresó el vicepresidente del país, Álvaro García Linera, en una entrevista con Página|12, donde explicó lo que para él son los cuatro factores principales de este éxito económico. En primer lugar, que el Estado controle como propietario los principales sectores generadores de excedente económico: hidrocarburos, electricidad y telecomunicaciones. Por otra parte, llevar a cabo una redistribución de la riqueza, «pero de una manera sostenible», de forma que «los procesos de reconocimiento y ascenso social de los sectores subalternos populares e indígenas tenga una sostenibilidad en el tiempo». En tercer lugar, al igual que como sostiene Abal, «apuntalar el mercado interno» y, por último, la «articulación entre el capital bancario y el productivo, lo que implica que el 60% de los ahorros de los bancos se dirige al sector productivo, generando mano de obra». Políticas públicas de redistribución A esto se suma una serie de programas sociales que han acompañado la mejora económica y han sido los dispositivos que han garantizado una redistribución de la riqueza. En ese sentido, Martín-Carrillo enumeró tres que considera los más importantes: el Bono Juancito Pinto, la Renta Dignidad y el Bono Juana Azurduy. El primero de estos fue lanzado durante el primer año de Gobierno y apunta a que los niños y niñas finalicen la escuela. Supone un aporte de 200 bolivianos (29 dólares) a estudiantes de escuelas públicas a cambio de que sostengan un mínimo de un 80% de asistencia a clases. Durante 2018 hubo 2.221.000 de estudiantes beneficiados por esta iniciativa. A su vez, esto logró que entre 2006 y 2017 la deserción escolar en primaria cayese del 6,5% al 1,8% y en la educación secundaria fue del 8,5% al 4%. Por su parte, la Renta Dignidad, vigente desde 2007, apunta a la población de adultos mayores –60 años o más– e implica 250 bolivianos (36 dólares) para las personas con pensiones de jubilación y 300 (43 dólares) para personas que no tienen pensiones de jubilación. Finalmente, el Bono Juana Azurduy está dirigido a mujeres gestantes a las cuales estipula el cumplimiento de cuatro controles prenatales, parto institucional y control postparto, así como para niños y niñas condicionado a 12 controles integrales de salud bimensual. También ha habido una política agresiva de incremento del Salario Mínimo Nacional, que en 2005 equivalía a 440 pesos bolivianos (57 dólares de aquel entonces) y en la actualidad llega a 2.060 (298 dólares). Asimismo, este año, debido al crecimiento económico, tal como informó la Agencia Boliviana de Información, el Ejecutivo dispuso el pago del doble aguinaldo para todos los trabajadores públicos y privados. Un proceso con debates y tensiones Más allá de su situación actual, los Gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS) no han estado al margen de problemas, algunos incluso muy graves. Quizás, el punto más álgido fue en el año 2008, cuando la llamada ‘Media Luna’, que incluía cuatro departamentos orientales del país, intentó escindirse del resto del territorio por acción de los sectores de la derecha boliviana que contaban con el apoyo solapado de EE.UU. No obstante, con respaldo de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), esa crisis logró ser superada y apenas unos meses después el proceso avanzaba proclamando una nueva Constitucióna comienzos de 2009, la que declaró el carácter «Plurinacional» del Estado, reconociendo en la ley suprema del país a los pueblos originarios históricamente negados. Evo Morales pasó a encarnar

Fuente: Jorge Elbaum | El cohete a la luna Fecha: 04 de NOV 2018 1. Bolsonaro no está solo. Los climas políticos son contagiosos. Existen variadas formas de mímesis en la historia. Enlazar los procesos simultáneos que se dan en los distintos puntos cardinales implica aceptar que estamos viviendo un peligroso cambio de época. Desde la crisis económico-financiera de 2008 se aceleraron los discursos xenófobos, los desplazamientos poblacionales y los mecanismos sutiles o brutales de proteccionismo cultural y étnico: la parafernalia neoliberal de las fronteras abiertas se transformó en una maquinaria dispuesta para el desprecio al otro. Una carga de provincianismo racista acompañada del recrudecimiento de las guerras comerciales más o menos abiertas. El supremacismo blanco de Trump que envía soldados para detener a hondureños desesperados, es el espejo de la Europa islamofóbica (constituidos estos últimos en los perseguidos judíos del presente). Quienes suscribieron la guerra civil en Siria clausuraron después las compuertas para las oleadas de desesperados que escapaban de los bombardeos. En Italia la Liga Norte de Matteo Salvini empieza a discutir su Brexit. En Austria el partido neonazi FPÖ forma parte de la coalición gubernamental con dos ministerios, el de relaciones exteriores y el del interior. En Finlandia y en Suecia tres de cada diez ciudadanos