Comunicados y Declaraciones

En el contexto en que se está llevando adelante un brutal ajuste, la represión es una de las respuestas que cuadra perfectamente con el manual de los gobiernos neoliberales. Pero hoy la represión cobra múltiples formas y no es solamente la que ejercen físicamente las fuerzas de seguridad contra el pueblo en la calle. Hay otra más sutil que consiste en el control de la población mediante el uso métodos sofisticados de vigilancia que permitirían anticipar escaladas de protestas callejeras, puntualizar  persecuciones y arrestos, generar miedo  y minimizar desbordes. En ese marco, la incorporación del sistema de alta tecnología israelí Pegasus —adquirido recientemente por el gobierno de Cambiemos— adquiere una significación superlativa. En qué consiste, para qué sirve y el marco jurídico de su aplicación es abordado en un vasto informe que preparó la Comisión de Asuntos Jurídicos del LLAMAMIENTO Argentino Judío que brindamos a continuación. INFORME “Pegasus”, el Estado de Policía de Macri y la provisión israelí del soft En los últimos años, la noticia de la existencia de un software capaz de espiarte en tu casa intrusando tu celular ganó en varias oportunidades páginas de los periódicos en diversos países del mundo. Últimamente, ha llegado a la Argentina. El soft del que hablamos es “Pegasus” un producto creado por una corporación —NSO Group— del complejo industrial-militar israelí. La existencia del software fue detectada a raíz de la denuncia hecha por un activista de Derechos Humanos en Emiratos Árabes Unidos, detenido por el gobierno de su país en 2011. Ahmed Mansoor logró aportar material sobre su denuncia al laboratorio de la Universidad de Toronto, donde el “malware” fue detectado. Porque se trata de eso, es un “malware”. (Contracción de “Malicious Software”, un software utilizado por alguien que penetra en un dispositivo para extraer —ilegalmente, por cierto— información, según lo define la empresa “Avast” editora de programas antivirus y de protección). Su utilización en Latinoamérica por los gobiernos de Panamá y México ha generado escándalos de los que se ha ocupado la prensa continental y de los Estados Unidos. Su fabricación y venta —sólo a Estados— constituye una violación a derechos humanos básicos aceptados sin controversia por la comunidad de naciones que colocan a este instrumento de inteligencia en una categoría similar —mutatis mutandi— a la de las armas químicas: en ambos casos la tecnología permite fabricarlas, y ciertamente otorgan, en un escenario de guerra una ventaja estratégica a quien las posea. Pero, el orden público internacional las prohíbe por cuanto su utilización constituye una gravísima violación a los derechos humanos. Su posesión otorga al Estado que lo posea una ventaja estratégica en su esfuerzo de seguridad. Pero los hechos demuestran que los Estados que lo adquieren lo usan para violar las garantías básicas de sus ciudadanos y que, en lugar de incrementar la seguridad de los ciudadanos, deja sin seguridad a todo aquel que sea opositor al gobierno que lo posee. Así lo revela particularmente el caso de México, entre los espiados hay periodistas —una de ellas sería la famosa periodista Carmen Arístegui— y México tiene uno de los récords mundiales en asesinato de periodistas. No es menor que el fabricante del soft en cuestión sea Israel por el rol que tiene en el tablero geoestratégico mundial y es inquietante que uno de los compradores sea el gobierno de Mauricio Macri, que ya lo estaría utilizando entre nosotros. Se trata de un soft diseñado para invadir la privacidad de las personas. Eso, contraviene el Sistema de Tratados de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que Israel (y Argentina) están obligados a respetar por ser parte de las Naciones Unidas (que, en definitiva, estambién un Tratado Internacional) Dice la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), adoptada por la Asamblea General de las NN.UU el 10/12/1948, en su Art. 12 “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”. El Art. 18 del mismo instrumento, establece el derecho a la libertad de pensamiento, y el Art. 28 —¡importantísimo!— dice “Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos.” El Art. 17 inc. 