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Por qué hoy me da vergüenza ser israelí

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Fuente: Daniel Barenboim | La Nación Fecha: 23 de JUL 2018 En 2004 pronuncié un discurso en el Knesset, el Parlamento Israelí, en el que hablé sobre la Declaración de la Independencia del Estado de Israel. La definí como «una fuente de inspiración para creer en los ideales que nos transformaron de judíos en israelíes». Dije también que «este documento notable expresaba un compromiso: «El Estado de Israel promoverá el desarrollo del país para el beneficio de todos sus habitantes; estará basado en los principios de libertad, justicia y paz, a la luz de las enseñanzas de los profetas de Israel; asegurará la completa igualdad de derechos políticos y sociales a todos sus habitantes sin diferencia de credo, raza o sexo; garantizará libertad de culto, conciencia, idioma, educación y cultura»». Los padres fundadores del Estado de Israel que firmaron la Declaración entendían que el principio de igualdad era el cimiento de la sociedad que estaban construyendo. También se comprometían, y nos comprometían a nosotros, «a buscar la paz y las buenas relaciones con todos los pueblos y estados vecinos». Setenta años después, el Gobierno israelí aprobó una nueva ley que reemplaza el principio de igualdad y los valores universales por el nacionalismo y el racismo. Me provoca un profundo dolor que deba hoy hacerme las mismas preguntas que formulé hace 14 años cuando hablé en el Knesset: ¿Podemos ignorar la brecha intolerable que existe entre aquello que prometía la Declaración de la Independencia y lo que se realizó, la brecha entre la idea y las realidades de Israel? ¿Coincide con la Declaración de la Independencia la situación de ocupación y de dominio de otro pueblo? ¿Tiene algún sentido la independencia de uno a costa de los derechos fundamentales del otro? ¿Puede el pueblo judío, cuya historia es testimonio de sufrimiento incesante e implacable persecución, permitirse ser indiferente a los derechos y el sufrimiento de un pueblo vecino? ¿Puede el Estado de Israel permitirse el sueño irreal de un final ideológico al conflicto, en lugar de buscar una solución pragmática, humanitaria, basada en la justicia social? Catorce años después, sigo creyendo que, a pesar de todas las dificultades objetivas y subjetivas, el futuro de Israel y su lugar en la familia de las naciones ilustradas dependerá de nuestra capacidad para cumplir la promesa de los padres fundadores, tal como está inscripta en la Declaración de la Independencia. Sin embargo, nada cambió realmente desde 2004. Por el contrario, tenemos ahora una ley que confirma a la población árabe como ciudadanos de segunda clase. Es entonces una forma muy clara de apartheid. No creo que el pueblo judío haya vivido veinte siglos, entre persecuciones y el sufrimiento de crueldades infinitas, para convertirse ahora en opresores e infligir la crueldad a los otros. Esta nueva ley hace exactamente eso. Por eso hoy me da vergüenza ser israelí.

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Tragedia social: en procura de una estabilización económica imposible

