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Fuente: Irina Hauser y Raúl Kollmann | Página 12 Fecha: 12 de AGO 2018 La ex presidenta estará mañana, a las 10, frente al juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli. Como anticipó Página/12 entregará un escrito, no aceptará preguntas porque considera que ni el magistrado ni el fiscal están habilitados para llevar adelante la causa dado que ya han sido denunciados en forma reiterada por enemistad manifiesta. En el texto, CFK describirá la persecución que sufre desde hace más de dos años, volverá a insistir en que se debe hacer una auditoría de la obra pública —ya lo planteó reiteradamente— para verificar si existe alguna irregularidad y repetirá que no integró ni lideró ninguna asociación ilícita. Tras cartón, se irá sin saludar al juez porque, como ya tiene dicho, «no lo saludo ni por escrito». La senadora es prácticamente la última en la lista de indagados, aunque falta que declaren algunos de los recientes detenidos. Esto hace pensar que en unos diez días Bonadio dictará los procesamientos —siempre que llama a indagatoria, procesa— y todo indica que volverá a pedir la detención de Cristina en esta causa. El titular del bloque el PJ en el Senado ya ha dicho que no habrá desafueros sin que exista un juicio y una condena, pero volverán a presionar, porque en el trasfondo está la idea de sacar a Cristina de la carrera electoral. Puerta giratoria Resulta curioso que los comunicadores que se pasan las horas quejándose de la supuesta puerta giratoria que existe para los sospechados de delincuentes, ahora no se quejen por la puerta giratoria de los empresarios. La realidad es que la prisión de los dueños de las empresas se ha utilizado pura y simplemente como extorsión: el que se arrepiente, aunque no presente prueba alguna, se va a su casa. Los otros se quedan en Ezeiza. El ex jefe de Gabinete, Alberto Fernández, que es también profesor universitario de derecho penal, se indignó esta semana con el uso de la alegoría de la sortija. O sea, que el fiscal haya conminado a los empresarios a arrepentirse porque las sortijas son pocas. «Esto es muy grave. ¿cómo se va a hablar de que uno tiene que ser hábil o veloz para agarrar una sortija –-dijo Fernández–. ¡Estamos hablando de justicia!» Club Uno de los empresarios que durmió en su casa fue Carlos Wagner, titular de Esuco, y ex presidente de la Cámara de la Construcción. Según lo que hicieron trascender desde la fiscalía y el juzgado, Wagner dijo que entre los empresarios pactaron quién ganaba cada licitación, qué precios se ponían y el ganador pagaba una supuesta coima a Julio De Vido. Habrá que ver el texto real de su declaración y no lo que fiscalía y juzgado filtraron. Lo que llama la atención es que con ese «arrepentimiento» Wagner se haya ido a su casa, si se compara con los que todavía siguen en el penal de Ezeiza. Supuestamente confesó que en la Cámara se reunían, decidían quién ganaba cada licitación de obra pública y a qué precio. O sea que, según él, le robaron al estado en cada una de las obras, manipularon cada licitación y estafaron a la sociedad con sobreprecios en cada adjudicación. El delito se llama fraude en perjuicio del estado: de dos a seis años prisión. A eso se suma el grotesco delito de la asociación ilícita. Desde ya que no corresponde que ninguno esté preso sin juicio y sin sentencia, a menos que haya peligro de fuga o entorpecimiento de la causa, y más grave todavía es que utilicen las detenciones como extorsión, pero a simple vista se ve que el que afirma lo que sea contra el gobierno anterior duerme en casa, mientras que el empresario que dice que no pagó nada o que aportó a la campaña por voluntad propia, se queda en la celda. Supuestamente confesaron la existencia del club del fraude en la obra pública; no pidieron ninguna prueba sobre las obras en que funcionó ese fraude, y con eso le extendieron el pasaporte a casa a Wagner. Orígenes La manipulación del expediente impresiona, empezando por el origen espurio, relatado en detalle por Diego Cabot, el periodista de La Nación. Se juntaron con el fiscal en un bar, luego en una casa y luego se hizo la denuncia. Todo porque Cabot conocía a Stornelli. El punto nodal es que debió sortearse, como corresponde, pero Stornelli –uno de los adalides anti-K de Comodoro Py– decidió quedarse con el expediente. Típico forum–shopping, elegir fiscalía y juzgado como en un shopping. Es verdad que las fotocopias de los cuadernos son un indicio. Pero resulta extraño que no hayan podido dar con ellos, siendo que tienen el material desde hace meses. Sería de importancia encontrar los cuadernos para peritarlos. El chofer dice que los quemó, pero no