admin

Fuente Atilio A. Boron | atilioboron.com.ar Fecha: 29 de DIC 2017 El 2017 termina en la Argentina con otra pésima noticia que se suma a otras conocidas en las últimas semanas: el Tribunal Oral Federal Nº 6 de la ciudad de Buenos Aires le concedió el genocida y torturador probado y confeso Miguel Osvaldo Etchecolatz, ex Director de Investigaciones de la Policía Bonaerense, el beneficio de la prisión domiciliaria a causa de su «delicado cuadro de salud». El personaje de marras desempeñó aquel cargo entre marzo de 1976 y fines de 1977 y fue la mano derecha de otro asesino de triste memoria, el ex general Ramón Camps. En 1986 Etchecolatz (que actualmente tiene 88 años) fue sentenciado a 23 años de cárcel al ser hallado culpable de 91 casos de tortura. Después de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en 2003 fue condenado por delitos de lesa humanidad en un juicio que se sustanció en el 2006 y donde fue el único acusado. En esa oportunidad se lo condenó a prisión perpetua por seis homicidios. Fue en el juzgado de La Plata donde se ventilaba el caso que un testigo presencial de sus crímenes, al albañil Jorge Julio López, lo identificó como uno de los torturadores. En su declaración narró entre otras la siguiente escena: “La chica estaba casi a mi lado, en un camastro. Le habían tirado un baldazo con agua y Etchecolatz le pasaba picana…y ella le gritó: ‘Por favor no me mates, llevame presa de por vida pero dejame criar a mi beba’…y él le sonrió…y delante mío le pegó un balazo ahí mismo. Si la encuentran alguna vez, verán que la cabeza tiene dos agujeros, porque la bala entró por la nuca y le salió por el costado”. Conocida la sentencia, los fotógrafos advirtieron que el genocida había escrito el nombre de López en un pequeño papel, y también una orden: “secuestrar”. El mensaje fue a parar a manos cómplices y obedientes. Tres horas después, López desaparecía para siempre. Teniendo a la vista estos antecedentes, ¿debería concedérsele a Etchecolatz el beneficio de la prisión domiciliaria? Desde el punto de vista ético, filosófico, la respuesta es terminante: no, de ninguna manera. Ni la edad ni una enfermedad deben atenuar la ejemplaridad de la pena que le fue impuesta por la comisión de delitos atroces y aberrantes. Pero, además, hay un antecedente internacional que merece ser tenido en cuenta: es el caso del ex jerarca nazi Rudolf Hess. Este había caído prisionero de los ingleses en una extraña misión que lo había llevado al Reino Unido, supuestamente con el objeto de pactar una tregua con Londres para que los ejércitos hitlerianos librasen una batalla en un solo frente, el oriental, y aplastar a la Unión Soviética que, sin duda, era una vieja aspiración de las potencias capitalistas. Al producirse el derrumbe del Tercer Reich Hess como tantos otros fue juzgado por el Tribunal de Nuremberg y condenado a cadena perpetua el 1º de octubre de 1946. Junto con otras prominentes figuras del régimen nazi fue enviado a la cárcel de Spandau, un enorme complejo carcelario construido por Bismarck en Berlin. El presidio fue diseñado para albergar a 500 prisioneros pero luego de los juicios de Nuremberg trasladaron a todos los presos y la cárcel se destinó exclusivamente a la reclusión de los condenados, custodiados por más de cien guardiacárceles y personal militar de Estados Unidos, Francia, Reino Unido y la Unión Soviética. Sólo 7 antiguos jerarcas nazis ocuparon sus celdas y en 1966, con la excarcelación de Albert Speer al cumplirse los veinte años de su condena, el único que permaneció en ese inmenso presidio, en confinamiento solitario y custodiado por un inmenso aparato fue Hess. Desde los años ochenta algunos sectores neonazis europeos comenzaron a promover abiertamente una campaña para lograr la excarcelación de Hess, aduciendo su avanzada edad (más de 80 años) y sus problemas de salud. Pero tal como lo revelara el periódico británico The Guardian en su edición del 20 de Julio de este año, nada menos que desde 1957 Londres venía sigilosamente solicitando la excarcelación de Hess a las autoridades soviéticas. La reciente desclasificación de los Archivos Nacionales que se hizo efectiva al cumplirse 30 años de la muerte del lugarteniente de Hitler permitió conocer algunos interesantes entretelones anteriormente vedados a la opinión pública, entre ellos la hipocresía de la lucha de las “democracias capitalistas” contra el fascismo. En once ocasiones -¡once, no una!