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Fuente: Roberto Feletti | El Destape Fecha: 22 de JUL 2018 El gobierno se apresta a aplicar un ajuste sobre el pueblo argentino que, por la magnitud de la tragedia social que va a provocar, recuerda a la hiperinflación de 1989 y al crack de la Convertibilidad de 2001. Una vez más, aferrado a su ideología y protegiendo sus intereses de clase, el presidente Macri va a colocar al país de cara a un nuevo experimento traumático y doloroso, pero, a la vez, carente de sentido para resolver la crisis en la que nos ha colocado. Analistas de distintas corrientes de pensamiento —así como también se describió desde esta columna con bastante profusión— alertaron sobre el impacto que sufriría el “mejor equipo de los últimos 50 años” contra un cambio de contexto internacional y que, finalmente ocurrido, tornó insustentable el modelo macroeconómico que pretendían implementar. La apertura comercial y financiera desencadenó el presente desmadre en un mundo proteccionista carente de la liquidez internacional del pasado. La desesperación del fracaso los llevó a pedir la asistencia financiera del Fondo Monetario Internacional y, sin ponerse colorados, se preparan para aplicar una política tan ominosa en lo social como inútil en lo económico. A mayo de este año, el balance cambiario del Banco Central revela un déficit de la cuenta corriente de u$s 8.401 millones y una salida de capitales del sector privado de u$s 13.857 millones. En suma, un desequilibrio cambiario en los primeros cinco meses del año de u$s 22.258 millones. Semejante desbalance, que convierte a la Argentina en una economía extremadamente vulnerable al actual contexto global hostil, es fruto del experimento inicial de Cambiemos de pretender funcionar con una cuenta corriente deficitaria sostenida por una cuenta capital superavitaria. La primera es consecuencia de la apertura comercial y la segunda de la apertura financiera a cualquier tipo de capitales que conviertan al país en un escenario de negocios. Chocado ese modelo antiguo de más de dos décadas atrás, ahora buscan corregir el desbalance con una receta también vetusta, consistente en contraer la demanda de dólares por la vía de una recesión profunda, inducida a través de unas políticas monetaria y fiscal fuertemente restrictivas. Corregir un desequilibrio del sector externo mediante un ajuste monetario y fiscal que aniquile la demanda interna y que, por ende, reduzca las importaciones, la salida de divisas por el turismo y las ganancias de las empresas giradas afuera, sólo registra antecedentes de fracaso en la historia económica argentina. A la vez, constituye una experiencia deleznable por el enorme costo social que conlleva. En dos oportunidades del pasado reciente se intentó corregir un desequilibrio externo sin regulaciones sobre el comercio exterior, el giro de dividendos y el manejo de la política cambiaria. Una fue en 1995 durante la crisis mexicana denominada “efecto tequila”, en la cual, para preservar la paridad un dólar igual un peso del régimen de Convertibilidad, se contrajo un tercio la base monetaria y se redujo nominalmente el gasto público. Las consecuencias fueron siete trimestres de recesión y una tasa de desempleo ubicada en el 18,6%. El gobierno sufrió una dura derrota en las elecciones legislativas de 1997, sellando su suerte en las presidenciales de 1999. El segundo intento, también dentro del régimen de Convertibilidad, fue el ejecutado por el gobierno de De La Rúa, que rebajó salarios públicos, jubilaciones y presupuesto universitario en procura de alcanzar lo que en ese momento se llamó “grado de inversión”, que haría fluir capitales a la Argentina para así poder sostener un sector externo desmadrado. Sin ayuda del exterior, el ajuste no resolvió el problema y el gobierno cayó en medio de un enorme descontento popular. En el presente, el tándem Dujovne-Caputo ha alineado la política fiscal con la política monetaria para direccionar el ajuste. El Banco Central sostiene una tasa de interés de piso en torno al 47% y controla la oferta monetaria y crediticia. El Ministerio de Hacienda, por su parte, se entusiasma ante cada recorte de las partidas presupuestarias. Este diseño, que se aplicará a rajatabla en el segundo semestre, caerá como un mazazo sobre una actividad económica que ya presenta un deterioro agudo desde comienzos del año. Transcurridos dos tercios de su mandato, el gobierno sólo ofrece dolor hacia el futuro y reparto de culpas hacia el pasado. Su épica es alcanzar la estabilidad cambiaria sobre la paz de los cementerios. El dólar de paridad teórica ha descendido a $ 34,70 y el de mercado flota en $ 28,30. Luis Caputo se entusiasma con esos valores porque imagina que está cerca de un tipo de cambio de estabilización. Sin embargo, olvida que ese equilibrio es estático,jaqueado por una tasa de interés que está quebrando el capital de trabajo de las PyMEs, un drenaje de reservas que va más rápido que el cierre externo que procuran alcanzar con el ajuste y que dicha política de ajuste tiene una alta inviabilidad social pero también política, además del referido desmadre técnico.

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El aniversario y la ofensiva del Gobierno

