2017

Fuente: Ricardo Ragendorfer | Nuestras Voces Fecha: 10 de AGOSTO 2017 “¡Este hijo de puta buen mozo es mi jefe de gabinete!”, lo presentó en sociedad Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad, en un video casero que se volvió viral. El funcionario Pablo Noceti fue defensor de represores, reivindica públicamente la represión ilegal y es el autor ideológico y material de la “lucha contra el indio” en la administración de Mauricio Macri. Con varios viajes al Sur, Noceti venía “preparando el terreno” para la represión a los mapuche, que culminó con la desparición de Santiago Maldonado. “Quedate tranquila; este es un tema de Mario (Das Neves)”, indicó el camino negacionista Macri a la oreja de la ministra Bullrich. El jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, vestía un traje gris y sobretodo oscuro. Con esa vestimenta en medio del paisaje cordillerano su silueta pasaba tan desapercibida como una tarántula en un plato lleno de leche. Así fue fotografiado mientras hablaba con un oficial de la Gendarmería a la vera de la estancia Benetton en Leleque, al noroeste de Chubut. Corría la primera tarde de agosto. Sólo habían transcurrido un par de horas desde la desaparición forzada del mochilero Santiago Maldonado, visto por última vez mientras lo cargaban a una camioneta blanca de esa fuerza durante la brutal represión encabezada por Noceti en la lof de Cushamen, apenas a tres kilómetros de allí. Lo cierto es que esa fotografía –captada a hurtadillas por un gendarme y difundida por Nuestras Voces el 7 de agosto– subraya su participación en ese delito de lesa humanidad, el primero de la era macrista. Para descorrer el velo de su génesis bien vale reparar en la figura de su presunto “hacedor”. Y también en sus pasos hacia aquel ominoso martes en el que Santiago fue visto por última vez cuando lo subían a una camioneta de Gendarmería Nacional. El doctor Torquemada Este abogado de 51 años es un sujeto de hábitos casi espartanos y bajo perfil. Por eso resulta paradójico que tras exactamente un año de silencioso trabajo en la función pública su nombre haya saltado a la luz el 13 de diciembre de 2016 por un desliz jolgorioso de su jefa, Patricia Bullrich. “¡Este hijo de puta buen mozo es mi jefe de gabinete!”, exclamó esa noche a viva voz y ya con dicción incierta, durante un festejo por el fin de año en la sede ministerial de la calle Gelly y Obes. “¡Todas andan locas por él!”, volvió a clamar. A su lado, el aludido forzaba una sonrisa incómoda. Un video del asunto no tardó en viralizarse. Hasta entonces el doctor Noceti había circulado como un fantasma por los pasillos del actual gobierno. Era consciente de que su profusa labor como defensor de represores y apologista de la dictadura le podría jugar en contra. Sin embargo, en el ámbito tribunalicio no es un secreto que su postura ideológica lo sitúa a la derecha de Atila. Por eso no debe asombrar que en sus alegatos califique los juicios contra genocidas como la “legalización de una venganza diseñada por el poder político al servicio de inconfesables intereses” o que la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final “tendría que avergonzar a todo jurista serio de la República”. Fogueado profesionalmente bajo el ala del camarista durante el “Proceso”, Alfredo Battaglia –quien luego tuvo a Galtieri entre sus defendidos–, Noceti supo afinar su visión del mundo en las filas de la Corporación de Abogados Católicos, un distinguido antro de propagandistas del terrorismo de Estado influenciado en su momento por la organización ultraderechista La Cité Catholique, cuyo imaginario bailoteaba sobre los siguientes pilares: la doctrina de la guerra contrarrevolucionaria, el método de la tortura y su fundamento dogmático tomista, cuya dialéctica se sostenía en el “principio del mal menor por el bien común”. De modo que