2017

Internacionales, Medio Oriente, Portada

Las dos condiciones de Arabia Saudí para entregarle Jerusalén a EE.UU.

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Fuente: Nazanín Armanian | Blog.Publico.es Fecha: 11 de DIC 2017 “Tengo el honor de presentarle un proyecto para establecer relaciones entre el Reino de Arabia Saudí y el Estado de Israel basado en el acuerdo de asociación estratégica con los Estados Unidos de América”. Así empieza la presunta carta secreta enviada por el ministro de exteriores de Arabia Adel al-Jubeir al príncipe heredero Mohammed bin Salman, filtrada por el diario libanés Al-Akhbar del 14 de noviembre que también revela el viaje secreto de Mohammed a Israel en septiembre. En la carta se puede destacar lo siguiente: 1. Una hoja de ruta para establecer relaciones diplomáticas con Israel, 2. El apoyo de Riad al plan de paz de EE.UU. en el conflicto palestino-israelí, en el que: a) La Autoridad Palestina (AP) renunciaría al Jerusalén Este como su capital, en cambio y podrá llamar a Abu Dis (un suburbio de Jerusalén) “Al Quds” «Tierra Sagrado» convirtiéndolo en su capital. b) La AP tendría soberanía limitada sobre las áreas de Judea y Samaria, y además se mantendrán los asentamientos judíos en ambas áreas, y c) Los refugiados palestinos no tendrían “derecho de retorno”. Sin embargo, la carta añade que 3. “El reino no puede arriesgarse a este movimiento” sin que EE.UU. se comprometa a: a) Contener a Irán. b) Dotar a Arabia de armas nucleares. La traición de Riad ¿ Se trata de un complot contra Palestina? El mismo diario revela que Riad amenazó a Mahmud Abás o aceptaba el plan o era forzado a dimitir.  No sería la primera vez que Riad cooperaba con EE.UU. contra una nación “musulmana». Afganistán, Irak, Yemen, Siria, Libia e Irán también han sufrido las consecuencias de la “Santa Alianza” entre las fuerzas más reaccionarios y sin escrúpulos del mundo. También han sido secretos los tres viajes que realizó Jared Kushner, asesor sionista de Trump, a Arabia Saudí (el último fue el 29 de octubre) para negociar con el Príncipe Mohammed bin Salman la cuestión palestina. Se desconoce el contenido de las negociaciones de estos dos peligrosos jóvenes, que han ascendido al poder gracias al favoritismo familiar. Era imposible que EEUU decidiera reconocer a Jerusalén como la capital de Israel sin antes haberlo pactado con Arabia Saudí, Egipto y Jordania. Se aseguró de que la reacción de los principales países “musulmanes” no iba a ser más allá de la controlada quema de banderas por algunos cientos de indignados. En caso de un desafío serio (por parte de Irán, Siria y Hizbolá), Israel utilizaría su superioridad militar. Con este cierre chapuza del conflicto israelí-palestina, el triángulo Washington-Riad-Tel Aviv pretende centrarse en reducir a Irán, como la prioridad compartida; la construcción del Gran Israel puede ser uno de los premios que recibirán Netanyahu y Trump a cambio de la imposible tarea de reducir a Irán. La ofensiva israelí La destrucción de los estados árabes de Irak y Libia, el desmoronamiento del “Frente de resistencia” como el principal objetivo de la guerra contra Siria,  el fracaso de las primaveras de Egipto y Túnez, las presiones contra Irán, los fuertes vínculos de las monarquías árabes del Golfo Pérsico con el imperialismo occidental le garantizan a Israel su imparable avance en la región: no habrá otra “crisis energética” como la del 1973, provocada cuando los países árabes impusieron un embargo petrolero a EEUU por su apoyo militar a Israel. Mohammed ElBaradei, ganador del Premio Nobel de la Paz propone reducir de forma drástica los miles de millones de dinero que los árabes envían a EEUU y disminuir sus relaciones diplomáticas, militares y de inteligencia con este país. Sin embargo, la tragedia invisibilizada de los palestinos y el fracaso de su lucha, en parte es una manifestación de las limitaciones del panarabismo como ideología basada en la etnia: no es capaz de explicar los intereses de clases que unen a las burguesías árabes, israelíes y estadounidenses.  La cuestión palestina tampoco es de índole religioso. Se trata de un pueblo y su territorio colonizados por una fuerza ocupante.  Israel, que les exige a los palestinos reconocer su estado, les niega un estado y  les considera y les trata como Untermensch, en el nombre de Yahvé. Nadie debe tomar en serio al vendedor de humo “musulmán”,  el Sultán Tayyip Erdogan (que como otros dirigentes de la región suele explotar la causa Palestina para desviar la atención domestica de los problemas políticos), cuando advierte de que Jerusalén es la “línea roja” para los musulmanes: él mismo sigue vendiendo el petróleo del Kurdistán iraquí a Israel. Por su parte, Irán, que no tiene una propuesta viable al conflicto (espera que un día Israel desaparezca por voluntad de Dios), y nunca se ha llevado bien con AP, no le perdona a Mahmud Abás su buena relación con la Organización de Muyahidines del Pueblos, un grupo de extrema derecha islamista iraní que disputó el poder con Jomeini en los ochenta. La medida de Trump, aunque ampliará la esfera de influencia de Israel en la región, ha devuelto la causa olvidada palestina a la agenda internacional, desenmascarado a los hipócritas líderes de Oriente Próximo, además de dificultar a los jeques saudíes establecer relaciones oficiales con Israel. Ahora son los palestinos y las fuerzas solidarias a nivel mundial que mostrarán su capacidad para frustrar una nueva limpieza etnia palestina.

