agosto 2018

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Los 35 puntos de Felipe Solá

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Fuente: Ricardo Aronskind | La Tecl@ Eñe Fecha: 10 de AGO 2018 Hace unos pocos días el diputado nacional Felipe Solá, miembro aún del Frente Renovador, formación política que apoyó buena parte de las decisiones claves de este gobierno, se presentó en la Casa Rosada y entregó un documento con un breve análisis y 35 puntos de propuestas concretas para enfrentar la actual crisis financiera, externa, productiva y social. Sin duda se trató de una acción política para realizar una aparición pública llamativa, positiva desde el punto de vista propositivo –está en espejo con el verso macrista que el gobierno está dispuesto a escuchar propuestas- e instalarse como uno de los candidatos diferenciados del macrismo, y al mismo tiempo no embanderados en la pura crítica al actual gobierno. En la confección de la propuesta presentada por Felipe Solá colaboraron diversos especialistas, académicos e intelectuales del campo nacional y popular, que lograron abarcar un conjunto de puntos importantes para la coyuntura. Se trata, por supuesto, de una propuesta que no está destinada a ser aplicada. No hay ninguna posibilidad de que un gobierno de las características retrógradas y con compromisos estrechos con los principales factores de poder como el actual adopte este conjunto de medidas, aunque quizás se vea obligado, para controlar el caos que generó, a establecer algunas regulaciones y medidas de emergencia parecidas a las del documento. Las ideas generales: Sin pretender reseñar el documento, hay ciertos puntos que merecen atención. Se destacan tres rechazos muy significativos por su carácter estratégico: No al acuerdo con el FMI; No al acuerdo de libre comercio con la Unión Europea y No a la venta de las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Se trata de definiciones muy fuertes, que contradicen los planes estratégicos de la elite económica local. El objetivo de fondo de estos acuerdos con factores de poder externos (FMI, UE) es condicionar en forma permanente las políticas económicas argentinas más allá de quien gobierne en el futuro. La liquidación de FGS apunta tanto a vaciar el ANSES para preparar un nuevo negocio con las jubilaciones, como devolver a las grandes corporaciones las participaciones accionarias que aún posee el Estado en las mismas. Ya dentro de los aspectos afirmativos, aparecen propuestas redistributivas por la vía fiscal que implican aumentar y ampliar los impuestos a los sectores de altos ingresos (minería, IVA mayor a consumos suntuarios, patrimonio neto, ingresos, bienes personales), y disminuir la carga impositiva a los asalariados (incluyendo la famosa eliminación del impuesto a las Ganancias cuarta categoría). Es decir, un rebalanceo impositivo progresista, destinado a promover el consumo popular e indirectamente a ampliar el debilitado mercado interno. Estas propuestas contradicen toda la filosofía neoliberal de concentrar el ingreso para que los de arriba “inviertan” y así se genere crecimiento y empleo para los de abajo. Nada de eso se ha verificado en los dos años y medio de macrismo. Las mayores ganancias empresarias alimentaron una mayor fuga de