hay por qué creerle. Los periodistas Darío Villarruel e Iván Schargrodsky revelaron que Centeno fue declarado inimputable por la Cámara Federal de San Martín. Como contó este diario, el chofer fue exonerado del Ejército por haberle tirado una granada a un compañero que le hacía bullying en 1992. Fue juzgado por un tribunal militar, lo condenaron, pero apeló. Por eso intervino la Cámara Federal de San Martín que lo absolvió tras hacerle un examen físico y mental. Lo consideró inimputable. O sea que estamos ante una causa iniciada de forma irregular, con un grosero forum shopping, sobre la base de fotocopias del cuaderno desaparecido, de un chofer que anteriormente fue declarado inimputable en una causa. Aún así no deja de ser un indicio. De primera A partir de ese inicio irregular, detuvieron, por ejemplo, al número 2 de Iecsa, la empresa que fue del grupo Macri. No tiene explicación por qué no detuvieron al número 1, Angelo Calcaterra. Tampoco se explica cómo es que paseó por Comodoro Py después de hablar con el Presidente y pactar con los operadores judiciales que no lo iban a demorar más de una hora. Al día siguiente declaró Héctor Zabaleta, el número 3

Fuente: Ricardo Aronskind | La Tecl@ Eñe Fecha: 10 de AGO 2018 Hace unos pocos días el diputado nacional Felipe Solá, miembro aún del Frente Renovador, formación política que apoyó buena parte de las decisiones claves de este gobierno, se presentó en la Casa Rosada y entregó un documento con un breve análisis y 35 puntos de propuestas concretas para enfrentar la actual crisis financiera, externa, productiva y social. Sin duda se trató de una acción política para realizar una aparición pública llamativa, positiva desde el punto de vista propositivo –está en espejo con el verso macrista que el gobierno está dispuesto a escuchar propuestas- e instalarse como uno de los candidatos diferenciados del macrismo, y al mismo tiempo no embanderados en la pura crítica al actual gobierno. En la confección de la propuesta presentada por Felipe Solá colaboraron diversos especialistas, académicos e intelectuales del campo nacional y popular, que lograron abarcar un conjunto de puntos importantes para la coyuntura. Se trata, por supuesto, de una propuesta que no está destinada a ser aplicada. No hay ninguna posibilidad de que un gobierno de las características retrógradas y con compromisos estrechos con los principales factores de poder como el actual adopte este conjunto de medidas, aunque quizás se vea obligado, para controlar el caos que generó, a establecer algunas regulaciones y medidas de emergencia parecidas a las del documento. Las ideas generales: Sin pretender reseñar el documento, hay ciertos puntos que merecen atención. Se destacan tres rechazos muy significativos por su carácter estratégico: No al acuerdo con el FMI; No al acuerdo de libre comercio con la Unión Europea y No a la venta de las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Se trata de definiciones muy fuertes, que contradicen los planes estratégicos de la elite económica local. El objetivo de fondo de estos acuerdos con factores de poder externos (FMI, UE) es condicionar en forma permanente las políticas económicas argentinas más allá de quien gobierne en el futuro. La liquidación de FGS apunta tanto a vaciar el ANSES para preparar un nuevo negocio con las jubilaciones, como devolver a las grandes corporaciones las participaciones accionarias que aún posee el Estado en las mismas. Ya dentro de los aspectos afirmativos, aparecen propuestas redistributivas por la vía fiscal que implican aumentar y ampliar los impuestos a los sectores de altos ingresos (minería, IVA mayor a consumos suntuarios, patrimonio neto, ingresos, bienes personales), y disminuir la carga impositiva a los asalariados (incluyendo la famosa eliminación del impuesto a las Ganancias cuarta categoría). Es decir, un rebalanceo impositivo progresista, destinado a promover el consumo popular e indirectamente a ampliar el debilitado mercado interno. Estas propuestas contradicen toda la filosofía neoliberal de concentrar el ingreso para que los de arriba “inviertan” y así se genere crecimiento y empleo para los de abajo. Nada de eso se ha verificado en los dos años y medio de macrismo. Las mayores ganancias empresarias alimentaron una mayor fuga de divisas hacia el exterior. Complementando el impulso redistributivo, se promueven paritarias sin techo, alza del salario mínimo, paritaria nacional docente, y estrategias públicas para sostenimiento del empleo y el relanzamiento de “precios cuidados”. Además un incremento y mayor eficiencia en el gasto en salud. Estas medidas son absolutamente razonables y necesarias, porque se ha demostrado