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¿Por qué volvió a ganar el chavismo?

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Fuente: Marco Teruggi | Telesur Fecha: 11 de DIC 2017 El chavismo logró su tercera victoria electoral en menos de cuatro meses. Nuevamente, de forma contundente. Primero fueron las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), el 30 de julio, luego a gobernadores, el 15 de octubre, y, finalmente, este 10 de diciembre, donde, según afirmó el presidente Nicolás Maduro en horas de la noche, se ganaron 300 de las 335 alcaldías. El mapa arroja una correlación de fuerza en las urnas con amplia mayoría para el chavismo, que, además, sumó una nueva gobernación, para un total de 19 de 23. ¿Cómo se explican estos resultados? El argumento de la oposición y sus alianzas internacionales es siempre el mismo: fraude. Es un botón automático que utilizan ante cada resultado adverso. La falta de credibilidad de esa acusación viene por parte del comprobado mecanismo electoral, y de ellos mismos, cuando una parte de la derecha, la que gana, reconoce los resultados y otra, la que pierde, no. Se sabe en la dinámica del conflicto venezolano que esto es sistemático y sin fundamento. Las respuestas deben buscarse en la forma en que cada una de las fuerzas llegó a las elecciones. La oposición lo hizo con varios elementos en su contra, y con esa capacidad única de dispararse a los pies. Lo primero fue que una parte importante, en particular los principales partidos, decidió no participar. No significa que la derecha no se haya presentado, allí están las alcaldías que ganaron como prueba de que acudieron. Fueron sin muchas de sus figuras con mayor posibilidad, con peleas públicas, acusaciones de traiciones cruzadas, varios candidatos en un mismo municipio. La imagen fue la de una fuerza en crisis, con los generales enfrentados entre sí. Ese escenario venía construyéndose desde la derrota sufrida con la elección de la ANC, que se tradujo tanto en la ruptura de la Mesa de la Unidad Democrática, como en un cuadro de desmoralización de su base social que también comenzó a acusar a sus dirigentes de traidores. Eso condujo a la derrota en las elecciones a gobernadores -el fracaso político tiene efecto dominó- y agudizó el extravío estratégico ya evidente. Los principales partidos pasaron en cuatro meses de llamar a sacar al gobierno por la violencia callejera, luego a presentarse a elecciones, y finalmente a abstenerse. El resultado del domingo era entonces predecible. Esta incapacidad opositora reafirma a su vez un elemento clave para pensar el desarrollo del conflicto venezolano, y es que luego de dieciocho años de proceso revolucionario, la derecha no ha logrado conformarse como una alternativa para la mayoría de la población. Su falta de credibilidad está en su momento de mayor evidencia. Consiguieron desacumular, en lapso de medio año, el capital político que habían conseguido reunir. Se encaminan a las presidenciales de manera desunida, desgastada, con tres intentos insurreccionales fracasados y cuatro elecciones perdidas en el tiempo del mandato de Nicolás Maduro. Lograron un solo triunfo electoral, en diciembre del 2015, que no supieron administrar. La situación en que se encuentra la oposición es producto de sus propios desaciertos -que son además en algunos casos por órdenes dictadas desde los Estados Unidos- y de la capacidad política del chavismo, que logró salir de un empate y una defensiva que parecían por momento acorralarlo. Esa recuperación de la iniciativa, que se materializa en este tercer resultado electoral en 133 días, tiene varias razones. Una de ellas es que se mantuvo la unidad. Mientras la oposición se dividió cada vez más, el chavismo conservó la figura de Nicolás Maduro como liderazgo que se consolidó, y presentó candidaturas unitarias en la mayoría de los lugares, tanto en las regionales como en las municipales. Otra razón es la coherencia discursiva. El chavismo no cayó nunca en el llamado a la confrontación callejera al que lo desafió la derecha entre abril y julio. El planteo siempre fue por la resolución electoral, y por esa vía se logró desandar la escalada violenta, y mantener el poder político. Unidad y estrategia vs pelea interna y desvaríos estratégicos. Una razón más puede buscarse en el acumulado de la revolución. Así como la derecha no logar consolidarse como alternativa para las mayorías, el chavismo tiene una de sus fuerzas en la dimensión identitaria en las clases populares. El chavismo es más que la dirigencia y las diferentes mediaciones con sus aciertos y errores, es una experiencia política, de vida, organizativa, que viene transitando una parte del pueblo venezolano, y permite enfrentarse a estas contiendas electorales con una base que no tiene la derecha. Existe una conciencia del momento histórico, de lo que se juega, se puede perder en caso de una derrota electoral. Allí pueden encontrarse algunas de las razones de esta tercera victoria electoral, en una etapa en la que muchos analistas afirmaban y reafirmaban que todo enfrentamiento en las urnas conduciría irremediablemente a una derrota chavista. Un triunfo que se da en el momento de mayores dificultades económicas del país. Una situación que no debe verse de manera aislada al cuadro político: la profundización del ataque sobre la economía busca condicionar el voto, generar escenarios que la incapacidad opositora no logra por peso propio. Existen relaciones directas entre dólar ilegal, aumento de precios, desabastecimiento, y jornadas electorales. Lo que sigue es un desafío inmenso y urgente para el chavismo: estabilizar la economía, frenar el retroceso material que arroja imágenes de un país donde las acciones de lo cotidiano se han convertido en batallas para la mayoría de la población. Eso significa tanto profundizar las alianzas internacionales, las vías para evitar la asfixia que buscan imponer el gobierno norteamericano y sus aliados, como recuperar capacidad de gobierno sobre la economía, y enfrentar los enemigos internos de la revolución. Uno de ellos es la corrupción que, como muestran las investigaciones, se había apoderado de la industria petrolera y parte del mecanismo de importaciones, es decir de los pulmones de la economía. Ganar elecciones significa la posibilidad de continuar con el proyecto histórico. Se dio