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Fuente: Raúl Kollmann | Página 12 Fecha: 15 de JUL 2018 El aniversario número 24 del atentado contra la AMIA, este miércoles, se produce en medio de una ofensiva de la Casa Rosada en varios terrenos. En primer lugar para debilitar la investigación del atentado, instalando una secretaría anti-terrorista que seguramente pondrá en la mira a organizaciones mapuches y agrupaciones sociales, mientras que ya está desactivando a los fiscales que investigan el atentado. En segundo lugar, son evidentes las presiones del Ejecutivo para lograr la absolución o penas muy menores a los que entorpecieron o desviaron la pesquisa. En el banquillo están el ex presidente Carlos Menem, el ex juez Juan José Galeano, los ex fiscales, los mandos de la SIDE y el policía favorito del Presidente, Jorge El Fino Palacios. Bajo cuerda exhiben un argumento burdo: que las condenas podrían favorecer a los acusados iraníes del atentado contra la mutual judía. Y, en tercer lugar, usan a los jueces de la coalición Comodoro Py-Cambiemos para avanzar contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ex canciller Héctor Timerman en la burda causa por el Memorándum de Entendimiento con Irán y el expediente por la muerte de Alberto Nisman. En los actos del miércoles también llama la atención la marginación de la DAIA, que en estos años funcionó casi como una sucursal de la administración de Mauricio Macri. En la interna comunitaria, la DAIA está impactada por los escándalos de su ex presidente y por la forma en la que recauda dinero. El nombre de la DAIA no figura en el cartel de convocatoria al acto ni, de acuerdo al anuncio, tendrá orador propio (ver aparte). Secretaría El viernes se difundió una resolución del Procurador de la Nación, Eduardo Casal, anunciando la creación de una Secretaría Integral de Análisis del Terrorismo Internacional (SAIT). Casal ha hecho todo lo que le pide la Casa Rosada, tal vez para quedarse en el cargo. Sin embargo, el anuncio es llamativo por varias razones: Casal es procurador interino y en las próximas semanas el Senado tendrá que evaluar la propuesta del Ejecutivo de designar a Inés Weinberg de Roca. Es curioso que un interino se lance a establecer una estructura semejante. Casal no designa a un fiscal al frente de esa Secretaría Anti-Terrorista, sino que la ubica en la Procuración ante la Corte, a cargo de él mismo. O sea arma una estructura que él mismo va a conducir y usufructuar. El Ministerio Público, es decir los fiscales, deben actuar ante delitos cometidos. Para prevenir ataques están las policías y los servicios de inteligencia, no los fiscales. Cuando se armaron procuradurías contra la corrupción, la trata de personas, el narcotráfico fue porque había muchos expedientes sobre esos delitos y se buscaba tener expertos. En este caso, los hechos terroristas que vivió la Argentina son dos, la AMIA y el atentado contra la Embajada de Israel, y no es la situación que tiene por ejemplo Europa, con las secuelas de ISIS y otras organizaciones. Como el texto de la resolución es difuso y habla de “abordar de manera integral el extremismo violento entendido como conducto hacia el terrorismo internacional”, parece cantado que juntarán materiales e información sobre mapuches y organizaciones sociales, a los que la Casa Rosada y la ministra Patricia Bullrich han señalado como terroristas, incluso financiados desde el exterior. Otra jugarreta en linea con Washington. Sobre el final del texto hay una mención al caso AMIA y se señala, en forma difusa, que la flamante Secretaría colaborará con la Unidad Fiscal AMIA que es la que encabezaba Alberto Nisman. Tras su muerte se designaron tres fiscales que dieron pasos importantísimos en la pesquisa. Ahora, la Casa Rosada, haciéndose la distraída, está desmontando esa fiscalía. No investigar I Hace ya cuatro meses, el 22 de marzo, presentó su renuncia Mario Cimadevilla, titular de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia. Ese organismo, creado durante el gobierno de la Alianza, tenía como objetivo coordinar a todos los organismos del Estado en la investigación del atentado y en las causas derivadas. Por ejemplo, la Unidad debía ayudar en el análisis de los documentos encontrados en la SIDE, facilitar búsquedas de la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura, acelerar los estudios genéticos que se necesitaban y cualquier otra tarea relacionada con la investigación, juicios y causas. Cimadevilla denunció en forma ruidosa al ministro de Justicia Germán Garavano, por presionar a los abogados de la Unidad AMIA para que no acusaran a los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, imputados por las maniobras en la causa del atentado. El ministro ya había ordenado el desplazamiento de abogados y mandó interventores a las reuniones donde se debatía la estrategia en el juicio. Lo concreto es que Garavano disolvió, de hecho, la Unidad AMIA aún antes de la renuncia de Cimadevilla. El paso siguiente fue trasladar el organismo ya inexistente a la órbita de la secretaría de Derechos Humanos que encabeza Claudio Avruj, ex funcionario de la DAIA durante la gestión del imputado ex presidente de la entidad, Rubén Beraja. En síntesis, el Ejecutivo exhibió su voluntad de des-jerarquizar y diluir el esfuerzo estatal en la investigación del ataque contra la mutual judía. No investigar II La investigación judicial del atentado contra la AMIA está en manos de la Unidad Fiscal AMIA, ya que el juez del caso, Rodolfo Canicoba Corral, delegó la instrucción en la fiscalía. El que estaba al mando era Alberto Nisman. Tras su muerte, la procuradora Alejandra Gils Carbó designó un equipo de tres fiscales y un coordinador. Sabrina Namer, Roberto Salum y Patricio Sabadini, luego reemplazado por Leonardo Filippini, con Juan Murray como coordinador. Ese grupo dio pasos muy significativos en la investigación. Los familiares habían acusado a Nisman de “trabajar poco y viajar mucho” y el nuevo equipo demostró que se podía avanzar. Por ejemplo, confirmaron con sofisticados estudios de barrido electrónico que se usó la camioneta Trafic en el atentado, establecieron la existencia de restos de una persona

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La confianza del mundo y los dilemas reales

