Corrupción y obra pública
Fuente: José Massoni* | Horizontes del Sur Fecha: 30 de NOV 2017 Por estos días, los medios de información y propaganda llegaron ya al borde del monopolio de formación de sentido y difunden mentiras sistemáticas para aniquilar la oposición efectiva, mientras el gobierno asfixia económicamente a los muy pocos que restan, añadiendo muertes mapuches, amenazas explícitas y encubiertas, despidos, cierres de agencias y, si es necesario, causas penales construidas por sus agentes de servicios judiciales, tanto jueces como fiscales. A dos años de gobierno sin resultados positivos, ni a la vista, se oye de votantes del macrismo que “no están saliendo bien las cosas… ¡es que se llevaron todo!” mientras los bombardean con fotos de Boudou, De Vido y Milagro Sala detenidos, cuando en ninguna academia de derecho del mundo occidental se podrá encontrar una sola opinión que avale esas decisiones, ni aún si por el principio de equidad se pusiera en prisión –por hallarse en las mismas condiciones procesales- al Presidente y a todos sus ministros. Veamos en perspectiva el cuadro argentino. Nuestro país estuvo siempre dentro del sistema de producción capitalista, no se inscribió en otro, ni un día. Es verdad que en cualquier sistema aparece corrupción. Pero en el capitalismo la corrupción es inherente a su funcionamiento: el meollo creador es la apropiación privada de la producción colectiva, el mayor valor surge de la parte no pagada –apropiada– del trabajo vivo de los asalariados de cualquier calidad o categoría intelectual: hoy como siempre, para los patrones el salario es un “costo” y pugnan por bajarlos y aumentar la explotación para aumentar sus ganancias particulares. Ese origen genera egoísmo individualista, entronización del dinero como sinónimo de éxito, crea categorías morales acordes y a partir de allí múltiples formas de corrupción en el literal sentido de pervertido, vicioso, venal. En el estricto plano de lo vulgarmente llamado corrupción, las empresas consideran el delito de cohecho una inversión que puede ser necesaria para desplazar competidores. Hasta hace poco en países de la Unión Europea se deducía de impuestos lo “invertido” en sobornos en el extranjero. En nuestra patria, siempre capitalista, siempre (y en todos los gobiernos) se cometió algún acto de corrupción, en imprescindible colusión de personas privadas y funcionarios públicos. Sobre la cuestión, en “Los orígenes del derrumbamiento ético argentino”, más específicamente en el capítulo III titulado el “Estado de la corrupción en la Argentina y el mundo”1 traté de explicar el aumento cuantitativo enorme que aconteció en la dictadura cívico-militar de 1976 y en la década de los 90´ porque –dejando a un lado los crímenes de lesa humanidad- en el plano económico las privatizaciones de las empresas estatales en los países emergentes implican, además de coimas sin parangón por los valores en juego, la pérdida del patrimonio social, como bien lo explica Joseph Stiglitz, premio Nobel de economía, director del Banco Mundial y asesor de Bill Clinton, en “Como hacer para que funcione la globalización”2. Luego vinieron los que “se robaron todo”, que tomaron un país en 2003 con 100 mil millones de dólares de PBI y lo dejaron en 2015 con 600 mil millones de PBI, logrado en minoría de poder, dentro de los marcos de la institucionalidad democrática y aún mejorándola. Pero además de ese crecimiento del país sin precedentes históricos, también hubo denuncias de corrupción. Aparecida la del caso Skanska -constructora sueca- Néstor Kirchner expulsó del gobierno al día siguiente a los dos funcionarios mencionados en ella y se tramitaron dos causas –una penal federal, otra penal económico- que por el lado privado argentino involucraba a Techint; luego de una pericia de los expertos de la Corte Suprema, por sus conclusiones la Cámara Federal revocó los procesamientos que se habían dictado en primera instancia. En 2016, la sala IV de la Cámara de Casación -la misma que dictó la jurídicamente inicua confirmación de una condena a Milagro Sala- dio vuelta la causa Skanska como una media (contrariando sin vergüenza jurisprudencia pacífica de décadas) y le ordenó al juez de primera instancia que actuara rápidamente, lo que éste prestamente hizo procesando, entre otros, al que el gobierno quería, este es, a Julio De Vido. Se apagaron ya los ruidos que hizo en su momento “el valijero” Antonini Wilson: nuestro país insistió tenazmente para lograr su extradición pero Estados Unidos, donde había sido detenido, la negó, porque, curiosamente, era un colaborador del FBI. Se investigó nada menos que a la ministra de Economía Felisa Miceli por el hallazgo de dinero en su escritorio y, ya renunciada, se la condenó en fallo firme por resolución de la Corte Suprema de abril de 2015. Una denuncia contra la ministra de Defensa Nilda Garré por venta de armas a una firma norteamericana fue sacada del ojo público cuando se comprobó que nada delictuoso había ocurrido. La fenomenal operación mediática por “la embajada paralela” en Venezuela, que apuntaba tanto a los Kirchner como a Chávez, también originó investigaciones, pero corrió el mismo destino cuando se comprobó que todo eran mentiras. Se juzgó y condenó a empresarios supuestos amigos del gobierno, directivos de Southern Winds. Se procesó por dádivas y enriquecimiento ilícito al secretario de transportes Ricardo Jaime, al borde de juicio oral por esas causas. Los medios periodísticos dejaron de interesarse por Ulloa y Albistur, tampoco se investigaron hechos oscuros que involucraron a Marcelo Midlin y Eduardo Elsztain, actuales apoyos empresarios y beneficiarios del macrismo. Sólo he mencionado algunos de los casos que trata el libro citado, pero todos ellos y la experiencia viva en la Oficina Anticorrupción me permitieron afirmar que “a nivel de los actos de corrupción conocidos o sospechosos con verosimilitud, pretender que prolifera la corrupción en los actos de gobierno [kirchnerista] en igual medida o mayor que en la época menemista, es una falsedad enorme”, destacando la diferencia cualitativa de que ya en 2006, el comienzo de la investigación del caso Skanska se debió a una denuncia de la AFIP, organismo del Poder Ejecutivo3. Desde diciembre de 2015 hemos vuelto al mundo. Lo que significa