en este tiempo que aunque el salario caiga y el consumo popular se deprima, la inflación continúa por otras razones que tienen que ver con el poder de mercado de actores que concentran muy fuertemente la oferta. En materia de sector externo, se propone “cuidar los dólares” con mucha mayor intervención pública tanto en la administración del comercio exterior, como en el manejo del dólar por parte del BCRA; las divisas producto de las exportaciones tienen un plazo para ser ingresadas al país, además de proponer medidas para alejar a los capitales especulativos de muy corto plazo y un impuesto a los viajes al exterior. Se trata de medidas de mínimo sentido común, luego del despilfarro y el descontrol provocado ex profeso por el gobierno macrista. La actual crisis cambiaria, que no ha terminado, es el efecto directo de todo lo que el macrismo promovió desde el primer día de gobierno. Y aún hoy el gobierno persiste en no adoptar las regulaciones necesarias para enfrentar con más posibilidades el volátil escenario auto-generado. Para estimular la actividad económica, además de mejorar los ingresos de los asalariados, se propone destinar más fondos para obras públicas con fines sociales, habilitar más fondos para créditos y con tasas preferenciales a las pymes, y aplicar desde el Estado el “compre argentino”. Nuevamente se orientan recursos para promover y estimular el mercado interno, satisfaciendo al mismo tiempo necesidades sociales como la vivienda, la producción y el empleo. No perder actividades industriales es hoy muy importante, porque las restricciones a las importaciones producto del endeudamiento, harán muy necesaria la provisión local de determinados bienes. Como medidas en relación a los servicios públicos, se propone la desdolarización de las tarifas, lo que implica un severo conflicto con las empresas energéticas, y para las empresas que reciben subsidios, compromisos de estas empresas en materia de inversión. Ambas medidas se apartan de la práctica habitual argentina de no animarse a establecerle exigencias a las empresas privadas, en reciprocidad a los importantes apoyos que reciben desde el Estado. La desdolarización es otra medida sensata y razonable ya que el actual esquema de tarifas indexadas al dólar, a la inflación y a un precio elevadísimo del BTU, es explosivo y confiscatorio de usuarios y pequeños empresarios. Las implicancias políticas de las medidas: Una vez pasada una somera revista a los principales puntos, algunas reflexiones más generales: Se trata de medidas de emergencia, no de un plan de desarrollo. Apuntan a sostener una situación social sumamente preocupante, y de poner bajo control la grave situación fiscal, externa, productiva y social provocada por la actual gestión. Las medidas tienen un evidente sesgo popular, que apunta a socorrer a asalariados y pequeños empresarios, sostener el mercado interno y

Fuente: Nilda Garré | El cohete a la luna Fecha: 29 de JUL 2018 El pasado lunes 23 de julio, el Presidente anunció una “profunda” reforma del sistema de Defensa Nacional, que tuvo su primera expresión en el Decreto 683/2018, que modificó el 727/2006 (reglamentario de la Ley de Defensa) y derogó el 1691/2006 (Organización y Funcionamiento de las Fuerzas Armadas). Esta decisión trascendental –que, a diferencia de las directivas sancionadas durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, va a contramano del espíritu de las leyes vigentes– vulnera el esquema legal e institucional establecido en nuestro país desde el retorno de la democracia en 1983. Representa, en efecto, el punto de partida para intentar quebrantar el ordenamiento jurídico compuesto por las leyes de Defensa Nacional N° 23.554 (1988), de Seguridad Interior N° 24.059 (1992) y de Inteligencia Nacional N° 25.520 (2001), compendio normativo que fue alcanzado con el más importante consenso multipartidario del que se tenga memoria y que se mantuvo a lo largo de treinta años. El tema fue prolíficamente analizado en los últimos días, de modo que simplemente conviene recordar cuáles son los ejes estructurantes de la medida y sus posibles consecuencias. En cuanto a los criterios ordenadores, cabe señalar que el decreto: habilita la intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna y para responder a “amenazas externas”, aun cuando estas no provengan de un Estado, como podría suceder con el delito organizado transnacional, tal como es el caso, por ejemplo, del terrorismo. De este modo se hace caso omiso de la resolución 3314 (1976) de la Organización de las Naciones Unidas, que sostiene que “agresión es el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de la ONU”; promueve la posibilidad de que las