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La OMC como organización criminal

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Fuente: Atilio Borón | www.atilioboron.com.ar Fecha: 10 de DIC 2017 En esta nota nos ocuparemos de la primera, dado que en estos días se está celebrando en Buenos Aires la reunión Cumbre de esa organización. La OMC es la sucesora del Acuerdo General de Comercio y Aranceles Aduaneros pactado a la salida de la Segunda Guerra Mundial. Creada el 1ª de Enero de 1995 durante los años del apogeo del infausto Consenso de Washington (hoy repudiado por el gobierno estadounidense) tiene por misión, al igual que el acuerdo que le precedió, sentar las bases comerciales, financieras y jurídicas (el derecho de propiedad, sobre todo intelectual para preservar las marcas y las patentes de los gigantescos oligopolios que dominan la economía mundial) en el marco del neoliberalismo global;  organizar la aplicación de todo tipo de sanciones y represalias sobre los países que violan sus reglas y regulaciones; y perpetuar la actual división internacional del trabajo por la cual los países ricos lo son cada vez más mientras que los pobres se distancian cada vez más de los primeros. Por supuesto, las reglas de la OMC jamás fueron sometidas a discusión democrática alguna y es la expresión más refinada del orden mundial que desea el imperialismo y sus grandes transnacionales. Podría decirse que la OMC es el ministerio de hacienda del imperio. Se trata de una agrupación con tintes mafiosos, que se encarga de organizar el chantaje y la extorsión ejercidas por el imperialismo y sus principales aliados y empresas sobre los países más débiles. Por ejemplo, sólo algunos gobiernos tienen acceso a la sistemática recopilación de datos sobre comercio y aranceles que maneja la OMC. Las organizaciones sociales, representantes de la enorme mayoría de la población mundial no tiene acceso alguno a sus deliberaciones —¿o conspiraciones?—  e inclusive, como se ha demostrado escandalosamente en la Cumbre de Buenos Aires, tampoco se permite la participación efectiva de organizaciones interesadas en promover un orden internacional más justo. Por otra parte, es evidente que nada funciona en el seno de la OMC si no existe un acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea. El problema actual es que el gobierno de Donald Trump se ha parcialmente apartado de la OMC porque, a su juicio, la expansión del neoliberalismo global ha terminado por debilitar a la economía norteamericana, no así a sus grandes transnacionales y la Casa Blanca está retomando las nunca del todo abandonadas banderas del proteccionismo. Y la Unión Europea, lo sabemos, es “librecambista” en los rubros que le conviene y en el campo de la retórica, pero furibundamente proteccionista en los demás, sobre todo en agricultura. La estructura mafiosa de la OMC se revela, entre muchas otras cosas, en una cláusula que exige a los nuevos miembros su adhesión completa de la totalidad de los acuerdos pre-existentes, los cuales no pueden ser sometidos a revisión. Quien entra acepta todos, y si no se queda afuera y sufre las consecuencias de la marginación del comercio mundial. Pero esto no es lo más grave. Hay otras dos reglas que deben aceptar todos los miembros de esta mafia de cuello blanco, que apadrina paraísos fiscales, el control monopólico de los mercados y la preeminencia de las grandes potencias. Uno, el compromiso de garantizar la “liberalización progresiva” de los diversos sectores de la economía  y la irreversibilidad de las reformas neoliberales. El papel ideológico-político se torna absolutamente evidente a partir de este compromiso de estabilizar el holocausto social, económico y ambiental producido por las políticas neoliberales. Dos, gracias a las presiones del gobierno de George W. Bush en la época de gloria del Consenso de Washington la OMC comenzó a incluir en su jurisdicción el “comercio de servicios” y no, como antes, tan sólo el de bienes manufacturados, minerales y productos agropecuarios. Así, pasaron progresivamente a ser regulados por esta organización lo intercambios de “servicios” tales como las comunicaciones, las finanzas, el transporte, el turismo pero también la salud y la educación, adquiriendo de este modo el rango universal de mercancías y sepultando la noción de que se trataba de derechos de exigencia  imperativa no susceptibles de ser regulados por las leyes del mercado. Esto quiere decir que a menos que los pueblos salgan a defender con fuerza e inteligencia sus derechos en pocos años más absolutamente toda la vida económica y social del planeta estará regida por las leyes del mercado. Y en materia educativa, por ejemplo, será ilegal sostener a la educación pública porque sería considerada por la OMC como una práctica discriminatoria que impide la libre competencia en el mercado educativo mundial. Así como se sanciona a un país que subsidia a un producto de exportación se haría lo mismo con quien subsidie su educación o su salud, con las desastrosas consecuencias que son de esperarse. Por eso la OMC se ha ganado en buena ley esta caracterización como una organización mafiosa y criminal, que ha sembrado pobreza  y explotación económica a lo ancho y a lo largo del  planeta, como lo muestran las láminas que acompañan esta presentación. Por eso también es necesario diseñar una estrategia mundial para neutralizar el proyecto planetario de la OMC. Luchas nacionales o locales aisladas, por abnegadas y heroicas que sean, no controlarán a esta mafia criminal. Se requiere la organización de todos los pueblos del mundo en una “anti-OMC”, o una nueva internacional de los pueblos, que coordine las luchas en los diferentes países para defenderse de la catástrofe que nos amenaza si los planes de la OMC llegaran finalmente a prevalecer. Por algo hablaba Chávez de la necesidad de fundar un Quinta Internacional.

