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Fuente: Mariana Escalada & Agustín Ronconi | El Disenso Fecha: 27 de julio de 2019 En tren de intentar recopilar la mayor cantidad de información sobre el sistema de recuento provisorio desarrollado por la empresa Smartmatic en base a especificaciones brindadas de manera confidencial por el Correo Argentino, desde El Disenso hoy te vamos a mostrar a un técnico de la compañía inglesa confirmando que lo que el sistema muestra en pantalla NO es la imagen escaneada en la escuela, sino que se trata de un PDF “creado” por el Correo Argentino, y nuestra pregunta es ¿Quién controla al Correo Argentino? En el año 2017, desde una investigación exclusiva de El Disenso expusimos como en algún punto del recuento provisorio, las imágenes capturadas desde los CTD, “Centros de Transmisión Digitalizada“, eran alteradas digitalmente y luego cargadas en el sistema. De esta manera, al eliminar y/o modificar los votos de Unidad Ciudadana, se logró manipular las cifras, adulterando el resultado provisorio y confundiendo con un festejo mediático a un electorado que había rechazado en las urnas las políticas “del cambio”. En ese momento, el proceso fue sencillo: al cerrarse las mesas, la mayoría de las autoridades electorales completaron un telegrama volcando exactamente los mismos valores que los consignados en el acta electoral. Ese telegrama fue transportado por el Correo hacia los CTD, “Centros de Transmisión Digitalizada“, donde empleados se ocuparon de abrir las bolsas, escanear los telegramas y enviarlos al centro de cómputos. El procesamiento de los datos estuvo a cargo de la empresa Indra, socia comercial del Grupo Macri desde 1997. Dirigida por Ricardo Viaggio, histórico empleado de SOCMA, Indra cobró $425 millones por ocuparse del más bochornoso escrutinio provisorio de la historia electoral argentina.      INDRA: PROCESO DE RECUENTO PROVISORIO Desde El Disenso detectamos que muchos telegramas habían sido retocados digitalmente, cosa que ademas de ser visible, pudimos confirmar al cotejarlos con copias de los mismos que fueron provistas por las autoridades de mesa. Si bien el centro de incidencias sería el lugar más adecuado para realizar estas operaciones, la maniobra también pudo haberse llevado a cabo desde una oficina desconocida donde hubiese un acceso al sistema y se pudiesen modificar los telegramas en tránsito antes de que lleguen a las terminales de Data Entry. Nuestra investigación fue presentada en la justicia penal por los entonces diputados nacionales Teresa García y Rodolfo Tailhade, el fiscal a cargo nunca solicitó los logs de las maquinas registradas al sistema desde las 6 de la tarde y hasta las 4 de la mañana a fin de determinar qué maquinas no pertenecientes a los Data Entries, ni a los CTDs, ni al centro de Incidencias, se loguearon al sistema o accedieron al mismo y en que tiempo, como así también qué maquinas y usuarios tuvieron acceso al repositorio de telegramas y quienes son los responsables por los telegramas borrados o sobre-escritos, toda información accesible a través del log del sistema de Indra.   LA RUTA DEL RETOQUE DE IMÁGENES Vale aclarar que esta manipulación digital de las imágenes solo podía afectar el escrutinio provisorio, tal cual advertimos en el momento, y no el escrutinio definitivo, que se realiza con otra metodología. Sin embargo, en 2017, el festejo de victoria reproducido por los medios afines con bombos y platillos durante el escrutinio provisorio generó un efecto de arrastre gracias al cual muchos bonaerenses fueron a votar en octubre convencidos que “El Cambio” había arrasado en las PASO. Dos días después de aquellas primarias, Macri recibió sobre su escritorio un informe elaborado por el Ministerio del Interior, basado en una auditoria realizada por la ONG Transparencia Electoral. Desde El Disenso a través de una nueva investigación exclusiva expusimos que la ONG pertenecía a Leandro Querido, un empleado del Ministro Frigerioque recibió $200.000 de parte del Correo Argentino por confeccionar la auditoría que fue utilizada por el gobierno como sustento para asegurar que no hubo fraude en los comicios. En otras palabras, la auditoría que se presentó como externa fue llevada a cabo por un empleado del Ministerio responsable de los quehaceres del Correo. Este año, desde El Disenso venimos siguiendo el proceso del recuento provisorio desde que se elaboraron los pliegos del concurso de precios que adjudicó la empresa Inglesa “Smartmatic” a pesar de haber obtenido las peores calificaciones técnicas. Nuevamente encontramos irregularidades respecto a la empresa seleccionada, como el hecho de que el concurso de precios 019SS05312 “Desarrollo de Software de transmisión de Actas desde Locales de Comicios – Elecciones Nacionales 2019” fue adjudicado a la firma el 21 de diciembre de 2018, pero recién el 3 de julio de 2019 la empresa se acordó de publicar una ampliación de su objeto social para incluir el desarrollo y venta de software. El holding inglés se constituyó