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Fuente: Edgardo Mocca | Página 12 Fecha: 15 de JUL 2018 ¿Cómo enfrentará el gobierno macrista lo que a todas luces aparece hoy como una crisis de credibilidad en la sociedad argentina enmarcada en los presagios de un agravamiento de la crisis económica y política? El presidente dijo recientemente a sus allegados, según las crónicas periodísticas, que “para el mundo somos los únicos garantes de este modelo”. Puede tratarse de una frase de ocasión pero también podría considerársela como una clave de la hoja de ruta presidencial. El gobierno carece de una agenda atractiva para la sociedad, capaz de asegurar la inversión de la marcada tendencia al debilitamiento de sus apoyos. El texto del acuerdo firmado con el FMI tiene un contenido inequívoco; su centro es el ordenamiento de las cuentas fiscales, objetivo que ha pasado a ser una obsesión del presidente, quien intenta construir una épica refundacional a partir de un propósito tan poco promisorio como es la disminución del gasto estatal. Es decir, para cumplir con el organismo de crédito hay que limitar la obra pública, recortar la inversión en educación, salud, infraestructura, jubilaciones y pensiones, entre otras tareas esenciales del estado. Y eso es presentado como una epopeya argentina. Es evidente que la comprensión del “mundo” (que para el gobierno son los grandes consorcios financieros y sus centros de coordinación globales) es considerada un activo fundamental para la etapa política que se abre. Es una lectura característica de la tradición oligárquica local. En este caso, se reviste de un dramatismo especial: si el “mundo” abandona a Macri, el fantasma del regreso del populismo está en el futuro próximo inevitable del país. Esta premisa valorizaría al gobierno argentino frente a Estados Unidos para el que no sería una buena noticia un cambio que afectara su agenda geopolítica en el sur de su campo más inmediato de influencia. Las noticias que vienen de Brasil tampoco son halagüeñas para la principal potencia mundial, en términos de lo que su Departamento de Estado llama la “estabilidad regional”. ¿En qué consistiría esa comprensión imperial? A primera vista parecería que la cuestión podría girar en torno de la posibilidad de un importante grado de flexibilidad del Fondo para evaluar el grado de cumplimiento argentino de los compromisos recientemente firmados. Un ajuste brutal como el que se desprende de la letra de esos documentos se convertiría en un salvavidas de plomo para transitar los meses previos a la crucial elección presidencial de 2019. “Nosotros o el caos” es el dilema que Macri enuncia con poco disimulo. Claro que pensar que el FMI se convierta en una especie de comité de campaña en las sombras de Cambiemos no entra ni en los más drásticos reduccionismos respecto de lo que son las relaciones internacionales. La apuesta más bien parece querer incorporar la mirada del “mundo” en la disputa política doméstica. La idea es poner a prueba la cambiante política de la estructura federal del justicialismo y del massismo frente a la crítica etapa que espera al país. El planteo del macrismo es que tendrán que resolver si permanecen en el registro de políticos responsables y serios que no quieren una catástrofe nacional o se inclinan por defender sus intereses sectarios a cualquier precio. “Nosotros o el caos” es una fórmula de múltiples significados: se dirige a la estructura sindical, a los movimientos sociales, a la élite del poder económico, a los diputados, senadores y gobernadores. Es un arma de uso interno sostenida por un mito central de esta administración, como es que el atractivo (económico, geopolítico o de cualquier otro orden) que el país pueda significar para los poderosos del mundo global es la clave central para el futuro. El otro dilema central es la posición del peronismo y de la “oposición responsable”. Desde que en diciembre de 2001 estallaron la economía, la sociedad y la política argentina después de más de una década de reestructuración neoliberal, esa escena se ha convertido en un poderoso mito político. Según quien lo recupere significará el fracaso del experimento del consenso de Washington o la índole oportunista y poco democrática del peronismo, siempre dispuesto a asaltar el poder movilizando todos sus recursos sociales y estatales. Curiosamente parece haber muchos conspicuos dirigentes justicialistas que parecen haber adoptado el segundo punto de vista bajo el prestigioso ropaje de la “autocrítica”. Entonces aquel diciembre mítico se convierte en el demonio que debe ser exorcizado. Hay que reemplazar aquella conducta oportunista del peronismo por una visión que le otorgue prioridad al sostenimiento de la gobernabilidad, cualquiera sea el costo que haya que pagar a cambio. Sin embargo, esa lectura de aquel episodio está abiertamente reñida con la realidad histórica. La oposición de entonces no fue la que creó las condiciones de la catástrofe. En todo caso, su contribución al desmadre consiste no en la rebelión popular, muy difícil de evitar en la situación social a la que habíamos llegado, sino en los años del menemismo, cuando se ejecutaban en tono festivo todas las políticas que nos llevaron a la quiebra económica, la ruina social y el derrumbe político. Todo el sistema político tuvo una responsabilidad innegable en aquella deriva caótica. Es lógico que hoy abunden los juicios de “especialistas” que procuran endosar los antecedentes de la crisis actualmente en desarrollo a la experiencia kirchnerista. Y hasta es seguro que ese argumento goza de autoridad y credibilidad en un sector no pequeño de nuestra sociedad. Pero tiene un problema: no es verdad. Argentina tenía muchos problemas en diciembre de 2015 pero un problema que no tenía era el de la extrema vulnerabilidad de su economía, claramente conectada con el hiper-endeudamiento de este corto período y el desastroso estado de nuestra balanza comercial y de cuenta corriente producto de las políticas en curso. Claro que ese razonamiento corresponde a la verdad histórica. Pero la pos-verdad camina por otros andariveles. Y estamos ante un elenco de gobierno que desde el comienzo reemplazó la política por la publicidad. Es por eso que es muy difícil de