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Réquiem por el Estado judío

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Fuente: Meir Margalit | www.sinpermiso.info Fecha: 10 de DIC 2017 Hay fenómenos que son peligrosos no por sus efectos inmediatos sino por sus consecuencias a largo plazo. La declaración de Trump reconociendo a Jerusalén capital de Israel, en flagrante contradicción con el derecho internacional, es un golpe a los palestinos y a la comunidad internacional. Pero una semana después de la declaración, y luego de la relativa calma de las manifestaciones del pasado viernes, que prometían ser «infernales»  – y acabaron con «tan solo» un par de muertos y una centena de heridos, lo que en esta región ya es casi “normal”-,  podemos aventurarnos a emitir la opinión de que el efecto de la declaración es  menos dramático de lo que suponíamos al principio. Por cierto, se trata de un acto de violencia simbólica, porque en realidad la cotidianidad de los palestinos no cambia en nada, ni afecta a sus condiciones de vida, ni para bien, ni para mal. Tampoco podemos decir que esta nueva política de EE UU tire por borda el proceso de paz, pues en realidad tal proceso no existe, de modo que no se puede acabar con lo que ni siquiera ha comenzado. Pero esta declaración tiene un efecto fatal para todos aquellos que todavía nos aferrábamos a la paz y queríamos creer que no todo está perdido. La postura claramente sionista del gobierno estadounidense ha acabado con los últimos vestigios de esperanza que quedaban en algunos activistas por la paz y ha puesto en evidencia, con toda impiedad, que esa lucha la hemos perdido. Después de 50 años de lucha contra la ocupación, ha llegado la hora de reconocer que no nos quedan más municiones y que el enemigo nos ha doblegado.  La comunidad internacional es impotente y los actores sobre el terreno son demasiado débiles para invertir estos resultados. El único país en el planeta que podría imponer una solución es EEUU y Trump ha dejado claro que hará lo que los evangelistas y los judíos le pidan.  Muchos de mis amigos se percataron ya hace un año que esto ya ha acabado-  que de un personaje desequilibrado no hay nada que esperar. Pero a pesar de todo, algunos creíamos que el acercamiento estadounidense a Arabia Saudí llevaría a Trump a formular alguna propuesta que los palestinos pudiesen llegar a aceptar. Algunos indicios en el terreno, como la prohibición de construir nuevos asentamientos, o la postergación del traslado de la embajada de EEUU de Tel Aviv a Jerusalén, generaron la impresión de que el gobierno de EE UU estaba consolidando algo viable, no precisamente acorde a las expectativas palestinas, pero alguna fórmula que permitiese crear un estado independiente en gran parte de sus territorios ocupados. Pero los más realistas de nuestros compañeros no tenían dudas de que todo era una farsa y un fraude.  De algún modo debemos agradecer a Trump por haber puesto fin a esta comedia de mal gusto y abrirnos los ojos. Ya era hora de dejar de auto-engañarnos. En adelante debemos cambiar los paradigmas. Dejaremos de pensar en cómo acabar la ocupación para imaginar cómo continuar viviendo en una realidad en la que la ocupación es un hecho consumado. Mientras el movimiento pacifista se debatía en derredor a la cuestión de si es preferible la creación de dos estados o de un estado bi-nacional, la derecha israelí y estadounidense han clavado el último clavo en el ataúd del proceso de paz, que en realidad había muerto ya hace tiempo, aunque nos negásemos a reconocerlo.  Ahora ninguna de aquellas dos alternativas son reales, porque aquellos que detentan el poder no permiten ni una solución ni la otra. O tal vez, habría que decir, no han sido nunca reales, y ahora todavía menos. En adelante, Israel tendrá luz verde para acabar con la Autoridad Palestina, que al carecer de la posibilidad de crear su propio estado tampoco tiene razón de continuar existiendo. Paulatinamente, Israel irá destrozando lo poco que queda de la Autoridad Palestina, y cuando, como consecuencia del caos que se genere con “estimulo» israelí, Hamas tome el poder, Israel tendrá el pretexto ideal para volver a reconquistar los territorios palestinos y acabar con este frágil y endeble gobierno semi-autonomo. Pero este escenario tiene su precio. Y a la larga, Israel lo pagará con creces. Israel puede controlar a la población palestina, pero no a la demografía. En el curso de una generación los palestinos serán mayoría, y no hay forma de evitarlo. Cuando se transformen en mayoría, Israel no podrá continuar siendo un estado judío. El gobierno y el ejército serán israelíes, pero el tejido humano será palestino, y la cultura musulmana será la dominante.  A partir de ese momento, Israel deberá aplicar un régimen de Apartheid, y el destino de Israel será similar al de Sudáfrica.  Hay muchas formas de acabar con un imperio.  El imperio israelí sucumbirá ante la demografía palestina.  Llevará más tiempo, pero es inevitable.  Para los pacifistas israelíes será triste, pero también un alivio. Un país racista no tiene derecho a existir, y este no es el país que anhelamos para nuestros hijos.