divisas hacia el exterior. Complementando el impulso redistributivo, se promueven paritarias sin techo, alza del salario mínimo, paritaria nacional docente, y estrategias públicas para sostenimiento del empleo y el relanzamiento de “precios cuidados”. Además un incremento y mayor eficiencia en el gasto en salud. Estas medidas son absolutamente razonables y necesarias, porque se ha demostrado en este tiempo que aunque el salario caiga y el consumo popular se deprima, la inflación continúa por otras razones que tienen que ver con el poder de mercado de actores que concentran muy fuertemente la oferta. En materia de sector externo, se propone “cuidar los dólares” con mucha mayor intervención pública tanto en la administración del comercio exterior, como en el manejo del dólar por parte del BCRA; las divisas producto de las exportaciones tienen un plazo para ser ingresadas al país, además de proponer medidas para alejar a los capitales especulativos de muy corto plazo y un impuesto a los viajes al exterior. Se trata de medidas de mínimo sentido común, luego del despilfarro y el descontrol provocado ex profeso por el gobierno macrista. La actual crisis cambiaria, que no ha terminado, es el efecto directo de todo lo que el macrismo promovió desde el primer día de gobierno. Y aún hoy el gobierno persiste en no adoptar las regulaciones necesarias para enfrentar con más posibilidades el volátil escenario auto-generado. Para estimular la actividad económica, además de mejorar los ingresos de los asalariados, se propone destinar más fondos para obras públicas con fines sociales, habilitar más fondos para créditos y con tasas preferenciales a las pymes, y aplicar desde el Estado el “compre argentino”. Nuevamente se orientan recursos para promover y estimular el mercado interno, satisfaciendo al mismo tiempo necesidades sociales como la vivienda, la producción y el empleo. No perder actividades industriales es hoy muy importante, porque las restricciones a las importaciones producto del endeudamiento, harán muy necesaria la provisión local de determinados bienes. Como medidas en relación a los servicios públicos, se propone la desdolarización de las tarifas, lo que implica un severo conflicto con las empresas energéticas, y para las empresas que reciben subsidios, compromisos de estas empresas en materia de inversión. Ambas medidas se apartan de la práctica habitual argentina de no animarse a establecerle exigencias a las empresas privadas, en reciprocidad a los importantes apoyos que reciben desde el Estado. La desdolarización es otra medida sensata y razonable ya que el actual esquema de tarifas indexadas al dólar, a la inflación y a un precio elevadísimo del BTU, es explosivo y confiscatorio de usuarios y pequeños empresarios. Las implicancias políticas de las medidas: Una vez pasada una somera revista a los principales puntos, algunas reflexiones más generales: Se trata de medidas de emergencia, no de un plan de desarrollo. Apuntan a sostener una situación social sumamente preocupante, y de poner bajo control la grave situación fiscal, externa, productiva y social provocada por la actual gestión. Las medidas tienen un evidente sesgo popular, que apunta a socorrer a asalariados y pequeños empresarios, sostener el mercado interno y