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Una amarga impunidad

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A 24 años del criminal atentado a la AMIA que costó la vida de 85 personas y que enlutó a toda la sociedad argentina, el LLAMAMIENTO Argentino Judío expresa su total solidaridad con los familiares de las víctimas. Casi un cuarto de siglo de impunidad es una insostenible afrenta para aquellos que libran una durísima lucha para lograr Justicia, a lo que magistrados y fiscales —y gran parte del aparato judicial— parecen empeñados en obstaculizar. En tiempos en los que se desarrolla el “Juicio por encubrimiento” repudiamos y denunciamos el silencio cómplice de los medios hegemónicos, la apatía generalizada de la dirigencia política, el truculento alegato absolutorio de la AMIA —apoyada por el Ministerio de Justicia— para con los exfiscales acusados de múltiples irregularidades y la vergonzosa connivencia exculpatoria con el extitular de la DAIA Rubén Beraja. El LLAMAMIENTO reitera su total apoyo a las agrupaciones de familiares de las víctimas —Memoria Activa, 18J y A.P.E.M.I.A.— quienes jamás renunciaron a su legítima demanda de total esclarecimiento del atentado, habiendo tenido que padecer el engaño del magistrado abocado a la instrucción de la causa original Juan José Galeano y las farsas procesales pergeñadas por los fiscales acusados Eamon Müllen y José Barbaccia.

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El tiburón blanco de San Juan

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Fuente: Graciana Peñafort | El cohete a la luna Fecha: 14 de JUL 2018 El fin de semana pasado estando en San Juan para abrazar a mis padres, sufrí el ataque de un tiburón blanco descomunal. Hacía una excursión en los abismos del océano, para explorar una misteriosa nave sumergida allí. Cuando descendía en una controlada expedición, el tiburón me atacó. Estaba en una suerte de jaula de seguridad y al principio me sentí segura, hasta que el tiburón arrancó con su poderosa dentadura uno de los lados de la jaula y se abalanzó sobre mí. Grité aterrada, presa del pánico. y me saqué el dispositivo de realidad virtual que mi hermano menor me estaba enseñando a usar. En San Juan, bella –y muy mía— ciudad entre montañas, no hay océanos ni misteriosas naves sumergidas. Lo sé porque ahí crecí y no he dejado de volver llamada por los afectos y los infinitos tonos de amarillos, rojos y ocres que sólo existen allí luego de la vendimia. Pero precisamente en San Juan me atacó un tiburón blanco. Que sólo existía en un dispositivo de cables, pero cuya existencia mis sentidos dieron por cierta. Me quedé reflexionando y llegué a la conclusión de que con la realidad —que los peronistas sabemos que es la única verdad—, hoy pasa en la Argentina y en buena parte de la región algo similar al ataque de tiburones blancos que no existen. Los autores de esos ataques son múltiples. Los medios de comunicación y el imperio de las fake news o noticias falsas. Recuerdo el testimonio de una ex secretaria de Néstor Kirchner que recorrió infinitos canales de televisión contando que había visto circular bolsos con dinero. Pero cuando fue llamada por el Poder Judicial a declarar al respecto, reconoció no haber dicho la verdad, y sólo haber hecho una formidable operación de prensa para publicitar su libro. Cuando la verdad se supo, no la invitaron de los canales de televisión a contarla. Porque la verdad parece no importarle a casi nadie. Al menos en la TV. De ello da cuenta el deliberado ocultamiento de lo real que sucede día a día. Y al escribir esto pienso que el joven periodista Juan Amorín investigó e hizo público un estrafalario y fraudulento sistema de aportes dinerarios para las elecciones llevado adelante por Cambiemos, el partido político que actualmente gobierna este país: alguien tomaba personas beneficiarias de planes de asistencia social, usaba sus datos para afiliarlos al PRO y luego registraba a su nombre aportes económicos para la campaña 2017. La investigación fue creciendo, más de mil personas ya identificadas resultaron víctimas de la maniobra. Personas que contaron estrecheces económicas cotidianas y crueles y que no estarían nunca en condiciones de hacer aportes económicos a ningún partido político. Que jamás se afiliaron al PRO, partido al que muchas de esas personas señalan como el responsable de medidas que han hecho aún mas acuciante su situación de pobreza. Hay testigos, pruebas, causas judiciales, papeles infinitos. Conforme a la ley 26.215 que regula el financiamiento de los partidos políticos, la investigación podría afectar incluso el destino político de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Porque ella es la presidenta del PRO en la provincia, lugar donde habitan las personas afectadas. La ley 26.215 establece en su artículo 63 que el presidente y tesorero de un partido político y los responsables políticos y económico financiero “serán pasibles de inhabilitación de seis (6) meses a diez (10) años, para el ejercicio de sus derechos de elegir y ser elegido en las elecciones a cargos públicos nacionales, y en las elecciones de autoridades de los partidos políticos y para el ejercicio de cargos públicos y partidarios, cuando: …b) no puedan acreditar debidamente el origen y/o destino de los fondos recibidos”. El principal y hoy más oligopólico grupo de medios de la Argentina, el Grupo Clarín, no ha publicado una sola línea de esa investigación. Porque parece sostener el Grupo Clarín que el sol se puede tapar con la mano y la realidad disimular con maquillaje, superchería y titulares falsos. ¿Pero qué pasa cuando el que decide tapar o hacer tapa la verdad es el Poder Judicial? Déjenme contarles un caso. El de Angelina Abbona, ex Procuradora del Tesoro de la Nación. Una de las personas más dignas que conozco. Durante su gestión enfrentó a fondos buitre, reclamos en el CIADI, demandas judiciales. Feroces jornadas de trabajo le dedicó a cuidar los intereses del Estado Nacional. Con humildad, sin prensa, con todos en contra. El poder económico la odia por eso y hoy la persigue con inverosímiles denuncias, para disciplinar a cualquiera que ose alguna vez volver a enfrentarlos. Hace un tiempo surgió la noticia de que Angelina había ocultado prueba de Lázaro Báez. La información surgía, supuestamente, de una auditoría del disco duro de su computadora. Un juez remitió al doctor Casanello, juez que investiga a Báez, la causa por el supuesto borrado de archivos de la computadora de Angelina, sosteniendo que el peritaje sobre archivos borrados demostraba la afectación “a documentos en los cuales obraba información relacionada con Lázaro Báez”. El peritaje se hizo en base a la búsqueda de palabras claves en los documentos borrados: “Lázaro Báez”, “Báez”, “NML”, “Paul Singer”, “Santa Cruz” y “Mosack Fonseca”. Casanello, a quien parece importarle un poco más la Verdad que a otros jueces que conozco, analizó lo supuestos documentos alterados. Llegó a estas conclusiones: del archivo “imágenes” hay, entre otros, una foto de ocho mujeres vestidas de azul, una mujer con un pincel y una publicidad de Frávega. También una foto del debate Scioli- Macri, una foto de un festejo de Macri y los globos y una foto de CFK. Y por cierto una publicidad de la Trump Tower. Entre los supuestos documentos borrados hay un texto de la demanda presentada ante un juez argentino, aparentemente con competencia contencioso administrativa federal, donde se señala que el objeto de la demanda es “promover acción declarativa de inconstitucionalidad contra