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por la Asamblea General de la ONU en 1966, tiene el mismo texto. Israel, como país fabricante y comercializador a Estados del software “Pegasus” claramente incumple estos mandatos que le son obligatorios. El 31/10/2017, en el programa conducido por el periodista Roberto Navarro —por entonces en el canal C5N— el también periodista Horacio Verbitsky se refirió a la adquisición de “Pegasus” por el gobierno de Mauricio Macri y exhibió en cámara un brochure de la compañía fabricante “NSO Group”. De esa fuente, leyó Verbitsky en cámara: “PEGASUS, la completa solución de Inteligencia Cibernética que le permite a los organismos de orden público y a las agencias de inteligencia extraer de forma secreta y remota información remota y secreta desde prácticamente cualquier dispositivo móvil”. Este párrafo trascripto, confrontado con los textos de los tratados internacionales de derechos humanos que antes se ha citado, no deja lugar a dudas: lo que “NSO Group” fabrica es un instrumento de violación de Derechos Humanos. Ello es así porque lo que ofrecen, exclusivamente a Estados, no es un instrumento de uso judicial (para intervenir teléfonos bajo orden de un juez, por ejemplo) sino, lisa y llanamente, un instrumento para ser usado por organizaciones que eufemísticamente llaman “de orden público” o, más lisa y llanamente, “agencias de inteligencia”. Actividades que el sistema legal vigente globalmente, el sistema de Naciones Unidas, sólo permite para uso militar y expresamente veda, como se ha visto, para ser usadas inmiscuyéndose en la privacidad de los ciudadanos. Israel, lamentablemente, es un estado especializado en violar Derechos Humanos de todo tipo. Una reseña de sus graves violaciones no es

El LLAMAMIENTO Argentino Judío repudia la estigmatización que la DAIA realiza en relación a Jean Pierre Noher, quien asoció las repetidas falacias y mentiras del Gobierno nacional con las prácticas goebbelianas. El documento de la DAIA, dado a publicidad en el día de ayer, insiste en autoproclamarse (indebidamente) como referente político de la colectividad argentina judía  como un todo, cuando es de público conocimiento que NO nos representa en lo más mínimo. Más aún, la DAIA se ubica en las antípodas de lo que en el LLAMAMIENTO reivindicamos como una tradición nacional, popular y progresista de los judíos argentinos. En referencia a Noher, advertimos que la DAIA —curiosamente— se ha dedicado en los últimos años a repudiar con “sobreactuada virulencia” a argentinos judíos (como el caso de Timerman) mucho más que señalar a los verdaderos fascistas y nazis que militan en las cercanías del gobierno macrista. El LLAMAMIENTO advierte a la sociedad argentina que la DAIA sólo expresa a los sectores de la derecha de la colectividad y que únicamente desde ese marco se explica su actitud persecutoria hacia Jean Pierre Noher. Buenos Aires, 13 de septiembre de 2018.   Marcelo Horestein – Secretario Jorge Elbaum – Presidente   Video

Días antes de la internación y posterior revocación de la detención domiciliaria de Milagro Sala, dos compañeras del LLAMAMIENTO Argentino Judío, Marta Schwartzman y Adriana Kwater, viajaron a Jujuy. Lo hicieron como parte de una delegación de más de 60 integrantes del “Comité por la Libertad de Milagro Sala” y en los penales del Alto Comedero y de la ciudad de Jujuy visitaron a los presxs políticxs Mirta Rosa Guerrero (Shakira), Gladys Díaz, Mirta Aizama, Graciela López, Javier Nieva y Alberto Cardoso. También participaron de la “Ronda semanal” en la plaza Manuel Belgrano y un día más tarde recorrieron los 9 km que distan desde Calillegua hasta Libertador Gral. San Martín como parte de la “34º Marcha del Apagón”, en recordación de la semana de julio de 1976 en la que las poblaciones quedaron sin energía eléctrica y las camionetas del Ingenio Ledesma secuestraron a 400 habitantes de la zona con un saldo de 33 personxs detenidxs-desaparecidxs. Durante la visita de lxs compañerxs del “Comité” también se realizó un mural interior colectivo en la sede de la Tupac de Palpalá al cual se le agregaron versos de Marta Schwartzman. Durante el tercer día de estadía en Jujuy lxs compañerxs participaron de un acto de desagravio a la usurpación por parte del gobernador Gerardo Morales de la Sede de la Organización Barrial Tupac Amaru en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Tras el acto visitaron el galpón recuperado para uso como biblioteca, apoyo escolar y de trabajo con niños y adolescentes. Allí las compañeras Schwartzman y Kwater hicieron efectiva la donación del  LLAMAMIENTO  que se tradujo en la compra de cuatro inodoros para las instalaciones del lugar. Finalmente lxs compañerxs de la delegación llegaron a El Carmen donde se encuentra la vivienda en la que el juzgado determinó que Milagro Sala cumpliera una cuestionada “detención domiciliaria” —en verdad se encontraba confinada—. Lamentablemente fueron pocxs lxs habilitadxs a ingresar.  