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La marea verde ya entró en la historia de lucha por los derechos civiles

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Fuente: Sergio Wischnevsky | Nuestras Voces Fecha: 10 de AGO 2018 Ninguna conquista civil fue fácil en Argentina. “Es más pequeño el cerebro de la mujer y pesa menos (…) La mujer, por esa función que la naturaleza le ha dado, no ha venido a participar como el hombre”, fue el argumento de un senador para oponerse al voto femenino en 1947, que ya había sido rechazado varias veces por el Congreso. El presidente Roca fue excomulgado por promover la educación pública. El primer texto de la ley de matrimonio civil fue literalmente fusilado. La Iglesia siempre fue conservadora y la UCR pasó de ser progresista a retrógrada. El PJ incoroporó a las mujeres a la vida política. Por eso una votación negativa en el Senado respecto al aborto legal no será derrota. La historia de la lucha de los derechos civiles ya tiene a las activistas de género como la marca del nuevo siglo. Los treinta y ocho senadores que votaron por rechazar la Ley de interrupción voluntaria del embarazo decidieron dejar que las cosas sigan exactamente igual a como estaban, constituyeron un frente conservador y reaccionario, y ni siquiera ofrecieron respuestas concretas a una de sus consignas más repetidas: “Salvemos las dos vidas”. Pero es así. Cada avance significativo en los derechos civiles a lo largo de nuestra historia encontró personajes que alzaron la voz para oponerse. Hoy nos causan el mismo efecto que una visita al sector de los dinosaurios en un museo de ciencias naturales. Ninguna conquista fue fácil y rápida. La Iglesia en más de un siglo se opuso a la ley de educación pública, de hecho excomulgo al entonces presidente Julio Argentino Roca por promoverla en 1884, se opuso y combatió el matrimonio civil, el voto femenino, la ley de divorcio, la educación sexual integral, el matrimonio igualitario, y siempre lucho contra la legalización del aborto. El radicalismo que nació como un partido progresista luchando por el derecho al voto universal, terminó siendo el que en mayor porcentaje en ambas cámaras voto por el simple rechazo. La Iglesia hegemonizaba los matrimonios en Argentina, la primera ley de matrimonio civil que tuvimos se instauró a nivel provincial, durante el gobierno de Nicasio Oroño en Santa Fe, en septiembre de 1867. La oposición fue de altísimo voltaje, los grupos defensores de la Iglesia y opuestos a la ley se reunieron en una plaza y decidieron ser muy gráficos: pusieron contra un árbol el texto de la ley y lo fusilaron. El tono religioso de este piadoso episodio se lo dio el Obispo de Paraná que mientras tanto ofició una misa. Tuvieron que pasar veinte años, hasta que recién en 1888 se modificó el Código Civil que instituyó el matrimonio civil. Los argumentos de los opositores denunciaron que se trataba de un ataque a la familia, a la tradición y a las mismísimas bases de la cultura y la sociedad, y quienes inicialmente se casaron por civil fueron señalados por sus vecinos católicos de ser parejas de hecho —cualquier cosa menos verdaderos esposos. La Ley Saenz Peña de 1912 fue la coronación de muchas luchas y revoluciones encabezadas por la naciente Unión Cívica Radical, el resultado fue la consagración del voto “Universal, secreto y obligatorio”. Se ha señalado, con razón, que mal puede catalogarse como Universal un voto que excluye a las mujeres. Sin embargo, para ser justos, hay que decir que la expresión refiere a lo que viene a combatir. Lo que expresó Juan Bautista Alberdi, figura muy influyente en nuestro texto constitucional, fue la «doctrina de la pureza del sufragio» o voto calificado, expuesto por el jurista en su libro Elementos de derecho público provincial para la República Argentina de 1853: “El sistema electoral es la llave del Gobierno representativo. Elegir es discernir y deliberar. La ignorancia no discierne, busca un tribuno y toma un tirano. La miseria no delibera, se vende. Alejar el sufragio de manos de la ignorancia y la indigencia es asegurar la pureza y el acierto de su ejercicio”. Todos los gobiernos electos antes de la Ley Saenz Peña tuvieron una escasa participación electoral, que en el mejor de los casos llegó al dos por ciento del padrón. El término “Universal” quiere indicar que los pobres y los analfabetos también podían votar. El 23 de septiembre de 1947 fue promulgada la denominada Ley de Enrolamiento Femenino (número 13.010), durante la presidencia de Juan Domingo Perón y el impulso de Eva Duarte. Se puso en práctica en las elecciones del 11 de noviembre de 1951, en la que votaron por primera vez  3 816 654 mujeres (el 63,9 % lo hizo por el Partido Justicialista, el 30,8 % por la Unión Cívica Radical). Más adelante, en 1952, las primeras 23 diputadas y senadoras ocuparon sus bancas, representando al Partido Justicialista. Esta ley coronó una larga lucha de las sufragistas que muchas veces llegó a tratarse en el Congreso, y tantas otras fue rechazado. En una de esas oportunidades, el Diputado Sanmartino por la UCR afirmó que si las mujeres participan en política “Perderán su femeneidad”. Como señala el historiador Fernando Rocchi, el debate en el Senado, que era totalmente peronista pues los dos senadores electos por Corrientes por los autonomistas y liberales, no fueron aceptados, tuvo lugar en el año 1946. El que se opuso al voto femenino fue el senador por Santa Fe, Armando Antille, quien dijo: “Es más pequeño el cerebro de la mujer y pesa menos” (Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación, 21 de agosto de 1946, página 46), para agregar “Yo no creo en absoluto que la mujer sea igual al hombre. No lo es, antropológica, ni biológicamente. No lo es por su constitución ósea, ni por su constitución psíquica. La mujer ha nacido para realizar una función: la función maternal, nobilísima, a la que el hombre está ajeno. La mujer, por esa función que la naturaleza le ha dado, no ha venido a participar como el hombre en una vida de carácter social general. Tiene una