- el Reino Unido demandó de manera unilateral a la URSS la liberación de Hess, y en otras catorce lo hizo de común acuerdo con Washington y París. La última petición británica la firmó Margaret Thatcher el 4 de Octubre de 1982 según consta en los archivos. (ver https://www.theguardian.com/uk-news/2017/jul/20/uk-pressed-for-rudolf-hess-release-from-spandau-prison-soviets-hitler-thatcher-national-archives) Sin embargo, la absoluta intransigencia de la Unión Soviética frustró esos planes. Esta actitud fue acompañada, si bien discretamente, por el gobierno de Israel. El argumento de Moscú se apoyaba en dos consideraciones: uno, la liberación de Hess sería una afrenta a los veinte millones de soviéticos que murieron a causa de la invasión nazi a la URSS; dos, que una tal decisión alentaría la resurgencia del nazismo y el racismo en Europa. Fracasadas estas tentativas de liberación por “causas humanitarias” Hess murió en prisión en 1987, a los 93 años, en misteriosas circunstancias. La versión oficial es que se ahorcó, pero en Londres hay quienes aseguran que fue asesinado para que se lleve a la tumba el secreto de la misión que lo llevara al Reino Unido a inicios de los años cuarenta. De lo anterior se desprende una lección para la Argentina: un gesto supuestamente “humanitario” como el que benefició a un personaje como Etchecolatz -aún más sórdido y criminal que Hess que nunca perpetró por mano propia las atrocidades cometidas por aquel- no sólo es inmoral sino que fomentará el crecimiento de grupos racistas y neofascistas de diverso pelaje y alimentará la ilusión de que sus crímenes, como ocurrió en el pasado, podrían quedar impunes.

Fuente: Horacio Lutzky | lacausamia.blogspot.com.ar Fecha: 27 de DIC 2017 La AMIA ejecutó días atrás la sentencia de desalojo dispuesta en el juicio que siguió contra Radio Jai («La radio judía de Latinoamérica») ante en Juzgado Civil 29, Secretaría 57. El fallo había sido confirmado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, en un proceso iniciado en marzo de 2015. Radio Jai ocupaba un inmueble de la AMIA en virtud de un supuesto comodato, sin haber pagado jamás alquiler. En un comunicado oficial, AMIA expresó: «Que la emisora es una empresa privada que desarrolla su actividad en un inmueble sito en Valentín Gómez 2950/52 que pertenece, desde 2012, a la AMIA, por donación de la Asociación Comedores Populares Israelitas; entonces asumimos el compromiso de continuar atendiendo a los beneficiarios de dicha organización. Radio Jai no ha compensado a la AMIA de ninguna manera por el usufructo del inmueble desde que éste pertenece a la institución. Durante tres años, hasta 2015, y con la sucesión de diferentes Comisiones Directivas, la institución intentó por todos los medios alcanzar un acuerdo para que la radio se trasladase a otro domicilio, permitiendo así que AMIA pudiera disponer de un edificio cuya superficie excede largamente las necesidades de la radio. Ante la reiterada negativa, no quedó otro remedio que recurrir a la Justicia para recuperar el inmueble. Radio Jai es una Sociedad Anónima que desarrolla un emprendimiento privado y jamás efectuó pago alguno en concepto de alquiler y/o de servicios por la utilización del espacio». En numerosas oportunidades, hemos señalado la muy sugestiva posición de Radio Jai respecto del encubrimiento del atentado a la AMIA, particularmente la militante defensa efectuada por su director Miguel Steuermann