apoyan a partidos que reivindican la discriminación y la superioridad blanca, haciendo caso omiso a las humillaciones que sufren diariamente los migrantes. En Hungría, el premier Viktor Orban convoca a expresar la identidad moral y étnica de los magyares por sobre el resto de los habitantes. Marine Le Pen sigue conservando el favor de un cuarto de los franceses y por primera vez desde la Segunda Guerra un partido nazi entra en el Bundestag de la mano de Alternativa por Alemania, sin que el sistema político germano haya apelado a las cacareadas prohibiciones que existen sobre el discurso hitlerista. En Polonia el partido Ley y Justicia de Jarosław Kaczyński impulsa y aprueba normativas revisionistas, condescendientes con los colaboracionistas nazis, quienes —según las nuevas normas— deben ser considerados como perseguidos por los soviéticos, luego de la Gran Guerra Patria. En Holanda Geert Wilders llama a prohibir las mezquitas y, en Israel, Netanyahu impone una Ley que legitima el apartheid, al tiempo que muchas democracias occidentales lo premian con el traslado de la embajada a Jerusalén, sin considerar la continuidad de la ocupación de Palestina. 2. El casino. Existe una ofensiva reaccionaria motivada por la crisis estructural que se origina en la financierización. Este modelo de acumulación logra extorsionar al mundo productivo mediante la exigencia de rentabilidades solo alcanzables mediante la brutal precarización, la flexibilidad y la caída del poder adquisitivo de los salarios. La trampa radica en que el capital productivo se fuga hacia paraísos fiscales exigiendo que el mundo del trabajo maximice la explotación para poder competir con la rentabilidad ofrecida por su lógica rentística. Su expresión más violenta son los fondos buitre defendidos por equipos de abogados expertos en guerras jurídicas dispuestos a saquear las arcas estatales de los países que se endeudan con apoyo del FMI y las élites locales. Por su parte, los Macri, Temer, Piñera y otros se ven beneficiados con cuantiosas comisiones (provenientes de la emisión de títulos de deuda) y sobre todo con la expectativa de convertirse en futuros CEOs de las empresas transnacionales que adquirirán las destrozadas redes productivas locales, mediante inversiones ínfimas. 3. Camisas pardas. Los movimientos reaccionarios siempre han sido el resultado del intento de democratización de las sociedades y del desafío a los sectores privilegiados. Frente a Espartaco en Roma, a la irrupción de los trabajadores en 1870 o en 1917, y/o a la conformación del peronismo de la década del ’40, los poderes fácticos se aliaron con el objetivo de ahogar cualquier posibilidad de darle cabida o continuidad a la extensión de la equidad y la libertad. Todos los procesos de reacción responden al miedo que sienten los sectores del privilegio a perder el control del tablero: Bolsonaro y el resto de las derechas en el mundo irrumpen como expresión desesperada ante los posibles avances de los sectores democráticos. Quienes los votan han sido cooptados por el terror ante la invasión de los extraños, a quienes se presenta como los responsables de amenazar aquello que se ha conquistado: el ultraliberalismo produce las condiciones de la marginalidad y la violencia y se ofrece para solucionar el problema con mano dura, homofobia, misoginia y etiquetamientos variados. El temor sistémico es inoculado a través de murmuraciones repetidas por los medios hegemónicos que instigan a la aceptación inmediata de respuestas rápidas y crueles. En forma paralela, el delito, el narcotráfico y la imbricación de los organismos de seguridad en los entramados oscuros del poder mafioso, aumentan con los efectos del ultraliberalismo y la falta de proyectos sociales colectivos esperanzadores. 4. Meteorología. Las convocatorias a la violencia de Estado son exitosas cuando existe una ciudadanía carente de conciencia crítica, y al mismo tiempo ajena a los procesos de participación democrática cotidiana. Los climas reaccionarios necesitan fabricar enemigos internos y externos y de ser posible combinarlos. Pueden ser elegidos entre los más débiles y vulnerables con la condición de despertar desconfianzas generalizadas: migrantes, nacionalidades foráneas o portadores de características étnicas o fenotípicas suelen ser las víctimas prioritarias. Estos etiquetamientos son útiles para ocultar el proceso de deterioro que generan las políticas de acrecentamiento de la riqueza. Al instigar al odio hacia un enemigo se busca cambiar el eje del debate real sobre la producción material cultural y simbólica de las crisis que sus políticas producen. 5. Bienes. La inclusión social expresada en el consumo aparece como una paradoja: el neoliberalismo excluye al tiempo que sus opositores, los sectores progresistas, intentan expandir el mercado interno. Cuando esto último sucede, los incluidos se desesperan por conservar lo que han adquirido y se identifican con facilidad con los discursos privatistas y discriminatorios. Desprecian a quienes están subsidiados por el Estado, porque los consideran competidores ilegítimos de su ascenso social. 6. Pánico. Las olas reaccionarias hacen brotar los miedos atávicos