Fuerzas Armadas se adiestren y equipen para misiones de seguridad interior, lo que está vedado por nuestro sistema legal; y habilita que las Fuerzas Armadas desempeñen tareas de protección de los objetivos de valor estratégico, misión que actualmente desempeñan las fuerzas policiales y de seguridad. En este último caso, se realiza una interpretación forzada del artículo 31 de la Ley de Defensa, que señala que es una misión de la Gendarmería y de la Prefectura la custodia de esos objetivos de valor estratégico para la Nación. En lo que hace a las previsibles consecuencias de la medida, resulta clave enfatizar que asignar a los militares tareas propias del campo de la seguridad –como las labores antiterroristas o de lucha contra el narcotráfico que actualmente desempeñan las fuerzas policiales y de seguridad– supone conducir al instrumento militar de la Nación por el sendero de la “policialización” y su consecuente desprofesionalización. Con respecto al caso puntual del terrorismo –el “caballito de batalla” sobre el que se montó la propaganda oficial para marcar la supuesta desactualización de los artículos modificados del Decreto 727/2006 y del derogado decreto 1691/2006–, no resulta claro qué tipo de acciones y organizaciones serán consideradas de este modo por parte del Estado nacional. En consecuencia, los cambios efectuados podrían resultar funcionales, como bien ha indicado recientemente un colectivo de expertos y organizaciones no gubernamentales (https://www.cels.org.ar/web/publicaciones/fuerzas-armadas-en-seguridad-interior/), a la “deslegitimación, criminalización y represión de la protesta social y al uso de la inteligencia militar para el espionaje interno”. Los nuevos lineamientos impulsados por Macri constituyen un elemento de especial preocupación ante el actual escenario de deterioro económico y conflictividad social. Finalmente, no puede dejar de mencionarse que la mayor parte de las naciones latinoamericanas que han emprendido una reasignación de misiones para sus Fuerzas Armadas en dirección a “combatir” las denominadas “nuevas amenazas” han fracasado en su objetivo. La consecuencia de ello fue la creciente desprofesionalización de los uniformados y su involucramiento repetido en violaciones a los derechos humanos de sus ciudadanos como así también en hechos de corrupción. Los casos de México y Colombia constituyen referencias ineludibles, dado que sus actuales dirigencias –independientemente de posicionamientos políticos y concepciones ideológicas– están empezando a revisar sus políticas, atento a los fracasos obtenidos como consecuencia de la “militarización de la seguridad pública”. Precisados estos puntos, convendría estar muy atentos al resto de los anuncios que realizó Macri, puesto que en el medio de la discusión legal y doctrinaria algunas cuestiones podrían pasar desapercibidas.   Una nueva Directiva de Política de Defensa Macri comunicó la inminente aprobación de una nueva Directiva de Política de Defensa Nacional (DPDN), que sería el instrumento con el cual el gobierno reemplazaría a las dos DPDN sancionadas durante las administraciones de Cristina Fernández de Kirchner (Decretos 1714/2009 y 2645/2014). La directiva anunciada se enmarcará –según adelantó el presidente (https://www.youtube.com/watch?v=Z7OK8wnMlB4)– en una serie de criterios que se enumeran por ahora sin apreciaciones valorativas: modernización de las Fuerzas Armadas; atención a la misión principal del instrumento militar; apoyo a la política exterior del país (con énfasis en las operaciones de mantenimiento de la paz, la cooperación con los “países amigos” y la contribución a la política antártica); apoyo a las actividades de seguridad interior; protección en “eventos de carácter estratégico”; custodia de objetivos de valor estratégico e infraestructuras críticas; desarrollo de capacidades para la defensa en el ciberespacio; apoyo a la comunidad ante catástrofes y desastres naturales; actualización de la doctrina; accionar militar conjunto; mejora de los salarios; defensa de la “familia militar”; sanción de una nueva Ley de Personal Militar; y desarrollo de un nuevo sistema de reservas. El discurso del Presidente –a partir de la información provista por un teleprompter– no entró en detalle en ninguno de los puntos señalados, sino que se limitó a “leer los títulos” en unos siete minutos. A pesar de esa carencia expositiva y de no haber profundizado los ejes enumerados, pueden efectuarse algunas reflexiones: no hubo ninguna referencia a la desaparición del submarino ARA San Juan ni a las tareas de búsqueda. Tampoco mencionó el conflicto del Atlántico Sur y el enclave colonial que Gran Bretaña mantiene en Malvinas; y mucho