con tal soporte él redondeó su reivindicación teórica de la desaparición forzada de opositores. Y con una escalofriante economía de palabras: “Un enemigo no convencional exige protocolos atípicos”. En realidad su gran problema es que ahora alucina una guerra imaginaria. Tal ensoñación en esta etapa de su vida se cristaliza en una “hipótesis de conflicto” sostenida por él con notable empeño: la amenaza indigenista. Algo que la señora Bullrich adoptó como propio y que además le vino de perillas al gobernador de Chubut, Mario Das Neves, en el marco del litigio por tierras de la comunidad mapuche con el Grupo Benetton. Ya el 30 de agosto del año pasado el Ministerio de Seguridad elaboró un informe de gestión con el siguiente andamiaje argumental: los reclamos de los pueblos originarios no constituyen un derecho garantizado por la Constitución sino un delito federal porque “se proponen imponer sus ideas por la fuerza con actos que incluyen la usurpación de tierras, incendios, daños y amenazas”. Una dinámica cuasi subversiva, puesto que –siempre según ese documento– “afecta servicios estratégicos de los recursos del Estado, especialmente en las zonas petroleras y gasíferas”. Ahora se sabe que ese paper es fruto del puño y la letra de Noceti, quien 20 días antes había sido detectado en Esquel por la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI). Tal revelación provocó su segundo traspié: ser sorprendido por un reportero gráfico del medio Noticias de Esquel durante el juicio por la extradición a Chile del líder mapuche Facundo Jones Huala. Su foto fue publicada esa misma tarde. Entonces le fue imposible eludir una entrevista con Radio Nacional de aquella ciudad en la que blanqueó sus intenciones: “Evaluar la comisión de un delito federal, porque acá hay un grupo que pretende atemorizar a la gente con el método de la violencia”. Fue el inicio de la estigmatización del movimiento Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). Ya en ese instante él se jactó de poder encarcelar a sus integrantes sin orden de un juez, en base a una interpretación algo antojadiza del artículo 213 bis del Código Procesal, referido a situaciones que ponen en riesgo la seguridad interna de la nación. A

Fuente:Raúl Kollman | Página 12 Fecha: 7 de AGOSTO 2017 El insólito show de la detención de Claudio «El Mono» Minnicelli oculta un hecho elemental: se lo buscaba por un escándalo aduanero ocurrido en el actual gobierno, no en el anterior. Todo su vínculo con las administraciones Kirchner consiste en que es el cuñado de Julio De Vido, pero el ex ministro no tenía ningún trato con él. Ni siquiera concurrió al ostentoso casamiento del Mono con la vedette en 2004, o sea hace 13 años. En cambio Minnicelli tenía relación con Oldemar «Cuqui» Barreiro Laborda, un personaje con numerosos antecedentes por maniobras económicas y que se presentaba como la mano derecha del titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión. En base a esa relación, Barreiro Laborda supuestamente puso en marcha una maniobra para sacar seis contenedores que estaban retenidos en la Aduana, cobrando un adelanto de 50.000 dólares por cada contenedor. Eso ocurrió en mayo de 2016, durante la administración de Mauricio Macri. El juez en lo Penal Económico, Marcelo Aguinsky, procesó por tentativa de contrabando a todo el grupo que rodeaba a Barreiro Laborda, pero curiosamente dejó afuera a Gómez Centurión. El magistrado sostiene que no tiene suficientes pruebas contra el jefe de la Aduana macrista, pese a que hay constancias clarísimas de que Barreiro Laborda y Gómez Centurión se encontraban y mantenían un vínculo. El funcionario aduce que lo usaba como buche, es decir como informante. Sin embargo, hay testimonios que no solo confirman que se encontraban en el shopping conocido como Design Center, en la Recoleta, sino también que