El 1º de agosto se cumple un año de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado. Desde su desaparición —en el marco de la represión a la Comunidad Mapuche Pu Lof de Cushamen— el Gobierno puso todo su empeño en encubrir a los responsables con información falsa e inadmisibles presiones sobre la Justicia, apoyado en un vergonzoso blindaje de los medios hegemónicos. No es ésta una muerte aislada. El gobierno neoliberal de la alianza Cambiemos es responsable del asesinato por la espalda de Rafael Nahuel, de las víctimas del gatillo fácil, de los chicos humildes  baleados por las fuerzas de seguridad, de los presos políticos y la represión en general, métodos con los que pretende acallar la resistencia popular a sus políticas. Tenemos claro que los sectores populares somos los únicos interesados —y los únicos capaces— de enfrentar y resistir este profundo deterioro del Estado de Derecho y el agravamiento de las condiciones de vida de las grandes mayorías de nuestra sociedad. El LLAMAMIENTO Argentino Judío se solidariza con el dolor de la familia de Santiago y demanda junto a todas las entidades de derechos humanos y las organizaciones populares, la inmediata implementación de una investigación judicial independiente de las manipulaciones del Poder Ejecutivo, tal como reclama la familia Maldonado. Sin el esclarecimiento de este horrible crimen, la democracia argentina aparece como mutilada por la impunidad. En el marco de estos reclamos el LLAMAMIENTO estará presente el próximo 1º de agosto en la Plaza de Mayo junto a centenas de organizaciones populares para exigir Verdad y Justicia para Santiago. Marcelo Horestein – Secretario Jorge Elbaum – Presidente

El LLAMAMIENTO Argentino Judío rechaza de manera terminante la intención del Poder Ejecutivo de asignar a las FF.AA. nuevas tareas vinculadas con la “seguridad interior”. Dicho mandato es ilegal y quiebra el contrato tácito de todas las fuerzas políticas que se sucedieron desde el regreso de la democracia en 1983, después de atravesar la etapa más oscura de la historia argentina signada por la represión y la desaparición de 30.000 compatriotas a mano de una dictadura genocida. El manejo del lenguaje ambiguo usado por el gobierno de la alianza Cambiemos para definir las (posibles) nuevas áreas de incumbencia para la intervención de las fuerzas militares, y el equívoco uso de consideraciones de seguridad interna ponen en grave peligro las libertades individuales y el Estado de Derecho, dejando a discreción del Poder Ejecutivo el uso de las fuerzas armadas para ejercitar la violencia estatal. Con este decreto el gobierno autoriza a las FF.AA. la posibilidad de participar de la represión para contener las protestas que genera su plan de corte neoliberal, que pretende excluir a la inmensa mayoría de los argentinos, cediendo además soberanía económica y política a grupos financieros y organismos multilaterales empecinados en la flexibilización laboral, la reducción de las jubilaciones y la entrega de los recursos naturales. En este marco, desde el LLAMAMIENTO rechazamos cualquier cambio que el Ejecutivo pretenda realizar (vía decreto) para confundir, redefinir o igualar los conceptos de “defensa nacional” y “seguridad interior” dilapidando 35 años de consensos en la política de Estado relacionada con las Fuerzas Armadas.