respecto de Beraja y la DAIA berajista, Galeano y otros procesados por el desvío de la causa, y muy especialmente de lo actuado por la ex SIDE. Incluso, entrevistando como «especialistas» a funcionarios imputados, o responsables de graves irregularidades policiales o de los servicios de inteligencia. Así por ejemplo: http://lacausamia.blogspot.com.ar/2015/06/radio-jai-continua-elogiando-acusados.html o bien: http://lacausamia.blogspot.com.ar/2015/05/se-viene-el-homenaje-menem.html#more También «perdiendo» audios relevantes para actuaciones judiciales: http://lacausamia.blogspot.com.ar/2017/03/radio-jai-encubre-gabriel-levinas.html El juicio por desalojo abre ahora sorprendentes interrogantes y algunas posibles respuestas. Porque resulta que «Miki» Steuermann no es el titular de Radio Jai S.A., y ni siquiera figura en sus estatutos. El asombro aumenta al constatar que la autoridad máxima y presidente del directorio de RADIO JAI S.A. es el abogado JUAN JOSE RICHARTE, padre del ex número dos de la SIDE. En tal carácter, contestó la demanda e intervino en todo el proceso:   ¿Y quién es el abogado Richarte, el presidente del directorio de RADIO JAI, que resistía el reclamo de devolución del inmueble a la mutual judía? A primera vista, no se trata de una personalidad que parezca acreditar un historial en pos de la cultura judía. En cambio, fue involucrado en un escándalo de proxenetismo, presuntamente vinculado a los servicios de inteligencia del Estado (ex SIDE), organismo que registra un tenebroso prontuario en el encubrimiento del atentado a la AMIA. Diversos medios de comunicación (incluyendo el programa PPT de Jorge Lanata) se hicieron eco en el año 2013 de una denuncia de vecinos y de la Fundación La Alameda que involucró a Richarte, con relación a un inmueble utilizado para trata de personas. Como las denuncias no prosperaban, organizaron un «escrache». Según la Fundación La Alameda, liderada por el amigo del Papa Francisco Gustavo Vera, «El dueño del departamento, según el informe de dominio, es Juan José Richarte (L.E. 4167969) casado en segundas nupcias con Nora Inés Ferreyra». Como se aprecia en la primera imagen de este posteo, la Dra. Ferreyra es quien firmó junto a Richarte la contestación de la demanda por desalojo promovida por la AMIA. La información de La Alameda consigna que el departamento tenía 13 denuncias por proxenetismo y que ninguna avanzó. «La impunidad de este antro de la mafia se debe a que el dueño del inmueble es el padre de quien fuera segundo de la SIDE en la época de la Alianza, Dario Richarte», considera la publicación de La Alameda. Los vínculos con la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) son destacados por los denunciantes: «Juan José Richarte dueño del narco-prostíbulo tiene su estudio jurídico en Lavalle 1523 3º Of: 33/34. En este estudio jurídico fue fundada MAGNUM RECORDS S.A. que registra su sede social en av. Córdoba 323 1º (sede del estudio de Dario Richarte). Mágnum Records tiene como socios al contador y ex SIDE, Juan José Gallea (…) y al ex 2ª de la SIDE el abogado Darío Florián Richarte…». No nos consta si la justicia avaló la veracidad de las denuncias y si todos los hechos pudieron ser probados. Pero el punto aquí no es ese, sino el ocultamiento de estas oscuras circunstancias por parte del Sr. Miguel Steuermann, que tiene la obligación moral de aclarar a sus oyentes al «servicio» de qué intereses viene trabajando. En caso en que la radio sea suya, debe explicar porqué no figura en los papeles y se maneja con testaferros. Y en caso en que la radio sea —como figura en los estatutos— de gente cercana a la ex SIDE, porqué lo ocultó hasta ahora, siendo que en todos los ámbitos públicos se presenta como sacrificado dueño de una radio comunitaria. Sea cual fuera la respuesta, cuando el director de Radio Jai editorializa sobre la causa AMIA y el encubrimiento, no pueden ya pasarse por alto sus vínculos y fuentes de inspiración.