en nuestro país el 19 de enero de 2015 como “Smartmatic International Holding BV Sucursal Argentina”. El 100% del capital de la empresa está en manos de SGO Corporation Limited, una compañía inglesa dirigida por “Lord Mark Malloch-Brown“, vicepresidente de los fondos de inversión de George Soros, y del ex Instituto Sociedad Abierta hoy conocido como “Open Society Foundations“. La primera prueba realizada a principios de este mes, atravesó serias dificultades de conexión a internet que, vale la pena aclarar, es una responsabilidad exclusiva del Correo Argentino. Este hecho llamó nuestra atención. La segunda prueba realizada el sábado 13, con resultados mayormente satisfactorios, fue cubierta en exclusiva desde El Disenso y dio lugar al simulacro delsábado 20 de julio, en el que los partidos políticos y la prensa asistieron al mismo procedimiento en tiempo real. En esa oportunidad, también estuvimos presentes y recogimos algunos datos esclarecedores. En el video a continuación vas a poder ver a un técnico de la empresa Smartmatic confirmando que la imagen (TIFF) del escaneo realizado en las escuelas es reemplazada por una imagen en PDF que es creada por el Correo Argentino. En el video a continuación vas a poder ver a un técnico de la empresa Smartmatic confirmando que la imagen (TIFF) del escaneo realizado en las escuelas es reemplazada por una imagen en

Fuente: Raúl Kollmann | Página/12 Fecha: 25 de julio de 2019 Integrantes de la comunidad judía recibieron en estos días, por whatsapp, el texto transcripto más abajo y en el que se señala que «si gana la Pasionaria del Calafate, será una reminiscencia de la Alemania nazi». Como cualquiera sabe, en los 12 años de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner no hubo ningún rebrote notorio de antisemitismo en la Argentina. La comparación con la Alemania nazi sólo merece repudio y exhibe que el oficialismo no tiene límites. Como es obvio, se trata de publicidad puesta en marcha por Cambiemos a través de alguna empresa de Big Data, como la contratada en la elección anterior. En ese caso fue Cambridge Analytica, del Reino Unido, denunciada en aquel país por interferir en elecciones de la Argentina y otros países. La Big Data se basa en el uso irregular de datos, principalmente en Facebook y otras redes sociales, con los que segmentan los electorados al milímetro: se determinan las edades, sexos, la religión, los diarios que leen, los sitios a los que ingresan y se conforma un perfil quirúrgico de cada ciudadano. Luego usan esa información para mandarle un mensaje específico, como el que se le envió a integrantes de la comunidad judía. Es seguro que le enviaron un mensaje muy distinto a los integrantes de la comunidad árabe. El argumento utilizado es también burdo. Dicen que Cristina le indicó a jóvenes de la villa 20 que lean El Mercader de Venecia, de William Shakespeare, para saber qué son los fondos buitres. De esa manera –dicen en el texto– se fomenta el antisemitismo porque en El Mercader el prestamista, Shylock, es judío. Numerosos expertos, y Cristina Kirchner se hizo eco de ello , recordaron en ese momento que el Teatro Nacional de Israel, Habima, representó El Mercader en su país y eligió esa obra para llevar al festival Shakespeare del Teatro Globe, en 2012. En verdad, el trasfondo no es el antisemitismo sino la utilización de información sesgada y tecnología de punta destinada a que continúe el neoliberalismo en la Casa Rosada. Texto completo del mensaje por whatsapp recibido por personas de la comunidad judía. Querida familia: Para todos ustedes que tienen amigos K (sobre todo judíos), sería bueno que les recuerden (y les demuestren) que si la pasionaria del calafate gana, será una reminisencia de la Alemania de Hitler. Los judíos seran su primer blanco para seguir profundizando la grieta y la renovación de su relato popular. Argentina experimentará un nivel de antisemitismo nunca visto. Otros grupos seguirán después.No hace falta leer entre líneas o ser un gran analista político para detectarlo. Tan solo basta con leer lo que publica y sumar dos mas dos: Cristina Kirchner, luego de una charla con alumnos de una escuela primaria escribió en Twitter: «Pregunté qué obra de Shakespeare estaban leyendo, me dijeron Romeo y Julieta. Les dije: tienen que leer El mercader de Venecia para entender a los fondos buitre… La usura y los chupasangres ya fueron inmortalizados por la mejor literatura hace siglos». Aludía obviamente a Shylock, el usurero judío, uno de los arquetipos antisemitas más conocidos de la historia universal. Quizás no te guste Macri, no entiendas o confíes en su plan económico (no sos el único) y hasta odias estos gorilas. No te culpo. Pero si la Argentina pierde la libertad de expresión y el Estado de derecho, que es la piedra fundamental para mejorar la economía, Venezuela será un paraíso al lado de lo que será Argentina. Las pasiones dejémosla para la familia, los amigos y el futboll (sic). Para la política y el gobierno, seamos los estadistas que ellos no son!

