enero 2019

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Lo que no pudo el capitán

Fuente: Jorge Elbaum | El cohete a la luna Fecha: 13 de ENE 2019 José tenía 15 años. Ese primero de julio de 1976 en el que sonaron golpes en la puerta de la casa ubicada en la calle Brasil 755 del barrio Güemes, estaba junto a otros tres jóvenes preparando volantes para denunciar la represión feroz que se vivía en Córdoba. No tenían armas. Cuando escucharon los alaridos policiales los cuatro corrieron hacia la medianera trasera del departamento ubicado en una casa de tipo chorizo. Intentaron trepar por los techos. Quienes conocen a José sabían de su capacidad para escalar alturas. De su equilibrio entre muros. De su agilidad para esconderse entre las ramas y saltar como un gato hacia casas vecinas. Siempre volvía a su casa con las rodillas sangradas o con costras que se arrancaba para ver el color rosado de su piel curada. Había aprendido esas habilidades en las siestas tucumanas y en los veranos cordobeses en los que participaba de las colonias de Zumerland. Eso fue lo que intentó cuando escuchó los tiros que rozaban los tanques de agua. Saltó de una terraza a una casa vecina. Intentó esconderse en un patio interno. Un policía le disparó desde pocos metros. José estaba desarmado. Los familiares lo llamaban Joshela. Quienes compartieron su infancia lo recuerdan con el rostro desencajado ante la noticia del asesinato de su padre, en agosto de 1975. Marcos había sido uno de los pocos presos que habían logrado escapar de la cárcel de Trelew. José viva como orgullo el nombre de Marcos. Los ojos se le habían quedado fijos, la mirada instalada en un lugar lejano. Pese a que sabía del constante peligro en el que vivía su padre, la noticia le amputó algo. En poco tiempo se le esfumó todo resabio de candor infantil. Su padre había sido fusilado en una comisaría en Córdoba después de asumir simuladamente la comandancia de la organización Montoneros, para proteger a quien realmente detentaba ese cargo, Horacio Mendizábal, que había sido detenido en la misma redada. Marcos logró convencer, en medio de las torturas practicadas por el “capitán Vargas”, pseudónimo de guerra de Héctor Pedro Vergez, que él era el máximo responsable de la regional. Ese hecho motivó su fusilamiento y el salvataje del verdadero responsable. Mendizábal fue trasladado a Buenos Aires, donde tiempo después logró escapar de sus captores. Joshela, su madre Sara Solarz y sus abuelos, el zeide Jacobo y la bobe Soñe, esperaron durante horas la llegada del cadáver para darle sepultura judía en el Cementerio Israelita de Tucumán, luego de arduas discusiones con las fracciones más reaccionarias de esa comunidad que se negaban a su inhumación. En el trayecto, Vergez ordenó que el cuerpo fuese dinamitado para evitar que se develaran las evidencias de tortura y el posterior fusilamiento, que fue ocultado por los medios de la época como el producto de un intento de fuga. Casi un año después, habiendo sufrido el secuestro y asesinato de su hermano Mario, el 