A 24 años del criminal atentado a la AMIA que costó la vida de 85 personas y que enlutó a toda la sociedad argentina, el LLAMAMIENTO Argentino Judío expresa su total solidaridad con los familiares de las víctimas. Casi un cuarto de siglo de impunidad es una insostenible afrenta para aquellos que libran una durísima lucha para lograr Justicia, a lo que magistrados y fiscales —y gran parte del aparato judicial— parecen empeñados en obstaculizar. En tiempos en los que se desarrolla el “Juicio por encubrimiento” repudiamos y denunciamos el silencio cómplice de los medios hegemónicos, la apatía generalizada de la dirigencia política, el truculento alegato absolutorio de la AMIA —apoyada por el Ministerio de Justicia— para con los exfiscales acusados de múltiples irregularidades y la vergonzosa connivencia exculpatoria con el extitular de la DAIA Rubén Beraja. El LLAMAMIENTO reitera su total apoyo a las agrupaciones de familiares de las víctimas —Memoria Activa, 18J y A.P.E.M.I.A.— quienes jamás renunciaron a su legítima demanda de total esclarecimiento del atentado, habiendo tenido que padecer el engaño del magistrado abocado a la instrucción de la causa original Juan José Galeano y las farsas procesales pergeñadas por los fiscales acusados Eamon Müllen y José Barbaccia.

La conmemoración de las fechas patrias siempre fue motivo para que queden expuestas dos visiones diferentes de país. Al momento mismo de los acontecimientos, éstas fueron el resultado de dos modelos en pugna: el 25 de Mayo se trataba de romper los lazos coloniales y reemplazar la autoridad del Rey de España y reemplazarla por un gobierno criollo y el 9 de Julio, concluir lo que “Mayo” había dejado pendiente: la Independencia. En ambos casos hubo que vencer la resistencia de quienes querían continuar con el modelo colonial y con quienes dudaban de la oportunidad de declarar la independencia temerosos de la reacción de España que estaba dispuesta a recuperar sus excolonias americanas con el apoyo de la Santa Alianza europea. Todo ese período estuvo signado por la pugna entre un modelo emancipador y otro conciliador con el viejo modelo, no faltando quienes actuaran para reemplazar a España por Inglaterra, la potencia europea fortalecida tras la derrota de Napoleón y que ya contaba con un incipiente desarrollo capitalista. Los acontecimientos posteriores —el largo período del caudillismo y las luchas intestinas hasta Caseros y los acontecimientos posteriores hasta la consolidación del régimen oligárquico en la década del 80 del siglo XIX, en el cual finalizan los enfrentamientos armados que marcaron ese período— fueron la expresión de una sangrienta pugna entre dos modelos de país. Las clases sociales triunfantes impusieron un relato único acorde con sus intereses; una especie de un “fin de la historia” de esa época, augurando un dominio que se extendería indefinidamente en el tiempo. Al igual que en nuestro tiempo ese “fin” es una falacia. Poco a poco los sectores derrotados por la oligarquía terrateniente —en una nueva situación de la consolidación del capitalismo y el imperialismo colonialista como sistema mundial— entraron en pugna con el régimen oligárquico y empezaron a concebir modelos distintos de país y a la par un relato distinto al discurso dominante. Así, ante cada celebración “oficial” de una fecha patria se le yuxtaponían las conmemoraciones de los sectores populares que reivindicaban un modelo de país revolucionario para su época, en abierto desafío a los sectores conservadores herederos de sus antecesores en la historia. ¿Y qué pasa aquí y ahora? Esa pugna entre los dos modelos se hizo más evidente porque los hechos la hacen incontrovertible. Estamos frente a un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia. El gobierno de Cambiemos, al igual que el 25 de Mayo reciente, minimiza la conmemoración, rehuye de darle la relevancia que merece, teme el contacto con el pueblo, suspende actos oficiales y trata de que pase lo más inadvertido posible. Su accionar de todos días lo muestra impulsando un modelo neoliberal de país que lo está llevando al colapso y hunde en la desesperación a los sectores más humildes. Más aún, cuando el presidente Macri se atrevió a expresar su interpretación de la gesta emancipadora lo único que se le ocurrió fue disculparse ante el rey de España por la angustia que debieron sentir los congresales de Tucumán al momento de declarar la Independencia. A esto nos oponemos los sectores que aspiramos a otro modelo de país, en el cual no sea el mercado el que determine —en una especie de maltusianismo social— el destino de los argentinos, sino que el Estado regule y le imponga reglas para que seamos una sociedad inclusiva y justa. Lo que no le escapamos a la convocatoria popular para exaltar el espíritu patriótico de nuestro pueblo y no patriotero como acostumbra la derecha. Un modelo que dé continuidad a la gesta de la Independencia ante los nuevos peligros a los que nos conduce Cambiemos con la firma del acuerdo con el FMI, el ministerio de colonia financiera del imperialismo, que conlleva a la dependencia política y económica que quiebra nuestra soberanía para diseñar políticas propias acordes a los intereses de los argentinos. De los dos modelos en pugna, el que adhiere y se considera heredero de los sectores patrióticos y populares de Mayo, Julio y de todas las luchas por una patria soberana que le sucedieron, el que no le teme al pueblo, convoca a repetir las concentraciones multitudinarias como las que tuvieron lugar el último 25 de Mayo que congregó a 1.000.000 de personas en la avenida 9 de Julio de Buenos Aires y a miles en plazas de otras ciudades del país, para repetir el llamado de alerta: ¡La Patria está en peligro! ¡No al acuerdo al FMI! El LLAMAMIENTO Argentino Judío fiel continuador del espíritu de nuestros antepasados que llegaron al país trayendo consigo los valores de justicia y equidad de la milenaria tradición judía y formaron parte de las luchas del pueblo argentino por una sociedad más justa, decimos ¡La Patria no se rinde!!!