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Una reforma constitucional totalizadora

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Fuente: Juan Manuel Bassus | Hamartia Fecha: 09 de DIC 2017 Hay quien cree que el paso de los años tiende a volver a la gente más conservadora y basta una mirada al currículum de muchos de los que peinan canas para comprobarlo. Pero también hay excepciones que rompen los estándares: el caso de Eduardo Salvador Barcesat es uno de ellos. Su historia de vida revela una línea de conducta que se mantuvo incólume con el pasar de los años. Como joven profesor de derecho, renunció a su cátedra ante el arribo de cada una de las dictaduras. Fue miembro fundador y primer Secretario General de la Asociación Americana de Juristas,  co-Presidente de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, integrante del Secretariado Internacional de la Asociación Internacional de Juristas Demócratas, experto UNESCO en Derechos Humanos y Convencional Nacional Constituyente en 1994. Hoy, a sus 77 años, aboga por una nueva reforma constitucional que rompa con el viejo texto que, a su entender, está hecho a medida de un país agroexportador y para pocos; y llama a ponerle límites desde el estado a la “mano invisible del mercado” porque siempre termina “posándose en el trasero del pueblo”. Usted participó de la reforma constitucional de 1994, ¿cómo fue esa experiencia? Efectivamente, participé integrando lo que por entonces era el Frente Grande. Cuestionamos judicialmente la reforma, fundamentalmente por dos aspectos. Uno, el de votar en paquete 13 iniciativas, denominado técnicamente núcleo de coincidencias básicas, que no era más que el Pacto de Olivos. Éste era producto de la desconfianza recíproca que se tenían los dos caudillos políticos de aquel entonces, Carlos Saúl Menem y Raúl Alfonsín. Me parecía una brutalidad, porque uno no puede apoyar ciertas iniciativas con las que está de acuerdo al precio de votar aquellas con las que desacuerda. Ellos temían que, de hacerlo de otra manera, no se respetase el acuerdo y el equilibrio —o el negocio, como le decían— se rompiese. Es más, llegamos a proponer en la convención constituyente que preservaran ellos el pacto y que los restantes convencionales que no éramos firmantes pudiésemos votar una por una las iniciativas. No se aceptó y eso motivó que nos levantásemos junto con varios partidos provinciales para abstenernos. De ahí que el núcleo de coincidencias básicas es la cláusula que logró menor número de votos. El otro tema de la impugnación, mucho más profundo, es sobre la lectura que se hizo del artículo 30 de la Constitución Nacional, que es el que regula el mecanismo de la reforma. Yo invito al lector a que lo examine y verá que dice que la competencia del Congreso es la de declarar la necesidad de la reforma, pero ésta será efectuada por una convención o asamblea constituyente convocada al efecto. Es decir que el Congreso no tiene más atribución que declarar la necesidad; es la asamblea constituyente la que decide si la reforma va a ser total o parcial y con qué contenidos. Esto responde al pensamiento de Alberdi, que entendía que la reforma constitucional debía ser una tarea por fuera de la coyuntura. Es decir, quienes están en los poderes constituidos tenían que dedicarse a sus propias funciones, mientras que el poder constituyente tenía que tener una amplitud y una visión diversa, tenía que regular para el futuro, para dar un cauce de crecimiento a la Nación. Esto ha sido tergiversado a lo largo de nuestra historia, ya que siempre el congreso se ha metido a definir los alcances y naturalezas de las reformas. El Pacto de Olivos fue, tal y como lo definieron sus actores, un negocio. Menem se llevó la reelección y los radicales, once senadores sin pasar por ninguna elección. Pero en el Congreso se habilitaron temas y esto dio lugar a lo mejor de la reforma constitucional del año 1994. Lo más fenomenal que tuvo la reforma es que se incorporaron algunos mecanismos de democracia participativa, la señera cláusula del artículo número 36 que condena al golpe de estado y la usurpación del poder político, y la incorporación de los principales tratados de DD.HH. con jerarquía constitucional. Es decir, que la ley suprema de nuestra nación hoy es el texto de la Constitución más el de los tratados internacionales de DD.HH. Es muy novedoso que se hayan habilitado incorporaciones constitucionales a través de la ratificación de tratados internacionales de DD.HH. La Constitución argentina se ha ido enriqueciendo con esos textos que fueron votados después de la reforma del año 94. En ese aspecto, es una de las constituciones más modernas. ¿Qué falló en aquella reforma? Un gran error fue el voto en paquete de las 13 iniciativas que conformaban el núcleo de coincidencias básicas para radicales y peronistas. Por otro lado, la intervención del Congreso más allá de sus atribuciones implicó que no se pudiese tocar la parte dogmática del texto constitucional. Fue atávico y cavernario declarar intocable la primera parte de la Constitución, que es el texto de 1853/60, que obviamente está hecho a la medida de un país agroexportador, rentístico y fiduciario que no tiene nada que ver con los requerimientos del siglo XXI. Pareciera que en este sentido hubiera una tara en las principales fuerzas políticas argentinas, porque también cuando Alfonsín, en el período 1985-87, intentó sin lograrlo la reforma constitucional, se declaraba intangible el primer capítulo de “declaraciones, derechos y garantías”. ¿Por qué le parece necesaria una nueva revisión del texto constitucional? Para enfrentar los desafíos del siglo XXI se hace necesaria una reforma constitucional totalizadora que arranque por la parte dogmática de la Constitución. Los retos fundamentales de una nueva Constitución son: La integración de Latinoamérica y el Caribe. Si esa integración no tiene inscripción constitucional, ocurre lo que está pasando ahora, que vienen gobiernos regresivos y tiran abajo la unidad poniéndose de furgón de cola de la potencia hegemónica dominante. Necesitamos unirnos con quienes tenemos una historia en común, también hay razones geográficas y geopolíticas. En comunidad con los pueblos y gobiernos progresistas de Latinoamérica, debemos enfrentar temas como la deuda