25 de marzo de 1976, Joshela estaba escapando de otro grupo de tareas. Los cuatro jóvenes fueron rodeados por policías del comando radioeléctrico de Córdoba, controlado por los oficiales del Tercer Cuerpo de Ejército, dirigidos por Luciano Benjamín Menéndez. Quienes estaban en la calle Brasil eran Néstor Morandini, Carlos Berti, José María Villegas y José Osatinsky. Según testigos del barrio Güemes, brindados ante el tribunal que juzga a una veintena de integrantes de las fuerzas de seguridad y del Ejército, uno de los efectivos descargó una cinta de balas de un fusil FAP hacia los techos, lo que habría motivado el descenso de José a un patio interno. Media docena de policías ingresaron a las casas aledañas y acribillaron a Villegas, de 21 años, y a José. Néstor “Lanita” Morandini y el riocuartense Guillermo Berti escucharon los tiros pero lograron escapar. El silencio que cruje De Joshela no se supo nada más. Su familia, desesperada, pidió información y se le cerraron las puertas. Su entorno se refugió en la creencia, apenas tranquilizadora, de que había sido secuestrado por la policía. Pensaban que nadie podía ser capaz de asesinar a un pibe de 15 años desarmado. Se repetían unos a otros que Joshela iba a reaparecer. Que iba a ser devuelto por sus captores. Que debía estar encarcelado. Que habría sido detenido como botín de guerra. Como extorsión y reaseguro, dentro de su contienda genocida, contra los enemigos de la dictadura. Su madre, Sara Solarz,  intentó buscar ayuda en la Capital Federal. Un año después, el 14 de mayo de 1977, Sara fue detenida y trasladada a la ESMA, donde la torturaron. En ese campo de concentración logró contactarse con “Lanita”, el hermano de la futura senadora Norma Morandini. Poco después, Néstor Morandini fue asesinado durante uno de los vuelos de la muerte.  Solarz recibió la confirmación del asesinato en medio de los interrogatorios y la picana de parte del propio “capitán Vargas”, quien le declaró su alegría por haber sido responsable del asesinato de su marido y de su hijo mayor. En esa ocasión le confirmó también el fusilamiento de José: “Me voy a encargar –le subrayó— de que el apellido Osatinsky desaparezca de la faz de la tierra”. Sara fue liberada bajo vigilancia y extorsión en 1979, por orden del “Tigre” Acosta, con la única intención de contribuir al señalamiento de militantes populares radicados en Europa. Ni Massera ni el “Tigre” lograron su cometido. Fueron desairados por tres mujeres: la madre de Joshela logró escabullirse de sus perseguidores y denunció con pormenorizados detalles a la dictadura genocida. Se convirtió en una de las fuentes más relevantes de la causa instruida contra los grupos de tareas de la ESMA. El 12 de octubre de 1979, Sara Solarz junto a otras dos mujeres también perseguidas y torturadas por el aparato represor, Alicia Milia de Pirles y Ana María Martí, contribuyeron al desenmascaramiento de la junta militar genocida. Detallaron el robo de bebés, los vuelos de la muerte y las torturas inimaginables. Una vez que terminaron