se visitaban y cenaban juntos en sus domicilios. No es un detalle menor que el abogado de Gómez Centurión es Alejandro Pérez Chada, quien también es abogado de Mauricio Macri. Un dato curioso es que cuando explotó el escándalo, en mayo de 2016, una de las principales acusadoras de Gómez Centurión y su banda fue Patricia Bullrich, quien este lunes protagonizó el show del casco, los chalecos anti-balas y el movimiento de decenas de efectivos de la Policía Federal. En su momento, la ministra de Seguridad presentó un anónimo para fundamentar al acusación de coimas contra Gómez Centurión y Barreiro Laborda. Bullrich decía que ambos cobraban por entrar containers de forma ilegal. Como respuesta, Gómez Centurión hizo aparecer otro anónimo y con ese texto acusó a Patricia Bullrich de encubrir la llegada de 250 kilos de pseudo-efedrina, sustancia usada como precursor químico para la cocaína. En esa guerra, Gómez Centurión acusó a Bullrich de ponerle micrófonos en la casa. Muchos dicen que detrás de Bullrich estaba Jaime Stiuso, el otrora poderoso jefe de Operaciones de la SIDE. El vínculo de Minnicelli con la causa de los containers arranca con una escucha telefónica en la que Cuqui Barreiro Laborda le dijo al representante de comerciantes coreanos —Mister Korea lo apodaron—, que si no lo podía ubicar a él que hablara con El Mono. «Si yo no los puedo atender, hablen con el Mono que es como si hablaran conmigo», fue el textual. O sea que Minnicelli era el subordinado de Cuqui. El grupo coreano tenía el problema que les habían retenido seis contenedores en la Aduana. Mister Korea, que en realidad se llama Sung Ku Hwang, llamó a Cuqui y éste, presentado como la voz de Gómez Centurión, les dijo que los sacaría de la Aduana. Se elaboró nueva documentación para esos contenedores —apócrifa— y se puso en marcha la maniobra. Como adelanto, Cuqui habría pedido 50.000 dólares por container. La maniobra fracasó, la mercancía nunca salió de la Aduana, pero todo el grupo fue detenido. En realidad, la mayoría fue excarcelada hasta el juicio oral, Barreiro Laborda cuenta con el beneficio de la prisión domiciliaria y Minnicelli se escondió en Chapadmalal. El más beneficiado de todos fue Gómez Centurión: Aguinsky asegura que no tuvo suficientes pruebas. Si Minnicelli se hubiera presentado al principio, seguro que hoy en día estaría caminando por la calle, básicamente porque lo habría abarcado la excarcelación que otorgó el juez. En fuentes cercanas a su defensa aseguran que no quiso presentarse porque estaba con problemas cardíacos, algo que se percibió ayer cuando sufrió una descompensación en Comodoro Py. Su presión máxima estaba por arriba de 150 y por lo tanto el magistrado ordenó que el Cuerpo Médico Forense lo revise, lo estudie y produzca un informe. Mientras tanto, el ex prófugo se negó a declarar. Todo indica que tal vez lo haga el miércoles. La lógica indica que Aguinsky le negará la excarcelación dado que estuvo prófugo nueve meses. Un repaso detallado de la historia muestra que el escándalo de Minnicelli no tiene nada que ver con el gobierno anterior. El único punto es que se trata del cuñado de De Vido. El ex ministro no sólo no fue al casamiento de Minnicelli con Celina Rucci sino que nunca mantuvo trato. Lo consideraba una especie de oportunista que, además, produjo la pérdida de la única propiedad que tenía el padre de los Minnicelli. El ahora detenido se metió en negocios que salieron mal, quedó con deudas, y esa propiedad de Santa Cruz fue embargada por la justicia. Pero como en campaña electoral la alianza político-mediática-judicial recurre a lo que sea, entre el domingo y el lunes se despacharon con titulares y más titulares. En ninguno figuraba que a Minnicelli lo buscaban por una tentativa de contrabando durante el gobierno de Mauricio Macri y con funcionarios macristas involucrados.