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Trump lo hizo

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El reconocimiento por parte del presidente de los Estados Unidos Donald Trump de Jerusalén como capital de Israel y la orden de trasladar la Embajada de su país a esa ciudad, significan un grave retroceso en la posibilidad de lograr la ansiada paz entre Israel y los palestinos. La decisión unilateral, que hace caso omiso de incontables disposiciones de la Asamblea de las Naciones Unidas, eleva los niveles de conflictividad de la zona de Medio Oriente al pretender legitimar la ocupación militar de la Ciudad de Jerusalém desde 1967. Los pronunciamientos condenando o mostrando preocupación por la resolución de Trump se hicieron oír casi por unanimidad en todos los países del mundo, incluido el Papa Francisco y nuestra cancillería, quienes reafirmaron el reconocimiento de las resoluciones de la ONU sobre el status internacional especial de la ciudad de Jerusalén. Las excepciones a este unánime posicionamiento internacional han provenido del gobierno derechista de Netanyahu y de las dirigencias de las instituciones comunitarias, como el caso de la AMIA y DAIA, que han puesto en evidencia su profunda ignorancia del derecho internacional. El LLAMAMIENTO Argentino Judío se suma al rechazo de la resolución de Trump, reiterando que la única solución posible provendrá de “dos estados para dos pueblos”, basado en las fronteras de 1967, con Jerusalén Oeste capital de Israel, y Jerusalén Este capital del Estado Palestino.

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Los israelíes tienen derecho a saber que no están siendo arrastrados a la guerra en Siria

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Fuente: Editorial de Haaretz Fecha: 03 de DIC 2017 El ataque del viernes por la noche en Siria, que fuentes extranjeras han atribuido a Israel, aparentemente golpeó una base militar siria construida por Irán, una fábrica de municiones y fuerzas sirias. Esta no es la primera vez que las Fuerzas de Defensa de Israel supuestamente atacaron a Siria. Pero a diferencia de otros numerosos ataques llevados a cabo este año, el objetivo fue entregar un mensaje agresivo directamente a Irán. Este mensaje parece redundante. Después de todo, de acuerdo con el ministro de Defensa, Avigdor Lieberman, no hay presencia militar iraní en Siria salvo por unos pocos cientos de asesores. Esta declaración contradice los informes de la oposición iraní -que publicó extensos detalles del despliegue de las fuerzas iraníes y pro iraníes en Siria- y la solicitud de Israel a Rusia para exigir que Irán separe sus fuerzas de la frontera israelí en los Altos del Golán. En una conferencia de prensa el mes pasado, Lieberman explicó que la nueva base que está construyendo Irán cerca de Damasco es una base siria sin la presencia de las fuerzas iraníes. Por otro lado, los informes de este fin de semana indican que esa base fue el objetivo del ataque, lo que significa que Israel supuestamente decidió atacar a un objetivo sirio que no constituía una amenaza para él. Mientras estas contradicciones esperan ser aclaradas, Israel continúa deslizándose hacia el frente sirio: una vez con el pretexto de proteger a la comunidad drusa en el pueblo fronterizo de Khader, y otra vez atacando un convoy de armas destinado a Hezbollah. Israel se ha abstenido de atacar las bases de misiles de Hezbollah en el Líbano, a pesar de que en realidad representan una amenaza permanente, pero encuentra un espacio operativo relativamente libre en Siria. Aquí hay un gran peligro, ya que esta vez parece que el ataque podría verse cruzando una línea roja. Altos funcionarios militares a menudo explican que Israel no tiene interés en entrar en una confrontación directa con Irán o en intervenir en la guerra civil siria. Al mismo tiempo, sin embargo, dejan en claro que una guerra puede estallar debido a un juicio poco consistente o un malentendido. Sin minimizar el tamaño de la amenaza contra Israel, el frente sirio, como el frente en el sur, es un terreno fértil para malentendidos peligrosos que podrían convertirse en una guerra más amplia. Los israelíes tienen derecho a saber que su gobierno no está arrastrando al país a otra aventura militar en el frente sirio. El ataque del viernes es potencialmente peligroso y su necesidad no es convincente. Si la intención es enviar un mensaje a Irán, ¿por qué se atacó una base siria que Lieberman mismo evitó llamar a iraní? Esos mensajes, que cruzan líneas rojas, pueden poner a Israel en conflicto con terceros, como Rusia. Aunque este ataque es ahora un hecho consumado, no es irrelevante expresar dudas sobre su propósito o justificación, e incluso preguntarse si está relacionado con batallas políticas dentro de Israel. Traducción: Dardo Esterovich  