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Expandiendo los límites de la soberanía judía: una breve historia de los asentamientos israelíes

Fuente: Gideon Levy y Alex Levac | Haaretz Fecha: 12 de ENE 2014 Al final del día, nos ubicamos sobre la zanja que contiene el camino designado para los palestinos que quieren viajar desde un enclave de tres aldeas de Cisjordania: Biddu, Beit Surik y Qatannah, a Ramallah. Por encima de esa carretera, los vehículos israelíes aceleraron suavemente a lo largo de la carretera 443, la carretera principal a la capital, sin que los conductores vieran la carretera de segregación que se encuentra debajo, cercada por cercas de hierro y alambre de púas. Los israelíes en la autopista de arriba, los palestinos en la ruta subterránea de abajo: una imagen que vale más que mil palabras. Israel llama a estas rutas de separación «carreteras del tejido de la vida». Suena prometedor, pero en realidad estos caminos son solo otro producto monstruoso del sistema del apartheid. A unos cientos de metros de distancia, en Givon Hahadasha (New Givon), y como en el asentamiento, cerrado por todos lados con cercas de hierro y alambre de punta, y con cámaras electrónicas y una puerta eléctrica, es el hogar de la familia Agrayeb. Aquí, la ocupación es más grotesca: una familia palestina aislada de su aldea (Beit Ijza) en la cuasi prisión del enclave y abandonada para vivir en esta jaula en el corazón de un asentamiento, una situación que el Alto El Tribunal de Justicia de la única democracia de la región ha calificado como aceptable «daño proporcional». Al final de un recorrido instructivo, el túnel y la jaula, la Carretera 443 y New Givon, el «daño proporcional» y las “carreteras del tejido de la vida», todo destello sombrío, pensamientos totalmente deprimentes aquí en el reino del apartheid. Los pensamientos que surgieron a última hora de la tarde en un frío y tormentoso día de invierno nos perseguirán durante mucho tiempo. Desde que se fundó la organización contra la ocupación Breaking the Silence en 2004, se han llevado a cabo cientos de viajes de estudio a Hebrón y las colinas del sur de Hebrón, en las que han participado decenas de miles de israelíes y otros. Los recorridos, que atraen a unos 5.000 participantes al año, están orientados hasta las tripas, y nadie se vuelve indiferente del barrio fantasmal cuya población fue transferida en Hebrón o de la tierra de las cuevas cuyos habitantes han sido despojados, en las colinas del sur de Hebrón. Ahora, la ONG está lanzando un nuevo recorrido, analítico y perspicaz, de Cisjordania central, que se centra en la historia de la ocupación desde su inicio hasta nuestros días. Yehuda Shaul, de 36 años, uno de los fundadores de Breaking the Silence (Rompiendo el Silencio), un ex religioso ortodoxo Haredi y ex soldado de combate, trabajó durante aproximadamente un año y medio planeando la gira, escribiendo los textos y preparando los mapas, basándose en unos 40 libros sobre los asentamientos y otros materiales encontrados al bucear en archivos. Shaul es un guía excelente a lo largo de los senderos de la ocupación: profesional y lleno de conocimiento, no dado a la consigna. Está comprometido y determinado, pero también está sujeto a los hechos, y el recorrido está articulado en hebreo e inglés. Su gira se encuentra actualmente en la etapa piloto, antes de su lanzamiento oficial en unos pocos meses. Toma el día el recorrido en el subdistrito de Ramallah, desde el asentamiento Haredi de Modi’in Ilit hasta el hogar de la joven activista palestino Ahed Tamimi, en la aldea de Nabi Saleh; desde la región del Plan Allon hasta el proyecto de “tejido de la vida”. Durante este viaje de siete horas, surge una imagen sin adornos: los objetivos de la ocupación se determinaron inmediatamente después de la guerra de 1967. Cada gobierno israelí desde entonces, sin excepción, ha trabajado para realizarlos. El objetivo: evitar el establecimiento de cualquier entidad palestina entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, dividiendo Cisjordania y destrozándola en fragmentos de territorio. Los métodos han variado, pero el objetivo sigue siendo inquebrantable: el eterno gobierno israelí. Ese objetivo no fue implementado solo por fanáticos de la derecha, sino por el establishment mismo de Israel, sus agencias gubernamentales, con el respaldo del poder judicial y los medios de comunicación. En camino a un millón de colonos, el primer millón, todos los medios estaban justificados. Ahora, a medida que el objetivo se acerca, el objetivo central es el desarrollo de infraestructuras. Los caminos separados, engañosos con sus rutas de desvío, los túneles y los intercambios, todos estos son más fatídicos que otra inundación de colonos. Permiten que todos los colonos vivan con relativa seguridad, no vean a los palestinos y no sepan de su existencia, vivan a un precio bajo y se pongan a trabajar en Israel rápidamente. Ese es el secreto que ha hecho posible que 650,000 israelíes violen el derecho internacional y las normas de justicia, vivan en áreas ocupadas y se sientan bien con ellos mismos. Los pocos huesos ocasionales que el ocupante arroja al ocupado permiten que la vida debajo de la bota continúe sin resistencia excesiva. Dos camiones de la compañía Guetta Movers y Grúas, que transportaban casas móviles, ascendieron por la carretera hacia el asentamiento de Beit El, un coche de policía al frente y una camioneta entre ellos. «Precaución, carga larga», se lee en el cartel que se encuentra en el último vehículo del convoy, como una especie de metáfora. Nada se dejó al azar en el establecimiento de los asentamientos y en su distribución geográfica. Los mapas cuentan la historia. Todas las ciudades palestinas de Cisjordania, con excepción de Jenin, están rodeadas de asentamientos por todos lados. Todo fue meticulosamente planeado. Un proyecto que comenzó con el regreso de un puñado de fanáticos a Hebrón y al Bloque Etzion, y con la ocupación de la «Casa de los Siete» en el barrio de Beit Hanina, en Jerusalén Este, se aceleró rápidamente según la antigua idea sionista: El asentamiento judío determina los límites de la soberanía judía.