Fuente: Carlos Heller * | Tiempo Argentino Fecha: 14 Julio 2019 Categórico: “los mercados siguen teniendo un rol crucial que desempeñar a la hora de facilitar la cooperación social, pero sólo cumplen este propósito si están subordinados al régimen de derecho y son objeto de controles democráticos”. Son palabras de Joseph Stiglitz, en una nota publicada en Clarín (9/6/19), al citar una de las cuatro prioridades que permitirían salir del “experimento neoliberal que ha fracasado”. Si bien se refiere principalmente a los EE UU y a otros países desarrollados, puede aplicarse para Argentina. Y esta falta de subordinación al régimen de derecho se explicita en nuestro país ante las próximas elecciones, pues los inversores ya están apostando cómo tratarán a la economía argentina según quién gane. El periodista Claudio Jacquelin (La Nación, 8/7/19) refleja claramente esta situación. Jacquelin comienza con una obviedad: “ya se sabe que el 11 de agosto todos los ciudadanos en condiciones de sufragar debemos (sí, es obligatorio) concurrir a las PASO”, para luego comentar “pero el 12 habrá otra votación clave, supeditada al resultado de la gran encuesta nacional del día anterior”. El periodista explica que “ese lunes, el mercado, los inversores o como quiera llamarse a ese ente abstracto, pero de existencia y peso nada virtuales, expresarán en los indicadores financieros su confianza o sus temores sobre el rumbo del país”. En verdad, los mercados ya vienen marcando la cancha a partir de las confirmaciones de las distintas fórmulas presidenciales, y aún antes. De todas formas, lo que dirige las operaciones de los inversores externos sigue siendo la especulación, aprovechando la incertidumbre que genera todo cambio de presidencia en este o cualquier otro país. Se intenta mantener “adormecido” al dólar para tratar de ir reduciendo la inflación, que igualmente sigue siendo alta. En este entorno, el riesgo país fue bajando, de casi tocar mil puntos a ubicarse cerca de los 800, un piso que le cuesta perforar. Como ya he expresado en anteriores columnas, no hay gran diferencia entre mil puntos de riesgo país y 800: ambos son inviables. En un medio especializado se sostiene que los “800 puntos de riesgo país no es Macri ganador”, dando idea de las dudas que existen sobre la reelección del actual presidente, pero también de lo “riesgoso” de otro gobierno. Estas definiciones llevan también a la necesidad de abordar otra cuestión esencial: si los mercados van a votar el 12 de agosto, y la elección del día anterior da como clara ganadora a la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, podría suceder que comiencen a complicarse los indicadores financieros, suba el riesgo país, se incremente el dólar (lo cual no sería extraño, ya que está comprimido artificialmente en valores muy bajos para lo que requiere el modelo) y los bonos de deuda pública comiencen a bajar de precio. Estas variables indicarían, entonces, que ante una opción distinta a la de Macri, el país “no sería viable”. Una presión política de mercados que intentan impulsar la continuidad del ajuste. Acuerdo Mercosur-UE: la importancia de la letra chica En una reciente reunión en Hacienda, el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, y el Canciller, Jorge Faurie, le prometieron a los ministros de Producción de las provincias que en el acuerdo entre el Mercosur y la UE “no habrá letra chica”. Una promesa insólita, dado que para analizar los impactos económicos y sociales de estos acuerdos de libre comercio, la letra chica es fundamental. De hecho, estos tratados se firman luego de lograr acuerdos amplios, si no unánimes, sobre esa letra chica. Francia ya ha sido explícita y ha fijado condiciones medioambientales, sanitarias y de salvaguarda. El gobierno galo solicita que se respeten las normas sanitarias europeas no solo en los productos que puedan ser importados hacia la UE, sino también en los procedimientos para su fabricación. Más aún, promueve la creación de “inspectores europeos en los países del Mercosur para verificar sobre el terreno”. Queda claro que todos estos son artilugios para frenar las exportaciones del Mercosur a la UE en temas que definen “sensibles”, como carnes, y bienes agrícolas. Imitando a Francia, la Comisión Europea ya emitió un documento sobre el acuerdo (El Cronista, 11/7/19). Allí se sostiene que la ventaja competitiva de los países del Mercosur proviene de controles sanitarios laxos, legislaciones laborales relajadas o del uso abusivo de agroquímicos. Un duro comentario para un socio que está cerrando un acuerdo. También aparece la prohibición a los organismos genéticamente modificados (la casi totalidad de la producción granaria argentina exportable –salvo el trigo–), residuos de pesticidas o medicación veterinaria. Para cerrar este escudo proteccionista, que seguirá funcionando con tratado o sin él, se menciona que entre lo acordado hasta el momento se incluye un “principio de precaución”, por el cual la UE puede cerrar sus fronteras “en aras de resguardar la salud alimentaria, animal, vegetal o de sus ciudadanos, incluso cuando la evidencia científica no es concluyente”. Conceptos tan amplios que permiten la interpretación más absurda. Las cifras lo avalan: según el relevamiento de Global Trade Alert, desde la crisis del 2008 a la fecha los países han tomado 6720 medidas proteccionistas y sólo 2414 de liberalización. El primer puesto de los países con más medidas de protección es EE UU (428) seguido por India (324) y Rusia (232). Le siguen los 28 países de la UE, que, en conjunto, han tomado 3696 medidas proteccionistas, liderados por Alemania (174), Italia (166) y el Reino Unido (163). Queda claro que el análisis, más allá de la “letra chica”, también tiene que ver con la postura respecto a las políticas comerciales y lo que pretende cada uno de los bloques que se asocian. Europa desea poder venderle al Mercosur sus productos manufacturados sin aranceles, sin dejar de proteger al sector agrícola, una conducta que es histórica, e incluso constitutiva de la propia UE. Pensar que Europa dejará sin protección a sus productos agrícolas y ganaderos es casi una quimera. El impacto del acuerdo no se acaba en estas consideraciones. En Argentina

Fuente: Jorge Elbaum | El cohete a la luna Fecha: 14 julio 2019 Los laboratorios del macrismo han decidido implementar una campaña electoral de tono desesperado y ofensivo utilizando en forma irresponsable dimensiones ligadas a la violencia, el terrorismo y los conflictos geopolíticos ajenos a la realidad de América Latina. En ese marco, con la clara intención de motorizar niveles crecientes de polarización, el gobierno ha decidido sumarse al pedido de Washington y Tel Aviv de nominar como grupo terrorista a una organización político-militar del Líbano, Hezbollah (cuya traducción es Partido de dios), que forma parte permanente del gobierno de ese país. La señal enviada por el macrismo será aplaudida durante la semana que se inicia en la sede de la AMIA y la DAIA, por el ex jefe de la CIA, Mike Pompeo, hoy devenido jefe del Departamento de Estado. El delegado de Donald Trump también retribuirá el apoyo recibido de Mauricio Macri en relación a Venezuela a través del Grupo de Lima, orientado a legitimar el bloqueo contra Caracas. Pompeo también utilizará su estancia en Buenos Aires para referirse a la potencial guerra en ciernes contra la República Islámica de Irán, hecho que los medios hegemónicos locales relacionarán con el caso de Natalio Alberto Nisman, tanto en referencia a su muerte como a su denuncia por el Memorándum de Entendimiento. La denuncia realizada por el fiscal ha sido elevada a juicio oral pero aún no tiene fecha de inicio. Dicha situación le permite al entramado tribunalicio-mediático la oportunidad para darle continuidad a la persecución contra la ex Presidenta y al resto de los acusados, sometidos al limbo de la imputación permanente. La presencia de Pompeo incluirá un homenaje a Nisman. Y buscará, además, revalidar el galimatías jurídico estrafalario por el que se encuentra encarcelado desde hace más de un año Fernando Esteche. Bajo esa misma imputación se logró la detención de Carlos Zannini y se le impidió a Héctor Timerman realizar tratamientos oncológicos, situación que aceleró su muerte. El mismo entramado es el que viabilizó la ofensiva contra el juez Daniel Rafecas, impulsada