admin

Fuente: Isaac Rapaport | LLAMAMIENTO Argentino Judío Fecha: 22 de FEB 2018 La muerte del fiscal Alberto Nisman, ocurrida en enero de 2015, sigue ocupando un espacio considerable en los medios de comunicación pese al tiempo transcurrido. No es para menos. Que un fiscal de la Nación aparezca muerto en su casa —y en las circunstancias en que se suscitó el hecho— no es cosa de todos los días. Nadie vio nada, nadie oyó nada. ¿Qué fue? ¿Suicidio o homicidio? No hay pruebas concluyentes en ninguna dirección. Sin embargo, las opiniones son tajantes y hasta justificadamente divididas. Quienes apoyan la hipótesis de un asesinato son, en una enorme mayoría, opositores al gobierno que encabezaba Cristina Fernández de Kirchner. Días antes de su muerte Nisman había anunciado que se disponía a presentar en el Parlamento documentación que demostraría complicidad del Ejecutivo (Presidente, Canciller, etc.) para que los iraníes acusados de cometer el atentado a la AMIA eludan su responsabilidad frente a la Justicia argentina. A partir del anuncio del fiscal sería lógico imaginar —sostienen los antikirchneristas— que el gobierno hubiese querido acallar la voz de Nisman para lo cual habría planeado su asesinato. Por su parte, los simpatizantes del gobierno de Cristina manifestaban —y aseguraban poseer las pruebas para demostrarlo— que la documentación a la que aludía Nisman le sería aportada por algunos importantes personajes de los “servicios” desplazados por el gobierno. Material falso, argumentaban, destinado a enlodar la imagen del oficialismo. A escasas horas del día en que el fiscal debía efectuar la presentación esos papeles no le habían llegado a pesar de sus reclamos. Es de suponer el escarnio público que significaría para Nisman no poder cumplir con su anuncio. Eso, que para él sería insoportable, manifiestan los kirchneristas, lo indujo al suicidio. Tres años de investigación no brindaron aún certezas terminantes. *** En Israel el episodio despertó bastante interés debido a la numerosa colonia de argentinos residentes allí. Así parece demostrarlo la noticia que pudo leerse —entre otras— hace unos meses en los medios judíos locales: la Universidad Hebrea de Jerusalén (UHJ) organizó una conferencia cuyo objetivo era aportar certezas sobre la muerte de Nisman. La oradora fue la jueza argentina Sandra Arroyo Salgado, exesposa del fiscal, madre de sus dos hijas y entusiasta defensora de la hipótesis del asesinato. Si bien es muy difícil garantizar la objetividad total en el discurso de cualquier institución, es en el ámbito académico donde puede requerirse un mayor grado de aproximación a la misma. La propia naturaleza de una entidad universitaria, donde la investigación para alcanzar la verdad es requisito rutinario, le confiere un grado de seriedad mayor que el habitual en otras esferas. Resulta imposible pensar que en la UHJ desconocían la posición de la doctora Arroyo Salgado frente a la muerte de su exesposo, postura hecha pública en los medios argentinos. Sorprendió, pues, que fueran únicamente los enunciados de Arroyo Salgado los que encontraran un espacio de resonancia en la universidad dejando comprometido su prestigio institucional al exponer la verdad de sólo una de las partes. Al enterarme de la realización del evento, le envié un mail al Rector de la casa de estudios profesor Menahem Ben-Sasson, sugiriendo que, con posterioridad a la disertación programada invitara a exponer a alguien que sustente una posición contraria a la de la doctora Arroyo Salgado. Me llamó la atención la falta de respuesta. Aunque fuera sólo protocolar y sin profundizar en el tema, hubiese correspondido una respuesta de dos líneas. Este silencio resulta sugestivo. ¿Será que también las autoridades de la UHJ participan de la misma conducta amañada y de ocultamiento de información respecto a este tema que involucra autoridades y medios de la Argentina en conjunto, desde luego, con las autoridades de la AMIA y de la DAIA? Porque, a decir verdad ¿hasta qué punto la población de nuestro país —aún la misma población judía— está suficientemente enterada sobre este hecho e incluso del juicio que se sustancia actualmente sobre el encubrimiento de los encubridores del atentado a la AMIA? Si la DAIA considera tan solvente e irrefutable su argumentación sobre el caso Nisman ¿por qué no la pone a prueba convocando a un debate público a representantes de otros sectores de la colectividad que tienen otro punto de vista? Por ejemplo, el LLAMAMIENTO Argentino Judío. ¿Se atreverá?  