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Ladridos limeños

Fuente: Atilio Borón | Atilioboron.com.ar Fecha: 11 de ENE 2019 En una batalla sin cuartel para ocupar el lugar del lamebotas mayor del imperio un grupo de gobiernos latinoamericanos ha resuelto desconocer la legitimidad del proceso electoral que consagró la re-elección de Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela y fijar sanciones contra sus ministros y altos funcionarios. Los autoproclamados integrantes del Grupo de Lima, cuyo nombre más apropiado debido a la fuerte presencia del narco en casi todos esos gobiernos sería el “Cartel de Lima”, compiten para lograr la anhelada presea otorgada por la Casa Blanca. Un supuesto que une a estos obsecuentes es que cuanto más servil sea un gobierno ante Washington tanto mayor será la recompensa (económica, financiera, diplomática, etcétera) que recibirá a cambio. Craso error: como todo imperio, el norteamericano respeta el dictum clásico según el cual “Roma no paga a traidores”.  De éstos está repleta la historia latinoamericana pese a lo cual  nuestros pueblos siguen sumidos en la pobreza, la desigualdad y la ignorancia. Los traidores que se pusieron al servicio del emperador no lograron otra cosa que enriquecerse. Sus pueblos, nada. Algunos de los escribas del Cartel dicen que las elecciones en Venezuela fueron fraudulentas. Desoyen a sabiendas la sentencia de James Carter cuando aseguró que: “de las 92 elecciones que hemos monitoreado, yo diría que el proceso electoral en Venezuela es el mejor del mundo», superior, por supuesto, al de EEUU.[1] Mienten cuando hablan de la escasa representatividad del nuevo gobierno debido a la elevada abstención registrada en esa elección: 54 %, en medio de una infernal guerra económica, sabotaje a los transportes y todo tipo de inconvenientes para concurrir a votar. Sin embargo, la abstención del 53.4 % que hubo en Chile meses antes y que consagró la re-elección de Sebastián Piñera no generó inquietud alguna ni en la Casa Blanca ni entre sus sumisos lacayos. Se pliegan con entusiasmo a tan infame campaña el actual gobierno brasileño, remate final del “golpe blando” que destituyó a Dilma Rousseff  y surgido de un fraudulento proceso en donde el candidato que encabezaba las encuestas fue encarcelado e impedido de postularse en las elecciones. La estafa mereció las felicitaciones de eminentes demócratas como Donald Trump y Benjamin Netanyahu. También participa del Cartel el corrupto e inepto gobierno de Mauricio Macri, cuyo incumplimiento de todas y cada una de sus promesas de campaña ya figura en los libros de ciencia política como uno de los fraudes post-electorales más escandalosos de la historia. O el presidente Juan O. Hernández, de Honduras, surgido de un comicio tan corrupto y viciado que fue objetado por la mismísima OEA y que el Departamento de Estado demoró casi un mes en reconocer. Pese a ello Hernández no se arredra y se erige como un campeón de la democracia latinoamericana. Como Iván Duque, peón de brega de Álvaro Uribe, asesino serial de líderes políticos y sociales en Colombia, lúgubre coleccionista de fosas comunes y siniestro creador de los “falsos positivos” que exterminaron a miles de jóvenes campesinos inocentes en todo el país para demostrar la supuesta eficacia de su criminal política de “seguridad democrática.” En suma, estos malos gobernantes han montado un espectáculo que sería cómico si no fuera por la tragedia que ocasionan día a día a nuestra gente. Con sus errores y sufriendo toda clase de arteros ataques, desde dentro y fuera del país, la Revolución Bolivariana acabó con el analfabetismo, entregó a su pueblo más de dos millones y medio de viviendas y se emancipó del yugo colonial al que están deshonrosamente sometidos sus críticos, que nada hicieron por sus pueblos salvo mentirles y oprimirlos. Impertérrita, la patria de Bolívar y Chávez sigue su curso. “Ladran Sancho, señal que cabalgamos” dicen que dijo el Quijote. Más allá del debate actual sobre si lo dijo o no, flota en la obra del gran Miguel de Cervantes Saavedra  la idea de que “cambiar el mundo, amigo Sancho … no es locura ni utopía, sino justicia.”  Dejemos que los paniaguados del imperio ladren y que  la Revolución Bolivariana continúe avanzando con más bríos que nunca, corrigiendo errores y profundizando los aciertos.   [1] https://actualidad.rt.com/actualidad/view/54145-jimmy-carter-sistema-electoral-venezolano-mejor-mundo    