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El LLAMAMIENTO en Jujuy

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Días antes de la internación y posterior revocación de la detención domiciliaria de Milagro Sala, dos compañeras del LLAMAMIENTO Argentino Judío, Marta Schwartzman y Adriana Kwater, viajaron a Jujuy. Lo hicieron como parte de una delegación de más de 60 integrantes del “Comité por la Libertad de Milagro Sala” y en los penales del Alto Comedero y de la ciudad de Jujuy visitaron a los presxs políticxs Mirta Rosa Guerrero (Shakira), Gladys Díaz, Mirta Aizama, Graciela López, Javier Nieva y Alberto Cardoso. También participaron de la “Ronda semanal” en la plaza Manuel Belgrano y un día más tarde recorrieron los 9 km que distan desde Calillegua hasta Libertador Gral. San Martín como parte de la “34º Marcha del Apagón”, en recordación de la semana de julio de 1976 en la que las poblaciones quedaron sin energía eléctrica y las camionetas del Ingenio Ledesma secuestraron a 400 habitantes de la zona con un saldo de 33 personxs detenidxs-desaparecidxs. Durante la visita de lxs compañerxs del “Comité” también se realizó un mural interior colectivo en la sede de la Tupac de Palpalá al cual se le agregaron versos de Marta Schwartzman. Durante el tercer día de estadía en Jujuy lxs compañerxs participaron de un acto de desagravio a la usurpación por parte del gobernador Gerardo Morales de la Sede de la Organización Barrial Tupac Amaru en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Tras el acto visitaron el galpón recuperado para uso como biblioteca, apoyo escolar y de trabajo con niños y adolescentes. Allí las compañeras Schwartzman y Kwater hicieron efectiva la donación del  LLAMAMIENTO  que se tradujo en la compra de cuatro inodoros para las instalaciones del lugar. Finalmente lxs compañerxs de la delegación llegaron a El Carmen donde se encuentra la vivienda en la que el juzgado determinó que Milagro Sala cumpliera una cuestionada “detención domiciliaria” —en verdad se encontraba confinada—. Lamentablemente fueron pocxs lxs habilitadxs a ingresar.  

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La igualdad no es una “recompensa”