Fuente: Ricardo Ragendorfer | Nuestras Voces Fecha: 27 de diciembre de 2017 El nuevo jefe de la Policía de la Ciudad propuesto por Horacio Rodríguez Larreta, Carlos Arturo Kevorkian, no es menos inocente que sus dos antecesores, que terminaron presos. Uno mientras ejercía el cargo, Potocar, y el otro mientras lo ocupaba virtualmente, Claviño. Kevorkian fue filmado mientras ejecutaba una feroz represión contra hinchas en un partido entre Chacarita y Defensores de Belgrano en el que un joven murió por una golpiza policial en un patrullero. En sus años mozos integró la temible Superintendencia de Seguridad Federal, la élite policíaca más destacada del país durante el imperio del terrorismo de Estado, bajo las órdenes del comisario Juan Lapuyole, alfil del general Albano Harguindeguy. Tal vez aquel hombre ya esté cansado de aclarar su falta de parentesco con el “Doctor Muerte”, tal como la prensa llamaba al médico norteamericano Jack Kevorkian, el rey del suicidio asistido. Pero lo cierto es que él, Carlos Arturo Kevorkian, tampoco es un fanático de la vida ajena. Eso lo supo en carne propia Fernando Blanco, de 17 años, quien dejó de existir por los golpes recibidos en un patrullero de la Policía Federal luego del partido entre Chacarita y Defensores de Belgrano disputado el 25 de junio de 2005 en la cancha de Huracán. El operativo de seguridad estuvo al mando del comisario inspector Kevorkian. De esa jornada hay un video que lo muestra gritándole a los hinchas: “¡Te hago cagar a palos! ¿Cuál es el problema?” Ahora acaba de ser propuesto por el alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta, como nuevo jefe de la Policía de la Ciudad. Si, “propuesto”, dado que –según la Ley 5688– su nombre y antecedentes deben ser publicados por diez días en el Boletín Oficial y, de no haber en dicho plazo alguna impugnación de peso, se concretara el nombramiento. Una formalidad que también alcanza al titular de la Superintendencia de Operaciones, comisionado Gabriel Oscar Berard, a su vez elegido para la subjefatura de la fuerza. El anuncio se hizo durante la mañana del último miércoles de 2017 en la Comisaría Comunal 4ª, del barrio de Parque Patricios. Acompañaba al jefe de Gobierno su ministro de Seguridad, Martín Ocampo, y el secretario de dicha cartera, Marcelo D’Alessandro. Fue precisamente este último –un abogado sin formación policial– quien desde mayo condujo esa mazorca en forma interina, a raíz del súbito arresto de su primer cabecilla, José Potocar, al ser procesado por coimas a comerciantes y trapitos. Claro que en aquel lapso las decisiones reales corrían por cuenta de la dupla Kevorkian-Berard. Durante la conferencia de prensa, el primero, un sujeto macizo como un toro pese a sus 66 años, ahora sonreía de oreja a oreja bajo su mirada torva y el cabello oscurecido con matizador. El ladero de Palacios Una carrera policial en Argentina supone tres décadas de servicio activo. Pero por algún milagro de la persistencia, Kevorkian lleva ya 46 años con uniforme y chapa. Primero en la Federal, después en la Metropolitana y finalmente en la Policía de la Ciudad. Por lo tanto, es un pedazo de historia viviente: desde que egresó en 1970 de la Escuela Ramón Falcón, supo transitar en patrullero dos dictaduras cívico-militares (la de Lanusse y la de Videla con sus sucesores), junto con la virulenta etapa constitucional de Cámpora, Perón e Isabel y, claro, todos los gobiernos democráticos surgidos a partir de 1984. De modo que en sus años mozos integró la temible Superintendencia de Seguridad Federal, la élite policíaca más destacada del país durante el imperio del terrorismo de Estado. Y bajo las órdenes del comisario Juan Lapuyole –un alfil del general Albano Harguindeguy–, quien con Carlos Gallone y Miguel Ángel