Comunicados y Declaraciones

“Reglamento para uso policial de armas de fuego”

El siguiente documento fue preparado por la Comisión de Asuntos Jurídicos del LLAMAMIENTO Argentino Judío   El “Reglamento para uso policial de armas de fuego” Emitido por la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich   RESOLUCION 956/2018 – MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN SU ILEGALIDAD INCONSTITUCIONALIDAD Y ANTI-CONVENCIONALIDAD   I – LA RESOLUCION 956/2018 En primer lugar, tengamos presente que la Resolución bajo análisis es un Acto Administrativo, y como tal, para gozar de legalidad y ejecutabilidad debe satisfacer lo que la Ley requiere de manera excluyente a todo Acto Administrativo, cf. Art. 7 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Entre esos requerimientos, debe fundarse en antecedentes que le sirvan de causa; el objeto del acto administrativo debe ser jurídicamente posible; y debe tener un motivo jurídicamente válido. Ninguno de estos tres extremos es alcanzado por esta Resolución. Surge con claridad que el análisis de legalidad de un acto administrativo debe necesariamente incluir los “Vistos” y “Considerandos”, ya que allí deben ser expuestos los extremos señalados, causa, motivo, objeto. El “Visto” de la Resolución contiene una sola frase. La trascribo “VISTO el Expediente EX-2018-22916408- -APN-DNELYN#MSG del registro del MINISTERIO DE SEGURIDAD, las Leyes Nros. 22.520 (texto ordenado por Decreto Nº 438 del 12 de marzo de 1992 y sus modificaciones) y 24.059, y las recomendaciones del Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley adoptado por la ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS mediante Resolución N° 34/169 del 17 de diciembre de 1979, y… Del “Visto” surge que los antecedentes en los cuales se funda la Resolución son las leyes señaladas y la Resolución 34/169 de la Asamblea General de la ONU. Anticipo, La Resolución 34/169 recomienda algo totalmente opuesto a lo que dice el decreto. La Ley 22520, Ley de Seguridad Interior sancionada el 18/12/1991, no constituye fundamento idóneo para la reglamentación de uso de armas de fuego que intenta la Resolución. Al contrario, establece como límite a la actividad de las fuerzas de seguridad, lo establecido por la Constitución, lo cual, como veremos, la Resolución no respeta. El primero de los “Considerandos” proclama que “la seguridad es un derecho transversal a todos los derechos reconocidos explícita e implícitamente por la CONSTITUCIÓN NACIONAL y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos (art. 75 inc. 22)” Esto es abiertamente mendaz y escandaloso. Nada dice el Art. 75 inc. 22 de “transversalidad” del derecho a la seguridad. No existe tal “transversalidad”. La jurisprudencia, nacional e internacional, pacíficamente, reconoce una diversa jerarquía entre derechos, y cuando se presenta conflicto entre derechos de igual jerarquía los resuelve mediante la doctrina de la proporcionalidad, la relación que existe entre la medida que se toma y el fin que se busca. La “medida que se toma” es, en este caso, la decisión que asigna prevalencia a un determinado derecho sobre otro. Siempre, en el especial y particular caso de conflicto entre derechos de igual jerarquía, algo que jamás puede ni debe resolver un funcionario policial actuando en un procedimiento. Pero aún hay más. Entre los considerandos, se invoca el “INFORME SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA Y DERECHOS HUMANOS” de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ese informe dice exactamente lo contrario de lo que proclama el primero de los considerandos (transversalidad del derecho a la seguridad). Dice el Informe “la Comisión destaca que en el orden jurídico internacional de los Derechos Humanos no se encuentra consagrado expresamente el derecho a la seguridad frente al delito o a la violencia interpersonal o social. Sin embargo, puede entenderse que ese derecho surge de la obligación del Estado de garantizar la seguridad de la persona, en los términos del artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”; del artículo 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”; del artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene el derecho a la libertad y a la seguridad personales”; y del artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales”. No obstante, la Comisión considera que la base de las obligaciones exigibles al Estado se encuentra en un plexo normativo que exige la garantía de derechos particularmente afectados por conductas violentas o delictivas, cuya prevención y control es el objetivo de las políticas sobre seguridad ciudadana. Concretamente, este cúmulo de derechos está integrado por el derecho a la vida; el derecho a la integridad física; el derecho a la libertad; el derecho a las garantías procesales y el derecho al uso pacífico de los bienes, sin perjuicio de otros derechos que serán objeto de análisis específico en el cuerpo de este informe.” Nada hay de esa pretendida “transversalidad”. El derecho a la seguridad surge de un plexo normativo que incluye también el debido proceso. Va de suyo que mal puede cumplirse el debido proceso cuando se autoriza, por ejemplo, a disparar por la espalda a una persona que huye. No hay lugar para la interpretación que hace la Resolución. La existencia de un plexo normativo del que surge el derecho que se quiere preservar, obliga a la interpretación armónica, que es la que tiene en cuenta el conjunto de factores que intervienen en la configuración del derecho en cuestión. La interpretación de la Resolución es lisa y llanamente, mendaz y escandalosa. Entre los “Considerandos”, la Resolución proclama que son necesarias “acciones que tiendan a sostener la protección de la vida y la integridad física de la ciudadanía en su conjunto y de los miembros de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales”. También dice que en su accionar los funcionarios de las fuerzas de seguridad “respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y respetarán los derechos humanos protegidos por el derecho nacional e internacional”. Ese texto está