Fuente: Atilio Boron | www.atilioboron.com.ar Fecha: 03 de NOV 2018 La intempestiva designación del Juez Sergio Moro como Ministro de Justicia de Brasil quedará registrada en la historia como el caso paradigmático, por su desvergüenza rayana en lo obsceno, de la emergencia de un siniestro actor en la siempre acosada democracia latinoamericana: el “Sicario Judicial”.  A diferencia de sus predecesores que aniquilan a sus víctimas físicamente, el sicario judicial como su colega económico de más antigua data (como lo demuestra el conocido libro de John Perkins, Confesiones de un sicario económico) el judicial los elimina utilizando un arma más silenciosa y casi invisible a los ojos de sus contemporáneos: el “lawfare”. Esto es: la utilización arbitraria y tergiversada del derecho para violar los principios y procedimientos establecidos por el debido proceso con el objeto de inhabilitar –por la cárcel o el exilio- a quien, por algún motivo, se constituye en una figura molesta para las clases dominantes o el imperialismo.  En otras palabras, matarlo políticamente. El sicario judicial personifica el proceso de putrefacción de la justicia de un país, desnudando impúdicamente su carácter de clase y su abyecta sumisión a las órdenes de los poderosos. Por extensión, revela asimismo la degradación de la vida democrática que tolera el accionar de estos delincuentes. Cómo el pistolero, el sicario judicial actúa por encargo. Se trata de un “killer” de nuevo tipo que gracias a su posición en la estructura del poder judicial puede disponer a su antojo de la vida y la hacienda de sus víctimas, para lo cual  viola con total impunidad no sólo la letra sino también el espíritu de las leyes, torciendo premisas jurídicas fundamentales (la presunción de inocencia, por ejemplo) y enviando a la cárcel a aquellos sin necesidad de contar con pruebas fehacientes. Y al igual que sus tenebrosos precursores de pistola y explosivos actúa bajo un manto de protección que le garantiza no sólo que sus delitos permanecerán impunes sino que sus “asesinatos civiles” serán ensalzados como ejemplos luminosos del respeto a la ley y las instituciones de la república. Para perpetrar sus crímenes necesita estar amparado por la complicidad de todo el poder judicial.  Jueces, fiscales y los consejos de la magistratura cierran sus ojos ante sus actos y la prensa hegemónica, imprescindible cómplice del malhechor que con sus fake news y posverdades produce el linchamiento mediático de sus adversarios, facilitando su posterior condena, reclusión y ostracismo político. El renombre de este nuevo tipo de gangster judicial reposa en las espectacularidad de sus intervenciones, casi siempre a partir de datos y pistas procedentes de los organismos de inteligencia  el Departamento de Justicia de Estados Unidos y selectivamente dirigidas en contra de quienes se sospecha sean enemigos del orden social vigente. Sergio Moro, fue un asiduo alumno de los cursos de “buenas prácticas” que hace décadas Washington organiza para educar a jueces y fiscales en la correcta administración de justicia. Una de las cosas que aprendió fue sacar de la carrera electoral a un líder popular y crear las condiciones para posibilitar la demolición de una construcción política moderadamente reformista pero que, aún así, suscitaba el intenso repudio del imperio. Este nuevo y desafortunado actor político que irrumpe en la escena latinoamericana no dispara balas sino sentencias; no mata pero condena, encarcela e instaura un fraude electoral gigantesco porque, como se decía en Brasil, “sin Lula la elección es fraude”. Y así fue. Como todo sicario trabaja por encargo y recibe magníficas recompensas por su deleznable labor. En el caso que nos ocupa, su escandalosa violación del derecho fue retribuida por su mandante con el Ministerio de Justicia, y desde allí seguramente organizará nuevas cacerías para producir la “limpieza” política y social que prometiera el energúmeno que a partir del año próximo será presidente de Brasil. Con su designación los alcances de la conspiración para evitar, a cualquier precio, el retorno de Lula al gobierno queda en evidencia. La irrupción de este nuevo actor  obliga acuñar una nueva –y ominosa- categoría para el análisis político: el sicario judicial, tanto o más dañino que los demás. Claro que sería un grave error pensar que lo de Moro es una manifestación exótica de la política brasileña. El huevo de la serpiente, dentro del cual madura este siniestro personaje, ya se advierte claramente en Argentina, Ecuador, Bolivia y Paraguay.    Nota relacionada: Los límites del poder