en 2015 por la DAIA y continuada por el diputado Waldo Wolff mediante una denuncia realizada ante el Consejo de la Magistratura. Todos esos movimientos fueron coetáneos a la operación llevada a cabo por los republicanos desde Washington, quienes socavaron su propio acuerdo con Irán y se retiraron del mismo una vez que Donald Trump asumió la presidencia. El fracaso de Wolff ante Rafecas no impidió que el legislador intentase una acusación por antisemitismo contra el diputado Leopoldo Moreau, imputación que también fue desestimada. La consiguiente sensación de fracaso, sufrida por el ex dirigente de la DAIA, no le impidió alternar su banca con sus persistentes presencias televisivas, abonado como panelista en todos los programas donde la política se degrada en el barro del show mediático. Cambiemos le dará continuidad a su puesta en escena electoral en la conmemoración del 25° aniversario del atentado. Utilizará la muerte de las 85 víctimas y los 300 heridos para obviar que la causa tramitada en Comodoro Py continúa con el mismo status de estancamiento y sordina con el que se observa la tramitación del expediente referido al atentado a la embajada del Estado de Israel. En este última instrucción, la Corte Suprema suma 27 años de mutismo y burocracia ininteligible. Ambas causas mantienen, sin embargo, una íntima relación con el reciente fallo del Tribunal Oral Federal N° 2, de febrero de este año, en el que se dio por probado el encubrimiento efectuado durante la investigación del atentado de 1994. Sus fundamentos, difundidos en mayo de este año, dan cuenta de la operación realizada por el menemismo, con la complicidad del juez Juan José Galeano, para ocultar los lazos que articulaban al entonces entorno presidencial con el sospechoso Kanoore Edul, definido como eslabón de la denominada pista siria [1]. El operador de aquella desviación fue el comisario Jorge Fino Palacios, luego imputado por las escuchas telefónicas ilegales requeridas por la familia Macri para espiar a familiares de las víctimas, a empresarios competidores de sus corporaciones y al cuñado del actual Presidente. A pesar de la palmaria connivencia entre AMIA, DAIA y el PRO, el juicio por encubrimiento terminó sumando una nueva denuncia de encubrimiento. Pero esta vez provino del propio núcleo gubernamental. El Titular de la Unidad Especial de Investigación del Atentado a la AMIA, Mario Cimadevilla, quien había sido designado por Mauricio Macri en enero de 2016, fue el encargado de señalar a sus superiores. Cimadevilla, dirigente radical y ex senador por la provincia de Chubut, consideró a German Garavano como responsable de impedir la acusación contra los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia. El decreto gubernamental que cataloga a Hezbolah, anunciado entre otros por el diputado oficialista Waldo Wolff, etiqueta a la organización libanesa con el mote de terrorista bajo la misma lógica de presión impuesta durante la etapa de las relaciones carnales que llevaron al país a sufrir los dos atentados del ’92 y del ’94[2]. En aquella oportunidad, los vínculos entre Menem y Bush provocaron inicialmente el desmantelamiento del misil Cóndor (que el riojano había comprometido vender a varios países árabes y a los ayatolas persas), además de la interrupción intempestiva de los contratos firmados por el gobierno de Raúl Alfonsín con Teherán, para sustituir el núcleo de un reactor nuclear y convertir uranio natural en dióxido de uranio [3]. Usar a los muertos Ningún analista —ni siquiera los actuales funcionarios de la cancillería— logra explicar la declaración de guerra a una organización político-militar libanesa ni los beneficios que esta decisión supone para Argentina. Su aplicación, explican, no tendrá impacto en el posicionamiento estratégico ni conllevará mejoras en los niveles de cooperación y/o el comercio con bloques o con país alguno. De hecho, la concesión a los gobiernos de Estados Unidos e Israel se institucionalizará mientras estos dos últimos Estados continúan apoyando al Reino Unido de Gran Bretaña en relación al eje central de la política exterior argentina (hoy abandonada): la cuestión de la soberanía sobre las Islas Malvinas.