Fuente: Ricardo Ragendorfer | Revista Zoom Fecha 22 de FEB 2018 La política de comunicación del macrismo se basa en los mágicos principios de la “posverdad”, que privilegia el impacto emotivo de una información en desmedro de su veracidad. Fiel a esa tesitura –y con aproximadamente 400 mil personas movilizadas en la avenida 9 de Julio–, el Poder Ejecutivo hizo de cuenta que el miércoles nada había ocurrido. Para acentuar tal impostura hasta envió a sus principales funcionarios a recorrer los canales de TV. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, fue uno de los más activos. “La sociedad no quiere marchas, no quiere paros. Y necesita que a este gobierno le vaya bien para que le vaya bien a la Argentina”, supo decir ante todo micrófono que tuvo a tiro. El nieto pródigo del ideólogo desarrollista no era el de siempre. Venía de una semana difícil. El domingo había tenido que huir precipitadamente del Monumental, en medio del encuentro entre River y Godoy Cruz,  justo cuando miles de gargantas homenajeaban a la señora Alicia Blanco Villegas, madre del Presidente de la Nación. Y el lunes, durante la inauguración del restaurante instalado en un vagón en desuso por la luchadora social del PRO, Margarita Barrientos, el deck se derrumbó bajo sus pies y fue a parar al suelo junto con su protegida. Este episodio fue descripto por algunos analistas como una metáfora de la situación que en la actualidad atraviesa el oficialismo. Ya no es novedoso decir que la alianza Cambiemos dilapidó la fortaleza pública que supo exhibir en las elecciones legislativas de octubre a raíz de decisiones tan desgraciadas como la reforma previsional –con el consiguiente desborde represivo durante su escandalosa aprobación parlamentaria– y contingencias de la magnitud del affaire protagonizado por el ministro Jorge Triaca con su ex casera familiar. Pero a semejante panorama ahora se suma otra señal: el quiebre progresivo de su frente interno. Algo alarmante para un régimen basado en la coalición entre los medios monopólicos, los partidos de derecha, los sectores más poderosos del Poder Judicial y los capitanes de la economía concentrada. Absolución en tono de falsete Apenas cinco meses transcurrieron desde el 17 de agosto, cuando una obscena maniobra efectuada por operadores del PRO en el Consejo de la Magistratura –que incluyó la eyección previa de un miembro opositor y la calculada demora del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, en tomarle juramento a su reemplazo– bastó para suspender y enjuiciar al camarista federal Eduardo Freiler. El hecho en sí fue un aviso a sus pares y, por ende, una demostración del control gubernamental sobre los otros poderes del Estado. Sin embargo, algo cambió: en las últimas semanas los tribunales fueron un semillero de fallos adversos a los deseos presidenciales. Jueces de primera instancia, camaristas e integrantes del fuero federal se plegaron a esta oleada. Y hasta la ultraconservadora Asociación de Magistrados se atrevió a reprochar ciertas ansias jurídico-políticas de la Casa Rosada. Cabe destacar que algunos de tales caprichos también fueron contrariados por referentes del oficialismo y por comunicadores alineados al Gobierno. Una tendencia critica que comienza a extenderse como una mancha venenosa. El primer signo de este fenómeno sucedió durante la primera mañana de febrero al convertirse Mauricio Macri en el primer presidente constitucional que recibe en su despacho a un policía acusado de “homicidio por exceso de la legítima defensa”. En aquella ocasión bendijo al suboficial Luis Chocobar con las siguientes palabras: “Quiero reconocer tu valentía y ofrecerte mi apoyo”. El aludido se sonrojó. Patricia Bullrich lo observaba con una expresión entre cariñosa y comprensiva. Ella sabía que el asunto causaría el beneplácito de un notable segmento del espíritu público. Y que las palabras del mandatario eran un mensaje para el juez Enrique Velázquez, quien había procesado al matador. Un duro golpe para las pulsiones punitivas de Macri fue que la Sala IV de la Cámara del Crimen –integrada por Rodolfo Pociello Argerich, Mariano