Timarchi dirigía el Grupo de Tareas 2 (GT2) que operaba bajo la órbita del Batallón 601. Allí el joven Kevorkian hizo amistad con otro sabueso de fuste: Jorge “Fino” Palacios. Ellos serían inseparables. Al respecto, una anécdota. Durante la mañana del 23 de noviembre de 1991, Macri fue llevado a una casa de Parque Patricios para reconocer el sitio en el que había transcurrido su secuestro. Al llegar a un oscuro sótano rompió en llanto. Su sollozo entrecortado y agudo era casi infantil. En ese instante, un oficial lo estrechó entre sus brazos con fingida ternura. Se trataba de un tipo alto, con bigote tupido y mirada fría. La cuestión es que su gesto bastó para que el joven heredero recobrara la compostura. Es posible que entonces el uniformado no haya llegado a imaginar hasta qué punto aquellas palmaditas incidirían con el tiempo en su destino. No era otro que Palacios. Y 17años más tarde, Macri –ya ungido como alcalde porteño– le concedería el gran honor de diseñar y dirigir la Metropolitana. Una fuerza de amigos. Y formada por los amigos de los amigos. Tanto es así que Kevorkian no tardó en ser convocado. De hecho, durante dos décadas él había sido en la Federal un destacado ladero del “Fino”. Pero la caída en desgracia de éste en 2004 no lo arrastró a Kevorkian. Por esos días se desempeñaba en la jefatura de la División Mitre (dependiente de la Dirección de Seguridad del Transporte), donde libró una ardua guerra contra vendedores ambulantes. Y aquel año –ya ascendido a comisario inspector– fue puesto al mando del Departamento de Delitos contra las Personas de la poderosa Superintendencia de Investigaciones. En 2005 pasó a ser jefe de la Circunscripción VII, con seis comisarías a su cargo. Y pasó a retiro en 2007 como comisario mayor, cuando era jefe de la Dirección de Sanidad Policial, de la que depende el Complejo Médico-Policial Churruca-Visca. En 2009 –caído Palacios nuevamente en desgracia, pero esta vez en la Metropolitana por el escándalo del espionaje telefónico y su procesamiento por encubrimiento en la causa AMIA– Kevorkian fue nombrado coordinador del Instituto Superior de Seguridad Pública la academia de la aún no nacida Metropolitana. Desde semejante sitial supervisó las actividades preparatorias para su puesta en marcha, tarea que incluía contratos y licitaciones. Después

Fuente: Jorge Elbaum | Nuestras Voces Fecha: 23 de DIC de 2017 El juez federal Claudio Bonadio ha decidido –desde hace tiempo– su adhesión a los tribunales de la santa inquisición, institución que ha sabido quemar, despellejar, empalar y torturar de varias formas posibles a cientos de miles de “enemigos de la verdad”, de la moral y del poder. Para enjuiciar a Galileo Galilei se utilizaron los mismos procedimientos trastornados, delirantes y ajenos a toda evidencia empírica que hoy utiliza Bonadio para dictar prisiones, embargos y desafueros. Galileo Galilei no fue juzgado y condenado por afirmar que el sol era el centro de nuestro sistema planetario. Se lo condenó porque lo testificó en un lenguaje coloquial –el latín vulgar, antecesor del italiano— apto para que cualquier ciudadano pudiese informarse y conocer los resultados de sus investigaciones. El propio Galileo había solicitado el permiso para la publicación de sus descubrimientos sobre el heliocentrismo, y la institución eclesiástica encargada de otorgar su autorización (mediante el Ex Libris), se lo había concedido. Pero Galileo hizo una pequeña trampita que le costó el enojo y la posterior persecución por parte del Santo Oficio de la Inquisición: intentó que la verdad científica sea de uso público, se reveló al ocultamiento y al silencio. Galilei pretendía que todos pudiesen acceder al conocimiento. Que no sean solo los cultores del latín académico quienes