Fuente: Tali Goldman | Nuestras voces Fecha: 29 de JULIO 2017 La tensión entre el Ministro de Justicia, Germán Garavano y el Secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj ya no puede ocultarse. Rumores de renuncia, pases de factura, desautorizaciones en público y peleas por falta de presupuesto son algunos de los temas que atraviesan esta tensa relación. El punto álgido de la contienda entre ambos llegó en marzo cuando Garavano aprovechó un viaje de Avruj y le ocupó su oficina. A su regreso el Secretario tuvo que mudarse obligado. En lo único en lo que coinciden es en su deseo de que Milagro Sala siga presa. En su portada del lunes 24 de julio, el diario La Nación titulaba “El Gobierno mudará el Ministerio de Justicia al predio de la ex Esma”. Allí el ministro de Justicia, Germán Garavano, informaba que las gestiones ya estaban avanzadas y que el traslado al predio donde funcionó el centro clandestino de detención más emblemático durante la última dictadura cívico-militar ya era un hecho. Pero la mudanza, más allá de lo que implica, desnuda una interna feroz que ya es vox populi entre el mundillo de la justicia y los derechos humanos: Germán Garavano y Claudio Avruj, el secretario de Derechos Humanos, son los protagonistas de una guerra fría que ya no les interesa ocultar. En la nota de La Nación, Garavano tiene un objetivo claro. Dejar en evidencia que su ministerio comprende tanto la de Justicia como la de Derechos Humanos. “Según el ministro, ‘es frecuente que se olvide’ que su cartera es de Derechos Humanos y no sólo de Justicia, y su idea es ‘devolver ese equilibrio’», explica la periodista de la nota. Y no es casual. Lo cierto es que el buen vínculo que supo tener Avruj con los organismos de derechos humanos, que viene de la época en la que ocupaba la misma cartera en la Ciudad, está cortado. Si bien aún existe diálogo, después del escandaloso fallo del 2×1 –que primero apoyó y después tuvo que desdecirse tras la reacción popular–, ya perdió legitimidad entre los organismos. Y eso Garavano lo sabe y lo aprovecha. Por caso, en la reunión que mantuvieron hace dos meses con los organismos de derechos humanos para, justamente, hablar sobre el futuro traspaso del ministerio al predio de la ex Esma, Garavano no hizo menos que desautorizar a Avruj adelante de todos. Los organismos llevaron con cierta preocupación algunas ideas que había manifestado públicamente el secretario de derechos humanos como transformar a la exEsma en un “Centro cívico de Derechos Humanos de Latinoamérica” o sacar las rejas del predio para hacerlo más “amigable a la gente”. En declaraciones a la agencia oficial Telam, Avruj había declarado que su objetivo era rediseñar el predio “para que sea un espacio verde alrededor de los edificios y abierto a la ciudadanía”. Los organismos planteaban que el objetivo de Avruj era “desvirtuar” el contenido y el objetivo principal del predio que es nada menos que las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. “Quédense tranquilos”, aclaró Garavano delante del ministro, “con el traspaso yo vengo a jerarquizar este espacio y vamos a hacer solo cuestiones de Justicia y Derechos Humanos”. En el entorno de Avruj aún anhelan que su cartera deje de depender del ministerio de Justicia y pase a la órbita de la jefatura de gabinete, como sucedía en la Ciudad. Tenían las esperanzas puestas en que entrara en el combo con los últimos cambios en el gabinete nacional, pero todo se desvaneció de un plumazo. El secretario de Derechos Humanos aún recuerda con cierto placer cuando en la ciudad no tenía a nadie por encima. “A él no le gusta ser el segundo de nadie”, explica una persona que tuvo trato cotidiano cuando trabajaba en la Ciudad. El origen de la pelea, como siempre, tiene un único motivo: el presupuesto. La secretaría que comanda Avruj no tiene ni caja ni firma propia. Es decir, tanto una designación como el pedido de productos de limpieza, tienen que ser aprobados por Garavano. Ninguno es tonto, y con estas cartas sobre la mesa, ambos saben poner en jaque