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En la vereda de enfrente de la DAIA y la AMIA

Fuente: Raúl Kolmann | Página 12 Fecha: 10 de ENE 2019 El ex titular de la Anti-Defamation League (ADL) de Estados Unidos, Abraham Foxman, le hizo llegar su pésame y su respeto a la familia de Héctor Timerman. El mensaje fue significativo no sólo porque Foxman fue uno de los máximos referentes de la comunidad judía mundial y norteamericana, sino porque ninguno de los dirigentes de la comunidad judía argentina envió un elemental mensaje de condolencias a los Timerman. Y no se trata únicamente de formalidades: los dirigentes de AMIA y DAIA fueron protagonistas de la ofensiva que llevó a la prisión domiciliaria a Timerman y a la acusación –luego desestimada en Cámara– por traición a la patria. Foxman fue un hombre decisivo en el momento que la dictadura militar secuestró y torturó a Jacobo Timerman, padre de Héctor, uno de los referentes indiscutidos del periodismo argentino, fundador del emblemático diario La Opinión. En aquel momento, también los dirigentes de la comunidad judía miraron para otro lado y hasta hubo quien viajó a Estados Unidos para convencer a la comunidad judía de que no debía defender a Timerman. Fue la campaña impulsada por Foxman, titular de la ADL durante 29 años, la que permitió que Héctor saliera de la Argentina salvando su vida y luego se acrecentó la presión para que Jacobo también dejara “la celda sin número” como después describió en el libro histórico sobre su detención ilegal. En 1981, Jacobo recibió el prestigioso premio Moors Cabot de la Universidad de Columbia. Se desató un feroz lobby para que no se lo den y, pese a que fue invitado, el embajador de la dictadura argentina en Estados Unidos no sólo rechazó el convite sino envió un mensaje denostando lo que fue y sigue siendo uno de los premios más importantes del periodismo a nivel mundial. También los dirigentes de la comunidad judía operaron en contra de aquel premio y, por supuesto, ninguno estuvo presente. Cuando murió Jacobo Timerman, el 11 de noviembre de 1999, tampoco llegó hasta el cementerio algún dirigente de la AMIA o DAIA. Curiosamente, el único presente fue Foxman, que de casualidad estaba en la Argentina y se acercó a la despedida del periodista. El círculo se cerró en estos días cuando Foxman envió, a través de Javier Timerman, hermano de Héctor, un sentido mensaje a la familia del fallecido canciller. Una vez más, deja en evidencia a la dirigencia judía argentina que guardó silencio. En los últimos días hubo quien quiso presentar a las conducciones de la AMIA y la DAIA como simplemente con opiniones divergentes respecto de Timerman. La realidad fue muy otra: los dirigentes fueron motores de las acusaciones que llevaron al fallecido canciller a estar en prisión domiciliaria, que hubiera sido prisión en una cárcel de no ser por su enfermedad. A esto se agregó la pérdida de tres meses de su tratamiento por la prohibición de viajar a Estados Unidos y el indescriptible maltrato que enumeró su abogada, Graciana Peñafort, en este diario. Las conducciones de AMIA y DAIA no protagonizaron discrepancias, sino que tuvieron un rol más que activo contra Timerman: La dirigencia comunitaria recibió a Timerman en la sede de Pasteur 633 ni bien se firmó el Memorándum de Entendimiento con Irán. El 29 de enero de 2013, los presidentes de la AMIA, Guillermo Borger, de la DAIA, Julio Schlosser, brindaron una conferencia de prensa donde respaldaron el Memorándum. Dijeron que “nos alegramos a que todo esté encaminado para que se cumpla con el Memorándum”. Dos días después cambiaron su posición de forma tajante, en esencia por la presión de las derechas de Estados Unidos e Israel, en tiempos en que Barak Obama negociaba un acuerdo con Teherán. Pero ni siquiera ese giro tenía máxima gravedad. Se podía estar en contra del Memorándum, considerarlo inconstitucional, pero otra cosa muy distinta era señalarlo como un delito, incluyendo la acusación aberrante de traición a la patria. Dos hombres vinculados al PRO –Santiago Dupuy de Lome y José Mangiocalda– se presentaron ante el juez Claudio Bonadio y formularon esa imputación. Uno de ellos quiso acusar de traición a la patria a todos los diputados y senadores que votaron a favor del Memorándum. Lo grave es que la dirigencia comunitaria apoyó esa acusación de dos maneras. Por un lado, se constituyeron en querellantes dos familiares de víctimas del atentado contra la AMIA, ambos muy ligados a los dirigentes. Pero las huellas digitales quedaron impresas en la acusación cuando la DAIA presentó un documento en el expediente respaldando a los acusadores. O sea, no sólo no se pronunciaron públicamente en contra de que se acusara por traición a la patria al primer canciller judío argentino de la historia, sino que le dieron apoyo a semejante aberración. Impulsaron lo que derivó en la prisión de Timerman y todas las demás consecuencias. Una movida también grotesca fue protagonizada por la dirigencia cuando el ex presidente de la AMIA, Guillermo Borger, mantuvo una conversación telefónica privada con Timerman y, curiosamente, alguien la grabó. Borger dijo que él no fue, pese a que en el audio queda claro que se grabó desde el lado en el que estaba Borger. El entonces canciller no dijo nada que no hubiera dicho en público: que Irán era responsable del atentado y que había que negociar con Irán para conseguir que los sospechosos declararan en la causa. “¿Con quién voy a negociar? ¿Con Suiza?”, le dijo Timerman a Borger. Esa llamada grabada en forma clandestina fue usada por la dirigencia comunitaria para avanzar contra Timerman en la causa del Memorándum. Por primera vez desde el regreso de la democracia, el aparato judicial de Comodoro Py convalidó el uso como prueba de una llamada grabada en forma clandestina. La dirigencia comunitaria no dijo una palabra, sino que protagonizó y convalidó la jugada. La nueva conducción de la DAIA ha dicho, por ahora en voz baja, que no será querellante en causas contra políticos. Parece una revisión de los actuado, pero habrá que

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Dígame que se siente señor juez