pudiesen sorprenderse con el cambio de paradigma. De hecho, tiempo antes de Galileo, otro astrónomo, Copérnico, había llegado a conclusiones parecidas a las de Galileo y al haberlas difundido en un círculo áulico de sacerdotes y académico, no tuvo que pagar ni con la hoguera ni con la cárcel. El delito de Galileo fue renunciar al “numerus clausus” y apostar a que las autenticidades de sus evidencias circulen y contagien de veracidad a la sociedad. Quería liberar de la ignorancia a sus coetáneos. El juez federal Claudio Bonadio ha decidido –desde hace tiempo– su adhesión a los tribunales de la santa inquisición, institución que ha sabido quemar, despellejar, empalar y torturar de varias formas posibles a cientos de miles de “enemigos de la verdad”, de la moral y del poder. Entre ellos a uno, Giordano Bruno, que se le ocurrió afirmar que el sol era una estrella y que podía deducirse que existiesen más soles y galaxias. Bruno, que era un sacerdote dominico, postulaba ideas panteístas –cercanas a lo que hoy podría asimilarse con los postulados ambientalistas– que vinculaban la naturaleza con la vida humana, la vegetal y la animal, como partes indisociables de un todo cósmico. Quien acusó Giordano y a Galileo fue Roberto Belarmino, predecesor simbólico de Claudio Bonadío. Las actuaciones judiciales agrupadas en la carátula 14.305/15, instruida por el conocido como “juez de la servilleta” ha sido caratulada como “Timerman Héctor y otros s/ Encubrimiento”. Su derrotero narrativo tiene curiosas coincidencias con el proceder inquisitorial con el que se castigó y calcinó, durante cuatro siglos, a cientos de miles de seres humanos. La causa de todas las persecuciones fue siempre una: la herejía. Tanto en su versión de rebeldía ante las sexualidades hegemónicas –por la que se exterminó a mujeres y homosexuales– como en su versión democratizadora, por la que se masacró a pensadorxs libres, científicxs y/o cuestionadorxs de la religión o la moral oficial. Todo intento de discutir el sentido común del dominio instituido y de asumir prácticas sobernas enfrentadas al poder omnímodo, han sido –y continúan siendo– las causales de intervención del Santo Oficio de la Inquisición, hoy en manos tribunalicias “laicas” más que teocráticas. Para enjuiciar a Bruno y a Galileo se utilizaron los mismos procedimientos trastornados, delirantes y ajenos a toda evidencia empírica que hoy utiliza Bonadío para dictar prisiones, embargos y desafueros. La primera de ellas remite a la principal acusación con la cual esta titulado el expediente: “sobre encubrimiento” no hallándose en las 491 fojas del dictamen ninguna evidencia que provea alguna información orientada a encubrir, ocultar o enmascarar la investigación –llevada por el Juez Canicoba Corral y hasta 2015 por el fallecido fiscal Nisman–. La imputación de Bonadío, que rescata los contenidos incoherentes de Nisman, sugiere un punto central: que el Memorándum facilitaba el levantamiento de las alertas rojas, controladas por Interpol. Para fundamentar la acusación, el inquisidor incorpora como “pruebas” dos documentos que no tienen concatenación lógica con la imputación: La primera es una carta firmada por los cancilleres de Argentina e Irán el 12 de febrero de 2012, donde se anuncia a Interpol la rúbrica del Memorándum. El segundo documento “probatorio”, una misiva recibida por la cancillería argentina el 4 de noviembre de 2017, en la que el ministro de relaciones exteriores de Irán Mohammad Javad Zarif, afirma que –luego de la firma del Memorándum de entendimiento subscripto entre Buenos Aires y Teherán–, los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países “solicitaron a Interpol poner fin a las obligaciones de esa institución con respecto a la causa AMIA”. La primera de esas