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Cuando se pelean los elefantes

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Fuente: Jorge Elbaum | El cohete a la luna Fecha: 14 de JUL 2018 La guerra comercial planteada por Estados Unidos contra China, la Unión Europea, Canadá y México –entre otros— es la expresión del agotamiento económico y político puesto en evidencia por el gobierno de Donald Trump. Después de cinco décadas de neoliberalismo, y de instigar al resto del mundo a abrirse a los mercados globales, Washington se lanza a reducir su déficit comercial y relocalizar sus empresas. Al mismo tiempo intenta darle continuidad a sus debilitadas ventajas tecnológicas, hoy desafiadas por la República Popular China. Estados Unidos ha decidido instituir aranceles del 25 % a partir del 6 de julio sobre 818 artículos chinos, por 34.000 millones de dólares. Y mantiene en carpeta para decidir antes de que termine este año la inclusión de otras 300 posiciones arancelarias, sobre 16.000 millones. La respuesta de China fue gravar, prioritariamente, a aquellos productos que Beijing tiene identificados como pasibles de ser adquiridos a través de proveedores (países) alternativos, y a aquellos bienes que proceden de las zonas del Medio Oeste donde Trump tuvo su mayor caudal electoral en las últimas elecciones. Con este último objetivo China intenta garantizar conatos de resistencia en el núcleo duro del voto republicano. El 90 % de los 545 aranceles que Beijing ha decidido imponer provienen del sector agrícola de los farmers, históricos seguidores de las posiciones supremacistas de la derecha estadounidense. [1] De todas formas, el tema central de la disputa entre EE. UU. y China es prospectivo, y se vincula con quién será el líder del campo de las innovaciones en el mediano plazo. Hasta la fecha Washington sólo tiene superávit comercial en servicios e intangibles, justamente el campo comercial en el que ahora está siendo desafiado por China. La denominada Sección 301 de la Ley de Comercio de los Estados Unidos –encargada de monitorear (arbitrariamente) el acatamiento o la violación de las patentes— denunció que Beijing “roba propiedad intelectual de tecnología avanzada”, sin explicar con precisión el mecanismo y los beneficios alcanzados por tal hurto. La sección 301 siempre ha sido un mecanismo para imponer sumisiones científicas a todos los países que pretendían un desarrollo homogéneo dentro de sus fronteras. Lo que históricamente han hecho todas las potencias, copiar, adaptar y recrear, es hoy motivo de amenazas y persecuciones por parte de las agencias comerciales de Estados Unidos. La pelea de fondo Estos sectores –los servicios y los intangibles— empiezan a ser desafiados por la capacidad innovativa de Beijing, acrecentando aún más el déficit comercial total estadounidense: Jack Ma (Alibabá), Pony Ma (Tencent), y Liu Jun (de Xiaomi) empiezan a cuestionar el liderazgo de Larry Page y Serguei Brin (Google), Mark Zuckerberg (Facebook) y Jeff Bezos (Amazon). Entre las 50 empresas (startups) de alta tecnología más importantes del mundo, 26 son chinas y apenas 16 estadounidenses. Según investigadores del Pentágono –que siguen con mucha atención el dinamismo competitivo chino—, en 2016 Beijing participaba de proyectos de inversión tecnológica en Estados Unidos por un monto de 46.000 millones de dólares, mientras que en 2018 ese monto se redujo a 1700 millones, luego de guerra declarada por Trump. En el marco de esta contienda, Washington ha denegado recientemente a China Mobile (integrante de la corporación Alibabá) la posibilidad de ofrecer sus servicios de telecomunicación dentro de Estados Unidos, bajo argumentos eufemizados de seguridad nacional. Este conflicto tiene amplias repercusiones para América Latina, tanto desde el punto de vista económico como geopolítico: la unipolaridad de las medidas planteadas por Trump –desconociendo las regulaciones planteadas por la Organización Mundial de Comercio— combinada con el trato discriminatorio hacia quienes son catalogados de “hispanos” (los latinoamericanos) es enunciado por el actor político estatal que fue el histórico legitimador del neoliberalismo en el último medio siglo. Los gobiernos de derecha en Brasil, Colombia, Argentina y Perú –entre otros— se muestran confundidos frente a las medidas neoproteccionistas planteadas por Washington, pero no atinan a reorientar sus políticas hacia las lógicas de integración planteadas con anterioridad por los gobiernos progresistas de principios de siglo XXI, dada su acostumbrada colonización mental. En el caso de Michel Temer, el seguidismo hacia las políticas de Estados Unidos lo ha llevado incluso a suspender la construcción del proyectado tren bioceánico (del Atlántico al Pacífico) que estaba destinado a ser una pieza clave en el comercio de la región con China. Macri, por su parte, en el marco del ascetismo fiscal neoliberal que Trump no practica, ha desestimado la construcción de Atucha IV, con tecnología canadiense y financiamiento de capitales chinos. Aún está pendiente la concreción o suspensión del inicio de Atucha V proyectada para inicios de 2022 y la realización de los acuerdos de producción conjunta de buques, aviones y helicópteros en la Argentina, también con financiación china. Estos dos últimos proyectos deberían –según las expectativas de Beijing—ser confirmados en noviembre de este año cuando Xi Jinping llegue a Buenos Aires en el marco del G20. Esta sería la diferencia clave con respecto a las experiencias latinoamericanas receptoras de Inversión Extranjera Directa (IED): mientras que China utilizó el arribo de empresas extranjeras para imaginar y generar productos propios (en el marco de políticas industriales activas), las maquilas mexicanas sólo dieron empleo a una pequeña porción de la sociedad, derivando sus rentas al mercado financiero especulativo. El modelo de inversión estadounidense pretendió que Beijing se comportara como México, absteniéndose de derivar sus rentas hacia la producción de bienes y servicios de exportación (íntegramente de marca y producción local): sin embargo, luego de armar por más de una década celulares nacidos en el Sillicon Valley, hoy China exporta teléfonos inteligentes por los que no debe abonar royalties a ninguna empresa por fuera de sus fronteras (como los celulares Huawei que disputan los primeros lugares de ventas en el mundo). El unilateralismo bravucón de Trump desafía la estabilidad discusiva de los relatos de la derecha latinoamericana. Durante la campaña electoral de 2015, el macrismo y los medios hegemónicos acusaron al gobierno de Cristina Kirchner de aceptar “bases