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Fuente:  David Grossman | El País Fecha: 06 de AGO 2018 La capacidad de dividir y hacer daño de la nueva ley sobre el Estado-nación del pueblo judío es tan evidente que la obstinación del primer ministro en no modificarla hace sospechar que tiene otra intención oculta: la voluntad de mantener abierta la herida de las relaciones entre el Estado y la minoría árabe que vive en él. Abierta, reavivada y amenazadora. ¿De dónde puede emanar esa voluntad? ¿Por qué tendrán ese deseo el Gobierno y el primer ministro? No podemos hacer más que conjeturas: ¿quizá porque una minoría herida es más vulnerable y manipulable, es blanco fácil del odio, el terror y la desintegración, más propicio para la política del “divide y vencerás”? Esta es la forma de dejar una llaga abierta: de golpe, con una sola ley superflua, Netanyahu y su Gobierno han sacudido los cimientos sobre los que se apoya la quinta parte de los ciudadanos de Israel. ¿Por qué? Porque pueden. Porque están seguros de que nadie puede impedírselo. Porque quieren que los ciudadanos árabes de Israel vivan con cierta sensación permanente de malestar existencial, de incertidumbre sobre su futuro. Que recuerden constantemente, a cada instante, que dependen de la buena o mala voluntad del Gobierno, que su existencia, aquí, es condicional. Están presentes, pero pueden convertirse en cualquier momento en ausentes. Esta ley, además, expresa de forma inequívoca otra cosa: que el primer ministro de Israel está empeñado no solo en no poner fin a la ocupación y la situación de apartheid en los territorios ocupados sino en todo lo contrario, en intensificarlas y extenderlas desde esos territorios al corazón del Estado de Israel. En otras palabras, esta ley representa, en la práctica, el abandono de cualquier posibilidad de que un día llegue a su fin el conflicto con los palestinos. Por otra parte, esta ley “devalúa” la presencia en Israel de la lengua árabe, una lengua que encarna un universo, una conciencia, una identidad, una cultura. Un tejido infinito que abarca los menores detalles de la vida. Un hombre, un político, tiene que ser increíblemente osado y arrogante para atreverse a atacar —aunque sea solo formalmente, como alega el legislador— la lengua de otro pueblo para humillarlo. El hebreo y el árabe son lenguas hermanas, que han estado imbricadas durante toda la Historia. Millones de judíos israelíes han mamado el árabe de su madre. El hebreo no contiene palabras suficientes para indignarse ante el ultraje cometido contra su hermana. El pueblo judío ha vivido durante milenios como una minoría en sus países de residencia. Esa experiencia conformó nuestra identidad y agudizó nuestra sensibilidad ética. Hoy, los judíos constituimos la mayoría en nuestro país. Ser la mayoría entraña una responsabilidad enorme y un formidable reto político, social y, sobre todo, humano. Exige comprender que la actitud respecto a la minoría es una de las grandes pruebas que tiene que superar una mayoría en un régimen democrático. Y en estos momentos, en esa prueba, el Gobierno de Israel ha fracasado de una forma tan estrepitosa que ha resonado en todo el mundo. En ese mismo mundo al que acusamos hasta hartarnos de discriminar a las minorías judías que habitan en él. Por eso sería una tragedia irreparable que la comunidad drusa se resigne a aceptar una “compensación”, económica o de otro tipo, por la injusticia que comete contra ella la ley del Estado-nación del pueblo judío. Al contrario, la nueva situación creada por la ola de protestas —justificadas— contra esta ley puede ser un trampolín para un proceso más general en el que los drusos sean la punta de lanza de la lucha por la igualdad de todas las minorías musulmanas y cristianas de Israel. El hecho de que, al menos por ahora, los dirigentes drusos hayan aceptado el programa de compensación propuesto por Netanyahu demuestra que años de discriminación y promesas vacías les han hecho olvidar, incluso a ellos, el significado exacto de la plena igualdad. En la conflictiva realidad israelí, no está de más recordar que la igualdad no es una “recompensa” que el ciudadano recibe de su Estado por los servicios prestados de una u otra forma. Ni siquiera por haber sacrificado su vida. Hasta los judíos ortodoxos que se niegan a servir en el ejército son ciudadanos que gozan de los mismos derechos. La igualdad es el punto de partida de la ciudadanía, no su resultado. Es el suelo sobre el que el germen de la ciudadanía puede crecer. Y es lo que otorga la libertad suprema, la libertad de ser diferente, otro, divergente, y, sin embargo, ser igual a cualquier otro ser humano. En mi opinión, las últimas leyes dictadas por el Gobierno son una consecuencia no pequeña de un modo de pensar perverso engendrado por cinco décadas de ocupación. Son resultado de un complejo de superioridad étnica, del frenesí de aventurarse en no sé qué “nosotros” nacionalista que se justifica a sí mismo y pretende expulsar del “hogar” a todos los que no sean esos “nosotros”, ya sean miembros de otros pueblos, otra religión u otro sexo. No obstante, es posible que esta ley tenga algo positivo, porque ha dejado al descubierto, tanto para la derecha como para la izquierda, sin ilusiones ni otras trampas de la conciencia, qué bajo ha caído Israel. Quizá esta ley sacuda por fin a todos los que, en la derecha y en la izquierda, tememos por Israel, por su espíritu, su humanidad y sus valores judíos, democráticos y humanos. No tengo ninguna duda de que hay mucha gente así, de izquierda, de derecha y de centro, personas honradas y realistas que saben que esta ley no es más que una medida despreciable y una traición del Estado para con sus ciudadanos. Netanyahu, como de costumbre, presenta la decisión como un enfrentamiento entre la izquierda y la derecha. Pero no es verdad; es un combate más profundo y más fatídico, un combate entre los que se han rendido y los que aún conservan la esperanza. Entre

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