al otro. Pero también ambos saben el peso y la banca que tiene el otro. Avruj es un hombre de línea directa con el Presidente, es habitué en los partidos de fútbol que organiza Macri en Olivos y todas sus declaraciones públicas vienen directamente de Balcarce 50. Garavano, en cambio, mantiene cierta autonomía. Si bien tiene el respaldo, sobre todo, de Marcos Peña, es un hombre que proviene del mundo académico y con vínculos que exceden al Pro. Apenas asumió el gobierno de Cambiemos, en diciembre de 2015, el ministerio de Justicia tuvo su primer gran conflicto. Como durante la campaña el propio Mauricio Macri le había hecho promesas al referente de la comunidad qom, Félix Díaz, que sus reclamos iban a ser oídos, cuando llevaba unos pocos días ocupando el Sillón de Rivadavia, dio la orden de que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) pase del ministerio de Desarrollo Social al de Derechos Humanos. Pero desde ese día y durante un año y medio los casi 300 trabajadores que se mudaron de órbita estuvieron reclamando que les adecuaran el sueldo correspondiente. Hicieron panfletos, paros, asambleas, tuvieron reuniones con todos hasta que finalmente, después de varios meses, los recibió Garavano. “Vayan y tomen la secretaría de Derechos Humanos”, dijo sin pelos en la lengua el ministro, en una mesa que compartían trabajadores y funcionarios. Todos lo miraron desorbitados y entendieron que la guerra estaba declarada. Pero lo mismo ocurrió a la inversa. Cuando el conflicto ya no encontraba cauce y las resoluciones estaban frenadas, los trabajadores decidieron hacer un escrache en el ministerio de Justicia. Los asesores de Avruj tenían una sonrisa que no les entraba en la cara. La falta de diálogo entre Garavano y Avruj era tal, que el conflicto terminó de resolverse luego de un fin de semana en el que ambos coincidieron en un “timbreo” de

Fuente: Adrián Murano | TiempoAr Fecha: 29 de JULIO 2017 Con un documento histórico y rotundo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le dio 15 días al Estado argentino para que Milagro Sala salga de la prisión de Alto Comedero, donde lleva más de un año privada de su libertad. El documento retoma la investigación que un grupo de trabajo de Naciones Unidas realizó en Jujuy. La cautelar hace referencia a esa tarea, convalida sus conclusiones y exige la liberación de la dirigente social. «El Estado Argentino, de conformidad con sus obligaciones internacionales, se encuentra obligado a atender la decisión del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU, que determinó que la detención de la señora Sala es arbitraria, llamando a su liberación inmediata», dice el artículo 45 de la medida cautelar. La contundencia de la resolución obligó al gobierno a desplegar toda su artillería mediática para manipular los hechos a gusto y necesidad. A través de sus medios afines, el macrismo buscó imponer que «la CIDH recomendó que Milagro siga presa, aunque en su domicilio» (Clarín) y «que pase a prisión domiciliaria» (La Nación). Ambas afirmaciones son falsas. Al tratarse de una medida cautelar, la resolución no aborda la cuestión de fondo —si Milagro está bien o mal detenida—, sino las consecuencias físicas y psicológicas de los apremios que sufre desde que está en prisión. En ese sentido, la resolución detalla los abundantes indicios de maltrato y llega a un desenlace implacable: “La Comisión concluye, al valorar la integralidad de la situación planteada desde el estándar de prima facie, que el requisito de gravedad se encuentra cumplido, al encontrarse en riesgo los derechos a la integridad personal y a la vida de la señora Milagro Sala.» Es por esa situación de riesgo que la comisión insta al Estado argentino a que «adopte las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad» de la dirigente. Lejos de ser una recomendación, como sugirió el gobierno de Cambiemos, la comisión describe algunas «medidas alternativas a la prisión preventiva» que el Estado podría adoptar para cumplir con la resolución. Una es el arresto