Fuente: Arnaud Iribarne | La Barraca Fecha: 10 de ENE 2019 Doy por sentado que Ud. se enteró del fallecimiento de Héctor Timerman. El ex canciller necesitaba viajar para continuar un tratamiento en EEUU dado que padecía un cáncer de hígado. No pudo hacerlo porque Ud. le dictó procesamiento y prisión domiciliaria por una causa inventada, por fuera del Código Penal. No hace falta recordarle que la famosa denuncia del fiscal Alberto Nisman presentada durante feria judicial fue desestimada por la Dra. Servini de Cubría quien determinó que no justificaba levantar la feria para tratar ese caso. Luego también por Lijo. El Dr. Daniel Rafecas, juez interviniente, llegó a la conclusión de que no existió delito ya que el famoso Memorándum de Entendimiento con Irán nunca entró en vigencia porque fue ratificado por el Congreso y no ratificado por su par iraní. (presuntos beneficiarios). Apelado a la Cámara Federal ésta ratificó el fallo del Dr. Rafecas. Pero Ud. inventó que había existido “traición a la patria” consiguiendo con ello la reapertura de la causa. Logró gran notoriedad en los diarios Clarín, La Nación, y los canales de TV que transmitían en cadena sus decisiones. Los estudiantes de Derecho saben que solo hay “Traición a la Patria” en caso de que nuestro país esté en guerra y se favorezca al enemigo en el conflicto armado. Pero Ud. es imaginativo e inventó la ANALOGÍA como interpretación de la ley penal. Como sus amigos de la CIA le dicen que la única pista que hay que investigar es la de Irán (descartando la de Siria y cualquier otra) quiere decir que IRÁN nos puso una bomba y que eso “es como si fuera una guerra”. No tomó en cuenta que nunca Argentina rompió relaciones diplomáticas con IRÁN en todos estos años y que la analogía no es una interpretación de la ley penal en ningún caso. Esas minucias dejémosla para los estudiantes de Derecho ya que los reflectores de la TV lo iluminan y ningún periodista amigo hará preguntas que lo puedan incomodar. La cuestión es que Timerman tenía el turno en la clínica en EEUU. el pasaje sacado, la visa de ingreso y el pasaporte al día, pero Ud. le impidió viajar. La Cámara revocó el cargo de “traición a la patria” pero dejó la prisión preventiva vigente y EEUU le revocó la visa. Ud. se mantuvo inmutable sabiendo que Timerman se moría. Sergio Torres lo reemplazó durante la feria judicial y fue él quien levantó la prisión preventiva. Cuando finalmente Timerman pudo viajar, en la clínica de EEUU le dijeron que era tarde para hacer el tratamiento que le habían recomendado y solo podían ofrecerle calmantes y paliativos para el dolor. Conclusión falleció el 30 de Diciembre, acababa de cumplir 65 años. La pregunta que yo le hago es ¿qué se siente Sr. Juez conociendo el desenlace?. Seguramente Ud. me preguntará si acaso yo puedo darle la certeza que ese tratamiento hecho a tiempo hubiera sido eficaz. Nadie lo sabe ni lo sabrá nunca. Pero la pregunta que yo le hago es otra. Cuando Ud. se despierta en la alta noche y no lo enfocan las cámaras de TN y se queda quieto en la cama para ver si puede continuar el sueño ¿Qué le pasa por la cabeza? Ud. me dirá que “a la hora del lobo” como la llamaba Ingmar Bergman cuando el cielo es más oscuro, frecuentemente rememora esa noche que mató a dos jóvenes por la espalda. Recuerda la pistola Glock (que le recomendaron sus amigos de la CIA) tronando dentro del auto,aturdiéndolo. Lo ahoga el olor a pólvora … hasta que los ve caer como muñecos. Esa noche no la va a olvidar nunca. Ud. de derecho no sabrá mucho pero de la cloaca de Tribunales si sabe. Sabe bien con quién hay que hablar. Muy rápido el fallo fue “defensa propia” y ya está. Cosa juzgada. Archivo definitivo. Pero en su memoria no se borra esa noche. ¿Nunca pensó que habría sido de la vida de esos dos jóvenes si no se topaban con Ud.? ¿Tendrían novia?, Madre? Y ahora, nunca piensa que, tal vez Timerman se hubiera curado? Tendrá familia? Tendrá nietos? Todos moriremos algún día cuando nos llegue la hora. Yo a Ud. le deseo que, dentro de muchos años, se encuentre con dos médicos que le ponen cara muy seria y le dicen: “Mi amigo, la ciencia no tiene nada para ofrecerle”. Y el Dr. Bonadío con voz temblorosa preguntará ¿Pero no van a intentar nada? Y los médicos le respondan “lo siento, nada podemos hacer” Y Ud. tendrá que preparar la valija de regreso sabiendo que está desahuciado. Triste equipaje. Allí se acordará de Héctor Timerman y dirá “a ese tipo yo le saqué las últimas balas del cargador cuando más lo precisaba. La última chance. A lo mejor se moría igual. Pero quien me lo garantiza? “ Ese día estará solo con calmantes. No vendrán ni Clarín ni TN ni Morales Solá ni los que le palmeaban la espalda y le decían “doctorazo, Ud. sí que se la juega. Ud. es el Sergio Moro de Argentina”. Ese día ni se acordarán de Ud. Porque un juez moribundo no es noticia, ni sirve para ganar elecciones.  

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El pogrom como deporte de las clases pudientes