El LLAMAMIENTO Argentino Judío advierte que en estos tiempos, no por casualidad, la cuestión judía continúa su derrotero de confusiones, falacias, discriminaciones y estigmatizaciones varias. Al episodio reciente con el periodista Santiago Cúneo se le agrega ahora el protagonizado por otro periodista, Tomás Méndez en su programa ADN. Tiempo atrás algunos fascistas u oligarcas etiquetaban a Néstor Kirchner como parte de una prosapia judía porque su apellido era similar a otros de conocidos judíos. Cuando CFK asumió la presidencia sectores emparentados con los anteriores divulgaron capciosamente que los ancestros maternos de Cristina, de apellido Wilhem, eran portadores de esa misma particularidad identitaria, similar a la imputa a su marido. Ahora Méndez afirma que Macri es un apellido de «origen hebraico», como si eso le agregara o le quitara algo de su componente político repudiable, cipayo y carente de espíritu nacional o patriótico. Desde el LLAMAMIENTO venimos insistiendo, desde nuestra constitución, que las diferencias relevantes no son entre católicos o no católicos, evangélicos o no evangélicos, o entre musulmanes y no musulmanes, ni entre heterosexuales, homosexuales, travestis o transgénero. La brecha —o el sinónimo que se le quiera asignar a esta distancia social— es ser o no participes de proyectos neoliberales y entreguistas de la Patria, versus quienes se identifican la soberanía nacional. Desde el LLAMAMIENTO denunciamos las políticas coloniales de Israel por ser contrarias al derecho internacional, no por ser sus gobernantes judíos. Si no lo fueran también los denunciaríamos. Valoramos los posicionamientos y las luchas de Tupac Amaru, de San Martín, de Bolívar, de Dorrego, de Simón Radowitsky, de Agustín Tosco, de Angela Davis, de Judit Butler, de Bernie Sanders, de Noam Chomsky, de Mordejai Anielevich, de Nelson Mandela, de Néstor Kirchner o de Hugo Chávez no por las creencias religiosas que profesan (o profesaron) o su procedencia étnica, sino por su posicionamiento en relación con una ética social y un compromiso con la solidaridad y la equidad. A Macri lo repudiamos fuese o no judío. Y sus creencias –o sus ancestros— no cambian el hecho de que sea un representante de la versión más reaccionaria del neoliberalismo. La identidad nacional, cultural confesional, étnica o su simpatía deportiva no hacen al proyecto vital, político, humano de quien lo suscribe. Sólo sus prácticas sociales lo ponen en evidencia. Hay musulmanes, católicos, evangelistas y judíos que están en las antípodas de los que somos. Y hay individuos pertenecientes a esos colectivos que los consideramos nuestros hermanxs y compañerxs. Con estos últimos nos sentimos unidos en una lucha común, en la que enfrentamos al egoísmo, el privilegio y la violencia. Como en otros momentos de la historia es necesario advertir sobre el peligro de «mezclar los tantos»: las categorizaciones confusas tienden a dividir al campo popular.