domiciliario. Otra, «que la señora Milagro Sala pueda enfrentar los procesos en libertad con medidas como la fiscalización electrónica». En ningún párrafo del documento la CIDH recomendó que «Milagro siga presa», como inventó el periódico ultraoficialista Clarín. En efecto, en el punto 48.6 la CIDH considera que el hecho de que Milagro «continúe privada de su libertad» a pesar de las recomendaciones del grupo de trabajo de la ONU, «constituye un posible indicio que reforzaría lo alegado por los solicitantes en cuanto a la presunta intención de criminalizar su liderazgo social». O sea: la CIDH cree que hay elementos para considerar que Milagro es una presa política. Como se consigna en el documento, Milagro fue apresada el 16 de enero de 2016 por realizar una protesta frente a la Casa de Gobierno provincial. En las formas, la orden de detención fue emitida por un fiscal. Pero la decisión fue del entonces flamante gobernador, el radical Gerardo Morales, que acumuló volúmen político aplastando a una de las líderes sociales más potentes y, por lo tanto, odiadas por el establishment local. Miembro pleno de Cambiemos, Morales forjó su autocracia al amparo del Ejecutivo nacional: destruyó la obra de la Tupac, cooptó organizaciones sociales, nombró jueces adictos y sembró un régimen que domestica a base de billetes y persecución judicial. Los atropellos de Morales recibieron el repudio de los organismos de Derechos Humanos más prestigiosos del mundo, como Human Right Watch y Amnesty International, quienes identificaron a Sala como una presa política. El informe de la CIDH hace una referencia en la misma dirección: «La Comisión ha constatado como especificidades del presente asunto que lo distinguen respecto de otros que ha conocido, que la situación presentada involucra la detención de una prominente líder social, mujer e indígena, que estaría enfrentada con el gobierno actual de la provincia, y que sería identificada con parte representativa de un sector de oposición». Argumentos similares expusieron, en octubre pasado, los integrantes del Grupo de Trabajo de la ONU que calificó de «arbitraria» la detención de Milagro Sala. Fiel a su estilo pendenciero, Morales replicó con una provocación: «A los organismos internacionales les falta información, han escuchado una sola campana. Si los organismos afirman que se viola un derecho, lo que tendrían que hacer es actuar inmediatamente, deberían venir con premura», dijo Morales. Los organismos tomaron el consejo. Delegaciones de la ONU y la OEA estuvieron en Jujuy, comprobaron las condiciones de detención de Milagro, revisaron expedientes y emitieron documentos que detallan el hostigamiento del régimen y piden el cese de la detención. A conclusiones idénticas llegó la procuradora General Alejandra Gils Carbó, quien hace ya tres meses remitió a la Corte Suprema un dictamen donde solicita que se deje «sin efecto» la detención de la dirigente, a la que calificó de «ilegal». Atenta a los intereses políticos del gobierno, la Corte mantiene en suspenso su decisión. En los hechos, esa dilación prorroga el «hostigamiento» que pone en riesgo la «vida y la integridad» de Milagro, según las propias palabras de la CIDH. La resolución de la comisión, sin embargo, podría empujar a la Corte a tomar una decisión, para no quedar expuestos como cómplices de atropellos que suman repudios en el mundo. El gobierno espera, también, que la Corte resuelva el asunto para reducir el costo político que puede sufrir frente a sus fanáticos. Esa fracción de oficialistas, guiada por el odio anti K, considera que las acusaciones contra Milagro son caso cerrado y cree que está «bien presa». Los propios Macri y Morales alentaron esa demonización, que contradice el principio de presunción de inocencia, para hacer uso político de «la grieta» y debilitar a las organizaciones sociales. Si la Corte resolviera que Milagro debiera cumplir prisión domiciliaria, el gobierno mataría dos pájaros de un tiro: mantendrá detenida a una de las dirigentes que más detesta, pero podrá decir que cumplió con la