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Despacito

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Fuente: Claudio Scaletta | Suplemento Cash Fecha: 03 DIC 2017 Uno de los términos más usados por la mayoría de los analistas para definir a la actual política económica es “gradualismo”. La expresión puede parecer extraña cuando la economía experimenta un verdadero cambio de régimen, un shock económico. Sin embargo, resulta de interés repensar la definición desde la perspectiva de quienes la formulan. La Alianza Cambiemos se propone, como lo hizo la última dictadura cívico-militar y el menemismo, una transformación de largo plazo en las relaciones de poder entre el capital y el trabajo. En las dos primeras experiencias, la insustentabilidad de los modelos puestos en marcha evitó la consecución de los objetivos de máxima, pero las semillas quedaron latentes, desde la reforma financiera de Martínez de Hoz a las privatizaciones de Carlos Menem, sin olvidar los valores sociales inoculados durante los dos períodos. Se trata de transformaciones que pueden definirse, por aproximación, como la búsqueda de un proceso de “latinoamericanización” de la economía local. El objetivo es reducir la participación en el ingreso de los trabajadores de ingresos medios y altos, una situación contraria a la que caracterizó a la Argentina en las etapas de auge de la Industrialización Sustitutiva de Importaciones. El resultado global de la redistribución perseguida es, al final del camino, la caída de la participación de los salarios en el ingreso y, con ello, del poder de negociación de los trabajadores y del peso real de sus sindicatos en el mundo del trabajo. Los requisitos básicos para avanzar en este camino son dos. El primero es la descomplejización de la estructura productiva. Una muestra de que tal cosa ya sucede desde diciembre de 2015 se encuentra en que el empleo industrial cae mes a mes. Decisiones como la apertura importadora y el acuerdo Mercosur–Unión Europea, del que jamás se explicaron los beneficios presuntos, refuerzan el proceso. De modo sintético el objetivo es lograr que la base productiva se concentre en el agro y sus manufacturas derivadas y en las commodities industriales, como los productos de las industrias metálicas básicas. Es el mundo gobernado, en la esfera del capital, por las grandes firmas exportadoras del agro, las biotecnológicas, por empresas como Arcor, Techint o Aluar, asociadas a su vez con el “gran conductor” del capitalismo contemporáneo, las finanzas globales. Estas firmas trabajan en conjunto y en comunidad de objetivos con el millar de multinacionales que conducen de hecho la economía mundial. El dato central es que en el presente no existen tensiones intracapitalistas sobre la definición del modelo económico. El objetivo es claro, un mundo que ofrezca la menor resistencia posible a la libre circulación de capitales y de mercancías y en el que los países periféricos no cuestionen su lugar en la división internacional del trabajo y acepten un modelo de desarrollo dependiente. El segundo requisito es el cambio de las reglas que definen el mundo del trabajo, que ya en la segunda etapa del actual gobierno, se expresará en la reforma laboral. Su objetivo no es otro que el de la vieja flexibilización, cuya última aparición fue en el año 2000 con la tristemente célebre Ley Banelco. El proyecto no puede considerarse separado de las reformas previsional y fiscal. La reforma previsional significa, vía el cambio en la fórmula de actualización, una potente transferencia presupuestaria desde los jubilados a otros usos, entre ellos al fondo del conurbano bonaerense, un recurso que se considera clave para una eventual reelección de la fuerza gobernante. Al mismo tiempo, la reforma laboral eliminará los aportes patronales a los salarios hasta un tope en principio de 12.000 pesos. Es decir, se desfinanciará a la Anses, un círculo vicioso para trabajadores pasivos y destinatarios de ayuda social, además de un agujero en las cuentas públicas. La medida presenta un segundo resultado tácito, impondrá un tope salarial, ya que superar la barrera liberada de aportes significará un alto costo para el empleador: comenzar a pagar aportes. La opción sería pagar un plus en negro, lo que se supone la nueva legislación busca combatir. En sus propios términos, entonces, el gobierno avanza con “gradualismo” hacia un nuevo régimen económico cuyo objetivo es reducir la participación del salario en la distribución funcional del ingreso. El capital, que ahora gobierna sin mayores mediaciones políticas, aprendió de sus errores y sabe que el avance que se propone debe compatibilizarse con la resistencia social a la que podría generar. La complejización preexistente de la estructura productiva también complejizó la estructura de clases asociada, clases que, a priori, no serían tan fáciles de doblegar. Sin embargo, todo sería posible con el gradualismo suficiente. El economista sraffiano Fabio Petri, profesor de la Universidad de Siena, explica los procesos de pérdida de ingresos de los trabajadores con el siguiente ejemplo: “imagínese irónicamente –decía– que una clase de invasores imponen a toda la población el estilo de vida de las personas sin hogar. Sucederá que la gran mayoría no estará dispuesta a reducir su estilo de vida. Si para un desamparado sin hogar su estado es el resultado de un lento proceso de degradación, para la gente normal una fuerte caída en el nivel de vida es simplemente insoportable”. Nótese que lo que media entre la situación del desamparado y la “gente normal” es el tiempo transcurrido. Si Cambiemos consigue tiempo, si no trata de cambiar las condiciones de vida de los trabajadores de un día para otro, podría lograr el objetivo de cambiar el patrón de distribución del ingreso heredado de los regímenes nacional–populares. En caso contrario podría ocurrir la segunda consideración de Petri: “hay un nivel de consumo por debajo del cual no vale la pena vivir, y por defenderse de caer en él vale la pena poner en peligro la vida”. Hoy parece mucho, pero el desenlace de la puja distributiva siempre es incierto. Dado este componente de incertidumbre la Alianza gobernante decidió enviar señales claras a sus contrincantes. No sólo regulará la velocidad de las transformaciones para que la población se acostumbre al cambio, sino