González Palazzo y Marcelo Lucini– dispusieran un cambio en la calificación legal: el efectivo quedó procesado por “homicidio agravado por la utilización de un arma de fuego en exceso en el cumplimiento del deber”. Algo atónito, el Presidente entonces sólo dijo: “Como ciudadano, no entiendo cómo la Justicia dice que se excedió”. A esa altura Bullrich ya había instalado el tema de la “nueva doctrina”, un eufemismo que alude a la licencia policial para matar. Y fue nada menos que el dirigente radical –y miembro de Cambiemos–, Ricardo Gil Lavedra, quien salió al cruce de tan peligrosos disparates: “Hay que tener en claro que una mayor represión no trae seguridad sino violencia e inseguridad el conjunto de la gente”. Esa fue la opinión que vertió en varias entrevistas radiales y en una columna publicada por el diario La Nación. El asunto también mereció críticas por parte de columnistas orgánicos del macrismo, como Marcos Novaro y Pablo Duggan. De modo que la “insubordinación” de los mencionados integrantes de la Cámara del Crimen –quienes no se caracterizan por sus fallos “garantistas”– y la opinión de Gil Lavedra, junto a los cuestionamientos de ambos periodistas, iniciaron la corriente de disidencias conceptuales en una estructura partidaria hasta entonces asentada en el verticalismo impuesto por su líder. Los pasos perdidos A partir de entonces las fricciones internas comenzaron a sucederse con una inusitada frecuencia. Uno de sus ejes fue el bochornoso pedido de absolución de los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, además del ex comisario Jorge “Fino” Palacios, en el alegato del abogado José Console, que representaba al Poder Ejecutivo en el juicio por encubrimiento al atentado a la AMIA. Este salvataje –ordenado por el ministro de Justicia, Germán Garavano, por deseo de Macri y la supervisión de la vicepresidente Gabriela Michetti– se explica por la cercanía de dicho trío con el PRO, al punto de que, por ejemplo –según reveló Horacio Verbitsky en su portal El Cohete a la Luna–, la señora Silvina Rivarola O’Connor, casada con Barbaccia, es una íntima colaboradora de Garavano en el organigrama ministerial. Los efectos

Fuente: José Cornejo y Daniel Galvagno | APU Fecha: 20 de FEB 2018 El constitucionalista Eduardo Barcesat analizó las declaraciones del ex presidente de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, quien dijo «quería que este gobierno se fuera lo antes posible». Al respecto, reflexionó sobre el estado de las instituciones nacionales. AGENCIA PACO URONDO: ¿Qué opina de las recientes declaraciones de Raúl Zaffaroni? Eduardo Barcesat: Hay que hacer un diagnóstico económico y otro político institucional. En lo económico se advierte que el plan ineluctablemente ha fracasado. No hay crecimiento ni “pobreza cero”. Estamos endeudados en una cifra ya superior al 50% del PBI. Recordemos que cuando se provocó la crisis en 2001 era el 46 %. Se achica el déficit fiscal pero contrayendo deuda en condiciones ruinosas con una entrega de nuestra soberanía legislativa y jurisdiccional y renunciando a toda forma de reclamo. ¿Y en el aspecto institucional? La parte institucional no le va en saga en cuanto a derrumbe del estado de derecho. Desde el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) (que quiso imponer dos jueces de la Corte Suprema) ya se demuestra que este gobierno iba a manejase de manera autocrática. Además de los DNU están los decretos simples. ¿Por qué? Es la picardía de las cacatúas togadas que asesoran al gobierno. Los decretos han abordado las cuatro materias que están taxativamente prohibidas por la Constitución: lo penal y procesal penal; lo tributario; el régimen de partidos políticos y el régimen electoral. Lo hacen por decreto simple para evitarse el control del Congreso. ¿Los decretos simples también exceden las temáticas vedadas? Peor, exceden y ni siquiera tienen intervención del Congreso. Pongo como ejemplo paradigmático el decreto en emergencia de la seguridad pública, de 2016, que modifica figuras y procedimientos penales, reinstala la pena de muerte a través de la Ley del Derribo. El