Fuente: Juan Forn | Página 12 Fecha: 06 ENE 2019 Miren esos cuatro ataúdes abandonados sin enterrar en las puertas del cementerio de la Chacarita. Miren los balazos que llueven desde lo alto de las paredes del cementerio y la desbandada de la multitud que venía marchando desde la Boca a enterrar a esos cuatro obreros muertos por la policía y los rompehuelgas dos días antes. Miren la iglesia quemada por algunos de los que huyen, miren a otros asaltar una armería para tener con qué defenderse en el accidentado retorno a sus casas, miren la orden que dan a los niños: “Rompan a pedradas todos los faroles de la calle, que van a venir por nosotros”. Enero de 1919 en Buenos Aires, acaba de empezar la Semana Trágica. Conserven en su memoria ese “van a venir por nosotros” y sigamos. La Semana Trágica fue una toma pacífica de los talleres Vasena que desembocó en cuatro muertos, una huelga general convocada para llorar a esos muertos, que al poder le pareció que era la mecha de la revolución social y actuó en consecuencia: a sangre y fuego. Aquello que supuestamente más temían de aquella supuesta revolución. ¿Quién pensaba que se venía la maroma? Procedamos por descarte. Es el día siguiente al que policía y rompehuelgas entraron a bala en los talleres Vasena: en el Congreso, hasta el diputado Pinedo reconoce que algo hay que ceder a los reclamos obreros (por supuesto, su argumento es: que algo cambie para que nada cambie). En Casa de Gobierno, Yrigoyen convoca a los dueños de los talleres tomados (los Vasena, que van acompañados del embajador inglés) y logra que acepten a regañadientes las “desmedidas” exigencias de sus empleados (reducción de la jornada laboral de once a ocho horas y un franco semanal). En las calles hay veinte mil efectivos del ejército, además de las fuerzas de policía y bomberos. Tantos soldaditos ha traído el gobierno a la ciudad, que los notables de vacaciones en sus mansiones de Mar del Plata se aterran cuando la guarnición naval del puerto es convocada a Buenos Aires: “¿Y a nosotros quién va a defendernos si la revolución llega hasta acá?”. Pero es más importante lo que sucede a continuación, el rumor que corre como pólvora por los barrios residenciales de Buenos Aires: no se puede confiar en el ejército, no se puede confiar en la policía, sus efectivos pertenecen a la misma clase social que aquellos a quienes deben atacar. Ups, dije atacar. Supuestamente había que defender nomás. Pero no se puede confiar la defensa en alguien que está más cerca del otro que de uno. A esta altura ya es 11 de enero, y el ministro del interior (comisario general, para la época) Luis Dellepiane, hombre de confianza de Yrigoyen, asegura que la ciudad está pacificada. El Congreso también, a su lábil manera. La Federación Obrera ha aceptado levantar la huelga. Pero en el Centro Naval, en una reunión convocada de urgencia, presidida por el contraalmirante Domecq García, a la que asisten representantes del obispado, del Jockey Club, del Círculo de Armas, el Club del Progreso, las Damas Patricias, el Yacht Club y el Círculo Militar, se decide conformar la autodenominada Guardia Cívica, que entrega armas a voluntarios “confiables”, señoritos bien que habrán de garantizar que los sectores acomodados de la ciudad estén defendidos día y noche de los vándalos. Repito: la ciudad estaba pacificada, pero en el Centro Naval daban armas a civiles para defender a los suyos. Uno de ellos grita: “¡Y si los agitadores no vienen por nosotros, vayamos por ellos!”. “¡Sí!”, contestan otros. Y lo que empezó como una supuesta defensa muta en ataque. También la búsqueda de agitadores muta lombrosianamente en cuestión de minutos. Primero se trata de salir a buscar a cualquier inmigrante: catalán, italiano, eslavo, son todos bolcheviques. Pero enseguida se simplifica la cuestión: se sale a cazar judíos, lisa y llanamente. El pogrom como deporte de las clases pudientes. Coto de caza: de Once a Villa Crespo, zona liberada. En los cuatro días siguientes habrá más de setecientos muertos en las calles (algunos dicen mil trescientos). El nacionalista Juan Carulla, insospechable del menor filosemitismo, escribe en sus memorias: “Oí decir que los liguistas estaban incendiando el barrio judío y dirigí mis pasos hacia esas calles. Al llegar por Viamonte, vi en medio de la calle piras ardientes de libros y sillas y mesas. El ruido de muebles y cajones arrojados a la calle se mezclaba con los aullidos de viejos barbudos y mujeres desgreñadas, arrastrados de los pelos por mozalbetes”. El irrepetible Soiza Reilly, maestro de la crónica callejera, agrega: “Se los obligaba a golpes a cantar el Himno Nacional, y a quienes no lo sabían se les orinaba en la boca”. Poco después escribirá que nunca se practicaron tantos abortos en el Once y Villa Crespo como en los tres meses siguientes a la Semana Trágica, por las innumerables víctimas que hubo de violación. El embajador de Francia, en un despacho privado a su gobierno, comenta que un civil se ha ufanado delante de él de haber matado en un solo día cuarenta judíos. El embajador norteamericano contacta al comisario Romariz para chequear si es cierta la cifra de 1300 muertes; el comisario contesta que es una exageración pero que igual es imposible de precisar, porque los muertos eran incinerados a medida que llegaban a los lugares de concentración, sin controlar su número. Nadie sabe hasta el día de hoy cuántas víctimas hubo realmente en la Semana Trágica. El 15 de enero el Poder Ejecutivo dio orden de empezar a liberar los innumerables detenidos que abarrotaban las comisarías: a más de la mitad se les aplicó la Ley de Residencia y fueron expulsados del país. Ese mismo día tienen lugar dos reuniones en Buenos Aires. En una de ellas, a instancias del Episcopado y bajo el lema “Por la paz social”, se convoca a una gran colecta nacional para “un plan de obras, ateneos, servicios sociales e

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