notificaciones, difundidas por el diario Clarín como si hubiese significado un hallazgo documental revolucionario, obvia el requerido hecho probatorio de tal medida, que además debía ser avalado para tener vigencia, por parte de ambos parlamentos. Argentina aprobó el Memorándum en el Congreso, semanas después de informar a Interpol, mientras que el Estado Islámico de Irán nunca comunicó fehacientemente su aprobación, por parte de sus instancias gubernamentales. La aparición de dicho documento, firmado por ambas cancillerías, en febrero de 2012 se presenta ante el gran público como una “evidencia” de aquello que literalmente no dice: “informar a Interpol” no supone limitar el contenido de persecución de las “alertas rojas” ni su supresión. Entre otras cosas –axioma que el modelo inquisitorial está impedido de ver debido a una ceguera obnubilante– porque Interpol sólo acepta pedidos de “altas” y de “bajas” por parte de jueces, que unas “informaciones gubernamentales” de este tipo no podrían suplantar. “Informar”, en ninguna acepción lingüística es equivalente a una solicitud de “dar de baja”, a suprimir. Ni siquiera en Farsí. Por lo menos en el lenguaje jurídico internacional (que

Fuente: María Laura Carpineta | Revista Zoom Fecha: 23 de DIC 2017  El gobierno de Mauricio Macri decidió cambiar una posición que Argentina mantiene desde hace medio siglo cuando este jueves se abstuvo en la votación de la Asamblea General de la ONU que ratificó que Jerusalén no es la capital ni de los israelíes ni de los palestinos hasta que firmen un acuerdo de paz y decidan juntos el estatus definitivo de esa simbólica ciudad. La resolución aprobada en las Naciones Unidas es explícitamente en contra del giro dado por el presidente norteamericano, Donald Trump y, pese a las amenazas de la Casa Blanca, 128 de los 193 países miembros la aprobaron. Sin embargo, Estados Unidos e Israel reivindicaron una victoria: haber logrado que 35 Estados se abstengan, uno de ellos Argentina. La votación en el pleno de la Asamblea General –un cuerpo que no emite resoluciones vinculantes, pero donde todos los países tienen un voto y ninguno puede vetar la decisión de la mayoría– hizo recordar a las que año tras año rechazan al embargo estadounidense contra Cuba. Los únicos países que votaron en contra de mantener la posición de la ONU sobre Jerusalén fueron Estados Unidos e Israel, por supuesto, y una corta lista de aliados incondicionales: Honduras, Guatemala, las Islas Marshall, Micronesia, Nauru, Palau y Togo. Legalmente no era fácil defender esa posición, por lo que tanto Trump como el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, apostaron por conseguir la mayor cantidad de abstenciones posibles. Convencieron a dos potencias regionales –Canadá y Australia–, cinco miembros de la Unión Europea –Croacia, República Checa, Hungría, Polonia y Rumania– y once países latinoamericanos –Argentina, Colombia, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Haití, Trinidad y Tobago, Antigua-Barbuda y Jamaica–, entre otros. “Aprecio el hecho de que un número creciente de países se negaron a participar en este teatro del absurdo. Lo agradezco”, sentenció después de la votación el premier israelí Netanyahu. Estados Unidos también dejó en claro que el gesto no pasaría inadvertido. Al día siguiente, la delegación norteamericana ante la ONU, envió una invitación para el próximo miércoles a la tarde a todos aquellos países que votaron en contra de la resolución, se abstuvieron o no participaron de la sesión “para agradecerles su amistad con Estados Unidos”. Después de abstenerse, el embajador argentino ante la ONU, Martín García Moritán, tomó la palabra en la Asamblea General y explicó que su voto “no cambia en nada” la posición histórica del país