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Un semillero de desgracias sangrientas

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Fuente: Ricardo Ragendorfer | TiempoAr Fecha: 02 de DIC 2017 La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, demoró 36 horas en esgrimir una explicación sobre el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel, baleado por la Prefectura. Y sus palabras fueron en realidad una declaración de principios: el Poder Ejecutivo «no tiene que probar lo que hace una fuerza de seguridad». ¿Acaso fue un exabrupto? Todo indica que no. Porque semejante tesitura fue apuntalada por prestigiosas voces; entre estas, la de Mauricio Macri («Hay que volver a la época en que la voz de alto significaba entregarse»); la de Gabriela Michetti («El beneficio de la duda siempre lo tienen las fuerzas de seguridad»); la del ministro de Justicia, Germán Garavano («La violación de las leyes va a tener consecuencias») y la del diputado del PRO Waldo Wolff («Se debería tomar medidas contra el juez si no actúa»). A modo de remate, «La Piba» –tal como sus allegados aún llaman a esa señora de 62 años– hasta suscribió una resolución para que los uniformados «no obedezcan órdenes de los jueces si consideran que no son legales», lo que sin duda será un semillero de sangrientas desgracias. ¿Se podría suponer que esa fue una iniciativa de su propio cuño o una medida debidamente consensuada en las más altas esferas del poder? Alguna vez se sabrá en qué despacho oficial –y con qué funcionarios– fue ideada y pulida tal «doctrina» que legitima, entre otras peligrosidades, el pogrom contra los pueblos originarios. El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, otro alfil de tal política, expresó en un comunicado el disgusto gubernamental ante la realización de una mesa de diálogo con representantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu, ya que ello hizo que el juez federal de Bariloche, Gustavo Villanueva, frenara la represión. Lo cierto es que aquella circunstancia también causó un cisma entre él y la Bullrich, su –hasta entonces– socia en el asunto. Por tal motivo, en relación al crimen de Rafael, ella soltó: «Es el juez quien debería buscar pruebas, y ya está perdiendo bastantes días». Un encono injusto hacia el hombre que obedeció con suma docilidad los dictados segregacionistas del Poder Ejecutivo. De hecho, fue Villanueva quien llevó a juicio –para su extradición a Chile– al lonko Facundo Jonas Huala en base a testimonios obtenidos bajo tortura. Fue también Villanueva –quien tras la anulación de ese proceso– ordenó otra vez su detención una hora después de que el Presidente, de visita oficial en el país trasandino, recibiera un pedido al respecto de la mandataria anfitriona, Michelle Bachelet. Y su último servicio a la causa civilizatoria ocurrió el 23 de noviembre, cuando dispuso desalojar del lago Mascardi a 30 personas con una task force compuesta por 400 efectivos de Gendarmería, Prefectura y Policía Federal. La faena fue bestial; entre los detenidos hubo niños de uno a cuatro años cuyas muñecas fueron precintadas. Algunos pobladores lograron huir al monte. Entre ellos estaba Rafael. Ahora es casi un chiste que ese sujeto deba esclarecer su muerte. Ya se sabe que en el sur el vínculo entre los magistrados y el gobierno tiene tales dobleces. Y el juez Guido Otranto es un ejemplo de ello. Ese sujeto fue el garante de la impunidad en la causa Maldonado. Pero su exagerado empeño tiñó de impudicia el sano ejercicio de la «posverdad» judicial. Y fue apartado por un simple tecnicismo: «temor de imparcialidad». Así llegó la hora del juez Gustavo Lleral, quien descomprimió esa penumbra. ¿Había que cambiar algo para que nada cambie? Así al parecer lo había interpretado el presidente de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, Javier Leal de Ibarra. Aquel hombre –nada menos que el vicario patagónico de Ricardo Lorenzetti– fue el bastonero de dicho enroque. Y ahora la pesquisa bailotea en un limbo procesal. La investigación por la muerte de Rafael va hacia el mismo camino. El juez, basándose en «rumores surgidos en las redes sociales», acaba de aplazar la inspección en el lugar de la muerte. Y por falta de materiales no se tomaron muestras para determinar la presencia de pólvora en manos de los prefectos. El doctor Villanueva no tardó en aprender la lección.

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