bautismo de fuego fue el hundimiento de aquel pesquero chino, lo mandaron a pique con 38 personas a bordo. Cuatro fueron rescatados por el destructor que lo hundió y 34 por otro pesquero chino. Pudo haber sido un incidente internacional de lo peor. El 10 de enero, el gobierno firmó un DNU llamado megadecreto de 192 artículos. Deroga y modifica leyes vigentes. Al respecto, la Constitución señala en el artículo 99 inciso 3: «El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo». Uno hubiera deseado que algún fiscal hiciera la denuncia. ¿Usted hizo la denuncia? El Dr. Julián Domínguez, expresidente de la Cámara de Diputados y yo. El 1 de febrero la denuncia empezó a moverse, dado que el fiscal Ramiro González pidió medidas antes de ver si acusa. Además el ministro de Justicia Germán Garavano y su equipo incurrieron en prevaricato, es decir, han firmado el decreto a sabiendas que está en contra de la Constitución. Bueno este quiebre de la división de poderes significa que hemos abandonado el Estado de derecho. ¿No hay Estado de derecho en Argentina? No. La piedra fundamental del Estado de derecho, desde los padres de la Constitución de EE.UU. para acá es la división y el respeto del sistema de contrapesos entre los poderes. Esto está en la obra de Montesquieu. Lamentablemente la división de poderes ha sido afectada y también está afectado el Poder Judicial. Esto está confeso por el presidente (Mauricio Macri) cuando dice «necesitamos jueces que nos representen». Es decir, pide que sean hombres que trabajen para este gobierno. Ahora mire la ley 27, por el número se dará cuenta que fue sancionada casi inmediatamente posterior a la reforma de 1860 con la incorporación de la provincia de Buenos Aires a la Confederación Argentina. Esa ley establece taxativamente que el deber primero de los jueces es asegurar la observancia a la supremacía de la Constitución Nacional por sobre los actos de los otros poderes. Los tres primeros artículos de esa ley siguen vigentes. Entonces los que critican al gobierno, o piden que se vaya, no son destituyentes o sediciosos, lo que hacen es denunciar la conducta destituyente del propio gobierno. Porque quien ha generado la perdida de funcionalidad constitucional es el gobierno. Observe también el artículo 36 del deber de obediencia a la supremacía de la Constitución, uno de cuyos párrafos dice: “todos los habitantes de la Nación argentina tienen derecho a resistir los actos de violencia institucional de gobierno”. El argumento del gobierno es “dado que a nosotros nos votaron, ustedes no pueden criticarnos, de lo contrario son golpistas”. También votamos diputados y senadores y otras autoridades locales pero a todos ellos les exigimos con la misma vara es decir cumplir y hacer cumplir la Constitución. ¿Caracterizaría esto como una dictadura? Esto lo puse en los escritos que presentamos en sede judicial: si me gobiernan de una forma distinta a la que establece la Constitución, tengo que decir esto es un Estado de excepción. Recordemos además que las dictaduras más temibles llegaron con voto popular, el nazismo, a Mussolini. Otro de los argumentos mediáticos es que “los kirchneristas que violaban la Republica ahora exigen observancia”. Los tres gobiernos kirchneristas han sido respetuosos a la observancia de la división de poderes. Pecaron de déficit, de no introducir una reforma para controlar uno de los poderes que no es representativo ni republicano, el Poder Judicial. Mi crítica es que hay que pensar primero en la Constitución Nacional, no hacer parches. Por ejemplo, se introdujo un nuevo Código Civil y Comercial, cuya parte civil es bastante buena en lo que hace a la persona y cuestiones de familia. Pero en lo que hace a la parte económica, es deplorable, la postura de (Dalmacio) Vélez Sarsfield es de patriota frente al texto actual. No se pueden revisar los laudos arbitrales, ya sean nacionales o de organismos internacionales, entre los que está el CIADI, la Bolsa de Comercio de Londres o de Nueva York. Lo desvío: ¿qué opina de esos organismos? Yo fui asesor de la Procuración del Tesoro de 2011 a 2015. Fui a la mayoría de las