en el conflicto israelí-palestino. Sin embargo, todos los compromisos asumidos por Argentina en Naciones Unidas y su política exterior de las últimas cinco décadas lo desmienten. La resolución aprobada por amplia mayoría en la Asamblea General rechazó el reconocimiento que hizo Trump de Jerusalén como capital israelí y lo hizo pidiendo que se cumplan los compromisos vinculantes de la ONU: “Todas las decisiones y los actos que pretendan haber modificado el carácter, el estatuto o la composición demográfica de la Ciudad Santa de Jerusalén no tienen efecto jurídico alguno, son nulos y sin valor y deben revocarse en cumplimiento de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad. (…) Exige que todos los Estados cumplan las resoluciones del Consejo de Seguridad relativas a la Ciudad Santa de Jerusalén y no reconozcan actos o medidas que contravengan lo dispuesto en esas resoluciones”. Argentina no sólo está obligada como Estado miembro de la ONU a cumplir con las resoluciones del Consejo de Seguridad, sino que aprobó algunas de ellas cuando ocupó un asiento en ese cuerpo. En 1967, después de la victoria de Israel sobre sus vecinos árabes en la llamada Guerra de los Seis Días, que culminó con la ocupación militar de los territorios de Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén este, el Consejo de Seguridad aprobó por unanimidad la resolución 242 que enfatizaba “la inadmisibilidad de la adquisición de territorio a través de la guerra” y exigía que Israel se “retirara de los territorios ocupados”. Argentina participó de esa votación. Cuatro años después, en 1971, volvió a levantar la mano para aprobar otra resolución, la 298. “Confirma en los términos más claros posibles que todas las acciones legislativas y administrativas tomadas por Israel para cambiar el estatus de la Ciudad de Jerusalén, incluyendo la expropiación de tierra y propiedades, la transferencia de población y las leyes dirigidas a la incorporación de la parte ocupada, son totalmente inválidos y no cambian el status”, sentenció el Consejo de Seguridad. Pese a estas advertencias internacionales, Israel siguió avanzando en su colonización sobre Jerusalén: en 1980 anexó unilateralmente la parte oriental de la ciudad que la ONU reconoce como territorio palestino ocupado y 20 años después comenzó a construir un muro de concreto para dividir a Jerusalén este de Cisjordania. La ocupación militar israelí continuó profundizándose y dos levantamientos armados concluyeron con un liderazgo palestino diezmado y en parte tras las rejas. Por eso, desde hace más de una década la Autoridad Nacional Palestina se concentró en ganar la batalla diplomática internacional. Entre 2010 y 2013, 16 países latinoamericanos reconocieron al Estado de Palestino. Argentina fue uno de ellos e, incluso, agregó “dentro de las fronteras definidas en 1967”, una fórmula comúnmente utilizada en la comunidad internacional para referirse a la delimitación geográfica previa a la Guerra de los Seis Días y a la ocupación militar israelí. La decisión del entonces gobierno de Cristina Fernández de Kirchner desató la furia de Israel, que la acusó de ser parcial en el conflicto. Para frenar las críticas, su canciller, Héctor Timerman, aclaró por Twitter: “La Argentina no reconoce a Jerusalén como capital de ningún Estado”. El Estado argentino mantuvo esa postura, inclusive, bien entrado el gobierno de Macri. El 6 de diciembre pasado, apenas horas después de que Trump sacudiera a Medio Oriente con su decisión de reconocer a Jerusalén como capital israelí –ignorando el reclamo palestino sobre la mitad oriental de la ciudad y la posición consensuada durante décadas en la ONU–, la Cancillería argentina publicó un comunicado para recordar su postura. “El gobierno argentino entiende