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Gaza pasa de la «prisión más grande del mundo» a la «celda de aislamiento más grande del mundo»

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Fuente: Editorial Haaretz Fecha: 13 de JUL 2018 Israel debería reabrir el cruce de Kerem Shalom y esforzarse por ayudar a reconstruir la Franja Los dos millones de palestinos que viven en la Franja de Gaza serán transferidos de «la prisión más grande del mundo», como a veces se llama la Franja, a la celda de aislamiento más grande del mundo. El primer ministro y el ministro de defensa, con el consentimiento del jefe de gabinete del ejército, tomaron la decisión final de cerrar el cruce de Kerem Shalom, el único conducto por el cual los habitantes de Gaza pueden obtener bienes y exportar algunos de los suyos. Solo comida y medicinas se permitirán. Sacar esta cruel decisión de la baraja de trucos de Israel para poner fin a la lucha contra la Franja atestigua no solo la frustración del país más poderoso de Oriente Medio ante el fracaso de su guerra contra las cometas incendiarias, sino sobre todo su huida de una solución que incluso el ejército creía que podría reducir las confrontaciones. Israel ha adoptado una táctica centrada en un bloqueo hermético de varios años de duración acompañado de ataques aéreos, con el objetivo de obligar a Hamás a detener los ataques a Israel. Supuestamente, este es el último paso antes de disparar directamente contra civiles o del asesinato selectivo del liderazgo de Hamás. Nadie discute que Israel no puede aceptar diariamente los cotidianos incendios deliberados en los campos de las comunidades del Negev, un trastorno que amenaza las vidas de sus residentes judíos y causa millones de shekels en daños y perjuicios. Pero el completo desprecio por las propuestas que ya están sobre la mesa, como ayudar a desarrollar la Franja, una recuperación económica significativa, una tahadiá a largo plazo —el cese de hostilidades— y la generosa asignación de permisos de trabajo israelíes, significa que Israel está atrapado en el ilusión de que solo una solución militar traerá calma. Este engaño fue creado después de la Operación Margen Protector en 2014 que llevó a casi cuatro años de relativo silencio. También condujo a la ociosidad diplomática y una sensación de complacencia, que a su vez dio a luz a esta enloquecida ebriedad del poder. Aparentemente Israel espera que los habitantes de Gaza, que están bien versados ??en la miseria, ejerzan presión sobre los líderes de Hamás para que, con un gesto de la mano, ponga fin a los ataques contra Israel. En otras palabras, lo que las operaciones militares brutales no lograron, el aislamiento lo hará. Pero es muy poco probable que éste sea el resultado. Incluso si Israel ha dejado de temer a la presión internacional, aumentar la presión sobre Gaza puede empujar a Hamás a una respuesta violenta, y tal vez incluso a otra ronda de conflicto militar a gran escala. Sin embargo esto no es un decreto divino. Israel podría y debería revocar su decisión inmoral de bloquear las puertas de Gaza; lanzar un esfuerzo para coordinar con Hamás, a través de Egipto o cualquier otro país dispuesto a ayudar; reemplazar sus respuestas militares pavlovianas con una política de desarrollo y rehabilitación y ver a Hamás como parte de la solución. De lo contrario, el Gobierno no podrá convencer al público de que hizo todo lo posible para evitar la guerra. Traducido del inglés por J. M.  

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Advierten sobre un convenio con EEUU que permite la intervención militar en Argentina

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Fuente: Mariano Pedrosa | TiempoAR Fecha: 13 de JUL 2018 El gobierno de Mauricio Macri viene escalando en la decisión de volver a incluir a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, en sus palabras: “Para cuidar a los argentinos frente a las amenazas y desafíos actuales”. Estas tareas por ahora están prohibidas por el decreto 727/2006 que limita su accionar a “agresiones de origen externo perpetradas por fuerzas armadas pertenecientes a otros Estados”. Sin embargo, las declaraciones del presidente y de su ministra Patricia Bullrich indican otro camino. Pero no se trata sólo de retórica, por ejemplo, el 12 de junio el presidente Mauricio Macri, luego de una reunión con Marcos Peña, Patricia Bullrich, Oscar Aguad, entre otros, ordenó enviar a lo largo de este año al menos 1000 militares para dar apoyo logístico a las fuerzas de seguridad en la zona de frontera norte, desde Salta a Misiones. A esta decisión, impulsada luego de la visita del ministro Germán Garavano a Estados Unidos se le suma la reactivación de la base que el Comando Sur impulsa en Neuquén. Elsa Bruzzone, especialista en geopolítica, estrategia y defensa nacional y secretaria del Centro de militares para la democracia argentina (CEMIDA), alertó sobre ese peligro en el canal Annur TV, a partir de eso, Tiempo se contactó con Bruzzone, que hizo énfasis en el peligro de la participación de fuerzas armadas norteamericanas en territorio argentino. La especialista recuerda que el gobierno nacional ha firmado convenios, “que no han pasado por el Congreso Nacional”, con el estado de Georgia en 2016: “Nosotros nos enteramos por declaraciones del mismo gobernador del estado norteamericano de Georgia en noviembre de 2016, y el 14 de diciembre de ese año fue ratificado por el Ministerio de Defensa (entonces a cargo del radical riojano Julio Martínez, actual senador). Este acuerdo posibilita la intervención de la Guardia Nacional de Georgia en nuestro país. De hecho, las últimas informaciones que tenemos, que fueron dadas por la jefa de esa Guardia, es que durante todo el 2017 han recibido efectivos de fuerzas de seguridad argentinos para adiestrarse con ellos. Como si fuera poco que entrenan en Israel ahora también lo hacen en el estado norteamericano de Georgia”, remarca Bruzzone. “Cuando uno ve que esos convenios no pasaron por el Congreso, que se reactiva la base de Neuquén, que están hablando de la reactivación de la triple frontera y de otra en el triángulo entre Bolivia, Argentina y Chile, que no sabemos si será en Salta o en Jujuy, qué quiere que le diga, algo huele a podrido en Dinamarca, como decía Hamlet”, enumera Bruzzone los motivos de preocupación y que llevan a no olvidar los convenios firmados con la Guardia Nacional estadounidense del estado de Georgia. Sobre el convenio de 2016, puntualiza que “le permite a esa fuerza pasar por encima de las resoluciones que pueda dictar el Poder Ejecutivo o Legislativo y de las Fuerzas Armadas y de seguridad e intervenir militarmente, porque es una fuerza militar”. Respecto de la Guardia Nacional explica que “su misión no es sólo operar en el interior de Estados Unidos cuando las policías se ven sobrepasadas, también acompañan a las Fuerzas Armadas de EE UU en todas sus aventuras imperiales y operaciones especiales. Responden al Departamento de Defensa y al de Estado, tienen estatus militar”. Para que se entienda que se trata de un riesgo concreto pone el ejemplo de la participación de esta fuerza en el país europeo Georgia: “Los georgianos hicieron acuerdos y les reestructuraron no solo toda la seguridad interior, sino también toda la Defensa y, para ponerle la frutilla, los mandaron a un enfrentamiento con Rusia que ya sabemos cómo terminó.” Audio relacionado:

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